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Condenadas a cinco años de cárcel dos mujeres trans acusadas de «tentativa de homosexualidad» en Camerún

Jueves, 20 de mayo de 2021

africa-cameroon-transgenderwomenimprisoned-600x315Human Rights Watch está distribuyendo esta foto privada de los dos prisioneros arrestados: Shakiro y Patricia tienen que usar ropa de hombre allí (Imagen: Facebook / Shakiro)

Continúa la represión LGTBIfoba en Camerún. Dos mujeres trans, arrestadas en febrero en un restaurante de Duala, han sido condenadas a cinco años de prisión y multas de 200.000 francos (unos 304 euros). Sus delitos, tentativa de homosexualidad, indecencia pública y carecer de documentación en el momento de la detención. La sentencia confirma el recrudecimiento de la persecución contra la comunidad LGTBI en los últimos meses en uno de los países africanos con una LGTBIfobia social y de Estado más arraigada. Las víctimas, además, quedan expuestas con frecuencia a la brutalidad policial.

Hace unas semanas que nos hacíamos eco de un informe de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW), en el que alertaban de un aumento de la represión policial contra la población LGTBI en Camerún. El sustento legal de esta persecución es la norma que castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con hasta cinco años de prisión, además de cuantiosas multas. Las consecuencias son terribles para las personas LGBTI, forzadas a vivir bajo la amenaza constante de los arrestos y la violencia.

Entre los casos que denunciaba HRW se encuentra la detención de dos mujeres trans el pasado 8 de febrero en la ciudad de Duala, por llevar atuendos femeninos. Fueron acusadas de conducta homosexual, indecencia pública y carecer de documentación en el momento de la detención. Las víctimas se identifican como Shakiro y Patricia, respectivamente. La primera es muy conocida en las redes sociales en Camerún, donde ha publicado vídeos hablando de su identidad de género.

El martes de la semana pasada se dio a conocer la sentencia del caso. El tribunal ha declarado culpables de todos los cargos a ambas mujeres y las condena a cinco años de cárcel y sendas multas de 200.000 francos CFA, el equivalente a unos 304 euros. Se trata de la pena más alta que prevé el código penal del país para los delitos imputados. Los abogados de las acusadas anuncian que presentarán recurso y denuncian que el fallo es «una decisión política» del Gobierno de Camerún, que, como se ha visto también en otros países, azuza la LGTBIfobia social para su propio beneficio político.

El activismo local denuncia, además, los malos tratos sufridos por las detenidas en una cárcel de hombres. Según estas fuentes, Shakiro y Patricia fueron golpeadas, amenazadas de muerte, insultadas y obligadas a firmas declaraciones contra su voluntad. «Los policías les fijaron las manos a la espalda durante treinta minutos y las golpearon con sus botas», afirman, mientras las llamaban «maricones asquerosos». Unos abusos que, por desgracia, son habituales contra las personas sospechosas de comportamiento homosexual o de identidad de género no normativa en el país africano.

La dura realidad de la comunidad LGTBI camerunesa

A finales de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la complicada situación de las personas LGTB en Camerún, uno de los países con una LGTBIfobia social y de Estado más pujante. Y es que cada poco tiempo se producen noticias de detenciones y abusos policiales, algunas de las cuales hemos recogido a lo largo de los últimos años.

En noviembre de 2011 tres hombres fueron condenados a prisión acusados de mantener relaciones homosexuales en un coche (una de las “pruebas” que el juez tuvo en cuenta fue que los acusados habían estado bebiendo Baileys, una bebida poco masculina. Por fortuna este caso fue luego reconsiderado). En octubre de 2011 se condenó a tres años de cárcel a Jean-Claude Roger Mbédé por declararse a otro hombre por SMS, pena que fue confirmada en diciembre de 2012. Lamentablemente, en enero de 2014 Jean-Claude fallecíaabandonado por su familia, por las complicaciones derivadas del maltrato sufrido.

En julio de 2013 se conoció la sentencia a prisión de dos hombres detenidos dos años antes por mantener relaciones homosexuales. También en 2013, fue sentenciado a nueve años de cárcel Cornelius Fonya, acusado de mantener relaciones con un joven de 19 años, en un juicio plagado de irregularidades. Su abogado, Walter Atoh, ha debido huir del país tras ser amenazado de muerte, mientras se dilucida la apelación. Un año después, en junio de 2014, se dio a conocer la historia de una pareja homosexual que se vio obligada a huir de su localidad tras ser ataca por sus vecinos y detenida por la policía.

A finales de 2015, Joshua Mbarga, un activista LGTB, sufrió la invasión de su hogar por unos delincuentes que intentaron matarle tras robarle con total impunidad. Alertada por los vecinos, la Policía intervino hasta que los asaltantes decidieron acusar a Mbarga de pretender mantener relaciones sexuales con uno de ellos. En ese momento la víctima se convirtió en objeto de investigación.

En octubre de 2016, tuvo lugar una redada masiva en un local de ambiente LGTB de Yaundé, con un fuerte dispositivo policial que detuvo a todos los clientes y trabajadores presentes en el local. En diciembre del mismo año, fueron detenidos otros doce hombres por posesión de lubricantes y preservativos, algo considerado por las autoridades como prueba de comportamiento homosexual. A finales de 2017, tres jóvenes fueron detenidos tras caer en una trampa tendida por miembros del ejército, por lo que deberán ser juzgados por un tribunal militar. Y en enero de 2018, el asalto a un local de ambiente homosexual por un grupo de militares se saldaba con muerto y varios heridos graves.

Como explicábamos más arriba, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel en Camerún, pero según la activista LGTB Alice Nkom solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de «flagrante delito». Desgraciadamente, tal y como corrobora Human Rights Watch, son cada vez más los casos en los que la policía ignora este requerimiento.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , , ,

Las fuerzas de seguridad de Camerún recrudecen la persecución LGTBIfoba en los últimos meses

Viernes, 30 de abril de 2021

frame-cabecera-facebookOleada de persecución LGTBIfoba en Camerún. La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha emitido un informe en el que alerta del recrudecimiento de la represión contra la comunidad LGBTI en el país africano. Desde febrero de este año, HRW ha contabilizado al menos 24 casos de detención arbitraria, amenazas y agresiones de las fuerzas de seguridad a personas sospechosas de comportamiento homosexual o de identidad de género no normativa. Camerún es una de las naciones con una LGTBIfobia social y de Estado más arraigada.

La ONG Human Rights Watch ha redactado su informe sobre la base de entrevistas con grupos locales de apoyo a la comunidad que han aportado abundante documentación sobre los abusos denunciados, y ha llegado a la conclusión de que la represión LGTBIfoba se ha redoblado en los últimos meses. El sustento legal de esta persecución es la norma que castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con hasta cinco años de prisión. Una ley que «incrementa el riesgo de las personas LGTB de sufrir maltrato, torturas y agresiones sin consecuencias para los atacantes», según Neela Ghoshal, de HRW.

Las consecuencias son terribles para la comunidad. El pasado 8 de febrero, la policía detuvo en la ciudad de Duala a dos mujeres trans, que fueron acusadas de conducta homosexual, carecer de documentación e indecencia pública. Solo seis días después, seis jóvenes eran arrestados, entre ellos un menor de edad, bajo la acusación de homosexualidad. Tras ser sometidos a malos tratos, fueron liberados ese mismo día.

El 24 de febrero, una redada de la policía a una asociación de prevención y asistencia a personas con VIH se saldó con trece detenidos acusados de homosexualidad. Todos fueron puestos en libertad en los días siguientes, aunque tres de ellos denunciaron agresiones sufridas en la comisaría, así como amenazas, insultos y la obligación de firmar declaraciones que no les permitieron leer. Una mujer trans de 26 años que se contaba entre los arrestados fue forzada a someterse a una prueba de VIH y a un examen anal, una humillante tortura que es práctica habitual en la persecución LGTBIfoba en Camerún y otros países.

La dura realidad de la comunidad LGTBI camerunesa

A finales de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la complicada situación de las personas LGTB en Camerún, uno de los países con una LGTBIfobia social y de Estado más pujante. Y es que cada poco tiempo se producen noticias de detenciones y abusos policiales, algunas de las cuales hemos recogido a lo largo de los últimos años.

En noviembre de 2011 tres hombres fueron condenados a prisión acusados de mantener relaciones homosexuales en un coche (una de las “pruebas” que el juez tuvo en cuenta fue que los acusados habían estado bebiendo Baileys, una bebida poco masculina. Por fortuna este caso fue luego reconsiderado). En octubre de 2011 se condenó a tres años de cárcel a Jean-Claude Roger Mbédé por declararse a otro hombre por SMS, pena que fue confirmada en diciembre de 2012. Lamentablemente, en enero de 2014 Jean-Claude fallecíaabandonado por su familia, por las complicaciones derivadas del maltrato sufrido.

En julio de 2013 se conoció la sentencia a prisión de dos hombres detenidos dos años antes por mantener relaciones homosexuales. También en 2013, fue sentenciado a nueve años de cárcel Cornelius Fonya, acusado de mantener relaciones con un joven de 19 años, en un juicio plagado de irregularidades. Su abogado, Walter Atoh, ha debido huir del país tras ser amenazado de muerte, mientras se dilucida la apelación. Un año después, en junio de 2014, se dio a conocer la historia de una pareja homosexual que se vio obligada a huir de su localidad tras ser ataca por sus vecinos y detenida por la policía.

A finales de 2015, Joshua Mbarga, un activista LGTB, sufrió la invasión de su hogar por unos delincuentes que intentaron matarle tras robarle con total impunidad. Alertada por los vecinos, la Policía intervino hasta que los asaltantes decidieron acusar a Mbarga de pretender mantener relaciones sexuales con uno de ellos. En ese momento la víctima se convirtió en objeto de investigación.

En octubre de 2016, tuvo lugar una redada masiva en un local de ambiente LGTB de Yaundé, con un fuerte dispositivo policial que detuvo a todos los clientes y trabajadores presentes en el local. En diciembre del mismo año, fueron detenidos otros doce hombres por posesión de lubricantes y preservativos, algo considerado por las autoridades como prueba de comportamiento homosexual. A finales de 2017, tres jóvenes fueron detenidos tras caer en una trampa tendida por miembros del ejército, por lo que deberán ser juzgados por un tribunal militar. Y en enero de 2018, el asalto a un local de ambiente homosexual por un grupo de militares se saldaba con muerto y varios heridos graves.

Como explicábamos más arriba, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel en Camerún, pero según la activista LGTB Alice Nkom solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de «flagrante delito». Desgraciadamente, tal y como corrobora Human Rights Watch, son cada vez más los casos en los que la policía ignora este requerimiento.

Fuente Dosmanzanas

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Hallan en Guatemala los cadáveres (grabados con insultos homófobos) de dos mujeres lesbianas asesinadas violentamente

Sábado, 4 de mayo de 2019

58596734_2665378690144176_5490426289850417152_nOtra noticia terrible nos llega desde Guatemala, apenas unos días después de recoger el asesinato de un joven activista gay.  Ahora son dos mujeres las que han sido asesinadas en la región de Jalapa, en lo que parece ser un nuevo delito de odio motivado por la orientación sexual de las víctimas. No en vano, el autor (o autores) del atroz crimen dejó escrito sobre el cuerpo de sus víctimas el mensaje «Por panochas [insulto empleado en el país para referirse a mujeres lesbianas y bisexuales] se murieron».

Los cuerpos de esas dos mujeres guatemaltecas, identificadas como Betzi Esmeralda Co Sagastume y Kelli Maritza Villagrán —y de 18 y 25 años, respectivamente—, fueron hallados el pasado 23 de abril sobre un puente sin iluminación ubicado en el kilómetro 54 de la carretera que conduce a Jalapa. Estaban semidesnudos, unidos con cinta adhesiva, presentaban signos de violencia y tenían escrito el mensaje «Por panochas se murieron», según informó el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos del país, Jordán Rodas.

Todo parece indicar que las jóvenes habían sido degolladas la noche anterior. «Con ellas, suman tres las mujeres lesbianas asesinadas en ese municipio entre septiembre de 2018 y abril de 2019. Evitá estar sol@ y, si podés, avisá a alguien de confianza cuando y por qué medio te movilizás», publicó en sus redes sociales la ONG Red Nacional LAMBDA.

El procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas envió un comunicado expresando sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas, exigiendo a las autoridades hacer justicia y manifestando «su solidaridad con la población y organización de la comunidad LGTBI».  Asimismo, aseguró que «la Auxiliatura Departamental del Procurador de Derechos Humanos, en El Progreso, abrió un expediente de oficio y dará seguimiento al caso de acuerdo al mandato constitucional».

Desafortunadamente, los niveles de LGTBfobia social son muy altos en Guatemala y, para más inri, las personas LGTB del país no gozan de protección alguna contra la discriminación. Según un informe de 2018 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas referido a ese país, «al Comité le preocupa que la legislación no prohíba la discriminación y los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género y no proteja el derecho al reconocimiento de la identidad legal de las personas transgénero. También se muestra preocupado por el aumento de las muertes de mujeres transgénero y por las deficiencias en el registro e investigación de actos violentos motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima, y lamenta la falta de datos consolidados sobre las investigaciones, procesamientos, enjuiciamientos, sanciones y reparaciones otorgadas en casos de violencia y delitos de odio contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales».

Es más, según datos de la organización Oasis publicados en 2017, cada año se registran cerca de 18 asesinatos de personas LGTBI en Guatemala, que en muchos casos son reportados como «crímenes pasionales» o muertes provocadas por la delincuencia común. Dicha organización estimaba entonces que la cifra real de personas asesinadas sería tres veces mayor, debido a que muchos casos ni siquiera llegaban a su conocimiento. «En general, acceder a datos sobre los crímenes de odio contra miembros de la comunidad queer es complicado. Existe un subregistro alto, pues la mayoría de las víctimas no denuncian y porque las autoridades los consideran crímenes comunes o asumen que la víctima es la culpable», aseguraba hace poco el periodista guatemalteco Juan Manuel Vega.

Fuente Dosmanzanas

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Angola despenaliza las relaciones homosexuales tras 133 años de considerarla delito y prohíbe la discriminación por orientación sexual.

Lunes, 28 de enero de 2019

iris2-angola-lgtbiEl país ha eliminado de su código penal el artículo que criminalizaba la homosexualidad y que fue redactado en 1886.

El Parlamento de Angola ha aprobado un nuevo Código Penal que supone el fin de la criminalización de las relaciones homosexuales en ese país. Una magnífica noticia que convierte al país africano en el primero en despenalizar la homosexualidad en este año 2019. El cambio va incluso más allá, al sumarse a la prohibición de discriminar a personas en base a su orientación sexual.

El pasado miércoles 23 de enero Angola hizo historia al convertirse en el primer país del mundo en despenalizar la homosexualidad en 2019. La iniciativa se aprobó con 155 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones.

Hasta el momento la homosexualidad en Angola podía suponer penas de cárcel de 6 meses a 3 años por lo que se consdieraban “actos contra natura“. Esa ley formaba parte del Código Penal aprobado en 1886 y que el país no ha reformado ni una sola vez desde que en 1975 se independizó de Portugal.

Los legisladores aprobaron la aplicación de un proyecto de ley que reforma el Código Penal de 1886, el cual contenía prohibiciones y concepciones heredadas de la época colonial. El Código Penal vigente hasta el momento, heredado de la época colonial portuguesa, castigaba a quienes practicaren de manera habitual actos contra natura. Es cierto que en Angola, a diferencia de otros países de África, la homosexualidad no ha sido objeto de persecución sistemática, pero la persistencia de una norma que podía ser aplicada a cualquier tipo de relación homosexual mantenía en una situación especialmente vulnerable al colectivo LGTB. El nuevo Código Penal elimina esta posibilidad.

Ya el último informe sobre homofobia de Estado de ILGA, de hecho, dejaba entrever una buena predisposición por parte de las autoridades angoleñas a modificar la situación. «En 2013, la delegación de Angola respondió a una pregunta del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre discriminación social de las personas en función de su orientación sexual, diciendo: ‘El principio de igualdad se encuentra consagrado en la Constitución, pero mensurar la discriminación contra los homosexuales en la sociedad es difícil. Sin embargo, las actitudes culturales estarían cambiando. Por ejemplo, la representación de dos parejas de personas del mismo sexo en una telenovela angoleña no fue condenada por los televidentes», puede leerse en el informe, que también destaca como hecho positivo que la institución nacional encargada de los derechos humanos incluya la orientación sexual en sus trabajos. Precisamente en junio de 2018 anticipamos la mejora de la situación del colectivo LGTB en Angola, cuando recogimos la noticia de la legalización del primer colectivo LGTB en la historia del país, Íris Angola.

Con la reforma, el Código Penal de Angola no se limita a la despenalización de las relaciones homosexuales, sino qué también prohíbe la discriminación en el empleo basada en la orientación sexual de las personas. Así, por ejemplo, rechazar a un trabajador o negarse a prestar servicios a un ciudadano por su orientación sexual podría costar hasta dos años de cárcel.

La decisión ha sido saludada no solo por entidades LGTB (como ILGA, organización paraguas que agrupa a colectivos de todo el mundo) o de defensa de los derechos humanos (como Human Rights Watch), sino también por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que dirige desde septiembre de 2018 la expresidenta chilena, Michelle Bachelet:

Con esta decisión, Angola se convierte en el primer país en despenalizar la homosexualidad durante 2019. Por su parte, el  partido que gobierna el país se mostró a favor de la decisión y dijo que el nuevo Código Penal era “genuinamente angoleño”.

“Al eliminar esos vestigios arcaicos de la época colonial, Angola rechaza las discriminaciones  basadas en la orientación sexual”, señaló Human Rights Campaigne (HRC), una de las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos más importantes del mundo, por medio de un comunicado. Tal y como informa la Human Rights Watch, el parlamento del país ha aprobado un nuevo Código Penal que no contempla la homosexualidad como delito, protege frente a la discriminación en el empleo en base a la orientación sexual y que, en algunos casos, también despenaliza el aborto.

El año pasado, se produjo ya un triunfo para el colectivo LGBT en África. La asociación Íris Angola logró que tras cinco años de espera, al fin el Gobierno de esa nación, formalizara su registro legal. En este país, donde la ley no menciona la actividad homosexual, la comunidad LGBT vive de forma anónima y discriminada en el acceso a la salud y educación.

Alrededor de 70 países siguen penalizando la homosexualidad

Según el mencionado informe de ILGA, publicado por última vez en 2017, 72 estados criminalizaban los actos sexuales consentidos entre personas adultas del mismo sexo  a través de diversas figuras legales como la “sodomía” y las “relaciones sexuales no tradicionales”; asimismo, se castiga a las personas LGBT bajo leyes relacionadas con la moralidad y la conservación del orden, con datos de detenciones recientes bajo estas leyes en 45 estados. El dato suponía una mínima mejoría respecto a lo que el mismo informe recogía en 2016, cuando 74 países penalizaban las relaciones homosexuales (según el criterio de ILGA, ya que según la fuente a la que se recurra pueden existir diferentes criterios interpretativos sobre cuál es la realidad legal en algunos países y territorios).

A la espera de una nueva evaluación de la situación, que previsiblemente se publicará este año, hoy día hay que excluir de esa lista al menos a los países más recientes en despenalizar la homosexualidad son  Trinidad y Tobago e India, el primero anuló las prohibiciones contra las relaciones del mismo sexo en abril del año pasado, y la Corte Suprema de Trinidad y Tobago ha confirmó su sentencia del pasado mes de abril en la que declaraba que la penalización de la homosexualidad vulneraba la Constitución y emitió el texto que reforma los artículos afectados del Código Penal. Asimismo, denegó al Gobierno la solicitud de suspender la sentencia. Recordemos que la Iglesia Católica se manifiestó a favor de la despenalización de la homosexualidad en Trinidad y Tobago; mientras que la corte suprema de India lo hizo en septiembre de 2018.

Fuente Agencias e información de HRC/Dosmanzanas/Cristianos Gays

Imagen tomada de Global Voices.

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Se presentan en España los «principios de conducta» de Naciones Unidas para hacer frente a la discriminación LGTBfóbica en el trabajo

Jueves, 18 de octubre de 2018

ONU-GAYEl Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Forética (asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad social empresarial) y REDI (Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI+) han presentado en España los «Principios de Conducta de Naciones Unidas» para hacer frente a la discriminación contra las personas LGTBI en el ámbito empresarial. La presentación de los Principios ha corrido a cargo de Fabrice Houdart, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estos principios de conducta, basados en la normativa internacional en torno a los derechos humanos y complementarios a los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, buscan ayudar a las empresas a examinar sus políticas y prácticas, así como a establecer nuevas estrategias para respetar y promover los derechos humanos de las personas LGBTI.

Estos estándares se basan en el análisis de buenas prácticas a nivel global y establecen acciones que las empresas pueden llevar a cabo para proteger los derechos de las personas LGBTI. Esto incluye eliminar el trato injusto en el lugar de trabajo, asegurarse de que las operaciones comerciales no contribuyan a la discriminación contra los clientes o proveedores, así como trabajar con los colaboradores para eliminar las prácticas discriminatorias a lo largo de la cadena de suministro. También alientan a las empresas a defender los derechos de las personas LGBTI en los países donde operan, mediante la promoción y el apoyo a las organizaciones locales. Puedes descargar un PDF con información más detallada aquí. Y en este enlace de Naciones Unidas puedes encontrar recursos sobre la materia.

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Martín Valenzuela, ha aprovechado la oportunidad para asegurar que  la lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o características sexuales «es una prioridad de la política exterior española en materia de derechos humanos». «En el ámbito internacional, España defiende la aplicación efectiva de las normas internacionales de derechos humanos que se rigen por los principios de universalidad y no discriminación», ha añadido.

Ignacio Sola, director general de Igualdad de Trato y Diversidad, ha expresado por su parte la total adhesión de su dirección general a los «Principios de conducta para las empresas» («LGBTI Business Standards»), impulsados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sola ha defendido además la implementación de políticas activas para incorporar la realidad LGBTI en todas las organizaciones. «La mejora del marco legislativo y el establecimiento de alianzas entre el sector público-sector privado son una muestra del compromiso que este Gobierno ha asumido a favor de la promoción de la igualdad de trato y la diversidad», ha asegurado. Sola ha enumerado además diferentes iniciativas que desde la secretaría de Estado de Igualdad se han puesto en marcha en los últimos años con el propósito de propiciar entornos más inclusivos en las empresas: «Un ejemplo de ello ha sido la firma del Chárter Europeo de la Diversidad, la ejecución del proyecto europeo ADIM (‘Avanzando en gestión de la Diversidad LGBT en el sector público y privado’), en partenariado con el gobierno de Portugal así como el apoyo a la realización de estudios y diagnósticos sobre la situación de las personas LGBTI en el empleo y el apoyo a otras actuaciones que se están llevando a cabo con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa y respeto a los derechos de la comunidad LGBTI».

«Cultura corporativa que favorezca la no discriminación, la igualdad y la inclusión»

Por parte de la CEOE, la presidenta de la Comisión de Igualdad, Val Díez, ha querido destacar el valor simbólico de que la presentación de los Principios en España haya tenido lugar en la sede de su organización, «como prueba del compromiso de la institución con la difusión de estos valores de igualdad y respeto». Germán Granda, director general de Forética, ha asegurado que «la gestión de la diversidad requiere liderazgo en la construcción de una cultura corporativa que favorezca la no discriminación, la igualdad y la inclusión en su estrategia y operaciones. Es un compromiso ético y además un elemento clave para la competitividad de empresas y organizaciones».

El presidente de REDI, Miguel Castro, ha incidido por su parte en que «las compañías inclusivas no solo se benefician del ‘business case’ que acompaña a la diversidad corporativa en áreas como atracción y retención de talento o innovación. Los estándares de las Naciones Unidas para la inclusión del colectivo LGBTI son una muestra más de la gran importancia del papel que juegan las empresas, y como éstas puedan llegar a ser verdaderos agentes sociales en la defensa de los derechos humanos».

Fuente Dosmanzanas

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La Corte Suprema de Justicia de Panamá adelanta extraoficialmente que no fallará a favor del matrimonio igualitario

Miércoles, 25 de octubre de 2017

picture-196799Las parejas del mismo sexo que quieran contraer matrimonio en Panamá todavía tendrán que esperar para poder hacerlo con validez legal. Aunque el fallo de la Corte Suprema de Justicia de este país latinoamericano todavía no se ha hecho público, se ha filtrado el sentido del mismo a la prensa y la institución judicial, al parecer, ha confirmado la veracidad de las informaciones. En este sentido, todo apunta a que la sentencia reconocerá como “constitucionales” los artículos homófobos del vigente Código de la Familia panameño, en los que consta la prohibición expresa de permitir el acceso a la institución del matrimonio a las parejas que no estén formadas por un hombre y una mujer. Este previsible y decepcionante fallo está en línea con la fuerte LGTBfobia instalada en la clase política panameña. Recordemos que, en 2014, cinco candidatos a la presidencia de Panamá firmaron un pacto contra el matrimonio igualitario ante los líderes religiosos del país.

Todavía no es un fallo oficial, ni se ha hecho público un texto definitivo. No obstante, Televisora Nacional de Panamá y TVN Noticias (que forma parte del mismo grupo mediático) han confirmado las informaciones que circulaban en redes sociales sobre la supuesta resolución negativa de la Corte Suprema de Justicia panameña sobre el matrimonio igualitario. Activistas han criticado la filtración pública del borrador de la sentencia y consideran inaceptable que el pleno de este tribunal mantenga la “constitucionalidad” sobre los polémicos y homófobos artículos 26 y 34 del Código de la Familia.

En el artículo 26 del citado Código de la Familia de Panamá se recoge que “el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer, con capacidad legal, que se unen para hacer y compartir una vida en común”. Asimismo, en el artículo 34 del mismo texto legal se explicita que “no pueden contraer matrimonio entre sí”, entre otras, “las personas del mismo sexo”. El borrador que se ha filtrado dejaría claro que la competencia “para llevar el reconocimiento de la igualdad como garantía mínima”recae sobre el Órgano Legislativo, es decir, sobre el Parlamento. En cambio, la Corte Suprema de Justicia de Panamá, según se revela, instará a la Asamblea Nacional de Diputados “a legislar sobre las uniones civiles de personas del mismo sexo”.

El activismo LGTB de Panamá no se resigna y seguirá luchando por la plena igualdad del colectivo, si bien se sorprenden por las filtraciones del fallo y mantienen la esperanza de que se produzca una vuelta a la tortilla (por otra parte, poco probable). “Eso no es lo que me han informado. Me han dicho que se iba a fallar a favor del matrimonio igualitario, lo escuchamos de una buena fuente, por lo tanto no se qué es lo que está pasando en la Corte”ha explicado Ricardo Beteta de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá.

El fallo del alto tribunal panameño sobre el matrimonio igualitario y el debate sobre la inconstitucionalidad de los artículos discriminatorios del Código de la Familia de este país responden a las dos demandas interpuestas por el bufete de abogados Morgan & Morgan, en nombre de dos parejas del mismo sexo distintas. Según esta demanda, “impedir a dos personas del mismo sexo contraer matrimonio resulta un hecho discriminatorio y atenta contra los compromisos internacionales suscritos por el país, como la Convención Americana de los derechos humanos”.

Por otra parte, cabe resaltar el clima de LGTBfobia política en Panamá. Como ejemplo, baste citar que los principales candidatos a la presidencia de Panamá suscribían en 2014 el denominado “Compromiso Nacional por la Vida y la Familia”, por el cual se comprometíann a “defender el matrimonio entendido como la unión entre hombre y mujer”. Lo hicieron en presencia del arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, y del presidente de la Alianza Evangélica de Panamá, Rolando Hernández.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a favor de la igualdad LGTB

Unos días antes de la filtración del fallo de la Corte Suprema de Justicia panameña (el pasado viernes 20 de octubre), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se reunía con activistas y colectivos LGTB del país.

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Roberto Caldas, también viajó hasta Panamá la semana pasada y recordó que “la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para todos los Estados, por eso debe ser respetada. Los derechos de todas las personas, independientemente de sus orientaciones, son iguales”.

Fuente Dosmanzanas

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