Archivo

Entradas Etiquetadas ‘Corte Interamericana de Derechos Humanos’

Chile: Trabajadora trans demanda a Gendarmería por no respetar su nombre y sexo social

Viernes, 10 de mayo de 2019

Gendarmeria-de-Chile-820x394En el recurso patrocinado por el Movilh se alega que Gendarmería se niega a incluir el nombre y sexo social de las personas trans en correos electrónicos y registros internos que están a la vista de otras personas, violentando así la Ley Zamudio.

Con el patrocinio del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) una funcionaria administrativa de Gendarmería presentó un recurso de protección contra la institución por negarse a respetar su nombre y sexo social.

La abogada del Movilh, Paz Becerra, precisó que en febrero pasado la trabajadora comunicó a la institución su transexualidad y comenzó a adecuar su estética a la identidad de género que la representa, lo cual derivó en “actitudes y comentarios transfóbicos en su contra, provenientes de algunas jefaturas y de compañeros de trabajo”.

En virtud de ello, el Movilh solicitó por escrito a Gendarmería que investigara los acosos transfóbicos, que capacitara a todos sus funcionarios en diversidad sexual sexual y de género y que adoptara las medidas necesarias para respetar el nombre y sexo social de la trabajadora.

Si bien Gendarmería accedió a buena parte de las demandas, se negó a que el nombre y sexo social de la trabajadora fuesen respetados en el corree electrónico y los registro internos a los cuales tienen acceso otros funcionarios, argumentando que para ello la mujer debía primero cambiar su identidad legal.

La abogada Becerra precisó que tal exigencia es “arbitraria e ilegal”, pues contraviene la no discriminación por identidad de género garantizada en la Ley Zamudio, así como diversos fallos de tribunales que obligan a respetar el nombre y sexo social de las personas trans, hubiesen o no cambiado su identidad legal.

De igual manera, apuntó la abogada en el recurso, con su actuar Gendarmería violentó diversos principios constitucionales; como son el derecho la integridad física y psíquica de la persona y la igualdad ante la ley, además de transgredir la Convención Americana de Derechos Humanos y las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La vocera del Movilh, Daniela Andrade, precisó que “doblemente repudiable es que en los últimos dos años Gendarmería de Chile ha sido obligada una docena de veces por tribunales a respetar el nombre y sexo social de las y los internos trans. Con lo ocurrido ahora a una de sus trabajadores, es claro que esta institución nada ha entendido de los fallos de los tribunales y, por el contrario, persiste con su tradicional, peligrosa y perjudicial transfobia”.

Por todo, “esperamos un fallo favorable y que de una vez por todas Gendarmería respete los derechos humanos de sus trabajadores/as y de los internos/as”, finalizó el Movilh.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , ,

Un tribunal de Ecuador reconoce el derecho al matrimonio de dos parejas del mismo sexo

Viernes, 13 de julio de 2018

ecuador-268x300Un tribunal de Cuenca (Ecuador) ha ordenado al Registro Civil de esa ciudad que inscriba los matrimonios de dos parejas del mismo sexo a los que se había denegado ese derecho. Las juezas Iliana Vallejo y Ruth Álvarez, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, han dado la razón a la parejas demandantes, que se remitían en su argumentación a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción acepta el Estado ecuatoriano, y que hace unos meses determinó que las parejas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio.

Las dos parejas (cuya identidad no ha sido hecho pública) acudieron el 19 de abril al Registro Civil de Cuenca (la tercera ciudad del país en población) y solicitaron contraer matrimonio. Su petición fue denegada el 24 de mayo, una negativa que las parejas, representadas por abogadas del Colectivo Jurídico Feminista, llevaron ante la justicia. El pasado 29 de junio tuvieron lugar las correspondientes audiencias a las partes. Por parte del Estado ecuatoriano, acudieron los abogados del Registro Civil y de la Procuradoría General.

Una vez escuchadas las dos partes, así como dos amicus curiae presentados ante el tribunal, las juezas Iliana Vallejo y Ruth Álvarez, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y a las cuales las demandas fueron asignadas por sorteo, dieron la razón a las parejas demandantes. Estas alegaban el incumplimiento por parte del Registro Civil de lo establecido por la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo señalan los artículos 11.3 y 426 de la Constitución de Ecuador (que marcan la obligatoriedad de dar cumplimiento a los derechos consagrados tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos).

Recordemos que según dicha opinión, hecha pública en enero pasado y de la que en su momento dimos cumplida cuenta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que los países bajo su jurisdicción deben garantizar tanto el matrimonio igualitario como el derecho de las personas trans al reconocimiento jurídico de su identidad de género. La opinión, emitida en respuesta al requerimiento de Costa Rica, no marcaba plazos de obligado cumplimiento, pero sí suponía una hoja de ruta definida que no permite, además, soluciones parciales «intermedias», como es por cierto la existente en este momento en Ecuador, un país que sí reconoce las uniones de hecho entre personas del mismo sexo.

Las abogadas de las dos parejas también alegaron que la negativa del Registro Civil a celebrar su matrimonio vulnera su derecho a la igualdad y no discriminación de fundar una familia a través del matrimonio en razón a la orientación sexual de los contrayentes; el derecho de formar una familia en sus diversos tipos, tal y como resaltó la Corte Constitucional en el «caso Satya» (en el que el alto tribunal ecuatoriano falló a favor de una pareja de mujeres que solicitaban que su hija pudiera llevar el apellido de las dos madres) y el derecho a realizar sus proyectos de vida.

Constitución de Ecuador, contradictoria

Se da la circunstancia de que la Constitución ecuatoriana de 2008, en su artículo 11, prohíbe expresamente la discriminación «por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición  migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o  permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el  reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos».

Sin embargo, pese a ser tan claro y rotundo el mandato del artículo 11, el texto constitucional incluye después un artículo discriminatorio, el 67, que define el matrimonio como «la unión entre hombre y mujer». Discriminación que solo corrige en parte el artículo 68, que otorga a las parejas del mismo sexo derechos equiparables a los del matrimonio aunque dejando fuera la adopción homoparental. «La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las  condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y  obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo», reza el artículo 68.

La sentencia no es aún firme

La sentencia no es todavía firme, dado que el Registro Civil ha apelado la decisión de las juezas y será revisado en segunda instancia. En cualquier caso, supone una noticia de gran importancia. Lo comentábamos en enero, al hacernos eco de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: esta no tenía efectos inmediatos, pero abría un camino de muy difícil retorno a favor de la igualdad jurídica de las personas LGTB en América Latina y el Caribe. Los intentos previos de parejas del mismo sexo por ver reconocido su matrimonio en Ecuador por la vía judicial han sido hasta el momento infructuosos, pero eso puede cambiar en breve.

Estaremos muy atentos a lo que suceda.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTB , , , , , ,

Chile: Corte Suprema admite a trámite el reconocimiento de la doble maternidad lésbica

Sábado, 30 de junio de 2018

parejalesbicaysuhija-768x576El Movilh, que representa a la pareja, festejó el avance en el Día del Orgullo y de su 27 aniversario.

En un hecho inédito la Corte Suprema acogió a tramitación un recurso de apelación interpuesto por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para que se reconozca la doble maternidad de las convivientes civiles Mayra Opazo y Constanza Monvalves, quienes crían una niña de un año, Martina.

La apelación tuvo lugar luego de que la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazara por dos votos contra uno el reconocimiento de la doble maternidad, sosteniendo que legalmente solo una de las convivientes civiles podía ser reconocida como madre.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que “esta buena noticia que conocemos en el Día del Orgullo y cuando nuestra organización cumple 27 años, esperamos que llegue a buen puerto. Martina tiene dos madres, esa la verdad. La justicia no puede negar la verdad, como tampoco oponerse a los derechos humanos y al interés superior del niño. En Chile, no hay norma que impida el reconocimiento de dos madres o dos padres. Solo el prejuicio ampara esa visión”.

En tanto la abogada del Movilh y representante legal de la pareja, Carolina Etcheverry, señaló que se está en presencia de un hecho inédito, pues por primera vez la Corte Suprema analizará la temática con un voto disidente favorable al reconocimiento de la doble maternidad.

En efecto, la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, sostuvo en su voto disidente que “al impedir que una familia homoparental se yerga como familia de una niña que fue gestada mediando inseminación artificial, respecto de la cual, desde luego, nunca habrá un padre que reclame tal calidad, deviene en incumplimiento de las normas internacionales puesto que le estamos negando la posibilidad de preservar su identidad en tanto mediante un reproche jurídico, no aceptamos esta forma de familia y, en consecuencia, dañamos uno de los atributos de su persona”.

Por último, el vocero del Movilh, Óscar Rementería, adelantó que “en caso de que la Corte Suprema falle contra la apelación, lo cual esperamos no ocurra, es claro que recurriremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que Chile sea sancionado por vulnerar el Acuerdo de Solución Amistosa que firmó con nuestra organización para el reconocimiento de la homoparentalidad”

Fuente MOVILH

General, Historia LGTB , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pareja lésbica presenta recurso de protección para ser reconocidas como madres de una niña de 11 meses

Martes, 17 de abril de 2018

parejalesbicaysuhija-768x576Recurso es patrocinado por la abogada del Movilh, Carolina Etcheverry.

Con el respaldo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) una pareja lésbica, Mayra Opazo y Constanza Monsalves, presentó hoy en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección luego de que el Registro Civil se negara a inscribirlas como madres de un niña de 11  meses, Martina.

Si bien el Registro Civil inscribió a la niña con los apellidos de ambas mujeres, solo reconoció  a una de ellas como madre, aún cuando juntas desarrollaron todo el proceso de inseminación artificial y son convivientes civiles.

En el recurso, patrocinado por la abogada del Movilh, Carolina Etcheverry, la pareja con nueve años de relación, señaló que tras un largo proceso inseminación artificial, “el 17 de Abril del 2017 por fin pudimos conocer a nuestra hija, siendo el día más feliz de nuestras vidas. Pudimos finalmente tomarla, acariciarla, decirle lo mucho que la amábamos”.

Añadieron que “siempre fue un proceso de dos, pensamos como se iba a llamar dónde la íbamos a tener, leímos juntas como cuidarla y criarla. Martina tiene dos mamás, así lo siente ella y es la verdad”.

Sin embargo, el Registro Civil de Viña del Mar se negó en dos ocasiones a inscribir a ambas mujeres como madres, posibilitando que solo lo hiciera Constanza, en tanto fue ella quien dio a luz.

“Esto nos pareció un acto claramente discriminatorio, pues si se hubiese tratado de una pareja heterosexual sometida al mismo procedimiento de inseminación que nosotras, ningún problema habrían tenido de inscribir a ese hijo o hija”, dijo la pareja.

La vocera del Movilh, Cristina Poblete, precisó que “Chile tiene una deuda con las familias homoparentales, pues no garantiza igualdad de derechos a nuestros hijos e hijas. Los vacíos legales siempre se interpretan contra los derechos de padres gays o madres lesbianas, esto no puede seguir ocurriendo”.

En el recurso de protección se alegó que si bien en Chile está prohibida la adopción homoparental, en ningún caso eso impide que un niño o niña tenga dos madres o padres, cuando uno/a de ellos es el biológico, y el otro/a participó de todo el proceso del embarazo.

Por el contrario, remarcó la abogada Etcheverry, negar la inscripción de dos madres o dos padres violenta la igualdad ante la ley, la integridad física y psíquica de las personas y la protección de la familia, derechos garantizados en la Constitución, así como la Convención de los Derechos del Niño, como son el derecho a la identidad y el interés superior de los menores de 18 años.

Lo expuesto, redondeó, lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por tanto negar la inscripción de dos madres  violenta los tratados ratificados por Chile que se enmarcan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana de Derechos Humanos.

La acción legal fue presentada dos días después de que la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados reactivara el debate sobre la adopción homoparental.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , , ,

Gobierno de Chile y ley de identidad de género: “Los menores de 14 años no podrán requerir el cambio registral”

Jueves, 12 de abril de 2018

larrain2El Movilh lamentó el posicionamiento del Ejecutivo, pues la actual legislación si otorga ese derecho a los menores de 14 años, mientras que la Corte Interamericana de DDHH ha sido enfática en señalar que nega el cambio de sexo y nombre legal violenta el interés superior del Niño. 

El Gobierno expuso hoy su postura sobre la Ley de Identidad de Género en la Comisión Mixta que preside la senadora Adriana Muñoz, advirtiendo que a su juicio los menores de 14 años ni siquiera podrán pedir el cambio de su nombre y sexo legal

La visión del Ejecutivo fue expuesta por el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien asistió al ex Congreso Nacional acompañado del Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

En relación a los mayores de 14 años y menores de 18 años, el Ejecutivo propuso que puedan cambiar su nombre y sexo legal en tribunales de familia, en compañía de sus padres/madres, así como de “antecedentes médicos, psicológicos y sociales”

En relación a los niños y niñas, el Ejecutivo enfatizó que “los menores de 14 años no podrán requerir el cambio registral”. Entendemos que se pueden producir situaciones que afecten a niños, pero cuando aquello se produce lo que nosotros propiciamos es que los padres se hagan cargo, y las autoridades de salud y educación puedan acompañar a los padres ofreciéndoles los servicios en la medida que puedan tener la asistencia que requieren en un momento que puede ser muy difícil”, sostuvo Larraín,

De esa manera, se busca negaría incluso el derecho básico a la solicitud y tramitación judicial, lo cual no cuenta con el respaldo de la presidenta de la Comisión Mixta, ni de los movimientos LGBTI. “Nosotros queremos incorporar a los niños, niñas y adolescentes en la ley”, enfatizó Muñoz

En tanto, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), enfatizó que impedir el cambio se sexo registral a menores de 14 años “violenta la Convención Americana de Derechos Humanos, el Interés Superior del Niño, lo exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también los fallos de nuestros propios tribunales”, enfatizó el Movilh.

Si bien “valoramos los esfuerzos del Ejecutivo para llegar a un consenso con su propia coalición, lamentamos su propuesta de excluir a menores de 14 años, en tanto niega una identidad natural de niños y niñas, lo cual impide su desarrollo sano y armónico. Además es una propuesta regresiva, pues busca boicotear un derecho ya existente: niños y niñas de 5 años han cambiado su nombre y sexo legal en los tribunales de familia”.

Además, el Ejecutivo desarrolló la propuesta sin los movimientos sociales, pese que el Estado firmó un compromiso ante la CIDH para trabajar la Ley de Identidad de Género junto a las organizaciones sociales. “Esta es una grave falta al acuerdo internacional”, precisó el Movilh, organismo que desarrollará nuevas gestiones ante el Ejecutivo en torno a estas materias.

En la sesión de hoy también expuso Walter Heyer, quien se auto-define como “ex trans” y “experto en identidad de género”. “Sin embargo, no hay nada que demuestre su experiencia de vida, salvo que es un aliado de los líderes del Bus del Odio y colabora con su trabajo. Es un transfóbico reconocido a nivel mundial. Es decir, un fraude”, denunció el Movilh.

En la misma línea que Heyer se manifestó la endocrinóloga Francisca Ugarte, quien volvió a oponerse a la inclusión de niños y niñas trans en la ley, sin citar ninguna fuentes científica que justifica su postura.

En lado opuesto, es decir a favor de la plena igualdad para las personas, expusieron hoy OTD, la Fundación Renaciendo y el abogado Jorge Barrera.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , , , , , , ,

La victoria de Carlos Alvarado frente al candidato evangélico en las presidenciales de Costa Rica abre el camino a la aprobación del matrimonio igualitario

Miércoles, 4 de abril de 2018

12593917_1263214820374701_2599458339787438275_o Con una amplia mayoría, el líder del Partido Acción Ciudadana, el novelista Carlos Alvarado Quesada, que fuera ministro de Trabajo y Desarrollo Humano del anterior gobierno del Partido Acción Ciudadana, se convierte en el presidente más joven de Costa Rica al imponerse en las urnas gracias a su campaña a favor del matrimonio igualitario y los derechos de la comunidad LGBTI+, cuya oposición habían llevado a imponerse en la primera vuelta a su contrincante, el periodista y pastor evangélico, Fabricio Alvarado Muñoz, que no ha conseguido movilizar al sector más reaccionario.

Alivio y esperanza entre el activismo LGTB de Costa Rica tras el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica de este domingo. El holgado triunfo en las urnas del centroizquierdista Carlos Alvarado, con un 60,7% de los votos, frente al evangélico y ultraconservador Fabricio Alvarado, que no ha alcanzado el 40%, abre la puerta al proceso de aprobación del matrimonio igualitario en este país centroamericano. Y es que la apertura de la institución del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo ha sido uno de los ejes de la campaña de los candidatos, tanto en primera como en segunda vuelta. Carlos y Fabricio comparten apellido, pero es de las pocas cosas que tienen en común: no son parientes y mantienen posturas ideológicas contrarias. Mientras que el ya electo Carlos Alvarado prometió en campaña la creación de un “comisionado de la presidencia para asuntos relacionados con las personas LGBTI”, Fabricio Alvarado dejó muy claro desde el primer momento que “no estamos dispuestos a una agenda LGBTI, pro aborto y a una ideología de género”.

Victoria histórica del progresista Carlos Alvarado en las elecciones presidenciales de Costa Rica de este domingo 1 de abril. Es “histórica” porque es la tercera vez que resulta necesario acudir a una segunda vuelta electoral en el país centroamericano y es la primera en que un candidato que figuraba en segunda posición en intención de voto consigue el triunfo, rompiendo la “maldición” de la segunda ronda, tal y como señala la prensa local. Además, el líder del Partido Acción Ciudadana (PAC) ha defendido en campaña la aprobación del matrimonio igualitario, frente a la posición reaccionaria y retrógrada de Fabricio Alvarado, candidato del partido Restauración Nacional (PRN), al que muchos veían como claro aspirante a obtener la presidencia.

Costa Rica una vez más entregó un bello mensaje democrático (…). Mi compromiso es con un gobierno para todos, en igualdad y libertad”, declara Alvarado Quesada instando a los costarricenses a que se enfoquen “en lo que nos une y no en lo que nos separa”, sin discriminación. A sus 38 años de edad se convierte en el presidente más joven del país centroamericano, uniéndose al club de los presidentes elegidos antes de cumplir los cuarenta, junto a Emmanuel Macron y la neozelandesa Jacinda Ardern.

“La gente está experimentando en todo el mundo con movimientos que impulsan agendas populistas o de un solo tema”, manifestaba Alvarado Quesada respecto a la reaccionaria campaña de Alvarado Muñoz en lo que había definido como un “reflejo de lo que está sucediendo en la región y en el mundo”, haciendo referencia al Brexit en el Reino Unido. El evangelista había llegado a comprometerse a sacar al país de la Organización de Estados Americanos, así como restringir el acceso de las mujeres al aborto, acabar con la educación sexual en las escuelas y luchar contra la “ideología de género”, convencido de que los movimientos feministas y LGBT que luchan por la igualdad están decididos a destruir la familia tradicional y el “orden natural” de la sociedad.

Sin embargo, la gran mayoría de los votantes de Costa Rica han preferido el discurso progresista de Alvarado Quesada, quien se ha prometido a legalizar el matrimonio igualitario, apoya la fecundación in vitro y tiene previsto atajar los problemas derivados de la pobreza y los que están relacionados con el déficit fiscal o el transporte público, entre otras cosas. Siguiendo con su compromiso de renovación, su gabinete cuenta con la primera persona afroamericana en desempeñar un cargo, Epsy Campbell, quien va camino de convertirse en su vicepresidenta, una vez firme el cargo el próximo mes de mayo.

En relación al matrimonio igualitario, el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, en la ya anterior legislatura, elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una consulta, cuya respuesta oficial, en forma de notificación, llegaba poco antes de la primera vuelta de las presidenciales costarricenses, marcando todo el debate electoral. A raíz de dicha consulta, la Corte dictaminaba que “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en los términos establecidos en los párrafos a 200 a 218”.

Es más, el tribunal sostenía que para garantizar estos derechos no es necesaria la creación de nuevas figuras jurídicas, sino que bastaba con extender las instituciones existentes (incluyendo el matrimonio) a todas las parejas, con independencia del género y la orientación sexual de los contrayentes. “Crear una institución que produzca los mismos efectos y habilite los mismos derechos que el matrimonio, pero que no lleve ese nombre, carece de sentido, salvo el de señalar socialmente a las parejas del mismo sexo con una denominación que indique una diferencia sino estigmatizante, o por lo menos como señal de subestimación, señalaba la Corte. “Se configuraría una distinción fundada en la orientación sexual de las personas, que resultaría discriminatoria, y por tanto incompatible con la Convención Americana”, añadía.

Costa Rica es un país miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde su creación en 1948 y la CIDH es uno de sus órganos. Su opinión consultiva favorable, además de responder al Gobierno de Costa Rica, servía de llamada de atención para 12 Estados de América Latina: Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana (en los que no existe ningún reconocimiento jurídico para las parejas del mismo sexo), además de Ecuador y Chile (donde cuentan, de momento, con leyes de unión civil, no equiparables al matrimonio, abiertas a parejas del mismo sexo).

Carlos Alvarado, el nuevo presidente progresista y pro LGTBI

El presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, es periodista, escritor y politólogo. Es autor de tres novelas, ganador del premio Joven Creación de la Editorial Costa Rica en 2006 y fue vocalista del grupo de rock Dramatika. Está casado con Claudia Dobles y ambos son padres de una niña. No cuenta con una tradición histórica como defensor de la igualdad de los derechos de las minorías sexuales. Sin embargo, tras el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la irrupción de un airado debate en toda la campaña electoral, dominado por la posición conservadora del evangélico Fabricio Alvarado y del tibio apoyo LGTBI del contradictorio candidato católico y masón Juan Diego Castro, Carlos Alvarado se convertía en la mejor opción desde el punto de vista igualitario.

Carlos Alvarado, además de mostrar su apoyo al matrimonio igualitario, prometió en campaña la creación de un “comisionado de la presidencia para asuntos relacionados con las personas LGBTI”, como se recoge en el siguiente vídeo:

En su programa electoral, denominado “Crecer y crear la Costa Rica del siglo XXI, incluía un apartado sobre “personas LGBTI” (páginas 77 y 78) en el que establece que “el   Poder   Ejecutivo   impulsará   la   aprobación  de  leyes  esenciales  para  construir  una  sociedad  más  justa  e  inclusiva para las personas LGBTI”. Esto incluye una legislación que reconozca la identidad de género: facilitando el cambio de nombre, posibilitando el cambio de género en el Registro Civil y enmarcando políticas dentro de un trato digno y la no discriminación de las personas trans.

En este sentido, Carlos Alvarado se comprometía a apoyar e impulsar desde la presidencia “un proyecto de ley que armonice los conceptos de sexo, género, identidad de género, expresión de género, transexualidad, en concordancia con la doctrina de los  derechos humanos; reconozca el derecho a la identidad y expresión de género;  y  garantice el acceso a tratamientos médicos que se requieran”.

Asimismo, el actual presidente proponía una ley contra la discriminación LGTBfóbica (con un apartado sancionador), “la recolección de datos sobre identidad de género y orientación sexual para poder alimentar políticas públicas específicas  de acuerdo con las distintas necesidades particulares” o la instalación “dentro de las entidades de protección social,  centros  educativos  o  centros  de  médicos  estatales espacios seguros  para  jóvenes LGBTI y sus familiares, donde reciban contención  psicológica, grupos de apoyo, tutorías, talleres, capacitaciones”, entre otras cuestiones de interés igualitario.

Fabricio Alvarado, el candidato evangélico, LGTBfóbico y ultraconservador

fabricio-alvaradoHundiéndose de rodillas y con los brazos en alto, Fabricio Alvarado, de 43 años de edad, admite su derrota, declarando que había luchado por “principios y valores”, instando a sus votantes a que asumieran como él la derrota en base a que habían hecho “historia, porque nuestro mensaje tocó el nervio más profundo del país”. Y es que el gran perdedor de las elecciones presidenciales costarricenses es Fabricio Alvarado, que después del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo bandera de la oposición al matrimonio igualitario y los derechos del colectivo LGTB, erigiéndose como enemigo de la que él denomina “ideología de género”, en línea con las principales jerarquías religiosas y los grupos ultraconservadores del ámbito internacional. Fabricio Alvarado, candidato de Restauración Nacional, es periodista, pastor evangélico y cantante de música cristiana.

Sus posiciones contra “una agenda LGBTI” impulsaron su ascenso, logrando el favor de los sectores más reaccionarios de Costa Rica. Fabricio Alvarado ha defendido indisimuladamente la vinculación del Estado con la religión durante la campaña, el matrimonio como institución excluyente y exclusiva para parejas formadas “por un hombre y una mujer” y su oposición a la nueva asignatura “Educación para la afectividad y sexualidad integral”, que a partir de este año se introducirá en las aulas de primaria y secundaria del país.

Participó y apoyó la “II Caminata por la Vida y la Familia” del pasado mes de diciembre, que aglutinó a la Conferencia Episcopal y a las iglesias evangélicas contra una supuesta “colonización ideológica” que atacaría, en su opinión, “el respeto a la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, y los valores morales y espirituales con los que cada familia desea educar a sus hijos”.

El triunfo de su candidatura en la primera vuelta, con el 24, 79% (a pesar del escaso margen de difencia con Carlos Alvarado, que obtuvo el 21,76%), dio alas a muchos para colocarlo virtualmente como presidente. Por fortuna, Carlos Alvarado conseguía remontar en la segunda vuelta, con un 60,7% de los votos, frente al evangélico y ultraconservador Fabricio Alvarado, que veía frustradas sus aspiraciones presidenciales, teniéndose que conformar con el respaldo del 39,3% del electorado.

Al ganar la primera vuelta, Fabricio Alvarado aseguraba que “hoy me sumo a lo que ha decidido Costa Rica. Me sumo a un movimiento que se ha creado de unidad, de valores, de innovación y de verdadero progreso”. En relación explícita a la defensa del modelo excluyente de familia tradicional decía tener “esperanza por recuperar la más grande soberanía de todas: la soberanía de la familia como base fundamental de la sociedad, en donde se gestan los valores de integridad, honestidad y transparencia”.

El pastor y cantante cristiano añadía que “Costa Rica le ha dejado muy claro hoy algo a los políticos tradicionales”, que en cuya opinión era el siguiente mensaje: “nunca más se metan con la familia, nunca más se metan con la vida, nunca más se metan con nuestros hijos”. En el siguiente vídeo se puede ver un resumen de su intervención tras conocerse los resultados de la primera ronda de las elecciones presidenciales:

Fabricio Alvarado se veía obligado a negar que estuviera financiando su campaña a través de iglesias o pastores (teniendo en cuenta que la legislación costarricense prohíbe recibir donaciones de personas jurídicas). Además, todo su argumentario en campaña se ha dedicado a cuestiones moralistas y solo a cuatro días de la segunda vuelta de las elecciones presentó su plan de gobierno. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) se encuentra fiscalizando sus cuentas.

La moral cristiana no se ha impuesto finalmente en los comicios

La sociedad costarricense cuenta con una histórica y profunda tradición religiosa. El todavía presidente en funciones Guillermo Solís confesó que quería un Estado “secular pero no uno sin Dios”. El catolicismo sigue siendo el culto religioso principal del país, aunque el evangelismo (como ha ocurrido en muchos otros países latinoamericanos) ha experimentado un fuerte ascenso en las últimas dos décadas. El Programa Latinoamericano de Estudios Sociorreligiosos recoge que en los años 80 contaba con unas 1000 congregaciones evangélicas, frente a las 3.700 de la actualidad.

De las 465.330 personas evangélicas contabilizadas en Costa Rica (sobre una población de casi 5 millones) el 63% asiste a iglesias de este tipo. En declaraciones a la BBC, Montserrat Sagot, investigadora de la Universidad de Costa Rica y espacialista en el ascenso del evangelismo en Centroamérica, argumentaba que “yo siempre he dicho que la sociedad costarricense es profundamente autoritaria y conservadora, pero políticamente correcta. Desde esa perspectiva, esto se había mantenido como un sustrato bajo, no había aflorado a la superficie política y hay un acontecimiento que lo genera que es la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” que urge la aprobación del matrimonio igualitario para acabar con la discriminación de las parejas del mismo sexo.

Tanto las jerarquías católicas como las evangelistas cristianas de Costa Rica se han mojado en estas elecciones y han usado todos sus recursos disponibles (incluyendo los templos y los oficios religiosos celebrados en ellos) para hacer campaña, a veces velada y otras veces completamente explícita, a favor de Fabricio Alvarado y su partido Restauración Nacional. Los católicos más intransigentes, por tanto, viendo cuestionada la doctrina social emanada de la jerarquía eclesiástica ante el triunfo eventual (ya confirmado) de Carlos Alvarado y el cumplimiento del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparcaron sus diferencias religiosas con los evangélicos y apoyaron incondicionalmente al pastor Fabricio Alvarado.

Esto fue tan evidente que El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica condenó a la Iglesia Católica y a la Federación Alianza Evangélica Costarricense por haber dado “orientaciones pastorales” con motivo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 4 de febrero, y les ordenó “abstenerse de acciones” parecidas, a falta de un mes de la celebración de la segunda vuelta (el pasado domingo).

En un comunicado conjunto, hecho público el 18 de enero, ambas jerarquías invitaron a los fieles a meditar “delante de Dios y de sus conciencias su voto para los cargos de presidente y vicepresidentes y para diputados, conscientes de que es un deber para todo ciudadano costarricense el elegir a quienes detentarán puestos de responsabilidad política”. Esto ya provocó que el TSE tomara medidas cautelares para ordenar a estas dos organizaciones de “instruir a sus sacerdotes y pastores sobre la prohibición de utilizar el púlpito, sitios de oración o ceremonias litúrgicas para inducir el voto de sus feligreses”.

También es cierto que han sido otras tantas organizaciones no religiosas de Costa Rica las que se han pronunciado a favor del matrimonio igualitario y los derechos del colectivo LGTB en estas elecciones, aunque sin hacer una campaña tan burda y evidente como la protagonizada por las jerarquías católicas y evangélicas en favor de Fabricio Alvarado. Sirva de ejemplo el pronunciamiento del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, que llamaba “a su población agremiada a promover y defender de forma urgente los derechos humanos, mediante el respeto a la diversidad de familias que coexisten en nuestro país, rechazando los discursos que fomentan su reducción a formas heteronormativas y que sirven de base para la discriminación como expresión de la violencia”.

El matrimonio igualitario, también en la vía judicial de Costa Rica

flag_of_costa_rica_1848-1906-300x200Herman Manuel Duarte Iraheta, fundador de la Fundación Latinoamericana para la Promoción y Protección de la población LGBTI (también conocida como Fundación Igualitos) presentaba una demanda a favor del matrimonio igualitario ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica el pasado 13 de marzo. El texto recoge que “el momento histórico en el que nos encontramos favorece el pronunciamiento a favor de la acción de inconstitucionalidad”, por lo que “es importante contextualizar que ya no estamos en el año 2006 y existe sobrada evidencia de la inexistencia de daños a que dos personas puedan casarse civilmente y formar una familia. No solo por ser un fallo completamente congruente con la corriente jurisprudencial dominante de esta Sala Constitucional, sino por ir también en sintonía con las líneas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y por el apalancamiento que eso puede generar por otras luchas que actualmente se llevan en la región”.

Fuente Dosmanzanas/Universogay

General, Historia LGTB , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3.000 homófobos se manifiestan contra el matrimonio igualitario en Panamá

Sábado, 10 de marzo de 2018

panama-matrimonio-igualitario-696x522Imagen: Alianza Panameña Por La Vida y La Familia

La manifestación fue convocada por La Alianza Evangélica de Panamá, la iglesia católica y grupos provida.

Es la tercera manifestación contra el matrimonio igualitario que se realiza desde el 2006.

La Corte Suprema de Justicia debe resolver sobre una demanda de inconstitucionalidad ante la actual definición del matrimonio como “unión entre un hombre y una mujer”

Con consignas como “No se metan con mis hijos, no pasarán”“No somos homofóbicos, pero nacemos de un hombre y una mujer” y “ONU-OEA, saquen las manos de mi familia” se manifestaron ayer en la ciudad de Panamá contra el matrimonio igualitario.

panama-homofobia-5

Imagen: Alianza Panameña Por La Vida y La Familia

Juan Francisco de la Guardia Brin, presidente de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, aseguró que ellos no van a permitir que la familia natural sea amenazada por personas e instituciones que favorecen la ideología de género. Añadiendo que “nunca en nuestra historia hemos tenido una amenaza tan grande para la familia natural como en este momento”.

panama-homofobia-2

Mientras, la abogada de la Alianza, Corina Cano, afirmaba que “Tenemos que defender a la familia como base de la sociedad, no podemos permitir que organismo internacionales atenten contra ella, ya muchos panameños están conscientes hoy de qué se trata la ideología de género”.

panama-homofobia-3

Imagen: Alianza Panameña Por La Vida y La Familia

Y aunque la iglesia católica no convoca nada… el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, se ha sumado a la fiesta: “que le llamen como quieran, pero eso no es un matrimonio”.

Esto ya lo hemos visto en EspañaFranciaPerú… pero no se cansan de hacer el ridículo y no se dan cuenta de la pobreza de sus argumentos. Y si no, echa un vistazo a este vídeo que hicieron para promocionar la manifestación y que Facebook ha retirado por incitar al odio (una vez lo hayas visto, te invitamos a denunciarlo en youtube):

Sí, homosexualidad, corrupción y pederastia todo junto… Por otro lado, la letra de la canción merece un artículo enterito.

Pero las declaraciones que más “nos han gustado” son las del Apóstol Manuel A. Ruíz, presidente del Ministerio del Espíritu con Gloria de la Iglesia Tabernáculo de la Fe que dicho: “Panamá está llena de corrupción y ahora ha llegado al sexo… no se puede imponer una ley estúpida que no tiene parte de Dios. Hoy queremos llamar derechos humanos a los homosexuales, a las lesbianas, y si se aprueba esa ley, mañana los pedófilos van a reclamar también derechos humanos”.

payaso-pin-pin-homofobo-696x928Y por si te parece poco circo… tenemos hasta ¡un payaso! Concretamente el Payaso Pin-Pin, un personaje infantil muy conocido en el país por su “defensa de la familia” y que el año pasado recibió el premio Gran Huevo Rosa al homófobo del año.

A pesar de que la vicepresidente panameña, Isabel De Saint Malo, anunció que el país aprobaría el matrimonio igualitario para acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todavía no se ha modificado la legislación vigente.

Ahora mismo, la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente decidir sobre el caso de Enrique Raúl Jelenszky Carvajal y John Winstaley que intentan que se declare inconstitucional el artículo 26 del Código de la Familia que establece que el matrimonio es “entre un hombre y una mujer”.

***

Fuentes | El Nuevo Diario y Crítica, vía EstoyBailando

Homofobia/ Transfobia., Iglesias Evangélicas , , , , , , , , , ,

América adelanta a Europa en derechos LGTB: ¿Por qué la decisión histórica de la Corte Interamericana no ha llegado aún al continente europeo?

Sábado, 20 de enero de 2018

CIDH-logo20130301El pasado 9 de enero, a instancia de un requerimiento de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una histórica opinión consultiva en la que consideraba que los países que reconocen su jurisdicción deben garantizar el matrimonio igualitario, además del reconocimiento jurídico a la identidad de género de las personas trans. La Corte insta a los Estados que se encuentran bajo su jurisdicción a impulsar las reformas legislativas administrativas y judiciales necesarias para cumplir con dicha resolución, aunque al no fijar plazos obligatorios de cumplimiento los Estados estos gozan de un amplio margen de tiempo para implementarla. Sea como fuere, hoy el activismo LGTB europeo mira con envidia hacia la otra orilla del Atlántico.

En diversas ocasiones se ha intentado  -sin éxito- que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicte una resolución similar, especialmente en lo que al matrimonio se refiere. Más de un caso se ha llevado hasta Estrasburgo buscando una sentencia que abriera la puerta al matrimonio igualitario en todos los países de Europa. Así sucedió, por ejemplo, en el caso Schalk y Kopf contra  Austria (2010), en el que dos ciudadanos austríacos demandaron a su país ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por denegarles el acceso al matrimonio al ser ambos del mismo sexo. Un caso similar se siguió contra Francia en 2016: aunque el matrimonio igualitario ya contaba con reconocimiento en este país, el Tribunal debía valorar la validez de un matrimonio contraído entre dos hombres en el año 2004, cuando este tipo de uniones eran aún ilegales en Francia. La Corte volvió a remarcar que la Convención Europea de Derechos Humanos no reconoce el derecho al matrimonio igualitario, por lo que este solo debe ser reconocido en función de la legislación nacional vigente en cada Estado.

El mensaje de Estrasburgo parece claro: el derecho al matrimonio sin discriminación por orientación sexoafectiva no es un derecho humano. Hace unos días, no obstante, la Corte Interamericana de Derechos humanos afirmaba todo lo contrario.

¿Cuáles son las claves de esta divergencia?

América: una tradición distinta

Es innegable que tanto la realidad socio-jurídica como la situación del colectivo LGTB en ambas orillas del Atlántico son difíciles de comparar. Si bien Europa fue pionera en el campo del matrimonio igualitario -Holanda, Bélgica y España fueron los tres primeros países del mundo en reconocerlo- algunos países americanos como Argentina y Canadá les siguieron de cerca, y a día de hoy las parejas del mismo sexo se pueden casar en numerosos países del continente, incluyendo Estados Unidos y Brasil, los dos más poblados al norte y al sur.

Sin embargo, la lacra de la homofobia sigue golpeando al colectivo LGTB en América con unos niveles de violencia difíciles de comparar con los del continente europeo. Si bien casi ningún país americano castiga legalmente la homosexualidad (excepción hecha de Jamaica y algunos otros pequeños Estados del Caribe), la violencia contra el colectivo LGTB por parte de agentes no estatales –  -grupos organizados o agresores individuales- está gravemente extendida por Centroamérica y algunas zonas de América del Sur, hasta el punto de que muchas personas LGTB deben buscar asilo en otras partes del mundo.

Prueba de la atroz homofobia que aun existe en América han sido las diversas reacciones por parte de sectores ultraconservadores en diferentes lugares del continente ante la posibilidad de reconocer el derecho al matrimonio igualitario. Sirvan de ejemplo las multitudinarias manifestaciones en contra de dicho reconocimiento como las que tuvieron lugar en México en septiembre de 2016.

No obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha demostrado un alto grado de progresismo jurídico en comparación con su homóloga europea, sobre todo des de la óptica de los derechos LGTB. En general, las decisiones que en numerosas ocasiones ha dictado la Corte Interamericana son ya un reflejo de su alto grado de progresismo: las sentencias de dicho tribunal suelen estar mucho más centradas en la víctima de la vulneración de derechos humanos, y en muchos casos se han ordenado medidas como obligar a los Estados a modificar sus leyes o incluso sus constituciones nacionales para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. En cuanto a derechos LGTB, la Corte ha venido manteniendo una jurisprudencia según la cual la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención, lo que implica la prohibición de discriminar en base a alguna de estas características. Más concretamente, la Corte ha dictado importantes sentencias en las que condena a estados como Colombia por no reconocer una pensión al sobreviviente de una pareja del mismo sexo; o a Chile, por privar a una madre lesbiana de la custodia de sus hijos.

El reconocimiento del matrimonio igualitario como derecho humano ha supuesto la culminación de dicho legado progresista de la Corte Interamericana. La Corte se basa precisamente en su jurisprudencia –según la cual no se puede discriminar por orientación sexual o identidad de género– para considerar como una discriminación estigmatizante el hecho de crear una institución diferente para las parejas del mismo sexo, que produzca los mismos efectos que el matrimonio, pero que no lleve ese nombre. Es precisamente esta misma declaración la que en numerosas ocasiones se ha buscado obtener por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, a día de hoy tal hito no se ha conseguido.

¿Construcción de un “muro heteronormativo” en el Tribunal de Estrasburgo?

Como ya se ha mencionado, El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido la oportunidad, en más de una ocasión, de pronunciarse acerca de la cuestión del matrimonio igualitario. Siempre que se ha llevado dicha cuestión a Estrasburgo, la demanda ha versado en torno a tres preceptos de la Convención Europea: El derecho del “hombre y la mujer” a contraer matrimonio (artículo 12), el derecho a la vida privada y familiar (artículo 8), y el principio de no discriminación (artículo 14). Por parte de las personas demandantes, siempre se ha argumentado que el artículo 12, que habla del derecho del “hombre y la mujer” a contraer matrimonio, no define a dicha institución como la unión exclusiva de hombre y mujer. Dicha interpretación se basa en el artículo 8 de la Convención, el cual establece el derecho a la vida privada y familiar -el cual implica que un Estado no debe interferir en ciertos aspectos de la vida privada de los ciudadanos, como por ejemplo la decisión de convivir con determinada persona y formar una familia- y el artículo 14, el cual establece que los derechos reconocidos a la Convención deben aplicarse por igual a todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Es precisamente este principio de no discriminación -también presente en la Convención Americana de Derechos Humanos- la que ha llevado a la Corte Interamericana a extender el derecho al matrimonio a todas las personas, sin discriminar en función de su orientación sexoafectiva.

Desafortunadamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tomado un camino radicalmente distinto, y ha optado en todos los casos por una interpretación rígida de la Convención, remitiéndose al significado que se quiso dar a sus artículos en el momento de su redacción -ni más ni menos que en el año 1950-, rechazando así una interpretación dinámica y evolutiva, que permitiera a la Convención adaptarse a los nuevos tiempos; y rechazando también que denegar el derecho al matrimonio a parejas del mismo sexo implicara una vulneración del principio de no discriminación.

Adicionalmente, el Tribunal de Estrasburgo siempre ha sacado a relucir la clásica doctrina del “margen de apreciación” cuando se le ha planteado la cuestión del matrimonio igualitario. Dicha doctrina sostiene que hay ciertos aspectos de la Convención respecto a los que, si no existe un consenso muy mayoritario entre todos los países europeos, son las autoridades nacionales de cada país quienes deben decidir. En otras palabras, la doctrina del margen de apreciación se aplica cuando Estrasburgo considera que los Estados están mejor capacitados que la Corte para interpretar ciertos asuntos que guardan relación con sus políticas de orden público o sus “valores morales”.  Esta doctrina, muy conservadora des del punto de vista jurídico, es frecuente en las decisiones del Tribunal Europeo, al contrario de lo que ocurre con la Corte Interamericana.

Al comparar el Tribunal Europeo con la Corte Interamericana, debe reconocerse que ambos tribunales tienen orígenes muy distintos, así como un funcionamiento particular y sobre todo un contexto sociopolítico claramente diferenciado. Aún así, guardan importantes similitudes básicas: ambos órganos judiciales tienen por objeto la interpretación y aplicación de una Convención de Derechos Humanos, y sus resoluciones son de obligado cumplimiento para los países que han aceptado su jurisdicción.

En el caso de Europa, absolutamente todos los países del continente, a excepción de Bielorrusia, se encuentran bajo la jurisdicción de la Corte. Esto implica que cualquier resolución del Tribunal deberá aplicarse de la misma forma en países con culturas políticas y jurídicas muy dispares. Es por ello que una resolución del Tribunal de Estrasburgo que obligara al reconocimiento del matrimonio igualitario supondría un hito histórico a la vez que un reto de dimensiones colosales, puesto que dicha decisión debería implementarse en países donde el colectivo LGTB no goza de tanto reconocimiento -ni a nivel legal ni a nivel social- como son la mayoría de países en la Europa del Este.

Sin embargo, la decisión tomada por la Corte Interamericana afecta también a ciertos países en el que la homofobia está aún muy presente a nivel social. Y aún así, dicha Corte ha optado por la valiente decisión de realizar un paso hacia adelante en pro de los derechos humanos. Y, mientras tanto, el Tribunal Europeo se refugia detrás de la doctrina del ‘margen de apreciación’ como mecanismo de supervivencia, quizás con la buena intención de evitar que ciertos países se retiren de su jurisdicción si el Tribunal les obliga a modificar sus leyes en temas tan sensibles como el matrimonio.

Llegados a este punto, la pregunta clave que debemos realizarnos en Europa es la siguiente: ¿debemos esperar a que haya un cambio social a nivel europeo para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se vea legitimado a obligar a todos los Estados a reconocer el matrimonio igualitario? ¿O, por el contrario, necesitamos precisamente una sentencia que obligue a todos los países a reconocerlo, favoreciendo así una revolución a nivel social que condujera a un mayor respeto a las personas LGTB en todo el continente?

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTB , , , , ,

La Corte Suprema de Justicia de Panamá adelanta extraoficialmente que no fallará a favor del matrimonio igualitario

Miércoles, 25 de octubre de 2017

picture-196799Las parejas del mismo sexo que quieran contraer matrimonio en Panamá todavía tendrán que esperar para poder hacerlo con validez legal. Aunque el fallo de la Corte Suprema de Justicia de este país latinoamericano todavía no se ha hecho público, se ha filtrado el sentido del mismo a la prensa y la institución judicial, al parecer, ha confirmado la veracidad de las informaciones. En este sentido, todo apunta a que la sentencia reconocerá como “constitucionales” los artículos homófobos del vigente Código de la Familia panameño, en los que consta la prohibición expresa de permitir el acceso a la institución del matrimonio a las parejas que no estén formadas por un hombre y una mujer. Este previsible y decepcionante fallo está en línea con la fuerte LGTBfobia instalada en la clase política panameña. Recordemos que, en 2014, cinco candidatos a la presidencia de Panamá firmaron un pacto contra el matrimonio igualitario ante los líderes religiosos del país.

Todavía no es un fallo oficial, ni se ha hecho público un texto definitivo. No obstante, Televisora Nacional de Panamá y TVN Noticias (que forma parte del mismo grupo mediático) han confirmado las informaciones que circulaban en redes sociales sobre la supuesta resolución negativa de la Corte Suprema de Justicia panameña sobre el matrimonio igualitario. Activistas han criticado la filtración pública del borrador de la sentencia y consideran inaceptable que el pleno de este tribunal mantenga la “constitucionalidad” sobre los polémicos y homófobos artículos 26 y 34 del Código de la Familia.

En el artículo 26 del citado Código de la Familia de Panamá se recoge que “el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer, con capacidad legal, que se unen para hacer y compartir una vida en común”. Asimismo, en el artículo 34 del mismo texto legal se explicita que “no pueden contraer matrimonio entre sí”, entre otras, “las personas del mismo sexo”. El borrador que se ha filtrado dejaría claro que la competencia “para llevar el reconocimiento de la igualdad como garantía mínima”recae sobre el Órgano Legislativo, es decir, sobre el Parlamento. En cambio, la Corte Suprema de Justicia de Panamá, según se revela, instará a la Asamblea Nacional de Diputados “a legislar sobre las uniones civiles de personas del mismo sexo”.

El activismo LGTB de Panamá no se resigna y seguirá luchando por la plena igualdad del colectivo, si bien se sorprenden por las filtraciones del fallo y mantienen la esperanza de que se produzca una vuelta a la tortilla (por otra parte, poco probable). “Eso no es lo que me han informado. Me han dicho que se iba a fallar a favor del matrimonio igualitario, lo escuchamos de una buena fuente, por lo tanto no se qué es lo que está pasando en la Corte”ha explicado Ricardo Beteta de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá.

El fallo del alto tribunal panameño sobre el matrimonio igualitario y el debate sobre la inconstitucionalidad de los artículos discriminatorios del Código de la Familia de este país responden a las dos demandas interpuestas por el bufete de abogados Morgan & Morgan, en nombre de dos parejas del mismo sexo distintas. Según esta demanda, “impedir a dos personas del mismo sexo contraer matrimonio resulta un hecho discriminatorio y atenta contra los compromisos internacionales suscritos por el país, como la Convención Americana de los derechos humanos”.

Por otra parte, cabe resaltar el clima de LGTBfobia política en Panamá. Como ejemplo, baste citar que los principales candidatos a la presidencia de Panamá suscribían en 2014 el denominado “Compromiso Nacional por la Vida y la Familia”, por el cual se comprometíann a “defender el matrimonio entendido como la unión entre hombre y mujer”. Lo hicieron en presencia del arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, y del presidente de la Alianza Evangélica de Panamá, Rolando Hernández.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a favor de la igualdad LGTB

Unos días antes de la filtración del fallo de la Corte Suprema de Justicia panameña (el pasado viernes 20 de octubre), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se reunía con activistas y colectivos LGTB del país.

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Roberto Caldas, también viajó hasta Panamá la semana pasada y recordó que “la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para todos los Estados, por eso debe ser respetada. Los derechos de todas las personas, independientemente de sus orientaciones, son iguales”.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas , , , , , , , , , , , , ,

Condenan a Ecuador por discriminación en el despido de un militar por su orientación sexual

Viernes, 11 de noviembre de 2016

cd43bo7woaadxclLa Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Ecuador por discriminación en el despido de un teniente, Homero Flor Freire, acusado de mantener relaciones con otro militar de rango inferior en su dormitorio. Algo que el acusado desmiente, así como niega que sea homosexual.

El tribunal con sede en San José de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena por discriminación al estado de Ecuador por el despido de Flor Fleire, un teniente de las Fuerzas Armadas, debido únicamente a su supuesta orientación sexual, ordenando una considerable compensación material y moral en favor de la víctima. Aunque la noticia se publicaba ayer martes, 1 de noviembre, la sentencia fue emitida el 31 de agosto, comunicando a todas las partes implicadas en el proceso.

Flor Freire siempre ha defendido que habían intentado coaccionarle para firmar su baja voluntaria antes de despedirle, en 2001, después de que un oficial de rango superior lo acusa de homosexual, sólo por haber entrado en su habitación y comprobar que otro militar de rango inferior estaba durmiendo en su cama. Una norma del Reglamento Disciplinar, vigente en aquel entonces, obligaba a sancionar a las personas del mismo sexo que mantenían relaciones sexuales separándolas del servicio militar.

La versión de Freire es que la obligación de un oficial de las fuerzas armadas es velar por el bienestar de los militares de rango inferior, motivo por el que no duda en llevarse a su habitación a un colega de mejor rango, en estado de ebriedad, que había estado causando problemas en una fiesta de civiles. No sólo no habrían mantenido relaciones sexuales, sino que Freire ni siquiera se declara homosexual en ningún momento del proceso y, según este Tribunal, la única manera de determinar que una persona es homosexual, es que la persona se identifique a sí misma como tal.

La Corte señala que, en aquel momento, el propio Reglamento Disciplinar muestra una diferencia entre los actos sexuales con personas del mismo sexo y del sexo opuesto, por lo que determina que hubo discriminación en contra de Flor Freire en el proceso disciplinario en virtud de una orientación homosexual, independientemente de que fuera una condición real o percibida. Por este motivo declara responsable al Estado de Ecuador de la violación del derecho a la igualdad ante la ley de Freire, además de atribuirle los daños que afectan a su derecho al honor y reputación como consecuencia del proceso disciplinario, por lo que obliga a abonar la cantidad de 5.000 dólares a la víctima por los gastos acarreados durante el proceso, así como otorgarle el grado militar que le correspondería en la actualidad, en comparación con su compañeros de promoción, reintegrándolo al servicio en situación de militar retirado, con todos los beneficios sociales y prestaciones que le corresponden en tal condición.

La CIDH ha advertido su intención de supervisar el cumplimiento íntegro de la sentencia y que sólo dará por concluido el caso una vez que el estado ecuatoriano haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma, además de poner en práctica «programas de capacitación de carácter continuo y permanente a los miembros de las Fuerzas Armadas sobre la prohibición de discriminación por orientación sexual». La CIDH es un tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus sentencias son de acatamiento obligatorio para los Estados miembros.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , ,

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Colombia por no reconocer una pensión al sobreviviente de una pareja del mismo sexo

Miércoles, 20 de abril de 2016

CIDH-logo20130301 La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al gobierno de Colombia por discriminación al negar la pensión de viudedad a la pareja de un homosexual y ha publicado una sentencia en la que ordena al Estado colombiano garantizar que  pueda tramitar una solicitud de pensión por la muerte de su pareja en 2001.

Importante sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cuatro votos a favor y dos en contra ha condenado al Estado colombiano por violar los derechos a la igualdad ante la ley y la no discriminación en el caso de Ángel Alberto Duque, quien se le denegó el acceso a la pensión por supervivencia de su pareja, Jhon Oscar Jiménez, después de que este muriera en 2001. Es la primera vez que Colombia es condenada por la Corte Interamericana por un caso de discriminación por razón de orientación sexual. Y aunque hoy día la situación jurídica de las parejas del mismo sexo en ese país es afortunadamente distinta, la sentencia marca un camino que puede ser importante en casos similares que se produzcan en otros países de América.

El caso llegó a la Corte en octubre de 2014, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se lo remitió al considerar que Colombia no cumplió con las recomendaciones que hizo para garantizar los derechos de la víctima. Ángel Alberto Duque había comenzado su batalla legal en 2002, cuando interpuso una acción de tutela porque la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías (COLFONDOS S.A.) le dijo que no cumplía con los requisitos legales para acceder a la pensión por supervivencia de su pareja (en aquel momento Colombia no disponía de norma alguna que garantizase los derechos de las parejas del mismo sexo). De hecho, la tutela ni siquiera fue estudiada entonces por la Corte Constitucional.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declara que el estado de Colombia ha violado “el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación” de Ángel Duque, un homosexual a quien negaron su derecho a cobrar la pensión de su pareja, John Oscar Jiménez Gutiérrez, con quien había convivido durante más de 10 años, condenando a rectificar esta situación al estado colombiano. “El Estado debe garantizar al señor Duque, una vez que presente la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivencia, que esta será tramitada de forma prioritaria, en un plazo de tres meses”, indica la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a la situación del demandante Ángel Alberto Duque.

El fallo agrega “que en caso de otorgársele la pensión al señor Duque, la misma deberá comprender la suma equivalente a todos los pagos, incluyendo los intereses correspondientes de conformidad con la normativa interna colombiana, que no se percibieron desde que el señor Duque presentó la solicitud de información a COLFONDOS el 3 de abril de 2002“.

780x580-noticias-angel-duque-y-john-oscar-jimenezLa pareja de Duque estaba afiliada a la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías (COLFONDOS S.A.), la cual indicó en el 2002 que Duque no ostentaba la calidad de beneficiario de conformidad con la ley aplicable. Jhon Oscar Jiménez Gutiérrez estaba afiliado a la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías (COLFONDOS), motivo por el que, tras su fallecimiento, el 15 de septiembre de 2001, Duque solicita que le indiquen los requisitos y procedimiento para solicitar la retribución de su pensión por viudedad. COLFONDOS le niega que tenga derecho a la pensión, conforme a la ley aplicada en ese momento, una respuesta ratificada por un juez alegando que Duque “no reunía las cualidades que la ley exige para entrar a sustituir en pensión al causante y que ninguna normatividad (…) ha reconocido e en este sentido, algún derecho a las parejas homosexuales“.

La normativa colombiana vigente en ese momento establecía que los beneficiarios de una pensión de viudedad en forma vitalicia eran “el cónyuge o la compañera o compañero permanente” y que “se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho”, excluyendo específicamente una pareja de hecho formada por dos personas del mismo sexo.  No fue hasta el año 2007 que la Corte Constitucional de Colombia comenzó a reconocer a las parejas del mismo sexo los beneficios de pensión, seguro social y derechos de propiedad. Y en 2008 les reconoció el derecho a la pensión de sobrevivientes a través de la sentencia C-336, determinando que el sistema de la seguridad social también admite la cobertura de las parejas del mismo sexo, siendo además una sentencia de carácter retroactivo.. Dos años más tarde, en 2010, la Corte Constitucional consideró que la sentencia tenía efectos retroactivos y que se debía otorgar a las parejas del mismo sexo vías idénticas a las de las heterosexuales para acreditar su unión permanente. En estas sentencias se escudó de hecho el Estado colombiano para defenderse ante la Corte, al reconocer la existencia en el pasado de un “hecho ilícito internacional continuado” pero argumentar que este había cesado con las sentencias de la Corte Constitucional y la implementación de una vía para el reconocimiento de las pensiones a las parejas del mismo sexo.

Precisamente, el fallo de CIDH especifica que “en caso de otorgársele la pensión al señor Duque, la misma deberá comprender la suma equivalente a todos los pagos, incluyendo los intereses correspondientes de conformidad con la normativa interna colombiana, que no se percibieron desde que el señor Duque presentó la solicitud de información a CLOFONDOS, el 3 de abril de 2002″. Durante el procedimiento, el estado de Colombia ha reconocido la existencia de un hecho ilícito, que había sido remediado, según ellos, con el fallo de 2008, garantizando el recurso adecuado y efectivo para el reconocimiento de las pensiones a las parejas del mismo sexo. Por consiguiente, CIDH absuelve al estado colombiano de violación a los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y a la integridad personal, así como a su deber de adoptar disposiciones de derecho interno.

En su fallo, la CIDH, en una votación de 4 a favor y 2 en contra, halló al Estado colombiano “responsable por la violación al derecho a la igualdad y no discriminación”, ya que a Duque “no se le permitió acceder en condiciones de igualdad a la pensión de sobrevivencia establecida en la normatividad interna colombiana”.

La CIDH reconoce en su fallo que a partir del año 2008 la Corte Constitucional de Colombia reconoció en una sentencia que la regulación sobre la unión marital de hecho también aplicaba para las parejas del mismo sexo y, posteriormente, determinó que la cobertura del sistema de seguridad social en salud del régimen contributivo también admitía la cobertura a las parejas del mismo sexo.

La Corte Interamericana, sin embargo, ha considerado violados los derechos de Duque (representado por el abogado y activista Germán Rincón Perfetti y la Comisión Colombiana de Juristas) a la igualdad y la no discriminación, y al no considerar probado que en su caso se haya cumplido con la debida retroactividad ha ordenado al Estado tramitar de forma urgente su solicitud y abonarle los correspondientes atrasos, además de indemnizarle por el daño inmaterial y el reintegro de costos y gastos con 20.000 dólares estadounidenses adicionales. La Corte Interamericana, eso sí, ha librado al Estado colombiano de una condena por la violación de los derechos a la protección judicial, a las garantías judiciales y a la integridad personal y a la vida, así como a su deber de adoptar disposiciones de derecho interno. En el plazo de un año, el Estado colombiano deberá presentar un informe ante la Corte Interamericana en el que dé cuenta del cumplimiento de todo lo dispuesto en el fallo para que el caso sea oficialmente cerrado.

Durante el trámite del caso, el Estado planteó que reconocía la existencia de un hecho ilícito, pero que fue remediado a partir del fallo de la Corte Constitucional en el 2008 que garantiza un recurso adecuado y efectivo para el reconocimiento de las pensiones a las parejas del mismo sexo.

Puedes descargar la sentencia íntegra (incluyendo los votos particulares discordantes) aquí, y un resumen de la misma elaborado por la propia Corte Interamericana aquí.

Sentencia importante para todo el continente

Con sede en Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus fallos son de acatamiento obligado para los Estados miembros .

La sentencia ahora conocida reconoce y ordena resarcir la injusticia cometida con Ángel Alberto Duque por parte del Estado colombiano. En cualquier caso, Colombia ha experimentado una evolución realmente considerable en muy pocos años por lo que al reconocimiento de las parejas del mismo sexo se refiere, gracias a las diferentes sentencias de la Corte Constitucional, que muy recientemente culminaban con el reconocimiento del derecho al matrimonio.

Es por ello que la sentencia puede tener incluso más trascendencia si se examina desde la óptica de cómo puede afectar a casos similares en otros países de América que carecen de la protección jurídica que Colombia reconoce hoy día a las parejas del mismo sexo. Y es que la Corte Interamericana, como bien expresa en el resumen de la sentencia, considera que “ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, puede disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. La Convención Americana proscribe la discriminación, en general, incluyendo en ello categorías como las de la orientación sexual, la que no puede servir de sustento para negar o restringir ninguno de los derechos establecidos en ese instrumento”.

“Asimismo, el Tribunal estableció que, tratándose de la prohibición de discriminación por una de las categorías protegidas contempladas en el artículo 1.1 de la Convención, la eventual restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa, lo cual implica que las razones utilizadas por el Estado para realizar la diferenciación de trato deben ser particularmente serias y estar sustentadas en una argumentación exhaustiva”, añade la Corte Interamericana.

Fuente Agencias/Cáscara Amarga/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , , , ,

La Iglesia católica de Costa Rica, en contra del matrimonio igualitario

Viernes, 7 de agosto de 2015

10185-689543171071998-626132138-nHa reiterado también su rechazo a los tratamientos de fecundación in vitro.

La Iglesia Católica costarricense defendió este domingo las políticas reproductivas y de matrimonio tradicionales, reiterando de hecho su rechazo a proyectos de ley sobre convivencia entre homosexuales y la fertilización in vitro (FIV), durante la principal fiesta religiosa del país que contró con cientos de miles de romeros.

En una homilía en la ciudad de Cartago, 22 km al este de la capital, el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, abundó en referencias a la familia integrada por el hombre y la mujer, “que constituye un patrimonio de la humanidad”, y puso como ejemplo a María y José. “Es una realidad que todos los estados deben tener en máxima consideración”, apuntó.

En presencia del presidente Luis Guillermo Solís y la primera dama Mercedes Peñas, Quirós también se refirió a un proyecto de ley para permitir la Fertilización In Vitro (FIV), que esta semana envió el gobierno al parlamento en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hace tres años, esa Corte condenó a Costa Rica por prohibir esta técnica de fertilización y demandó aprobar un proyecto para permitirla y regularla, pero hasta ahora el Congreso, con fuerte influencia de legisladores conservadores cristianos, lo ha bloqueado.

“No faltan presiones internacionales con condicionamientos de ayuda” para obligar a tramitar “ciertas políticas reproductivas”, subrayó el líder religioso.

Cumpliendo con un compromiso de campaña Solís también promueve las llamadas “sociedades de convivencia” entre personas del mismo sexo, según otro proyecto de ley enviado esta semana al Congreso, que daría derechos a los convivientes homosexuales.

El acto religioso se celebró con motivo de una tradicional romería de cientos de miles de costarricense que llegan desde los más apartados rincones del país a la Basílica de la Virgen de los Angeles, patrona de Costa Rica.

Según la leyenda, la imagen de la Virgen de los Ángeles, conocida popularmente como “La Negrita”, fue encontrada en 1635 por una indígena en el lugar donde ahora se levanta el santuario. En esa época, Cartago era la capital colonial de lo que hoy es Costa Rica.

Fuente Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica , , , , , , , , ,

Homófobos evangélicos contra la representante de Costa Rica ante la Corte Interamericana de DD.HH

Viernes, 26 de junio de 2015

Elizabeth Odio BenitoLo del obispo de Cartago diciendo que “en la Iglesia católica no hay homofobia”, sería un buen chiste para el Club de la Comedia… ¡Qué valor!

La posición de la jueza Elizabeth Odio Benito sobre el aborto y las parejas del mismo sexo ha generado el rechazo de católicos y evangélicos del país. Algunos representantes políticos, han mostrado su preocupación porque “alguien con ese pensamiento represente al país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Odio fue elegida el pasado martes como jueza de la Corte y en una entrevista con La Nación criticó que se criminalice a una mujer, a las parejas o a los médicos por el aborto.

La jueza afirmó que en Costa Rica hay homofobia, xenofobia, racismo y antisemitismo.

Fabricio Alvarado, diputado del cristiano Partido Restauración Nacional, fustigó la posición de Odio y considera que sus declaraciones “dejan muy mal parado al país. Lamento que una persona con ese pensamiento nos represente en la Corte. El aborto es un crimen”, sostuvo. Sobre tipos de discriminación, Alvarado expresó que él agregaría la “cristianofobia” pues cualquiera con una posición contra el aborto o matrimonio gay es blanco de ataques.

Mario Redondo, legislador de Alianza Demócrata Cristiana, dijo que con esas declaraciones Odio “evidenció que la mayoría de los jueces son proaborto. Esto es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que la vida es inviolable desde la concepción”, alegó Redondo.

Elizabeth Odio expresó en la entrevista que en el 2015 no debería haber discriminación.

El diputado del también cristiano Partido Renovación Costarricense, Gonzalo Ramírez, considera que en Costa Rica no hay homofobia. “En cualquier lugar puede haber una pareja del mismo sexo dándose un beso y agarrados de la mano y nadie agrede. Detrás de esas manifestaciones lo que vemos es otra cosa: promover el matrimonio entre el mismo sexo cuando la unión hombre y mujer es la que se debe defender”, dijo.

Acerca de la posición de la jueza sobre el aborto, Ramírez opinó: “El niño no es parte del cuerpo de una mujer y hay que tener autoridades que ayuden a salvaguardar la vida de los no nacidos. Una persona nombrada jueza de derechos humanos no puede decir que matar a seres humanos no es un crimen”, agregó.

El obispo de Cartago, Mons. José Francisco Ulloa, expresó su admiración por Odio y dijo que para el país es un honor que ella haya sido nombrada jueza de la Corte.

Coincidió con Ramírez, eso sí, en que el aborto “es un asesinato”, y añadió: “En la Iglesia católica no hay homofobia”. Y aseveró: “Nosotros como Iglesia católica nunca rechazamos a personas con inclinación sexual diferente, porque son hijos de Dios”.

Fuente La Nación

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas , , , , , , , , , , , ,

La Corte Suprema de Costa Rica prohibe a su Colegio de Médicos discriminar a las parejas del mismo sexo de sus socios

Sábado, 9 de mayo de 2015

gay_costa_ricaLa Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Costa Rica ha fallado a favor de un médico gay, a cuya pareja el Colegio de Médicos y Cirujanos (del que es socio) había denegado el derecho a disfrutar de las instalaciones recreativas de la entidad. La sentencia, muy similar a otra emitida hace un año y referida al Colegio de Abogados, supone un espaldarazo a los derechos de las parejas del mismo sexo en un país que está dando pasos muy importantes en ese sentido.

La Sala Constitucional, que estudiaba el caso desde enero, ha considerado que, al negarle a la pareja de su socio el carnet que le da derecho al uso de las instalaciones recreativas, el Colegio de Médicos violó el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de orientación sexual. La sentencia obliga además a que el documento le sea entregado al afectado lo más pronto posible. La Sala Constitucional se ha basado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en sus propios precedentes. En 2014, de hecho, el mismo tribunal obligaba al Colegio de Abogados a otorgar a las parejas del mismo sexo de sus socios los mismos derechos que las de distinto sexo, como el carnet de ingreso a las instalaciones o los beneficios de las pólizas de vida y seguros voluntarios.

Costa Rica, no está de más recordarlo, es el país de América Central que presenta -con grandísima diferencia sobre sus vecinos- un panorama más prometedor por lo que a los derechos LGTB se refiere. Como explicábamos con mayor detalle hace pocas semanas, la Asamblea Legislativa ha recuperado el debate en torno a un proyecto de uniones civiles entre personas del mismo sexo, que lleva años siendo debatido sin éxito, y lo hace además en el contexto favorable abierto con la elección como presidente hace un año de Luis Guillermo Solís, que Ya desde el principio de su mandato Luis Guillermo Solís rompía moldes eligiendo a un ministro abiertamente gay para la cartera de Turismo y haciendo ondear, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, la bandera arco iris en diversas dependencias oficiales, incluida la sede de la presidencia, abogando por “la igualdad de derechos sin ninguna discriminación”. Gestos sin precedentes en Centroamérica, bien recibidos por los activistas LGTB costarricenses y muy criticados, como era de esperar, por los sectores conservadores.

La apertura de un nuevo periodo por lo que a los derechos LGTB se refiere quedó simbolizado, poco después de la elección de Solís como presidente, por la decisión unánime de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) de que los trabajadores de Costa Rica puedan incluir a sus parejas del mismo sexo en los beneficios del sistema de seguridad social por lo que a la atención médica se refiere (lo que incluye tanto el derecho a la atención sanitaria pública como a la visita hospitalaria). LA CCSS comenzó a valorar esta posibilidad en los días previos al relevo presidencial a iniciativa de Luis Loría, representante del movimiento cooperativista ante dicho organismo, que consideró injusto que durante el proceso de negociación para elegir al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa se usara como moneda de cambio la posibilidad de dejar en suspenso la discusión del proyecto de uniones civiles, una noticia que recogimos en su momento. La decisión fue saludada muy efusivamente por el propio presidente de Costa Rica en su perfil de Facebook e incluos mereció una felicitación expresa a Costa Rica desde Naciones Unidas.

No será desde luego un camino de rosas, debido al peso de los sectores homófobos en la sociedad costarricense. Entre ellos los muy activos grupos evangélicos y los que son sus representantes políticos, como el que en su momento llegó a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, el pastor Justo Orozco. Noticias como la que presentamos hoy, sin embargo, permiten mantenerse optimistas.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTB , , , , , , , , , , , ,

El Constitucional de Perú deniega el cambio de nombre a una mujer transexual.

Viernes, 9 de mayo de 2014

Transamerica-937012883-large-e1314482563960El Tribunal basa su sentencia en que “el Derecho no puede abandonar la realidad científica de que el sexo de la persona es su sexo biológico”.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de amparo interpuesta por P.E.M.M. contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en la que solicitaba el cambio de sexo legal en su DNI y partida de nacimiento.

Decepcionante decisión del Tribunal Constitucional del Perú, que ha declarado infundada la demanda de amparo interpuesta por una mujer transexual contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de ese país (RENIEC). La mujer, que en el pasado se sometió a cirugía de reasignación y a la que otro tribunal ya concedió el cambio de nombre, solicitaba que le fuera reconocido además el cambio de sexo en su Documento Nacional de Identidad y en su partida de nacimiento. El alto tribunal peruano niega el cambio entre otros motivos porque ello supondría “admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo”.

El Tribunal Constitucional de Perú afirma que la demandante “no presenta un caso de intersexualidad o hermafroditismo que, al momento de registrar su sexo, haya ocasionado un error que deba ser rectificado. Se trata de una persona transexual, es decir, de alguien que muestra una incongruencia entre lo psíquico y lo orgánico en relación a su sexo, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica dentro de los trastornos de la personalidad y del comportamiento”.

Según el Constitucional peruano, el hecho de que una mujer transexual solicite el cambio de sexo en los documentos oficiales “puede identificarse con aquellas tendencias que intentan romper con el modelo que afirma que el Derecho debe proteger jurídicamente lo que viene dado por la naturaleza humana, para ir hacia un modelo conforme al cual el género es siempre construido culturalmente y no debe respetar necesariamente la naturaleza. Se trata, pues, de una discusión filosófica-jurídica sobre los modelos que adopte el ordenamiento jurídico en las relaciones entre naturaleza y cultura, biología y Derecho, que no está cerrada”. Según afirma el tribunal, “mientras no haya certeza científica de que la cirugía transexual es el tratamiento más eficaz para el transexualismo y que, realizada ella, debe prevalecer legalmente el sexo psicológico sobre el biológico, el Derecho no puede abandonar la realidad científica de que el sexo de la persona es su sexo biológico”.

“Supondría admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo”

El Constitucional peruano va incluso más allá de la mera reducción de la realidad transexual a una condición patológica, al considerar que admitir el cambio de sexo “acarrearía, entre otras importantes consecuencias, admitir el matrimonio de personas del mismo sexo, pues P.E.M.M. [la demandante] podría reclamar cuanto sea inherente a la condición legal de mujer, y un transexual operado, a pesar del cambio externo, sigue teniendo el mismo sexo cromosómico. De esta forma, el TC estaría introduciendo en nuestro ordenamiento jurídico el matrimonio entre personas del mismo sexo, incurriendo en un activismo judicial que contravendría los principios de separación de poderes”.

El Constitucional peruano, afortunadamente, sí ratifica la posibilidad de que las personas transexuales puedan cambiar su nombre como una forma de proteger ”el derecho a la identidad”: “este TC es del criterio, sostenido ya en la STC 2273-2005-PHC/TC, que en tutela del derecho a la identidad puede admitirse el cambio de prenombre, pero mantenerse intangible un elemento de identidad como el sexo de la persona”.

Dos magistrados se oponen a la opinión mayoritaria

La decisión del Tribunal Constitucional peruano no fue unánime, sino que fue adoptada por mayoría de cuatro magistrados contra dos. Estos últimos consideran que en el derecho internacional ya existen “diversas fuentes normativas que efectúan el reconocimiento de otros elementos distintos al biológico en la conformación de la identidad sexual (entre otros, el CEDAW [Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a la que está adherida Perú], el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos), es decir, reconocen a la ‘identidad de género’ como una identidad conformada por elementos distintos al biológico (psicológicos, sociales y culturales)”.

Los dos magistrados disidentes argumentaron que el derecho fundamental a la identidad posee una faceta estática (que no cambia con el devenir del tiempo) pero también una faceta dinámica, que cambia de acuerdo a la evolución y maduración de la persona; y que, en tal perspectiva, “la autonomía moral del sujeto solo puede ser respetada si el ordenamiento jurídico admite el reconocimiento de su identidad tal y como ésta es experimentada y vivida por el sujeto, y no conforme es impuesta por la sociedad”.

La demandante señalaba en su demanda que, mediante un proceso judicial de cambio de nombre, obtuvo que este fuera cambiado de un prenombre masculino (J. L.) a uno femenino (P. E).

En la demanda de amparo correspondiente, P.E. sostuvo que la “teoría del sexo psicosocial” considera la “subjetividad” del sexo al mismo nivel que el sexo biológico por lo que si el sexo morfológico no coincide con el psicológico, debe prevalecer este último.

Sin embargo, el Colegiado respondió que P.E.M.M. no presenta un caso de intersexualidad o hermafroditismo que, al momento de registrar su sexo, haya ocasionado un error que deba ser rectificado.

“Se trata de una persona transexual, es decir, de alguien que muestra una incongruencia entre lo psíquico y lo orgánico en relación a su sexo, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica dentro de los trastornos de la personalidad y del comportamiento, indica el fallo del Tribunal Constitucional.

En este sentido, el fallo señala también que “mientras no haya certeza científica de que la cirugía transexual es el tratamiento más eficaz para el transexualismo y que, realizada ella, debe prevalecer legalmente el sexo psicológico sobre el biológico, el Derecho no puede abandonar la realidad científica de que el sexo de la persona es su sexo biológico.

El Tribunal advirtió asimismo que declarar fundado el pedido de la parte demandante “acarrearía, entre otras importantes consecuencias, admitir el matrimonio de personas del mismo sexo”.

Agrega que en ese contexto P.E.M.M. podría reclamar cuanto sea inherente a la condición legal de mujer, “y un transexual operado, a pesar del cambio externo, sigue teniendo el mismo sexo cromosómico”.

Apenas conocida la decisión del TC, esta fue debatida y ampliamente comentada en las redes sociales de Facebook y Twitter.

Fuente Dosmanzanas Cáscara Amarga

Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , , , ,

Recordatorio

Las imágenes y fotografías presentadas en este blog son propiedad de sus respectivos autores o titulares de derechos de autor y se reproducen solamente para efectos informativos, ilustrativos y sin fines de lucro. Yo, por supuesto, a petición de los autores, eliminaré el contenido en cuestión inmediatamente o añadiré un enlace. Este sitio es gratuito y no genera ingresos.

El propietario del blog no garantiza la solidez y la fiabilidad de su contenido. Este blog es un lugar de entretenimiento. La información puede contener errores e imprecisiones.

Este blog no tiene ningún control sobre el contenido de los sitios a los que se proporciona un vínculo. Su dueño no puede ser considerado responsable.