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El Estado argentino reconoció que no investigó el crimen de odio de Octavio Romero y firmó un acuerdo histórico

Lunes, 19 de septiembre de 2022

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El prefecto Octavio Romero fue brutalmente asesinado en 2011 pero la Justicia no lo investigó como crimen de odio. Hasta hoy está impune.

 El Estado argentino reconoció su responsabilidad por la falta de adecuación a los estándares internacionales en la investigación del crimen del prefecto Octavio Romero, ocurrido hace once años. Por primera vez en la historia de la Argentina y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pactó un acuerdo de solución amistosa en torno a un crimen de odio.

El acuerdo se firmó hoy en Salón Puiggrós del Archivo Nacional de la Memoria, en la Ciudad de Buenos Aires y contó con la presencia de Gabriel Gersbach, querellante y pareja en ese entonces de Romero. En el momento de su asesinato se estaban por casar. También estuvieron presentes Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos; Pedro Paradiso Sottile, presidente de la Fundación Igualdad; Celeste Fernández, directora adjunta de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); y Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género de ONU.

«Esto deja un precedente para intentar que esto no se repita. Que no haya otro Octavio Romero, no haya más casos de discriminación. Esto abre puertas y calma un dolor de muchos años», dijo Gabriel en el acto, al que asistió vestido con prendas que eran de Octavio.

Por impulso de Gabriel y del activismo LGBT+, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó el caso en 2018.

«El Estado argentino reconoce su responsabilidad internacional por la falta de adecuación de la investigación penal a los estándares internacionales, especialmente la debida diligencia reforzada que rige en materia de violencia por motivos de género, aplicable a los crímenes contra el colectivo LGBTIQ+», afirma el acuerdo. También reconoce que «la inexistencia de una respuesta judicial adecuada tuvo un severo impacto sobre la integridad personal de Gabriel Gersbach, pareja y conviviente de Octavio Romero».

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Los hostigamientos y el crimen de odio

A un año de sancionada la Ley de Ley de Matrimonio Igualitario (N° 26.618), Octavio y Gabriel iban a ser el primer matrimonio homosexual al interior de las Fuerzas Armadas. Para ello, el suboficial de la Prefectura Naval Argentina, que entonces tenía 33 años, debió avisar a sus superiores sobre el casamiento ya que era una petición obligatoria en ese momento. Desde entonces comenzó a recibir hostigamientos en su ámbito laboral y siete meses antes de la boda desapareció.

“En doce años de relación nunca me había pasado, éramos culo y calzoncillo nosotros. Todo el tiempo mensajito, éramos muy amigos”, contó a Presentes Gabriel sobre el momento en que no obtenía noticias de su novio. Ante su ausencia hizo la denuncia en la Comisaría N° 15. Luego de declarar dos veces, se presentaron dos superiores de Octavio. Uno de ellos le ofreció su tarjeta y le dijo: “Cualquier cosa estoy a disposición”.

El 17 de junio de 2011, seis días después de su desaparición, un lanchero halló su cadáver en la costa del Río de la Plata y su intersección con la avenida San Martín, en la localidad bonaerense de Vicente López. Ese lugar se encontraba dentro de la jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina. Estaba desnudo, golpeado y con 2,06 gramos de alcohol en sangre.

La causa judicial 

Las organizaciones LGBT+ reclaman que se trató de un crimen de odio y que la causa (N° 65761/11) estuvo “parada” durante muchos años. Luego de 11 años desde el crimen, el Poder Judicial no brindó avances en la investigación. La causa la llevó adelante Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 24, a cargo entonces del juez Juan Ramos Padilla. Actualmente, la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº 40 de la Ciudad de Buenos Aires investiga el caso como “NN (‘no name’, es decir, autor desconocido) sobre homicidio”.

La causa en el poder judicial nunca avanzó. No se tuvo en cuenta la perspectiva de diversidad y de derechos humanos ni que fue un crimen de odio. Por eso decidimos ir a la CIDH. El acceso a la justicia para la comunidad LGBT siempre es difícil”, dijo a Presentes el abogado y activista LGBT Pedro Paradiso Sottile. Desde la Fundación Igualdad -la cual preside- y junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) representan a Gabriel en el litigio.

Las pruebas y el periodismo

En 2015 ocurrió un hecho clave para la investigación del caso. Llegó al periodista Franco Torchia un informe que narraba en detalle la consecución de hechos que llevaron al crimen de Octavio. En sus páginas detallaba que el prefecto había sido secuestrado y torturado por un grupo de integrantes de la Prefectura Naval Nacional para evitar el matrimonio entre miembros de la fuerza. Además, que la operación estaba archivada en un disco rígido en el Edificio Guardacostas.

Era un informe anónimo fuertísimo que detallaba muy pormenorizadamente qué le había pasado al cuerpo de Octavio y por qué lo habían asesinado como lo asesinaron. Rápidamente se lo di a Gabi para que se lo acercara a la fiscalía”, narró a Presentes Torchia. Desde hace años cubre el caso en su programa de radio “No se puede vivir del amor”. Sin embargo, aclaró que “significó lo mismo que nada”.

La Fiscalía y la querella solicitaron que se realizara un allanamiento con el objetivo de encontrar el disco rígido. Sin embargo, el Juez de la causa, Juan Ramos Padilla, denegó la solicitud por considerar que el informe “carecía de verosimilitud”. Ante esto se interpusieron dos recursos en contra de esta decisión, los cuales también fueron denegados. Finalmente, el 10 de noviembre de 2015 la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional aprobó la solicitud. El allanamiento se hizo dos meses más tarde. No se encontró el dispositivo y para ese momento los superiores de Octavio habían sido removidos o estaban retirados.

Durante años el caso tuvo una mínima repercusión mediática. “Fue muy conocido en su momento: ni bien Octavio desaparece hasta que el cuerpo se encuentra asesinado en Costanera Norte. Luego con el paso de los meses desapareció de los medios, como suele pasar”, indicó Torchia.

El año pasado se cumplieron 10 años desde el crimen y los medios elaboraron distintos informes. “¿Cómo vi esos informes? Mal. Muy edulcorado, muy tratado desde la historia de amor, cobarde en muchos casos. Acá hay que hablar directamente de la impunidad del Estado”, agregó el periodista.

El recorrido en la justicia internacional

En 2012, Gersbach presentó el caso ante la CIDH y en el 2018 fue admitido. En ese momento, el organismo emitió un informe que indicó que el caso cumple con los requisitos para que la Comisión evalúe si la Argentina violó derechos humanos específicos. Desde 2021 hubo reuniones entre el Estado nacional y Gabriel Gersbach junto a sus representantes. Estos intercambios concluyeron en la firma del acuerdo de solución amistosa.

“Este momento nos parece increíble: tener el derecho a estar contentos, a sentir felicidad. Lo terrible que provoca la impunidad, el silencio cómplice, la falta de acceso a la justicia, es que dificulta la posibilidad de sentirse bien frente a un hecho que es histórico”, dijo Paradiso Sottile.

Además de reconocer la responsabilidad del Estado argentino en la falta de investigación sobre el caso, el acuerdo detalla una serie de compromisos. La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está a cargo del monitoreo, control y seguimiento de los compromisos. Para ello, el Estado elaborará informes semestrales acerca del grado de cumplimiento de las medidas.

Los compromisos que asumió el Estado

– El Estado deberá difundir el acuerdo en el plazo máximo de 6 meses desde su publicación en el Boletín Oficial. Lo hará en las páginas web de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). También en un diario de amplia circulación nacional.

– También se comprometió a brindar “todo el apoyo que pueda requerir la fiscalía interviniente en la investigación de los hechos relacionados con la muerte de Octavio Romero”.

– A través del canal educativo y cultural “Encuentro” se elaborará un especial documental. Será sobre la diversidad sexual en las fuerzas de seguridad, en memoria y homenaje de Octavio. Quedará disponible en la plataforma Cont.ar y se distribuirá en escuelas.

– El Estado brindará apoyo para la realización de un mural en memoria del Romero.

Los ministerios

El Ministerio de Seguridad de la Nación dictará el “Protocolo de actuación frente a denuncias por discriminación en razón de la orientación sexual y/o identidad de género, su expresión y característica sexual. También impulsará una jornada anual de sensibilización destinada a cadetes y aspirantes que deseen ingresar a las fuerzas de seguridad federales. Se comprometió a trabajar en la incorporación de la perspectiva de género y diversidad sexual en la capacitación de docentes e instructores de los Centros de Entrenamiento Policial.

– El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación realizará acciones para garantizar el acceso a la justicia de las personas LGBTIQ+ en situación de violencia de género. Entre ellas, la ampliación de profesionales del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género y del Programa Acercar Derechos. Además se comprometió a trabajar en la confección de lineamientos generales para el abordaje de los travesticidios, transfemicidios, transhomicidios y homicidios por prejuicio o discriminación basada en la orientación sexual, su expresión o identidad de género.

– El Ministerio Público Fiscal, a través de la UFEM, llevará adelante un proceso de trabajo para la adaptación de su “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)”. El objetivo es incluir la perspectiva de diversidad y en los crímenes por prejuicio o discriminación basada en la orientación sexual, su expresión o identidad de género.

– Las partes acordaron constituir un tribunal arbitral ad-hoc que determine las reparaciones que le corresponden a Gabriel Gersbach “por los daños materiales e inmateriales sufridos por las violaciones de derechos humanos reconocidas en el presente acuerdo”.

7 de septiembre de 2022

Agustina Ramos

Edición: Ana Fornaro

Fuente Agencia Presentes

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Fallo sobre docente Pavez: medios y grupos anti-derechos acusan que Corte IDH «socavó la libertad religiosa» mientras las iglesias guardan silencio

Viernes, 27 de mayo de 2022

HomofobiaAdemás, entre los mismos representantes de los grupos anti-derechos hay diferencias, pues para al menos uno dice que no se socavó la libertad religiosa. Por su lado, el Movilh, lamentó las nuevas reacciones lesbofóbicas y repudió que los grupos y medios ultraconservadores desinformen a creyentes.

Distintas y contradictorias han sido las reacciones de medios y grupos ultra-conversadores contra la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó al Estado de Chile por prohibir durante 15 años a la docente Sandra Pavez dictar clases de religión solo por ser lesbiana, mientras las iglesias que se movilizaron contra profesora han guardado total silencio luego de fracasar su arremetida de odio.

Con un tono alarmista el medio InfoVaticana, señaló que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado que las decisiones de los padres de familia respecto a cómo y quién debe impartir la educación religiosa a sus hijos pueden ser ignoradas”

Añadió que “la sentencia en el caso Pavez contra Chile podría tener amplias implicaciones para toda América, y es una desilusión para la coalición de múltiples comunidades religiosas que intervino en el caso a favor de la autonomía religiosa y los derechos de los padres”

Acto seguido acusó que con la sentencia se “socava la libertad religiosa. El fallo (…) rompió con el consenso internacional que reconoce la selección de profesores como parte inherente de la autonomía de las comunidades religiosas. Esta decisión podría afectar directamente a una mayoría de los niños del continente que reciben su educación a través de escuelas financiadas con fondos públicos.  El fallo del tribunal también implica que los católicos, judíos, musulmanes, evangélicos o cualquier otro grupo religioso no pueden garantizar que los designados para enseñar esa religión vivan de acuerdo con lo que enseñan.”

InfoVaticana se lamentó además de que la  Corte no considerara una activa movilización de las iglesias contra el derecho de Pavez a dictar clases de religión.

“A lo largo del caso, una amplia coalición de organizaciones y comunidades religiosas se ha unido para defender este derecho fundamental  (libertad religiosa) y pedir al Tribunal que defienda las leyes del Estado. Esta coalición incluía a las comunidades judía, musulmana, ortodoxa, anglicana y protestante de Chile, así como al presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), quienes conjuntamente presentaron un histórico escrito en conjunto ante la Corte en 2021. Además, más de 30.000 personas presentaron una petición conjunta a la Corte solicitando que esta defienda el derecho de los padres a que sus hijos sean educados de acuerdo con sus convicciones”, recordó en referencia a la inédita unidad que las altas jerarquías de las iglesias alcanzaron el año pasado solo para que la Corte IDH se pronunciara contra Pavez.

La postura del medio fue refrendada por  el Director Adjunto de ADF Internacional, Robert Clarke, para quien “esto es un golpe para los padres, y para las comunidades religiosas a las que pertenecen. La sentencia socava su derecho a decidir quién enseñará la educación religiosa confesional en su nombre y ayudará a criar a sus hijos en esa fe. La decisión no se ajusta al derecho internacional, que protege claramente la autonomía de las comunidades religiosas, y constituye una excepción si se compara con casos similares decididos en otros tribunales de derechos humanos”

La opinión de Clarke no es del todo compartida por otro integrante de la misma instancia.

El Director de Área para América Latina y el Caribe de ADF Internacional, Tomás Henríquez, sostuvo en primera instancia a través del mismo medio que  “estamos en absoluto desacuerdo con la decisión alcanzada por esta Corte que se aparta por completo de la posición adoptada por la mayoría de los Estados de la región, así como en los precedentes consolidados de otros organismos internacionales de derechos humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El fallo de hoy aísla a la Corte Interamericana entre otros tribunales internacionales, y amenaza con socavar los derechos de los padres y las comunidades religiosas de toda América.”

Sin embargo, se retractó luego en el El Mercurio señalando que la sentencia reafirmó que “los padres e hijos tienen derecho a la educación de religiosa” y que “a los niños no se les obligará a instruirse en una religión o convicciones contra los deseos de sus padres”, pues a su juicio la “Corte afirma que no cabe duda de que las comunidades religiosas pueden designar a quienes van a impartir la enseñanza sobre su propio credo”.

Para el Movilh, “estas contradicciones entre los integrantes de una misma agrupación anti-derechos demuestran la fragilidad de sus argumentos, así como sus inmorales intenciones de desinformar a creyentes, en un escenario donde las altas jerarquías de las iglesias, hasta ahora, han sido más oportunistas y hábiles, pues han guardado silencio, asumiendo de una vez y sin chistar que ya no podrán impedir a personas dictar clases de religión solo por ser LGBTIQA+”

En concreto, la sentencia de la Corte prohibió a todos los Estados de América discriminar en razón de su orientación sexual o identidad de género a cualquier docente, en especial a los de religión, además de obligar a Chile a reformar el Decreto 924 del Mineduc, en tanto ha sido utilizado por las iglesias para prohibir a profesores/as ejercer solo por ser LGBTQA+, como ocurrió con Pavez.

La libertad religiosa y el derecho de padres y madres  a educar a sus hijos/as en ningún caso puede dar paso a la discriminación o violación a los derechos humanos de ninguna  persona, incluidas las LGBTIQA+. Eso ha dicho la Corte, y ese fue el gran fracaso de las iglesias. Todo lo demás, son campañas de desinformación de medios y grupos anti-derechos que públicamente se contradicen entre ellos mismos” , finalizó el Movilh.

Fuente MOVILH

Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia., Judaísmo , , , , , , , ,

Cómo son las “terapias de conversión” en la Argentina: las historias y la falta de legislación

Martes, 21 de diciembre de 2021

HomofobiaLa investigación de Presentes revela que en Argentina existen organizaciones que ofertan técnicas para “orientar” la identidad sexual.

“Dios me mostró que la próxima vez que te alejes te va a agarrar sida y te vas a morir”. 

Leonel estaba por salir de la iglesia, ya cerca de la puerta, cuando escuchó que el pastor Cristian Méndez lo llamaba. Entonces, el pastor le dijo que dejara de “jugar con estar con un pie en el mundo y un pie en el camino de dios”. Y entonces lanzó esa frase, que parecía más una amenaza, o un mal augurio. Leonel tenía 15 años, hacía unos meses que había llegado al Centro Cristiano Dios es Amor. Quedó quieto, helado. Y pensó que era cierto, que debía cambiar.

Por unas semanas había dejado de ir a la iglesia por una “recaída”. “Te hacían sentir culpa si estabas con un chabón”, cuenta ahora, después de casi doce años. El pastor Méndez es evangélico pentecostal y aún dirige esa iglesia junto a la pastora Jorgelina Montero. En el último tiempo ganaron tantos adeptos que se mudaron a un lugar más grande, un predio que antes era un boliche bailable: Rodríguez 887, pleno centro de Tandil, una ciudad turística de las sierras en la provincia de Buenos Aires.

Lo primero que se ve al entrar en el edificio es un hall enorme, dos escaleras a los costados, arriba una especie de bandeja que ocupa la mitad del salón. En cada esquina, hay personal de seguridad vigilando que nadie se acerque al pastor y a los sitios vedados al público. La otra mitad de arriba está descubierta para que se pueda ver el escenario, donde ocurre la prédica, los gritos, los “exorcismos”.

Era 2011. Leonel tenía problemas en su casa, en la escuela, con su pareja. Buscaba refugio. Una amiga le dijo que ahí pasaban cosas raras, que tenía que ir. Lo recibieron con abrazos y mucha alegría, hasta que supieron más de él. Un día llevó a su novio ante el pastor, a una consejería, a solas. Quería ver si podía orar por ellos.

“Esta relación no es de dios”

unnamedEl pastor Cristian Méndez y Jorgelina Montero

“Le comenté mi situación: ‘Él es mi pareja, estamos mal’. Yo de pendejito ingenuo e inocente, como lo había visto muy paz y amor, muy gente buena que aceptaba todo, me pensé que me iba a decir: ‘Bueno, está todo bien, voy a orar por ustedes, los voy a aconsejar’. Y no, el tipo agarró, abrió la biblia y dijo: ‘Esta relación no es de dios’, la biblia habla esto, esto y esto de la homosexualidad. Y le empezó a preguntar al que era mi pareja en ese momento si él había sido abusado de chico, cómo era su relación con su padre. Todas cosas que el pastor creía que podrían haber sido motivo de que él terminara siendo homosexual”.

Ese día se terminó la relación. Leonel les creyó: “Hacían exorcismo. Todo con imposición de manos. A los gritos. Lejos de dudarlo, me creí todo. Yo lo veía en las películas. Pensaba: él no quiere cambiar, no quiere dejar de ser gay. Le corté. Estuve semanas llorando, deprimido. Estaba haciendo el duelo para matar esa parte de mí, mis deseos, el volver a estar con un chico. Ellos le llaman morir a los deseos de la carne y el yo. Así que básicamente acepté lo que ellos me dijeron y entré en ese proceso”.

Tenía que dejar de mirar y hablar con chicos, alejarse de “las juntas”, de sus amistades, de su familia. Dejar de escuchar música que el pastor decía “mundana” (Arjona, Evanescence, The Rasmus). Entonces, alejado de todo, le quedaba muchísimo tiempo para servir en la iglesia. Empezó a manejar los micrófonos, y llegó hasta las redes sociales del pastor. También juntó cartón con otros chicos y se quedó jornadas enteras pintando el nuevo edificio. Sin ningún tipo de retribución económica.

Leonel lo supo nueve años después, cuando logró salir: en ese momento, siendo menor de edad, fue víctima de las “terapias de conversión”.

¿Qué es una “terapia de conversión”?

“Una “terapia de conversión” es cualquier esfuerzo sostenido en el tiempo que procure modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, con un fin predeterminado: siempre ir de la no heterosexualidad a la heterosexualidad. O impedir que una persona transicione, o si ya transicionó que detransicione”, explicó a Presentes Lucas Mendos, abogado, docente e investigador, especializado en derecho internacional de los derechos humanos y diversidad sexual y de género.

Presentes pudo confirmar que en Argentina siguen existiendo estas terapias que buscan “convertir” a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Sin embargo, ni el Estado nacional ni ninguna organización de derechos humanos ha sistematizado aún cuántas organizaciones las ejercen, cómo y a cuántas personas ya afectaron.

Es muy poco lo que se sabe en la Argentina y lo que está documentado. Hay una cierta naturalización de esas cuestiones que pueden ser muy sutiles”, explicó a Presentes Ricardo Vallarino, Director Ejecutivo de la organización 100% Diversidad y Derechos.

Las llamadas terapias fueron nombradas por el relator LGBT de la ONU como Esfuerzos de Cambio de la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIEG).

presentes_terapias_conversion04Pablo Salum es el fundador de la Red Libre Mentes, y acompaña a víctimas y familiares de lo que llama organizaciones coercitivas (lo que comúnmente se conoce como “sectas”). Él mismo fue víctima de una. Según lo investigado por Salum, es muy variada la gama de camuflajes en que se esconden estas “terapias de conversión”: aparecen detrás de actividades populares como cultos, organizaciones o fundaciones, yoga, filosofía, seminarios multi-nivel, coaching, cursos de liderazgo, retiros espirituales, centros de artes marciales, culturales, terapéuticos para adicciones, ufología u ovnilogía y terapias alternativas, entre otras.

En la mayoría de los casos, dejan secuelas, perjuicios, trastornos, tanto físicos como psicológicos a sus adeptos, en distintos grados. A medida que fueron pasando los años, y las organizaciones LGBTIQ+ ganaron lugar, las personas y grupos que llevaban adelante estas terapias les fueron cambiando los nombres, y ya no se muestran abiertamente como “curadores de la homosexualidad”, sino que hablan, por ejemplo, de que te ayudan a “abandonar el estilo de vida degradado”.

La Ley de Salud Mental

Las leyes que regulan los servicios de salud mental en Argentina indican que una persona no puede ser diagnosticada en su salud mental exclusivamente sobre la base de su orientación sexual o identidad de género. Pero no son leyes que prohíban explícitamente las terapias de conversión. La Ley de Salud Mental fue sancionada y promulgada en el año 2010.

“Esto hace que a nivel institucional esté bastante difundido que no está legitimado cuestionar o asociar la identidad u orientación sexual o la expresión de género a una enfermedad, y por lo tanto no es susceptible de tratamiento”, explicó a Presentes, Ricardo Vallarino, Director Ejecutivo de la organización 100% Diversidad y Derechos.

Sin embargo, de acuerdo con el informe Poniéndole límites al engaño. Estudio jurídico mundial sobre la regulación legal de las mal llamadas “terapias de conversión, de ILGA Mundo: “Se puede argumentar que el hecho de que las “terapias de conversión” no se nombren explícitamente disminuye el efecto simbólico de la ley, ya que no hay un mensaje claro que condene estas prácticas.

La muerte de Federico Gómez

Federico Gómez murió el 19 de enero de 2021 en la ciudad de Puerto Rico, provincia de Misiones. Su familia aseguró que había sido perseguido, hostigado y discriminado por miembros de los Testigos de Jehová donde él asistía, y que lo habían citado a una “audiencia judicial” para tratar su “conducta descarada”.

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En marzo de 2021, 100% Diversidad y Derechos intervino en la causa judicial. Le pidió al juez Leonardo Manuel Balanda Gómez que “contemple como hipótesis de la investigación el prejuicio a su orientación sexual como elemento central del posible sometimiento a una terapia de conversión y la consecuente instigación al suicidio de la que podría haber sido víctima”.

También, le solicitaron que pida asistencia técnica a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres y personas LGBTI+ (UFEM) para coadyuvar en la instrucción de la causa.

“En Misiones salimos a denunciar. Estaba claro que había habido un hostigamiento por parte de su comunidad, lo habían citado por su llamado ‘estilo de vida’. Era un chico gay. Ellos eran Testigos de Jehová en el NEA”, contó Vallarino a Presentes.

En ese momento, el activista Jorge Víctor Ríos expresó en una nota publicada por 100% Diversidad y Derechos que “la muerte de Federico generó una conmoción en la comunidad LGBTI+ de esa provincia porque existe la posibilidad de que esté relacionada a su orientación sexual, ya que se dio en el marco de una denuncia de hostigamiento por su orientación sexual por parte de grupos religiosos”.

Otras situaciones que conocen desde la organización ocurren en ciertas comunidades evangelistas en la provincia de Chaco, que promueven abiertamente el estigma hacia las personas LGBT. La forma sutil de indicarlo es: “amar al pecador, pero no al pecado”.

“En muchos lugares continúa esta aproximación a decir: no al hostigamiento o violencia abierta, pero sí decir que las personas están equivocadas y la cura es el amor. Este es el discurso público que se ve, no se esconde. Dan a entender que hay algo erróneo. No dicen que es una enfermedad abiertamente, pero de alguna manera lo indican como una desviación moral o pecaminosa”, explicó Vallarino.

En esas comunidades, de acuerdo a lo registrado por 100% Diversidad y Derechos, es muy extendida la práctica de presionar: existen testimonios de parejas de lesbianas que fueron presionadas a separarse.

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Durante 2020 hubo 370 crímenes de odio en América latina y el Caribe

Viernes, 3 de diciembre de 2021

Marcha-septiembre-vs-crimenes-de-odio-CDMX_-GGonzalez-900x450Un informe elaborado por el observatorio regional Sin Violencia LGBTI que si bien hubo un descenso en el registro de homicidios en 9 de los 11 países de la región, la cifra aumentó respecto a 2019.

Trescientas setenta personas fueron asesinadas por motivos relacionados con el prejuicio frente a la orientación sexual o identidad de género en once países de América Latina y el Caribe durante el 2020. Los datos fueron registrados en el informe de Sin Violencia LGBTI, el primer observatorio regional de crímenes contra personas LGBT+.

La red Sin Violencia LGBTI fue impulsada por las organizaciones Letra S de México, Colombia Diversa y Cattrachas de Honduras, y actualmente pertenecen a ella 11 países: Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Perú, Bolivia, Brasil y Ecuador, además de los países fundantes.

“Somos una base confiable para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también para las fiscalías y los entes de investigación de cada uno de nuestros países”, indicó Indyra Mendoza, la directora de Cattrachas.

Según los datos del observatorio, entre 2014 y 2020, al menos 3.599 personas LGBTI fueron asesinadas en los once países integrantes de la red. Más de mil (1.403, es decir, el 38.98%) por motivos relacionados con el prejuicio frente a su orientación sexual o identidad de género. Sólo en el año 2019 se registraron 319 casos y 370, en 2020.

Durante el 2020, la red observó un descenso en los homicidios a personas LGBTI en 9 de los 11 países. Sin embargo, resaltaron que esto “no presenta un panorama alentador” y enumeraron tres tendencias que tuvieron lugar a lo largo del año pasado.

“La primera es que se evidencia la carencia de acciones específicas de los Estados para prevenir, atender y sancionar esta violencia”, dijeron desde la red. La baja, según consideraron, pudo haber estado vinculada “con las transformaciones en las formas de interacción que representó la pandemia de covid-19”.

“En Colombia, por ejemplo, a pesar de que se redujo la tasa general de casos de violencia letal a causa de las restricciones impuestas a nivel nacional, se evidenció un aumento en el total de homicidios a personas LGBTI. La cifra concentró el 62,97% de los casos a nivel regional”, destacaron.

Los países con más víctimas letales fueron Colombia, México y Honduras, que aportaron el 82,76% del total de los casos registrados durante el 2019 y el 89,72% en 2020.

La segunda tendencia refiere a que “los principales patrones de violencia homicida contra personas LGBTI en la región persistieron en proporciones similares a los años anteriores”.

En tercer lugar, la última tendencia “tiene que ver con los nuevos riesgos que enfrentaron las personas LGBTI de la región en el contexto de pandemia por COVID-19”.

El impacto de las medidas de bioseguridad en las situaciones de violencia

En este sentido, Sin Violencia LGBTI destacó el rol que ocupó la imposición de medidas de bioseguridad. “Las medidas como los toques de queda, la limitación de acceso a servicios (en función del número de identificación o del género), así como el despliegue de fuerzas policiales y militares para garantizar su cumplimiento, aumentaron los riesgos de violencia no letal por parte de agentes del Estado”.

Esto ocurrió -señalan- “con personas trans en países como Colombia, Panamá, Paraguay y Perú” y se debió al «prejuicio frente a la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas”.

Sobre la identidad de las víctimas, el observatorio indica que desde años anteriores existe una tendencia que permite señalar que los hombres gay, las mujeres trans y las lesbianas son las orientaciones sexuales e identidades de género mayormente victimizadas a nivel regional. “Sin embargo, la exacerbación de registros en Colombia para el año 2020, señala un preocupante aumento de los homicidios hacia hombres bisexuales”, agregan.

En cuanto a los lugares donde se cometieron los crímenes, la mayoría fueron principalmente en domicilios y con múltiples heridas de arma blanca. Mientras que, en el espacio público, fueron víctimas de armas de fuego y objetos cortopunzantes.

Sobre esto destacaron que “la invisibilidad social impuesta a las lesbianas dificulta la documentación de los asesinatos cometidos en su contra, ya que podrían registrarse únicamente como homicidios de mujeres, sin hacer referencia a su orientación sexual”.
La ausencia del Estado

Desde Sin Violencia LGBTI consideran que “la tendencia a la baja en los homicidios de personas LGBTI en 9 de los 11 países integrantes de la red no presenta un panorama alentador, antes que nada, debido a que existieron barreras para la identificación y registro de otras víctimas” y que “no fue el resultado de la acción de los Estados”.

Además, alertaron sobre “nuevas tendencias preocupantes” como la “persistencia de homicidios a personas LGBTI defensoras de derechos humanos, así como un aumento proporcional de homicidios en espacios públicos y con arma de fuego”.

El trabajo de Sin Violencia LGBTI busca crear información de acceso público. Se dirige a gobiernos y organismos internacionales para formular políticas que garanticen la protección y generen mecanismos de prevención en contra de la violencia homicida. Además genera material para que docentes, estudiantes e investigadorxs hagan estudios y creen conciencia sobre las violencias contra personas LGBTI en América Latina y el Caribe.

Una red imprescindible

Indyra Mendoza, directora de Cattrachas, una de las organizaciones fundadoras de la red, contó cómo fue su gestación. “Estábamos algunas organizaciones de sociedad civil de América Latina y el Caribe reunidas en Costa Rica, en San José, el 7 de diciembre de 2012. Ese día conocí a la organización Letra S de México, a su coordinador, y a Marcela Sánchez Buitrago, coordinadora de Colombia Diversa. Desde Cattrachas fuimos ponentes del observatorio de muertes violentas LGTBI y Letra S y Colombia Diversa hablaron de cómo elles registraban esta información”.

“Nos dimos cuenta de las diferencias, pero también que era necesario tener un observatorio común, con las mismas variantes para analizar patrones. Así fue como Colombia Diversa, Letra S de México y Cattrachas de Honduras nos juntamos, buscamos otras organizaciones de la región y creamos Sin Violencia LGBTI, en 2016. Hasta el 2018 tuvimos grandes reuniones y ya en 2019 nuestro primer informe”, contó a Presentes.

Desde entonces, la red ha crecido en gran medida como observatorio regional. “Pudimos hacer no sólo informes, también apoyamos a otras organizaciones, tuvimos mucha incidencia con países de la Unión Europea y aprendimos a unificar los distintos métodos de registro”.

Carlos Romero Prieto, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Diversidad Sexual y VIH (REDNADS) de Guatemala, e integrante de Sin Violencia LGBTI , reconoció que “la red es importante porque es la primera en la región que plantea un sistema de información. No percibe los fenómenos de violencia como desarticulados, sino que atiende a un contexto a patrones de exclusión y de vulnerabilidad de las personas LGBTIQ”.

“Para Guatemala es muy valioso porque antes de este observatorio, solamente los colectivos de mujeres trans hacían documentación en torno a la violencia por prejuicio y quedaban afuera otras identidades. Por ejemplo, las violencias contra lesbianas, hombres trans, gays”, señaló Romero Prieto.

Y concluyó: “La valía de esta red es poder documentar la mayoría de hechos de violencia vinculados a nosotres. Poder aplicar enfoques de territorialidad particularmente e identificar cuáles son los territorios más hostiles para las personas LGBTIQ. Y a partir de eso reconocer patrones y movilizar acciones también con las instancias gestoras de seguridad y justicia”.

El informe completo se puede ver en este link.

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La Corte Interamericana de DDHH definirá el derecho al afecto público de personas LGBTIQ+

Sábado, 30 de octubre de 2021

cidhEl caso “Olivera vs Perú” es un caso nuevo para la jurisprudencia de la Corte IDH, que nunca ha tratado las muestras de afecto en público de personas LGTBIQ+.

Diecisiete años han pasado desde el día en que Crissthian Olivera y su pareja de entonces (fallecida en enero de 2020) fueran discriminados y retirados de un supermercado. Se estaban dando muestras de cariño frente a todos, al igual que otras parejas -heterosexuales- que también estaban por ahí y a las que nadie señalaba.

Indignados por la injusticia que estaban viviendo, en 2004 se convirtieron en los primeros peruanos que denunciaban un acto de discriminación homofóbica en un contexto social fuertemente represivo para las personas LGTBIQ+. Las instituciones del Estado terminaban reflejando lo que la sociedad sostenía: que los homosexuales no podían “exhibirse” en las calles, que tenían que estar encerrados en sus casas o en cuartos de hoteles para amarse.

“Era el primer caso de discriminación por orientación sexual que se presentaba en el 2004 y no había la conciencia que ahora existe medida frente a los derechos de las personas LGTBI. Estaba esta situación de estigma y discriminación que existe a nivel de la sociedad y la cultura, y en el sistema legal, de la administración de justicia, Indecopi (el ente que protege al consumidor) y el Poder Judicial lo reprodujeron, y por eso no se nos dio la razón y no encontramos justicia, porque un conjunto de derechos humanos y garantías judiciales no se respetaron durante todo el proceso”, dijo Crissthian a Presentes.

El camino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Chrisstian-Olivera-El 16 de setiembre, luego de que la Corte IDH decidiera revisar su caso, la defensa de Olivera entregó el informe ESAP (Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas), en donde las entidades peticionarias y las víctimas precisan cuáles son sus reparaciones y las motivaciones estructurales que plantea el caso. Esta también se envía al Estado peruano, que tiene dos meses para contestar el documento. Luego la Corte IDH toma algunas decisiones con miras a una audiencia del caso, que se calcula que sea en marzo de 2022.

El abogado de Crissthian, Carlos Zelada, señaló que el caso brinda la oportunidad a la Corte de abordar el tema de las expresiones de afecto de las personas LGTBIQ+ en los espacios públicos. Esto importante en la actualidad, frente a los ataques contra los avances en protecciones y garantías hacia la diversidad sexual y de género. Se usan las excusas como “el interés superior del niño” o “la moral y las buenas costumbres” para restringir, limitar, obstaculizar o negar derechos.

“Buscamos que se le haga justicia a Crissthian, quien ha tenido mucho temple y una resiliencia enorme, en un contexto más difícil, para demandar a una empresa. Esto marca un hito no solo para que a él se le repare, sino también para hacerle justicia a tanta gente que ha pasado por situaciones peores y no pudieron alzar la voz. Esperamos que el Estado peruano le pida perdón por lo que no supieron hacer en su momento. El caso también plantea la atención de la salud mental para quienes han sido discriminados y va en la línea de otros casos emblemáticos que ya ha tenido la jurisprudencia como el de Atala”, dijo Zelada a Presentes.

Un fallo favorable cambiará paradigmas

ORGULLO_2019_LIMA_EMpride-29-de-113-645x322Este es un caso nuevo para la jurisprudencia de la Corte, que nunca ha tenido un tema referido a las muestras de afecto en público de personas LGTBIQ+, ni al accionar de las empresas en estas circunstancias, por lo que su decisión va a ser de interés regional e impactará en todos los países parte.

Si la Corte IDH resuelve positivamente el caso, sentará jurisprudencia sobre los afectos públicos y cambiará paradigmas en el sistema judicial sobre el estándar probatorio para casos de discriminación. Así también, abrirá las puertas a que el Estado peruano diseñe políticas para la población LGTBIQ+, designe a una entidad responsable de elaborar e implementar estas políticas, y dimensione el impacto de los actos de discriminación de los que son víctimas las personas LGTBI en su salud mental.

“Animo a que siempre denuncien los casos de discriminación que puedan tener en sus vidas, que no se dejen amilanar ni por los agresores ni por el sistema que a veces te orilla a declinar, a tirar la toalla. Sabemos que justicia que tarda no es justicia, pero nunca es tarde para la igualdad. A pesar de todos los años que han pasado, ha valido la pena para los frutos que vamos a tener”, finaliza Crissthian.

Fuente Agencia Presentes

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“No recuerdo cuántas veces fui abusada”: Mujer trans relata su dura experiencia durante la guerra en El Salvador

Jueves, 28 de enero de 2021

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Fotos EDH / Jessica Orellana

Nancy, una mujer trans de 57 años de edad, narra su difícil experiencia en tiempo de la guerra debido a su identidad de género. La comunidad LGBTI sigue la lucha porque sus derechos humanos sean respetados.

Uno de los grandes logros de Nancy es no haber muerto durante los 12 años, tres meses y un día que duró el conflicto armado. Actualmente tiene 57 años de edad.

Por Jessica Orellana Ene 17, 2021

Nancy tiene 57 años en un país donde la esperanza de vida para una mujer trans es de 33 años, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una sobreviviente. Uno de los grandes logros es no haber muerto durante los 12 años, tres meses y un día que duró el conflicto armado.

No recuerdo cuántas veces fui abusada por los cuerpos de seguridad. Creo que como seis veces fui a parar detenida por la Policía Nacional y llevada a la “Media Luna”. Así le decían a una bartolina que estaba en el Castillo de la Policía. No había delito, solo me decían «vaya vos culero, subite que te vamos a detener». Nosotras preguntábamos por qué y solo a reír se ponían”, cuanta Nancy de sus mala experiencias durante la guerra civil.

Para 1975, Nancy tenía 11 años y fue cuando aceptó, con seguridad, cuál es su identidad de género. La reacción de su mamá fue llevarla a una cita con el psiquiatra, pero como la progenitora no obtuvo el resultado que esperaba, la echó de la casa.

Nancy encontró en la calle una familia adoptiva; otras mujeres trans con destinos similares. La falta de educación y de dinero la obligaban a prostituirse y también sufrir violencia sexual.

“En aquellos días no existían los derechos humanos. No había respeto alguno y menos para nosotras, nuestra palabra no existía”, recuerda Nancy 46 años después de que decidiera ser quien ella quería, sin importarle recibir el castigo por sobrepasar las normas y las construcciones sociales.

En 1979 inició la guerra en El Salvador que dejó 75 mil muertos y desaparecidos e incontables violaciones a los derechos humanos por parte de ambos bandos que no figuran en el Informe de la Comisión de la Verdad, los de la violencia sexual, es uno de esos delitos que no se han esclarecido ni judicializado..

Aunque acá en San Salvador no fue tan fuerte la guerra sí sufrían los toques de queda. De repente, había enfrentamientos en los que podías perder la vida. Y ahí si no importaba quien eras”, explica.

Los soldados y oficiales podían ser amigos, pero también enemigos de las trans en esa época. Cuando no las violentaban, les pagaban por sexo.

“Los mismos militares nos contaban cómo había casos donde no perdonaban la vida de nadie. Yo fui testigo de cuántas mujeres trans fueron desaparecidas y asesinadas con crueldad, porque no solo es que las mataban, las desfiguraban con un odio horrible para que nadie las identificará”.

Una realidad que no cambió con la firma de los Acuerdos de Paz

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En El Salvador no existen cifras oficiales sobre los crímenes de odio basados en la identidad y expresión de género o en la orientación sexual de las personas.

El único caso que se ha judicializado en el país como crimen de odio es el asesinato de Camila Díaz, tres policías la mataron a golpes. El crimen fue calificado como homicidio motivado por el odio a la identidad de género. En julio de 2020, los autores fueron condenados a 20 años de prisión cada uno, un hecho histórico para la justicia salvadoreña.

Hasta diciembre de 2019, el Observatorio de Estadísticas de Género, que depende de la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Economía, reportó por vez primera en su boletín semestral, con cifras de 2015 a junio de 2019, un apartado con data de hechos de violencia contra la población LGBTI.

Sus estadísticas contabilizaron para ese entonces 692 casos de violencia. Cabe destacar que estos solo corresponden a las denuncias recibidas en el sector justicia, Isdemu, sector salud, Ciudad Mujer y otras instituciones públicas. De estos casos, 29 proceden de denuncias de organizaciones de la sociedad civil.

Nancy sabe que ser trans en este país es de ir contracorriente. Ella cree que haberse trazado un propósito en la vida le ha ayudado a salir de la prostitución, porque sabía que ejerciendo esa profesión podía ser también asesinada.

La oenegé Comcavis Trans ha registrado al menos 600 homicidios de personas LGBTI en El Salvador desde 1992, año en que se firmaron los Acuerdos de paz.

De estas personas, las mujeres trans son la cara más visible de las disidencias sexuales por lo que están más expuestas a todo tipo de violencia, de discriminación e inclusive la a extorsión de las pandillas. Y de las denuncias que existen, la mayoría de agresores son integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC), de acuerdo con informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Tener acceso a la justicia para ellas es una marcha cuesta arriba.

Una lucha reciente

Durante la guerra no existían organizaciones que velarán por sus derechos de la comunidad LGBTI. Así lo explica Camila Portillo, activista por los derechos de las mujeres trans. Tampoco estaban organizadas. Con la firma de los Acuerdos de paz y llegaron cambios y comenzaron a dar los primeros pasos para constituir una oenegé que las representará en 1994.

En ese contexto, Nancy pudo encontrar una opción distinta al trabajo sexual y se convirtió en defensora de derechos humanos LGBTI. Entró en un proceso de perdón y sanación que le permite ayudar a las nuevas generaciones trans.

Hoy los jóvenes tienen más oportunidades para decidir quiénes son, oportunidades que yo hubiera querido tener en aquel entonces; aunque si me preguntan, no me arrepiento de lo que me tocó vivir porque me ha hecho ser quien soy”.

Pero la tolerancia no vino junto a los Acuerdos de Paz. Las garantías para respetar los derechos humanos no tenían la misma lectura para las personas LGBTI. No las reunificó con una sociedad que no estaba preparada ni educada.

Siempre seguimos asediadas, violentadas y matadas”, reflexiona Nancy, aunque confiesa que ha percibido un poco más de respeto durante la última década.

Antes yo no podía estar en la calle porque te levantaban y muchas veces no volvías y no porque yo me lo esté inventando sino porque yo lo viví, aunque a veces las cosas no son como quisiéramos, pero debemos conmemorar los Acuerdos de Paz y seguir luchando cada uno para garantizar nuestros derechos y no olvidar la historia”.

Fuente ElSalvador.com

Fotos EDH / Jessica Orellana

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CIDH aborda por primera vez en su historia la pederastia clerical en América Latina y el encubrimiento

Sábado, 5 de diciembre de 2020

abusosSe podría obligar a los Estados a judicializar los casos

El movimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va, entre otras cosas, por los encubridores y cómplices de los sacerdotes implicados en abusos sexuales a menores

Adalberto Méndez, coordinador legal de la organización para el Fin de los Abusos Clericales explica que el objetivo es que el sistema se pronuncie sobre la responsabilidad de los Estados ante la desprotección de los menores

“Esto no es un tema de fe”, subraya. “Es un tema terrenal, de gente que está cometiendo delitos” y “de autoridades que de forma generalizada y sistemática violan sus compromisos de proteger a la infancia”

“Los Estados (latinoamericanos) han tenido una postura omitente, de no control a la Iglesia aunque los chicos eran abusados dentro de instituciones”, denunció Sergio Salinas, abogado del llamado ‘caso Próvolo

Los maristas pagarán 400.000 euros a 25 ex alumnos que sufrieron abusos en sus escuelas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aborda, por primera vez en su historia, la pederastia clerical en América Latina, un problema que afecta a 19 países de la región aunque asociaciones de víctimas aseguran que los casos conocidos son solo la punta del iceberg.

El objetivo es que el sistema interamericano se pronuncie sobre “la responsabilidad de los Estados americanos en el encubrimiento o en la falta de justicia frente a las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”, afirmó Adalberto Méndez, coordinador legal de la organización para el Fin de los Abusos Clericales (ECA, por sus siglas en inglés).

“Esto no es un tema de fe”, subrayó Méndez en una entrevista con The Associated Press. “Es un tema terrenal, de gente que está cometiendo delitos” y de autoridades que de forma “generalizada y sistemática” violan sus compromisos de proteger a la infancia y dejan en la impunidad crímenes graves.

En 2014 la ONU cuestionó en dos ocasiones al Vaticano por no haber frenado oportunamente los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes.

Seis años más tarde, los proponentes de esta audiencia en el seno de la Organización de Estados Americanos -a la que pertenece la CIDH- quieren ir más allá y presentar pruebas de cómo los países latinoamericanos incumplieron la convención americana al dejar sin protección a cientos de menores que fueron víctimas de abusos sexuales por parte de instituciones religiosas en general.

Según un informe de fines de 2019 de la Red Internacional por los Derechos de los Niños (CRIN, por sus siglas en inglés), solo cuatro países latinoamericanos suman más de un millar de denuncias en la región: México, con al menos 550; Chile, con unas 243, Colombia con 137 y Argentina con 129.

Ese documento además alertaba sobre países donde el problema continuaba “sin existir” de forma oficial y ponía de ejemplo a Brasil, aunque un informe interno del Vaticano de 2005 calculaba que uno de cada 10 sacerdotes brasileños se encontraba implicado en casos de abusos, es decir, alrededor de 1.700 religiosos.

Ahora un pronunciamiento público de la CIDH “marcaría un punto de inflexión, un avance en la dirección adecuada y se podría obligar a los Estados a judicializar los casos”, explicó Méndez.

Las organizaciones de víctimas confían en que pueda abrir la puerta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aquellas víctimas que hayan agotado todas las vías posibles de justicia en sus países, que provoque una nueva oleada de denuncias o que pueda incentivar la creación de comisiones nacionales de investigación o propiciar leyes para que estos delitos no prescriban, una de las grandes exigencias de las víctimas.

En la actualidad, los abusos sexuales a menores solo son imprescriptibles en tres países latinoamericanos: Argentina, Chile y Ecuador.

Las organizaciones de victimas también cuestionan los acuerdos diplomáticos que los Estados mantienen con el Vaticano -los llamados concordatos- que limitan la capacidad de las autoridades civiles para investigar o enjuiciar a presuntos involucrados de la Iglesia católica.

El papa Francisco ha prometido en varias ocasiones una política de tolerancia cero hacia los abusos clericales y ha propiciado investigaciones puntuales y reformas que en 2019 acabaron con el secreto pontificio y actualmente obligan a los obispos a denunciar los casos ante la justicia civil.

Pero las leyes siguen siendo ignoradas por algunos miembros de la Iglesia que desestiman las denuncias de las víctimas y optan por proteger a sus sacerdotes. Además, los casos que sí se judicializan se centran, sobre todo, en los victimarios pero no en sus cómplices o encubridores, que son los destinatarios del actual movimiento ante la CIDH.

“Los Estados (latinoamericanos) han tenido una postura omitente, de no control a la Iglesia aunque los chicos eran abusados dentro de instituciones”, denunció Sergio Salinas, abogado del llamado ‘caso Próvolo’ sobre una serie de abusos y violaciones cometidos en el instituto católico Antonio Próvolo para niños sordos en Argentina.

Aunque en 2019 fueron condenados dos sacerdotes de ese instituto y hay más juicios previstos para este año, Salinas consideró que este caso demuestra cómo el Estado argentino permitió que la Iglesia ocultara información pese a tratarse de víctimas muy vulnerables.

Además, recordó que todavía más de 200 víctimas deben prestar declaración como parte de una investigación en la que se habla de “abusos sexuales en manada, pornografía, la provocación a orgías y hasta la existencia de torturas con el uso de cadenas”.

Argentina será uno de los ejemplos que se presentarán en la audiencia del jueves junto con México, Ecuador, Colombia y Perú, estados que ECA considera encubridores y que violaron distintos derechos humanos como la seguridad jurídica, el debido proceso, la libertad de prensa o el acceso a la información.

México, por ejemplo, tiene paralizada una denuncia por el encubrimiento de 15 sacerdotes contra el cardenalNorberto Rivera, uno de los religiosos de más alto rango cuestionados por las víctimas del país latinoamericano que más denuncias ha registrado y que protagonizó uno de los casos paradigmáticos de abusos en la Iglesia católica: el del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel.

En Ecuador, el Estado se ha negado a escuchar a las víctimas del sacerdote César Cordero, que fundó un imperio educativo en Cuenca, una de las ciudades más católicas del país, y hasta fue galardonado por las autoridades.

Sara Oviedo, miembro del Comité de Derechos del Niño de la ONU de 2013 a 2017 e integrante del equipo de Naciones Unidas que alertó en 2014 sobre la inacción del Vaticano ante los crecientes casos de pederastia, reconoció que el nivel de impunidad de la violencia sexual en América Latina es alto. “Los Estados han hecho la vista gorda, nadie quiere pelearse con la Iglesia”.

Agregó que “los Estados no han cumplido con los niños, niñas y adolescentes no han cumplido con la justicia. Tenemos que ponernos a la altura de las esperanzas de las víctimas”.

Fuente Religión Digital

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Red Iberoamericana de Educación LGBTI organiza su Primer Encuentro Internacional sobre Docencia Trans

Miércoles, 2 de diciembre de 2020

En48EHOXMAIYQsFSe trata del tercer cónclave sobre educación convocado  por la Red. El evento contó con las participaciones del Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas, Víctor Madrigal-Borloz, de la Diputada de Cáceres, Amelia Molero Fragoso, de la relatora de la CIDH, Flávia Piovesan, entre otros/as.

Red Iberoamericana de Educación LGBTI, de la cual forma parte el Movilh organizó entre el jueves pasado y el sábado 28 el Primer Encuentro Internacional sobre Docencia Trans, contando con la participación de académicos/as, activistas y autoridades diversos países de América Latina y España.

El cónclave tuvo entre sus fines debatir “sobre la articulación de docentes trans como motor de cambio en el contexto educativo y como referente positivo y visible para niños, niñas y adolescentes LGBTI”, así como “la puesta en común de buenas experiencias de docentes trans, visibilizándoles como herramienta de cambio y sensibilización”.

Financiado por la Diputación de Cáceres, el cónclave es el tercero de “Actorías sobre Educación y Diversidad Sexual y de Género que organiza la RIE, referente integrado por Diversidad y Derechos (Argentina)Colombia Diversa (Colombia), Colectivo Trans del Uruguay (CTU), Fundación Igualdad LGBT (Bolivia),Fundación Triángulo (España)Instituto Brasileiro Trans de Educação (Brasil), Movilh (Chile) y Promsex (Perú).

Inaugurado por el  Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas, Víctor Madrigal-Borloz, por la Diputada de Políticas Sociales, Igualdad, Participación y Atención Ciudadana de Cáceres, Amelia Molero Fragoso y los/as representantes de Fundación Triángulo, José María Núñez y Silvia Tostado Calvo, el evento debatió sobre “experiencias y estrategias en la práctica pedagógica trans en Iberoamérica”, “violencia y desafíos en el ejercicio personal de la docencia trans” y “fortalezas y oportunidades en el ejercicio profesional de la docencia trans

 La iniciativa tuvo exponentes y participantes a docentes LGBTI, la mayoría trans, sí como a autoridades

 En el primer día expusieron los/as docentes Lucas Platero Méndez (España), Jacqueline Gomes de Jesus (Brasil) y  Tamara Adrián (Venezuela); en el segundo; el académico Hernando Muñoz (Colombia Diversa,) la funcionaria de la Unesco, Mary Guinn Delaney y los/as profesoras/as, Collette Spinetti (CTU, Uruguay), Sayonara Nogueira (IBTE, Brasil), Andreia Lais Cantelli (Brasil), Alba Rueda (Argentina) y Alex Castillo (Guatemala).

Finalmente hoy será el turno de la Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de CIDH, Flávia Piovesan,  de la activista Lidia Delgado (Fundación Triángulo) y de los/as docentes Brigitte Baptiste (Colombia), Bruno Montenegro (Perú) y  Dayanna Louise (Brasil)

Actuó como moderador principal el activista de Promsex, George Liendo, junto a Thomas Nader (Brasil),  Sayonara Nogueira (IBTE, Brasil) y Collete Spinetti (CTU, Uruguay), mientras que los cierres de las jornadas estuvieron a cargo de María Victoria Tavieres Castro (100% Diversidad y Derechos, Argentina) y Ramon Gomez (Movilh-Chile).

Fuente MOVILH

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Un juicio histórico para Vicky Hernández, trans hondureña asesinada por fuerzas estatales

Viernes, 6 de noviembre de 2020

vicky-696x464Por Dunia Orellana

El 11 y 12 de noviembre de 2020 se llevará a cabo de forma virtual la audiencia fijada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para emitir sentencia contra el Estado de Honduras por el crimen de la líder trans Vicky Hernández. Vicky fue asesinada el 28 de junio de 2009, día del golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel  Zelaya, que estableció el gobierno de facto de Roberto Micheletti. La querella busca eliminar el decreto de amnistía de 2010 que protege a los perpetradores del golpe de Estado para identificar la cadena de mando que ordenó el asesinato de la activista trans hondureña.

Vicky Hernández, la primera víctima de ejecución extrajudicial del régimen de facto durante el golpe de Estado, tenía 26 años en el momento de su asesinato. Vicky terminó la primaria y abandonó los estudios para trabajar y mantener a su madre, su hermana y su sobrina. Era trabajadora sexual y reconocida activista de la organización de derechos humanos de mujeres trans Unidad Color Rosa de San Pedro Sula, Honduras.

La noche del crimen

Vicky salió a la calle la noche del 28 de junio a ejercer el trabajo sexual sin saber del toque de queda impuesto por el gobierno de facto.  Esa noche, Zelaya fue sacado de su casa a punta de fusil y enviado en un avión a Costa Rica.

La mañana del 29, Vicky fue encontrada muerta en una calle de la colonia Ruiz, en el noreste de San Pedro Sula. Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal hicieron el levantamiento del cadáver a las 7:30 de la mañana. La noche anterior, solo había fuerzas estatales de seguridad en las calles sampedranas. Eso hizo despertar la sospecha entre las organizaciones de la diversidad sexual y los defensores de los derechos humanos de que los culpables del asesinato tienen vínculos con el Estado hondureño.

El cadáver de la activista trans presentaba “una herida irregular en su ojo izquierdo” y otra igual “en la región frontal izquierda”. El forense concluyó que Vicky fue asesinada por arma de fuego”, según documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitido en diciembre de 2018.

Audiencia-en-la-Corte-IDH--1024x683Audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La cadena de impunidad comenzó con el crimen y continuó con el manejo del cadáver de Vicky, que fue trasladado a las instalaciones de Medicina Forense en el norte de San Pedro Sula, donde las autoridades se negaron a practicarle la autopsia. “Organizaciones de derechos humanos denunciaron que las autoridades forenses se negaron a realizar el dictamen de autopsia con la excusa de suponer que la víctima vivía con VIH”, señala el documento de la CIDH.

“No quisieron emprender ninguna diligencia investigativa por considerar que la víctima era una persona ‘diferente’ y sin derechos, lo que constituye una discriminación en razón de sus preferencias sexuales”, agrega una petición presentada el 23 de diciembre de 2012 por organización Cattrachas y años después se unió a la defensa la organización Robert F. Kennedy Human Rights de Estados Unidos.

Tiempo después, las autoridades argumentaron que habían hecho la autopsia, pero no hay registros oficiales de que se la hayan practicado.

El velatorio de la líder transexual Vicky Hernández tuvo lugar en la sede del colectivo Unidad Color Rosa, Colectivo TTT de San Pedro Sula. La enterraron en La Puerta, un cementerio para la población general situado en el sur de la ciudad.

De la impunidad a la esperanza

Vicky Hernández ha dejado de ser otro número en la larga lista de muertes violentas de personas LGBTIQ+ en Honduras para convertirse en un signo de esperanza para los colectivos tradicionalmente despreciados en el país.

Desde el asesinato de la activista en 2009 hasta la fecha han muerto violentamente al menos 366 personas LGBT, incluyendo a 117 mujeres transexuales como Vicky. Pero el Código Penal hondureño aún no recoge en sus páginas la palabra “transfemicidio” para tipificar el asesinato de mujeres y hombres transexuales. Casi todos los casos, incluyendo el de Vicky, siguen impunes.

“Un asesino en Honduras tiene 96% de posibilidades de que el sistema no lo atrape. Es un gran negocio ser sicario en Honduras; 96% de posibilidad y a la comunidad, 98%”, agrega, ahondando en las causas de las altas cifras de impunidad en Honduras. Eso se debe a la deficiente investigación en Honduras”, explica a Presentes el abogado y catedrático universitario Ramón Enrique Barrios

IndyaMendoza--1024x683La activista Indyra Mendoza, de la red Cattrachas

Según Barrios, los propios órganos de investigación consideran que los miembros de la comunidad LGBTI son asesinados porque se lo merecen. Incluso hay prejuicios religiosos de fondo, pues la sociedad cree que se lo merecen porque “no siguen los dictados tradicionales de Dios”.

La organización lésbica Cattrachas ha estado trabajando en sus más de 11 años de lucha para que el caso de Vicky no quede impune. Este es solo el comienzo de un esfuerzo por hacer que también paguen los responsables de los crímenes contra las otras 116 mujeres trans y 250 personas LGBTIQ+ asesinadas desde 2009.

“Con tanta impunidad, con tantas muertes, esto es como una justicia colectiva”, dice la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza. “Allí van a estar los nombres de otras trans. Hubo prejuicio, discriminación, violencia, odio, pero al final vamos a lograr esa justicia colectiva”.

“Fue una ejecución extrajudicial”

El equipo liderado por Cattrachas y Robert F. Kennedy Human Rights ha pedido que se derogue el decreto de amnistía de 2010 que ha permitido que sigan impunes todos los crímenes cometidos durante el golpe de Estado de 2009. De esa manera, la justicia podrá caer sobre los violadores de derechos humanos escudados detrás del golpe. “Fue una ejecución extrajudicial, pero hubo una cadena de mando alrededor de ellos”, afirma Indyra Mendoza.

Los otros resultados del grupo de litigantes encabezados por Indyra Mendoza son los reparos económicos y psicológicos que el Estado hondureño debe conceder a la familia de la activista transexual asesinada el día del golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya para imponer el gobierno de facto de Roberto Micheletti.

“Con el establecimiento del toque de queda, las autoridades de facto justificaron la militarización del territorio hondureño y la presencia de militares y policías en las calles”, señala Cattrachas.

“Demostrar que nuestros cuerpos valen”

Además, la organización con sede en Tegucigalpa registra durante los ocho meses que duró el gobierno de Micheletti 31 asesinatos de personas LGBTI, de las que 15 eran mujeres trans y 16 de gays. Esa cantidad supera el total documentado entre 2003 y 2008. Cattrachas identifica un patrón de asesinatos contra mujeres trans, lo cual afianza la teoría de que en su mayoría fueron ejecuciones extrajudiciales.

El caso de Vicky está rodeado de misterios y viciado por la impunidad. Al negarse a hacerle la autopsia porque según las autoridades vivían con VIH, “sufrió discriminación incluso después de su asesinato”, dice la directora de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights, Angelita Baeyens.

“Es muy significativo que llegue por primera vez a la Corte Interamericana un caso de violencia letal contra una mujer trans porque abre la puerta para visibilizar la situación de esta población y exponer todos los abusos cometidos en ese caso. No solo es la historia trágica de Vicky. Es la de cientos de mujeres trans en Honduras y la región que son víctimas de constante discriminación y violencia por parte de las autoridades y de muchos otros sectores de la población”, agrega Baeyens.

“Es como demostrar que nuestros cuerpos también valen, nuestras vidas valen, nuestras luchas valen. Eso para mí es importante”, afirma Indyra Mendoza.

La CIDH responsabilizó en mayo del 2019 a Honduras de la muerte de Vicky Hernández.

Según la Comisión, “tomando en cuenta tales contextos, el hecho de que las calles estaban bajo control total de la fuerza pública, así como la falta de esclarecimiento judicial de lo sucedido, existen suficientes elementos para concluir la responsabilidad directa del Estado por la muerte de Vicky Hernández”.

Para el organismo, el asesinato de Hernández “constituyó un supuesto de violencia por prejuicio hacia su identidad y expresión de género”.

Fue un transfemicidio

El equipo de las organizaciones Robert F. Kennedy de Human Rights y Cattrachas espera que en el asesinato de Vicky se reconozca el término legal “transfemicidio”, pero el camino ha estado sembrado de obstáculos.

Un primer paso para llegar a la meta fue establecer un patrón en los asesinatos de personas LGBTI y en especial de mujeres trans durante el golpe de Estado en Honduras como una manera de categorizar esos crímenes como ejecuciones extrajudiciales.

“Estos transfemicidios se llevaron a cabo a altas horas de la noche, durante toques de queda ilegales, cuando las calles estaban bajo la custodia absoluta de las fuerzas públicas militares y policiales. Además, la mayoría de víctimas se dedicaban al trabajo sexual y fueron ejecutadas con un disparo a la cabeza”, apunta Cattrachas.

Según el patrón identificado en los 15 asesinatos de mujeres trans cometidos durante el régimen de facto de Roberto Micheletti, Cattrachas creó la siguiente definición de la palabra ‘transfemicidio’: “Muerte violenta de mujeres trans, motivada por el prejuicio, el desprecio y la discriminación del género y la identidad asumida de las víctimas, siendo la materialización de una violencia sistemática por la exclusión social y estatal”.

A pesar de todo, el informe de fondo de la Comisión Interamericana reconoce que la ejecución extrajudicial de Vicky fue un transfemicidio. Esta es la primera vez que el término ‘’transfemicidio’’ es utilizado en el seno del sistema interamericano.

La muerte de Vicky es la primera ejecución extrajudicial transfemicida reconocida por el Sistema Interamericano. Para la Comisión, el caso puede catalogarse como un asesinato por prejuicio basado en la identidad de género y hay fuertes indicios de que el Estado hondureño está involucrado directamente en el crimen.

No obstante, hasta hoy el Estado sigue negando las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el golpe de Estado y la vinculación directa de agentes del orden público en el asesinato de Vicky.

Fuente Agencia Presentes

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Chile: Bancada Parlamentaria por la Diversidad lanza video a favor del matrimonio igualitario

Miércoles, 2 de septiembre de 2020
bancada-parlmentaria-diversidad-movilhAl cumplirse tres años del envío del proyecto de Ley al Congreso Nacional, donde la tramitación de la iniciativa se encuentra estancada pese a ser un compromiso que el Estado de Chile asumió ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH).

Hoy se cumplen tres años desde que la ex presidenta Michelle Bachelet  envió al Congreso Nacional  el proyecto de ley de matrimonio igualitario en el marco de un compromiso internacional asumido por el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH).

En tal contexto a Bancada Parlamentaria por la Diversidad; creada en 2019 a propósito del brutal ataque homofóbico que sufrió un joven en manos de su padre; lanzó un video en apoyo al proyecto de ley.

En el video dan su mensaje los/as diputados/as Érika Olivera (RN), Andrea Parra (PPD), Camila Vallejo (PC), Natalia Castillo (RD), Daniella Circardini (PS),  Miguel Cripi (RD), Pablo Vidal (RD), Karol Cariola (PC), Vlado Milosevic (PL), Matías Walker (DC), Marcelo Díaz (Unir   ), Sebastián Keitel (Evópoli) y Maya Fernández (PS).

Bancada-por-la-diversidad-movilh-820x394Del mismo modo aparecen los/as senadora Ximena Rincón (DC), Juan Ignacio Latorre (RD), Ricardo Lagos Weber (PPD), Alfonso De Urresti (PS) y Jaime Quintana (PPD).

En tanto, esta semana el presidente de la Comisión, Legislación y Justicia del Senado, Alfonso De Urresti, señaló que acelerará la tramitación del proyecto de ley después de las elecciones del 25 de octubre.

“Valoramos el gesto de la Bancada Parlamentaria de la Diversidad y esperamos que su llamado se traduzca efectivamente en la aceleración del trámite del proyecto de ley, de manera que sea aprobado en este período en el Senado, para comenzar en el primer semestre del 2021 su debate en la Cámara de Diputados”, señaló el Movilh, organismo que esta semana lanzó una encuesta donde la mayoría de las familias homoparentales consideran a la ley de matrimonio igualitario como la más relevante para resolver los problemas que las afectan

El proyecto de matrimonio fue  presentado el  28 de agosto  del 2017 por la presidenta Michelle Bachelet e ingresado el 5 de septiembre del mismo año  al Senado, en el marco del cumplimiento de un  Acuerdo de solución Amistosa que el Estado de Chile y el Movilh firmaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Fuente MOVILH

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Chile: Más de 50 personas trans denuncian que el Registro Civil obstaculiza el cambio de su nombre y sexo legal

Sábado, 30 de mayo de 2020

banner-ChileTrans1El Registro Civil simplemente no está ofreciendo audiencias virtuales para el cambio de nombre y sexo legal”, denunció el Movilh. Esto le ha impedido a personas efectuar trámites básicos como compra de comida o asistir al médico o farmacias en período de cuarentenas, lo que contraviene la Ley de Identidad de Género, las recomendaciones de la CIDH y, por cierto, las exigencias sanitarias.

Las denuncias de personas trans a las cuales el Registro Civil les ha negado su derecho a cambiar su nombre y sexo legal han aumentado en los últimos días, subiendo a 54 los casos reportados al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), informó hoy dicha organización

La situación es gravísima, pues  ya es un hecho que el Registro Civil está negando horas de audiencia a  personas trans para que cambien su nombre y sexo legal con la excusa del Covid-19, aún cuando la CIDH ha dicho que justamente por la pandemia estos procesos deben agilizarse, no demorarse”, señaló el dirigente del Movilh, Ramón Gómez, tras precisar que “si solo nuestra organización ha recibido 54 denuncias, imaginamos que el drama es mucho, mucho mayor”.

Añadió que “junto a la negación para dar hora de audiencia se suman otros problemas: a alguna personas les modificaron su fecha de audiencia con  fecha indefinida, también con la excusa del Covid-19. En otros 3 casos, las personas denuncian que pese a haber iniciado el proceso aún no le entregan la cédula. Más aún, muchas personas que ya cuentan con su carnet en mano, denuncian que el Registro Civil no ha notificado del cambio a otras instituciones contenidas en la Ley de Identidad de Género; como son las de Salud o Educación, las policías, el SII  o entidades financieras; lo cual incrementa el drama al no ser reconocida la identidad de género”.

El Movilh explicó que “recientemente enviamos al director del Registro Civil, Jorge Álvarez Vásquez, una carta pidiendo solución a todos estos problemas, pero ellos se limitaron a resolver solo el caso de una persona a la que durante 4 meses tuvieron sin carnet y solo porque le enviamos los datos puntuales de ella, no dando respuesta a nuestra demanda de solución integral para todos/as los/as afectados/as. Además nos enviaron un correo que nadie firmaba. Más grave aún, el Registro Civil llegó al extremo de trasladar a terceros una denuncia confidencial que le hicimos llegar, informando primero a personas ajenas a este hecho de eventuales soluciones, antes que a los directamente involucrados/as, lo cual demuestra un manejo irresponsable de esta situación”.

“En inhumano e inconcebible que en momentos cuando más se necesita una cédula de identidad para pedir permisos en Comisaría Virtual y cuando más aumenta el control policial, con un cuerpo de carabineros con un largo historial de transfobia, el Estado no asegure la mínima dignidad a las personas trans para cumplir con las exigencias sanitarias de las cuarentenas”, apuntó el Movilh.

“Exigimos una vez más al Registro Civil que dé soluciones concretas, para todas las personas.  Esto pasa, por dar audiencias virtuales, dar fechas de audiencias a quienes las han pedido,  acelerar la entrega de cédulas a quienes comenzaron el proceso y,  a hasta alturas, también es necesario el ofrecimiento de disculpas públicas por todo el daño causado”, finalizó el Movilh.

El Movilh recordó por último que en el marco del Covid-19 la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) solicitó el pasado 20 de abril a todos los Estados que garanticen “mecanismos legales sencillos y expeditos que posibiliten a toda persona registrar y/o cambiar, rectificar o adecuar su nombre y los demás componentes esenciales de su identidad como la imagen, o la referencia al sexo o género, de una manera prioritaria durante la pandemia”.

Fuente MOVILH

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Covid-19: Sistema internacional de DDHH exige medidas contra la homo/transfobia, pero en Chile las personas LGBTI sufren olvido estatal y sociopolítico

Sábado, 9 de mayo de 2020

michelle-bachet-onu-movilh-710x394Mientras la ONU y la OEA han advertido sobre los abusos homo/transfóbicos sufridos por personas LGBTI en sus casas o barrios en el marco de la pandemia, en Chile las denuncias por estos atropellos han aumentado un 40%

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) acusó hoy “olvido estatal y sociopolítico para hacer frente a la doble vulnerabilidad que afecta a algunas personas lesbianas, gays, bi, trans e intersex (LGBTI) en el marco de la pandemia Covid-19, con lo cual se han desatendido las exigencias del sistema internacional de derechos humanos, como si la homofobia o la transfobia no existieran en Chile”.

El dirigente del Movilh, Óscar Rementería, precisó que “las denuncias recibidas por nuestra organización por abusos homo/transfóbicos en espacios familiares y vecinales han aumentado un 40% desde el inicio de las cuarentenas y el toque de queda. Una encuesta que aplicamos a la personas LGBTI arrojó similar resultado. Se trata de agresiones físicas y verbales graves. A esto se suma que la víctimas LGBTI no confían en Carabineros, cuyos abusos homo/transfóbicos aumentaron un 100% el último año. Pese a advertir públicamente de esta situación, el Estado no se ha hecho cargo de esta situación, mientras que a nivel sociopolítico existe un olvido”.

“Las víctimas de la homo/transfobia requieren ayuda en tanto son un sector vulnerable al igual que otros sectores discriminados, para los cuales sí se han implementado medidas especiales en el contexto de la pandemia. Aquí no solo se ha dejado de lado a las víctimas, pues a nivel sociopolítico no hay señales pro-derechos LGBTI, mientras buena parte de la prensa no ha dado espacio a esta realidad.  Apelamos a un trato igualitario y justo, que se hace cargo de la doble vulnerabilidad que afecta en cualquier crisis a los sectores desaventajados, sea cual sea la razón de la discriminación que sufren”, señaló.

Del mismo modo “exigimos al Estado y a sus autoridades que se hagan cargo de las exigencias que sobre este tema han formulado Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

Pronunciamientos de la ONU y de la CIDH

El pasado 17 de abril la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que “las personas LGBTI están entre las más vulnerables y marginadas en muchas sociedades, y entre las más expuestas a COVID-19”.

“Sabemos que los esfuerzos para enfrentar la pandemia solo funcionarán si se protegen los derechos de todas las personas a la vida y la salud. Para las personas LGBTI, esto significa identificar y abordar las formas en que son particularmente vulnerables, asegurar que no enfrenten discriminación y buscar soluciones. También significa asegurar que sus voces sean oídas”, añadió

“Para el colectivo LGBTI su casa puede no ser un lugar seguro. Dada la petición #QuedateEnCasa y las medidas de confinamiento, hay que asegurar el acceso a alojamiento y apoyo durante la crisis del #COVID19, redondeó la ex pesidenta de Chile.

Tres días más tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó “a los Estados a garantizar los derechos de igualdad y no-discriminación de las personas LGBTI en las medidas de atención y contención adoptadas, en particular asegurar el acceso de estas personas a servicios de salud y programas de atención social con una perspectiva de seguridad humana integral”.

Para la CIDH, “algunas de las disposiciones adoptadas en los Estados de la región en respuesta a la pandemia pueden conllevar riesgos para los derechos de las personas LGBTI o aquellas que son percibidas como tales, y derivar en actos de discriminación y violencia basados en el prejuicio”.

“La policía y otras fuerzas de seguridad de los Estados de la región, a menudo, comparten las mismas actitudes y prejuicios contra personas LGBTI que prevalecen en la sociedad en general. Considerando las funciones que la policía y otras fuerzas de seguridad cumplen durante la vigencia de las medidas de contención, la CIDH llama a los Estados a adoptar políticas de sensibilización dirigidas a las fuerzas del orden público y a las autoridades judiciales en materia de identidad y expresión de género, que tomen en cuenta que las personas trans y de género diverso, frecuentemente, no cuentan con un documento de identificación personal que refleje de manera adecuada su identidad y/o expresión de género”, apuntó el órgano.

La Comisión reiteró además  “su recomendación de garantizar mecanismos legales sencillos y expeditos que posibiliten a toda persona registrar y/o cambiar, rectificar o adecuar su nombre y los demás componentes esenciales de su identidad como la imagen, o la referencia al sexo o género, de una manera prioritaria durante la pandemia”

Por otro lado, “la Comisión ha llamado la atención reiteradamente sobre la situación de pobreza que afecta a personas LGBTI, caracterizada por exclusión social y altas tasas de falta de vivienda, lo que les empuja hacia la economía informal y a participar en el trabajo sexual”

En paralelo , la Comisión pidió “garantizar el acceso a servicios de salud de las personas LGBTI en observancia del derecho de igualdad y no-discriminación, principalmente durante la pandemia, incluyendo la continuidad en la distribución de antirretrovirales para las personas que viven con VIH”

Por último, “la Comisión resalta que las medidas de distanciamiento físico implementadas para la contención de la pandemia implican que las personas LGBTI, o que son percibidas como tales, incluyendo niñas, niños y adolescentes (NNA), permanezcan en sus hogares durante períodos prolongados. Como ha sido indicado por la CIDH anteriormente, niñas, niños y adolescentes LGBTI a menudo enfrentan el rechazo de sus familias y la comunidad, quienes desaprueban su orientación sexual e identidad de género, lo que les sitúa en una condición particular de vulnerabilidad. Además, no escapa de la atención de la Comisión que muchas personas, incluyendo NNA, han sido obligadas a abandonar sus hogares por razón de prejuicios contra su orientación sexual, identidad o expresión de género”.

Por todo, “la Comisión exhorta a los Estados a adoptar o fortalecer protocolos de atención y sistema de denuncias para las personas LGBTI, incluyendo NNA; y que tomen en cuenta el prejuicio, la discriminación y la violencia que pueden padecer en sus hogares en el contexto de la pandemia, garantizando el refugio seguro de las personas que han sido expulsadas u obligadas a abandonar sus hogares”.

Fuente MOVILH

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La CIDH llama a respetar derechos LGBT+ en el marco de Covid-19: 5 recomendaciones

Viernes, 24 de abril de 2020

ENM_marcha_travesticidios_MG_9738-1500x750Foto: Luciana Leiras/Archivo Presentes

En las últimas semanas en América Latina hubo varias denuncias de las organizaciones de derechos humanos del incremento de vulneración de derechos a personas LGBT+ en el marco de la pandemia de Covid-19. Ya sea porque estas poblaciones están más desamparadas, o porque las medidas de aislamiento obligatorio y control callejero las someten a violencias intrafamiliares o discriminaciones de las fuerzas de seguridad. En el caso de las personas travestis y trans, esto se ve agravado por la situación de emergencia habitacional.

Por estas razones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a los Estados a garantizar los derechos de igualdad y no-discriminación de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), en las medidas de atención y contención adoptadas. Allí pone el ejemplo de Perú, donde el gobierno sacó un decreto para que la circulación fuera por género, y los abusos de las fuerzas de seguridad a la personas trans estuvieron a la orden del día.

“Al respecto, la Comisión ha manifestado en distintas oportunidades que la policía y otras fuerzas de seguridad de los Estados de la región, a menudo, comparten las mismas actitudes y prejuicios contra personas LGBTI que prevalecen en la sociedad en general. Considerando las funciones que la policía y otras fuerzas de seguridad cumplen durante la vigencia de las medidas de contención, la CIDH llama a los Estados a adoptar políticas de sensibilización dirigidas a las fuerzas del orden público y a las autoridades judiciales en materia de identidad y expresión de género, que tomen en cuenta que las personas trans y de género diverso, frecuentemente, no cuentan con un documento de identificación personal que refleje de manera adecuada su identidad y/o expresión de género.”

La Comisión llama a los Estados a emitir pronunciamientos públicos de categórico rechazo a cualquier acto de discriminación basado en orientación sexual, identidad o expresión de género de las fuerzas de seguridad en sus intervenciones a civiles.

Por otro lado, la Comisión hizo referencia la situación de pobreza que afecta a personas LGBTI, caracterizada por exclusión social y altas tasas de falta de vivienda, lo que les empuja hacia la economía informal y a participar en el trabajo sexual. Las personas trans, en particular, enfrentan altas tasas de exclusión de las oportunidades de generación de ingresos y de acceso a programas de bienestar social y servicios de salud. En este sentido, la CIDH ha recibido información de mujeres trans y trabajadoras sexuales que continúan desarrollando sus actividades aún el contexto de la contención del COVID-19, debido a que no cuentan con otras fuentes de ingreso.

Recomendaciones a los Estados

1. En cuanto a la inclusión de las personas LGBTI en las políticas de asistencia social durante la pandemia, garantizar que las personas LGBTI en situación de calle y las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual sean beneficiarias de las medidas adoptadas.

2. Fortalecer los sistemas nacionales de protección de la niñez y adolescencia, reconociendo la particular vulnerabilidad de los NNA que han sido expulsados u obligados a abandonar sus hogares por razón de prejuicios contra su orientación sexual, identidad o expresión de género.

3. Garantizar la continuidad en la distribución de antirretrovirales para las personas que viven con VIH y la atención integral en salud a las personas trans, observando el derecho de igualdad y no-discriminación.

4. Sensibilizar y capacitar, inclusive por medios de formación digital, a las fuerzas del orden público y autoridades judiciales en materia de identidad y expresión de género, para prevenir actos de discriminación y violencia en los controles policiales implementados dentro de los estados de excepción a causa del COVID-19.

5. Emitir pronunciamientos públicos de rechazo a los actos de discriminación o violencia causados por fuerzas de seguridad, así como investigar y sancionar estos actos en observancia del deber de debida diligencia.

Fuente Agencia Presentes

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Argentina: en 2019 aumentaron los crímenes de odio a LGBT+

Miércoles, 25 de marzo de 2020

WhatsApp-Image-2018-06-25-at-18.12.53-1000x500Desde el primer día de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 se perpetraron en Argentina al menos 177 crímenes de odio donde la orientación sexual, la identidad y/o expresión de género de las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para vulnerar sus derechos y ejercer violencias. La información fue dada a conocer hoy, en el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de Argentina. Forma parte de los resultados del Informe “Crímenes de Odio a las personas LGBT+ en Argentina”, que elabora el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT (ONCO LGBT). El Observatorio fue creado por la Defensoría LGBT (que depende del Instituto contra la Discriminación) de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación, en mayo de 2016.

El informe despliega las definiciones de crímenes de odio y da cuenta de diversas modalidades de violencias por prejuicios. Si bien no existe una definición universal de crimen de odio, el Observatorio recolecta esos ataques documentados que fueron cometidos contra alguien a quien se asocia como integrante de colectivos LGBT+.

“De todos los crímenes de odio registrados, el 44% de los casos (78) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir a asesinatos y muertes por ausencia y/o abandono estatal; y el 56% restante de los casos (99) corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, es decir violencia física que no terminó en muerte, dice el informe.

Cómo se recolectan estos datos

Los datos para elaborar este informe se obtuvieron de medios de comunicación y de información recolectada por la Defensoría LGBT -dependiente del Instituto contra la Discriminación (ICD)- de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a través de denuncias recibidas, redes sociales, contactos telefónicos, en articulación con la Federación Argentina LGBT, y su desarrollo territorial en las 24 provincias del país. También de los datos aportados por el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC) perteneciente a la REDLACTRANS.

Por eso, el informe aclara que no son datos exactos, pero “permiten vislumbrar una realidad que es, sin duda, mucho peor de lo que sugieren los números”. Existe otro problema: “no a todas las personas trans que son asesinadas se las registra como trans y se les respeta su identidad de género, y no todos los crímenes de odio de lesbianas, gay y bisexuales se visibilizan como tales, sino que por el contrario, en muchos casos se oculta la orientación sexual de las personas”.

Aumentaron los crímenes de odio respecto de 2018 y 2017

¿Qué nos dicen estos números si se los compara con el mismo informe de años anteriores? “Arrojan una realidad preocupante: la cantidad de crímenes de odio ocurridos en 2019 implican un aumento significativo en relación a los casos relevados en el año 2018 -ciento cuarenta y siete (147)-, y en el año 2017 -ciento tres (103)-”, se consigna junto a los datos.

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Asesinatos y muertes por abandono del Estado

Del total de lesiones al derecho a la vida, el 21% de los casos son asesinatos y el 79% son casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal“La cantidad de casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal es imprecisa y sin dudas significativamente muchísimo menor al real ya que estos no figuran en los medios y solo es posible acceder a ellos a través de la denuncia directa de familiares y mayormente de otras mujeres trans”.

Según el informe, en 2019 hubo en Argentina al menos “16 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual -12 fueron dirigidos a mujeres trans y 4 a varones gay cis-; y 62 muertes por abandono y/o ausencia estatal -todas ellas fueron de mujeres trans-.

Mujeres trans, las más afectadas

Del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de crímenes de odio registrados en 2019, el 64% de los casos corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros), en segundo lugar con el 24% se encuentran los varones gays cis, en tercer lugar con el 8% de los casos le siguen las lesbianas y por último con el 4% los varones trans.


El 95% de las lesiones al derecho a la vida son a mujeres trans. 
El 5% restante a varones gays cis.

“Estos alarmantes números muestran como la violencia hacia la comunidad LGBT está particularmente dirigida: es en las mujeres trans en quienes se manifiesta con especial odio, saña y de manera más brutal la discriminación en su máxima expresión”, contextualiza.

El informe recuerda y describe cómo opera la cadena de exclusiones hacia las personas trans, para quienes la violencia comienza a edades tempranas. “A lo largo de toda su vida las mujeres trans son sometidas, por su identidad y expresión de género, a discriminación, estigmatización, hostigamiento, persecución, violencia física, violaciones, tortura y a otros abusos que en muchos casos terminan en muerte.  En general, las violencias comienzan a una edad muy temprana con la expulsión del hogar causada por los prejuicios de la propia familia y ubica a las mujeres trans en una situación disminuida para encarar cualquier proyecto de vida por falta de recursos materiales y por ende el debilitamiento de la red primaria de contención material y afectiva”. Y agrega: “La discriminación en el mercado laboral responde al funcionamiento de una doble matriz de exclusión. En muchos casos, las personas trans son excluidas debido a su falta de educación formal. Pero aun cuando han tenido estudios -incluso universitarios- suelen ser discriminadas en el acceso al empleo en virtud de su identidad y expresión de género –es decir, porque son trans”.

El informe hace hincapié en que a ocho años de aprobada la ley de Identidad de Género, “aún quedan muchas deudas sociales y estatales para con las personas trans. El Estado tiene la obligación de tomar los recaudos necesarios para prevenir estas muertes, y el deber de implementar medidas de acción positivas orientadas a brindar las oportunidades que históricamente les fueron negadas”.

De 20 a 29 años, el grupo más afectado

Según el informe, en relación a las edades de las víctimas, en los crímenes de odio en donde se registra este dato:

-La franja etaria más afectada es la de personas de entre 20 a 29 años con el 35,29% de los casos.

-En segundo, lugar con el 30,39% de los casos las víctimas corresponden a la franja etaria de 30 a 39 años.

-En tercer lugar con el 14,71% de los casos, personas de 40 a 49 años.

-Luego con el 8,82% la franja etaria de 50 a 59 años. Le siguen con el 4,9% de los casos respectivamente la franja de 10 a 19 años y la de las personas de entre 60 y 69 años.

Violencia institucional

Otra de las observaciones sobre los resultados de este informe: “Las fuerzas de seguridad argentinas y los servicios penitenciarios manifiestan particular saña y odio contra las personas LGBT, y particularmente con comunidad de mujeres trans. Ello se manifiesta en el desconocimiento de sus identidades auto percibidas -burlas, insultos, descalificaciones-, en detenciones arbitrarias con armado de causas judiciales, en la criminalización del trabajo sexual, en la exigencia de coimas o de servicios sexuales gratuitos, en persecuciones, hostigamientos, tratos vejatorios e inhumanos, violaciones y tortura, tanto en la vía pública, como en comisarías y penales”.

Esta situación también es propiciada, porque como recuerda el informe, “en algunas provincias del país existen códigos de faltas y contravencionales que aún hoy contienen figuras abiertas que tipifican faltas a la “moral y las buenas costumbres”, a la “decencia” o al “decoro”, y son utilizadas por las fuerzas policiales como herramienta para justificar su accionar violento y discriminatorio hacia la comunidad trans”.

Se advierte que además existe un sub registro grande de estos casos, “ya que las víctimas la mayoría de las veces no se atreven a denunciar por miedo a reprimendas, por necesidad de seguir trabajando en la zona y hasta en algunos casos por naturalización de las situaciones discriminatorias.

Trans privadas de libertad

En cuanto a la situación de trans privadas de libertad, el informe describe que “son expuestas a condiciones de detención contrarias a lo establecido por la leyes nacionales -la Ley de Identidad de Género particularmente- y los tratados internacionales de DDHH. Las organizaciones sociales de Argentina denuncian el sistemático maltrato y la violencia contra las mujeres trans en contextos de encierro”.

En mayo de 2019, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “una medida cautelar por la desatención sanitaria que padece todo el colectivo trans en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, por considerar que la población trans-travesti alojada en la órbita del Sistema Penitenciario Bonaerense está “en permanente riesgo de sufrir daños irreversibles o la muerte”La historia de Mónica Mego es apenas una de tantas. Mónica quedó parapléjica después de que le negaran acceso a la salid durante seis meses. El informe también cita otros cincos casos de mujeres trans que murieron o sufrieron daños irreversibles en su salud bajo custodia del Estado.

Salta y los territorios más violentos

El informe documenta la distribución geográfica de los crímenes de odio y arroja estos resultados:

-El porcentaje más alto -27%- ocurrieron en la provincia de Buenos Aires; le sigue en segundo lugar con el 24% la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; luego con el 12% la provincia de Salta; posteriormente con el 5% cada una Santa Fe y Río Negro.

-En sexto lugar se encuentran Entre Ríos, Mendoza, Chubut, Jujuy y Santiago del Estero y Tucumán con el 3% cada una; le siguen con el 2,72% cada una, La Rioja, Santiago del Estero, San Juan y Rio Negro; posteriormente con el 2% La Rioja.

-El 4% restante se encuentra distribuido -con porcentajes muy bajos- entre Chaco, Corrientes, Formosa y Santa Cruz. En el 1% de los casos no hay registro sobre el lugar geográfico donde se produjeron los hechos.

“No es casual que los grandes centros urbanos concentren la mayor cantidad de casos de crímenes de odio del país, ya que se es notable la migración de personas de la comunidad LGBT hacia estos, por el gran estigma y la exclusión que acarrea pertenecer a la diversidad sexual en ciudades pequeñas.  En cambio, llama poderosamente la atención la relación entre población y crímenes de odio en la provincia de Salta, ya que esta jurisdicción tiene una concentración poblacional considerablemente más baja que Buenos Aires y CABA, y a pesar de ello se encuentra tercera en cantidad de casos, con casi la mitad de crímenes de odio que en la provincia de Buenos Aires y la mitad exacta de casos que en CABA”.  También aclara que “en las provincias de Argentina con los porcentajes más bajos o inexistentes no hay necesariamente menos crímenes de odio, sino que hay un sub registro.

En la vía pública

En cuanto al lugar físico donde se perpetraron los crímenes de odios, los datos relevados arrojan que:

-El porcentaje más alto ocurrió en la vía pública, con el 47% de los casos.

-El 26% de los casos ocurrieron en viviendas. De ese porcentaje el 20% corresponde a la vivienda particular de la víctima -y está directamente relacionado con la violencia de género y con el ejercicio del trabajo sexual en casas particulares sin ningún tipo de seguridad debido a la falta de regulación-; el 3% de los casos ocurrieron en la vivienda del agresor, y el restante 3% en otra vivienda.

Fuente Agencia Presentes

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Movilh reporta a la CIDH 23 abusos policiales contra personas LGBTI en el marco el estallido social

Jueves, 30 de enero de 2020

cidh-movilh-chile-300x300La Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) inició ayer su visita in loco a Chile

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició ayer una visita in loco en Chile para recabar información sobre el quehacer estatal en el marco de las manifestaciones sociales iniciadas el pasado 18 de octubre, las cuales han estado cruzadas por diversos abusos cometidos por agentes del orden y de la seguridad.

En su primera reunión con grupos de derechos de humanos, la cual tuvo lugar este domingo en el Hotel Intercontinental de Las Condes, el vocero del Movilh, Óscar Rementería reportó que en el contexto del estallido social “han ocurrido en Chile 23 abusos policiales contra personas LGBTI que han tenido un sello homofóbico o transfóbico”.

La vocera del Movilh, Daniel Andrade, quien hoy participará de otra cita con la CIHD, precisó que del total de 23 abusos, 10 atropellos policiales afectaron a personas lesbianas, 9 a gays, 3 a trans y 1 a la población LGBTI como conjunto. Las violaciones a los derechos humanos ocurrieron en Lo Espejo (1), Maipú (1), Pedro Aguirre Cerda (1), Recoleta (1), Santiago (7), Antofagasta (1) Reñaca (1), San Antonio (2), Viña del Mar (1), San Vicente de Tagua Tagua (1) Chiguayante (2), Hualpén (2), Temuco (1) y Valdivia (1).

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“Hablamos de torturas, robos, detenciones arbitrarias, falsas acusaciones, montajes, falsificación de instrumento público e insultos basados en la orientación sexual o la identidad de género, todos cometidos por carabineros”, señaló Rementería.

Por su lado, Andrade apuntó que “los casos los detallamos a uno a uno en un informe entregado a la CIDH. Esperamos que esto sirva para que las recomendaciones destinadas a reformar la institución de carabineros sean cada vez más precisas y, por cierto, que las mismas, se ejecuten con celeridad. Carabineros es hoy un peligro para muchos sectores sociales, como las personas LGBTI”.

Fuente MOVILH

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Tras 4 años, se reglamentó la ley de cupo laboral travesti trans en provincia de Buenos Aires

Lunes, 9 de diciembre de 2019

DSC_7894 Mapa del cupo laboral travesti-trans en Argentina

Después de cuatro años aprobada y cajoneada, se reglamentó la ley de cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires. La Ley nº14.783 fue impulsada por la activista travesti Diana Sacayán y se votó en septiembre de 2015. Un mes después la militante por los derechos humanos fue asesinada con saña en su departamento. Desde entonces el gobierno de María Eugenia Vidal tuvo la reglamentación frenada hasta hoy, que fue publicada en el Boletín Oficial.

“El sector público de la provincia de Buenos Aires debe ocupar en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”, se lee en la publicación.

La reglamentación lleva la firma del Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, del ministro de Gobierno, Federico Salvai y de la gobernadora María Eugenia Vidal. La Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo deberán garantizar que esto ocurra.

Durante estos cuatro años las organizaciones de la diversidad sexual exigieron al gobierno de la provincia de Buenos Aires su implementación pero no obtenían respuestas.

“Esta reglamentación la recibimos con sentimientos encontrados: en principio porque la ley se sancionó en 2015 y la gobernadora María Eugenia Vidal tardó 4 años en reglamentarla a través de un decreto, algo que creemos que llega muy tarde en relación a que durante 4 años murieron muchas compañeras nuestras de hambre, por la exclusión, la falta de recursos, sobre todo de trabajo. Pero también hay que celebrarla,  tenemos esperanzas de que algo cambie”, explicó a Presentes la activista Claudia Vázquez Haro, presidenta de OTRANS Argentina.

Por su parte, la activista Alba Rueda, presidenta de Mujeres Trans Argentina, coincidió en que “es para celebrar: para poner foco en que tenemos la ley Diana Sacayán reglamentada. Esto es una gran noticia para la comunidad travesti trans”. Aunque al igual que la presidenta de OTRANS advirtió sobre la tardanza: “Vidal es ese paréntesis, esa suspensión de la democracia en el recorrido de los derechos de las personas trans. Vidal tenía el texto guardado hasta días antes de terminar su gestión”.

Además seguró que pedirán una entrevista con el futuro gobernador Axel Kicillof para hablar sobre la reglamentación.

Próximos pasos

En el Anexo de la publicación se detallan cómo será reglamentada. En primer lugar, la Administración Pública Provincial deberá comunicar al Ministerio de Trabajo en los próximos 90 días el número total de personas que se desempeñan bajo su órbita. Con esa base, deberán calcular las vacantes que se tienen que generar para poder cumplir con el cupo.

Además, indica que se creará el “Registro de Solicitantes de Empleo ‘Amancay Diana Sacayán’” que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. Allí se asentarán las postulaciones de personas travestis, transexuales y transgénero que aspiren a ocupar vacantes abiertas o reservadas bajo la Ley N° 14.783. La información contenida en ese registro será confidencial.

Una mesa integrada por el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Derechos Humanos deberá monitorear el cumplimiento de la ley, donde tendrán “participación consultiva” las organizaciones trans.

Por qué una ley de cupo Diana Sacayán 

La argumentación de la ley explica el reconocimiento internacional que hubo ante la Ley de  Identidad de Género. Luego cita la ley nº14.783 y retoma sus argumentos: “Las personas travestis, transexuales y transgénero de Argentina se encuentran entre las poblaciones más vulneradas históricamente del país, por lo que padecen persecución, exclusión y marginación sistemáticas, lo cual les genera enormes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato y al efectivo goce de sus derechos humanos”.

“A causa de la criminalización, discriminación y exclusión sistemática a la que fueron y están aún expuestas, las personas travestis, transexuales y transgénero suelen ser víctimas de rechazo, marginación y violencia brutal desde una temprana edad, lo cual se traduce en violencia en el seno familiar y en la expulsión del hogar durante la adolescencia, así como de las escuelas e institutos educativos a los que concurren, forzándolas a vivir en la extrema pobreza, con frecuencia debiendo valerse de actividades y economías criminalizadas para su subsistencia, lo cual, a su vez, ha contribuido a que un gran número de personas travestis, transexuales y transgénero registre antecedentes por detenciones en vía pública, procesamientos y condenas penales”, sigue la argumentación.

El texto publicado en el Boletín Oficial de la provincia más poblada de la Argentina reconoce que la ley fue impulsada “desde la sociedad civil por la activista Amancay Diana Sacayán, cuya labor contribuyó decididamente a la sanción de la ley objeto de la presente reglamentación” e indica que el objetivo es “revertir una situación de exclusión y discriminación estructural basada en el prejuicio contra las personas travestis, transexuales y transgénero”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había explicado en 2015 que esta norma tiene la capacidad de “contribuir no sólo a reducir los niveles de pobreza que enfrentan las personas trans, sino también pueden asistir a reducir el número de asesinatos y actos de violencia policial, en la medida que disminuyan el número de personas travestis, transexuales y transgénero en economías informales criminalizadas contribuyendo, asimismo a derrumbar estereotipos y prejuicios relacionados con la identidad de género”.

La sanción de la Ley N° 14.783 también fue destacada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como uno de los aspectos positivos del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos en el quinto informe periódico presentado por la Argentina.

Municipios que ya habían avanzado

A pesar de no estar reglamentada, en algunos municipios y universidades se tomó la decisión política de llevar a cabo el cupo laboral travesti trans. Karina Nazábal, a cargo de la Secretaría de políticas de Género y Niñez de la Defensoría del Pueblo provincial, presentó el año pasado un informe donde advierte que a pesar de la no reglamentación por parte del Poder Ejecutivo provincial, los municipios de Morón, Lanús y Azul, Chivilcoy, Quilmes, Avellaneda, Almirante Brown, Merlo, Tres de Febrero y San Miguel adhirieron a la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans. En la Universidad Nacional de La Plata, la facultad de Psicología decidió presentar un proyecto de Inclusión Laboral para Personas Trans en el Consejo Directivo que fue aprobado en septiembre de este año.  Además el Municipio de Mar del Plata también la implementó así como la Universidad de Mar del Plata, que ya tiene en su plantilla a las primeras trabajadoras trans.

Fuente Agencia Presentes

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Movilh denuncia ante la CIDH 16 casos de violencia estatal contra personas LGBTI ocurridas en el último mes

Viernes, 22 de noviembre de 2019

CIDH-MOVILH-820x394El organismo reportó además que el Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado de Chile firmó para el avance de leyes y políticas públicas LGBTI no ha experimentado ningún avance desde marzo del 2018 a la fecha.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) diversos abusos policiales cometidos por agentes estatales en el último mes.

La cita con el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, tuvo lugar en medio de las diversas reuniones que el órgano internacional está sosteniendo con organizaciones públicas y privadas para recabar antecedentes sobre la situación de los derechos humanos en Chile, la cual se ha visto seriamente vulnerada en medio de las protestas y manifestaciones sociales.

En un su informe para la CIDH, el Movilh reportó 16 episodios de abusos cometidos por carabineros y militares contra personas LGBTI en Santiago (3), Ñuñoa (1), Recoleta (1), Lo Espejo (1), Maipú (1), Reñaca (1), Pedro Aguirre Cerda (1), San Antonio (2),   Viña del Mar (1), Temuco (1), Valdivia (1) y Chiguayante (2).

Del total de atropellos, 8 afectaron a mujeres lesbianas o bisexuales; 5 a hombres gays o bi, 1 a un hombre trans; 1 a una mujer trans y 1 a la población LGBTI como conjunto.

“Las denuncias en ningún caso corresponden a todos los abusos padecidos por las personas LGBTI en manos de agentes estatales. Solo se refieren a hechos donde estuvo cruzada la discriminación o violencia motivada o cruzada por la orientación sexual, la expresión de género o la identidad de género de las personas”, señaló el Movilh.

Junto a los lamentables abusos, el Movilh llamó “la atención respecto a que el Estado de Chile no ha dado cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa firmado con nuestra organización ante la CIDH (caso P-946-12), a tal nivel que no se ha registrado ningún avance en torno al mismo desde marzo del 2018”.

El Movilh precisó que “esperamos un fuerte llamado de atención a Chile por las violaciones a los derechos humanos, así como que el Estado implemente efectivas medidas de reparación, verdad, justicia, sanción y prevención en el breve plazo”,

CASOS DENUNCIADOS

1.- San Antonio, 12 de octubre

Dos mujeres lesbianas, de 22 y 21, años fueron insultadas y agredidas por su orientación sexual por dos militares en momentos cuando se encontraban compartiendo junto amigos y el hermano de una de ellas en una plaza ubicada en Inmaculada Concepción con Del Canelo, sector Llolleo, San Antonio

Los responsables del ataque fueron identificados como Jorge y Omar Rivera Alarcón, hermanos que portaban Tarjeta de Identificación Militar (TIM).

Luego de que uno de los sujetos se acercara al grupo y molestara repetidamente a una de las mujeres con insinuaciones sexuales, la otra le pidió que se detuviera. Lejos de eso, el sujeto, junto al segundo agresor que apareció con un bate de béisbol, comenzaron a pegarles golpes de puño y con el objeto, mientras les gritaban “mariquitas, si quiero me las pesco y les saco la chucha mariconas.

Al caer una de las mujeres al suelo, siguieron golpeándola

Cuando los victimarios entregaron su identificación a carabineros, quedó en evidencia que portaban la TIM, mientras las mujeres quedaron con heridas y hematomas en distintas partes de su cuerpo.

Los sujetos, según la información entregada por carabineros a las víctimas, quedaron detenidos la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes.

Desde esa fecha el Ejército no ha ofrecido disculpas, ni ha aclarado que medidas o sanciones adoptó contra los abusadores.

2.- Ñuñoa, 18 de octubre

Una joven lesbiana de 23 años fue alcanzada por perdigones disparados por carabineros, mientras se manifestaba pacíficamente en la Plaza de Ñuñoa portando la bandera LGBTI.

3.- Lo Espejo, 21 de octubre

Un joven de 21 años, A.F.F.P, fue encarcelado el 21 de octubre en Santiago 1, tras ser golpeado e insultado por su orientación sexual por funcionarios de la 11 Comisaria de Lo Espejo.

El joven fue detenido el pasado 20 de octubre cuando junto su pareja y una prima andaba buscando un lugar donde comprar pan, encontrándose con un supermercado con disturbios. Sin razón alguna, fue acusado falsamente por la policía de robar alcohol, a lo que se añadieron abusos homofóbicos cuando su pareja fue a buscarlo a la 11 Comisaría de Lo Espejo.

El joven denunció que “Carabineros de la 11 Comisaría de Lo Espejo me detuvo afuera del supermercado, me arrestaron y me agredieron dentro del furgón, diciéndome “ladrón culiao esto es lo que andas robando” y me bañaron en alcohol. Luego al llegar a la comisaría empezaron los insultos homofóbicos al descubrir que mi pareja es hombre “Hay un maricón aquí adentro”, dijeron. Me desnudaron y me golpearon frente a los detenidos y así también me obligaron a firmar documentos sin poder yo leerlos. También me negaron el derecho de poder llamar y de poder constatar lesiones”.

Aquí hubo no solo abuso policial; que se tradujo en golpes de pies, puños y objetos contundentes; sino también judicial, pues la jueza del 10 Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Díaz Vera, sin prueba alguna ordenó la prisión preventiva del joven, quien estuvo largos 14 días preso. A esto se añade que Carabineros jamás entregó a las víctimas sus pertenencias personales.

4.- Recoleta, 22 de octubre

Una joven lesbiana de 19 años denunció que mientras se manifestaba de manera pacífica en la comuna de Recoleta, fue insultada en razón de su orientación sexual por funcionarios de carabineros, quienes la calificaron de “maricona” en medio de amenazas de que sería violada para que se transformara en una verdadera mujer.

5.- Santiago Centro, 22 de octubre

Una mujer trans denunció que mientras caminaba por Santiago fue subida sin razón justificada a un furgón militar, donde estaban detenidas otras personas. En el vehículo recibió golpes en su cuerpo y espalda, en medio de insultos por su identidad de género

6.- Temuco: 30 de octubre

Fuerzas policiales agredieron e insultaron en razón de su orientación sexual a activistas LGBTI que se manifestaban pacíficamente por los derechos humanos. “Huecos culiaos” (Sic), “fletos culiaos” (Sic) , fueron algunas de los insultos, mientras un joven fue asfixiado en el suelo por carabineros, siendo dañada su cabeza al caer al suelo inconsciente.

7.- Chiguayante, 1 de noviembre

Un inesperado ataque en razón de su orientación sexual padeció una pareja lésbica en Chiguayante, región del Biobío

Mientras se encontraban en medio de una discusión a una cuadra de su casa, las mujeres fueron abordadas por un matrimonio vecino que las insultó con frases homofóbicas, para luego proceder a propinarles golpes.

El sujeto agresor, que se identificó como carabinero, “me lanzó el suelo y con sus puños comenzó a golpearme en la espalda mientras me gritaba, “tranquila lesbiana culiá (Sic) o te voy a sacar más la mierda. Su mujer retuvo a mi pareja y decía que éramos una escoria para la sociedad”, denunció una de las afectadas.

“Luego llamaron a la patrulla donde fui maltratada por el carabinero de turno, quien se negó a darme su nombre” , finalizó la denunciante.

8.- Santiago Centro, 4 de noviembre

Al dirigirse a su casa, un joven fue impedido de avanzar por un funcionario policial en la Plaza de Armas de Santiago, siendo retenido de manera violenta por su brazo. Al exigir sus derechos, el carabinero le señaló que “Ya te dije que esta calle no está habilitada, menos pa ́ un mariconcito como vó” , (Sic)

9.- Valdivia, 5 de noviembre

Una joven lesbiana que portaba la bandera LGBTI en un plaza de Valdivia fue increpada sin razón por 5 funcionarios de carabineros, quienes junto con tratarla de “bollera de mierda” y darle un manotazo en su cuerpo, la amenazaron con lanzarle gas pimienta.

10.- Maipú, 5 de noviembre 

Un joven trans denunció que fue insultado en razón de su identidad de género por funcionarios de la 25 Comisaría de Maipú. Al momento de ser detenido fue amenazado con que sería golpeado, mientras un funcionario le indicó “Tan maricones que salen ahora?

11.- Reñaca, 5 de noviembre

Una joven fue golpeada en su cabeza con un bate de béisbol por vecinos del sector que vestían chalecos amarillos para impedir el avance de los manifestantes.

Sin ninguna razón ocurrió el abuso, mientras algunos le gritaban negra o lesbiana. Pese a ser testigos de esta agresión física y de los insultos, Carabineros

12- Pedro Aguirre Cerda, 21 de octubre

Un joven universitario, J.M.R de 22 años, fue torturado por funcionarios de la 51 Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, tras ser detenido el 21 de octubre en momentos que ofrecía primeros auxilios en un supermercado.

En ese momento, y sin razón que lo justificara, el joven recibió golpes de bastón, puños y patadas por parte de las policías, situación que le hizo perder el conocimiento. Al despertar en la comisaría, se le informó que estaba detenido por robo.

Ya detenido, fue golpeado e insultado por su orientación sexual, desnudado y abusado sexualmente.

El joven fue trasladado a diferentes centros asistenciales para la constatación de lesiones y en todos los trayectos los policías le dieron más golpes hasta fracturarle su nariz. Pese ello, sus lesiones fueron calificadas como leves.

Una vez de regreso a la comisaría, lo obligaron a gritar su orientación sexual y una funcionaria le propinó golpes de puño hasta romperse los nudillos. Además, lo amenazaron con matarlo una vez que quedara en libertad.

Al momento de ser formalizado, la víctima no fue escuchada ni por el defensor ni por el fiscal

13.- Plaza Sucre de Viña del Mar: 12 de noviembre

Un hombre de 47 años de siglas M.H.D.B, fue insultado en razón de su orientación sexual el 12 de noviembre mientras portaba una bandera LGBTI, en el marco de una manifestación en la que participaba, en la Plaza Sucre de Viña del Mar.

Sin mediar razón, el joven denunció que funcionarios policiales le quitaron la bandera y insultaron señalándole que era un “maricón indeseable”, tras lo cual le propinaron golpes con una luma en distintas partes de su cuerpo.

14.- Santiago Centro: 15 de noviembre

Un estudiante de 24 años, J.P.R.G, fue golpeado e insultado el 15 de noviembre en razón de su orientación sexual por seis funcionarios de las Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes producto de una golpiza le provocaron contusión en tabique nasal, rotura de un diente y hematomas en diversas partes de su cuerpo.

Los hechos ocurrieron en Alameda con San Isidro, donde el joven fue detenido sin que mediara ningún motivo o razón. Fue subido a un carro policial, donde recibió insultos del tipo “maricón culiao (Sic), “maricón de mierda” y “niñita.

La víctima identificó como responsables de los abusos a al menos 4 funcionarios de la 28 Comisaría de Santiago, de apellidos Monares, Jeldrez, Urra y Alveal, este último número de placa 950459.

Alveal fue “quien más me pegó y escupió, además de intentar provocarme para pegarle, a lo cual me negué”, dijo la víctima. Jeldrez, además de “escupirme y decirme “maricón” me ofreció agua, la cual estaba aparentemente contaminada por lo que me negué a tomarla”, añadió. Urra, en tanto, “junto con patearme, me quería obligar a que falseara mi declaración para que “no me fuera más mal”” y “Monares me propinó patadas en las costillas en varias ocasiones”, apuntó.

Al constatar lesiones en el Hospital San Juan de Dios y en el Sapu de Renca, el estudiante debió ocultar lo ocurrido, por temor a las amenazas de los funcionarios.

Fuente MOVILH

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La Comisión de Constitución del Senado de Chile aprueba la idea de legislar el matrimonio igualitario

Jueves, 7 de noviembre de 2019

senado-movilh-300x200Se avanza así en el cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa que Chile asumió ante la CIDH.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, presidida por el parlamentario Felipe Harboe, aprobó hoy por tres a votos a favor y ninguno en contra la idea de legislar el matrimonio igualitario en el marco de una sesión donde expusieron el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y el Observatorio Legislativo y Cristiano.

Votaron a favor de la iniciativa legal de la ex presidenta Michelle Bachelet los senadores Felipe Harboe, Alfonso de Urresti y Francisco Huenchumilla, mientras que los parlamentarios Víctor Varela y Andrés Allamand no asistieron a la sesión.

“Este es un paso para terminar con una discriminación legal y hacernos cargo de una realidad social del chile de hoy”, señaló Harboe. En tanto Huenchillilla destacó que “aprobamos en general el proyecto de ley sobre matrimonio igualitario en la Comisión de Constitución del Senado. Ahora pasa a la Sala del Senado” y De Urresti enfatizó la relevancia de hacer valer el Estado laico en el Congreso Nacional

comision-const-movilh-1-1-300x167Tras exponer hoy en la Comisión, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, dijo que “estamos felices de que por fin el Congreso Nacional dé un paso concreto hacia el matrimonio igualitario, pues esto solo viene a terminar con la vulneración histórica que afecta a parejas del mismo sexo y sus hijos. . El estadillo social, está repercutiendo en todos los planos, esperamos que siga así”.

Esta era la primera vez que la Comisión sesionaba sobre el proyecto de ley desde el 10 de septiembre pasado y tras el estallido social “que entre otras demandas ha levantado el matrimonio igualitario como uno de los principales temas, según reveló el estudio Chilecracia. El Congreso Nacional está en grave deuda, en particular cuando se considera que la mayoría de los parlamentarios dice estar de acuerdo, pero aún no aprueba esta ley. Se debe pasar del discurso a la práctica. Por tanto el resultado de hoy debe ser el mismo en la Sala del Senado”, añadió el Movilh.

En tanto la abogada del Movilh, Mónica Arias, quien también expuso hoy en la Comisión, enfatizó que el proyecto de ley de matrimonio igualitario elaborado por el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet con el concurso de la sociedad civil, “es una obligación internacional que el Estado de Chile asumió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al firmar un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) con nuestra organización. Para la Contraloría General de la República este Acuerdo es legal y vinculante”.

comision-const-movilh-2-300x172Añadió que “por su lado la Corte Suprema chilena y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que el matrimonio es un derecho humano, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que legislar sobre la materia no contraviene la Carta Magna, el Comité para la eliminación da la discriminación contra la mujer (Cedaw) pidió a Chile aprobar la iniciativa, mientras que la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) hizo similar petición a los Estados de todo el mundo. No hay razón para postergar más este tema”

En la sesión de hoy también expuso la directora del Observatorio Legislativo y Cristiano y líder del Bus del Odio, Marcela Aranda, quien rechazó legislar sobre el matrimonio igualitario.

Ahora la idea de legislar deberá ser votada en Sala del Senado, tras lo cual volverá a la Comisión de Constitución para continuar con su tramitación más específica.

Fuente MOVILH

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Histórico: CIDH responsabiliza a Chile por violación a DDHH cometida por el Estado y la Iglesia contra ex monja y docente lesbiana

Viernes, 27 de septiembre de 2019

movilh-sandra_pavezTras 11 años de investigaciones, la Comisión Interamericana resolvió a favor de Sandra Pavez, quien desde el 2007 no puede hacer clases de religión en Chile por decisión de la Iglesia Católica y del Poder Judicial. Así, en un hecho inédito una mujer lesbiana obtiene un primer triunfo sobre el Estado y la Iglesia al mismo tiempo.

 En un hecho histórico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado de Chile como “responsable” de vulnerar la igualdad, la vida privada y la no discriminación al prohibir desde el 2007 que la docente Sandra Pavez pueda ejercer clases de religión en nuestro país solo por ser lesbiana, hecho que fue comunicado y valorado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), organismo que representa a la maestra.

De esa manera, la CIDH desestimó los argumentos de libertad religiosa emanados desde la Cancillería, concluyendo tras 11 años de investigación que el “Estado de Chile es responsable por violación a la vida privada y autonomía, al principio de igualdad y no discriminación, al acceso a la función pública en condiciones de igualdad, al trabajo, a contar con decisiones motivadas y a la protección judicial, (derechos) establecidos en los artículos 11.2, 24, 23.1 c), 26, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento”.

Por estas razones la CIDH decidió denunciar al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que finalmente resolverá las sanciones que pesarán sobre nuestro país.

“Estoy tranquila y emocionada porque se avanza en justicia. Hace 12 años que me arrebataron la docencia, una profesión que ejercí por más de dos décadas. Confío en que la Corte hará justicia con las sanciones”, sostuvo Pavez, cuyo proceso judicial fue representado en Chile por el Movilh, mientras ante la CIDH se contó con el especial respaldo de los abogados Ciro Colombara y Branislav Marelic.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, dijo que “la determinación de la Comisión es histórica por muchos motivos: por garantizar y exigir la no discriminación laboral, por decir que los abusos contra docentes LGBTI son caldo de cultivo para agresiones contra estudiantes LGBTI, por aclarar que la libertad religiosa no es argumento para excluir por orientación sexual o identidad de género y por considerar inaceptable que el Estado pretenda exculparse de responsabilidades en torno a un poder que el mismo entregó a las iglesias”.

“Estamos sin duda en presencia de una resolución con impacto internacional para los derechos LGBTI por todas las aristas que aborda. Nuestro reconocimiento para Sandra, por vencer a dos gigantes responsables históricos de de la homofobia y la transfobia: la Iglesia y el Estado. Estamos seguros de que este triunfo será reeditado en la Corte Interamericana de DDHH”, apuntó Jiménez.

La discriminación

Por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, el 25 de julio del 2007 el Vicario para la Educación del Arzobispado, René Aguilera Colinier, revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le iba a permitir seguir haciendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde la docente ejercía desde 1985.

Esto, luego de que la maestra confirmara que era lesbiana y mantenía una relación con otra mujer y se negara a someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para revertir su orientación sexual. A tanto llegó el acoso de la Iglesia, que en diversas ocasiones, incluidas las noches, curas visitaron el domicilio de Sandra para obligarla a revertir su homosexualidad, llegando al extremo de decirle que había dañado la memoria de su fallecida madre con su orientación sexual.

El clero actuó amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983 y aún vigente que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra.

Por tal razón el Movilh presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual fue rechazado el 27 de noviembre del 2007, siendo la sentencia ratificada el 17 de abril del 2018 por la Corte Suprema. Ambos tribunales estimaron que no se había incurrido en ilegalidad, ni en discriminación, teniendo como argumento el Decreto 924. 11 años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a decir lo contrario.

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La Comisión Interamericana de DDHH

A continuación se reproducen de manera textual algunos párrafos de la histórica resolución de la CIDH.

I.- Sobre actuar de la iglesia

“Si bien en el presente caso la presunta víctima no perdió su trabajo, sino que tuvo que dejar de ser docente de religión y asumir un cargo distinto al que venía ejerciendo por más de 20 años, (…) se trató de un acto profundamente discriminatorio que tuvo un impacto en su trabajo que, en este caso, se trataba del ejercicio de la función pública como docente o maestra en el ámbito educativo”.

-“No está en controversia que el cargo que ejercía Sandra Pavez como docente era cargo público. Tampoco existe controversia sobre el hecho de que la razón que motivó la revocatoria del certificado de idoneidad fue la orientación sexual de Sandra Pavez y el hecho de que mantenía una relación con una persona de su mismo sexo. Esto resulta evidente tanto de los contenidos de la propia revocatoria, como de los hechos anteriores referidos a las indagaciones por parte del vicario sobre la orientación sexual de la presunta víctima y las advertencias que le fueron realizadas, incluso requiriéndole que se sometiera a terapias”.

-Por tanto la revocatoria “constituyó una diferencia de trato, la cual fue basada explícitamente y de manera exclusiva en la orientación sexual de Sandra Pavez”.

-“Los contenidos de la revocatoria no ofrecen explicación alguna que permita determinar la necesidad imperiosa perseguida por la diferencia de trato, la idoneidad de dicha diferencia con relación a tal necesidad, ni su necesidad, ni proporcionalidad estrictas. Por el contrario, la revocatoria se limita a hacer explícito que el criterio diferenciador fue la orientación sexual de Sandra Pavez sin ofrecer motivo alguno que supere un test mínimo de objetividad y razonabilidad, mucho menos un escrutinio estricto como el exigido cuando se trata de dicha categoría”.

II.- Sobre el actuar del Estado y la libertad religiosa

-Frente a la defensa del Estado en orden a que no le correspondía inmiscuirse en temas relacionados con la libertad de religión, la verdad es que Sandra Pavez ejercía en un colegio público y, por tanto, su relación con el Estado era directa, señaló la CIDH.

“La potestad dada a las autoridades religiosas para certificar la idoneidad de las personas se encuentra prevista en la legislación, por lo que el Estado es el que delegó un componente de la función pública a entes no estatales, como las autoridades religiosas. (…) Tal delegación se realizó en términos absolutos, sin establecer salvaguardas para evitar que se realizara de manera arbitraria o violatoria de derechos fundamentales, incluyendo el principio de igualdad y no discriminación (…) Las actuaciones de las autoridades religiosas en el ejercicio de la delegación contenida en el Decreto 924 de 1983 para el ejercicio de una función pública, necesariamente comprometen la responsabilidad internacional de Estado”.

-El Estado debe garantizar el respeto a los derechos humanos no solamente en el ámbito de las actuaciones estatales, sino también en la esfera privada. De esta manera, ante el conocimiento de un acto discriminatorio o trato diferenciado injustificado por parte de un actor no estatal, le es exigible al Estado un deber de protección y respuesta para cesar dicha discriminación y procurar la debida reparación”

– Además se establece que “la injerencia en la vida privada y autonomía de Sandra Pavez fue arbitraria”

-“El derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, implementación, desarrollo y ejecución de las directrices políticas estatales a través de funciones públicas, por lo tanto es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que dichos derechos políticos puedan ser ejercidos en forma efectiva, respetando el principio de igualdad y de no discriminación”.

III.- Sobre el derecho al trabajo, la docencia y la homo/transfobia en las escuelas

“Es esencial que el principio de igualdad y no discriminación guíe toda normativa que regule el acceso y permanencia del personal docente en las escuelas con el objeto de prevenir violaciones a los derechos humanos como las analizadas en el presente caso”.

-“Los actos de represalias, discriminación u hostigamiento en el trabajo en base a la orientación sexual resultan especialmente críticos cuando se enmarcan en un contexto educativo, ya que los Estados deben garantizar que sus políticas vinculadas a la educación, que como se indicó incluye aspectos laborales del personal docente, combatan los patrones sociales y culturales de conductas discriminatorias. De lo contrario, se envía un fuerte mensaje social de rechazo contra las personas con orientaciones sexuales diversas no dominantes, promoviendo conductas no solo contra el personal docente, sino también contra la comunidad de estudiantes, en su mayoría niños y niñas, pertenecientes a este grupo, y refuerza al mismo tiempo el estigma y sentimientos de vergüenza e inferioridad sobre estas personas”.

IV.- Sobre el desamparo judicial

“No solo se discriminó a Sandra Pavez por su orientación sexual en su labor de docencia, sino que no existieron acciones concretas y deliberadas para impedir este tipo de violaciones; por el contrario el Estado las ratificó y reforzó mediante las decisiones de sus autoridades judiciales”.

-“La manera en que se decidió el recurso de protección puso en evidencia la total indefensión en que quedó Sandra Pavez frente al acto discriminatorio sufrido, pues la Corte de Apelaciones de San Miguel no analizó si la revocatoria del certificado de idoneidad violó sus derechos constitucionales o convencionales, sino que se limitó a establecer la legalidad de la actuación por la vigencia del Decreto 924. A pesar de que en su recurso de apelación Sandra Pavez hizo referencia explícita a la necesidad de que se evaluara la arbitrariedad de la medida a la luz de sus derechos, la Corte Suprema validó integralmente la decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel sin motivación alguna y sin responder al alegato de la víctima que resultaba fundamental pues procuraba un pronunciamiento que más allá de la legalidad de la revocatoria, determinara si la misma había violado sus derechos humanos”.

– “Un recurso efectivo implica que el análisis por la autoridad competente de un recurso judicial no puede reducirse a una mera formalidad, sino que debe examinar las razones invocadas por el demandante y manifestarse expresamente sobre ellas”.

V.- Sobre la orientación sexual y la no discriminación

“El principio de igualdad debe entenderse en el sentido de incorporar dos concepciones, una concepción negativa relacionada con la prohibición de diferencias de trato arbitrarias y una concepción positiva relacionada con la obligación de los Estados de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados”.

“La orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención (…) En consecuencia ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o de particulares, pueden disminuir o restringir de modo alguno los derechos establecidos en la Convención” Americana de Derechos Humanos.

-“La orientación sexual hace parte de la vida privada de las personas y, por tanto, se trata de un ámbito que no puede ser sometido a injerencias arbitrarias”.

VI.-Las exigencias

Finalmente la CIHD pide a la Corte Interamericana que exija a Chile reincorporar a Sandra Pavez al cargo que ocupaba, brindarle reparación y compensación económica, modificar el Decreto 924, efectuar control administrativo y judicial contra las discriminaciones y capacitar a personal docente y funcionarios judiciales en no discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Fuente MOVILH

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Chile: Ministerio de Justicia rompe con el compromiso «legal y vinculante» de impulsar el matrimonio igualitario

Lunes, 9 de septiembre de 2019

hernnMinistro de Justicia, Hernán Larraín

Está claro que Chile lo hacen todos… pero no todos tienen los mismos derechos.

El Gobierno borró del Plan Nacional de Derechos Humanos el acuerdo internacional de impulsar el matrimonio igualitario. El compromiso fue firmado por el Estado de Chile y Movilh ante la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fue además declarado vinculante por la Contraloría.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) anunció hoy que denunciará al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “romper el compromiso de impulsar el matrimonio igualitario que adquirió internacionalmente con nuestra organización”.

Lo anterior, luego de que el Ministerio de Justicia, encabezada por Hernán Larraín (UDI),  eliminara del Plan Nacional de Derechos Humanos el compromiso de “impulsar” el matrimonio igualitario, cambiándolo por el de solo “monitorear” el proyecto de ley que en la actualidad tramita la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.

“En 2016 el Estado de Chile firmó con nuestra organización un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) donde se comprometió a impulsar el matrimonio igualitario. Este Acuerdo fue declarado en 2018 legal y vinculante por la Contraloría General de la República En tal sentido, presentaremos un requerimiento ante la Contraloría a objeto de que el Plan Nacional de Derechos se ajuste a este compromiso o se concluya que el Ministerio de Justicia no está cumpliendo con sus deberes en torno al ASA”, señaló el encargado de DDHH del Movilh, Ramón Gómez.

Añadió que “fue en virtud de este Acuerdo de Solución Amistosa que el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet presentó al Congreso Nacional el proyecto de matrimonio igualitario. Y fue también por ello, que añadió el compromiso de impulsar la ley en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que ahora el actual Ministerio de Justicia edita y cambia de manera unilateral y sin el concurso de la sociedad civil”.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, añadió que “el Ministerio de Justicia está desafiando a sistema interamericano de Derechos Humanos al romper con los compromisos del Acuerdo de Solución Amistosa, Por ello denunciaremos al Estado ante la CIDH e iremos a la Contraloría”.

Fuente MOVILH

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