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Chile: Más de 50 personas trans denuncian que el Registro Civil obstaculiza el cambio de su nombre y sexo legal

Sábado, 30 de mayo de 2020

banner-ChileTrans1El Registro Civil simplemente no está ofreciendo audiencias virtuales para el cambio de nombre y sexo legal”, denunció el Movilh. Esto le ha impedido a personas efectuar trámites básicos como compra de comida o asistir al médico o farmacias en período de cuarentenas, lo que contraviene la Ley de Identidad de Género, las recomendaciones de la CIDH y, por cierto, las exigencias sanitarias.

Las denuncias de personas trans a las cuales el Registro Civil les ha negado su derecho a cambiar su nombre y sexo legal han aumentado en los últimos días, subiendo a 54 los casos reportados al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), informó hoy dicha organización

La situación es gravísima, pues  ya es un hecho que el Registro Civil está negando horas de audiencia a  personas trans para que cambien su nombre y sexo legal con la excusa del Covid-19, aún cuando la CIDH ha dicho que justamente por la pandemia estos procesos deben agilizarse, no demorarse”, señaló el dirigente del Movilh, Ramón Gómez, tras precisar que “si solo nuestra organización ha recibido 54 denuncias, imaginamos que el drama es mucho, mucho mayor”.

Añadió que “junto a la negación para dar hora de audiencia se suman otros problemas: a alguna personas les modificaron su fecha de audiencia con  fecha indefinida, también con la excusa del Covid-19. En otros 3 casos, las personas denuncian que pese a haber iniciado el proceso aún no le entregan la cédula. Más aún, muchas personas que ya cuentan con su carnet en mano, denuncian que el Registro Civil no ha notificado del cambio a otras instituciones contenidas en la Ley de Identidad de Género; como son las de Salud o Educación, las policías, el SII  o entidades financieras; lo cual incrementa el drama al no ser reconocida la identidad de género”.

El Movilh explicó que “recientemente enviamos al director del Registro Civil, Jorge Álvarez Vásquez, una carta pidiendo solución a todos estos problemas, pero ellos se limitaron a resolver solo el caso de una persona a la que durante 4 meses tuvieron sin carnet y solo porque le enviamos los datos puntuales de ella, no dando respuesta a nuestra demanda de solución integral para todos/as los/as afectados/as. Además nos enviaron un correo que nadie firmaba. Más grave aún, el Registro Civil llegó al extremo de trasladar a terceros una denuncia confidencial que le hicimos llegar, informando primero a personas ajenas a este hecho de eventuales soluciones, antes que a los directamente involucrados/as, lo cual demuestra un manejo irresponsable de esta situación”.

“En inhumano e inconcebible que en momentos cuando más se necesita una cédula de identidad para pedir permisos en Comisaría Virtual y cuando más aumenta el control policial, con un cuerpo de carabineros con un largo historial de transfobia, el Estado no asegure la mínima dignidad a las personas trans para cumplir con las exigencias sanitarias de las cuarentenas”, apuntó el Movilh.

“Exigimos una vez más al Registro Civil que dé soluciones concretas, para todas las personas.  Esto pasa, por dar audiencias virtuales, dar fechas de audiencias a quienes las han pedido,  acelerar la entrega de cédulas a quienes comenzaron el proceso y,  a hasta alturas, también es necesario el ofrecimiento de disculpas públicas por todo el daño causado”, finalizó el Movilh.

El Movilh recordó por último que en el marco del Covid-19 la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) solicitó el pasado 20 de abril a todos los Estados que garanticen “mecanismos legales sencillos y expeditos que posibiliten a toda persona registrar y/o cambiar, rectificar o adecuar su nombre y los demás componentes esenciales de su identidad como la imagen, o la referencia al sexo o género, de una manera prioritaria durante la pandemia”.

Fuente MOVILH

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Covid-19: Sistema internacional de DDHH exige medidas contra la homo/transfobia, pero en Chile las personas LGBTI sufren olvido estatal y sociopolítico

Sábado, 9 de mayo de 2020

michelle-bachet-onu-movilh-710x394Mientras la ONU y la OEA han advertido sobre los abusos homo/transfóbicos sufridos por personas LGBTI en sus casas o barrios en el marco de la pandemia, en Chile las denuncias por estos atropellos han aumentado un 40%

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) acusó hoy “olvido estatal y sociopolítico para hacer frente a la doble vulnerabilidad que afecta a algunas personas lesbianas, gays, bi, trans e intersex (LGBTI) en el marco de la pandemia Covid-19, con lo cual se han desatendido las exigencias del sistema internacional de derechos humanos, como si la homofobia o la transfobia no existieran en Chile”.

El dirigente del Movilh, Óscar Rementería, precisó que “las denuncias recibidas por nuestra organización por abusos homo/transfóbicos en espacios familiares y vecinales han aumentado un 40% desde el inicio de las cuarentenas y el toque de queda. Una encuesta que aplicamos a la personas LGBTI arrojó similar resultado. Se trata de agresiones físicas y verbales graves. A esto se suma que la víctimas LGBTI no confían en Carabineros, cuyos abusos homo/transfóbicos aumentaron un 100% el último año. Pese a advertir públicamente de esta situación, el Estado no se ha hecho cargo de esta situación, mientras que a nivel sociopolítico existe un olvido”.

“Las víctimas de la homo/transfobia requieren ayuda en tanto son un sector vulnerable al igual que otros sectores discriminados, para los cuales sí se han implementado medidas especiales en el contexto de la pandemia. Aquí no solo se ha dejado de lado a las víctimas, pues a nivel sociopolítico no hay señales pro-derechos LGBTI, mientras buena parte de la prensa no ha dado espacio a esta realidad.  Apelamos a un trato igualitario y justo, que se hace cargo de la doble vulnerabilidad que afecta en cualquier crisis a los sectores desaventajados, sea cual sea la razón de la discriminación que sufren”, señaló.

Del mismo modo “exigimos al Estado y a sus autoridades que se hagan cargo de las exigencias que sobre este tema han formulado Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

Pronunciamientos de la ONU y de la CIDH

El pasado 17 de abril la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que “las personas LGBTI están entre las más vulnerables y marginadas en muchas sociedades, y entre las más expuestas a COVID-19”.

“Sabemos que los esfuerzos para enfrentar la pandemia solo funcionarán si se protegen los derechos de todas las personas a la vida y la salud. Para las personas LGBTI, esto significa identificar y abordar las formas en que son particularmente vulnerables, asegurar que no enfrenten discriminación y buscar soluciones. También significa asegurar que sus voces sean oídas”, añadió

“Para el colectivo LGBTI su casa puede no ser un lugar seguro. Dada la petición #QuedateEnCasa y las medidas de confinamiento, hay que asegurar el acceso a alojamiento y apoyo durante la crisis del #COVID19, redondeó la ex pesidenta de Chile.

Tres días más tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó “a los Estados a garantizar los derechos de igualdad y no-discriminación de las personas LGBTI en las medidas de atención y contención adoptadas, en particular asegurar el acceso de estas personas a servicios de salud y programas de atención social con una perspectiva de seguridad humana integral”.

Para la CIDH, “algunas de las disposiciones adoptadas en los Estados de la región en respuesta a la pandemia pueden conllevar riesgos para los derechos de las personas LGBTI o aquellas que son percibidas como tales, y derivar en actos de discriminación y violencia basados en el prejuicio”.

“La policía y otras fuerzas de seguridad de los Estados de la región, a menudo, comparten las mismas actitudes y prejuicios contra personas LGBTI que prevalecen en la sociedad en general. Considerando las funciones que la policía y otras fuerzas de seguridad cumplen durante la vigencia de las medidas de contención, la CIDH llama a los Estados a adoptar políticas de sensibilización dirigidas a las fuerzas del orden público y a las autoridades judiciales en materia de identidad y expresión de género, que tomen en cuenta que las personas trans y de género diverso, frecuentemente, no cuentan con un documento de identificación personal que refleje de manera adecuada su identidad y/o expresión de género”, apuntó el órgano.

La Comisión reiteró además  “su recomendación de garantizar mecanismos legales sencillos y expeditos que posibiliten a toda persona registrar y/o cambiar, rectificar o adecuar su nombre y los demás componentes esenciales de su identidad como la imagen, o la referencia al sexo o género, de una manera prioritaria durante la pandemia”

Por otro lado, “la Comisión ha llamado la atención reiteradamente sobre la situación de pobreza que afecta a personas LGBTI, caracterizada por exclusión social y altas tasas de falta de vivienda, lo que les empuja hacia la economía informal y a participar en el trabajo sexual”

En paralelo , la Comisión pidió “garantizar el acceso a servicios de salud de las personas LGBTI en observancia del derecho de igualdad y no-discriminación, principalmente durante la pandemia, incluyendo la continuidad en la distribución de antirretrovirales para las personas que viven con VIH”

Por último, “la Comisión resalta que las medidas de distanciamiento físico implementadas para la contención de la pandemia implican que las personas LGBTI, o que son percibidas como tales, incluyendo niñas, niños y adolescentes (NNA), permanezcan en sus hogares durante períodos prolongados. Como ha sido indicado por la CIDH anteriormente, niñas, niños y adolescentes LGBTI a menudo enfrentan el rechazo de sus familias y la comunidad, quienes desaprueban su orientación sexual e identidad de género, lo que les sitúa en una condición particular de vulnerabilidad. Además, no escapa de la atención de la Comisión que muchas personas, incluyendo NNA, han sido obligadas a abandonar sus hogares por razón de prejuicios contra su orientación sexual, identidad o expresión de género”.

Por todo, “la Comisión exhorta a los Estados a adoptar o fortalecer protocolos de atención y sistema de denuncias para las personas LGBTI, incluyendo NNA; y que tomen en cuenta el prejuicio, la discriminación y la violencia que pueden padecer en sus hogares en el contexto de la pandemia, garantizando el refugio seguro de las personas que han sido expulsadas u obligadas a abandonar sus hogares”.

Fuente MOVILH

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La CIDH llama a respetar derechos LGBT+ en el marco de Covid-19: 5 recomendaciones

Viernes, 24 de abril de 2020

ENM_marcha_travesticidios_MG_9738-1500x750Foto: Luciana Leiras/Archivo Presentes

En las últimas semanas en América Latina hubo varias denuncias de las organizaciones de derechos humanos del incremento de vulneración de derechos a personas LGBT+ en el marco de la pandemia de Covid-19. Ya sea porque estas poblaciones están más desamparadas, o porque las medidas de aislamiento obligatorio y control callejero las someten a violencias intrafamiliares o discriminaciones de las fuerzas de seguridad. En el caso de las personas travestis y trans, esto se ve agravado por la situación de emergencia habitacional.

Por estas razones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a los Estados a garantizar los derechos de igualdad y no-discriminación de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), en las medidas de atención y contención adoptadas. Allí pone el ejemplo de Perú, donde el gobierno sacó un decreto para que la circulación fuera por género, y los abusos de las fuerzas de seguridad a la personas trans estuvieron a la orden del día.

“Al respecto, la Comisión ha manifestado en distintas oportunidades que la policía y otras fuerzas de seguridad de los Estados de la región, a menudo, comparten las mismas actitudes y prejuicios contra personas LGBTI que prevalecen en la sociedad en general. Considerando las funciones que la policía y otras fuerzas de seguridad cumplen durante la vigencia de las medidas de contención, la CIDH llama a los Estados a adoptar políticas de sensibilización dirigidas a las fuerzas del orden público y a las autoridades judiciales en materia de identidad y expresión de género, que tomen en cuenta que las personas trans y de género diverso, frecuentemente, no cuentan con un documento de identificación personal que refleje de manera adecuada su identidad y/o expresión de género.”

La Comisión llama a los Estados a emitir pronunciamientos públicos de categórico rechazo a cualquier acto de discriminación basado en orientación sexual, identidad o expresión de género de las fuerzas de seguridad en sus intervenciones a civiles.

Por otro lado, la Comisión hizo referencia la situación de pobreza que afecta a personas LGBTI, caracterizada por exclusión social y altas tasas de falta de vivienda, lo que les empuja hacia la economía informal y a participar en el trabajo sexual. Las personas trans, en particular, enfrentan altas tasas de exclusión de las oportunidades de generación de ingresos y de acceso a programas de bienestar social y servicios de salud. En este sentido, la CIDH ha recibido información de mujeres trans y trabajadoras sexuales que continúan desarrollando sus actividades aún el contexto de la contención del COVID-19, debido a que no cuentan con otras fuentes de ingreso.

Recomendaciones a los Estados

1. En cuanto a la inclusión de las personas LGBTI en las políticas de asistencia social durante la pandemia, garantizar que las personas LGBTI en situación de calle y las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual sean beneficiarias de las medidas adoptadas.

2. Fortalecer los sistemas nacionales de protección de la niñez y adolescencia, reconociendo la particular vulnerabilidad de los NNA que han sido expulsados u obligados a abandonar sus hogares por razón de prejuicios contra su orientación sexual, identidad o expresión de género.

3. Garantizar la continuidad en la distribución de antirretrovirales para las personas que viven con VIH y la atención integral en salud a las personas trans, observando el derecho de igualdad y no-discriminación.

4. Sensibilizar y capacitar, inclusive por medios de formación digital, a las fuerzas del orden público y autoridades judiciales en materia de identidad y expresión de género, para prevenir actos de discriminación y violencia en los controles policiales implementados dentro de los estados de excepción a causa del COVID-19.

5. Emitir pronunciamientos públicos de rechazo a los actos de discriminación o violencia causados por fuerzas de seguridad, así como investigar y sancionar estos actos en observancia del deber de debida diligencia.

Fuente Agencia Presentes

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Argentina: en 2019 aumentaron los crímenes de odio a LGBT+

Miércoles, 25 de marzo de 2020

WhatsApp-Image-2018-06-25-at-18.12.53-1000x500Desde el primer día de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 se perpetraron en Argentina al menos 177 crímenes de odio donde la orientación sexual, la identidad y/o expresión de género de las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para vulnerar sus derechos y ejercer violencias. La información fue dada a conocer hoy, en el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de Argentina. Forma parte de los resultados del Informe “Crímenes de Odio a las personas LGBT+ en Argentina”, que elabora el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT (ONCO LGBT). El Observatorio fue creado por la Defensoría LGBT (que depende del Instituto contra la Discriminación) de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación, en mayo de 2016.

El informe despliega las definiciones de crímenes de odio y da cuenta de diversas modalidades de violencias por prejuicios. Si bien no existe una definición universal de crimen de odio, el Observatorio recolecta esos ataques documentados que fueron cometidos contra alguien a quien se asocia como integrante de colectivos LGBT+.

“De todos los crímenes de odio registrados, el 44% de los casos (78) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir a asesinatos y muertes por ausencia y/o abandono estatal; y el 56% restante de los casos (99) corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, es decir violencia física que no terminó en muerte, dice el informe.

Cómo se recolectan estos datos

Los datos para elaborar este informe se obtuvieron de medios de comunicación y de información recolectada por la Defensoría LGBT -dependiente del Instituto contra la Discriminación (ICD)- de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a través de denuncias recibidas, redes sociales, contactos telefónicos, en articulación con la Federación Argentina LGBT, y su desarrollo territorial en las 24 provincias del país. También de los datos aportados por el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC) perteneciente a la REDLACTRANS.

Por eso, el informe aclara que no son datos exactos, pero “permiten vislumbrar una realidad que es, sin duda, mucho peor de lo que sugieren los números”. Existe otro problema: “no a todas las personas trans que son asesinadas se las registra como trans y se les respeta su identidad de género, y no todos los crímenes de odio de lesbianas, gay y bisexuales se visibilizan como tales, sino que por el contrario, en muchos casos se oculta la orientación sexual de las personas”.

Aumentaron los crímenes de odio respecto de 2018 y 2017

¿Qué nos dicen estos números si se los compara con el mismo informe de años anteriores? “Arrojan una realidad preocupante: la cantidad de crímenes de odio ocurridos en 2019 implican un aumento significativo en relación a los casos relevados en el año 2018 -ciento cuarenta y siete (147)-, y en el año 2017 -ciento tres (103)-”, se consigna junto a los datos.

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Asesinatos y muertes por abandono del Estado

Del total de lesiones al derecho a la vida, el 21% de los casos son asesinatos y el 79% son casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal“La cantidad de casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal es imprecisa y sin dudas significativamente muchísimo menor al real ya que estos no figuran en los medios y solo es posible acceder a ellos a través de la denuncia directa de familiares y mayormente de otras mujeres trans”.

Según el informe, en 2019 hubo en Argentina al menos “16 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual -12 fueron dirigidos a mujeres trans y 4 a varones gay cis-; y 62 muertes por abandono y/o ausencia estatal -todas ellas fueron de mujeres trans-.

Mujeres trans, las más afectadas

Del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de crímenes de odio registrados en 2019, el 64% de los casos corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros), en segundo lugar con el 24% se encuentran los varones gays cis, en tercer lugar con el 8% de los casos le siguen las lesbianas y por último con el 4% los varones trans.


El 95% de las lesiones al derecho a la vida son a mujeres trans. 
El 5% restante a varones gays cis.

“Estos alarmantes números muestran como la violencia hacia la comunidad LGBT está particularmente dirigida: es en las mujeres trans en quienes se manifiesta con especial odio, saña y de manera más brutal la discriminación en su máxima expresión”, contextualiza.

El informe recuerda y describe cómo opera la cadena de exclusiones hacia las personas trans, para quienes la violencia comienza a edades tempranas. “A lo largo de toda su vida las mujeres trans son sometidas, por su identidad y expresión de género, a discriminación, estigmatización, hostigamiento, persecución, violencia física, violaciones, tortura y a otros abusos que en muchos casos terminan en muerte.  En general, las violencias comienzan a una edad muy temprana con la expulsión del hogar causada por los prejuicios de la propia familia y ubica a las mujeres trans en una situación disminuida para encarar cualquier proyecto de vida por falta de recursos materiales y por ende el debilitamiento de la red primaria de contención material y afectiva”. Y agrega: “La discriminación en el mercado laboral responde al funcionamiento de una doble matriz de exclusión. En muchos casos, las personas trans son excluidas debido a su falta de educación formal. Pero aun cuando han tenido estudios -incluso universitarios- suelen ser discriminadas en el acceso al empleo en virtud de su identidad y expresión de género –es decir, porque son trans”.

El informe hace hincapié en que a ocho años de aprobada la ley de Identidad de Género, “aún quedan muchas deudas sociales y estatales para con las personas trans. El Estado tiene la obligación de tomar los recaudos necesarios para prevenir estas muertes, y el deber de implementar medidas de acción positivas orientadas a brindar las oportunidades que históricamente les fueron negadas”.

De 20 a 29 años, el grupo más afectado

Según el informe, en relación a las edades de las víctimas, en los crímenes de odio en donde se registra este dato:

-La franja etaria más afectada es la de personas de entre 20 a 29 años con el 35,29% de los casos.

-En segundo, lugar con el 30,39% de los casos las víctimas corresponden a la franja etaria de 30 a 39 años.

-En tercer lugar con el 14,71% de los casos, personas de 40 a 49 años.

-Luego con el 8,82% la franja etaria de 50 a 59 años. Le siguen con el 4,9% de los casos respectivamente la franja de 10 a 19 años y la de las personas de entre 60 y 69 años.

Violencia institucional

Otra de las observaciones sobre los resultados de este informe: “Las fuerzas de seguridad argentinas y los servicios penitenciarios manifiestan particular saña y odio contra las personas LGBT, y particularmente con comunidad de mujeres trans. Ello se manifiesta en el desconocimiento de sus identidades auto percibidas -burlas, insultos, descalificaciones-, en detenciones arbitrarias con armado de causas judiciales, en la criminalización del trabajo sexual, en la exigencia de coimas o de servicios sexuales gratuitos, en persecuciones, hostigamientos, tratos vejatorios e inhumanos, violaciones y tortura, tanto en la vía pública, como en comisarías y penales”.

Esta situación también es propiciada, porque como recuerda el informe, “en algunas provincias del país existen códigos de faltas y contravencionales que aún hoy contienen figuras abiertas que tipifican faltas a la “moral y las buenas costumbres”, a la “decencia” o al “decoro”, y son utilizadas por las fuerzas policiales como herramienta para justificar su accionar violento y discriminatorio hacia la comunidad trans”.

Se advierte que además existe un sub registro grande de estos casos, “ya que las víctimas la mayoría de las veces no se atreven a denunciar por miedo a reprimendas, por necesidad de seguir trabajando en la zona y hasta en algunos casos por naturalización de las situaciones discriminatorias.

Trans privadas de libertad

En cuanto a la situación de trans privadas de libertad, el informe describe que “son expuestas a condiciones de detención contrarias a lo establecido por la leyes nacionales -la Ley de Identidad de Género particularmente- y los tratados internacionales de DDHH. Las organizaciones sociales de Argentina denuncian el sistemático maltrato y la violencia contra las mujeres trans en contextos de encierro”.

En mayo de 2019, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “una medida cautelar por la desatención sanitaria que padece todo el colectivo trans en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, por considerar que la población trans-travesti alojada en la órbita del Sistema Penitenciario Bonaerense está “en permanente riesgo de sufrir daños irreversibles o la muerte”La historia de Mónica Mego es apenas una de tantas. Mónica quedó parapléjica después de que le negaran acceso a la salid durante seis meses. El informe también cita otros cincos casos de mujeres trans que murieron o sufrieron daños irreversibles en su salud bajo custodia del Estado.

Salta y los territorios más violentos

El informe documenta la distribución geográfica de los crímenes de odio y arroja estos resultados:

-El porcentaje más alto -27%- ocurrieron en la provincia de Buenos Aires; le sigue en segundo lugar con el 24% la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; luego con el 12% la provincia de Salta; posteriormente con el 5% cada una Santa Fe y Río Negro.

-En sexto lugar se encuentran Entre Ríos, Mendoza, Chubut, Jujuy y Santiago del Estero y Tucumán con el 3% cada una; le siguen con el 2,72% cada una, La Rioja, Santiago del Estero, San Juan y Rio Negro; posteriormente con el 2% La Rioja.

-El 4% restante se encuentra distribuido -con porcentajes muy bajos- entre Chaco, Corrientes, Formosa y Santa Cruz. En el 1% de los casos no hay registro sobre el lugar geográfico donde se produjeron los hechos.

“No es casual que los grandes centros urbanos concentren la mayor cantidad de casos de crímenes de odio del país, ya que se es notable la migración de personas de la comunidad LGBT hacia estos, por el gran estigma y la exclusión que acarrea pertenecer a la diversidad sexual en ciudades pequeñas.  En cambio, llama poderosamente la atención la relación entre población y crímenes de odio en la provincia de Salta, ya que esta jurisdicción tiene una concentración poblacional considerablemente más baja que Buenos Aires y CABA, y a pesar de ello se encuentra tercera en cantidad de casos, con casi la mitad de crímenes de odio que en la provincia de Buenos Aires y la mitad exacta de casos que en CABA”.  También aclara que “en las provincias de Argentina con los porcentajes más bajos o inexistentes no hay necesariamente menos crímenes de odio, sino que hay un sub registro.

En la vía pública

En cuanto al lugar físico donde se perpetraron los crímenes de odios, los datos relevados arrojan que:

-El porcentaje más alto ocurrió en la vía pública, con el 47% de los casos.

-El 26% de los casos ocurrieron en viviendas. De ese porcentaje el 20% corresponde a la vivienda particular de la víctima -y está directamente relacionado con la violencia de género y con el ejercicio del trabajo sexual en casas particulares sin ningún tipo de seguridad debido a la falta de regulación-; el 3% de los casos ocurrieron en la vivienda del agresor, y el restante 3% en otra vivienda.

Fuente Agencia Presentes

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Movilh reporta a la CIDH 23 abusos policiales contra personas LGBTI en el marco el estallido social

Jueves, 30 de enero de 2020

cidh-movilh-chile-300x300La Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) inició ayer su visita in loco a Chile

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició ayer una visita in loco en Chile para recabar información sobre el quehacer estatal en el marco de las manifestaciones sociales iniciadas el pasado 18 de octubre, las cuales han estado cruzadas por diversos abusos cometidos por agentes del orden y de la seguridad.

En su primera reunión con grupos de derechos de humanos, la cual tuvo lugar este domingo en el Hotel Intercontinental de Las Condes, el vocero del Movilh, Óscar Rementería reportó que en el contexto del estallido social “han ocurrido en Chile 23 abusos policiales contra personas LGBTI que han tenido un sello homofóbico o transfóbico”.

La vocera del Movilh, Daniel Andrade, quien hoy participará de otra cita con la CIHD, precisó que del total de 23 abusos, 10 atropellos policiales afectaron a personas lesbianas, 9 a gays, 3 a trans y 1 a la población LGBTI como conjunto. Las violaciones a los derechos humanos ocurrieron en Lo Espejo (1), Maipú (1), Pedro Aguirre Cerda (1), Recoleta (1), Santiago (7), Antofagasta (1) Reñaca (1), San Antonio (2), Viña del Mar (1), San Vicente de Tagua Tagua (1) Chiguayante (2), Hualpén (2), Temuco (1) y Valdivia (1).

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“Hablamos de torturas, robos, detenciones arbitrarias, falsas acusaciones, montajes, falsificación de instrumento público e insultos basados en la orientación sexual o la identidad de género, todos cometidos por carabineros”, señaló Rementería.

Por su lado, Andrade apuntó que “los casos los detallamos a uno a uno en un informe entregado a la CIDH. Esperamos que esto sirva para que las recomendaciones destinadas a reformar la institución de carabineros sean cada vez más precisas y, por cierto, que las mismas, se ejecuten con celeridad. Carabineros es hoy un peligro para muchos sectores sociales, como las personas LGBTI”.

Fuente MOVILH

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Tras 4 años, se reglamentó la ley de cupo laboral travesti trans en provincia de Buenos Aires

Lunes, 9 de diciembre de 2019

DSC_7894 Mapa del cupo laboral travesti-trans en Argentina

Después de cuatro años aprobada y cajoneada, se reglamentó la ley de cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires. La Ley nº14.783 fue impulsada por la activista travesti Diana Sacayán y se votó en septiembre de 2015. Un mes después la militante por los derechos humanos fue asesinada con saña en su departamento. Desde entonces el gobierno de María Eugenia Vidal tuvo la reglamentación frenada hasta hoy, que fue publicada en el Boletín Oficial.

“El sector público de la provincia de Buenos Aires debe ocupar en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”, se lee en la publicación.

La reglamentación lleva la firma del Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, del ministro de Gobierno, Federico Salvai y de la gobernadora María Eugenia Vidal. La Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo deberán garantizar que esto ocurra.

Durante estos cuatro años las organizaciones de la diversidad sexual exigieron al gobierno de la provincia de Buenos Aires su implementación pero no obtenían respuestas.

“Esta reglamentación la recibimos con sentimientos encontrados: en principio porque la ley se sancionó en 2015 y la gobernadora María Eugenia Vidal tardó 4 años en reglamentarla a través de un decreto, algo que creemos que llega muy tarde en relación a que durante 4 años murieron muchas compañeras nuestras de hambre, por la exclusión, la falta de recursos, sobre todo de trabajo. Pero también hay que celebrarla,  tenemos esperanzas de que algo cambie”, explicó a Presentes la activista Claudia Vázquez Haro, presidenta de OTRANS Argentina.

Por su parte, la activista Alba Rueda, presidenta de Mujeres Trans Argentina, coincidió en que “es para celebrar: para poner foco en que tenemos la ley Diana Sacayán reglamentada. Esto es una gran noticia para la comunidad travesti trans”. Aunque al igual que la presidenta de OTRANS advirtió sobre la tardanza: “Vidal es ese paréntesis, esa suspensión de la democracia en el recorrido de los derechos de las personas trans. Vidal tenía el texto guardado hasta días antes de terminar su gestión”.

Además seguró que pedirán una entrevista con el futuro gobernador Axel Kicillof para hablar sobre la reglamentación.

Próximos pasos

En el Anexo de la publicación se detallan cómo será reglamentada. En primer lugar, la Administración Pública Provincial deberá comunicar al Ministerio de Trabajo en los próximos 90 días el número total de personas que se desempeñan bajo su órbita. Con esa base, deberán calcular las vacantes que se tienen que generar para poder cumplir con el cupo.

Además, indica que se creará el “Registro de Solicitantes de Empleo ‘Amancay Diana Sacayán’” que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. Allí se asentarán las postulaciones de personas travestis, transexuales y transgénero que aspiren a ocupar vacantes abiertas o reservadas bajo la Ley N° 14.783. La información contenida en ese registro será confidencial.

Una mesa integrada por el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Derechos Humanos deberá monitorear el cumplimiento de la ley, donde tendrán “participación consultiva” las organizaciones trans.

Por qué una ley de cupo Diana Sacayán 

La argumentación de la ley explica el reconocimiento internacional que hubo ante la Ley de  Identidad de Género. Luego cita la ley nº14.783 y retoma sus argumentos: “Las personas travestis, transexuales y transgénero de Argentina se encuentran entre las poblaciones más vulneradas históricamente del país, por lo que padecen persecución, exclusión y marginación sistemáticas, lo cual les genera enormes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato y al efectivo goce de sus derechos humanos”.

“A causa de la criminalización, discriminación y exclusión sistemática a la que fueron y están aún expuestas, las personas travestis, transexuales y transgénero suelen ser víctimas de rechazo, marginación y violencia brutal desde una temprana edad, lo cual se traduce en violencia en el seno familiar y en la expulsión del hogar durante la adolescencia, así como de las escuelas e institutos educativos a los que concurren, forzándolas a vivir en la extrema pobreza, con frecuencia debiendo valerse de actividades y economías criminalizadas para su subsistencia, lo cual, a su vez, ha contribuido a que un gran número de personas travestis, transexuales y transgénero registre antecedentes por detenciones en vía pública, procesamientos y condenas penales”, sigue la argumentación.

El texto publicado en el Boletín Oficial de la provincia más poblada de la Argentina reconoce que la ley fue impulsada “desde la sociedad civil por la activista Amancay Diana Sacayán, cuya labor contribuyó decididamente a la sanción de la ley objeto de la presente reglamentación” e indica que el objetivo es “revertir una situación de exclusión y discriminación estructural basada en el prejuicio contra las personas travestis, transexuales y transgénero”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había explicado en 2015 que esta norma tiene la capacidad de “contribuir no sólo a reducir los niveles de pobreza que enfrentan las personas trans, sino también pueden asistir a reducir el número de asesinatos y actos de violencia policial, en la medida que disminuyan el número de personas travestis, transexuales y transgénero en economías informales criminalizadas contribuyendo, asimismo a derrumbar estereotipos y prejuicios relacionados con la identidad de género”.

La sanción de la Ley N° 14.783 también fue destacada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como uno de los aspectos positivos del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos en el quinto informe periódico presentado por la Argentina.

Municipios que ya habían avanzado

A pesar de no estar reglamentada, en algunos municipios y universidades se tomó la decisión política de llevar a cabo el cupo laboral travesti trans. Karina Nazábal, a cargo de la Secretaría de políticas de Género y Niñez de la Defensoría del Pueblo provincial, presentó el año pasado un informe donde advierte que a pesar de la no reglamentación por parte del Poder Ejecutivo provincial, los municipios de Morón, Lanús y Azul, Chivilcoy, Quilmes, Avellaneda, Almirante Brown, Merlo, Tres de Febrero y San Miguel adhirieron a la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans. En la Universidad Nacional de La Plata, la facultad de Psicología decidió presentar un proyecto de Inclusión Laboral para Personas Trans en el Consejo Directivo que fue aprobado en septiembre de este año.  Además el Municipio de Mar del Plata también la implementó así como la Universidad de Mar del Plata, que ya tiene en su plantilla a las primeras trabajadoras trans.

Fuente Agencia Presentes

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Movilh denuncia ante la CIDH 16 casos de violencia estatal contra personas LGBTI ocurridas en el último mes

Viernes, 22 de noviembre de 2019

CIDH-MOVILH-820x394El organismo reportó además que el Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado de Chile firmó para el avance de leyes y políticas públicas LGBTI no ha experimentado ningún avance desde marzo del 2018 a la fecha.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) diversos abusos policiales cometidos por agentes estatales en el último mes.

La cita con el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, tuvo lugar en medio de las diversas reuniones que el órgano internacional está sosteniendo con organizaciones públicas y privadas para recabar antecedentes sobre la situación de los derechos humanos en Chile, la cual se ha visto seriamente vulnerada en medio de las protestas y manifestaciones sociales.

En un su informe para la CIDH, el Movilh reportó 16 episodios de abusos cometidos por carabineros y militares contra personas LGBTI en Santiago (3), Ñuñoa (1), Recoleta (1), Lo Espejo (1), Maipú (1), Reñaca (1), Pedro Aguirre Cerda (1), San Antonio (2),   Viña del Mar (1), Temuco (1), Valdivia (1) y Chiguayante (2).

Del total de atropellos, 8 afectaron a mujeres lesbianas o bisexuales; 5 a hombres gays o bi, 1 a un hombre trans; 1 a una mujer trans y 1 a la población LGBTI como conjunto.

“Las denuncias en ningún caso corresponden a todos los abusos padecidos por las personas LGBTI en manos de agentes estatales. Solo se refieren a hechos donde estuvo cruzada la discriminación o violencia motivada o cruzada por la orientación sexual, la expresión de género o la identidad de género de las personas”, señaló el Movilh.

Junto a los lamentables abusos, el Movilh llamó “la atención respecto a que el Estado de Chile no ha dado cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa firmado con nuestra organización ante la CIDH (caso P-946-12), a tal nivel que no se ha registrado ningún avance en torno al mismo desde marzo del 2018”.

El Movilh precisó que “esperamos un fuerte llamado de atención a Chile por las violaciones a los derechos humanos, así como que el Estado implemente efectivas medidas de reparación, verdad, justicia, sanción y prevención en el breve plazo”,

CASOS DENUNCIADOS

1.- San Antonio, 12 de octubre

Dos mujeres lesbianas, de 22 y 21, años fueron insultadas y agredidas por su orientación sexual por dos militares en momentos cuando se encontraban compartiendo junto amigos y el hermano de una de ellas en una plaza ubicada en Inmaculada Concepción con Del Canelo, sector Llolleo, San Antonio

Los responsables del ataque fueron identificados como Jorge y Omar Rivera Alarcón, hermanos que portaban Tarjeta de Identificación Militar (TIM).

Luego de que uno de los sujetos se acercara al grupo y molestara repetidamente a una de las mujeres con insinuaciones sexuales, la otra le pidió que se detuviera. Lejos de eso, el sujeto, junto al segundo agresor que apareció con un bate de béisbol, comenzaron a pegarles golpes de puño y con el objeto, mientras les gritaban “mariquitas, si quiero me las pesco y les saco la chucha mariconas.

Al caer una de las mujeres al suelo, siguieron golpeándola

Cuando los victimarios entregaron su identificación a carabineros, quedó en evidencia que portaban la TIM, mientras las mujeres quedaron con heridas y hematomas en distintas partes de su cuerpo.

Los sujetos, según la información entregada por carabineros a las víctimas, quedaron detenidos la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes.

Desde esa fecha el Ejército no ha ofrecido disculpas, ni ha aclarado que medidas o sanciones adoptó contra los abusadores.

2.- Ñuñoa, 18 de octubre

Una joven lesbiana de 23 años fue alcanzada por perdigones disparados por carabineros, mientras se manifestaba pacíficamente en la Plaza de Ñuñoa portando la bandera LGBTI.

3.- Lo Espejo, 21 de octubre

Un joven de 21 años, A.F.F.P, fue encarcelado el 21 de octubre en Santiago 1, tras ser golpeado e insultado por su orientación sexual por funcionarios de la 11 Comisaria de Lo Espejo.

El joven fue detenido el pasado 20 de octubre cuando junto su pareja y una prima andaba buscando un lugar donde comprar pan, encontrándose con un supermercado con disturbios. Sin razón alguna, fue acusado falsamente por la policía de robar alcohol, a lo que se añadieron abusos homofóbicos cuando su pareja fue a buscarlo a la 11 Comisaría de Lo Espejo.

El joven denunció que “Carabineros de la 11 Comisaría de Lo Espejo me detuvo afuera del supermercado, me arrestaron y me agredieron dentro del furgón, diciéndome “ladrón culiao esto es lo que andas robando” y me bañaron en alcohol. Luego al llegar a la comisaría empezaron los insultos homofóbicos al descubrir que mi pareja es hombre “Hay un maricón aquí adentro”, dijeron. Me desnudaron y me golpearon frente a los detenidos y así también me obligaron a firmar documentos sin poder yo leerlos. También me negaron el derecho de poder llamar y de poder constatar lesiones”.

Aquí hubo no solo abuso policial; que se tradujo en golpes de pies, puños y objetos contundentes; sino también judicial, pues la jueza del 10 Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Díaz Vera, sin prueba alguna ordenó la prisión preventiva del joven, quien estuvo largos 14 días preso. A esto se añade que Carabineros jamás entregó a las víctimas sus pertenencias personales.

4.- Recoleta, 22 de octubre

Una joven lesbiana de 19 años denunció que mientras se manifestaba de manera pacífica en la comuna de Recoleta, fue insultada en razón de su orientación sexual por funcionarios de carabineros, quienes la calificaron de “maricona” en medio de amenazas de que sería violada para que se transformara en una verdadera mujer.

5.- Santiago Centro, 22 de octubre

Una mujer trans denunció que mientras caminaba por Santiago fue subida sin razón justificada a un furgón militar, donde estaban detenidas otras personas. En el vehículo recibió golpes en su cuerpo y espalda, en medio de insultos por su identidad de género

6.- Temuco: 30 de octubre

Fuerzas policiales agredieron e insultaron en razón de su orientación sexual a activistas LGBTI que se manifestaban pacíficamente por los derechos humanos. “Huecos culiaos” (Sic), “fletos culiaos” (Sic) , fueron algunas de los insultos, mientras un joven fue asfixiado en el suelo por carabineros, siendo dañada su cabeza al caer al suelo inconsciente.

7.- Chiguayante, 1 de noviembre

Un inesperado ataque en razón de su orientación sexual padeció una pareja lésbica en Chiguayante, región del Biobío

Mientras se encontraban en medio de una discusión a una cuadra de su casa, las mujeres fueron abordadas por un matrimonio vecino que las insultó con frases homofóbicas, para luego proceder a propinarles golpes.

El sujeto agresor, que se identificó como carabinero, “me lanzó el suelo y con sus puños comenzó a golpearme en la espalda mientras me gritaba, “tranquila lesbiana culiá (Sic) o te voy a sacar más la mierda. Su mujer retuvo a mi pareja y decía que éramos una escoria para la sociedad”, denunció una de las afectadas.

“Luego llamaron a la patrulla donde fui maltratada por el carabinero de turno, quien se negó a darme su nombre” , finalizó la denunciante.

8.- Santiago Centro, 4 de noviembre

Al dirigirse a su casa, un joven fue impedido de avanzar por un funcionario policial en la Plaza de Armas de Santiago, siendo retenido de manera violenta por su brazo. Al exigir sus derechos, el carabinero le señaló que “Ya te dije que esta calle no está habilitada, menos pa ́ un mariconcito como vó” , (Sic)

9.- Valdivia, 5 de noviembre

Una joven lesbiana que portaba la bandera LGBTI en un plaza de Valdivia fue increpada sin razón por 5 funcionarios de carabineros, quienes junto con tratarla de “bollera de mierda” y darle un manotazo en su cuerpo, la amenazaron con lanzarle gas pimienta.

10.- Maipú, 5 de noviembre 

Un joven trans denunció que fue insultado en razón de su identidad de género por funcionarios de la 25 Comisaría de Maipú. Al momento de ser detenido fue amenazado con que sería golpeado, mientras un funcionario le indicó “Tan maricones que salen ahora?

11.- Reñaca, 5 de noviembre

Una joven fue golpeada en su cabeza con un bate de béisbol por vecinos del sector que vestían chalecos amarillos para impedir el avance de los manifestantes.

Sin ninguna razón ocurrió el abuso, mientras algunos le gritaban negra o lesbiana. Pese a ser testigos de esta agresión física y de los insultos, Carabineros

12- Pedro Aguirre Cerda, 21 de octubre

Un joven universitario, J.M.R de 22 años, fue torturado por funcionarios de la 51 Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, tras ser detenido el 21 de octubre en momentos que ofrecía primeros auxilios en un supermercado.

En ese momento, y sin razón que lo justificara, el joven recibió golpes de bastón, puños y patadas por parte de las policías, situación que le hizo perder el conocimiento. Al despertar en la comisaría, se le informó que estaba detenido por robo.

Ya detenido, fue golpeado e insultado por su orientación sexual, desnudado y abusado sexualmente.

El joven fue trasladado a diferentes centros asistenciales para la constatación de lesiones y en todos los trayectos los policías le dieron más golpes hasta fracturarle su nariz. Pese ello, sus lesiones fueron calificadas como leves.

Una vez de regreso a la comisaría, lo obligaron a gritar su orientación sexual y una funcionaria le propinó golpes de puño hasta romperse los nudillos. Además, lo amenazaron con matarlo una vez que quedara en libertad.

Al momento de ser formalizado, la víctima no fue escuchada ni por el defensor ni por el fiscal

13.- Plaza Sucre de Viña del Mar: 12 de noviembre

Un hombre de 47 años de siglas M.H.D.B, fue insultado en razón de su orientación sexual el 12 de noviembre mientras portaba una bandera LGBTI, en el marco de una manifestación en la que participaba, en la Plaza Sucre de Viña del Mar.

Sin mediar razón, el joven denunció que funcionarios policiales le quitaron la bandera y insultaron señalándole que era un “maricón indeseable”, tras lo cual le propinaron golpes con una luma en distintas partes de su cuerpo.

14.- Santiago Centro: 15 de noviembre

Un estudiante de 24 años, J.P.R.G, fue golpeado e insultado el 15 de noviembre en razón de su orientación sexual por seis funcionarios de las Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes producto de una golpiza le provocaron contusión en tabique nasal, rotura de un diente y hematomas en diversas partes de su cuerpo.

Los hechos ocurrieron en Alameda con San Isidro, donde el joven fue detenido sin que mediara ningún motivo o razón. Fue subido a un carro policial, donde recibió insultos del tipo “maricón culiao (Sic), “maricón de mierda” y “niñita.

La víctima identificó como responsables de los abusos a al menos 4 funcionarios de la 28 Comisaría de Santiago, de apellidos Monares, Jeldrez, Urra y Alveal, este último número de placa 950459.

Alveal fue “quien más me pegó y escupió, además de intentar provocarme para pegarle, a lo cual me negué”, dijo la víctima. Jeldrez, además de “escupirme y decirme “maricón” me ofreció agua, la cual estaba aparentemente contaminada por lo que me negué a tomarla”, añadió. Urra, en tanto, “junto con patearme, me quería obligar a que falseara mi declaración para que “no me fuera más mal”” y “Monares me propinó patadas en las costillas en varias ocasiones”, apuntó.

Al constatar lesiones en el Hospital San Juan de Dios y en el Sapu de Renca, el estudiante debió ocultar lo ocurrido, por temor a las amenazas de los funcionarios.

Fuente MOVILH

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La Comisión de Constitución del Senado de Chile aprueba la idea de legislar el matrimonio igualitario

Jueves, 7 de noviembre de 2019

senado-movilh-300x200Se avanza así en el cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa que Chile asumió ante la CIDH.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, presidida por el parlamentario Felipe Harboe, aprobó hoy por tres a votos a favor y ninguno en contra la idea de legislar el matrimonio igualitario en el marco de una sesión donde expusieron el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y el Observatorio Legislativo y Cristiano.

Votaron a favor de la iniciativa legal de la ex presidenta Michelle Bachelet los senadores Felipe Harboe, Alfonso de Urresti y Francisco Huenchumilla, mientras que los parlamentarios Víctor Varela y Andrés Allamand no asistieron a la sesión.

“Este es un paso para terminar con una discriminación legal y hacernos cargo de una realidad social del chile de hoy”, señaló Harboe. En tanto Huenchillilla destacó que “aprobamos en general el proyecto de ley sobre matrimonio igualitario en la Comisión de Constitución del Senado. Ahora pasa a la Sala del Senado” y De Urresti enfatizó la relevancia de hacer valer el Estado laico en el Congreso Nacional

comision-const-movilh-1-1-300x167Tras exponer hoy en la Comisión, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, dijo que “estamos felices de que por fin el Congreso Nacional dé un paso concreto hacia el matrimonio igualitario, pues esto solo viene a terminar con la vulneración histórica que afecta a parejas del mismo sexo y sus hijos. . El estadillo social, está repercutiendo en todos los planos, esperamos que siga así”.

Esta era la primera vez que la Comisión sesionaba sobre el proyecto de ley desde el 10 de septiembre pasado y tras el estallido social “que entre otras demandas ha levantado el matrimonio igualitario como uno de los principales temas, según reveló el estudio Chilecracia. El Congreso Nacional está en grave deuda, en particular cuando se considera que la mayoría de los parlamentarios dice estar de acuerdo, pero aún no aprueba esta ley. Se debe pasar del discurso a la práctica. Por tanto el resultado de hoy debe ser el mismo en la Sala del Senado”, añadió el Movilh.

En tanto la abogada del Movilh, Mónica Arias, quien también expuso hoy en la Comisión, enfatizó que el proyecto de ley de matrimonio igualitario elaborado por el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet con el concurso de la sociedad civil, “es una obligación internacional que el Estado de Chile asumió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al firmar un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) con nuestra organización. Para la Contraloría General de la República este Acuerdo es legal y vinculante”.

comision-const-movilh-2-300x172Añadió que “por su lado la Corte Suprema chilena y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que el matrimonio es un derecho humano, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que legislar sobre la materia no contraviene la Carta Magna, el Comité para la eliminación da la discriminación contra la mujer (Cedaw) pidió a Chile aprobar la iniciativa, mientras que la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) hizo similar petición a los Estados de todo el mundo. No hay razón para postergar más este tema”

En la sesión de hoy también expuso la directora del Observatorio Legislativo y Cristiano y líder del Bus del Odio, Marcela Aranda, quien rechazó legislar sobre el matrimonio igualitario.

Ahora la idea de legislar deberá ser votada en Sala del Senado, tras lo cual volverá a la Comisión de Constitución para continuar con su tramitación más específica.

Fuente MOVILH

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Histórico: CIDH responsabiliza a Chile por violación a DDHH cometida por el Estado y la Iglesia contra ex monja y docente lesbiana

Viernes, 27 de septiembre de 2019

movilh-sandra_pavezTras 11 años de investigaciones, la Comisión Interamericana resolvió a favor de Sandra Pavez, quien desde el 2007 no puede hacer clases de religión en Chile por decisión de la Iglesia Católica y del Poder Judicial. Así, en un hecho inédito una mujer lesbiana obtiene un primer triunfo sobre el Estado y la Iglesia al mismo tiempo.

 En un hecho histórico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado de Chile como “responsable” de vulnerar la igualdad, la vida privada y la no discriminación al prohibir desde el 2007 que la docente Sandra Pavez pueda ejercer clases de religión en nuestro país solo por ser lesbiana, hecho que fue comunicado y valorado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), organismo que representa a la maestra.

De esa manera, la CIDH desestimó los argumentos de libertad religiosa emanados desde la Cancillería, concluyendo tras 11 años de investigación que el “Estado de Chile es responsable por violación a la vida privada y autonomía, al principio de igualdad y no discriminación, al acceso a la función pública en condiciones de igualdad, al trabajo, a contar con decisiones motivadas y a la protección judicial, (derechos) establecidos en los artículos 11.2, 24, 23.1 c), 26, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento”.

Por estas razones la CIDH decidió denunciar al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que finalmente resolverá las sanciones que pesarán sobre nuestro país.

“Estoy tranquila y emocionada porque se avanza en justicia. Hace 12 años que me arrebataron la docencia, una profesión que ejercí por más de dos décadas. Confío en que la Corte hará justicia con las sanciones”, sostuvo Pavez, cuyo proceso judicial fue representado en Chile por el Movilh, mientras ante la CIDH se contó con el especial respaldo de los abogados Ciro Colombara y Branislav Marelic.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, dijo que “la determinación de la Comisión es histórica por muchos motivos: por garantizar y exigir la no discriminación laboral, por decir que los abusos contra docentes LGBTI son caldo de cultivo para agresiones contra estudiantes LGBTI, por aclarar que la libertad religiosa no es argumento para excluir por orientación sexual o identidad de género y por considerar inaceptable que el Estado pretenda exculparse de responsabilidades en torno a un poder que el mismo entregó a las iglesias”.

“Estamos sin duda en presencia de una resolución con impacto internacional para los derechos LGBTI por todas las aristas que aborda. Nuestro reconocimiento para Sandra, por vencer a dos gigantes responsables históricos de de la homofobia y la transfobia: la Iglesia y el Estado. Estamos seguros de que este triunfo será reeditado en la Corte Interamericana de DDHH”, apuntó Jiménez.

La discriminación

Por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, el 25 de julio del 2007 el Vicario para la Educación del Arzobispado, René Aguilera Colinier, revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le iba a permitir seguir haciendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde la docente ejercía desde 1985.

Esto, luego de que la maestra confirmara que era lesbiana y mantenía una relación con otra mujer y se negara a someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para revertir su orientación sexual. A tanto llegó el acoso de la Iglesia, que en diversas ocasiones, incluidas las noches, curas visitaron el domicilio de Sandra para obligarla a revertir su homosexualidad, llegando al extremo de decirle que había dañado la memoria de su fallecida madre con su orientación sexual.

El clero actuó amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983 y aún vigente que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra.

Por tal razón el Movilh presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual fue rechazado el 27 de noviembre del 2007, siendo la sentencia ratificada el 17 de abril del 2018 por la Corte Suprema. Ambos tribunales estimaron que no se había incurrido en ilegalidad, ni en discriminación, teniendo como argumento el Decreto 924. 11 años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a decir lo contrario.

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La Comisión Interamericana de DDHH

A continuación se reproducen de manera textual algunos párrafos de la histórica resolución de la CIDH.

I.- Sobre actuar de la iglesia

“Si bien en el presente caso la presunta víctima no perdió su trabajo, sino que tuvo que dejar de ser docente de religión y asumir un cargo distinto al que venía ejerciendo por más de 20 años, (…) se trató de un acto profundamente discriminatorio que tuvo un impacto en su trabajo que, en este caso, se trataba del ejercicio de la función pública como docente o maestra en el ámbito educativo”.

-“No está en controversia que el cargo que ejercía Sandra Pavez como docente era cargo público. Tampoco existe controversia sobre el hecho de que la razón que motivó la revocatoria del certificado de idoneidad fue la orientación sexual de Sandra Pavez y el hecho de que mantenía una relación con una persona de su mismo sexo. Esto resulta evidente tanto de los contenidos de la propia revocatoria, como de los hechos anteriores referidos a las indagaciones por parte del vicario sobre la orientación sexual de la presunta víctima y las advertencias que le fueron realizadas, incluso requiriéndole que se sometiera a terapias”.

-Por tanto la revocatoria “constituyó una diferencia de trato, la cual fue basada explícitamente y de manera exclusiva en la orientación sexual de Sandra Pavez”.

-“Los contenidos de la revocatoria no ofrecen explicación alguna que permita determinar la necesidad imperiosa perseguida por la diferencia de trato, la idoneidad de dicha diferencia con relación a tal necesidad, ni su necesidad, ni proporcionalidad estrictas. Por el contrario, la revocatoria se limita a hacer explícito que el criterio diferenciador fue la orientación sexual de Sandra Pavez sin ofrecer motivo alguno que supere un test mínimo de objetividad y razonabilidad, mucho menos un escrutinio estricto como el exigido cuando se trata de dicha categoría”.

II.- Sobre el actuar del Estado y la libertad religiosa

-Frente a la defensa del Estado en orden a que no le correspondía inmiscuirse en temas relacionados con la libertad de religión, la verdad es que Sandra Pavez ejercía en un colegio público y, por tanto, su relación con el Estado era directa, señaló la CIDH.

“La potestad dada a las autoridades religiosas para certificar la idoneidad de las personas se encuentra prevista en la legislación, por lo que el Estado es el que delegó un componente de la función pública a entes no estatales, como las autoridades religiosas. (…) Tal delegación se realizó en términos absolutos, sin establecer salvaguardas para evitar que se realizara de manera arbitraria o violatoria de derechos fundamentales, incluyendo el principio de igualdad y no discriminación (…) Las actuaciones de las autoridades religiosas en el ejercicio de la delegación contenida en el Decreto 924 de 1983 para el ejercicio de una función pública, necesariamente comprometen la responsabilidad internacional de Estado”.

-El Estado debe garantizar el respeto a los derechos humanos no solamente en el ámbito de las actuaciones estatales, sino también en la esfera privada. De esta manera, ante el conocimiento de un acto discriminatorio o trato diferenciado injustificado por parte de un actor no estatal, le es exigible al Estado un deber de protección y respuesta para cesar dicha discriminación y procurar la debida reparación”

– Además se establece que “la injerencia en la vida privada y autonomía de Sandra Pavez fue arbitraria”

-“El derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, implementación, desarrollo y ejecución de las directrices políticas estatales a través de funciones públicas, por lo tanto es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que dichos derechos políticos puedan ser ejercidos en forma efectiva, respetando el principio de igualdad y de no discriminación”.

III.- Sobre el derecho al trabajo, la docencia y la homo/transfobia en las escuelas

“Es esencial que el principio de igualdad y no discriminación guíe toda normativa que regule el acceso y permanencia del personal docente en las escuelas con el objeto de prevenir violaciones a los derechos humanos como las analizadas en el presente caso”.

-“Los actos de represalias, discriminación u hostigamiento en el trabajo en base a la orientación sexual resultan especialmente críticos cuando se enmarcan en un contexto educativo, ya que los Estados deben garantizar que sus políticas vinculadas a la educación, que como se indicó incluye aspectos laborales del personal docente, combatan los patrones sociales y culturales de conductas discriminatorias. De lo contrario, se envía un fuerte mensaje social de rechazo contra las personas con orientaciones sexuales diversas no dominantes, promoviendo conductas no solo contra el personal docente, sino también contra la comunidad de estudiantes, en su mayoría niños y niñas, pertenecientes a este grupo, y refuerza al mismo tiempo el estigma y sentimientos de vergüenza e inferioridad sobre estas personas”.

IV.- Sobre el desamparo judicial

“No solo se discriminó a Sandra Pavez por su orientación sexual en su labor de docencia, sino que no existieron acciones concretas y deliberadas para impedir este tipo de violaciones; por el contrario el Estado las ratificó y reforzó mediante las decisiones de sus autoridades judiciales”.

-“La manera en que se decidió el recurso de protección puso en evidencia la total indefensión en que quedó Sandra Pavez frente al acto discriminatorio sufrido, pues la Corte de Apelaciones de San Miguel no analizó si la revocatoria del certificado de idoneidad violó sus derechos constitucionales o convencionales, sino que se limitó a establecer la legalidad de la actuación por la vigencia del Decreto 924. A pesar de que en su recurso de apelación Sandra Pavez hizo referencia explícita a la necesidad de que se evaluara la arbitrariedad de la medida a la luz de sus derechos, la Corte Suprema validó integralmente la decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel sin motivación alguna y sin responder al alegato de la víctima que resultaba fundamental pues procuraba un pronunciamiento que más allá de la legalidad de la revocatoria, determinara si la misma había violado sus derechos humanos”.

– “Un recurso efectivo implica que el análisis por la autoridad competente de un recurso judicial no puede reducirse a una mera formalidad, sino que debe examinar las razones invocadas por el demandante y manifestarse expresamente sobre ellas”.

V.- Sobre la orientación sexual y la no discriminación

“El principio de igualdad debe entenderse en el sentido de incorporar dos concepciones, una concepción negativa relacionada con la prohibición de diferencias de trato arbitrarias y una concepción positiva relacionada con la obligación de los Estados de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados”.

“La orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención (…) En consecuencia ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o de particulares, pueden disminuir o restringir de modo alguno los derechos establecidos en la Convención” Americana de Derechos Humanos.

-“La orientación sexual hace parte de la vida privada de las personas y, por tanto, se trata de un ámbito que no puede ser sometido a injerencias arbitrarias”.

VI.-Las exigencias

Finalmente la CIHD pide a la Corte Interamericana que exija a Chile reincorporar a Sandra Pavez al cargo que ocupaba, brindarle reparación y compensación económica, modificar el Decreto 924, efectuar control administrativo y judicial contra las discriminaciones y capacitar a personal docente y funcionarios judiciales en no discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Fuente MOVILH

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Chile: Ministerio de Justicia rompe con el compromiso «legal y vinculante» de impulsar el matrimonio igualitario

Lunes, 9 de septiembre de 2019

hernnMinistro de Justicia, Hernán Larraín

Está claro que Chile lo hacen todos… pero no todos tienen los mismos derechos.

El Gobierno borró del Plan Nacional de Derechos Humanos el acuerdo internacional de impulsar el matrimonio igualitario. El compromiso fue firmado por el Estado de Chile y Movilh ante la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fue además declarado vinculante por la Contraloría.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) anunció hoy que denunciará al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “romper el compromiso de impulsar el matrimonio igualitario que adquirió internacionalmente con nuestra organización”.

Lo anterior, luego de que el Ministerio de Justicia, encabezada por Hernán Larraín (UDI),  eliminara del Plan Nacional de Derechos Humanos el compromiso de “impulsar” el matrimonio igualitario, cambiándolo por el de solo “monitorear” el proyecto de ley que en la actualidad tramita la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.

“En 2016 el Estado de Chile firmó con nuestra organización un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) donde se comprometió a impulsar el matrimonio igualitario. Este Acuerdo fue declarado en 2018 legal y vinculante por la Contraloría General de la República En tal sentido, presentaremos un requerimiento ante la Contraloría a objeto de que el Plan Nacional de Derechos se ajuste a este compromiso o se concluya que el Ministerio de Justicia no está cumpliendo con sus deberes en torno al ASA”, señaló el encargado de DDHH del Movilh, Ramón Gómez.

Añadió que “fue en virtud de este Acuerdo de Solución Amistosa que el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet presentó al Congreso Nacional el proyecto de matrimonio igualitario. Y fue también por ello, que añadió el compromiso de impulsar la ley en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que ahora el actual Ministerio de Justicia edita y cambia de manera unilateral y sin el concurso de la sociedad civil”.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, añadió que “el Ministerio de Justicia está desafiando a sistema interamericano de Derechos Humanos al romper con los compromisos del Acuerdo de Solución Amistosa, Por ello denunciaremos al Estado ante la CIDH e iremos a la Contraloría”.

Fuente MOVILH

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Por primera vez Corte Interamericana de DDHH trata torturas de policías a LGBT+

Sábado, 31 de agosto de 2019

azulPor Vero Ferrari, desde Lima

Foto: Promsex

Azul Rojas Marín fue golpeada, violada y retenida ilegalmente en una estación de policía el 25 de febrero del 2008 en la provincia de Ascope, en el departamento de La Libertad al norte del Perú. Hoy, 27 de agosto de 2019, en el Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se realiza en Colombia, 11 años después de sucedidos los hechos, se presentó el caso Rojas Marín y otra vs Perú en una audiencia. Por primera vez la violencia institucional que sufrió una mujer transexual se presenta ante esta Corte para dar su testimonio de cómo un Estado puede ser partícipe de una tortura que aún no acaba.

Hechos que se denuncian

Aquel 25 de febrero de 2008, con la excusa de que querían que se identificara, el policía Luis Quispe Cáceres y dos de sus compañeros, obligaron a la víctima -que en aquel momento aún no había transicionado y era gay- a subir a un patrullero y se dirigieron hacia la comisaría de Casa Grande. Ahí, Juan Isaac León Pardo y Dino Horacio Ponce Pardo la golpearon.

A pesar de la gravedad de los hechos y de las lesiones físicas y psicológicas que sufrió Azul, su caso fue archivado por el Poder Judicial peruano en 2009. El trato que recibió Azul de los policías y del sistema judicial fue brutal. Con el apoyo de organizaciones pro derechos LGTBI, su caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2016, siendo la primera vista del caso el 1 de diciembre de ese año.

En ella, la CIDH acreditó que Azul fue víctima de violencia física, psicológica y sexual. También que hubo un especial ensañamiento contra ella por su orientación sexual, y que hubo un incumplimiento del Estado peruano, porque no investigó con la debida diligencia. Por lo que recomendó una reparación integral a la víctima y que su caso sea visto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El representante de la CIDH, Luis Ernesto Vargas, señaló hoy frente a la Corte que este es el primer caso sometido a la jurisdicción de este tribunal por la responsabilidad de un Estado como resultado de violencia física y psicológica, incluyendo violación sexual, contra una persona LGBT.

Para qué sirve la sentencia de la Corte IDH

  • La sentencia de la Corte servirá para establecer estándares legales de reparación hacia víctimas de crímenes de odio, con el fin de asegurar que éstas puedan reconstruir sus vidas, reconociendo su identidad en un país que aún se niega a aprobar una Ley de Identidad de Género.
  • También sirve para asegurar que el Estado reconozca que no cumplió con su deber.
  • Cumplir con su función significa que el Estado repare a Azul Marín reconociendo su identidad, sancionando a sus agresores, asegurando su supervivencia material y evitando que situaciones de violencia contra las personas LGTBI en su conjunto vuelvan a repetirse.

“Este caso representa una oportunidad histórica para que el Estado peruano erradique la violencia sistemática contra las personas LGTBI de sus prácticas institucionales y para que la Corte IDH adopte un precedente de gran importancia para la protección de personas LGTBI en toda la región”, expresó a través de su página web el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), que con sus asistencia legal acompañó a la víctima ante la CIDH, junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y a REDRESS. “Las organizaciones que acompañamos el proceso reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de Azul, incluyendo su derecho al debido proceso legal”.

Fuente Agencia Presentes

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La ONU condenó ola de asesinatos a personas LGBTI en Honduras

Lunes, 22 de julio de 2019

orgullo HondurasLa oficina del alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH) condenó las muertes violentas de 20 personas de la población LGBTI en 2019 en ese país. El organismo internacional lamentó que sólo en el mes julio fueron asesinadas tres personas trans y una bisexual.

“La OACNUDH expresa su preocupación frente a estos graves hechos y a las reiteradas denuncias sobre ataques, amenazas y hostigamiento que enfrentan las personas miembros de la comunidad LGBTI en el país”, expresaron en un comunicado difundido el lunes.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se pronunció al respecto: “Urge a las autoridades a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos actos de violencia, tomando en cuenta la posibilidad de que hayan sido motivados en prejuicios basados en la orientación sexual, expresión/identidad de género –reales o percibidas– o características sexuales de estas personas. La CIDH reitera su preocupación ante los altos niveles de violencia en contra de personas trans en la región y la baja expectativa de vida de esta población”, dice el comunicado. 

Los países que conforman el Triangulo Norte de Centroamérica, integrado por El Salvador, Honduras y Guatemala, son considerados con altas tasas de criminalidad y homicidios, de las que también son víctimas la población LGBTI.

Ante el acoso, discriminación, amenazas y muertes, decenas de mujeres trans centroamericanas han integrado caravanas de migrantes que buscan a llegar a los Estados Unidos.

“La situación de los derechos humanos de las personas LGBTI es una gran preocupación en Honduras por las continuas y graves violaciones de derechos humanos que sufren a diario”, indica OACNUDH.

En 2018 la ONU expresó preocupación sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y señaló la impunidad en el elevado número de asesinatos y ataques violentos contra personas LGBTI.

Fuente Agencia Presentes

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Reforma a la Ley Zamudio: proponen creación de una institucionalidad contra la discriminación

Jueves, 21 de febrero de 2019

segegob19-02-19-820x394En el marco de un Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado de Chile y el Movilh firmaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reformar la ley 20.609.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) presentó hoy al ministro secretario general de Gobierno (s), Emardo Hantelmann, un proyecto de ley que reforma la Ley 20.609, más conocida como Ley Zamudio, cuyo compromiso de reformar asumió el Estado de Chile en un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la ocasión, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que desde la entrada en vigencia de la ley en 2012 y hasta julio del 2018, “solo 319 personas han presentado denuncias por la Ley Zamudio y apenas en 90 ocasiones hubo sentencias. Más aún, solo en dos ocasiones se ha podido aplicar la agravante contemplada para los delitos motivados por discriminación. Esta bajas cifras demuestran que la ley no es usada por las personas y, más lamentable aún, cuando se utiliza en pocas ocasiones se alcanza justicia o sanciones contra los responsables”.

El vocero del Movilh, Óscar Rementería, añadió que el “proyecto de ley que hoy hemos presentado al Gobierno; en el marco del ASA firmado por el Estado de Chile con el Movilh y en el contexto del ataque contra la joven Carolina Torres Urbina; pretende por un lado motivar que las personas denuncien y por otro ampliar las penas contra los responsables de los abusos, sancionar la incitación al odio y generar una institucionalidad estatal que prevenga las discriminaciones arbitrarias, ayude a las víctimas y genere políticas públicas y estadísticas”.

El ministro (s) se comprometió a revisar las propuestas del Movimiento con miras a la iniciativa que el Gobierno está trabajando y que será alimentada con una consulta ciudadana sobre discriminación que el Ejecutivo aplicará durante el 2019

De igual manera se aclaró que de parte del Ejecutivo la coordinación de la reforma será asumida por el Ministerio Secretaría General de Gobierno “lo cual es una buena noticia, pues es una repartición con cercanía a los derechos LGBTI”, finalizó la vocera del Movilh, Daniela Andrade.

REFORMA A LEY ZAMUDIO

El proyecto de reforma a la Ley Zamudio elaborado por el Movilh con el apoyo técnico del abogado, académico, investigador y doctor en ciencia jurídica, Fernando Muñoz, contempla, entre otros puntos, los siguientes:

1.- Crea una institucionalidad antidiscriminatoria cuyos objetivos son ayudar legal y psicológicamente a las víctimas,  generar políticas públicas preventivas de la discriminación y supervigilar la aplicación de la ley, entre otras.

2.- Elimina del artículo 6 de la Ley la imposibilidad de impugnar leyes o sentencias discriminatorias.

3.- Elimina el artículo 12, el cual multa al denunciante de la discriminación si es que el tribunal resuelve que no hubo un acto de exclusión. Esta sanción solo desmotiva las denuncias.

4.- Incorpora un artículo que obliga a indemnizar el daño moral y material causado a las personas afectadas por discriminación. En la actualidad, las multas van con cargo al fisco, lo que también desmotiva las denuncias.

5.-  Elimina del artículo 2 un inciso que permite siempre la discriminación arbitraria cuando “se encuentre justificada en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental” establecido en la Constitución.  Esta disposición debe eliminarse porque implica literalmente considerar a unos derechos humanos como más importantes que otros, ubicando al de no la discriminación en una categoría inferior. Si bien es posible que se produzcan colisiones de derechos, éstos debieran resolverse caso a caso en sede judicial, y no generando categorías establecidas por la ley.

6.- Invierte la carga de la prueba. Es decir, se propone que sea el denunciado quien compruebe que no discriminó y no la víctima la encargada de demostrar que sufrió algún tipo de discriminación arbitraria.

7.- Para aplicar la agravante, el proyecto del Movilh cambia de la ley la frase “delitos motivado” por discriminación, por el de “delitos con presencia de elementos discriminatorios”. Esto, porque la motivación del agresor es casi imposible probarla, a tal nivel que solo en dos ocasiones se ha aplicado la agravante. En cambio, si se indica con “presencia de elementos discriminatorios”, basta con demostrar que durante una agresión a alguien lo ofendieron en razón de algunas de las categorías protegidas por la ley.

8.- Creación de un reglamento sobre la ley

Fuente MOVILH

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Madres lesbianas y su hija demandan al Estado de Chile por lesbofobia y por violentar el interés superior del niño

Martes, 5 de febrero de 2019

parejalesbicaysuhija-768x576Se trata de Mayra Opazo, Constanza Monsalves a quienes el Registro Civil de Viña del Mar y la Corte Suprema les negó el reconocimiento de ser ambas madres de Martina, una niña de un año. La demanda fue presentada con el patrocinio de abogados de la UDP y el Movilh.

Con el patrocinio de un destacado equipo de abogados de la Universidad Diego Portales y del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), una familia homoparental demandó al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras ser discriminada por el Registro Civil, la Corte de Apelaciones de Viña del Mar y la Corte Suprema.

Se trata de las convivientes civiles Mayra Opazo, Constanza Monsalves y la de hija de ambas, Martina, quien nació el 17 de abril del 2017 tras un proceso de inseminación artificial. La familia vive en Villa Alemana, y es la primera de regiones que denuncia al Estado por lesbofobia.

El 26 de marzo del 2018 la pareja se dirigió al Registro Civil de Viña para pedir ser reconocidas como madres de Martina, pero la entidad se negó señalando que ello era ilegal. Por tal razón recurrieron a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la que el 15 de junio del 2018 rechazó el recurso de protección por dos votos contra uno, el de la Ministra doña Silvana Donoso Ocampo, quien estuvo por reconocer los derechos de la familia amparada en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Finalmente, el 24 de julio del 2018 la Corte Suprema confirmó la sentencia, negando el derecho de Martina a tener dos madres.

Desde ese momento, la familia comenzó a preparar una fundamentada demanda contra el Estado de Chile que contó con la asesoría de la abogada del Movilh. Mónica Arias y de los/as destacados/as abogados de la Universidad Diego Portales,  Francisco Cox Vial, Jorge Contesse Singh, Domingo Lovera Parmo, Tomás Vial Solar, Fabiola Lathrop Gómez, Macarena Sáez y Verónica Undurraga,

En la demanda, las madres alegan que han “sufrido violaciones a los derechos humanos “ que han significado para nosotras y nuestra hija, graves perjuicios y daños morales”, lo que afecta en el interés superior del niño.

Precisaron que el desconocimiento legal de la doble maternidad “implica negar que aquello es parte de su proyecto de vida familiar, quebrando nuestro proyecto pues, ambas – como pareja – nos sometimos al procedimiento médico, vivimos cada momento de forma intensa y nos involucramos emocionalmente con la idea de ser madres. En la actualidad, mientras solo Constanza tiene reconocida legalmente su calidad de madre Martina, ambas asumimos el de madres en el día a día”.

Añaden que “la prohibición de doble filiación materna (…) configura una injerencia arbitraria en nuestra vida privada, toda vez que influyen en nuestra planificación familiar, desarrollo personal y autodeterminación de ser madres. Con una limitación como la que arbitrariamente se nos impone, inevitablemente se deja afuera a una de las madres de su derecho a ser, sentirse y presentarse como tal. Del mismo modo, se priva a Martina del reconocimiento legal de su verdadera familia. Además, vulnera el derecho a la protección de la familia y protección de los derechos del niño en relación con el derecho a la vida privada, no permitiéndoles la consagración legal de su familia”.

En tanto, los juristas  la UDP y del Movilh precisaron que el negarse la doble maternidad, el Estado violentó normas nacionales e internacionales, entre esas la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos.

En el primer caso se transgredió el deber del Estado de proteger a la familia (artículo 1), de  respetar los tratados internacionales (artículo 5),  y de garantizar la igualdad ante ley y el derecho a la integridad física y psíquica (articulo 19), entre otras disposiciones constitucionales.

De igual manera se violentó la obligación  de los estados de respetar la Convención Americana de Derechos Humanos (articulo 1), la protección de la familia (artí culo 17), los derechos del niño (articulo 19) y igualdad ante ley (articulo 24),  garantizados en el instrumento internacional, el cual reconoce derechos a las parejas del mismo sexo y sus hijos, según  pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Esperamos que la Comisión acoja esta  justa demanda y que Chile sea sancionado”, finalizó el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Fuente MOVILH

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Jean Wyllys, diputado y referente LGTBI en Brasil dimite por amenazas

Lunes, 28 de enero de 2019

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Electo por tercera vez consecutiva como diputado federal por el PSOL en Río de Janeiro, Willys decidió no comenzar su nuevo mandato: “Tengo que cuidar de mi vida, por eso me voy del país”. “No tengo ninguna expectativa positiva sobre este gobierno. El nivel de violencia contra las minorías ha aumentado dramáticamente desde que fue elegido“.

Jean Wyllys se hizo tremendamente popular en Brasil tras ganar la edición de 2005 de Gran Hermano, y es miembro del parlamento del país desde 2011. Desde su escaño Wyllys ha cargado duramente contra Jair Bolsonaro, al que llegó a escupir en el Parlamento en abril de 2016, durante los debates sobre la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff,  después de que éste elogiara a un notorio torturador de la época de la dictadura militar (1964-1985). El Consejo de Ética de la Cámara lo sancionó con una “censura por escrito”, rechazando una moción para suspenderlo de su mandato por un mes.

En una entrevista con el diario Folha, el parlamentario, electo con 24.295 votos y que actualmente se encuentra de vacaciones, reveló que no pretende volver a Brasil y que se va a dedicar a su carrera académica. Según la agencia informativa de la Cámara, Wyllys, de 44 años, aún no ha oficializado su decisión. Pero su asesoría confirmó que el legislador había resuelto desistir de su tercer mandato y que se había marchado de Brasil con la intención de permanecer “fuera del país” por un tiempo, sin precisar el lugar del exilio.

Pero sí ha dicho que estudiará para su doctorado. “He visto mi reputación destrozada por las mentiras y no tenía ningún poder, no podía hacer nada. La gente no tiene ni idea de lo que implica ser un objetivo. No puedo seguir en mi país sin que me insulte gente que piensa que soy un pedófilo, que quiero homosexualizar a los niños.”

Desde el asesinato de su corregionaria Marielle Franco, en marzo del año pasado, Wyllys vive con escolta policial. Con la intensificación de las amenazas de muerte, muy comunes antes del asesinato de la legisladora carioca, el diputado tomó la decisión de abandonar la vida pública.

El ex presidente de Uruguay Pepe Mujica, cuando supo que estaba amenazado de muerte, me dijo: “Cuídese. Los mártires no son héroes. Y es eso, no me quiero sacrificar”, afirma. Como explica el congresista: “Es justo eso. No quiero sacrificarme a mí mismo. Por el futuro de esta lucha, necesito estar vivo. No quiero ser un mártir. Quiero vivir.

De acuerdo con Wylls, en su decisión también pensó la última información de que familiares de un ex Policía Militar sospechado de estar involucrado en la muerte de Marielle trabajaba para el senador electo e hijo del presidente, Flavio Bolsonaro, durante su mandato como diputado estadual en Río de Janeiro.

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Jean Wyllys en una fotografía junto a Marielle Franco

“Me aterra saber que el hijo del presidente contrató en su gabinete a la esposa y madre de ese sicario”, afirma Wyllys. “Ese presidente que siempre me difamó, que siempre me insultó de manera abierta, que siempre utilizó la homofobia contra mi. Este ambiente no es seguro para mí”, señala.

Wyllys explicó que “no fue la elección de Bolsonaro en sí misma” que lo llevó a renunciar a su tercer mandato consecutivo, que debía asumir el 1 de febrero, sino “el nivel de violencia que aumentó después de la elección” del exmilitar, que tuvo un fuerte apoyo de grupos ultraconservadores pentecostales. Dio como ejemplo la multiplicación de agresiones y muertes de miembros de la comunidad LGBT.

El pasado mes de noviembre, después de las elecciones que llevaron a Bolsonaro al poder, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado brasileño que adopte “las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal” de Wyllys y su familia.

Wyllys es el primer parlamentario asumido abiertamente gay para acompañar la agenda LGBTI en el Congreso Nacional. Se convirtió en una de las principales blancos para los grupos conservadores, principalmente en las redes sociales. En esta línea, dice que está “quebrado por dentro” en función de las fake news en su contra y los cinco procesos de injuria, calumnia y difamación que protagonizó.

Wyllys se resiste, sobre todo, a la falta de libertad en Brasil: “Cómo voy a querer vivir 4 años más de mi vida en un auto blindado y con escoltas? Cuatro años de mi vida no pudiendo frecuentar los lugares que frecuento?”, pregunta.

Tambien avisó que se desconectará de las redes sociales temporalmente y que no pretende acompañar la repercusión de su dimisión.

“Esta no es una decisión fácil y me implica mucho dolor, porque también me estoy alejando de mi familia, amigos, de mi círculo cercano”, explica.

Sobre el futuro, él aún no tiene planos definidos: “Creo puedo llegar hasta decir que me voy a Cuba”, ironiza. “Soy profesor y creo que aprovecharé para volver a las aulas y realizar un doctorado”

Por su parte, Wyllys dejó un mensaje a sus miles de seguidores en sus redes sociales que encontraban en él una voz de igualdad: “Preservar una vida amenazada también es una estrategia de lucha para días mejores. Hicimos mucho por el bien común. Y haremos mucho más cuando llegue un nuevo tiempo, no importa si lo hacemos por otros medios! Gracias a todas y todos, de todo corazón. Axé!

El presidente nacional del PSOL, Juliano Medeiros, confirmó que la vacante de Wyllys debe ser ocupada por el suplente David Miranda (PSOL-RJ), que actualmente es concejal en Río de Janeiro.

Después de la divulgación de que Wyllys decidió renunciar a su mandato, el concejal Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), hijo de Jair Bolsonaro, escribió en Twitter: “¡Vaya con Dios y sea feliz!”. El presidente, después de regresar de Davos, en Suiza, a Brasil, puso en red social el mensaje “¡Gran día!”.

Muchos internautas interpretaron el mensaje como referencia a Wyllys, pero el presidente negó más tarde, escribiendo que se refería a la misión concluida en Davos, en torno a Brasil ya la confianza en el país indicado por el resultado de la Bolsa. El suplente David Miranda llegó a escribir: “Respete a Jean, Jair, y mantenga su entusiasmo, sale un LGBT pero entra otro, y que viene de Jacarezinho, otro que en 2 años aprobó más proyectos que usted en 28. Nos vemos en Brasilia”.

Para leer la entrevista completa: pincha aquí .

Fuente Folha de São Paulo/Emergentes.com.ar/ El País 

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Presidenta de la CIDH en histórica audiencia sobre el matrimonio igualitario: “todos los seres humanos tienen derecho a casarse”

Viernes, 7 de diciembre de 2018

CIDHgeneral-820x394La CIDH accedió positivamente hoy a peticiones formuladas por el Movilh y otros seis colectivos LGBTI de las Américas para que se inste a los Estados, y en particular a Chile, a aprobar el matrimonio igualitario.

Una jornada histórica para las familias homoparentales de las Américas se vivió hoy en Washington donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su Primera Audiencia Pública sobre el Matrimonio Igualitario, tras una petición de 7 grupos LGBTI del continente, entre esos el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

La audiencia fue encabezada por la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, quien respondió favorablemente a la petición de los colectivos LGBTI para que se inste a los Estados a aprobar el matrimonio igualitario y para que se exija particularmente a Chile cumplir sus compromisos internacionales sobre la materia.

Tras a los abogados activistas LGBTI de Chile, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y México, la presidenta de la CIDH dijo que “hay una sola raza en el mundo y es la raza humana. Y todos los seres humanos deben tener los mismos derechos. Es un asunto fácil, pero el sentido común no es muy común. Lógicamente todas las parejas tienen el derecho a casarse”.

presidentaCIDH-300x177Añadió que las personas LGBTI “tienen derecho a gozar de todos los derechos que tienen otros seres humanos. Es su dignidad. Haremos todos los esfuerzos posibles para alentar a los Estados a que avancen en el matrimonio igualitario”.

Su opinión fue compartida por la relatora sobre los derechos de las personas LGBTI, Flávia Piovesan. “Es muy importante tener acercamiento sobre las formas de lucha de la región. La relatoría comparte que el principio de la igualdad es fundamental para los derechos humanos. Sobre el matrimonio igualitario estamos con ustedes y vamos a evaluar los pasos más adecuados a seguir”, dijo.

Junto a May Macaulay, Piovesan, estuvieron la primer vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, la secretaria adjunta, María Claudia Pulido y la relatora Soledad García Muñoz, quienes también apoyaron la demanda de los movimientos LGBTI.

Junto a los abogados que representan al Movilh; Ciro Colombara y Hunter Carter; intervinieron hoy ante la CIDH representantes de la Asociación de Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica, Visibles de Guatemala, Asociación Cozumel Trans de Honduras, la Fundación Iguales de Panamá, la Fundación Igualitxs de El Salvador y la Alianza para el Matrimonio en las Américas.

En concreto se planteó una petición general de todos los grupos y dos específicas para Chile y México. En el primer caso se solicitó a la CIDH la implementación de medidas o mecanismos para que los Estados efectivamente cumplan con la Opinión Consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre del 2017.

CIDH-abogados-Movilh-300x166En dicho texto, la Corte pidió a todos los Estados parte de la OEA que “garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación”.

Por su lado, Colombara y Carter solicitaron que se pida al Estado de Chile cumplir con el compromiso de impulsar el matrimonio igualitario que asumió en un Acuerdo de Solución Amistosa firmado en 2016.

En relación a México, se solicitó a la CIDH que acoja una denuncia presentada en mayo del 2014 contra ese país por prohibir el matrimonio igualitario.

Finalizada la audiencia, el Movilh aplaudió “esta señala histórica que hoy ha dado la CIDH para las familias homoparentales y el matrimonio igualitario. Esperamos saber en el corto plazo, de qué manera la CIDH instará a los Estados, y en especial a Chile, para que impulsen el matrimonio igualitario”.

Fuente MOVILH

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Hito: Comisión Interamericana de DDHH convoca a su primera audiencia temática sobre matrimonio igualitario en América Latina

Sábado, 10 de noviembre de 2018

cidhLa audiencia fue solicitada por colectivos LGBTI de diversos países y por los abogados que representan al Movilh en su demanda internacional contra Chile por la prohibición del matrimonio igualitario.

En un hecho sin precedentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha convocado a su primera Audiencia Temática sobre el Matrimonio Igualitario, tras una petición de colectivos LGBTI de distintos países, entre esos el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

La histórica audiencia tendrá lugar el 5 de diciembre del 2018 en el marco del 170 Período de Sesiones de la CIDH que se desarrollará en Washington, tras la petición de los movimientos LGBTI que fue coordinada por los abogados que representaron al Movilh en su demanda internacional por el matrimonio igualitario, los juristas Hunter Carter y Ciro Colombara y Branislav Marelic.

De esa manera, se analizará la CIDH analizará situación actual del matrimonio igualitario en las américas, así como los deberes de los Estados al respecto.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, declaró que “estamos muy felices y emocionados de que el matrimonio igualitario sea una temática de la máxima relevancia para la promoción de los derechos humanos al interior CIDH, como queda de manifiesto con la futura realización de esta audiencia”

Añadió que “sin duda la CIDH hará historia con esta audiencia que contribuirá a impulsar el matrimonio igualitario, lo cual es de especial relevancia para Chile luego de que el Gobierno se negara a cumplir un compromiso del Estado en estas materia, tras un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado con nuestra organización. Sin duda, el rechazo del Gobierno de Sebastián Piñera a cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, como ha ocurrido con su oposición a puntos claves del ASA, será uno de los temas relevantes de esta audiencia”.

Además del Movilh, la petición de audiencia sobre matrimonio igualitario fue solicitada por la Fundación Igualitxs de El Salvador, HDuarte Legal de El Salvador, Fundación Iguales de Panamá, Asociación Ciudadana Acceder de Costa Rica, Asociación de Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica, Visibles de Guatemala, Asociación Cozumel Trans de Honduras y AMA, de Estados Unidos.

Esta es la segunda vez que la CIDH accede favorablemente a una petición de audiencia temática sobre parejas del mismo sexo. La primera vez fue en 2009, cuando la CIDH celebró, tras una petición del Movilh, una histórica audiencia sobre las uniones civiles, dando paso a importantes medidas a favor de este tipo de legislaciones en América.

Fuente MOVILH

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Chile: “El Gobierno falta a la verdad, pues el Estado sí tiene la obligación de impulsar el matrimonio igualitario”

Lunes, 22 de octubre de 2018

matrimonio-igualitario-820x394Así reaccionó el Movilh luego de que el Ejecutivo señalara no estar obligado a impulsar dicha ley y que ya cumplió al respecto. El acuerdo firmado ante la CIDH desmiente por sí solo al Gobierno.

Luego de que el Gobierno de Sebastián Piñera señalara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado, ni el Ejecutivo están obligados a impulsar el matrimonio igualitario, información que hoy difunde La Tercera, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), declara y anuncia lo siguiente:

1.- El Gobierno de Sebastián Piñera falta a la verdad al indicar que el Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado de Chile firmó con nuestra organización no lo obliga a impulsar el matrimonio igualitario, por tanto:

1a. En el punto III.1 del ASA se señala expresamente que el Estado debe “impulsar en conjunto con los peticionarios un proceso de discusión pública del matrimonio igualitario”, que involucre al Gobierno, al Congreso Nacional y a la Sociedad Civil.

1b. En el punto III.3 del ASA, el Estado se compromete a ”adoptar las medidas necesarias, incluidas las de promoción, para impulsar la iniciativa de matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva”.

1.c El pasado 17 de mayo del 2018, el Gobierno de Sebastián Piñera firmó un adenddum donde se comprometió a dar el total cumplimiento el ASA, sin hacer observación u objeción alguna a los compromisos sobre de matrimonio igualitario.

En concreto, señala el adenddum, “con este acto se confirma la voluntad del Gobierno en cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos contraídos por el Estado de Chile en lo referente a las materias que comprende el presente Acuerdo de Solución Amistosa”.

Este compromiso fue firmado por los/as ministros/as vocera de Gobierno, Cecilia Pérez; de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero; de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá; de Justicia, Hernán Larraín; de Salud, Emilio Santelices; de Educación, Gerardo Varela y por la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

2.- Es falso que el Gobierno ya hubiese cumplido con el impulso del matrimonio igualitario. Es de conocimiento público que el actual Gobierno no ha hecho ninguna gestión a favor del matrimonio igualitario, por tanto, mal podría cumplir con su impulso. Esta evidente falta a la verdad del Ejecutivo, deja en muy mal pie los niveles de confianza y transparencia que se requieren para dialogar sobre cualquier ASA.

3.- Para la CIDH es claro que a través del ASA el Estado de Chile se obligó a impulsar el matrimonio igualitario y que, por tanto, el cumplimiento del acuerdo pasa por adoptar medidas al respecto. Que el Gobierno niegue ello, y con publicidad a través de la prensa, es de gravedad extrema, así como un insulto y una falta de respeto a la CIDH y a nosotros/as, en calidad de peticionarios/as.

Tan obligado está el Gobierno a cumplir con el ASA que:

3.a Para una próxima reunión de la Comisión de Seguimiento del ASA, el Estado deberá gestionar la presencia de un miembro de la CIDH, a objeto de seguir evitando erróneas interpretaciones del ASA.

3.b. El Ejecutivo debió reponer la semana anterior el sitio sobre matrimonio igualitario que nuestra organización había desarrollado junto a la ex presidenta Michelle Bachelet, el cual había sido eliminado en julio pasado.

El sitio fue repuesto justamente porque es una de las tantas medidas que el Ejecutivo debe ejecutar por obligación para impulsar el matrimonio igualitario

4.- Lamentamos profundamente que el Ejecutivo falte a la verdad ante la CIDH respecto al debate sobre el matrimonio igualitario que sostuvimos con el Gobierno anterior y al espíritu que a ambas instancias nos motivó a firmar el ASA. El Gobierno de la presidenta Bachelet jamás se negó a impulsar el matrimonio igualitario, como mañosamente indica el actual Ejecutivo, según información difundida hoy por La Tercera y que el Gobierno no ha desmentido

5.- Repudiamos que una vez más sean agentes gubernamentales los que filtren a la prensa informaciones falsas sobre el ASA y que van en el sentido contrario del compromiso asumido por el Estado. Ello porque lo difundido hoy por La Tercera, posiciona al Gobierno como contrario al matrimonio igualitario, lo cual por donde se mire, constituye una violación del ASA.

6.- Insistiremos ante la Cámara de Diputados para que cite al Gobierno a dar explicaciones por estas y otras inconsistencias y afirmaciones falsas sobre el ASA, y gestionaremos ante el Ejecutivo que la coordinación del Acuerdo lo asuma un ente con capacidad y voluntad para cumplir los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

Fuente MOVILH

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Chile: Gobierno y sociedad civil se reúnen en mesa de trabajo para impulsar derechos LGBTI

Martes, 16 de octubre de 2018

subseuno-820x394En el marco del cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile firmó ante la CIDH

El Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Justicia desarrollaron hoy la Primera Mesa de Trabajo con la sociedad civil para avanzar en el cumplimiento de las medidas legislativas y de políticas públicas contempladas en el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) firmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

asa3-300x225La convocatoria fue inaugurada por la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren y por el subdirector de la División de Organizaciones Sociales, Sebastián Lafaurie, además de contar el espacio con la asistencia de representantes de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Oficina de la Diversidad de Providencia.

En la ocasión se debatió y recibieron propuestas de las organizaciones de DDHH para impulsar la adopción homoparental, reformas a la Ley Zamudio, al Acuerdo de Unión Civil y a los artículos 365 y 373 del Código Penal, así como para crear y perfeccionar políticas públicas sobre los derechos LGBTI en los campos de la educación, la salud y el trabajo, entre otros.

asa2-300x212Las propuestas e ideas sobre estos puntos provinieron de Acción Gay, Ceres, Corporación Humanas, Fundación Iguales, OTD, Sindicato Amada Jofré, Todo Mejora, Mums y Movilh, organizaciones que coincidieron en la necesidad de avanzar lo antes posible en la plena igualdad social y legal para las familias homoparentales y para las personas con orientación sexual o identidad de género diversa

Entre otros, los colectivos LGBTI solicitaron al Ejecutivo plazos para la concreción del ASA y de las propuestas sugeridas hoy, para lo cual se espera respuesta en las próximas semanas.

Los temas concretos tratados hoy corresponden al punto III.8 del ASA aquí expuesto.

Fuente MOVILH

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Chile: Diputados Díaz y Walker piden que el Gobierno explique en la Comisión de Constitución como impulsará el matrimonio igualitario

Sábado, 13 de octubre de 2018

walkerydiaz-816x394Los parlamentarios buscan que el Gobierno aclare el estado del Acuerdo de Solución Amistosa que Chile firmó ante la CIDH para el impulso del matrimonio igualitario y de otras medidas. El Movilh valoró la gestión de los parlamentarios.

Los diputados Marcelo Díaz (PS) y Matías Walker (DC) solicitaron a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara que cite al Ministro de Justicia, Hernán Larraín, y a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, para que expliquen como el Ejecutivo impulsará el matrimonio igualitario y otras medidas del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado por el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La petición ocurrió a días de que la CIDH citara al Gobierno, luego de que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunciara distintos incumplimientos del ASA, entre esos la falta del impulso del matrimonio igualitario.

Díaz explicó en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que Larraín y Recabarren deben ser citados para dar cuenta sobre el ASA, el cual “establece varias cosas, como el proyecto de ley de identidad de género, el matrimonio igualitario y campañas de prevención y no discriminación. Hay un catálogo de cosas que están comprometidas por el Estado de Chile. La situación es preocupante, pues habría ciertos incumplimientos al respecto”.

En tanto, Walker señaló que “hemos reiterado que aquí hay un compromiso del Estado de Chile. Independientemente de las distintas posturas que cada parlamentario pueda tener, lo que no puede hacer el Congreso Nacional es dejar de discutir el tema”.

Añadió que “hay una necesidad de que el gobierno del presidente de Sebastián Piñera explicite la forma como va a cumplir con este compromiso de Estado. Hemos conversado además con la nueva presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, Natalia, Castillo, y con la diputada Pamela Jiles para que independientemente del trámite en el Senado (donde la ex mandataria Michelle Bachelet ingresó el proyecto de ley en el marco del cumplimiento del ASA), la Cámara de Diputados pueda discutir los distintos proyectos que hemos presentado sobre matrimonio igualitario”.

El Movilh “valoró las medidas tomadas por Díaz y Walker, en tanto comprenden que el impulso del matrimonio igualitario, involucra al Estado como conjunto, y ninguna institución puede boicotear , entorpecer o no cumplir este compromiso, menos el Gobierno o el Congreso Nacional. Esperamos que la presencia de Larraín y Recabarren en la Comisión, sirva para aclarar todas las dudas que el Congreso Nacional y la ciudadanía puedan tener en torno al estado de avance del ASA”.

Fuente MOVILH

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