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Una mujer trans murió presa luego de que en la cárcel le negaran atención médica durante meses

Martes, 16 de agosto de 2022
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CC2D0242-1E77-4430-AAC3-A49523CB5112Sasha tenía 38 años y desde diciembre manifestó problemas de salud, luego de una golpiza. En el penal, afirmaban que simulaba para obtener beneficios.

BUENOS AIRES, Argentina. Sasha Barrionuevo tenía 38 años, 13 hermanes y 35 sobrines. Como sucede con muchas mujeres trans, no encontró otra fuente de ingresos que la prostitución. Durante mucho tiempo tuvo que lidiar con el maltrato policial en las calles de Mar del Plata. Pasó su último año y medio de vida, presa. Sufrió y denunció golpizas. Su cuerpo dio múltiples señales de alarma, pero la acusaron de ser una simuladora. Murió en el hospital, casi en simultáneo con la firma de su liberación. La agonía fue la llave para salir del encierro. Para desentenderse de ella, cuando ya era tarde.

Sasha falleció el 20 de julio en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende. Allí la habían derivado mientras estaba detenida en la alcaidía 44 del Complejo Carcelario de Batán. Había bajado más de 30 kilos en el último tiempo, estaba perdiendo la visión y casi no tenía movilidad cuando la llevaron en camilla a recibir atención extramuros. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que venía monitoreando su situación, reclama que se investiguen las causas de su muerte y la incidencia de la falta de acceso a la atención sanitaria.

“Ella me decía que se sentía muy enferma. Perdió 35 kilos abruptamente. Vomitaba, tenía pérdida de visión, estaba desorientada. Pero ella y las compañeras decían que los del Servicio Penitenciario no le creían. Por una enfermedad de base que tenía, estaba comprometido su sistema inmunológico. Le tendrían que haber hecho estudios para descartar meningitis, tuberculosis, todo. ¿Cómo no la llevaban al hospital? La dejaron estar. Su muerte se podría haber evitado”, se indigna Yésica Gómez, una de las muchas sobrinas de Sasha. Tenían casi la misma edad y un vínculo muy cercano: “Nos criamos juntas”.

El golpe y la caída

En diciembre del año pasado, Yésica vio los videos que mandó Sasha tras una represión en la Unidad 54, donde estaba alojada por entonces. “Ahí se ve que le están pegando. Las compañeras trans decían que no le peguen. Se escucha que alguien dice que le habían marcado la cara, que le habían doblado un dedo. Ahí todavía estaba más gordita”, cuenta Yésica sobre su tía. Después, comenzaron la pérdida de peso y el deterioro.

A Sasha la conocemos el 22 de diciembre en la Unidad 54. Se comunica con nosotros porque había sido gravemente golpeada por el Servicio Penitenciario. Sufre un golpe en la cabeza y comienza con problemas en un ojo. Hicimos varias presentaciones por atención a la salud, pero nunca la vio un oftalmólogo, que era lo que a ella le preocupaba”, dice Antonella Mirenghi, directora del Comité Contra la Tortura de la CPM.

Desde ese espacio volvieron a ver a Sasha en junio. “Estaba muy deteriorada, le costaba hablar. Estaba bajo efectos de medicamentos que no sabía cuáles eran. Ahí decidimos ir a la historia clínica y consultar por su situación de salud. Los médicos de Sanidad de la U44 nos dicen que a criterio de ellos era un simulacro. Que estaba simulando para conseguir algún beneficio procesal. Lo consultamos con el director y nos refiere lo mismo, advierte Mirenghi.

Y remarca: “No consultaron un médico extramuros. No tuvo interconsultas. En 15 días la volvemos a ver en un estado más crítico. Las compañeras nos decían que muchas veces no se quería levantar. Había empeorado notablemente en menos de un mes”.

Ante ese panorama, la CPM presentó un hábeas corpus. “Ese mismo día la sacan al hospital. Empiezan a tratarla primero por tuberculosis. La aislaron por eso, pero luego los estudios dieron negativo. Estuvo internada diez días. Fue el deterioro total, hasta que fallece el 20 de julio, relata Mirenghi. “Los familiares dicen que a horas de su muerte su hermana firma la libertad de Sasha que había otorgado el Tribunal Oral Criminal 3 de Mar del Plata. Y su familia cuenta que a raíz de aquella represión de diciembre su estado de salud había empeorado. No podemos afirmar que esa haya sido la causa, pero la familia pudo detectar que algo estaba pasando”, plantea.

A morir a casa

“Ya la enterramos. Pero queremos que le hagan una autopsia. Para que se pueda ver que dejaron avanzar todo. Había rumores en la cárcel de que la estaban dejando morir”, asegura Yésica, sobrina de Sasha. Cuenta, además, que “le iban a dar prisión domiciliaria, pero por condiciones ambientales le dio negativo. Porque no tenía medidor de luz y no podía ir con la pulsera electrónica a esa vivienda (en Barrio Centenario). Pero en el último tiempo se rumoreaba que la querían mandar a la casa, aunque le dio negativo el permiso. Para que no se muriera ahí dentro”.

La sobrina de Sasha sostiene que cuando le ponen el respirador, el Servicio Penitenciario estaba apurado por irse y que le saquen las esposas. Le dieron la libertad y murió. Al darle la libertad, el SP ya no era responsable. Así se lavaron las manos”. Denuncia, además, que su tía “no estaba bien registrada en el hospital. Era un fantasma. Tuvo que ir alguien de dirección a corroborar que estaba ahí. Figuraba alguien con el mismo nombre, pero dada de alta”.

El caso es investigado por la fiscalía 10 de Mar del Plata, especializada en delitos contra la administración pública. “En teoría se iba a investigar la cuestión de los médicos, la desatención de la salud. Y vamos a insistir con esto, estamos pensando en presentarnos en la causa. Todos los días estamos en comunicación con la fiscalía y vamos a seguir presentando y solicitando prueba. Que se llame a declarar a familiares, a compañeras de pabellón, para que den cuenta de su estado de salud”, apunta la directora del Comité Contra la Tortura de la CPM.

Lo que pasó con Sasha, remarca Mirenghi, “no es un caso aislado. Las cárceles de la Provincia de Buenos Aires están atravesando una crisis sanitaria que se profundizó en pandemia. Y en esta población que ya entra con una trayectoria de violencias y cuestiones deterioradas de su salud -por todo lo que conocemos sobre la población trans y travesti-, las que no ingresan con enfermedades de base se enferman dentro, y las que ingresan enfermas se agravan en el encierro”.

“La cárcel pesa y agobia a toda la población, pero sobre todo a la población femenina, a mujeres y diversidades”, decía tiempo atrás a esta agencia Josefina Ignacio, del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Y agregaba: “Porque la cárcel está construida, fue concebida, para varones (…) La mujer trans o cis que llega a la cárcel en general ya ha sido vulnerada y en la mayoría de los casos ha sufrido violencia de género. Casi todas. Lo encontrás en cada uno de sus testimonios. Y lo siguen padeciendo ahí adentro”.

En línea con lo planteado también por otros organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Equipo de Género y Diversidad de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), la referenta de la CPM cuestiona que “no hay políticas pensadas para la población trans travesti, con toda la especificidad de acompañamiento que necesitan por las patologías que tienen y pensando en alojamientos acordes a su género. Dentro del encierro sus patologías se agravan, sus tratamientos hormonales se interrumpen, se dejan de controlar, algo que venimos denunciando. Hay una criminalización muy grande sobre esta población y un 70% en la PBA está por venta o tenencia de estupefacientes”. Como pasó con Sasha.

Maternar sobrines

Antes de ser detenida, Sasha pasaba todos los domingos en la casa de su hermana Romina. Con la que tenía más vínculo. La mamá de cinco de sus 35 sobrines. “Era una tía muy presente. A sus sobrinos les llevaba el mundo, les compraba todo. Eran como sus hijos. Ella siempre lo dijo. Que era su segunda mamá”, se emociona Romina Barrionuevo. Y aclara: “Ella no era solo mi hermana. Era mi mejor amiga, mi mamá. Era todo para mí. Dejaron morir a la persona equivocada”.

Romina cuenta que Sasha comenzó su transición alrededor de los 13. Al principio les ocultaba a su mamá y a su papá. Pero cuando se enteraron, la aceptaron.En la familia no hubo discriminación”, dice. En otros ámbitos, sí.

“Antes que cayera presa estábamos haciendo los documentos, porque ella tramitaba pensiones por discapacidad por una leve discapacidad en su mano y su pie, y otra por tener VIH. No puedo creer tanta discriminación, por lo difícil que es hacer documentos para una chica trans. Tenía que hacer el cambio de género, me pedían partida de nacimiento, ponían muchas trabas y nunca lo logré”, lamenta Romina.

Sasha “quería dejar la prostitución y mantenerse con la pensión. No quería prostituirse más. Sufría la violencia sobre todo de la policía, como todas las chicas trans. La paraban y le decían que vendía droga. Cayó presa por eso. Pero ella consumía, no vendía. La vivían cagando a palos. Ella era grandota y a veces se movía y la agarraban entre diez policías. Por eso, iba desde su parada a su casa y desde su casa a su parada. Nada más”, relata su hermana. El cambio de vida que buscaba Sasha quedó trunco.

11 de agosto de 2022
Luciana Rosende
Flor Capella
Edición: Maby Sosa

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , ,

Argentina: en 2019 aumentaron los crímenes de odio a LGBT+

Miércoles, 25 de marzo de 2020
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WhatsApp-Image-2018-06-25-at-18.12.53-1000x500Desde el primer día de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 se perpetraron en Argentina al menos 177 crímenes de odio donde la orientación sexual, la identidad y/o expresión de género de las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para vulnerar sus derechos y ejercer violencias. La información fue dada a conocer hoy, en el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de Argentina. Forma parte de los resultados del Informe “Crímenes de Odio a las personas LGBT+ en Argentina”, que elabora el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT (ONCO LGBT). El Observatorio fue creado por la Defensoría LGBT (que depende del Instituto contra la Discriminación) de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación, en mayo de 2016.

El informe despliega las definiciones de crímenes de odio y da cuenta de diversas modalidades de violencias por prejuicios. Si bien no existe una definición universal de crimen de odio, el Observatorio recolecta esos ataques documentados que fueron cometidos contra alguien a quien se asocia como integrante de colectivos LGBT+.

“De todos los crímenes de odio registrados, el 44% de los casos (78) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir a asesinatos y muertes por ausencia y/o abandono estatal; y el 56% restante de los casos (99) corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, es decir violencia física que no terminó en muerte, dice el informe.

Cómo se recolectan estos datos

Los datos para elaborar este informe se obtuvieron de medios de comunicación y de información recolectada por la Defensoría LGBT -dependiente del Instituto contra la Discriminación (ICD)- de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a través de denuncias recibidas, redes sociales, contactos telefónicos, en articulación con la Federación Argentina LGBT, y su desarrollo territorial en las 24 provincias del país. También de los datos aportados por el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC) perteneciente a la REDLACTRANS.

Por eso, el informe aclara que no son datos exactos, pero “permiten vislumbrar una realidad que es, sin duda, mucho peor de lo que sugieren los números”. Existe otro problema: “no a todas las personas trans que son asesinadas se las registra como trans y se les respeta su identidad de género, y no todos los crímenes de odio de lesbianas, gay y bisexuales se visibilizan como tales, sino que por el contrario, en muchos casos se oculta la orientación sexual de las personas”.

Aumentaron los crímenes de odio respecto de 2018 y 2017

¿Qué nos dicen estos números si se los compara con el mismo informe de años anteriores? “Arrojan una realidad preocupante: la cantidad de crímenes de odio ocurridos en 2019 implican un aumento significativo en relación a los casos relevados en el año 2018 -ciento cuarenta y siete (147)-, y en el año 2017 -ciento tres (103)-”, se consigna junto a los datos.

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Asesinatos y muertes por abandono del Estado

Del total de lesiones al derecho a la vida, el 21% de los casos son asesinatos y el 79% son casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal“La cantidad de casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal es imprecisa y sin dudas significativamente muchísimo menor al real ya que estos no figuran en los medios y solo es posible acceder a ellos a través de la denuncia directa de familiares y mayormente de otras mujeres trans”.

Según el informe, en 2019 hubo en Argentina al menos “16 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual -12 fueron dirigidos a mujeres trans y 4 a varones gay cis-; y 62 muertes por abandono y/o ausencia estatal -todas ellas fueron de mujeres trans-.

Mujeres trans, las más afectadas

Del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de crímenes de odio registrados en 2019, el 64% de los casos corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros), en segundo lugar con el 24% se encuentran los varones gays cis, en tercer lugar con el 8% de los casos le siguen las lesbianas y por último con el 4% los varones trans.


El 95% de las lesiones al derecho a la vida son a mujeres trans. 
El 5% restante a varones gays cis.

“Estos alarmantes números muestran como la violencia hacia la comunidad LGBT está particularmente dirigida: es en las mujeres trans en quienes se manifiesta con especial odio, saña y de manera más brutal la discriminación en su máxima expresión”, contextualiza.

El informe recuerda y describe cómo opera la cadena de exclusiones hacia las personas trans, para quienes la violencia comienza a edades tempranas. “A lo largo de toda su vida las mujeres trans son sometidas, por su identidad y expresión de género, a discriminación, estigmatización, hostigamiento, persecución, violencia física, violaciones, tortura y a otros abusos que en muchos casos terminan en muerte.  En general, las violencias comienzan a una edad muy temprana con la expulsión del hogar causada por los prejuicios de la propia familia y ubica a las mujeres trans en una situación disminuida para encarar cualquier proyecto de vida por falta de recursos materiales y por ende el debilitamiento de la red primaria de contención material y afectiva”. Y agrega: “La discriminación en el mercado laboral responde al funcionamiento de una doble matriz de exclusión. En muchos casos, las personas trans son excluidas debido a su falta de educación formal. Pero aun cuando han tenido estudios -incluso universitarios- suelen ser discriminadas en el acceso al empleo en virtud de su identidad y expresión de género –es decir, porque son trans”.

El informe hace hincapié en que a ocho años de aprobada la ley de Identidad de Género, “aún quedan muchas deudas sociales y estatales para con las personas trans. El Estado tiene la obligación de tomar los recaudos necesarios para prevenir estas muertes, y el deber de implementar medidas de acción positivas orientadas a brindar las oportunidades que históricamente les fueron negadas”.

De 20 a 29 años, el grupo más afectado

Según el informe, en relación a las edades de las víctimas, en los crímenes de odio en donde se registra este dato:

-La franja etaria más afectada es la de personas de entre 20 a 29 años con el 35,29% de los casos.

-En segundo, lugar con el 30,39% de los casos las víctimas corresponden a la franja etaria de 30 a 39 años.

-En tercer lugar con el 14,71% de los casos, personas de 40 a 49 años.

-Luego con el 8,82% la franja etaria de 50 a 59 años. Le siguen con el 4,9% de los casos respectivamente la franja de 10 a 19 años y la de las personas de entre 60 y 69 años.

Violencia institucional

Otra de las observaciones sobre los resultados de este informe: “Las fuerzas de seguridad argentinas y los servicios penitenciarios manifiestan particular saña y odio contra las personas LGBT, y particularmente con comunidad de mujeres trans. Ello se manifiesta en el desconocimiento de sus identidades auto percibidas -burlas, insultos, descalificaciones-, en detenciones arbitrarias con armado de causas judiciales, en la criminalización del trabajo sexual, en la exigencia de coimas o de servicios sexuales gratuitos, en persecuciones, hostigamientos, tratos vejatorios e inhumanos, violaciones y tortura, tanto en la vía pública, como en comisarías y penales”.

Esta situación también es propiciada, porque como recuerda el informe, “en algunas provincias del país existen códigos de faltas y contravencionales que aún hoy contienen figuras abiertas que tipifican faltas a la “moral y las buenas costumbres”, a la “decencia” o al “decoro”, y son utilizadas por las fuerzas policiales como herramienta para justificar su accionar violento y discriminatorio hacia la comunidad trans”.

Se advierte que además existe un sub registro grande de estos casos, “ya que las víctimas la mayoría de las veces no se atreven a denunciar por miedo a reprimendas, por necesidad de seguir trabajando en la zona y hasta en algunos casos por naturalización de las situaciones discriminatorias.

Trans privadas de libertad

En cuanto a la situación de trans privadas de libertad, el informe describe que “son expuestas a condiciones de detención contrarias a lo establecido por la leyes nacionales -la Ley de Identidad de Género particularmente- y los tratados internacionales de DDHH. Las organizaciones sociales de Argentina denuncian el sistemático maltrato y la violencia contra las mujeres trans en contextos de encierro”.

En mayo de 2019, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “una medida cautelar por la desatención sanitaria que padece todo el colectivo trans en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, por considerar que la población trans-travesti alojada en la órbita del Sistema Penitenciario Bonaerense está “en permanente riesgo de sufrir daños irreversibles o la muerte”La historia de Mónica Mego es apenas una de tantas. Mónica quedó parapléjica después de que le negaran acceso a la salid durante seis meses. El informe también cita otros cincos casos de mujeres trans que murieron o sufrieron daños irreversibles en su salud bajo custodia del Estado.

Salta y los territorios más violentos

El informe documenta la distribución geográfica de los crímenes de odio y arroja estos resultados:

-El porcentaje más alto -27%- ocurrieron en la provincia de Buenos Aires; le sigue en segundo lugar con el 24% la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; luego con el 12% la provincia de Salta; posteriormente con el 5% cada una Santa Fe y Río Negro.

-En sexto lugar se encuentran Entre Ríos, Mendoza, Chubut, Jujuy y Santiago del Estero y Tucumán con el 3% cada una; le siguen con el 2,72% cada una, La Rioja, Santiago del Estero, San Juan y Rio Negro; posteriormente con el 2% La Rioja.

-El 4% restante se encuentra distribuido -con porcentajes muy bajos- entre Chaco, Corrientes, Formosa y Santa Cruz. En el 1% de los casos no hay registro sobre el lugar geográfico donde se produjeron los hechos.

“No es casual que los grandes centros urbanos concentren la mayor cantidad de casos de crímenes de odio del país, ya que se es notable la migración de personas de la comunidad LGBT hacia estos, por el gran estigma y la exclusión que acarrea pertenecer a la diversidad sexual en ciudades pequeñas.  En cambio, llama poderosamente la atención la relación entre población y crímenes de odio en la provincia de Salta, ya que esta jurisdicción tiene una concentración poblacional considerablemente más baja que Buenos Aires y CABA, y a pesar de ello se encuentra tercera en cantidad de casos, con casi la mitad de crímenes de odio que en la provincia de Buenos Aires y la mitad exacta de casos que en CABA”.  También aclara que “en las provincias de Argentina con los porcentajes más bajos o inexistentes no hay necesariamente menos crímenes de odio, sino que hay un sub registro.

En la vía pública

En cuanto al lugar físico donde se perpetraron los crímenes de odios, los datos relevados arrojan que:

-El porcentaje más alto ocurrió en la vía pública, con el 47% de los casos.

-El 26% de los casos ocurrieron en viviendas. De ese porcentaje el 20% corresponde a la vivienda particular de la víctima -y está directamente relacionado con la violencia de género y con el ejercicio del trabajo sexual en casas particulares sin ningún tipo de seguridad debido a la falta de regulación-; el 3% de los casos ocurrieron en la vivienda del agresor, y el restante 3% en otra vivienda.

Fuente Agencia Presentes

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