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Ataque homo-odiante a un activista de Dolores (Provincia de Buenos Aires): “Te pegamos por puto”

Sábado, 27 de febrero de 2021

herido-934x467Por Verónica Stewart

El pasado domingo 14 de febrero, Cristian Leonardo Guevara (33) fue víctima de un ataque homoodiante en la ciudad de Dolores, en la Provincia de Buenos Aires. Tras ser arrojado al suelo y golpeado repetidas veces, Cristian fue al Hospital San Roque, donde los médicos determinaron que había sufrido lesiones leves. Por lo tanto, esa fue la carátula – la de lesiones leves – que recibió la causa cuando se acercó a la comisaría a hacer la denuncia. La misma se encuentra radicada en la fiscalía N° 5 – UDT, especializada en violencia de género.

Cristian había acompañado a la prima a buscar a su hija a un cumpleaños. Lo primero que les llamó la atención fue la cantidad de gente. Cuando llegamos al lugar, nos encontramos con que había más de 150 personas”, explicó a Agencia Presentes. “Era una fiesta clandestina”. Cristian se acercó a la casa para buscar a Ludmila, la hija de su prima. Sin embargo, lo detuvieron a los pocos pasos; “vos no podés estar acá, vos sos puto”, le dijo el dueño de casa junto a su familia y un grupo de invitados. Cristian contestó que no venía con intenciones de pelear, y salió a esperar a Ludmila afuera.

No fue suficiente. Por más que Cristian intentara alejarse, sus agresores, A. N. y J. G. lo persiguieron. Finalmente, le pusieron la traba y lo arrojaron al piso. “Lo primero que hicieron fue darme una patada en la cabeza que me torció los anteojos”, contó Cristian. “Me golpearon en el piso y me gritaron ‘puto’. Les dije ‘¿qué pasa, por qué me pegan? Por favor, no me peguen, yo no soy violento’ y me contestaron ‘por puto’”. La golpiza continuó hasta que se acercaron su prima y un par de invitados más de la fiesta a tratar de detenerla, entre ellos una ex alumna de Cristian. Cuando logró levantarse, corrió hacia su auto. Uno de sus agresores lo persiguió y le dijo “tomatelas ya porque rompemos el auto.” Cristian se subió y arrancó.

“Di la vuelta a la manzana, estacioné el auto y llamé al 911. Pasaron diez, quince minutos. Volví a llamar, pasaron otros diez, quince minutos. Volví a llamar por tercera vez”, explicó Cristian. El patrullero nunca apareció. Tras reencontrarse con su prima y la hija de ella, fue al hospital y luego a la Comisaría de la Mujer y la Familia a hacer la denuncia. “La subcomisaria me dijo que no quería que el caso tuviera tanta visibilidad porque la fiesta clandestina nunca fue clausurada”, dijo Cristian. “Siguieron hasta las ocho, nueve de la mañana, siguieron mientras me habían golpeado y yo me había ido muy mal”. Ahora, la subcomisaria lo llama todos los días para ver cómo está y para preguntar si los agresores pasaron por su domicilio.

Desde la policía de Dolores, le ofrecieron un botón antipánico y se acercaron a su casa con un patrullero, pero con el paso de los días, dejó de contar con cuidado policial constante. “Ahí empecé con los ataques de pánico. Llevo cuatro, cinco días sin comer porque rechazo la comida, y siento desgano. Siento que incomodo a los demás y que no puedo ser yo”, dijo. En el trabajo, le otorgaron una licencia por diez días debido a las secuelas que dejó el ataque.

LGBT Dolores: Red de contención

Cristian es el fundador de la agrupación LGBT Dolores, que lo acompañó en todo momento. “Decidimos apoyarlo en nuestras redes sociales, tanto en las de la organización como en nuestras cuentas personales” contó Joaquín Caimi, miembro de la organización desde el año pasado, a Presentes. Además de esta difusión y del acompañamiento tanto físico como virtual que puedan hacer, la agrupación no tiene herramientas para hacer mucho más. “No contamos con ayuda de ningún lado. Todo lo que podemos llegar a dar, si es material, sale de nuestras casas. Lamentablemente, tampoco contamos con un espacio para albergar a chicxs que sufren todo tipo de violencias”, explicó Joaquín.

Sin embargo, la visibilización no es poca cosa. Joaquín asegura que en una ciudad como Dolores, donde sigue siendo difícil para el colectivo LGBT vivir tranquilo, la difusión de casos como los de Cristian es la clave para cambiar esa mentalidad. “Dolores es una ciudad muy cerrada, conservadora y que discrimina muchísimo”, dijo. “Se dan a conocer muy pocos hechos de discriminación, pero si no los visibilizamos siguen pasando desapercibidos. Visibilización es igual a importancia. Y si la gente no quiere adaptarse, les vamos a ganar por cansancio y se van a acostumbrar a ver los colores del orgullo por todos lados”, agregó.

Por su parte, Cecilia Coronel, integrante de la organización Mujeres y Diversidades Dolorenses, que también se hizo presente durante el acompañamiento a Cristian, destaca la importancia de la organización colectiva, transversal y horizontal. “Las acciones en la calle y las redes sirven para decirle al Estado que lxs estamos observando, que tenemos propuestas y que vamos por todo”, dijo a Presentes.

Crímenes de odio

Según el informe semestral publicado por el Observatorio de Crímenes de Odio LGBT de los 69 crímenes de odio perpetrados desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2020, el 16% fueron contra varones gays cis, mientras que el 54% del total corresponden a “lesiones al derecho a la integridad física, es decir violencia física que no terminó en muerte.” Dentro de estas lesiones, el 28% tienen como modalidad a los golpes. Es la segunda modalidad más común, precedida solo por la manifestación de la ausencia estatal (35%).

El informe también destaca que “en cuanto al vínculo de las víctimas de los crímenes de odio con los agresores particulares, en el 29% de los casos los agresores son vecinos/as o personas conocidas por ellas. En segundo lugar, el 26% corresponde a personas desconocidas por las víctimas”. Esto quiere decir que tanto como un cuarto de las víctimas fueron agredidas por desconocidos exclusivamente por su orientación sexual o su identidad de género.

El crimen homoodiante que sufrió Cristian se engloba dentro de la mayoría en tres características: la localidad geográfica, el lugar físico donde ocurrió el ataque y la edad de la víctima. Tanto como el 42,3% de las víctimas tiene entre 30 y 39 años. Además, la provincia de Buenos Aires fue el escenario de la mayor cantidad de crímenes de odio LGBT en la primera mitad del 2020 con el 35% de los mismos. Por último, el ataque fue llevado a cabo en la vía pública, como sucedió en el 49% de los casos.

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Encuentran muerta a una trans en una zanja de Malvinas Argentinas (Provincia de Buenos Aires)

Jueves, 30 de abril de 2020

94880102_2467063990061744_271038296375689216_nPor María Eugenia Ludueña

El sábado 25 de abril al atardecer, Tamara Denise Morales –una mujer trans de 36 años– fue trasladada en ambulancia desde la casa de Villa de Mayo, donde vive con su familia, a la guardia del hospital Malvinas Argentinas. Se sentía muy mal, e iban a practicarle diversos exámenes, incluido un testeo de coronavirus, contaron sus allegadxs. Estuvo en el hospital entre las 20 y las 3 de la madrugada, cuando –según dio a conocer el hospital–, pidió el alta voluntaria y se fue. Su familia y amigas no supieron más de ella y el domingo pidieron desesperadamente en las redes que si alguien la había visto se comunicara con ellxs. Finalmente la policía la encontró muerta.

Tamara yacía en una zanja, semi-cubierta de agua, en Pablo Nogués, el 27 de abril. La investigación fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte” y está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción nro. 23 de Malvinas Argentinas, cuya titular es Silvia Bassani. Aunque según los peritos de la policía científica el cuerpo no presentaba señales de violencia explícita, fuentes judiciales dijeron a Presentes que “por el momento, se esperan resultados de la autopsia. Se mandaron a pedir las cámaras de la zona y se levantaron las muestras para las pericias pertinentes. Hoy no se descarta ninguna hipótesis”.

Desde hacía un año Tamara había vuelto a la casa familiar de Villa de Mayo (Malvinas Argentinas), después de vivir con otras amigas trans que como ella ejercían la prostitución.

“La llevaron al hospital porque se sentía muy mal, con pérdida de conocimiento, dolor de estómago y vómitos. No sé por qué la dejaron irse del hospital”, dice la madre a Presentes, mientras vuelve a Buenos Aires, ya que había viajado a Córdoba para cuidar a una parienta que falleció. “Hasta ahora no nos han explicado bien qué pasó ni por qué la dejaron salir. Yo no me voy a quedar así de brazos cruzados”, dice con la voz rota.

En el hospital, le hicieron diversos estudios, entre ellos testeo de Covid-19 que dio negativo. A causa de la cuarentena, ninguna de las hermanas pudo quedarse allí a acompañarla. Dejaron su teléfono para que les avisaran si podían buscarla. Como no recibían noticias, llamaron a la madrugada a ver cómo seguía y ahí supieron que Tamara había firmado el alta voluntaria. La familia ahora se pregunta por qué no lxs notificaron de que salía.

“Nuestras muertes siempre son trágicas”

Tamara, cuentan sus amigas, cumplía estrictamente la cuarentena. No salía a “trabajar”. “No entendemos qué pasó. ¿Dónde estuvo el domingo? Porque por algún lugar anduvo ¿Cómo llegó hasta ahí?”, se preguntan sus amigas de Villa de Mayo. “Era una muy buena compañera, sensible, excelente persona, cero conflicto. Cuando era chica su familia le dio un buen estudio. Fue a una escuela adventista. Pero siempre nos contaba que la habían echado de la escuela. Su familia con el tiempo terminó aceptándola. Era una chica muy sufrida”, dijeron a Presentes.

Hace un año Tamara había tenido una neumonía leve. Por eso se cuidaba mucho del coronavirus.  Había estado en tratamiento por consumos problemáticos, algo muy frecuente entre las personas trans que están en situación de prostitución o son trabajadoras sexuales. “Quería estudiar. Pero viste cómo es nuestra vida. Nuestras muertes siempre son trágicas”, dice una de sus amigas.

Tamara les había contado que quería dejar la prostitución. “Pero es un oficio muy difícil de dejar. Hay que vivirlo para saber cómo es dejar. Nosotras también tenemos que salir a trabajar, vestirnos, comer, pagar impuestos. Para mí no es una deshonra, pero hay que estar lúcida y atenta a todo. Yo las cago a pedos a las compañeras porque les digo no se puede estar drogadas o borrachas, porque hay gente que viene con maldad”.

Desde el área de Diversidad de Malvinas Argentinas, Patricia Vitale dijo a Presentes que están siguiendo el caso. “Desconocemos aún qué pasó, estamos esperando los resultados de la autopsia”, dijo. Y agregó que “desde el municipio estamos asistiendo a otras chicas trans, amigas de Tamara, con alimentos a través de Desarrollo Social”.

Un intento de travesticidio en el mismo Municipio

Hace pocos días, en el mismo municipio, otra travesti, Gabriela Homman, fue atacada a cuchillazos. Hoy se recupera en su casa. Pero su agresor, que tiene pedido de captura, aún no ha sido encontrado. Gabriela no puede moverse de su casa, salvo para realizarse curaciones en las heridas. Y mientras tanto, no está en condiciones de acercarse a una comisaría a pedir una perimetral o un botón antipánico. La investigación en su caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 21 descentralizada de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, pero hasta ahora hay muy pocos avances.

A raíz de la pandemia, hace una semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a los Estados “a garantizar los derechos de igualdad y no-discriminación de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), en las medidas de atención y contención adoptadas, en particular asegurar el acceso de estas personas a servicios de salud y programas de atención social con una perspectiva de seguridad humana integral”. No sólo por el Covid-19 sino porque la pandemia, como señalan distintos organismos, requiere de enfoques diferenciados e interseccionales. En el caso de travestis y trans, porla deuda histórica de los gobiernos con sus derechos humanos”.

En Argentina las violencias patriarcales se agravaron durante la pandemia. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad informó hoy que aumentaron en un 40 por ciento los llamados a la línea 144 que atiende violencia de género–, durante el primer mes de cuarentena obligatoria.

Y están los otros tipos de violencias: la estructural (muchas travestis y trans están pidiendo encarecidamente les hagan llegar ayuda alimentaria y tejiendo redes para sobrevivir) también la mediática. Ninguna de las dos tuvo consideración con Tamara. Los medios de comunicación locales la trataron en masculino y hasta dieron su nombre anterior, algo que transgrede lo que marca la Ley de Identidad de Género.

“Las muertes trans por acá no llegan ni a conmover”

Violeta Alegre, activista travesti, vivió hasta hace poco en Malvinas Argentinas. “No hay respuesta ni respeto para las personas trans. Para el Municipio nunca fuimos una población a tener en cuenta, sino a exterminar. Los medios siguen masculinizando, haciendo chistes y comunicando barbaridades para que todo sea justificable e insensible. Las muertes trans por acá no llegan ni a conmover”. Hace unas semanas, Gabriela Alejandra Homann me dijo  “vivo de casualidad”. Y hoy nos llega esta tristísima noticia de otra conocida. En medio de esta desesperanza nos están exterminando. Los sectores que manejan los medios feministas tampoco mencionan nuestras noticias, no les importamos, quieren la notas de las Stars del feminismo, analizando la pandemia y las consecuencias en las mujeres, los femicidios -y esta bien- pero no es suficiente. Lo vengo diciendo hace años: También para los medios feministas no somos ni siquiera muertes válidas y eso las hace cómplices ”.

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Fuente Agencia Presentes

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Atacaron a cuchillazos a una travesti en Malvinas Argentinas: “No fue un crimen pasional”

Lunes, 27 de abril de 2020

Diapositiva1-677x338Por María Eugenia Ludueña

Gabriela Alejandra Homann Ayala es una sobreviviente en el sentido más cabal, porque a los 40 superó el promedio de vida para travestis y trans en América Latina (35 años) sino también, hace pocos días, sobrevivió un intento de travesticidio en su propia casa en Grand Bourg (provincia de Buenos Aires). Fue en la madrugada del 13 de abril, cuando un hombre que la había contactado por servicios sexuales en plena cuarentena por Covid-19, la apuñaló varias veces en el cuello, la nuca y las manos. Después atacó a un joven gay que vive en otra habitación en el fondo del terreno y huyó.

Gabriela y su amigo atacado llegaron en ambulancia al hospital de Trauma y emergencias de Malvinas Argentinas, donde quedó internada y días después pidió el alta voluntaria para irse a su casa, con su madre. “Estoy viviendo de onda en este momento y este plano. Tengo una mano inútil y la voz ronca. Me dio 9 puñaladas y me salvé porque no tocó la aorta”, dice a Presentes en voz muy baja, sentada en la cama de dos plazas y con temor de que sus cuerdas vocales hayan sufrido un daño irreparable. La investigación fue caratulada como tentativa de homicidio y está en manos de la fiscal Lorena Carpovich, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 21 descentralizada de Malvinas Argentinas.

La violencia contra Gabriela se suma a la larga lista de violencias, denunciada por distintas organizaciones en Argentina y en América Latina, donde las personas LGBT+ y en especial las trans están entre los grupos más afectados por el impacto de la pandemia. Porque las medidas para restringir la propagación del Coronavirus evidenciaron y agudizaron desigualdades preexistentes, tal como vienen expresando distintos organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“La causa está en plena investigación, es muy reciente. Se había pedido la detención del acusado al juzgado de Garantías nro. 2”, dijeron a Presentes desde el área de prensa de la Fiscalía de Malvinas. “El martes 21 de abril se intentó efectivizar la detención, pero no lo encontraron en su casa, de modo que no pudo hacerse. Ayer la fiscal pidió su captura. Aunque no está resuelto aún por el juzgado”, informaron.

Gabriela tiene la mano derecha completamente vendada e inmovilizada, otra venda que le cubre parte del cuello y la nuca, y mucho miedo de que su agresor, que vive a dos cuadras, regrese. Es una persona que ella conoce, alguien del barrio, un hombre de unos 30 años, que –cuenta –, había salido hace tres meses de un penal, después de pasar 13 años preso, y con consumos problemáticos. “Por prostitución a veces tengo que atender a un montón de esos tipos”.

“Me vi muerta, tirada en el piso”

Hace tiempo, él le había enviado un mail con otro nombre y le había mandado una foto íntima a su teléfono. “Lo bloqueé. Pero un día lo terminé atendiendo. Me pareció un muchacho extraño. Lo atendí otra vez. Me decía que quería que fuera de él, que si quería, no nos cuidábamos. Yo le decía: soy una mina grande para esto. Y esta última vez, aquel domingo a la noche, ya había venido con algo de dinero y con drogas. Yo le decía hasta acá llegamos. Si vas a volver volvé con lo que hablamos. Se fue, tardó como 20 minutos. Le pedí que me diera el dinero. Me decía que antes quería cocinar. Yo le decía primero lo primero. Soy una mina grande. Y empezó “no seas así”, quería cocinar (pasta base). Le di la espalda y cuando yo estaba desprevenida, me clavó de atrás una puñalada que me cruzó la garganta y luego varias más. No aceptó el no”.

Gabriela dice que cayó al piso y aunque sintió que se ahogaba con la sangre “Parecía American Horror Story”), se agarró las manos a la nuca para protegerse. “Me vi muerta, tirada en el piso, pensé que no me levantaba más. Cuando entró el cuchillo, sentí el sonido del filo, como si clavaran un telgopor”.

Mientras ella yacía sangrante en el piso, el agresor fue a la otra habitación y empezó a apuñalar al amigo. “Él se pudo defender, porque no lo agarró desprevenido, y luego huyó. Mi amigo llamó al 911, llegaron la Policía y la ambulancia”.

Hace muchos años Gabriela sufrió otra agresión, pero de un ex marido.”Cuando me dejó casi morí de depresión. Cuando me puse bien, quiso volver e intentó ahorcarme con un toallón. Hay hombres que no aceptan el no. Se creen que tenemos que acceder a todo”.

Del hospital se dio el “alta voluntaria” porque no soportaba estar sola: por la cuarentena estaba prohibido que alguien la viera. Quería volver a su casa, donde vive junto a su madre Elsa, adulta mayor. Ella no puede quitarse de la mente lo que vio. “Parecía que habían matado a una vaca. Yo perdí a mi hijo de 32 años, que falleció en un accidente laboral. Esto es distinto, pero la imagen no se me va”, dice Elsa.

Madre e hija pasan los días en la misma habitación donde duermen, comen, cocinan, miran las noticias de la pandemia por televisión mientras esperan otra noticia: la detención del agresor.

Ayuda estatal

Después del intento de travesticidio y en medio de la cuarentena, las redes se activaron. En distintos momentos de su vida, Gabriela además ha participado como militante activa de organizaciones de la diversidad y derechos humanos. Por estos días recibió muchos llamados de sus compañeras. Algunas se acercaron hasta la puerta para alcanzarle comida. Otras sirvieron de enlace para gestionar la ayuda con el Estado.

La subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a cargo de una activista trans, Alba Rueda, le hizo llegar módulos alimentarios, artículos de higiene y medicación.

“Estamos acompañando a Gabriela con la Línea 144 la parte judicial y articulando con el Estado. Además hay una valiosa red de compañeras en las tareas de cuidado. Es una tarea horizontal que hace nuestra generación, dando alertas, perspectivas, acercando demandas. Saben qué quieren del Estado, cómo exigirle. Y lo que falta en esta emergencia a veces es la articulación integral para acompañar y estar a la altura”, dice Rueda a Presentes. Desde su rol, dice que ve a funcionarixs preocupadxs por estos temas. “No es un dato indiferente. De esa preocupación hay que generar algo para trabajar en la integralidad en la prevención de las violencias. Es un desafío a nivel burocracia del Estado, que las acciones sean coordinadas y tengan sustentabilidad en esta emergencia. Dar una respuesta integral a las compañeras desde las insituciones en este momento es el desafío”.

Desde la dirección de DDHH de Malvinas Argentinas, van a acompañarla también en la causa judicial para que se investigue lo que pasó como un intento de travesticidio. La directora del área, Zulma Vela, se acercó hoy y se comprometió a acompañar el lunes a la madre a retirar el DNI de la víctima, que nadie sabe por qué quedó en la fiscalía.

Gabriela estaba en un tratamiento para adicciones cuando se decretó el aislamiento preventivo obligatorio. Hoy, a partir del intento de travesticidio, está con acompañamiento terapeútico desde el Frente por la Igualdad y la Diversidad Sexual.

Cada tanto mira su celular, lleno de mensajes solidarios de sus compañeres. Espera la noticia que la tranquilice. “Como no me morí, dije tengo que vivir. Estoy intentando hacerlo, por todos los medios”.

Un Municipio “familiar”

Violeta Alegre – que creció y vivió hasta hace tres años en Grand Bourg- es una de las activistas que se acercaron hasta la casa de Gabriela. Se conocían de la militancia, hace muchos años. “El eslogan de Malvinas Argentinas es “el lugar de la familia” y se ve el relieve de una familia (Mamá, papá y sus niñxs). Me preocupa mucho que aun los intendentes municipales no asuman un compromiso con el colectivo LGBT. En el Hospital municipal de Trauma realizan hace muchos años cirugías “estéticas” pagas usufructuando de las instalaciones del hospital, hace unos 5 años atrás recuerdo haber ido a averiguar con el equipo de cirugía estética por los implantes mamarios, me dieron un turno y me vio el equipo, me dio sus recomendaciones, pero me informaron al final de la consulta que la cirugía no me la podían realizar porque el jefe de cirugía era religioso y no aceptaba hacer ese tipo de intervenciones a personas trans en el hospital”, dice. Y afirma que el municipio de Malvinas Argentinas no cumple al día de hoy con la ya reglamentada en Provincia de Buenos Aires, la Ley de Cupo laboral Trans.

“La mayoría de las chicas de Malvinas necesitan políticas públicas que mejoren sus calidades de vida, y podremos decir que ese es un problema en general de la población, pero en esa zona es muchísimo peor, la discriminación, el abandono y la estigmatización que se vive”.

“No fue un crimen pasional”

Gabriela convive con otras afecciones y desde hace varios meses, dejó de tratarse. Por ahora lo que se está trata a diario son las curaciones de las heridas. Aún se siente muy dolorida, pero más avergonzada: “Como abolicionista me da vergüenza tener que reconocer que me estoy prostituyendo”. Desde junio de 2019, cuando le dijeron que tenía pólipos cancerígenos, “volví a la prostitución y a consumir. Yo no salía a trabajar sino a regalar. Regalé mi orgullo, regalé ego, regalé dignidad”, dice, y su voz se apaga. Pero algo de la furia trava que la hace una sobreviviente se vuelve a encender:

Quiero que se sepa la verdad, no la mentira que inventó Crónica –dice y no está enojada sino llena de pena–. No fue un crimen pasional. No era un ex cliente enamorado. Yo no estaba con mi pareja, sino con mi amigo que vive al fondo. Fue un intento de travesticidio

Fuente Agencia Presentes

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Argentina: Atacan a mujer una trans en Merlo tras haberla amenazado en redes

Lunes, 13 de abril de 2020

ana-lucia-ataque-trans-merlo-750x375Por LG con MEL

Ana Lucía Lola Soraire, una trans de 39 años que vive en Merlo (provincia de Buenos Aires), denunció que mientras cumplía la cuarentena por el Covid19 fue víctima de un ataque de odio en su casa, y que intentaron matarla. Según contó a Presentes Karla Benítez, una compañera trans que la acompañó en los últimos días, el 6 de abril un grupo de conocidos atacó a Lola -como la conocen- en la puerta de su vivienda con una masa, cadenas y piedras hasta dejarla inconsciente. Karla denuncia también que hace tiempo a Lola la estaban amenazando por redes sociales. Y dice que a su amiga la justicia le tomaron la denuncia por robo y lesiones pero que “no dimensionaron el ataque que sufrió”.

Mientras Lola estaba en los Tribunales intentando ampliar la denuncia, Karla explicó: “Nos dijeron que el agresor ya había sido allanado, pero tampoco lo sabemos con certeza. Y que no podían hacer mucho más que aplicar una restricción o perimetral porque no saben a quién hacérsela. Mientras tanto, esta gente con Facebook falsos nos siguen enviando amenazas a Lola, a mí y al entorno. No es un hecho aislado, es un intento de transfemicidio contra una compañera. Querían matarla y lo decían: ‘te voy a matar gordo puto’ ”.

Karla cuenta que desde noviembre del año 2019 la agredida recibía amenazas por Facebook “de un círculo de personas que antes frecuentaba y ya no”. Sigue diciendo que a pesar de alejarse, las amenazas por redes sociales y Whatsapp continuaron: “para amenazarla y denigrarla. La trataban de ‘Gordo puto’ y ‘Elefante blanco’, cosas que se utilizan como para agredir a una chica trans”. El domingo 5 -según narra- Lola volvió a recibir amenazas pero las tomó como una más.

Su amiga cuenta que el lunes 6 mientras Lola hablaba por teléfono en su casa de Merlo, escuchó que desde afuera la llamaban. Reconoció la voz de un conocido y salió a la puerta. “Pero cuando puso un pie afuera para abrir la puerta de rejas, sintió un golpe desde atrás con algo contundente que la hizo caer al piso”, contó Karla.

“En medio del desconocimiento vio como una persona más le pasa una masa al agresor y le pegaba mazazos en la cabeza. Ella se cubrió con las manos mientras él le decía “Te voy a matar, puto de mierda” y otras cuatro personas con cadenas y cascotes le pegaban. Según cuenta Karla, “los vecinos salieron, gritaron y los agresores se fueron corriendo y se subieron a un auto. En esa corrida se llevaron sus pertenencias, documento y celular. Antes de irse le advirtieron: ’A la noche volvemos y te prendemos fuego la casa, puto’”, cuenta Karla, quien la fue a ver a su amiga al Hospital Municipal Eva Perón y se enteró de todo.

En el contexto de pandemia por Covid-19, su acompañante explica que Lola fue atendida pero enviada a su hogar lo antes posible para evitar un contagio: “A 15 cuadras del hospital Eva Peron teníamos la Comisaria de la Mujer. Solo la dejaron acercarse a ella. Ahí contó que la golpearon y le llevaron el celular. Dijeron que si era un robo tenía que hacerse denuncia en la comisaría zona. Y pusieron como motivo robo de celular y plata. Esa no es la realidad”.

Ivana Gutiérrez es Directora de Políticas para la Diversidad dentro de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Equidad, Diversidad y DDHH del municipio de Morón, provincia de Buenos Aires y dice: “Acceder a la justicia debería ser un derecho como ciudadano y ciudadana pero hay algo que no está funcionando, no se respeta la Ley de Identidad de Género, no se respeta a la persona como se autopercibe. La vida de las travestis y trans sigue valiendo nada para ciertos sectores institucionales de la sociedad”

Karla contó que de la Comisaría de la Mujer la enviaron a la Comisaría Cuarta ubicada en la localidad de Libertad dónde le dijeron que debía ampliar la declaración. En Tribunales le dijeron que debía hacerlo de puño y letra y pasarlo por mail para incorporarlo a la denuncia. “Al no acceder a la justicia son muy pocos los casos que se llevan adelante. De diez casos son dos los que se animan a denunciar. Las personas trans no tienen dónde recibir acompñamiento para hacer estas denuncias”, amplía Ivana Gutiérrez.

“Desde el centro Vivir Sin Violencia donde está la Dirección de Políticas para la Diversidad de Morón abordamos toda las temáticas que tiene que ver con la violencia de género y violencia hacia el colectivo lgbt, tenemos una línea que funciona las 24hs”, dice Gutiérrez.

Karla dice que las agresiones por redes sociales a Lola, ella y el entorno continúan. “Lo que pasa en redes no es un mensaje de odio sino una acción de odio que lamentablemente muchas compañeras travestis y trans la siguen recibiendo”, explica Ivana Gutiérrez. “La sociedad todavía no está aggiornada, en el discurso todo bien pero la realidad la práctica es otra por que las agresiones hacia la comunidad sigue existiendo en todos los planos. No podemos hablar de una conquista cuando nuestros derechos y nuestras identidades siguen siendo vulneradas”

“Estoy con ella que vive sola porque amenazaron con volver a prenderle fuego la casa con ella adentro”, dice Karla, mientras el país sigue en aislamiento general frente a la pandemia de Covid-19.

Fuente Agencia Presentes

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Transfemicidio en La Plata: asesinaron de 4 puñaladas a Roberta, trans y migrante

Lunes, 3 de febrero de 2020

3187774w1033Una mujer trans fue asesinada a puñaladas en la denominada zona roja de la ciudad bonaerense de La Plata, presuntamente durante una pelea que habría mantenido con unos hombres. Por el crimen detuvieron a dos hermanos.

En la madrugada del sábado, alrededor de las 8, Roberta, una mujer trans peruana, fue asesinada de cuatro puñaladas en 1 y 62, una esquina de La Plata, provincia de Buenos Aires, donde paran las chicas en situación de prostitución. Roberta tenía 45 años y era una sobreviviente de un colectivo que tiene como esperanza de vida los 35. Después del ataque, sus compañeras la llevaron al Hospital San Martín, donde falleció horas después.

La causa cuya calificación legal por el momento es la de homicidio, quedó a cargo del fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 del Departamento Judicial La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta, donde se investiga para dar con el autor del hecho y la posible participación de un cómplice. Ya se pidió el registro de las cámaras de seguridad de la zona y se pudo identificar a un vehículo Chevrolet Corsa blanco en el lugar. De acuerdo a testigxs consultados por la agencia Sudaka, dos hombres estuvieron rondando y molestando a las chicas y preguntando por Roberta. De acuerdo con lo que relataron a los policías quienes pudieron presenciar el homicidio, todo comenzó a raíz de una pelea que la mujer trans protagonizó con dos jóvenes, quienes bajaron de un auto, la hirieron con una cuchilla y luego escaparon en el mismo vehículo.

La víctima, que tenía al menos tres heridas cortopunzantes, fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos San Martín, ubicado a pocas cuadras del lugar en el que empezó la discusión, donde falleció a los pocos minutos como consecuencia del ataque. No obstante, las autoridades a cargo de la investigación todavía aguardaban el resultado de la autopsia para determinar la cantidad de puñaladas que recibió.

Por otra parte y gracias a los testimonios recabados y a las imágenes de una cámara de seguridad del municipio ubicada en la zona, se pudo identificar a los sospechosos de haber cometido el crimen: se trata de dos hermanos de 22 y 25 años, quienes fueron detenidos durante la tarde del sábado tras varios operativos en diferentes puntos de la ciudad.

Fuentes policiales informaron a la mencionada agencia de noticias que al momento del ataque los acusados se desplazaban en un Chevrolet Corsa blanco, patente GHH090, que horas después fue secuestrado en cercanías de las calles 92 y 123.

Por su parte, en la casa de una amiga de los sospechosos los policías decomisaron una cuchilla, que sería con la que atacaron a la mujer trans, y ropa de los presuntos asesinos con machas de sangre que serían de la víctima.

La causa, cuya calificación legal por el momento es la de homicidio, quedó a cargo del fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 del Departamento Judicial La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta.

Desde la organización OTRANS Argentina repudiaron el hecho y aseguraron a través de un comunicado que no hubo una pelea, sino que Roberta “fue increpada por dos hombres” que luego la atacaron a puñaladas. El organismo también le pidió al fiscal que investigue los hechos “con perspectiva de género e introduzca el agravante por odio a la identidad de género”, ya que consideró que “este modus operandi no es aislado, sino que responde a una lógica de persecución, por lo que se han incrementado exponencialmente las vejaciones, torturas y muertes de compañeras trans y travestis en los últimos años”.

Desde OTRANS Argentina han convocado a una movilización para este lunes 3 de febrero a las 11:30hs en 1 y 62 hasta los tribunales platenses, ubicados en calle 7 entre 56 y 57. Claudia Vásquez Haro, presidenta de la organización dijo: “Venimos denunciando de manera sistemática cómo se aniquila a las personas trans y travestis por no ser un destino posible, para un sector de la sociedad. Necesitamos políticas públicas concretas para revertir este tipo de violencia que terminan con la vida de las compañeras trans. Al mismo tiempo, queremos poder tener derecho al duelo; por que cuando muere cualquier ciudadano o ciudadana común la sociedad se enluta, todo el mundo siente lástima, siente pena, se acongoja. Sin embargo aún nosotras no hemos podido estar como dice Marlene Wayar y Susy Shock en la agenda emocional de nuestro país. Necesitamos que la sociedad también luche por nuestras muertes”.

Fuente Agencia Presentes/Infobae

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Suspendieron al juez argentino que agravó pena a una trans por migrante

Miércoles, 25 de septiembre de 2019

juez-ruizEl juez Juan José Ruiz de La Plata fue suspendido por haberle agravado la pena a una trans por ser migrante, vulnerando el derecho a la igualdad de trato y al principio de no discriminación. La medida la tomó el Jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia, presidido por Eduardo de Lázzari, que también resolvió embargarle el 40 por ciento del sueldo. Ahora Ruiz deberá afrontar un jury que puede acarrearle la destitución.

Fue a partir de las denuncias contra el juez presentadas por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Federación Argentina de Lesbianas Gays y Trans y travestis (FALGBT), la Asociación de Travestis Trans y Transgénero de la Argentina (ATTTA), la Comisión provincial de la Memoria y María Rachid. “Lo denunciamos desde la FALGBT porque el agravante era por ser migrante y por ser trans, lo que constituye una decisión claramente discriminatoria y antijurídica que, viniendo de un juez es muy grave. Por eso estamos planteando su destitución, dijo Rachid a Presentes tras conocerse la medida.

“Xenófobo y transodiante”

El fallo del juez no es un hecho aislado, en un escenario donde las organizaciones vienen denunciando detenciones arbitrarias y causas armadas, especialmente en la provincia de Buenos Aires. “La suspensión al juez Ruiz, que dictó un fallo xenófobo y transodiante, es la cara visible de los armados de causa del Poder Judicial hacia las compañeras trans y travestis. Denota la connivencia entre la Policía, los jueces, algunos fiscales y también la trama perversa que se complejiza con los malos tratos del servicio penitenciario a las privadas de su libertad», expresó Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans Argentina, una de las instituciones que denunció al juez por su fallo”.

La sentencia discriminatoria

El expediente judicial arrancó con un operativo policial en La Plata, en abril de 2014, y la aprehensión de una persona trans, Claudia Córdova Guerra. Claudia estaba en la llamada zona roja y tenía en su poder un gramo y medio de cocaína. El juez Ruiz, desde el Tribunal unipersonal Nro. 1 de La Plata, dictó sentencia en mayo de 2016: condenó a Claudia a cinco años y tres meses de prisión más una multa de 225 pesos por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, calificación que luego fue cambiada por casación.

En su sentencia, el juez agravó la pena de Claudia por ser extranjera, en su caso, peruana. Lo expresó con estas palabras: “El Estado puede y debe aplicar sanciones como pena accesoria a la de la prisión y agravar las penas a los extranjeros que cometan delitos comunes en el país, sin que ello importe violación a los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación entre otros, siendo que estamos en presencia de una medida excepcional avalada por nuestra Constitución y Tratados internacionales que la integran. Lo único inconstitucional sería no hacerlo”.

Pero además de discriminarla por migrante, el expediente judicial trataba a Claudia en masculino y por su nombre anterior, algo que transgrede la ley de identidad de género sancionada en 2012. Apenas mencionaba su nombre como un “alias” y hacía menciones a “persona travestida”.

Claudia fue requisada por varones y enviada a un penal también de varones. El expediente también trataba en masculino a las testigas compañeras de la acusada que declararon en la causa y se autopercibían como femeneidades.

Cuando el juez se presentó para hacer su defensa, negó haber agravado la pena de Claudia por extranjera. Y dijo que las acusaciones eran un modo de hacer “una apelación encubierta” para intentar direccionar el rumbo de la casación.

Como respuesta a la apelación, en noviembre de 2016 la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal ordenó caratular el expediente incluyendo también la identidad de género de Claudia, cambió la calificación a “tenencia simple de estupefacientes” (es decir, sin “comercialización”), y objetó el agravante de “extranjera” esgrimido por el juez Ruiz. Por último, redujo la pena a 2 años de prisión en suspenso y la multa a 50 pesos.

Las acusaciones contra el juez

Tras las denuncias de las organizaciones de derechos humanos y diversidad sexual, la Comisión Bicameral y la Procuración General acusaron al magistrado de mal desempeño “en orden al tratamiento desigual que mereció la imputada”, al no cumplimiento de la ley 26743 de Identidad de Género y a la discriminación xenófoba en franca violación a la Ley 23592 (que sanciona los actos discriminatorios)”. También señalaron que la actitud del juez infringió la Ley de Migraciones y “comprometió al Estado argentino” en términos de sus compromisos internacionales. Esto puede acarrearle al juez su destitución, según la Constitución provincial.

A pesar de la defensa que hizo el juez de sí mismo, el jurado de enjuiciamiento consideró básicamente que había incurrido en un acto discriminatorio. Y enfatizó en su resolución que “El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia”. Y resolvió “suspender a partir de la fecha al magistrado disponiendo el embargo del 40 por ciento de su sueldo”.

Descargar la resolución que suspendió al juez por discriminar

“Me parece interesante remarcar que este fallo aleccionador, que data de 2016, intentó marcar desde la Justicia un nuevo momento de época con la asunción de María Eugenia Vidal en la provincia y de Garro en La Plata. Hoy, casi 3 años después, estamos viendo cómo podemos empezar a revisar todas las causas que denunciamos. La Justicia ha sido profundamente transodiante, xenófoba y racista con nuestro colectivo”, señala Vásquez Haro. Para ella, no se trata de un caso aislado sino que se enmarca en las numerosas violaciones a derechos humanos que se vienen denunciando y también en las muertes de sus compañeras trans y travestis que fallecieron en 2017, cuando estaban privadas de su libertad: Pamela, Angie, Damaris y Brandy.

“No es un caso aislado, y también se relaciona con lo que pasa hoy con la compañera Mónica (Mego) que entró caminando a la cárcel y hoy la tenemos en silla de ruedas, parapléjica, porque las condiciones de detención agudizaron su enfermedad. Este fallo pone al descubierto esa trama perversa de los armados de causa y criminalización de trans y travestis en Argentina, y también el doble perfilamiento por lugar de procedencia”.

Fuente Agencia Presentes

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Mujer trans detenida sin condena quedó parapléjica y denuncia torturas

Martes, 10 de septiembre de 2019

TransfobiaaPor Luciana Bertoia

Mónica Mego, una trans peruana de 36 años, entró caminando a una cárcel de la provincia de Buenos Aires y hoy está postrada, parapléjica, en la cama de un hospital de La Plata. Hace casi un año que está detenida sin condena, acusada de narcomenudeo. Después de meses de dolores y reclamos para que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) la hiciera atender, quedó paralítica y sin control de esfínteres. Denunció por torturas al SPB – que depende del Ministerio de Justicia provincial de María Eugenia Vidal-, pero su presentación no avanzó. En simultáneo, los penitenciarios accionaron contra un defensor por haber ido a visitar a Mónica, supuestamente acompañado por una periodista. Esa investigación se mueve a pasos agigantados y ya pasó por las manos de tres fiscales. Distintos organismos dicen que se trata de un caso de torturas que el Estado provincial quiere impedir que se investigue, lo que motivó la intervención de la Corte Suprema bonaerense.

La denuncia de Mónica entró a la fiscalía general de La Plata el 5 de julio de este año. La presentó el abogado de la Defensoría de Casación bonaerense Aníbal Hnatiuk. En un par de hojas, Mónica relataba cómo su vida se desmoronó en menos de un año, desde que quedó privada de su libertad. Los dolores renales empezaron en octubre del año pasado, cuando estaba detenida en la Alcaidía de Olmos. La atención del SPB consistía en suministrarle Ibuprofeno. Ella fue notando cómo crecía una protuberancia y también cómo los penitenciarios incumplían su promesa de llevarla a un hospital extramuros para que la atendieran y trataran.

Cuando la trasladaron a la Unidad 32 de Florencio Varela, Mónica ya casi no podía caminar. Sus compañeras de pabellón entraron en una huelga de hambre para reclamarle al SPB que la hiciera tratar. La respuesta del SPB fue ponerla en un “buzón” – una celda de castigo – y dejarla horas sin atención. El 21 de mayo, una compañera que colaboraba con el área de Sanidad quiso levantarla, pero Mónica se desmoronó. “Se me murió el cuerpo totalmente”, escribió en su denuncia.

Al día siguiente, la operaron en el Hospital San Martín de La Plata. La protuberancia que ella notaba era un absceso epidural por una tuberculosis no atendida. Cuando salió del quirófano, los médicos le dijeron que no iba a volver a caminar: debería vivir el resto de su vida con pañales y sonda.

Días después, la volvieron a llevar a Olmos. La dejaron en una cama sin rotarla y se le formaron escaras, dejándola expuesta a infecciones múltiples. Una tortura adicional para alguien que vive con otras patologías crónicas.

La cárcel, un dispositivo para morir

“Esto que pasó con Mónica es algo sobre lo que veníamos alertando desde 2017, cuando murieron cuatro compañeras que estaban privadas de su libertad, dice Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans.

PAMELA_MACEDO_PANDUROPamela Macedo Panduro falleció el 1 de enero mientras estaba detenida en la Unidad Penal Nro. 32 de Florencia Varela, Provincia de Buenos Aires.

La organización está por dar a conocer una investigación federal realizada con apoyo del Fondo Internacional Trans, que detalla los padecimientos de las personas trans en situación de encierro. “El informe va a dar cuenta de cómo se agravaron las condiciones de detención, malos tratos, tortura y muerte en estos cuatro años de macrismo”, adelanta. El 95 por ciento de las entrevistadas denunció que al menos una vez sufrió malos tratos, violencia verbal o física de las fuerzas de seguridad. En las cárceles, hay una triple discriminación– explica Vásquez Haro–: ser travesti, migrantes y pobres.

Según el último informe de la CPM, a diciembre del año pasado, eran 94 las mujeres trans detenidas en las cárceles bonaerenses. La mayoría de ellas están alojadas en la Unidad 32 de Florencio Varela. El resto se reparte entre la Unidad 44 de Batán y la Unidad 2 de Sierra Chica.

La población trans en cárceles creció un 36 por ciento entre 2017 y 2018 – al calor de la retórica manodurista. Hasta el año pasado, el 86 por ciento de las personas trans detenidas lo estaba por tener un procesamiento. O sea, sin sentencia ni revisión de sentencia. Como sucedió con Mónica.

La justicia le reclama a la justicia

El viernes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, Eduardo de Lázzari, firmó una resolución en la que le apuntaba directamente al Procurador General Julio Conte Grand. Por un lado, le reclamaba que le informe qué se hizo con la denuncia que presentó Mónica desde el hospital. Por otro, hacía una exhortación a todas las autoridades que intervienen en el caso para que no entorpezcan la acción de defensores de los derechos humanos.

Mario Coriolano, defensor de Casación, fue a visitarla mientras estaba en una cama en Olmos. Lo hizo a partir de un pedido del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) – que consideró que la falta de atención, las burlas y el hostigamiento que padeció Mónica podía catalogarse como un caso de tortura. Terminó denunciado Coriolano por el titular del SPB, Xavier Areses, por haber supuestamente permitido el ingreso de una periodista – lo que sería prácticamente una hazaña porque es el propio SPB quien controla ingresos y egresos de las cárceles.

El de Mónica es un caso testigo porque pone sobre la mesa lo más brutal y estereotipado del sistema de justicia: de un sector de los fiscales, de la judicatura y el SPB, dice Coriolano a Presentes. “Desde una perspectiva de género hay una intersección de vulnerabilidades. Es una mujer trans, peruana y eso llevó a que se la involucrara falsamente en un tema de drogas”.

unidad-penal-1122x561La resolución de De Lázzari surgió después de que llegaran ante el máximo tribunal provincial presentaciones de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), del CNPT y del Vicario Episcopal de Solidaridad de la Diócesis de Quilmes.

La CPM presentó dos hábeas corpus por la situación de Mónica y solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que extendió a todo el colectivo trans privado de su libertad en la provincia de Buenos Aires.Es probable que se repitan las presentaciones en las próximas semanas e incluso que se sumen nuevas organizaciones para apoyar el reclamo.

Mónica está actualmente detenida en prisión domiciliaria en el Hospital San Juan de Dios de La Plata, pero las organizaciones que siguen su caso vienen reclamando que se la traslade al Hospital El Dique, de Ensenada, porque es el centro médico ideal para tratar dolencias crónicas.

“Es de interés que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. La respuesta del Estado para Mónica debe ser reparatoria”, reclama Ignacio Di Giano, director del Programa de Recepción de Denuncias de la CPM. “Esta chica entró caminando y se va a ir en una silla de ruedas en el mejor de los casos”.

Fuente Agencia Presentes

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Golpearon e insultaron a joven gay en la calle en Quilmes (Buenos Aires): “esto te pasa por puto”

Viernes, 30 de agosto de 2019

agresión--713x356Por Lucas Gutiérrez 

El domingo 25 por la madrugada a Xoaquín López (29) lo golpearon. Fue en la zona de San Francisco Solano, Quilmes, provincia de Buenos Aires. Le pegaron por homoodio. No es la primera vez que los agresores atacan a Xoaquín. “Basta de homofobia, basta de intolerancia”, dijo López en un video que subió a sus redes denunciando el ataque.

“Acompañé a mi marido a tomar el colectivo a la avenida Donato Álvarez. Él tomó el colectivo y yo fui al kiosco por la Donato y calle 840. Ahí aparece esta mujer con su prima y un varón que no sé si es su hermano o su pareja. Cuando los veo atino a cruzarme de vereda pero no me dio tiempo, él me cortó el camino y me agarró del cuello”, dijo a Presentes Xoaquín. Contó que mientras ellas observaban y el hombre le pegaba, le decían todo tipo de insultos, pero en especial: “Esto te pasa por puto”.

Xoaquín contó que no es la primera vez que esta mujer de apellido Molina y sus conocidos lo agreden. “Me tenía del cuello, me cortó el aire y yo no podía respirar. Cuando quiero zafar me pega una piña muy fuerte en la boca y es ahí donde caigo al suelo y mi cabeza da contra el asfalto”, explicó a este medio.

 

Sin ayuda del 911

Xoaquín volvió al kiosco pidiendo que lo ayuden ya que por el mareo tambaleaba. Cuando llegó a su casa llamó al 911: “La mujer que me atendió me trató de manera muy soberbia, dijo que me iba a mandar un móvil pero cuando corté me di cuenta que no me había pedido ni mis datos ni mi dirección”. El móvil nunca llegó.

Camila Fernández, militante trans de La Cámpora Diversia, acompañó a Xoaquin a realizar las denuncias. “A veces cuando vas a la comisaría te revictimizan, te hacen preguntas que no deben. Fuimos a la fiscalía tuvimos una mejor atención, aparte en un momento se acercó un empleado del poder judicial que también es homosexual que también nos pudo contener”, explicó. La denuncia de momento quedó radicada en la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 11.

Después fuimos al Cuerpo Médico que se encuentra en la zona del triángulo de Bernal. No me revisaron, me miraron y dijeron que veían que tenía el golpe en la boca y la apretada en el cuello. Nada más”, dijo López quién se encuentra desempleado. “Al hospital de Solano tampoco fui. Para que te vean te tenés que estar muriendo”, agregó.

Reincidencia y denuncia sin consecuencias

“Esta es la segunda vez que ellos me agreden. La anterior fue hace unos años. Presenté denuncias en comisaría y fiscalía y no encontraron pruebas suficientes para hacer algo”, dijo Xoaquín.

Mientras evaluaba si pedir protección policial para la zona, Xoaquín dijo: “Ahora si salgo de mi casa tengo que hacerlo acompañado. Llamo a mis hermanas, me tienen que venir a buscar. No salgo solo. Porque yo sé que tarde o temprano me los voy a cruzar. Viven a dos cuadras. Las dos chicas miraban e insultaban. No me robaron, no me sacaron las zapatillas ni la campera. Fue odio”.

Juano Beni, artivista de la zona de Quilmes, agregó: “Si voy caminando de la mano de mi compa, si le doy un beso, puedo llegar a recibir un ataque. Es parte de un cotidiano estar alerta. Está ese miedo porque a les compañeres les pasa que los violentan, a mí alguna vez e han gritado algo ya que el acoso verbal también existe”.

Beni también reforzó el hecho que en la zona hay movimientos de diversidad unidxs: “Se viene la cuarta marcha del orgullo en Quilmes el 28 de septiembre. Esperamos el doble de gente que el año pasado”.

Fuente Agencia Presentes

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Ataque a una pareja de lesbianas en Berisso (Provincia de Buenos Aires): repudio y marcha

Viernes, 26 de julio de 2019

cara-violencia2-1652x826Por L.G

El viernes 19 de julio una pareja de lesbianas fue atacada por un hombre mientras esperaban el colectivo en la ciudad de Berisso (provincia de Buenos Aires). “Ya que estás, vestite de varón”, le dijo el agresor, que estaba con su esposa e hijos. Acto seguido, escupió a una de ellas y le dio dos piñas. Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía de La Plata. Organizaciones de la zona convocan a marchar en repudio de este acto de LesboOdio el miércoles 24 a las 9:30 de la mañana.

La joven agredida -que prefirió reservar su identidad- estaba con su pareja. Esperaban el colectivo cuando este hombre primero la agredió verbalmente. Cuando ella lo interpeló, le respondió escupiéndola. “Y después, el hombre le pegó una trompada en el ojo izquierdo, ella tenía anteojos así que la lastimó con la lente. Ella trató de acomodarse y vio que venía una segunda trompada. Logró esquivarla un poco, así que le pegó en la oreja y le arrancó el aro”, dijo a Presentes Sandra Di Sieri, parte del Frente Darío Santillán Corriente Nacional, que está acompañando a la joven agredida.

Según contó a Presentes, cuando ella intentó agarrar algo para defenderse, apareció un patrullero. Al acercarse a explicarle la situación, el agresor se comenzó a retirar. “Los patrulleros, en lugar de detenerlo, se retiraron continuando su ronda. Cuando esta compañera ve que el patrullero se va, sigue a quien la agredió”, continuó Di Sieri. “En ese momento él, ya acompañado de otros varones, la amenazó con un ladrillo hueco”.

La denuncia recién pudo ser radicada el día 23 de julio, en la fiscalía de la ciudad de La Plata (ubicada en la calle 5 entre 56 y 57). “En la comisaría 2da de Berisso no les quisieron aceptar la denuncia, las mandaron primero al hospital. Luego de eso fueron a hacer la denuncia en la fiscalía que está en calle 54 entre 6 y 7, donde tampoco la quisieron recibir. Y las mandaron a la DDI (Delegación Departamental de Investigaciones). Ahí, en lugar de tomarle la denuncia, le cuestionaron a la joven agredida que porqué lo había seguido, así que se retiraron”, dijo Di Sieri.

Marcha en Berisso

A raíz de esta agresión lesboOdiante se convocó a una marcha en repudio. El miércoles 24 a las 9:30 en Berisso, partió de calle Montevideo y Avenida 30 (General Mitre). “Este ataque se enmarca en el avance de las violencias contra lesbianas, maricas, trans y travestis en la región. El pensamiento de derecha, el ¨Con mis hijos no te metas¨, los intentos de frenar la implementación de la Educación Sexual Integral, el recrudecimiento de las violencias de género sobre mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binaries y toda la comunidad GLTTBiPQ+. No vamos a tolerar ésta ni ninguna otra agresión sobre nosotras y nosotres”, dice la convocatoria.

Toni Domínguez es investigadora de la Dirección de Diversidad Sexual de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, y milita en el Frente de organizaciones TLGBI de La Plata, Berisso y Ensenada.  Sobre lo que está pasando en esta zona, describió: “Acá el contexto de hostilidad para el colectivo LGBTI se ha recrudecido muchísimo con prácticas violentas en la vía publica, correcciones, violaciones simbólicas, violencia explícita, golpes y persecuciones. La verdad que como espacios de diversidad estamos muy preocupades porque entendemos que esto no es azaroso. Las personas que cometen estos actos son vecinos, sujetos, varones que transitan la vía pública, personas civiles como cualquier otro pero que tiene que ver y se enmarca en un proyecto político que entiende a la diversidad sexual como algo a lo cual hay que exterminar y/o perseguir”.

“Faltan políticas públicas”

“La idea es recorrer las calles denunciando esta agresión, no naturalizar que nos vengan a violentar. Tiene que ver con el contexto social que estamos viviendo. La falta de políticas públicas que promuevan la construcción de nuevas relaciones humanas basadas en la diversidad y el respeto al ejercicio libre de nuestros cuerpas, identidades y deseos  traen como consecuencia violencia contra nuestras/es compañeras/es”, explicó Sandra Di Sieri y citó varios ejemplos de agresiones recientes en el país.

Más de 30 organizaciones adhirieron al comunicado de repudio ante lo sucedido y estarán acompañando esta marcha.

Fuente Agencia Presentes

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Argentina: Lo echaron de un boliche por besarse con otro hombre en Necochea

Miércoles, 21 de febrero de 2018

28056641_10156024249282457_6799979843370153298_n_crop1518625413227-jpg_1734428432Lo echaron de un boliche por besarse con otro hombre, quiso hacer la denuncia y un policía los amenazó. Ocurrió en Necochea, a donde un joven de 33 años había viajado por el fin de semana. Contó lo que le había pasado en las redes sociales y su publicación se viralizó.

Un joven de 33 años denunció que en un boliche de Necochea, lo echaron del local por estar besándose con otro hombre. Cuando quiso hacer la denuncia, la policía lo amenazó.

Marcelo Mangini es de Capital Federal y fue el fin de semana a la ciudad costera junto a sus amigos para visitar a sus familiares.

El sábado a la noche fueron a Tom Jones Bar. Cerca de las 3.30 de la mañana, Mangini empezó a besarse con otro hombre cuando el dueño del local bailable se les acercó para pedirles que dejen de hacerlo. “Hay familias. Pueden quedarse, pero paren de besarse”, les dijo.

Mangini y el chico salieron al patio, donde bailaron y también se besaron. Esta vez dos patovicas los increparon. “Nos habían estado siguiendo desde el encuentro con el dueño, era como una marca personal. Hicieron el mismo planteo: ‘somos empleados, seguimos órdenes, hay clientes a los que les molesta‘”, contó Mangini en diálogo con La Once Diez.

Minutos más tarde el joven se cruzó con el dueño y le preguntó por qué los hostigaban. “Ahí él no quiere hablar con nosotros, se va caminando de forma muy desagradable y prepotente. Hace un gesto con la mano arriba como mirando a los patovicas y les dice: ‘a estos sacámelos‘”, contó Mangini.

Fue entonces cuando los empleados de seguridad los sacaron del boliche. En un momento uno dice ‘por las buenas o por las malas’, se da vuelta, me hace como un gancho en el cuello y me empieza a arrastrar en el aire. Forcejeo, me como un par de trompadas, va abriendo camino entre la gente y después llegando a la puerta me revolea como una bolsa de papas a la vereda, contó el joven.

El grupo decidió ir a la comisaría a hacer la denuncia pero la respuesta que obtuvieron de un policía no fue la esperada. “Hizo un discurso donde rescató que era un lugar privado, que tiene sus propias reglas, que el dueño decide. Lo que nos decía es que nosotros desafiamos la potestad de él de sacarnos y que al resistirnos generamos violencia”, detalló Mangini.

La charla empezó a tener un tono más violento por lo que uno de los presentes empezó a filmar la situación. Nos preguntan si tomamos alcohol, empieza como un amedrentamiento, llama por la radio a los que tienen que hacer el test, empieza a crecer todo (…). Eso empieza a desescalar, se da cuenta de que todo se está yendo al carajo y rescata que hubo lesiones —contó—.Y dice: ‘bueno, les tomo la denuncia’. Y pasa a un cuarto con el chico con el que estaba, que iba a ser testigo”, relató Mangini.

Después, el efectivo intimidó al grupo. “No me gustaron para nada sus formas. Llegan a subir el video a las redes y les meto una denuncia a cada uno”, amenazó.

En ese momento, Mangini decidió no hacer la denuncia: “En estas condiciones no la voy a hacer, no te voy a dar mis datos personales porque me estás amenazando, sos un homofóbico.

“Terminamos en la calle re victimizados. Tuve un par de días de angustia, de mucha impotencia. Una situación de desprotección muy grande”, dijo el joven, quien denunció lo que pasó en las redes sociales y su publicación se volvió viral.

El apoyo recibido por los usuarios fue tan grande, que el perfil del boliche se llenó de mensajes que mostraban su repudio ante lo sucedió. Finalmente, la cuenta fue cerrada.

Fuente Telefé Noticias, vía SentidoG

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Argentina: Condenan a 15 años de prisión al padre Grassi

Jueves, 23 de marzo de 2017

83457_padre_grassiLa Corte Suprema argentina ratifica, por unanimidad, la condena por abusos al cura Grassi

El religioso fue hallado culpable de abusos a varios niños huérfanos, y pasará 15 años en prisión

El Obispado de Morón recuerda que el sacerdote tiene prohibido “el ejercicio público del ministerio

Julio César Grassi es un abusador de menores. Lo ha confirmado, por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de Argentina. El cura argentino ya fue condenado en 2009 a 15 años de prisión por “abuso sexual agravado” contra los niños, pero permaneció en libertad condicional hasta 2013.

Cronología del ‘caso Grassi’ con enlaces a artículos.

Grassi quedó bajo sospecha en 2002, cuando el programa “Telenoche Investiga” de Canal 13 difundió un informe donde se ventilaban denuncias contra el titular de la “Fundación Felices Los Niños” por supuesto abuso deshonesto de menores a los que debía proteger. Estuvo solo un mes en prisión y luego esperó su juicio oral en libertad; en 2009 fue condenado por solo dos de los 17 cargos que pesaban en su contra y recibió una sentencia a pasar 15 años tras las rejas. Sin embargo, tampoco quedó detenido. Grassi sigue en libertad y ahora la Suprema Corte bonaerense confirmó esa resolución.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó hoy la condena a 15 años de prisión al Padre Grassi por los delitos de “abuso sexual agravado” contra un menor de edad en la Fundación Felices Los Niños.

La Justicia desestimó por unanimidad los recursos presentados en la causa que tiene como imputado al sacerdote Julio César Grassi, convalidando lo decidido por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.

De este modo, quedó firme la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n°1 de Morón, Provincia de Buenos Aires, que condenó a Grassi de 15 años de prisión como autor reiterado de los delitos de abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y guarda del menor-víctima en concurso real entre sí.

Fue condenado en junio de 2009 a 15 años de prisión por abusar sexualmente de “Gabriel”, un niño de 13 años de edad. El religioso fue sentenciado por “abuso sexual agravado, corrupción de menores agravada por su condición de sacerdote” contra un menor que en el 2002, con 19 años, había relatado en un programa de televisión cómo había sido abusado por el sacerdote cuando tenía 15 años y vivía en la Fundación Felices los Niños dedicada a rehabilitar a niños de la calle, de la que Grassi era responsable. Fue detenido el 24 de octubre de 2002, veinticuatro horas después de que el programa televisivo revelara su implicación en el abuso de cinco chicos.

Sin embargo, el Padre gozó de libertad condicional hasta que fue detenido en 2013 luego de que el fallo fuera ratificado en tres instancias y tras esta confirmación, le quedarían más de doce años de prisión efectiva. El sacerdote está actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria Nro. 41 de Campana, Provincia de Buenos Aires.

El abogado querellante, Juan Pablo Gallego, se mostró muy conforme con la resolución e incitó a que la Iglesia tome una decisión sobre su continuidad como Padre. “No hay más dudas, no hay más complot, no hay más ataques a las victimas. Es un cura pedófilo y debe ser expulsado de la Iglesia”, indicó en declaraciones a TN.

La sentencia es firme, y ya no caben recursos. Tras conocerse el fallo, el Obispado de Morón -diócesis a la que pertenecía Grassi- emitió un breve comunicado en el que destaca que “desde el inicio del juicio el sacerdote fue separado de toda función pastoral de la diócesis”, al tiempo que el obispo, Luis Eichhorn, le prohíbe el ejercicio público del ministerio“.

En la nota, se añade que “la Santa Sede dispuso una investigación preliminar sobre las denuncias de la conducta de este sacerdote de la cual surgió un informe enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe, y se afirma que “el Obispado actuará de acuerdo a los procesos canónicos vigentes que disponga la Santa Sede, los que serán informados debida y oportunamente a la opinión pública.

Tras la confirmación definitiva de la Corte Suprema, le restarían doce años de prisión efectiva. El sacerdote está actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria Nro. 41 de Campana, provincia de Buenos Aires.

Comunicado del Obispo de Morón:

Morón, 21 de marzo de 2017

Ante el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso del sacerdote Julio César Grassi, el Obispado de Morón manifiesta que:

Desde el inicio del juicio el sacerdote fue separado de toda función pastoral de la diócesis.
Está vigente sobre este sacerdote la medida dictada por el obispo de Morón -Mons. Luis Eichhorn- que le prohíbe el ejercicio público del ministerio.

Oportunamente la Santa Sede dispuso una investigación preliminar sobre las denuncias de la conducta de este sacerdote de la cual surgió un informe enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe.

El Obispado actuará de acuerdo a los procesos canónicos vigentes que disponga la Santa Sede, los que serán informados debida y oportunamente a la opinión pública.

391946Bergoglio y el polémico Grassi, condenado por abusar de menores

Por su parte, y según informa Sergio Rubín en Valores Religiosos, el caso Grassi siempre dividió a la Iglesia entre los que lo consideraron culpable y los que creían en su inocencia. Como la cuestión era tan polémica, la cúpula del Episcopado decidió encargarle a un destacado penalista, Marcelo Sancinetti, un estudio del caso tras lo cual concluyó que el sacerdote era inocente.

Jorge Bergoglio, el primer papa argentino, era la figura máxima de la Iglesia Católica en Buenos Aires y Cardenal cuando el cura Julio César Grassi, perteneciente a su Diócesis, condenado en dos instancias a 15 años de prisión por corrupción de menores y abuso sexual, hechos ocurridos en su Fundación “Felices los Niños”.

Según declaró en una entrevista al diario Perfil en 2009, el mismo Grassi aseguraba que Bergoglio “jamás” le había soltado la mano. Investigaciones periodísticas de la época indican que Bergoglio no sólo continuaba protegiéndolo a través de la Iglesia, sino que además era su confesor, y uno de los pocos que acudían a la Fundación a hablar con él. “Hablo con él, me apoya mucho espiritualmente y me cree”, dijo Grassi sobre Bergoglio antes de ser condenado a 15 años de prisión.

Francisco siguió defendiendo al cura Grassi diciendo que es inocente y que había sido víctima de un complot mediático.  Recordemos que Bergoglio era su confesor. Y era el Presidente de la Conferencia Episcopal de Argentina y Cardenal.

Bergoglio encomendó un estudio secreto de dos tomos con el propósito de desacreditar no solo a “Gabriel” sino también a otras dos víctimas que habían denunciado a Grassi y convencer a los magistrados de la Suprema Corte bonaerense de la inocencia de Grassi. Según dijo el abogado de una de las víctimas, el libro se hizo llegar a los magistrados del tribunal superior que se preparaban a pronunciarse sobre la apelación interpuesta por la defensa de Grassi.. Se cree que el encargo de Bergoglio es una de las razones por las que Grassi permaneció en libertad durante más de cuatro años después de ser condenado. Finalmente fue enviado a la cárcel en septiembre de 2013.

En septiembre de 2013, Monseñor Marcelo Cuenca Revuelta, arzobispo de Río Negro, declaró públicamente que el padre Julio César Grassi (sacerdote ya condenado cuya culpabilidad había sido confirmada por dos tribunales de apelaciones) era “completamente inocente”. Él también dijo que Grassi había sido incriminado injustamente por personas desconocidas que querían castigar a Grassi e impedir que la Iglesia ayudara a los niños pobres.

Acaso por lo controvertido internamente que resultaba el tema llevó al obispo de Morón, Luis Eichhorn, del cual depende Grassi, a dilatar el juicio eclesiástico, cuyo veredicto es determinante para disponer o no la expulsión expulsión del sacerdote del ejercicio de su ministerio.

Eichhorn apeló al argumento de que no era conveniente avanzar decididamente en el juicio eclesiástico mientras estaba actuando la justicia para no aparecer interfiriendo, un criterio aceptado por los canonistas, aunque no necesariamente de observancia obligatoria.

Ahora, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las instancias judiciales se cumplieron y todo indica que el proceso interno se acelerará, Por el bien de la Iglesia, es importante que concluya rápidamente.

A pesar de la condena recibida en 2009, Grassi permaneció en libertad hasta septiembre de 2013, cuando la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó su apelación y lo encarceló de inmediato para que comenzara a cumplir su condena de 15 años de prisión. Aun así, sigue siendo sacerdote católico.

Además fue condenado a dos años más de prisión  por el delito de malversación de fondos de la Fundación y por el desvío de las donaciones en beneficio propio. En julio de 2014 el director de hogares de la Fundación Felices los Niños, Juan Manuel Casolati, lo denunció ante la Fiscalía número 8 de Morón, por el robo de la comida de los niños y las donaciones de la Fundación, que le son enviadas semanalmente en vez de ir a la Fundación, para que el padre pueda pagar prebendas y solventarse una vida de lujo en prisión mientras los niños pasan necesidades y viven en pésimas condiciones.

apoyo-poco-felizEn 2007, Bernárdo Álvarez, Obispo de Tenerife, hizo unas declaraciones que afectaron la sensibilidad de quienes no rigen sus vidas ni su ética según los principios de la Iglesia Católica. “Puede haber menores que sí lo consientan y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso, si te descuidas, te provocan”, explicó refiriéndose a la práctica, en el clero, de abusar sexualmente de personas.

La revista Barcelona reveló que el sacerdote español se sumaba al puñado de prelados que reclama “la inmediata libertad” del padre Julio César Grassi (hacer click sobre el recorte para leer), condenado a 15 años de prisión por abuso de menores. Lo que para cualquiera sería un sorbete amargo de tragar, para el fundador de la Fundación Felices Los Niños ha constituido un espaldarazo. Su gran amigo personal, el animador Raúl Portal, habría perdido la alegría desde la última vez que opinó públicamente sobre el caso Grassi:  “Esta es una victoria dolorosa, pero recuerden que nadie ganó un partido sin perder un set. Mirá lo que quedó del violador serial. Si te acordás, eran como treinta los chicos que lo acusaban y le decían ‘violador serial’, ahora resulta que solamente violó a uno y dos veces, es un chiste”, se ufanó Portal en junio de 2009, la primera de las dos veces en que Grassi fue condenado y dejado en libertad, simultáneamente.

Fuente: La Nación/Terra/BishopAccountability.org

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