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Informe: Travestis y trans en cárceles argentinas: más migrantes, jóvenes y sin condena

Lunes, 25 de noviembre de 2019

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Por Rosario Marina

Fotos: gentileza Otrans Argentina

¿Cuál es la situación de las personas travestis y trans en las cárceles argentinas? ¿Cuántxs son, quiénes son y cómo viven? Un estudio exhaustivo de la organización OTRANS Argentina se adentró en los penales federales y bonaerenses para generar datos reales y construir un documento que pruebe “la violencia sistémica a la que son sometidos los cuerpos travestis y trans” en situación de encierro.

PAMELA_MACEDO_PANDUROPamela Macedo Panduro.

Pamela Macedo Panduro, militante de Otrans y migrante, falleció el 1 de enero de 2017 mientras estaba detenida en la Unidad Penal Nro. 32 de Florencia Varela, provincia de Buenos Aires.

Angie Velázquez Ramírez y Damaris Becerra Jurado también murieron en cárceles bonaerenses. Brandi Bardales Sangama en el hospital platense San Martín, después de que la policía bonaerense allanara su casa. Este informe se inició a partir de sus muertes.

23905551_1887373901289941_7268346391142718601_nDamaris Becerra Jurado

Un informe pionero

“Nuestra investigación surge de hechos puntuales, relacionados con el aumento de las detenciones arbitrarias y armados de causas y, el desencadenante que produjo las muertes de cuatro compañeras en el 2017, detenidas en la ciudad de La Plata”, explica en el informe Claudia Vázquez Haro, presidenta de OTRANS y directora del proyecto.

El informe es el primero y único en su tipo. No existe ninguna organización trans que haya relevado antes las condiciones de detención del colectivo travesti-trans en el país.

En total, se hicieron 87 visitas a cárceles en la provincia de Buenos Aires y en el ámbito federal, entre enero y julio de 2019. La investigación fue financiada por el Fondo Internacional Trans.

Cuántas son y dónde están

El informe contabilizó la situación de encierro de 94 mujeres trans en las unidades N° 44 de Batán, N° 2 de Sierra Chica y N° 32 de Florencio Varela (todas ellas en provincia de Buenos Aires). En estas últimas, dos se encuentran alojadas personas trans con varones cis. En el Servicio Penitenciario Federal, la investigación regisró a 44 mujeres travestis y trans en la Unidad Carcelaria de Ezeiza. Dos tercios de las trans en situación de encierro tienen entre 25 y 40 años.

Hasta el 2015, el Ministerio de Justicia de la Nación no contabilizó a las personas trans travestis en sus estadísticas. Recién a partir de ese año, tres después de la sanción de la Ley de Identidad de Género, el Estado empieza a saber cuántas son las trans encarceladas.

Según el informe, aunque en Argentina han habido avances, “el sistema penitenciario ha quedado en un desfase teórico que se traduce en el ejercicio de prácticas institucionales que no logran dar una respuesta adecuada”.

Sin antecedentes y sin condena

En 2019, en las cárceles bonaerenses el 82% de las personas travestis y trans entrevistadas en el marco de este informe no tenía antecedentes: ésta es la primera vez que pisaron una unidad de detención penal. Entre quienes sí habían estado presas, menos de la mitad había recibido una condena.

En el ámbito federal la situación se parece: más del 50% de las entrevistadas nunca antes habían sido encarceladas ni habían cometido ningún delito.

El informe identificó el aumento en la cantidad de migrantes privadas encarceladas. “La mayoría de mujeres travestis y trans privadas de la libertad son migrantes. Un gran porcentaje de ellas se encuentra procesada, esperando una condena firme o la libertad”, explica el informe.

Migrantes: cada vez más

Según los datos del Ministerio de Justicia de la Nación, en 2015 el 52% de las travestis y trans encarceladas en unidades penales del país eran argentinas. Al año siguiente representaban el 59%. El segundo grupo más importante era el de las peruanas, representando el 39% de las presas trans y travestis.

Sin embargo, según los datos relevados por la investigación, tres años después la proporción no se ha sostenido: en provincia, el grupo de nacionalidad argentina es de un porcentaje menor al migrante, en una proporción de 30% y 70% respectivamente.

Hoy, en la provincia de Buenos Aires, el 70% de la entrevistadas privadas de su libertad son extranjeras: la mayoría de Perú, otras de Ecuador. En el ámbito federal, el 55% son extranjeras. Las nacionalidades coinciden y se suma República Dominicana.

Las detenciones arbitrarias a trans y travestis migrantes, que llegan a la Argentina huyendo de las violencias y el transodio en sus países de origen, son solamente una cara de la discriminación que sufren por parte de la Justicia. Este año, un juez de La Plata, Juan José Ruiz, fue suspendido por haberle agravado la pena a una trans por ser migrante, vulnerando el derecho a la igualdad de trato y al principio de no discriminación. La medida la tomó el Jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia.

Argentinas o migrantes, las impulsoras de este informe pusieron el foco en las pocas visitas que reciben casi todas ellas de sus familiares. En Sierra Chica hay una chica trans que no recibe visitas hace tres años.

“De las migrantes, ni sus consulados se ocupan de ellas. La cantidad de migrantes detenidas me generó muchas interrogantes al igual que la edad de las compañeras”, explicó Claudia Vázquez Haro a Presentes. “Se observa unas condiciones que contribuyen al deterioro de la salud: la situación habitacional agrava los problemas y los paliativos a las falencias respecto de una alimentación adecuada y de la provisión de medicamentos”, explica el informe.

«Las cárceles son depósitos humanos»

A Claudia, directora del proyecto, le llamó la atención las condiciones inhumanas de detención. ¿Cómo eso agrava la salud de las que viven con enfermedades crónicas?

Los datos indican que el 73% de las travestis y trans en cárceles bonaerenses padece algún tipo de enfermedad. Una de las infecciones más comunes es el VIH-sida. En el ámbito federal, el 55% tiene alguna enfermedad, siendo el VIH-sida la más común.

“El informe es un importante capital simbólico y político en términos de poder sistematizar la situación en que se encuentran travestis y trans”, dijo Vázquez Haro a Presentes. El objetivo final, explicó, es que los datos sirvan no sólo exigirle al Estado el cumplimiento de políticas públicas para el colectivo trans y travesti, sino también para poder denunciar ante organismos internacionales cómo se violan los derechos humanos del colectivo trans y travesti en el encierro en Argentina. “Las cárceles son depósitos humanos donde se termina desechando la vida de las compañeras trans y travestis”, concluyó.

Los ejemplos abundan. Uno de ellos: Mónica Mego, una trans peruana de 36 años, entró caminando a una cárcel de la provincia de Buenos Aires y quedó postrada, parapléjica, en la cama de un hospital de La Plata. Había estado casi un año detenida sin condena, acusada de narcomenudeo.

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A contramano de lo que suele ocurrir la mayoría de las veces en la Justicia, este año el fiscal Franco Picardi -titular de la Fiscalía Federal N° 5- emitió dictámenes para pedir que trans acusadas (en dos causas distintas) del delito de venta de drogas a baja escala fueran sobrevenidas y evitaran ir a la cárcel . En ambos escritos, el fiscal consideró que se trataba de sobrevivientes «en estado de necesidad disculpante y falta de acceso a derechos básicos».

En consonancia, el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 7, a cargo de  Sebastián Casanello, decidió sobreseer a cinco de ellas. Se trató de una decisión histórica de la Justicia argentina, que admitió el estado de «necesidad disculpante» en que actuaron las acusadas y reconoció la falta de derechos que afronta el colectivo travesti-trans, fuera y dentro de las cárceles argentinas.

Fuente Agencia Presentes

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Suspendieron al juez argentino que agravó pena a una trans por migrante

Miércoles, 25 de septiembre de 2019

juez-ruizEl juez Juan José Ruiz de La Plata fue suspendido por haberle agravado la pena a una trans por ser migrante, vulnerando el derecho a la igualdad de trato y al principio de no discriminación. La medida la tomó el Jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia, presidido por Eduardo de Lázzari, que también resolvió embargarle el 40 por ciento del sueldo. Ahora Ruiz deberá afrontar un jury que puede acarrearle la destitución.

Fue a partir de las denuncias contra el juez presentadas por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Federación Argentina de Lesbianas Gays y Trans y travestis (FALGBT), la Asociación de Travestis Trans y Transgénero de la Argentina (ATTTA), la Comisión provincial de la Memoria y María Rachid. “Lo denunciamos desde la FALGBT porque el agravante era por ser migrante y por ser trans, lo que constituye una decisión claramente discriminatoria y antijurídica que, viniendo de un juez es muy grave. Por eso estamos planteando su destitución, dijo Rachid a Presentes tras conocerse la medida.

“Xenófobo y transodiante”

El fallo del juez no es un hecho aislado, en un escenario donde las organizaciones vienen denunciando detenciones arbitrarias y causas armadas, especialmente en la provincia de Buenos Aires. “La suspensión al juez Ruiz, que dictó un fallo xenófobo y transodiante, es la cara visible de los armados de causa del Poder Judicial hacia las compañeras trans y travestis. Denota la connivencia entre la Policía, los jueces, algunos fiscales y también la trama perversa que se complejiza con los malos tratos del servicio penitenciario a las privadas de su libertad», expresó Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans Argentina, una de las instituciones que denunció al juez por su fallo”.

La sentencia discriminatoria

El expediente judicial arrancó con un operativo policial en La Plata, en abril de 2014, y la aprehensión de una persona trans, Claudia Córdova Guerra. Claudia estaba en la llamada zona roja y tenía en su poder un gramo y medio de cocaína. El juez Ruiz, desde el Tribunal unipersonal Nro. 1 de La Plata, dictó sentencia en mayo de 2016: condenó a Claudia a cinco años y tres meses de prisión más una multa de 225 pesos por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, calificación que luego fue cambiada por casación.

En su sentencia, el juez agravó la pena de Claudia por ser extranjera, en su caso, peruana. Lo expresó con estas palabras: “El Estado puede y debe aplicar sanciones como pena accesoria a la de la prisión y agravar las penas a los extranjeros que cometan delitos comunes en el país, sin que ello importe violación a los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación entre otros, siendo que estamos en presencia de una medida excepcional avalada por nuestra Constitución y Tratados internacionales que la integran. Lo único inconstitucional sería no hacerlo”.

Pero además de discriminarla por migrante, el expediente judicial trataba a Claudia en masculino y por su nombre anterior, algo que transgrede la ley de identidad de género sancionada en 2012. Apenas mencionaba su nombre como un “alias” y hacía menciones a “persona travestida”.

Claudia fue requisada por varones y enviada a un penal también de varones. El expediente también trataba en masculino a las testigas compañeras de la acusada que declararon en la causa y se autopercibían como femeneidades.

Cuando el juez se presentó para hacer su defensa, negó haber agravado la pena de Claudia por extranjera. Y dijo que las acusaciones eran un modo de hacer “una apelación encubierta” para intentar direccionar el rumbo de la casación.

Como respuesta a la apelación, en noviembre de 2016 la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal ordenó caratular el expediente incluyendo también la identidad de género de Claudia, cambió la calificación a “tenencia simple de estupefacientes” (es decir, sin “comercialización”), y objetó el agravante de “extranjera” esgrimido por el juez Ruiz. Por último, redujo la pena a 2 años de prisión en suspenso y la multa a 50 pesos.

Las acusaciones contra el juez

Tras las denuncias de las organizaciones de derechos humanos y diversidad sexual, la Comisión Bicameral y la Procuración General acusaron al magistrado de mal desempeño “en orden al tratamiento desigual que mereció la imputada”, al no cumplimiento de la ley 26743 de Identidad de Género y a la discriminación xenófoba en franca violación a la Ley 23592 (que sanciona los actos discriminatorios)”. También señalaron que la actitud del juez infringió la Ley de Migraciones y “comprometió al Estado argentino” en términos de sus compromisos internacionales. Esto puede acarrearle al juez su destitución, según la Constitución provincial.

A pesar de la defensa que hizo el juez de sí mismo, el jurado de enjuiciamiento consideró básicamente que había incurrido en un acto discriminatorio. Y enfatizó en su resolución que “El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia”. Y resolvió “suspender a partir de la fecha al magistrado disponiendo el embargo del 40 por ciento de su sueldo”.

Descargar la resolución que suspendió al juez por discriminar

“Me parece interesante remarcar que este fallo aleccionador, que data de 2016, intentó marcar desde la Justicia un nuevo momento de época con la asunción de María Eugenia Vidal en la provincia y de Garro en La Plata. Hoy, casi 3 años después, estamos viendo cómo podemos empezar a revisar todas las causas que denunciamos. La Justicia ha sido profundamente transodiante, xenófoba y racista con nuestro colectivo”, señala Vásquez Haro. Para ella, no se trata de un caso aislado sino que se enmarca en las numerosas violaciones a derechos humanos que se vienen denunciando y también en las muertes de sus compañeras trans y travestis que fallecieron en 2017, cuando estaban privadas de su libertad: Pamela, Angie, Damaris y Brandy.

“No es un caso aislado, y también se relaciona con lo que pasa hoy con la compañera Mónica (Mego) que entró caminando a la cárcel y hoy la tenemos en silla de ruedas, parapléjica, porque las condiciones de detención agudizaron su enfermedad. Este fallo pone al descubierto esa trama perversa de los armados de causa y criminalización de trans y travestis en Argentina, y también el doble perfilamiento por lugar de procedencia”.

Fuente Agencia Presentes

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Absuelto el funcionario de la oficina de empleo de Cáceres que injurió a un ciudadano gay al beneficiarse de una reforma legal

Martes, 27 de octubre de 2015

noticias_file_foto_812598_1403693617No dejamos de escuchar que en España, una vez conseguida la igualdad legal de las personas LGTB, lo que nos queda es conquistar la igualdad social. Pero ojalá la igualdad legal se hubiese de verdad conseguido… Que un ciudadano que se queda en paro deba soportar la burla homófoba de un trabajador del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y no reciba finalmente ninguna sanción por ello es buen ejemplo de todo lo que queda por hacer en el terreno legislativo. Le ha sucedido a un profesor cacereño que vio como anotaban “Marica” en su formulario de solicitud de prestación.

Contamos la noticia hace ya más de un año. Juan José Ruiz, diplomado en Magisterio y licenciado en Historia, acudió a la oficina del SEPE (el antiguo INEM) de la Avenida de la Hispanidad de Cáceres para tramitar una solicitud de prestación después de haber trabajado unos meses como monitor de actividades extraescolares. Allí encontró un “tono guasón” en el funcionario que rellenó su solicitud, pero no se dio cuenta de que reflejó su dirección en el formulario como Plaza “Marica”. Fue días después, al realizar una gestión para la que necesitaba presentar el documento del SEPE, cuando se dio cuenta, lo que le produjo un gran malestar y ansiedad. “Me pusieron ese nombre de la calle para burlarse de mí”, aseguró en su momento. Juan José acudió a la oficina a pedir explicaciones y llegó a hablar con su director, pero no le dieron una explicación convincente ni le pidieron disculpas, más allá de entregarle una hoja de reclamación para que pusiera una queja.

Luis Miguel García, director provincial del SEPE, ofreció sin embargo “las máximas disculpas” una vez que trascendió lo sucedido, argumentando que según le había transmitido todo se había tratado de una confusión de nombres entre “América” y ”Marica” y que sí se le habían pedido disculpas al usuario. Se da sin embargo la curiosa “casualidad” de que la víctima del insulto, que vivía en la Plaza “de Don Quijote”, reconoce abiertamente su condición de gay y la exterioriza.

El caso fue denunciado, y el Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres de hecho consideró que el trabajador responsable del incidente cometió una falta de injurias leves y le condenó a indemnizar al injuriado con 90 euros, pagar las costas procesales y también a cumplir una pena de 14 días de multa con coste diario de 8 euros. Recurrió, y ahora la Audiencia de Cáceres, tras volver a estudiar el caso, señala que la condena era justa y que no tenía sentido la excusa del funcionario, pero ha resuelto absolverle debido a que el 1 de julio de 2015 entró en vigor la reforma del Código Penal que despenaliza las injurias leves, una reforma de la que se beneficia. Contra esta sentencia ya no cabe recurso.

Triángulo acata pero lamenta la sentencia

Fundación Triángulo, que ha estado en contacto con el afectado y llegó a reunirse en su momento con el entonces Delegado del Gobierno en Extremadura para solicitarle que el funcionario fuera sancionado, ha lamentado en un comunicado la absolución y estudiará si cabe la aplicación de la ley extremeña contra la LGTBIfobia. “Debemos acatar la sentencia, pero lo hacemos de manera discrepante, incómoda y crítica, básicamente porque no podemos entender que la legislación penal estatal evolucione de manera que la homofobia y la transfobia pasen a ser agresiones o delitos irrelevantes. Es inaceptable”, ha declarado José María Núñez Blanco, su presidente.

“Trabajaremos para que esto cambie, y aunque en este caso la sentencia es firme, analizaremos si acaso ha obviado la aplicación de la Ley LGBTI extremeña, que si bien no estaba en vigor cuando acontecieron los hechos si lo estaba en el momento del recurso de la Audiencia. Además, nos queda por delante iniciar un proceso profundo de difusión y pedagogía sobre la Ley LGBTI que logramos aprobar en marzo pasado, en cuyo desarrollo ya estamos trabajando con la Junta de Extremadura”, ha añadido Nuñez, “al margen de reivindicar y trabajar para que se apruebe una Ley estatal LGBTI que no permita que pasen desapercibidas y sin condena agresiones homófobas como esta”.

Sin entrar a discutir la legalidad de la decisión de la Audiencia, lo cierto es que si en España hubiese sido aprobada ya una legislación adecuada contra la LGTBIfobia, dotada de su correspondiente capítulo sancionador, el proceso legal habría podido conducirse de otra manera. No, en España ni siquiera se ha conseguido la igualdad legal.

Fuente Dosmanzanas y Fundación Triángulo

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