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Mujer trans fue abusada en una comisaría de Ciudad de Buenos Aires en una revuelta

Lunes, 11 de abril de 2022
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D0932D0B-849B-4F91-ACD3-DDB461C6B537En medio una protesta en una comisaría, un grupo de detenidos abusaron sexualmente de una mujer trans, que debía haber sido trasladada a la alcaidía de mujeres.


BUENOS AIRES, Argentina. 
La madrugada del 24 de marzo en medio de una protesta dentro de la comisaría 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un grupo de hombres que estaban detenidos abusaron sexualmente de una mujer trans, que debía haber sido trasladada a la alcaidía de mujeres.

El reclamo realizado por 22 detenidos había comenzado el día anterior y duró todo el jueves. Pero en la noche se tornó más violento. Exigían mejores condiciones en su detención: había sólo 11 colchones, el lugar no tenía agua y los baños estaban destruidos.

A ese escenario la policía agregó a una detenida: K, una mujer trans que vive en la Argentina desde hace siete años, oriunda de Ecuador. La habían detenido por una supuesta contravención y, según contaron las fuentes a este medio, la trasladaron a la comisaría cuando el conflicto había escalado. En ningún momento los policías que la detuvieron mencionaron la posibilidad de llevarla a la alcaidía de mujeres.

“Llegué y todas las celdas estaban llenas”, recuerda K en diálogo con Presentes. “A mí me pusieron con dos chicos gays, y los otros estaban todos amontonados en las celdas. No había comida, agua, no había baños. Venían de hacer quilombo todo el día”.

La mujer relata que alrededor de las ocho de la noche el clima se puso aún más violento. Alrededor de las 22, los policías apagaron todas las luces y los presos comenzaron a romper todo. Fue allí cuando, entre otras cosas, gritaron que iban a abusar de K.

“Los tipos rompieron los candados y salieron. Yo no me moví de mi celda, era la única trava en esa comisaría. Ellos entraron, me pegaron y amenazaron con cuchillos”, detalla K. Cuando la situación pudo ser más o menos controlada por la policía, la mujer avisó que había sido violada y entonces la trasladaron a un hospital de donde luego, salió en libertad.

“Los presos no querían hacer ningún trato con la policía. En realidad, pedían derechos. Pedían comida, pedían agua, pedían comunicarse. Cuando los policías comenzaron a pasarle todo eso, solos volvieron a sus celdas”, dice K. En las últimas semanas, la acompañaron las organizaciones Otrans y Abrigar Derechos.

Es común que a las trans nos abusen en cárceles y comisarías”

La zona de la comisaría es conocida por K. Es trabajadora sexual en los alrededores y nunca había vivido una experiencia similar. “La policía jode, nos molesta toda la noche y no te dejan trabajar. Pero hay que salir porque entonces, de qué vivo. La única forma de vivir es trabajar en la calle, ganarme el pan”. 

“Ahora estoy recuperándome. Es un horror lo que me pasó y sé que tengo que salir adelante, no me queda otra. Pero es común que a nosotras las mujeres trans nos abusen en las cárceles y en las comisarías, dijo K a Presentes.

D3C58AD9-1A60-47BF-9CCA-B63A1019ABC9Ilustración: Florencia Capella

La Ciudad de Buenos Aires tiene que dar explicaciones

Marcela Tobaldi es fundadora de la Asociación Civil La Rosa Naranja e integra el Frente Orgullo y Lucha. Al enterarse de de lo sucedido con K se contactó con diferentes organismos.

No se respetó su identidad de género, dice a Presentes. “Es un desastre. Ya sabemos lo que hay en el sistema penitenciario, no podemos hacernos las tontas. Esto parece que va a seguir sucediendo. Las organizaciones que trabajan a favor de las organizaciones travestis trans que están presas hacen informes. Hay informes hermosos por ahí, pero no tenemos respuestas por ahí. La Ciudad de Buenos Aires tiene que dar explicaciones de estas cuestiones.

Tobaldi destaca: “Por más que nosotras pongamos muchísima voluntad y que somos militantes y que somos travestis, somos trans… Pero seguimos viviendo estas cosas. Hace poco tiempo fue el Día de la Visibilidad Trans y mirá de lo que estamos hablando. Y hace poco un grupo de personas trans-excluyentes (TERF) pusieron un amparo contra el Censo 2022 para preguntarles a los organizadores por qué habían incluido la identidad de género. Es terrible, ni siquiera quieren registrarnos”, lamenta Marcela.

Pico de detenciones en Ciudad de Buenos Aires

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, Macarena Fernández Hofmann (investigadora del equipo Política criminal y violencia en el encierro) dice que el caso que denunciaban los detenidos en la Comisaría 3 no es el único ni es nuevo. “En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy el número de personas detenidas en alcaidías y comisarías es altísimo y llegó a su pico máximo: 811 personas”.

Ese número desmedido de casos tiene como uno de los supuestos motivos la reducción de ingresos en las cárceles federales. Pero también existe un aumento de detenciones y la excesiva penalización.

Y es la Ciudad la que tiene el problema más grande. Las personas detenidas en comisarías pasan mucho tiempo en espacios inhumanos. Espacios que están pensados para unas horas de detención. A raíz de este colapso, hace algunos años se crearon las alcaidías que hoy tampoco dan abasto”, afirma Fernández Hoffmann. “Esto para empezar a hablar del tema. A partir de ahí comienzan las situaciones de violencia a un colectivo que está sistemáticamente criminalizado como las travestis y las trans y que deben enfrentarse diariamente a violencias de este tipo.”

La ley de identidad de género no se cumple

Además del abuso que sufrió en la comisaría, K también fue víctima del abuso policial en el momento de su detención. No se respetó su identidad de género, protegida por la ley que este año cumple 10 años de vigencia.

Por un lado está el incumplimiento a la ley de identidad de género, así como también la ausencia de medidas de protección de integridad física para personas trans y travestis que eviten situaciones de abusos y violencias”, explica a Presentes, Josefina Alfonsín integrante del Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de Argentina. 

Alfonsín destaca que debería garantizarse el derecho a la consulta sobre el espacio de alojamiento, de acuerdo a lo que piden los Principios de Yogyakarta, una serie de principios sobre cómo se aplica la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Pero ninguna institución del sistema penal garantiza esta instancia de consulta, explica.

“En otro orden, entendemos que el hacinamiento y la sobrepoblación en comisarías debe ser cuestionado en términos de política criminal, teniendo en cuenta las disposiciones judiciales de aplicación excesiva y automática de la prisión preventiva. Y más en los casos de encarcelamiento de personas travesti trans por delitos vinculados a la ley de estupefacientes. Tal como hemos señalado en distintas oportunidades, sufren de manera desproporcionada la aplicación de la prisión preventiva con porcentajes mayores a los que se presentan en personas cis, ya sea varones o mujeres”, dice Alfonsín.

Este último es el caso de K cuya detención no tuvo demasiados fundamentos para su concreción.

E63242C0-164B-4086-98A1-361B5D4DD093Marcela Tobaldi, De la Rosa Naranja. Foto: Ariel Gutraich/Archivo Presentes

La cárcel, último eslabón del circuito de violencias 

Desde el Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria afirman que a lo largo de años de trabajo detectaron que persisten graves violaciones a los derechos humanos de las personas travestis y trans.

“Es importante destacar que la cárcel dentro de las trayectorias de vida de la gran mayoría de las personas travesti trans se presenta como el último eslabón del circuito de desplazamientos, segregaciones y violencias estatales estructurales que afecta a este colectivo. Hay una falta de cumplimiento de la ley de identidad de género, un acceso limitado la salud integral con perspectiva de diversidad sexual, existen hechos de violencia institucional y discriminación estructural por motivos de identidad de género, entre otros”.

A pesar de que el contexto legislativo mejoró, se observan muchos incumplimientos. “El abordaje de políticas penitenciarias respetuosas de la diversidad y las disidencias requiere un cambio más profundo dentro de las instituciones, el cual debería contemplar una ruptura del paradigma cisnormativo en todos los órdenes institucionales, expresa Josefina Alfonsín.

“En nuestro país, los sistemas penitenciarios son muy variados. En el caso particular del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en los últimos años, se han adoptado una serie de medidas y disposiciones respecto al tratamiento de personas travesti trans. Pero aún no existe una política de géneros y diversidad sexual transversal a toda la institución penal”.

A pesar de las limitaciones, en los últimos diez años, evalúa Alfonsín, el SPF avanzó en buenas prácticas. “Un ejemplo de ello es que identidades travestis y trans puedan ser alojadas en cárceles originalmente diseñadas para mujeres cis, como es el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza”, ejemplifica.

Desde 2016, según aporta Alfonsín, el SFP cuenta con un programa específico de abordaje de tratamiento para personas trans. “La creación de este programa resulta una buena práctica institucional, aunque seguimos advirtiendo una serie de limitaciones en su efectivo cumplimiento”

Resta saber si el personal policial que trasladó a K a una celda donde fue abusada está siendo investigado, cómo sigue y cuál es la cadena de responsabilidades que le competen a esta violencia hacia una persona trans en la Ciudad de Buenos Aires.

FuenteAgencia Presentes

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La inclusión laboral travesti trans de Argentina obtuvo media sanción en Diputados

Miércoles, 16 de junio de 2021
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Captura-de-Pantalla-2021-06-11-a-las-01.22.34-953x476Con 207 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones.

 Mapa del cupo laboral travesti-trans en Argentina

Pasada la una de la madrugada, y tras cuatro horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, con 207 votos afirmativos, 11 negativos y 7 abstenciones. Una noche histórica que cerró con cantos del activismo presente en el recinto: “Lo dijo Diana y Sacayán, al calabozo no volvemos nunca más”. Fue la primera vez que el Congreso incluye esta deuda con el colectivo travesti trans en sus sesiones ordinarias.

Inició el debate la diputada por el Frente de Todos Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Géneros y Diversidad de la Cámara, una de las principales impulsoras de la iniciativa, motorizada por el activismo travesti y trans desde hace una década.

“Desde la Campaña Nacional por el Cupo y la Inclusión Laboral Travesti Trans, integrada por más de 250 organizaciones, celebramos la media sanción de la Ley Diana Sacayán – Lohana Berkins aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa, que ahora pasa al Senado, es el resultado de un texto de unidad impulsado por el Frente Orgullo y Lucha, la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, en un trabajo mancomunado con las diputadas nacionales Mónica Macha, Gabriela Estévez, Vanesa Siley y Cristina Álvarez Rodríguez. Ahora los esfuerzos se concentrarán en lograr la sanción definitiva en la Cámara Alta”, dijeron a través de un comunicado las organizaciones que vienen impulsando esta iniciativa.

Captura-de-Pantalla-2021-06-11-a-las-01.21.21Una de las voceras de la campaña, Marcela Tobaldi, fundadora de la Asociación Civil La Rosa Naranja e integrante del Frente Orgullo y Lucha, expresó: “Con esta media sanción, luego de décadas de exclusión, persecución, estigmatización y violencia institucional hacia la población travesti trans comienza un nuevo ciclo en materia de reconocimientos de derechos, como es el trabajo del que fuimos excluidas por nuestra identidad de género. Esta etapa que se avecina contribuirá no solo a la inclusión laboral sino a nuevas relaciones sociales basadas en el respeto, el reconocimiento y la valoración de las diversas identidades de género”

Desde la Liga LGBTIQ+ de las Provincias, Thiago Galván, Secretario de Identidades Travestis, Trans y No Binarias, consideró que se trata de un momento “de mucha emoción y de celebración de un hecho histórico fruto de la lucha de muchos años en la que dejaron su vida muches compañeres. Es un paño de esperanza para las niñeces, las juventudes y las personas travestis y trans adultas que podemos soñar con otras vidas posibles, vivibles. Hoy tenemos una media sanción que nos legitima como sujetos de derecho”.

Qué dice el proyecto de Ley 

A diferencia del decreto presidencial de Alberto Fernández que destina un 1 por ciento de la planta del empleo del sector público a personas trans, el proyecto de ley es mucho más amplio.

INCLUSION-LABORAL-TRANS-ORGULLO-Y-LUCHA-1-768x1024Y si bien a partir del decreto se abrió un registro y se iniciaron contrataciones de travestis y trans en los ministerios, en relación a la cantidad de personas afectadas por una violencia estructural histórica y de larga data, las personas incluidas aún son pocas. “Necesitamos más personas travestis y trans incluidas. Y una ley nacional, porque la ley nos otorga carácter como ciudadanas”, señala Tobaldi.

El proyecto de “Ley de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero Diana Sacayán-Lohana Berkins” busca ir más allá del decreto presidencial y establecer “medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina”.

Apunta a la inclusión de las personas travestis, transexuales y transgénero habilitadas a trabajar, hayan o no accedido al cambio registral previsto en el artículo 3o de la Ley 26.743 de Identidad de Género. En sus artículos propone medidas de acción positiva: la inclusión laboral en el Estado Nacional a través de un cupo mínimo del 1 % en los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, en todas las modalidades de contratación.

En uno de sus artículos platea el principio de no discriminación de manera terminante al decir que toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo formal digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Y plantea que para que esto se cumpla, a la hora de garantizar el ingreso y permanencia en el empleo no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales. Por eso, los antecedentes penales de les postulantes “que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo” dice el texto del proyecto.

“Nadia (Echazú), Diana (Sacayán) y Lohana Berkins tuvieron que pelear solas contra un sistema patriarcal”, recordó Claudia Vásquez Haro, presidenta de OTRANS y de la Convocatoria Federal Travesti Trans Argentina, en el Banderazo de febrero frente al Congreso, con el mismo pedido. Valoró  la “madurez política del colectivo travesti trans, que construyó esta unidad”. La activista destacó los modos de organización social y política que se necesitaron para llegar a esta instancia y pidió: “La sanción de esta ley es vital para nuestro colectivo”.

“La ley sería el corolario de una política pública que se ha expandido en los últimos años. El cupo ya fue decretado para la administración pública y el Senado. También con leyes de cupo y/o inclusión laboral travesti trans en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, ChacoSanta FeEntre Ríos y La Pampa, así como ordenanzas en más de 50 localidades y municipios expresaron a través de un comunicado el Frente Orgullo y Lucha, la Liga LGBTIQ de las provincias, la Convocatoria Federal Travesti Trans Argentina, Furia Trava y la Casa de Lohana y Diana, organizaciones que vienen trabajando en este proyecto de ley.

Fuente Agencia Presentes

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Asesinaron de un balazo a una adolescente trans en Guatemala

Miércoles, 27 de noviembre de 2019
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briyit-final-1000x500Brighiit Mirón, una adolescente trans de 15 años, fue asesinada el 9 de noviembre de un balazo en la cabeza en el Barrio Chipilapa, en La Gomera, un municipio del departamento de Escuintla en el centro-sur de Guatemala, a 47 kilómetros de la ciudad.

A Brighiit la habían visto por última vez en la feria del casco urbano. Alrededor de las once de la noche, los vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego que venían de atrás de la iglesia de la localidad y dieron la alerta a los Bomberos Voluntarios de la 60 compañia de La Gomera. Al llegar, los bomberos encontraron el cuerpo sin vida. A Brighiit la inhumaron en el cementerio General #2 de la Gomera, Escuintla.

Una amiga de Brighiit, que pidió no ser identificada, dijo a Presentes que ambas estaban amenazadas. Apenas supo la noticia, decidió huir de la zona por temor a correr la misma suerte. Otra persona que la conoció indicó a este medio que Brighiit vivía con su mamá y cinco hermanos menores de edad de los que era responsable. Agregó que era una persona carismática, amable, cariñosa, que se dedicaba al trabajo sexual aunque su sueño era ser maquilladora profesional.

“Desde la Procuraduría de Derechos Humanos condenamos y lamentamos la muerte violenta de una adolescente trans en la Gomera, Escuintla, el fin de semana pasado. Ya se solicitó que se iniciara una investigación desde la Auxiliatura Departamental de Escuintla para dar seguimiento en conjunto con el Ministerio Público a la investigación, toda vez se tiene conocimiento que a la fecha no han habido capturas”, comunicaron.  Al cierre de esta nota, la Defensoría de la Diversidad Sexual no ha reportado avances en este caso, según informaron a Presentes.

En el transcurso del año, el Observatorio de muertes violentas de la Red Nacional de la Diversidad lleva registrado 16 homicidios con agravante de crímenes de odio.

En el informe “Basta de genocidio trans” realizado por la RedLactrans y Otrans en 2018 indica que el 90% de las víctimas son mujeres trans guatemaltecas. El otro 10% de las víctimas fueron mujeres trans procedentes de otros países del triángulo norte de Centroamérica, para quienes el paso por el país no ha sido garantía de una mejora en su calidad de vida ni de resguardo a su paso.

Hasta 2018, según el informe, el grupo etario de mujeres trans vulneradas fue de 18 a 30 años: un 59% de la población de mujeres trans más vulneradas son jóvenes. El informe descriptivo “Línea base LGBTI”, del Procurador de los Derechos Humanos, indica que el Estado de Guatemala no cuenta con registros sobre violaciones a los derechos de las personas LGBTI, por lo que una primera aproximación a su situación de derechos humanos puede hacerse a partir de las denuncias que dicha población ha presentado.

Fuente Agencia Presentes

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Informe: Travestis y trans en cárceles argentinas: más migrantes, jóvenes y sin condena

Lunes, 25 de noviembre de 2019
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Por Rosario Marina

Fotos: gentileza Otrans Argentina

¿Cuál es la situación de las personas travestis y trans en las cárceles argentinas? ¿Cuántxs son, quiénes son y cómo viven? Un estudio exhaustivo de la organización OTRANS Argentina se adentró en los penales federales y bonaerenses para generar datos reales y construir un documento que pruebe “la violencia sistémica a la que son sometidos los cuerpos travestis y trans” en situación de encierro.

PAMELA_MACEDO_PANDUROPamela Macedo Panduro.

Pamela Macedo Panduro, militante de Otrans y migrante, falleció el 1 de enero de 2017 mientras estaba detenida en la Unidad Penal Nro. 32 de Florencia Varela, provincia de Buenos Aires.

Angie Velázquez Ramírez y Damaris Becerra Jurado también murieron en cárceles bonaerenses. Brandi Bardales Sangama en el hospital platense San Martín, después de que la policía bonaerense allanara su casa. Este informe se inició a partir de sus muertes.

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Un informe pionero

“Nuestra investigación surge de hechos puntuales, relacionados con el aumento de las detenciones arbitrarias y armados de causas y, el desencadenante que produjo las muertes de cuatro compañeras en el 2017, detenidas en la ciudad de La Plata”, explica en el informe Claudia Vázquez Haro, presidenta de OTRANS y directora del proyecto.

El informe es el primero y único en su tipo. No existe ninguna organización trans que haya relevado antes las condiciones de detención del colectivo travesti-trans en el país.

En total, se hicieron 87 visitas a cárceles en la provincia de Buenos Aires y en el ámbito federal, entre enero y julio de 2019. La investigación fue financiada por el Fondo Internacional Trans.

Cuántas son y dónde están

El informe contabilizó la situación de encierro de 94 mujeres trans en las unidades N° 44 de Batán, N° 2 de Sierra Chica y N° 32 de Florencio Varela (todas ellas en provincia de Buenos Aires). En estas últimas, dos se encuentran alojadas personas trans con varones cis. En el Servicio Penitenciario Federal, la investigación regisró a 44 mujeres travestis y trans en la Unidad Carcelaria de Ezeiza. Dos tercios de las trans en situación de encierro tienen entre 25 y 40 años.

Hasta el 2015, el Ministerio de Justicia de la Nación no contabilizó a las personas trans travestis en sus estadísticas. Recién a partir de ese año, tres después de la sanción de la Ley de Identidad de Género, el Estado empieza a saber cuántas son las trans encarceladas.

Según el informe, aunque en Argentina han habido avances, “el sistema penitenciario ha quedado en un desfase teórico que se traduce en el ejercicio de prácticas institucionales que no logran dar una respuesta adecuada”.

Sin antecedentes y sin condena

En 2019, en las cárceles bonaerenses el 82% de las personas travestis y trans entrevistadas en el marco de este informe no tenía antecedentes: ésta es la primera vez que pisaron una unidad de detención penal. Entre quienes sí habían estado presas, menos de la mitad había recibido una condena.

En el ámbito federal la situación se parece: más del 50% de las entrevistadas nunca antes habían sido encarceladas ni habían cometido ningún delito.

El informe identificó el aumento en la cantidad de migrantes privadas encarceladas. “La mayoría de mujeres travestis y trans privadas de la libertad son migrantes. Un gran porcentaje de ellas se encuentra procesada, esperando una condena firme o la libertad”, explica el informe.

Migrantes: cada vez más

Según los datos del Ministerio de Justicia de la Nación, en 2015 el 52% de las travestis y trans encarceladas en unidades penales del país eran argentinas. Al año siguiente representaban el 59%. El segundo grupo más importante era el de las peruanas, representando el 39% de las presas trans y travestis.

Sin embargo, según los datos relevados por la investigación, tres años después la proporción no se ha sostenido: en provincia, el grupo de nacionalidad argentina es de un porcentaje menor al migrante, en una proporción de 30% y 70% respectivamente.

Hoy, en la provincia de Buenos Aires, el 70% de la entrevistadas privadas de su libertad son extranjeras: la mayoría de Perú, otras de Ecuador. En el ámbito federal, el 55% son extranjeras. Las nacionalidades coinciden y se suma República Dominicana.

Las detenciones arbitrarias a trans y travestis migrantes, que llegan a la Argentina huyendo de las violencias y el transodio en sus países de origen, son solamente una cara de la discriminación que sufren por parte de la Justicia. Este año, un juez de La Plata, Juan José Ruiz, fue suspendido por haberle agravado la pena a una trans por ser migrante, vulnerando el derecho a la igualdad de trato y al principio de no discriminación. La medida la tomó el Jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia.

Argentinas o migrantes, las impulsoras de este informe pusieron el foco en las pocas visitas que reciben casi todas ellas de sus familiares. En Sierra Chica hay una chica trans que no recibe visitas hace tres años.

“De las migrantes, ni sus consulados se ocupan de ellas. La cantidad de migrantes detenidas me generó muchas interrogantes al igual que la edad de las compañeras”, explicó Claudia Vázquez Haro a Presentes. “Se observa unas condiciones que contribuyen al deterioro de la salud: la situación habitacional agrava los problemas y los paliativos a las falencias respecto de una alimentación adecuada y de la provisión de medicamentos”, explica el informe.

«Las cárceles son depósitos humanos»

A Claudia, directora del proyecto, le llamó la atención las condiciones inhumanas de detención. ¿Cómo eso agrava la salud de las que viven con enfermedades crónicas?

Los datos indican que el 73% de las travestis y trans en cárceles bonaerenses padece algún tipo de enfermedad. Una de las infecciones más comunes es el VIH-sida. En el ámbito federal, el 55% tiene alguna enfermedad, siendo el VIH-sida la más común.

“El informe es un importante capital simbólico y político en términos de poder sistematizar la situación en que se encuentran travestis y trans”, dijo Vázquez Haro a Presentes. El objetivo final, explicó, es que los datos sirvan no sólo exigirle al Estado el cumplimiento de políticas públicas para el colectivo trans y travesti, sino también para poder denunciar ante organismos internacionales cómo se violan los derechos humanos del colectivo trans y travesti en el encierro en Argentina. “Las cárceles son depósitos humanos donde se termina desechando la vida de las compañeras trans y travestis”, concluyó.

Los ejemplos abundan. Uno de ellos: Mónica Mego, una trans peruana de 36 años, entró caminando a una cárcel de la provincia de Buenos Aires y quedó postrada, parapléjica, en la cama de un hospital de La Plata. Había estado casi un año detenida sin condena, acusada de narcomenudeo.

unidad-penal-1122x561Ordenan pabellones travestis y trans en unidad penal Florencio Varela

A contramano de lo que suele ocurrir la mayoría de las veces en la Justicia, este año el fiscal Franco Picardi -titular de la Fiscalía Federal N° 5- emitió dictámenes para pedir que trans acusadas (en dos causas distintas) del delito de venta de drogas a baja escala fueran sobrevenidas y evitaran ir a la cárcel . En ambos escritos, el fiscal consideró que se trataba de sobrevivientes «en estado de necesidad disculpante y falta de acceso a derechos básicos».

En consonancia, el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 7, a cargo de  Sebastián Casanello, decidió sobreseer a cinco de ellas. Se trató de una decisión histórica de la Justicia argentina, que admitió el estado de «necesidad disculpante» en que actuaron las acusadas y reconoció la falta de derechos que afronta el colectivo travesti-trans, fuera y dentro de las cárceles argentinas.

Fuente Agencia Presentes

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