28 de agosto de 2025. El Informe Anual 2024 de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA World), la red más grande en el mundo de organizaciones de derechos de las personas LGBTIQ+, integrada por 2.126 miembros (entre ellos Caribe Afirmativo) en 175 países.

Este informe de ILGA constituye uno de los documentos más relevantes para entender el estado actual de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en todo el mundo. En un contexto global, marcado por avances históricos y graves retrocesos, el informe no solo documenta hechos, sino que también plantea reflexiones urgentes y líneas de acción.

Este análisis es especialmente importante para América Latina y el Caribe, donde se presentan desafíos estructurales como el desplazamiento forzado, la discriminación a razón de su orientación e identidad de género y la falta de políticas de protección integral. Además, la ausencia de un liderazgo firme de Estados Unidos en materia de derechos LGBTIQ+ agrega un elemento crítico al panorama internacional. A partir de este informe, se logran identificar las principales amenazas, pero también las oportunidades para impulsar una respuesta articulada desde la región.

Un año de avances y retrocesos

De acuerdo al informe, 2024 fue un año de contrastes. Por un lado, se celebran algunos logros significativos, como por ejemplo en Namibia y Dominica (países de África y el Caribe, respectivamente) donde se eliminaron leyes coloniales que criminalizaban la homosexualidad. Viajando hacia Europa y Asia, vemos los ejemplos positivos de Grecia, Estonia y Tailandia, naciones que reconocieron del matrimonio igualitario, mientras que Nepal se aceptó el nombre identitario en los registros civiles a personas con experiencias de vida trans.

Sin embargo, el informe de ILGA visibilizó retrocesos en otras latitudes, como sucede en el país africano de Mali, donde se aprobó una ley que, por primera vez en su historia, penaliza las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo. Por otra parte, en Georgia, país de Europa del este, se aprobó una nueva ley que prohíbe cualquier reconocimiento a las parejas del mismo sexo, adopciones de menores por familias homoparentales, el reconocimiento legal del género y la difusión de noticias sobre asuntos LGBTI en las esferas públicas.

En efecto, ILGA advierte que, por primera vez en 13 años, hubo más retrocesos que avances en protección a personas trans en toda Europa y Asia Central. A estos recursos legislativos se suman los discursos de odio alimentados por líderes políticos y grupos religiosos conservadores; estas narrativas generan un clima de hostilidad y suelen traducirse en la aprobación de políticas regresivas y violentas en contra de las personas LGBTIQ+.

Mayor atención a la movilidad humana

El Informe Anual 2024 de ILGA pone un énfasis especial en la situación de las personas LGBTIQ+ en contextos de movilidad humana, particularmente solicitantes de refugio o asilo. La persecución por motivos de orientación sexual e identidad de género sigue siendo una de las principales causas de desplazamiento forzado en muchas regiones del mundo. Sin embargo, la respuesta de los Estados continúa siendo fragmentada e insuficiente, ya que no hay una verdadera articulación entre los gobiernos de la región para garantizar el acompañamiento a las personas LGBTIQ+ que se desplazan por el mundo.

En América Latina y el Caribe, el informe visibiliza el desplazamiento de personas venezolanas. Muchas personas LGBTIQ+ han cruzado fronteras buscando protección, pero al llegar a países receptores como Colombia, Perú o Brasil, se enfrentan a nuevas barreras: trámites burocráticos complejos, falta de políticas específicas de protección y situaciones de discriminación en servicios básicos como salud y empleo.

En este contexto, desde Caribe Afirmativo se pone especial énfasis en las barreras actuales para la regularización migratoria en Colombia: el Permiso por Protección Temporal (PPT), documento clave para la regularización migratoria de los venezolanos, no se está expidiendo para adultos. Aunque este documento reconoce los nombres y géneros identitarios de las personas con experiencia de vida trans, esto es posible luego de cumplir con procesos burocráticos y costosos ante notarías. Y si bien es cierto que el Estado, a través de la Cancillería, ofrece otros mecanismos de regularización (como el PEP TUTOR, visas, etcétera), estos exigen requisitos que dificultan su acceso, incluso en el caso del PEP TUTOR no se está implementando a la fecha debido a la falta de un reglamento.

Volviendo al informe, ILGA alerta sobre la vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+ en rutas migratorias peligrosas, donde enfrentan riesgos de violencia sexual, explotación laboral y trata de personas. Estas dinámicas requieren una respuesta coordinada entre los Estados y la sociedad civil para garantizar mecanismos efectivos de protección.

Estados Unidos y la financiación a proyectos humanitarios

El informe dedica un apartado especial a Estados Unidos, un país que se ha autoproclamado como el “faro de la libertad en el mundo”, pero que en la realidad atraviesa una profunda crisis en materia de derechos LGBTIQ+. ILGA advierte que en 2024 se registraron más de 533 proyectos de ley anti-LGBTIQ+ en distintos estados, con especial énfasis en limitar derechos de personas trans. Estas iniciativas incluyen desde prohibiciones para acceder a tratamientos de afirmación de género hasta restricciones en la participación de personas trans en deportes y la censura de contenidos educativos sobre diversidad.

Aunado a lo anterior, la administración de Donald Trump suspendió, desde el 24 de enero de 2024, el financiamiento de programas de ayuda humanitaria a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), afectando severamente a cientos de organizaciones humanitarias por todo el mundo, particularmente relacionadas con movilidad humana, enfoques diferenciales en diversidad sexual y atenciones a grupos vulnerables, en efecto, el 47 % de los recursos humanitarios implementados a nivel internacional en el año 2024 fueron financiados por esta agencia estadounidense, de acuerdo con un informe de Naciones Unidas.

La postura del gobierno de Estados Unidos se endureció con las recientes medidas antimigración, que particularmente afecta a personas LGBTIQ+ y demás grupos en situación de vulnerabilidad que solicitan protección internacional. Las políticas restrictivas de asilo, reforzadas en los últimos años, han limitado las posibilidades de quienes huyen de la violencia y persecución en sus países de origen. ILGA advierte que estas medidas contradicen las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos.

Tras la finalización de la financiación, por parte de Estados Unidos, a la cooperación internacional puso en jaque la acción humanitaria en todo el mundo. Según un informe de Global Policy, el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), interrumpió cientos de programas de asistencia humanitaria en el mundo, aumentó las brechas de financiación de programas de desarrollo y mayor carga para otros donantes que no cuentan con la misma capacidad financiera que Estados Unidos.

En medio de este panorama preocupante, vale destacar el apoyo que viene avanzando la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a varios proyectos humanitarios dirigidos al mejoramiento de organizaciones y colectivos de base comunitaria LGBTIQ+ en las Américas que brindan servicios a las personas sexodiversas en situación de movilidad humana y protección internacional. Uno de estos proyectos es “Construyendo Puentes, Tejiendo Caminos”, que busca fortalecer a 58 organizaciones de las Américas con asistencia técnica, una robusta herramienta de sistematización de información y capacitación en materia de protección internacional. Gracias al proyecto “Construyendo Puentes, Tejiendo Caminos”, estas organizaciones acceden a información sobre otras fuentes de financiación y tienen la posibilidad de construir nuevas alianzas estratégicas entre pares. Muchas de estas organizaciones antes percibían recursos por parte de USAID para motorizar sus proyectos, pero ahora cuentan con el respaldo de la AECID para sostener sus acciones en favor de cientos de personas LGBTIQ+ en situación de movilidad humana en el continente americano.

Nuestra respuesta conjunta

Frente a estos desafíos, ILGA ha desempeñado un papel fundamental al documentar las violaciones de derechos y llevar estos casos a instancias internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entre sus aportes más relevantes destaca el informe Laws on Us, que ofrece un análisis detallado de las leyes vigentes en cada país y su impacto real en la vida de las personas LGBTIQ+. Este recurso es vital para organizaciones de base que buscan respaldar su trabajo de incidencia con datos concretos.

La iniciativa LGBTI Pathways también es clave, ya que aborda específicamente la situación de las personas LGBTIQ+ en contextos migratorios. Este programa ofrece herramientas para que las organizaciones locales puedan acompañar a quienes buscan refugio, al tiempo que presiona a los gobiernos para que adopten políticas más inclusivas.

En la 31ª Conferencia Mundial de ILGA, celebrada en 2024, activistas de todo el mundo coincidieron en la necesidad de una estrategia común frente a la ola anti-derechos. Allí se reafirmó que la defensa de los derechos LGBTIQ+ debe ser interseccional y considerar factores como migración, género, raza y clase social.

Ante los enormes desafíos en materia de derechos humanos LGBTIQ+ y movilidad humana con enfoque diferencial de género, es importante acompañar a las organizaciones de derechos LGBTIQ+ que tengan entre sus ejes de acción la movilidad humana para la articulación de alianzas, compartir recursos, mejorar el acceso a la información y generar nuevas estrategias de incidencia, tal como se está implementando con el proyecto “Construyendo Puentes, Tejiendo Caminos” explicado arriba.

Además, es necesario que los gobiernos reconozcan explícitamente la orientación sexual y la identidad de género como motivos válidos para la protección internacional de personas en situación de movilidad humana. Asimismo, la cooperación internacional debe priorizar el fortalecimiento tanto de organizaciones como de proyectos relacionados con la movilidad humana y acceso a mecanismos de protección internacional con enfoque sexodiverso.

En resumen, el Informe Anual 2024 de ILGA nos recuerda que los derechos conquistados pueden retroceder si no hay vigilancia, articulación y acción colectiva. En un contexto donde Estados Unidos se repliega de su rol de liderazgo, América Latina y el Caribe tienen la oportunidad de asumir las riendas y trabajar en pro de la acción humanitaria a través de organizaciones civiles fortalecidas.

Fuente Caribe Afirmativo

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Gobiernos antiderechos suman impulso ante el desfinanciamiento a organizaciones que protegen personas migrantes y LGBT por parte de los Estados Unidos.

Fuente Agencia Presentes

5 de febrero de 2025
Geo González
Geo González
Edición: Maby Sosa

CIUDAD DE MÉXICO, México. El gobierno de los Estados Unidos ataca directamente a los derechos humanos de personas migrantes y LGBT. Organizaciones de México y Guatemala comienzan a sentir el impacto de la medida de Donald Trump de quitar el apoyo a los programas para la asistencia extranjera.

El ColectivoTrans-Formación de Guatemala perdió el financiamiento con el que operaba la única clínica enfocada en brindar atención médica a personas trans en ese país. En México, el refugio Casa Frida perdió más del 60% de financiamiento. La atención humanitaria a personas LGBT migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas ya venía vulnerada y ahora en una situación de mayor riesgo. Además, la organización Impulso Trans perdió el fondo del proyecto destinado a la incidencia política para el reconocimiento del derecho a la identidad de las personas trans en Jalisco.

Son algunos ejemplos de organizaciones LGBT en la región afectadas por la orden ejecutiva que Donald Trump firmó el 24 de enero. Allí suspende por 90 días los programas de Estados Unidos para la asistencia extranjera. Todos están siendo analizados para determinar si se alinean con su visión política.

Una promesa de campaña

La medida fue anunciada durante la campaña presidencial por medio de la Agenda 47, un documento elaborado por Trump. Allí explica las órdenes ejecutivas que pone en marcha su política antiderechos. También son parte del Proyecto 2025, un plan de políticas de ultraderecha redactado por exfuncionarios de su administración pasada en alianza con The Heritage Foundation, una agrupación conservadora que se opone al aborto, la equidad racial y los derechos de las personas LGBTI+ y migrantes.

Dentro del documento de más de 900 páginas del Proyecto 2025, hay un apartado específico sobre las limitaciones de apoyo internacional de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y otras medidas que impactan directamente en los derechos humanos y protección de poblaciones vulneradas.

En 2023 el total de la ayuda internacional de Estados Unidos repartida al mundo fue de 68 mil millones de dólares. Tan solo la USAID financió con más de 42 mil millones de dólares a sectores incluidas organizaciones de la sociedad civil, según los datos oficiales.

Para la región de América Latina, la USAID dedicó su apoyo sobre todo a organizaciones que brindan asistencia humanitaria, trabajan temas de desarrollo económico y democracia, derechos humanos y gobernanza.

Casa Frida es una organización que protege derechos de personas migrantes y trans.

“La única clínica trans en Guatemala se quedó sin recursos”

El ColectivoTrans-Formación nació en 2013 en Guatemala. Es la primera organización centroamericana dedicada a atender y acompañar a hombres trans y personas no binaries asignadas femenino al nacer. La política de suspensión de financiamiento de Estados Unidos, por medio de USAID, afectó de manera desproporcionada a esta organización que había logrado obtener un fondo por tres años para atender específicamente la salud en personas trans en ese país.

Tristán López integra la junta directiva de esta organización. Explica que el financiamiento brindó un crecimiento exponencial para atender el derecho a la salud, que sigue sin garantizar el estado de Guatemala. Con él se rentó un espacio para la apertura de una clínica médica, oficinas administrativas, equipamiento y contratación de personal multidisciplinario, y de servicios para el funcionamiento. Es decir, se brindaba el derecho a la salud a personas trans en un país donde no está garantizado ni siquiera el derecho al reconocimiento a la identidad de género de las personas trans.

Clinica de atención a personas trans en Guatemala.

“La única clínica trans en Guatemala se quedó sin recursos y es bien preocupante y desalentador el panorama. A nadie le importa la salud de las personas trans en este país. En el Ministerio de Salud hay un proceso, pero no avanza ni está operacionalizado. Incluso en el nuevo gobierno no hay avances significativos sobre la estrategia de salud. Es más, ahorita hay tres iniciativas de ley contra la población LGBT y mujeres y eso se da en un clima donde las organizaciones de la sociedad civil están debilitadas por esta falta de financiamiento. Estamos ante un efecto dominó”, explica Tristán López.

La suspensión total del financiamiento de la única clínica trans en Guatemala pone en riesgo la suspensión de servicios de salud a personas trans. Pero también otros como asistencia legal para cambio de nombre, kits de higiene personal, traslados de personas trans del interior a la capital para ser atendidas en la clínica y reuniones con distintas entidades de gobierno para incidir en el derecho a la salud, el trabajo y contra las políticas antiderechos del Congreso.

Tan sólo de septiembre de 2024 a enero de 2025 en esta clínica fueron atendidas 167 personas trans (132 hombres trans y 35 mujeres) con consultas médicas y seguimiento, acceso a medicamentos gratuitos, exámenes de laboratorio, atención psicológica y atención de salud integral trans a personas de 19 municipios del país. Brindó atención por citas virtuales a personas trans de El Salvador, Honduras, Nicaragua; también se atendió a personas en movilidad humana de Venezuela y Colombia.

Discurso antiderechos de Trump fortalece a políticos conservadores en Guatemala

Diputados conservadores en Guatemala aprovechan esta coyuntura para tratar un paquete de tres leyes que criminalizan a las personas trans, vulneran los derechos sexuales y reproductivos y la educación sexual integral.

Una de ellas es la iniciativa de ley 6473, para la conservación integral de la sociedad”. Ésta busca crear un nuevo delito de “promoción del aborto” y ampliar las penas existentes, así como prohibir el matrimonio igualitario. Por su parte la iniciativa de ley 6475 “reformas al código penal de la indemnidad sexual” busca limitar la libertad de expresión sobre las identidades trans, prohibir y criminalizar a quien provee de cuidados afirmativos de género a menores de edad trans. Y finalmente, la iniciativa de ley 6453 “ley de educación sexual para la protección de la niñez y adolescencia”, que prohíbe que se hable de educación sexual integral.

“Estas iniciativas no sólo hay que verlas como antiderechos, sino también como antidemocráticas porque están diseñadas para poner en jaque al presidente (Bernardo Arévalo). Porque creo que él tiene una convicción pro derechos humanos, pero estas iniciativas son claramente inconstitucionales, son abiertamente discriminatorias. Y por eso es muy importante entender que estos son esfuerzos antidemocráticos por socavar el estado de derecho. Y aunque los derechos humanos son un discurso impopular es bien importante entender que están al centro de la democracia”, explica Tristán López.

Casa Frida: “estamos atravesando una crisis sin precedentes” 

Casa Frida nació en 2020 como un refugio y organización dedicada a brindar ayuda humanitaria integral. Hoy cuenta con tres sedes: Tapachula, Ciudad de México y Monterrey. Tras la suspensión de la ayuda internacional está en riesgo la protección y seguridad de al menos 300 personas LGBT migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas. 

Además, los servicios de asistencia legal, psicosocial y de comedor humanitario, proyectos dedicados a la reducción de desigualdades y acceso a la salud también están en riesgo. La suspensión compromete la capacidad de atender a más 1500 personas LGBTI que son atendidas en promedio anualmente en sus tres sedes. 

“Poco más del 60% del presupuesto de Casa Frida para el 2025-2026 en este momento está suspendido. No quiere decir que nos hayan suspendido una renovación de convenio, pero los fondos que ya están dentro de Casa Frida no se pueden utilizar. Tenemos que esperar instrucciones, lo cual provoca una crisis de sostenibilidad. No sabemos cómo garantizar los gastos corrientes, cubrir las rentas de los tres refugios, se ve limitada nuestra asistencia humanitaria en Tapachula, la seguridad alimentaria está en riesgo, la asistencia legal y psicosocial también. Estamos atravesando una crisis sin precedentes que nos golpea en un momento trágico”, cuenta con preocupación en entrevista Raúl Caporal, director de Casa Frida.

La situación particular de Casa Frida sucede en un momento donde sus servicios son más demandados por el recrudecimiento de la crisis migratoria y en consecuencia de las primeras acciones de Donald Trump respecto a su política anti migrantes. La misma derivó en la suspensión del programa CBP-one que brindaba citas de solicitud de asilo lo que provoca que las personas LGBT migrantes se queden en México y busquen protección internacional en este país.

Impulso Trans perdió el financiamiento para impulsar la ley de identidad de género en Jalisco

En Jalisco no está legislado el derecho a la identidad de género. Si bien por decreto las personas trans (incluyendo infancias) pueden tramitar su reconocimiento de identidad, el Congreso se negó a garantizar este derecho en la ley.

Impulso Trans tenía un fondo para fortalecer ese proceso por medio de la incidencia política y capacitación a funcionarios públicos sobre la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante la suspensión de financiamientos ese recurso fue cancelado.

Izack Zacarías, presidente de esta organización dijo a Presentes que buscarán lograr ese objetivo. “Con o sin recursos vamos a sacar adelante este proyecto porque es trabajo que ya hacíamos antes. Solo que ahora se limitan las contrataciones y nos va a incrementar la carga de trabajo”.

Las organizaciones buscan alternativas de financiamiento

“Pareciera que todos los socios se alinean o buscan alinearse a las políticas de Trump para su continuidad pero nos dejan a un lado. Estamos valorando si será necesario cerrar las operaciones de alguna de nuestras sedes. Generamos algunos planes de emergencia, entre ellos la reubicación de personal a lugares donde hay mayor demanda. Estamos haciendo un llamado a la iniciativa privada, a otros gobiernos y agencias para ver si podemos acceder a fondos de emergencia para recuperarnos ante esta gran pérdida”, agregó Raúl Caporal.

Si quieres apoyar a Casa Frida puedes ponerte en contacto al mail: casafrida@refugiolgbt.org

“Ahora estamos muy preocupados porque tras la cancelación se dejará de atender la salud de personas trans. Devino además en el despido de once personas del equipo multidisciplinario contratado y probablemente quede suspendido un programa de becas de estudio y emprendimiento que iba a empezar y beneficiaría a 130 hombres y mujeres trans. Estamos viendo cómo lograr que la clínica tenga sostenibilidad. Por ahora estamos pensando si buscar donaciones tipo crowdfunding y en otros fondos de emergencia”, explica Tristán López de Colectivo Trans-Formación en Guatemala.

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Ranil Wickremesinghe.(File Photo: IANS)

El presidente de Sri Lanka ha dicho que su gobierno no se opondrá a un proyecto de ley para despenalizar la homosexualidad, pero agregó que el proyecto de ley debe obtener apoyo antes de que cambien las leyes.

El domingo (11 de septiembre), el presidente Ranil Wickremesinghe, que ocupa su cargo desde julio de este año, dijo que el gobierno no se opondrá a un proyecto de ley de miembros privados presentado al parlamento por el parlamentario Premnath C Dolawatte para despenalizar la homosexualidad.

Actualmente, las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales en Sri Lanka y existen otras leyes discriminatorias contra las personas trans y las trabajadoras sexuales.

El proyecto de ley de Dolawatte busca despenalizar la actividad sexual entre personas del mismo sexo entre adultos que consienten enmendando las secciones 365 y 365A del código penal de Sri Lanka.

‘Una cuestión de conciencia privada‘

Sin embargo, requerirá el apoyo de miembros individuales del parlamento, como explicó el presidente Wickremesinghe durante conversaciones con Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Según Colombo Gazette, dijo: “Estamos a favor, pero hay que conseguir el apoyo de los miembros individuales. Es un asunto de su conciencia privada”.

El mes pasado, Dolawatte entregó a Wickremesinghe un proyecto de ley para enmendar el código penal con el objetivo de proteger los derechos de la comunidad LGBTQ+ de Sri Lanka.

El proyecto de ley del Código Penal (Enmienda) (Ley 19) para enmendar el código penal también fue presentado al parlamento por Dolawatte como proyecto de ley de un miembro privado, informó el  Eastern Eye reported. 

El periódico dijo que la comunidad LGBTQ+ de Sri Lanka y sus aliados emitieron un comunicado dando la bienvenida al proyecto de ley del miembro privado.

Pero a pesar de que se presentó el proyecto de ley, la comunidad LGBTQ+ de Sri Lanka cuestionó el compromiso de su gobierno para abordar los problemas que enfrenta la comunidad.

Se produce después de que el gobierno de Sri Lanka fuera acusado de forzar «pruebas» abusivas de virginidad anal y vaginal en personas LGBTQ+ en un intento de probar la conducta homosexual.

Desde 2017, al menos siete personas han sido obligadas a someterse a exámenes físicos “crueles, inhumanos y degradantes”, según un informe de Human Rights Watch.

El expresidente del país, Maithripala Sirisena, también fue criticado por comentarios homofóbicos “insidiosos”.

Rosanna Flamer-Caldera, del grupo de igualdad Equal Ground, describió al exlíder como «patético» y criticó las «referencias insidiosas que degradan a la comunidad LGBTIQ» del presidente.

Fuente Pink News

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