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Conmoción por asesinato de la activista trans Melissa Núñez en Honduras

Martes, 25 de octubre de 2022
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20221024-Melissa-Honduras-1-700x350Melissa Núñez,

Es el homicidio número 34 de una persona LGBTI+ durante 2022. Piden que se respeto su identidad de género.

TEGUCIGALPA, Honduras. De varios balazos fue asesinada la noche del 18 de octubre, la activista trans Melissa Núñez, de 42 años de edad, en Morocelí, El Paraíso.

Murió después de que sujetos encapuchados la atacaran a tiros en la colonia Tomás Moncada de ese municipio en el oriente del país.

“Fue una persona llena de vida”

Melissa había llegado hace unos meses de Miami, Estados Unidos, donde vivía y desarrollaba un fuerte activismo en pro de los derechos de las disidencias sexuales sobre todo en las redes sociales. Tenía más de 20 mil seguidores en Tik Tok.

La Policía Nacional de Honduras informó que al principio los familiares de Melissa impidieron que el cadáver fuera trasladado por el Ministerio Público a Medicina Forense para realizarle la autopsia.

Sin embargo, la tarde del miércoles, las autoridades lograron movilizar el cuerpo a Tegucigalpa para hacer los exámenes correspondientes y comprobar cuáles fueron las causas de su muerte. Según la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza, se conoce preliminarmente que Melissa murió de dos balazos en la cabeza.

“Fue una persona tan llena de vida y energía que nada se le complicaba. Vuela alto, Melissa, una mujer con mucho talento. Desgraciadamente existe gente malvada”, dijo su amiga Catrina en una publicación de Facebook.

Hasta el momento se desconocen las razones y los responsables de la muerte violenta de Melissa. Ese crimen se suma a lxs 434 miembrxs de la población LGBTI+ asesinadxs y una desaparecida desde 2009 en Honduras, de lxs cuales 131 eran personas trans, según el Observatorio de Muertes Violentas de Cattrachas.

Solo este año han fallecido de forma violenta 34 personas. “Este 2022 ha sido un año que superó al 2021 y 2017. Primero fue el asesinato de Thalía y ahora el crimen de Melissa”, dijo la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza.

“Los noticieros no respetan” la memoria de Melissa, escribió Cattrachas en su Instagram. “Pedimos justicia y respeto para Melissa, pedimos que el Gobierno se responsabilice por los asesinatos que aumentan”, agregó la red lésbica.

Medios que replican odio y trans que migran 

20221024-Melissa-Honduras-4Los medios de comunicación se convierten en agentes de desinformación al replicar noticias falsas sobre las poblaciones de las disidencias sexuales en Honduras. Así lo afirmaron en entrevista para Reportar sin Miedo las defensoras de derechos humanos y de las personas trans en Honduras, Rihanna Ferrera y Allison Hernández.

“Aparecieron informaciones en varios medios donde usaban información desfasada para rellenar los espacios informativos”, denunció la directora de Cozumel Trans en Tegucigalpa, Rihanna Ferrera.

Según Ferrera, muchos sitios de comunicación nunca la llamaron para entrevistarla y utilizaron declaraciones suyas de otros casos para rellenar sus espacios.

“Estamos en un país donde no hay oportunidades, los gobiernos no nos quieren. Nos siguen dando atol con el dedo y nos están dando una ley para que se nos reconozca el nombre y mucho menos respetando la sentencia de Vicky Hernández”.

“Melissa era una trans querida y reconocida en su comunidad. El club hípico de su ciudad publicó un pésame con su nombre asumido y los medios de comunicación siguen violentando a las personas trans vivas y muertas”, dijo Indyra Mendoza.

El 28 de junio del 2021, se dio la sentencia por el asesinato de Hernández, cometido por entes del Estado en 2009.

El 9 de mayo de 2022, la presidenta Xiomara Castro pidió perdón público para cumplir con las resoluciones de la sentencia, pero siguen los ataques contra personas trans.

Una de las demandas de la sentencia es que entre en vigor la reforma de la ley y reglamento del Registro Nacional de las Personas para cambiar el nombre de las personas trans y erradicar de ese modo la transfobia en el país.

No se han tomado acciones al respecto.

Aunque el nuevo gobierno aparentemente apoya a la población LGBTIQ+, los medios de comunicación masiva perturban y violentan la vida de las personas trans.

Allyson Hernández, de Asociación Feminista Trans (AFET) de San Pedro Sula, señaló que las mujeres trans se ven orilladas al desplazamiento porque las violencias que sufren en Honduras son muy altas.

“Las compañeras sufren extorsión de diferentes grupos. No les queda más que huir. Muchas tienen que retornar de forma forzada para seguir sufriendo más violencias porque el Estado hondureño no ofrece derechos para nuestra población”, enfatizó.

Como si no fueran suficientes las violencias con las que viven las mujeres y las disidencias sexuales en Honduras, los medios de comunicación masivos utilizaron el nombre muerto de Melissa para seguir generando odio.

Para la especialista en género Vanessa Siliezar, las plataformas tienen la responsabilidad porque continúan contando narrativas que llaman al prejuicio y la exclusión.


Melissa en la memoria

Las redes sociales se llenaron desde hoy de mensajes para recordar el legado de Melissa Núñez como activista dedicada a defender los derechos de las poblaciones LGBT+.

20221024-Melissa-Honduras-3Otros mensajes critican la desidia del gobierno en la protección de las poblaciones trans.

“Fuiste víctima de un sistema transfóbico e intolerante como de la maldad más cobarde de algunos seres humanos”, escribió su amiga Daniela Simba.

Por otra parte, otro amigo identificado como Robert Gudiel dio su pésame a la familia de Melissa Núñez. “La recordaré con mucho cariño”, comentó en sus redes. “Siempre estuvimos cerca y compartimos muchos momentos recordables”.

La nota de Reportar sin miedo se hizo también con colaboración de Amelian Zerón y Dennis Arita .

24 de octubre de 2022
Dunia Orellana
 Edición: Maby Sosa

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , , , , , ,

Un juicio histórico para Vicky Hernández, trans hondureña asesinada por fuerzas estatales

Viernes, 6 de noviembre de 2020
Comentarios desactivados en Un juicio histórico para Vicky Hernández, trans hondureña asesinada por fuerzas estatales

vicky-696x464Por Dunia Orellana

El 11 y 12 de noviembre de 2020 se llevará a cabo de forma virtual la audiencia fijada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para emitir sentencia contra el Estado de Honduras por el crimen de la líder trans Vicky Hernández. Vicky fue asesinada el 28 de junio de 2009, día del golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel  Zelaya, que estableció el gobierno de facto de Roberto Micheletti. La querella busca eliminar el decreto de amnistía de 2010 que protege a los perpetradores del golpe de Estado para identificar la cadena de mando que ordenó el asesinato de la activista trans hondureña.

Vicky Hernández, la primera víctima de ejecución extrajudicial del régimen de facto durante el golpe de Estado, tenía 26 años en el momento de su asesinato. Vicky terminó la primaria y abandonó los estudios para trabajar y mantener a su madre, su hermana y su sobrina. Era trabajadora sexual y reconocida activista de la organización de derechos humanos de mujeres trans Unidad Color Rosa de San Pedro Sula, Honduras.

La noche del crimen

Vicky salió a la calle la noche del 28 de junio a ejercer el trabajo sexual sin saber del toque de queda impuesto por el gobierno de facto.  Esa noche, Zelaya fue sacado de su casa a punta de fusil y enviado en un avión a Costa Rica.

La mañana del 29, Vicky fue encontrada muerta en una calle de la colonia Ruiz, en el noreste de San Pedro Sula. Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal hicieron el levantamiento del cadáver a las 7:30 de la mañana. La noche anterior, solo había fuerzas estatales de seguridad en las calles sampedranas. Eso hizo despertar la sospecha entre las organizaciones de la diversidad sexual y los defensores de los derechos humanos de que los culpables del asesinato tienen vínculos con el Estado hondureño.

El cadáver de la activista trans presentaba “una herida irregular en su ojo izquierdo” y otra igual “en la región frontal izquierda”. El forense concluyó que Vicky fue asesinada por arma de fuego”, según documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitido en diciembre de 2018.

Audiencia-en-la-Corte-IDH--1024x683Audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La cadena de impunidad comenzó con el crimen y continuó con el manejo del cadáver de Vicky, que fue trasladado a las instalaciones de Medicina Forense en el norte de San Pedro Sula, donde las autoridades se negaron a practicarle la autopsia. “Organizaciones de derechos humanos denunciaron que las autoridades forenses se negaron a realizar el dictamen de autopsia con la excusa de suponer que la víctima vivía con VIH”, señala el documento de la CIDH.

“No quisieron emprender ninguna diligencia investigativa por considerar que la víctima era una persona ‘diferente’ y sin derechos, lo que constituye una discriminación en razón de sus preferencias sexuales”, agrega una petición presentada el 23 de diciembre de 2012 por organización Cattrachas y años después se unió a la defensa la organización Robert F. Kennedy Human Rights de Estados Unidos.

Tiempo después, las autoridades argumentaron que habían hecho la autopsia, pero no hay registros oficiales de que se la hayan practicado.

El velatorio de la líder transexual Vicky Hernández tuvo lugar en la sede del colectivo Unidad Color Rosa, Colectivo TTT de San Pedro Sula. La enterraron en La Puerta, un cementerio para la población general situado en el sur de la ciudad.

De la impunidad a la esperanza

Vicky Hernández ha dejado de ser otro número en la larga lista de muertes violentas de personas LGBTIQ+ en Honduras para convertirse en un signo de esperanza para los colectivos tradicionalmente despreciados en el país.

Desde el asesinato de la activista en 2009 hasta la fecha han muerto violentamente al menos 366 personas LGBT, incluyendo a 117 mujeres transexuales como Vicky. Pero el Código Penal hondureño aún no recoge en sus páginas la palabra “transfemicidio” para tipificar el asesinato de mujeres y hombres transexuales. Casi todos los casos, incluyendo el de Vicky, siguen impunes.

“Un asesino en Honduras tiene 96% de posibilidades de que el sistema no lo atrape. Es un gran negocio ser sicario en Honduras; 96% de posibilidad y a la comunidad, 98%”, agrega, ahondando en las causas de las altas cifras de impunidad en Honduras. Eso se debe a la deficiente investigación en Honduras”, explica a Presentes el abogado y catedrático universitario Ramón Enrique Barrios

IndyaMendoza--1024x683La activista Indyra Mendoza, de la red Cattrachas

Según Barrios, los propios órganos de investigación consideran que los miembros de la comunidad LGBTI son asesinados porque se lo merecen. Incluso hay prejuicios religiosos de fondo, pues la sociedad cree que se lo merecen porque “no siguen los dictados tradicionales de Dios”.

La organización lésbica Cattrachas ha estado trabajando en sus más de 11 años de lucha para que el caso de Vicky no quede impune. Este es solo el comienzo de un esfuerzo por hacer que también paguen los responsables de los crímenes contra las otras 116 mujeres trans y 250 personas LGBTIQ+ asesinadas desde 2009.

“Con tanta impunidad, con tantas muertes, esto es como una justicia colectiva”, dice la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza. “Allí van a estar los nombres de otras trans. Hubo prejuicio, discriminación, violencia, odio, pero al final vamos a lograr esa justicia colectiva”.

“Fue una ejecución extrajudicial”

El equipo liderado por Cattrachas y Robert F. Kennedy Human Rights ha pedido que se derogue el decreto de amnistía de 2010 que ha permitido que sigan impunes todos los crímenes cometidos durante el golpe de Estado de 2009. De esa manera, la justicia podrá caer sobre los violadores de derechos humanos escudados detrás del golpe. “Fue una ejecución extrajudicial, pero hubo una cadena de mando alrededor de ellos”, afirma Indyra Mendoza.

Los otros resultados del grupo de litigantes encabezados por Indyra Mendoza son los reparos económicos y psicológicos que el Estado hondureño debe conceder a la familia de la activista transexual asesinada el día del golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya para imponer el gobierno de facto de Roberto Micheletti.

“Con el establecimiento del toque de queda, las autoridades de facto justificaron la militarización del territorio hondureño y la presencia de militares y policías en las calles”, señala Cattrachas.

“Demostrar que nuestros cuerpos valen”

Además, la organización con sede en Tegucigalpa registra durante los ocho meses que duró el gobierno de Micheletti 31 asesinatos de personas LGBTI, de las que 15 eran mujeres trans y 16 de gays. Esa cantidad supera el total documentado entre 2003 y 2008. Cattrachas identifica un patrón de asesinatos contra mujeres trans, lo cual afianza la teoría de que en su mayoría fueron ejecuciones extrajudiciales.

El caso de Vicky está rodeado de misterios y viciado por la impunidad. Al negarse a hacerle la autopsia porque según las autoridades vivían con VIH, “sufrió discriminación incluso después de su asesinato”, dice la directora de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights, Angelita Baeyens.

“Es muy significativo que llegue por primera vez a la Corte Interamericana un caso de violencia letal contra una mujer trans porque abre la puerta para visibilizar la situación de esta población y exponer todos los abusos cometidos en ese caso. No solo es la historia trágica de Vicky. Es la de cientos de mujeres trans en Honduras y la región que son víctimas de constante discriminación y violencia por parte de las autoridades y de muchos otros sectores de la población”, agrega Baeyens.

“Es como demostrar que nuestros cuerpos también valen, nuestras vidas valen, nuestras luchas valen. Eso para mí es importante”, afirma Indyra Mendoza.

La CIDH responsabilizó en mayo del 2019 a Honduras de la muerte de Vicky Hernández.

Según la Comisión, “tomando en cuenta tales contextos, el hecho de que las calles estaban bajo control total de la fuerza pública, así como la falta de esclarecimiento judicial de lo sucedido, existen suficientes elementos para concluir la responsabilidad directa del Estado por la muerte de Vicky Hernández”.

Para el organismo, el asesinato de Hernández “constituyó un supuesto de violencia por prejuicio hacia su identidad y expresión de género”.

Fue un transfemicidio

El equipo de las organizaciones Robert F. Kennedy de Human Rights y Cattrachas espera que en el asesinato de Vicky se reconozca el término legal “transfemicidio”, pero el camino ha estado sembrado de obstáculos.

Un primer paso para llegar a la meta fue establecer un patrón en los asesinatos de personas LGBTI y en especial de mujeres trans durante el golpe de Estado en Honduras como una manera de categorizar esos crímenes como ejecuciones extrajudiciales.

“Estos transfemicidios se llevaron a cabo a altas horas de la noche, durante toques de queda ilegales, cuando las calles estaban bajo la custodia absoluta de las fuerzas públicas militares y policiales. Además, la mayoría de víctimas se dedicaban al trabajo sexual y fueron ejecutadas con un disparo a la cabeza”, apunta Cattrachas.

Según el patrón identificado en los 15 asesinatos de mujeres trans cometidos durante el régimen de facto de Roberto Micheletti, Cattrachas creó la siguiente definición de la palabra ‘transfemicidio’: “Muerte violenta de mujeres trans, motivada por el prejuicio, el desprecio y la discriminación del género y la identidad asumida de las víctimas, siendo la materialización de una violencia sistemática por la exclusión social y estatal”.

A pesar de todo, el informe de fondo de la Comisión Interamericana reconoce que la ejecución extrajudicial de Vicky fue un transfemicidio. Esta es la primera vez que el término ‘’transfemicidio’’ es utilizado en el seno del sistema interamericano.

La muerte de Vicky es la primera ejecución extrajudicial transfemicida reconocida por el Sistema Interamericano. Para la Comisión, el caso puede catalogarse como un asesinato por prejuicio basado en la identidad de género y hay fuertes indicios de que el Estado hondureño está involucrado directamente en el crimen.

No obstante, hasta hoy el Estado sigue negando las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el golpe de Estado y la vinculación directa de agentes del orden público en el asesinato de Vicky.

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , ,

Lapidaron a una mujer trans en Honduras: tenía 23 años

Jueves, 7 de mayo de 2020
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Screenshot-2020-05-04-at-09.04.01Por Paula Rosales

Luz Clarita Zúniga, una mujer trans de 23 años de edad, fue lapidada la tarde del viernes 1 de mayo en una de las calles de la costeña ciudad de La Ceiba, en Honduras, por lo que se convierte en el primer crimen de odio durante la crisis sanitaria por coronavirus.

De acuerdo a la policía nacional de Honduras, Luz Clarita estaba en situación de calle y fue atacada después de presuntamente discutir con otra persona en una calle de la ciudad costera, 394 kilómetros al norte de la capital Tegucigalpa.

“Las investigaciones preliminares suponen que la muchacha, el joven trans, estaba peleando con otro ciudadano. No le puedo decir por qué, le estoy diciendo, que según la población que lo conocía, es que deambulaba en las calles, estaba en una discusión”, dijo a Presentes Marcos López, de la policía de Honduras.

López confirmó a Presentes que están investigando el asesinato.

“Ya la dirección policial de investigación ya retomó el caso para continuar con las investigaciones para dar con el hechor, con el supuesto responsable del hecho”, agregó.

La Organización Prounión Ceibeña (OPROUCE) condenó el asesinato y exigió justicia para el hecho.

“Una vez más nuestra comunidad transgénera se viste de luto ante otro hecho de violencia escalonada hacia nuestra población vulneralizada. Un crimen basado en género y odio. Luz Clarita se suma así, a una lista interminable de transfeminicidios en nuestro país”, expresaron en un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Nos asesinan por discriminación”

El Observatorio de Muertes Violentas de la Comunidad LGBTI en Honduras, de la Red Lésbica Cattrachas, ha registrado en 2020 seis crímenes en contra de personas LGBTI, de enero a mayo asesinaron a 4 hombres gay; 1 lesbiana y una mujer trans.

“Ella fue lapidada en La Ceiba. Ella era indigente y casi toda la información que tenemos histórica en el observatorio de gente indigente es que entre indigentes se matan. Es la única persona LGBTI asesinada durante dos meses en Honduras, teníamos cero asesinatos desde que comenzó la pandemia hasta ahora”, dijo a Presentes Indyra Mendoza, directora de la organización Cattrachas.

En los últimos diez años, las organizaciones reportan unos 317 crímenes por odio, de los cuales el 92 por ciento están impunes. Del total, 180 son hombres gays, 37 lesbianas y 100 personas trans.

“Nos asesinan por discriminación, por odio a nuestra población. Con esta pandemia nos hacemos más vulnerables por la pobreza y más si son trabajadoras sexuales porque ahorita no pueden trabajar para su alimentación o pago de renta”, dijo a Presentes Gabriela Redondo, directora del Colectivo Unidad Color Rosa con sede en la ciudad de San Pedro Sula.

Triángulo Norte: una región hostil para la población LGBTI

El Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, continúa siendo una de las regiones más mortales para las poblaciones LGBTI del continente.

En 2019, las organizaciones registraron al menos 67 asesinatos en contra de la población LGBTI en la región norte de Centroamérica. La cifra ya superó en seis casos a los crímenes cometidos el año anterior, según un recuento elaborados por las instituciones.

De acuerdo al reporte, Honduras aparece a la cabeza de la lista de la región con 34 casos de crímenes de odio, seguido de Guatemala con 24 casos y El Salvador con nueve. Sólo han sido judicializados dos de estos asesinatos en El Salvador: el de Camila Díaz y el de Anahí Miranda.

En Honduras la cifra aumentó un 36 por ciento en relación a 2018, que fue de 25 casos.  La mayoría de los crímenes fueron cometidos en contra de hombres gays con 19 casos; nueve mujeres trans y seis lesbianas murieron de manera violenta, según la organización Cattrachas.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ganó la reelección presidencial en 2017 de la mano del derechista y conservador Partido de Nacional de Honduras, que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo y promueven la lectura de la Biblia en las escuelas.

“Nos asesinan por discriminación, por odio a nuestra población. Con esta pandemia nos hacemos más vulnerables por la pobreza y más si son trabajadoras sexuales porque ahorita no pueden trabajar para su alimentación o pago de renta”, dijo a Presentes Gabriela Redondo, directora del Colectivo Unidad Color Rosa con sede en la ciudad de San Pedro Sula.

Discursos de odio desde las iglesias y el gobierno

En reiteradas ocasiones personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual son motivados por el prejuicio, alentado por sectores conservadores y religiosos, desde el propio gobierno.

En Honduras la comunidad LGBT forma parte un amplio sector vulnerable, que ha sido acorralado por un fundamentalismo religioso, que a través de las iglesias católica y evangélica, impone la agenda de las políticas públicas. Cada vez que los temas de avances en derechos son expuestos, la clase gobernante convoca a pastores y curas para que den sus puntos de vista desde el ámbito moral y religioso.

En noviembre de 2018 el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, del conservador y gobernante Partido Nacional, planteó la necesidad que se reformara el artículo 77 de la Constitución de la República para que los pastores y ministros de la fe puedan optar a cargos de elección popular.

“El postular a los pastores como parte de la política, da mucho que pensar, porque qué saben los pastores de política o qué saben los pastores de la crisis nacional que enfrentamos, más allá de un discurso religioso, basado en la fe y en la moral, y dentro de ese discurso, de esa visión de nación, las personas LGBT no existimos”, dijo Nahil Zerón´.

Derechos como el aborto, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, la adopción de menores a parejas del mismo sexo no forman parte de la agenda de las instituciones del Estado, incluso, en el año 2009, se prohibió la venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), por considerarse

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Fuente Agencia Presentes

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Asesinan en Honduras a la activista trans Bessy Ferrera: quinto crimen de odio en una semana

Martes, 16 de julio de 2019
Comentarios desactivados en Asesinan en Honduras a la activista trans Bessy Ferrera: quinto crimen de odio en una semana

bessy-ferrera-900x450Ya habíamos publicado el asesinato de dos de ellas, pero esto no para…

Por Emy Padilla, desde Tegucigalpa 

En los últimos días fueron asesinadas en Honduras tres mujeres trans, entre ellas la defensora de derechos humanos Bessy Ferrera, y un hombre bisexual. También se produjo una tentativa de homicidio contra otra chica trans.

Los nuevos crímenes de odio, con los que ya se acumulan 21 casos en lo que va del año, comenzaron el 3 de julio con Antonia Laínez Larios (38) asesinada con arma de fuego la madrugada de ese día en una calle del municipio de El Negrito, en el norteño departamento de Yoro. Antonia era una reconocida estilista de la zona.

Los violencias continuaron la noche del sábado 6 de julio con el crimen de Santi Hernández Carbajal (32), una comunicadora social que conducía un programa en un canal de televisión. Santi fue asesinada de múltiples disparos de arma de fuego en la ciudad de Puerto Cortés, también en la zona norte de Honduras. Y en menos de 36 horas, se registró en la Segunda Avenida de Comayagüela, en el Distrito Central, el crimen de Bessy Ferrera (40), una activista de las personas VIH, desde hace trece años. Bessy fue ejecutada de un balazo en el abdomen, entre la 1:30 y 2:00 de la madrugada del lunes 8 de julio cuando ejercía la prostitución junto a otras tres compañeras. En el hecho resultó herida de varios impactos de bala otra mujer trans y las otras dos compañeras salieron huyendo de los agresores.

Las horas de la mañana transcurrieron cuando a eso de la 1:00 de la tarde del mismo lunes ocho de julio, se registró el crimen de un joven bisexual de 27 años, en la colonia Oswaldo López Arellano, uno de los sectores más conflictivos de la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras. La víctima recibió varios impactos de bala.

Antes del golpe de Estado de 2009, los ataques a personas LGBT+  eran de policías, militares y otros agentes estatales, por delitos como violación, asesinato, secuestros, extorsión, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, dijo a Presentes Indyra Mendoza, fundadora de la Red Lésbica Cattrachas. Sin embargo, ahora los crímenes se cometen además por miembros de maras y pandillas, taxistas, guardias de seguridad privada, clientes y jornaleros.

Bessy Ferrera, una defensora de los derechos humanos

Para la Red Lésbica Cattrachas, el crimen de Bessy Ferrera se torna en un caso emblemático porque a lo largo de su vida ejerció defensoría de derechos humanos, especialmente a favor de las personas VIH positivas y personas trans, trabajo que inició en el año 2006.

Ella luchó porque las personas VIH positivo tuvieran acceso a los tratamientos antirretrovirales y para que no fueran discriminadas en los centros de salud. Formó parte, además, de investigaciones internacionales como “No vales ni un centavo” de la Human Rights Watch, con datos de 2004 al 2009. Asimismo, de una campaña mundial de Amnistía Internacional, después de haber sido golpeada por agentes policiales en diciembre de 2008.

Bessy laboró de manera intensa en la defensa de los derechos humanos por ocho años ininterrumpidos y fue una de las primeras personas en pedir la ciudadanía plena de las personas trans, lo que hoy en día se conoce como ley de identidad de género. Después de su agresión y constantes amenazas, migró a Guatemala de donde regresó a Honduras en el año 2017. Era hermana de Rihanna Ferrera, defensora de derechos humanos de la organización Cozumel Trans.

Como parte de esa violencia, Rihanna recordó que ella fue víctima de un secuestro temporal para exigirle que revelara la ubicación de su hermana.

“Desde que inició el año la comunidad trans hemos venido sufriendo una serie de ataques, por defender, por exigir derechos”, dijo a Presentes Rihanna Ferrera, quien además manifestó sentirse indignada y que el asesinato de su hermana la hará más fuerte para seguir luchando por los derechos de las personas trans.

Rihanna, lamentó que la justicia hondureña no haya hecho nada en el caso de su hermana y sobre la denuncia que ella interpuso ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia

En medio de la consternación, recordó que hace poco una mujer trans fue quemada viva en el municipio de Villanueva, Cortés, mientras otra en Roatán, Islas de la Bahía, fue apuñalada y luego le echaron un vehículo en marcha hasta asegurarse que estaba muerta.

“A otra compañera la secuestraron, la golpearon a patadas y luego la mataron”, siguió relatando la defensora de las personas trans.

Violencia sistemática

Nahil Zerón, defensora LGBT de la Red Lésbica Cattrachas, dijo que la mayoría de los casos registrados en la última semana son de mujeres trans y que la inexistencia del Estado para garantizar los derechos a este grupo poblacional hace que este tipo de violencia sea sistemática. A su juicio, la falta de una ley de identidad de género hace que el Estado excluya a las mujeres trans y que el único espacio para que éstas tengan un ingreso económico, sea a través de la prostitución.

En los últimos años se ha introducido en tres oportunidades al Congreso Nacional, proyectos de ley encaminados a establecer una normativa de identidad de género.

Los miembros de la diversidad sexual interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 112 de la Constitución de la República, sobre el matrimonio entre las personas del mismo sexo, para el cambio de nombre y cambio de género y al artículo 116 sobre la adopción. La Corte aún no ha emitido el fallo.

Historia de impunidad

“Es importante aclarar que, aunque en este momento se está dando la muerte de estas personas, esto ha sido histórico en Honduras, siempre ha habido estos picos de asesinatos de tres, cuatro, cinco personas, en término de diez días o quince días y lo que queda es realmente una impunidad”, dijo a Presentes Indyra Mendoza, fundadora de la Red Lésbica Cattrachas.

El 96% de los crimines contra las personas de la diversidad sexual se encuentra en la impunidad, pese a que en el Ministerio Público funciona la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de las Personas LGBTI. La unidad especial no funciona y se ha convertido en un simple requisito internacional dictado por comités de derechos humanos, e implementado por el Estado hondureño, dijo Nahil Zerón.

El único trabajo de la unidad es el registro de casos y paradójicamente éste se circunscribe a la certificación que hagan organizaciones defensoras de derechos humanos como el caso de la Red Lésbica Cattrachas. Esto se hace por la inexistencia de la identidad de género.

A partir del golpe de Estado

En los últimos diez años, a raíz del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, la Red Lésbica Cattrachas contabiliza 327 crímenes contra personas de la comunidad LGBT. En seis meses posterior al golpe de Estado se contabilizó 30 crímenes, 13 de los cuales se cometieron contra mujeres trans y de los cuales nueve se registraron durante los toques de queda (suspensión de las garantías constitucionales).

El primer caso reportado fue el de la defensora transgénero, Vicky Hernández, quien fue víctima de una ejecución extrajudicial, la noche del 28 de junio de 2009, en San Pedro Sula, en el marco de un toque de queda (restricción de circulación). El caso de Vicky se conocerá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por considerar la falta de cumplimiento del Estado de Honduras, para esclarecer el crimen.

A partir del golpe de Estado de 2009, Indyra Mendoza habla de la época post impunidad, porque “el Estado permitió tanto el asesinato de las personas LGBTTI, con impunidad, que ahora cualquiera nos puede matar por el hecho de ser una persona sexo-género diversa”, manifestó.

Indyra añadió que en aquel entonces los crímenes de odio contra las personas trans y contra sus clientes eran cometidos en las calles por elementos de la Policía Nacional Preventiva, militares y policías municipales.

Discursos de odio desde las iglesias y el gobierno

En reiteradas ocasiones personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual son motivados por el prejuicio, alentado por sectores conservadores y religiosos, desde el propio gobierno.

En Honduras la comunidad LGBT forma parte un amplio sector vulnerable, que ha sido acorralado por un fundamentalismo religioso, que a través de las iglesias católica y evangélica, impone la agenda de las políticas públicas. Cada vez que los temas de avances en derechos son expuestos, la clase gobernante convoca a pastores y curas para que den sus puntos de vista desde el ámbito moral y religioso.

En noviembre de 2018 el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, del conservador y gobernante Partido Nacional, planteó la necesidad que se reformara el artículo 77 de la Constitución de la República para que los pastores y ministros de la fe puedan optar a cargos de elección popular.

“El postular a los pastores como parte de la política, da mucho que pensar, porque qué saben los pastores de política o qué saben los pastores de la crisis nacional que enfrentamos, más allá de un discurso religioso, basado en la fe y en la moral, y dentro de ese discurso, de esa visión de nación, las personas LGBT no existimos”, dijo Nahil Zerón´.

Derechos como el aborto, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, la adopción de menores a parejas del mismo sexo no forman parte de la agenda de las instituciones del Estado, incluso, en el año 2009, se prohibió la venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), por considerarse “abortivas”, según los alegatos de organizaciones fundamentalistas religiosas.

Fuente Agencia Presentes

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