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Exigen que el crimen de Vanessa Zúniga no quede impune: la activista trans hondureña fue degollada

Jueves, 8 de abril de 2021

Vanessa-Zuniga-2Vanessa Zúniga era trans y trabajaba como voluntaria en la Asociación de Prevención y Educación en Salud, Sexualidad, Sida y Derechos Humanos. La encontraron degollada el lunes 28 de marzo.  

 Dunia Orellana, desde San Pedro Sula

Vanessa Zúniga era una trans de 43 años, trabajaba como voluntaria en la Asociación de Prevención y Educación en Salud, Sexualidad, Sida y Derechos Humanos (APREST) y durante el domingo 27 de marzo nadie supo de ella. La hallaron golpeada, semidesnuda y degollada en un solar baldío del puerto de Tela, en el litoral atlántico de Honduras, al día siguiente, el lunes 28.

Vanessa vivía con su padre y sus hermanas en este municipio. Fueron sus familiares quienes reconocieron su cuerpo el martes 29 en las instalaciones de Medicina Forense de San Pedro Sula. “El lunes informaron de un cadáver que quedó en ropa interior y que tenía a su lado las pertenencias que andaba, como una camisa y tenis rojos. Estaba en Colonias Unidas, a dos metros del Ministerio Público”, relata a Agencia Presentes el director ejecutivo de la Asociación de Prevención y Educación en Salud, Sexualidad, Sida y Derechos Humanos (APREST), Leonel Barahona Medina. “Era Vanessa, que tenía como 24 horas de haber muerto”.

Según un oficial de la Policía Nacional de Honduras, en el caso está trabajando la Dirección Policial de Investigación (DPI) y la Unidad de Homicidios de Personas Pertenecientes a Grupos en Situación de Vulnerabilidad.

Vanessa sobrevivía con la venta de artículos a muy pequeña escala y haciendo tareas de limpieza. “Tenía una bicicleta con un troco [especie de carreta] en el que vendía agua y cigarrillos. También lavaba ropa ajena y limpiaba casas”, explica Barahona.

Las autoridades tienen varias hipótesis del hecho, pero en la escena donde fue hallado el cuerpo no lograron encontrar evidencia en las cámaras de seguridad ni testigos presenciales del hecho. “Es un caso bien complicado, pero esperamos obtener más detalles y así darle respuesta”, expresó el oficial a Presentes.

Exigen Justicia al Ministerio Público

Vanessa-Zuniga-1-e1617634134962-720x360El cadáver de la activista trans hondureña permaneció un día en la morgue de la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, adonde acudió el cuñado de Vanessa para trasladarla al puerto de Tela. “No pudieron velarla”, cuenta para Presentes el director de APREST, Leonel Barahona. “El mismo día que la reconocieron se llevaron el cuerpo a Tela para enterrarlo cerca de las 7:00 PM”.

Las organizaciones LGBTI y de derechos humanos claman por justicia. “Fue un vil asesinato” llamó la Mesa de Acceso a la Justicia LGTB que reúne a 11 organizaciones nacionales, a la muerte de la voluntaria de APREST en un pronunciamiento emitido el 2 de abril. En el comunicado, la Mesa exigió al Ministerio Público que haga “una investigación exhaustiva del asesinato de la defensora de derechos humanos Vanessa Zúniga”.

“Por la forma como la mataron es un crimen de odio”, asegura el defensor de derechos humanos Leo Barahona. “Ella ya había recibido amenazas”.

A las voces que se alzaron pidiendo justicia por este nuevo asesinato contra la población LGBTI se suma la del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). En un comunicado publicado el 3 de abril, el CONADEH lamentó el asesinato de Vanessa Zúniga e instó al Ministerio Público a investigarlo. La representante de la institución gubernamental, Blanca Izaguirre, lamentó el asesinato y abogó por que no quede en completa impunidad, tal como sigue ocurriendo con estos crímenes.

Desde junio de 2009 a la actualidad ha habido 373 muertes violentas. De todas ellas, 119 fueron personas trans. Los casos tienen un 91% de impunidad. A pesar de haber logrado la inclusión en el nuevo Código Penal del agravante de violencias basadas en orientación sexual, expresión e identidad de género, ninguna sentencia de este país lo ha tenido en cuenta.

Siguen matando a trans en Honduras

Según el Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTI de la Red Lésbica Cattrachas, 2020 finalizó con 20 crímenes de odio. En lo que va del 2021 se registran dos asesinatos de homosexuales y ahora el de Vanessa, el cual es el primero del año registrado contra una mujer trans.

Vanessa-Zuniga-3En abril se espera la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el la ejecución de Vicky Hernández, la mujer trans de 26 años de edad asesinada entre el 28 y el 29 de junio de 2009, en pleno toque de queda por el golpe de Estado en Honduras que depuso al entonces mandatario Manuel Zelaya.

El asesinato de Vicky sigue impune. La Corte IDH deliberó el pasado mes de marzo sobre la sentencia del caso de Hernández versus el Estado de Honduras. Si declaran culpable al Estado hondureño por la muerte de Vicky, será la primera sentencia de esta Corte sobre violencia contra personas trans en América Latina y una referencia más, tal como fue la sentencia por el travesticidio/transfemicidio de Diana Sacayán, para los países de la región.

Contexto hostil para ddhh

El 21 de enero el Congreso Nacional de Honduras prohibió el aborto en cualquier circunstancia al igual que el matrimonio entre personas del mismo sexo y no existe la figura de unión libre para la diversidad sexual hondureña. Tampoco se reconocen las uniones celebradas en otros países.

A finales de marzo la Corte Suprema de Honduras admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado por Cattachas contra la reforma a los artículos 67 y 112 de la Constitución de Honduras sobre el aborto y el matrimonio igualitario. La admisión fue el primer paso.

A mediados de enero, más de 300 personas de la diversidad sexual de Honduras huyeron en la primera caravana migrante rumbo a Estados Unidos. Muchxs de ellxs no pudieron llegar a sus destinos porque fueron detenidxs por las autoridades de migración en Guatemala y México y luego deportadxs a Honduras.

Triángulo Norte: una región hostil para la población LGBTI

El Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, continúa siendo una de las regiones más mortales para las poblaciones LGBTI del continente.

En 2019, las organizaciones registraron al menos 67 asesinatos en contra de la población LGBTI en la región norte de Centroamérica. La cifra ya superó en seis casos a los crímenes cometidos el año anterior, según un recuento elaborados por las instituciones.

De acuerdo al reporte, Honduras aparece a la cabeza de la lista de la región con 34 casos de crímenes de odio, seguido de Guatemala con 24 casos y El Salvador con nueve. Sólo han sido judicializados dos de estos asesinatos en El Salvador: el de Camila Díaz y el de Anahí Miranda.

En Honduras la cifra aumentó un 36 por ciento en relación a 2018, que fue de 25 casos.  La mayoría de los crímenes fueron cometidos en contra de hombres gays con 19 casos; nueve mujeres trans y seis lesbianas murieron de manera violenta, según la organización Cattrachas.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ganó la reelección presidencial en 2017 de la mano del derechista y conservador Partido de Nacional de Honduras, que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo y promueven la lectura de la Biblia en las escuelas.

“Nos asesinan por discriminación, por odio a nuestra población. Con esta pandemia nos hacemos más vulnerables por la pobreza y más si son trabajadoras sexuales porque ahorita no pueden trabajar para su alimentación o pago de renta”, dijo a Presentes Gabriela Redondo, directora del Colectivo Unidad Color Rosa con sede en la ciudad de San Pedro Sula.

Discursos de odio desde las iglesias y el gobierno

En reiteradas ocasiones personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual son motivados por el prejuicio, alentado por sectores conservadores y religiosos, desde el propio gobierno.

En Honduras la comunidad LGBT forma parte un amplio sector vulnerable, que ha sido acorralado por un fundamentalismo religioso, que a través de las iglesias católica y evangélica, impone la agenda de las políticas públicas. Cada vez que los temas de avances en derechos son expuestos, la clase gobernante convoca a pastores y curas para que den sus puntos de vista desde el ámbito moral y religioso.

En noviembre de 2018 el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, del conservador y gobernante Partido Nacional, planteó la necesidad que se reformara el artículo 77 de la Constitución de la República para que los pastores y ministros de la fe puedan optar a cargos de elección popular.

“El postular a los pastores como parte de la política, da mucho que pensar, porque qué saben los pastores de política o qué saben los pastores de la crisis nacional que enfrentamos, más allá de un discurso religioso, basado en la fe y en la moral, y dentro de ese discurso, de esa visión de nación, las personas LGBT no existimos”, dijo Nahil Zerón´.

Derechos como el aborto, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, la adopción de menores a parejas del mismo sexo no forman parte de la agenda de las instituciones del Estado, incluso, en el año 2009, se prohibió la venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), por considerarse

Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , ,

Lapidaron a una mujer trans en Honduras: tenía 23 años

Jueves, 7 de mayo de 2020

Screenshot-2020-05-04-at-09.04.01Por Paula Rosales

Luz Clarita Zúniga, una mujer trans de 23 años de edad, fue lapidada la tarde del viernes 1 de mayo en una de las calles de la costeña ciudad de La Ceiba, en Honduras, por lo que se convierte en el primer crimen de odio durante la crisis sanitaria por coronavirus.

De acuerdo a la policía nacional de Honduras, Luz Clarita estaba en situación de calle y fue atacada después de presuntamente discutir con otra persona en una calle de la ciudad costera, 394 kilómetros al norte de la capital Tegucigalpa.

“Las investigaciones preliminares suponen que la muchacha, el joven trans, estaba peleando con otro ciudadano. No le puedo decir por qué, le estoy diciendo, que según la población que lo conocía, es que deambulaba en las calles, estaba en una discusión”, dijo a Presentes Marcos López, de la policía de Honduras.

López confirmó a Presentes que están investigando el asesinato.

“Ya la dirección policial de investigación ya retomó el caso para continuar con las investigaciones para dar con el hechor, con el supuesto responsable del hecho”, agregó.

La Organización Prounión Ceibeña (OPROUCE) condenó el asesinato y exigió justicia para el hecho.

“Una vez más nuestra comunidad transgénera se viste de luto ante otro hecho de violencia escalonada hacia nuestra población vulneralizada. Un crimen basado en género y odio. Luz Clarita se suma así, a una lista interminable de transfeminicidios en nuestro país”, expresaron en un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Nos asesinan por discriminación”

El Observatorio de Muertes Violentas de la Comunidad LGBTI en Honduras, de la Red Lésbica Cattrachas, ha registrado en 2020 seis crímenes en contra de personas LGBTI, de enero a mayo asesinaron a 4 hombres gay; 1 lesbiana y una mujer trans.

“Ella fue lapidada en La Ceiba. Ella era indigente y casi toda la información que tenemos histórica en el observatorio de gente indigente es que entre indigentes se matan. Es la única persona LGBTI asesinada durante dos meses en Honduras, teníamos cero asesinatos desde que comenzó la pandemia hasta ahora”, dijo a Presentes Indyra Mendoza, directora de la organización Cattrachas.

En los últimos diez años, las organizaciones reportan unos 317 crímenes por odio, de los cuales el 92 por ciento están impunes. Del total, 180 son hombres gays, 37 lesbianas y 100 personas trans.

“Nos asesinan por discriminación, por odio a nuestra población. Con esta pandemia nos hacemos más vulnerables por la pobreza y más si son trabajadoras sexuales porque ahorita no pueden trabajar para su alimentación o pago de renta”, dijo a Presentes Gabriela Redondo, directora del Colectivo Unidad Color Rosa con sede en la ciudad de San Pedro Sula.

Triángulo Norte: una región hostil para la población LGBTI

El Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, continúa siendo una de las regiones más mortales para las poblaciones LGBTI del continente.

En 2019, las organizaciones registraron al menos 67 asesinatos en contra de la población LGBTI en la región norte de Centroamérica. La cifra ya superó en seis casos a los crímenes cometidos el año anterior, según un recuento elaborados por las instituciones.

De acuerdo al reporte, Honduras aparece a la cabeza de la lista de la región con 34 casos de crímenes de odio, seguido de Guatemala con 24 casos y El Salvador con nueve. Sólo han sido judicializados dos de estos asesinatos en El Salvador: el de Camila Díaz y el de Anahí Miranda.

En Honduras la cifra aumentó un 36 por ciento en relación a 2018, que fue de 25 casos.  La mayoría de los crímenes fueron cometidos en contra de hombres gays con 19 casos; nueve mujeres trans y seis lesbianas murieron de manera violenta, según la organización Cattrachas.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ganó la reelección presidencial en 2017 de la mano del derechista y conservador Partido de Nacional de Honduras, que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo y promueven la lectura de la Biblia en las escuelas.

“Nos asesinan por discriminación, por odio a nuestra población. Con esta pandemia nos hacemos más vulnerables por la pobreza y más si son trabajadoras sexuales porque ahorita no pueden trabajar para su alimentación o pago de renta”, dijo a Presentes Gabriela Redondo, directora del Colectivo Unidad Color Rosa con sede en la ciudad de San Pedro Sula.

Discursos de odio desde las iglesias y el gobierno

En reiteradas ocasiones personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual son motivados por el prejuicio, alentado por sectores conservadores y religiosos, desde el propio gobierno.

En Honduras la comunidad LGBT forma parte un amplio sector vulnerable, que ha sido acorralado por un fundamentalismo religioso, que a través de las iglesias católica y evangélica, impone la agenda de las políticas públicas. Cada vez que los temas de avances en derechos son expuestos, la clase gobernante convoca a pastores y curas para que den sus puntos de vista desde el ámbito moral y religioso.

En noviembre de 2018 el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, del conservador y gobernante Partido Nacional, planteó la necesidad que se reformara el artículo 77 de la Constitución de la República para que los pastores y ministros de la fe puedan optar a cargos de elección popular.

“El postular a los pastores como parte de la política, da mucho que pensar, porque qué saben los pastores de política o qué saben los pastores de la crisis nacional que enfrentamos, más allá de un discurso religioso, basado en la fe y en la moral, y dentro de ese discurso, de esa visión de nación, las personas LGBT no existimos”, dijo Nahil Zerón´.

Derechos como el aborto, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, la adopción de menores a parejas del mismo sexo no forman parte de la agenda de las instituciones del Estado, incluso, en el año 2009, se prohibió la venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), por considerarse

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Fuente Agencia Presentes

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Asesinan en Honduras a la activista trans Bessy Ferrera: quinto crimen de odio en una semana

Martes, 16 de julio de 2019

bessy-ferrera-900x450Ya habíamos publicado el asesinato de dos de ellas, pero esto no para…

Por Emy Padilla, desde Tegucigalpa 

En los últimos días fueron asesinadas en Honduras tres mujeres trans, entre ellas la defensora de derechos humanos Bessy Ferrera, y un hombre bisexual. También se produjo una tentativa de homicidio contra otra chica trans.

Los nuevos crímenes de odio, con los que ya se acumulan 21 casos en lo que va del año, comenzaron el 3 de julio con Antonia Laínez Larios (38) asesinada con arma de fuego la madrugada de ese día en una calle del municipio de El Negrito, en el norteño departamento de Yoro. Antonia era una reconocida estilista de la zona.

Los violencias continuaron la noche del sábado 6 de julio con el crimen de Santi Hernández Carbajal (32), una comunicadora social que conducía un programa en un canal de televisión. Santi fue asesinada de múltiples disparos de arma de fuego en la ciudad de Puerto Cortés, también en la zona norte de Honduras. Y en menos de 36 horas, se registró en la Segunda Avenida de Comayagüela, en el Distrito Central, el crimen de Bessy Ferrera (40), una activista de las personas VIH, desde hace trece años. Bessy fue ejecutada de un balazo en el abdomen, entre la 1:30 y 2:00 de la madrugada del lunes 8 de julio cuando ejercía la prostitución junto a otras tres compañeras. En el hecho resultó herida de varios impactos de bala otra mujer trans y las otras dos compañeras salieron huyendo de los agresores.

Las horas de la mañana transcurrieron cuando a eso de la 1:00 de la tarde del mismo lunes ocho de julio, se registró el crimen de un joven bisexual de 27 años, en la colonia Oswaldo López Arellano, uno de los sectores más conflictivos de la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras. La víctima recibió varios impactos de bala.

Antes del golpe de Estado de 2009, los ataques a personas LGBT+  eran de policías, militares y otros agentes estatales, por delitos como violación, asesinato, secuestros, extorsión, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, dijo a Presentes Indyra Mendoza, fundadora de la Red Lésbica Cattrachas. Sin embargo, ahora los crímenes se cometen además por miembros de maras y pandillas, taxistas, guardias de seguridad privada, clientes y jornaleros.

Bessy Ferrera, una defensora de los derechos humanos

Para la Red Lésbica Cattrachas, el crimen de Bessy Ferrera se torna en un caso emblemático porque a lo largo de su vida ejerció defensoría de derechos humanos, especialmente a favor de las personas VIH positivas y personas trans, trabajo que inició en el año 2006.

Ella luchó porque las personas VIH positivo tuvieran acceso a los tratamientos antirretrovirales y para que no fueran discriminadas en los centros de salud. Formó parte, además, de investigaciones internacionales como “No vales ni un centavo” de la Human Rights Watch, con datos de 2004 al 2009. Asimismo, de una campaña mundial de Amnistía Internacional, después de haber sido golpeada por agentes policiales en diciembre de 2008.

Bessy laboró de manera intensa en la defensa de los derechos humanos por ocho años ininterrumpidos y fue una de las primeras personas en pedir la ciudadanía plena de las personas trans, lo que hoy en día se conoce como ley de identidad de género. Después de su agresión y constantes amenazas, migró a Guatemala de donde regresó a Honduras en el año 2017. Era hermana de Rihanna Ferrera, defensora de derechos humanos de la organización Cozumel Trans.

Como parte de esa violencia, Rihanna recordó que ella fue víctima de un secuestro temporal para exigirle que revelara la ubicación de su hermana.

“Desde que inició el año la comunidad trans hemos venido sufriendo una serie de ataques, por defender, por exigir derechos”, dijo a Presentes Rihanna Ferrera, quien además manifestó sentirse indignada y que el asesinato de su hermana la hará más fuerte para seguir luchando por los derechos de las personas trans.

Rihanna, lamentó que la justicia hondureña no haya hecho nada en el caso de su hermana y sobre la denuncia que ella interpuso ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia

En medio de la consternación, recordó que hace poco una mujer trans fue quemada viva en el municipio de Villanueva, Cortés, mientras otra en Roatán, Islas de la Bahía, fue apuñalada y luego le echaron un vehículo en marcha hasta asegurarse que estaba muerta.

“A otra compañera la secuestraron, la golpearon a patadas y luego la mataron”, siguió relatando la defensora de las personas trans.

Violencia sistemática

Nahil Zerón, defensora LGBT de la Red Lésbica Cattrachas, dijo que la mayoría de los casos registrados en la última semana son de mujeres trans y que la inexistencia del Estado para garantizar los derechos a este grupo poblacional hace que este tipo de violencia sea sistemática. A su juicio, la falta de una ley de identidad de género hace que el Estado excluya a las mujeres trans y que el único espacio para que éstas tengan un ingreso económico, sea a través de la prostitución.

En los últimos años se ha introducido en tres oportunidades al Congreso Nacional, proyectos de ley encaminados a establecer una normativa de identidad de género.

Los miembros de la diversidad sexual interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 112 de la Constitución de la República, sobre el matrimonio entre las personas del mismo sexo, para el cambio de nombre y cambio de género y al artículo 116 sobre la adopción. La Corte aún no ha emitido el fallo.

Historia de impunidad

“Es importante aclarar que, aunque en este momento se está dando la muerte de estas personas, esto ha sido histórico en Honduras, siempre ha habido estos picos de asesinatos de tres, cuatro, cinco personas, en término de diez días o quince días y lo que queda es realmente una impunidad”, dijo a Presentes Indyra Mendoza, fundadora de la Red Lésbica Cattrachas.

El 96% de los crimines contra las personas de la diversidad sexual se encuentra en la impunidad, pese a que en el Ministerio Público funciona la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de las Personas LGBTI. La unidad especial no funciona y se ha convertido en un simple requisito internacional dictado por comités de derechos humanos, e implementado por el Estado hondureño, dijo Nahil Zerón.

El único trabajo de la unidad es el registro de casos y paradójicamente éste se circunscribe a la certificación que hagan organizaciones defensoras de derechos humanos como el caso de la Red Lésbica Cattrachas. Esto se hace por la inexistencia de la identidad de género.

A partir del golpe de Estado

En los últimos diez años, a raíz del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, la Red Lésbica Cattrachas contabiliza 327 crímenes contra personas de la comunidad LGBT. En seis meses posterior al golpe de Estado se contabilizó 30 crímenes, 13 de los cuales se cometieron contra mujeres trans y de los cuales nueve se registraron durante los toques de queda (suspensión de las garantías constitucionales).

El primer caso reportado fue el de la defensora transgénero, Vicky Hernández, quien fue víctima de una ejecución extrajudicial, la noche del 28 de junio de 2009, en San Pedro Sula, en el marco de un toque de queda (restricción de circulación). El caso de Vicky se conocerá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por considerar la falta de cumplimiento del Estado de Honduras, para esclarecer el crimen.

A partir del golpe de Estado de 2009, Indyra Mendoza habla de la época post impunidad, porque “el Estado permitió tanto el asesinato de las personas LGBTTI, con impunidad, que ahora cualquiera nos puede matar por el hecho de ser una persona sexo-género diversa”, manifestó.

Indyra añadió que en aquel entonces los crímenes de odio contra las personas trans y contra sus clientes eran cometidos en las calles por elementos de la Policía Nacional Preventiva, militares y policías municipales.

Discursos de odio desde las iglesias y el gobierno

En reiteradas ocasiones personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual son motivados por el prejuicio, alentado por sectores conservadores y religiosos, desde el propio gobierno.

En Honduras la comunidad LGBT forma parte un amplio sector vulnerable, que ha sido acorralado por un fundamentalismo religioso, que a través de las iglesias católica y evangélica, impone la agenda de las políticas públicas. Cada vez que los temas de avances en derechos son expuestos, la clase gobernante convoca a pastores y curas para que den sus puntos de vista desde el ámbito moral y religioso.

En noviembre de 2018 el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, del conservador y gobernante Partido Nacional, planteó la necesidad que se reformara el artículo 77 de la Constitución de la República para que los pastores y ministros de la fe puedan optar a cargos de elección popular.

“El postular a los pastores como parte de la política, da mucho que pensar, porque qué saben los pastores de política o qué saben los pastores de la crisis nacional que enfrentamos, más allá de un discurso religioso, basado en la fe y en la moral, y dentro de ese discurso, de esa visión de nación, las personas LGBT no existimos”, dijo Nahil Zerón´.

Derechos como el aborto, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, la adopción de menores a parejas del mismo sexo no forman parte de la agenda de las instituciones del Estado, incluso, en el año 2009, se prohibió la venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), por considerarse “abortivas”, según los alegatos de organizaciones fundamentalistas religiosas.

Fuente Agencia Presentes

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Piden una investigación exhaustiva por el crimen de cuatro personas LGBT en Honduras

Lunes, 20 de noviembre de 2017

01-hondurasEl Gobierno de Honduras pidió hoy una “investigación exhaustiva” para hallar a los responsables del asesinato de cuatro miembros de la comunidad LGBT en la última semana. 

La ONU insta al gobierno de Honduras a investigar los crímenes a miembros del colectivo LGBT

En un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Honduras instó a la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y sus agencias a “realizar una investigación exhaustiva” del asesinato de los cuatro personas LGBT para que estos “no queden impunes”.

El gobierno hondureño indicó que lamenta “profundamente” la muerte violenta de los cuatro miembros de ese colectivo en el departamento de Cortés, norte de Honduras, en la última semana.

Una mujer transexual fue asesinada a puñaladas el pasado 12 de noviembre en la aldea San Manuel, dos días después de que otros tres miembros de esa comunidad murieran violentamente en el sector de Choloma, y mientras un quinto miembro de la comunidad LGBT sigue desaparecido desde hace varios días.

El Gobierno hondureño expresó además su “más sentido pésame y solidaridad” a la comunidad LGBT y a los familiares de las cuatro víctimas. Enfatizó su “voluntad de realizar todas aquellas acciones tendientes a la promoción y protección de sus derechos humanos y libertades fundamentales”. Honduras hizo un llamado a la población a “evitar discursos que propagan el odio y la discriminación por motivos de sexo, raza, clase, orientación sexual e identidad de género y cualquier otra lesiva a la dignidad humana, ya que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y todos tenemos la obligación de respetarla y protegerla”.

Además, reconoció “la loable labor individual y colectiva” que realizan los defensores de derechos humanos de la comunidad LGBT en Honduras. Las autoridades hondureñas instaron a los defensores de ese colectivo a buscar ayuda en la Dirección General del Sistema de Protección cuando alguno considere que “existe un riesgo inminente” debido a la labor que desempeñan.

Por su parte, la organización Red Lésbica Cattrachas denunció en un comunicado que una treintena de personas LGBT han muerto de manera violenta este año en Honduras, lo que supone un 40,9 % más a las 22 del 2016.

Señaló que ese aumento en las muertes “surge como consecuencia de la generación de un clima de odio y de violencia” presente en las elecciones del 26 de noviembre y como resultado de los “discursos de campañas altamente fundamentalistas por parte de las y los candidatos (as) de los partidos políticos que únicamente promueven el rechazo colectivo hacia un grupo poblacional determinado”.

El crimen de las cuatro personas en la última semana demuestran que “las manifestaciones de apología de odio”, surgidas de las propuestas de campaña, “atentan contra las garantías fundamentales contempladas en la legislación nacional vigente y los distintos instrumentos del marco internacional de derechos humanos”, añadió.

“Se había alertado a la población que, por los comentarios de odio emanados de Marlene Alvarenga, iba haber crímenes de odio, y así sucedió con la muerte de tres compañeras transexuales”, expresó a través de un comunicado de Facebook.

Marlene Alvarenga es candidata a la presidencia de Honduras por el Partido Anticorrupción (PAC). La semana pasada emitió comentarios homofóbicos en medios de comunicación, entre ellos, la televisión nacional.  Alvarenga aseguró que “las mujeres tienen derechos sexuales dentro de lo establecido por la ley, que es entre un hombre y mujer. Pero si ellas quisieran tener derechos entre dos mujeres, es decir matrimonio lésbico o gay, Marlene Alvarenga está en contra totalmente porque es una aberración. Y porque el primero que formó al hombre y a la mujer y constituyó la familia fue Dios. Por lo tanto estaríamos en contra de estas aberraciones sexuales”, expresó públicamente, como puede verse en este video.

Además, la candidata anticipó que en caso de ganar las elecciones, impulsará un proyecto para que Honduras “deje de ser un país laico”, a fin de “colocar a Dios como único ser supremo para que pueda dirigir la vida de cada hondureño”.

En un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras ya pidió al Gobierno hondureño que garantice una investigación imparcial y eficaz para esclarecer el asesinato de cuatro miembros de la comunidad lesbianas, gais, bisexuales y transexuales. Ante la inactividad de las autoridades locales la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Tegucigalpa solicita al Gobierno que garantice una investigación imparcial y eficaz que esclarezca estos hechos.

«El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la vida de todas las personas en su territorio, sin discriminación por orientación sexual o identidad de género, a la luz de los estándares de derechos humanos emanados de los tratados internacionales ratificados por Honduras», asegura el Alto Comisionado de la ONU, expresando su solidaridad «con los familiares y amigos de las personas fallecidas» e instando al gobierno de Juan Orlando Hernández a «continuar las investigaciones iniciadas» en la última semana, enfatizando que deben realizarse de «forma imparcial, pronta y eficaz», lo que «no sólo representa una obligación del Estado ante las víctimas y sus familiares, sino una premisa para evitar su reproducción en el futuro».

Este mismo organismo ya manifiesta en julio de este mismo año «su inquietud por la situación de discriminación» que sufren los miembros del colectivo LGBT en el país centroamericano. Una discriminación a la que contribuye «un discurso público que alienta la diferencia y la exclusión por razón de la orientación sexual e identidad de género, replicado por los medios de comunicación y ciertos liderazgos sociales y políticos». La delegación de la ONU en Tegulcigalpa considera que «la adopción de medidas legales, políticas y administrativas que prevengan la construcción del discurso marginalizador que alimenta los crímenes de odio y asegure el pleno reconocimiento de la igualdad de las parejas del mismo sexo y de la identidad de las personas transgénero».

En abril del año pasado un informe señalaba a Honduras como uno de los países de Latinoamérica en los que el colectivo LGBT sufre una mayor discriminación. Alrededor de 31 personas pertenecientes al colectivo han muerto de manera violenta en este último año en Honduras sin que se produjeran «avances relevantes en la investigación» en la mayoría de los casos, siendo uno de los más relevantes el asesinato de René Martínez, activista y presidente de una asociación LGBT, que trabajaba en un programa de prevención de violencia como parte de un programa de desarrollo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), cuyo cuerpo era encontrado con síntomas de haber sido estrangulado después de llevar dos días desparecido y que permanece sin esclarecer.

Un entorno infernal para las personas LGTB

Desgraciadamente no le concedemos la atención que se merece, pero como se ha dicho, los ataques en forma de agresiones, palizas, persecuciones y hasta asesinatos de personas LGTB en Honduras (muy singularmente mujeres transexuales) son continuos. En agosto de 2014 recogíamos con detalle una de estas agresiones, la sufrida por Darwin René Reyes, conocida también como Mónica Shakira, que a diferencia de lo que sucede en otras ocasiones fue registrada en vídeo. La joven trabajadora del sexo fue brutalmente agredida por otro ciudadano, médico de profesión, y por un miembro de la policía militar.

La situación empeoró tras el golpe de Estado de 2009. A partir de ahí se produjeron episodios terribles, como la muerte del activista LGTB Walter Tróchez en diciembre de 2009 tras recibir una paliza por los que se sospecha eran miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal o el asesinato de los también activistas Wilmer García Alvarado y Erick Martínez Ávila en septiembre de 2010 y en mayo de 2012. Pero no solo han sido asesinados activistas. A Jonathan José Pineda un guardia de seguridad homófobo lo mató de un disparo a plena luz del día en febrero de 2012. José Enrique Castro (a quien la prensa se refería a veces como gay y a veces como travesti) apareció asesinado a balazos en marzo de 2012. Marlon Javier Jiménez, una joven trans, fue secuestrada de su domicilio y asesinada en agosto de 2012. Los tres tenían solo 22 años.

Son solo algunos ejemplos que alcanzaron un mayor eco mediático, pero por desgracia hay muchos más, y la situación no parece haberse aliviado con la relativa “normalización” de la vida política hondureña, país en el que el respeto a los derechos humanos sigue siendo una asignatura pendiente (su gobierno goza, sin embargo, del respaldo de las potencias occidentales, por lo que no ocupa las portadas y titulares que se conceden a otros países de la zona…). En 2012 recogíamos precisamente un estudio realizado por la Red Lésbica Cattrachas que arrojaba un total de 71 asesinatos de personas LGTB en Honduras desde septiembre de 2008 a febrero de 2012. Informaciones posteriores incrementaban ese número hasta cerca del centenar de casos. Y a finales del año pasado nos hacíamos eco de las denuncias de activistas centroamericanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que elevaban a 76 las víctimas solo en Honduras durante 2014. Un panorama estremecedor.

Fuente Presentes/Nuevo Diario, vía Cáscara Amarga/Universogay/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Un nuevo informe alerta de la terrible situación de la comunidad LGTB en Honduras

Viernes, 15 de abril de 2016

o-HONDURAS-LGBT-facebook-1024x512América Latina es una región de contrastes en lo que se refiere a la realidad de las personas LGTB. Si hace pocos días nos felicitábamos por la introducción del matrimonio igualitario en Colombia, recientemente también hemos conocido un informe sobre la terrible situación de la comunidad LGTB en Honduras. La violencia homófoba y tránsfoba en este país centroamericano alcanza, desde hace varios años, cotas escalofriantes.

En su informe para la publicación Index on Censorship, Duncan Tucker revela el exponencial aumento de la violencia LGTBfoba en los últimos tiempos. Antes de 2009, año en el que tuvo lugar el golpe de estado que destituyó al presidente Manuel Zelaya, se producían, de media, dos asesinatos de personas LGTB al año. Después de esa fecha, la cifra se ha incrementado a los 31. Además de los homicidios, las torturas, violaciones y desapariciones son una constante en el país.

Los activistas explican las causas de esta violencia en la militarización de la vida hondureña desde la llegada al poder de Porfirio Lobo, que presidió el país entre 2010 y 2014. Según Erick Martínez Salgado, el Gobierno que sustituyó al de Zelaya inició una campaña de acoso a las organizaciones LGTB por considerarlas críticas con el golpe y una amenaza al orden público. Muchas de las víctimas de ataques rehúsan denunciar por miedo a que la policía tome represalias contra ellos.

Aunque la mayor parte de los asesinatos en Honduras se deben a las pandillas o maras, en el caso de la población LGTB son las propias instituciones del país las que destilan mensajes de odio y promueven su persecución. Según la reportera Dina Meza, los medios de comunicación vinculan a las asociaciones pro derechos humanos con el tráfico de drogas y el crimen organizado, propiciando un clima de hostilidad con las minorías sexuales. Los periodistas y los activistas que salen en su defensa también son objeto de los ataques.

Meza apunta también al papel de la iglesia católica y los grupos evangélicos como instigadores del odio a los ciudadanos LGTB. El activista Donny Reyes regresó hace un año a su país tras refugiarse en el extranjero durante diez meses por miedo a los ataques. Cita al Estado, la iglesia y los medios de comunicación como los principales responsables de la propagación de “la impunidad, el fundamentalismo, el machismo y la misoginia” en el país centroamericano. Reyes volvió a Honduras para “luchar por que la próxima generación tenga un sitio para vivir en un mundo mejor”.

Un entorno infernal para las personas LGTB

Desgraciadamente no le concedemos la atención que se merece, pero como se ha dicho, los ataques en forma de agresiones, palizas, persecuciones y hasta asesinatos de personas LGTB en Honduras (muy singularmente mujeres transexuales) son continuos. En agosto de 2014 recogíamos con detalle una de estas agresiones, la sufrida por Darwin René Reyes, conocida también como Mónica Shakira, que a diferencia de lo que sucede en otras ocasiones fue registrada en vídeo. La joven trabajadora del sexo fue brutalmente agredida por otro ciudadano, médico de profesión, y por un miembro de la policía militar.

La situación empeoró tras el golpe de Estado de 2009. A partir de ahí se produjeron episodios terribles, como la muerte del activista LGTB Walter Tróchez en diciembre de 2009 tras recibir una paliza por los que se sospecha eran miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal o el asesinato de los también activistas Wilmer García Alvarado y Erick Martínez Ávila en septiembre de 2010 y en mayo de 2012. Pero no solo han sido asesinados activistas. A Jonathan José Pineda un guardia de seguridad homófobo lo mató de un disparo a plena luz del día en febrero de 2012. José Enrique Castro (a quien la prensa se refería a veces como gay y a veces como travesti) apareció asesinado a balazos en marzo de 2012. Marlon Javier Jiménez, una joven trans, fue secuestrada de su domicilio y asesinada en agosto de 2012. Los tres tenían solo 22 años.

Son solo algunos ejemplos que alcanzaron un mayor eco mediático, pero por desgracia hay muchos más, y la situación no parece haberse aliviado con la relativa “normalización” de la vida política hondureña, país en el que el respeto a los derechos humanos sigue siendo una asignatura pendiente (su gobierno goza, sin embargo, del respaldo de las potencias occidentales, por lo que no ocupa las portadas y titulares que se conceden a otros países de la zona…). En 2012 recogíamos precisamente un estudio realizado por la Red Lésbica Cattrachas que arrojaba un total de 71 asesinatos de personas LGTB en Honduras desde septiembre de 2008 a febrero de 2012. Informaciones posteriores incrementaban ese número hasta cerca del centenar de casos. Y a finales del año pasado nos hacíamos eco de las denuncias de activistas centroamericanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que elevaban a 76 las víctimas solo en Honduras durante 2014. Un panorama estremecedor.

Fuente Doamanzanas

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