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El Parlamento de Gabón deroga la penalización de las relaciones homosexuales

Miércoles, 8 de julio de 2020

Gay-in-GabonEl Parlamento de Gabón ha derogado la penalización de las relaciones homosexuales, que se castigaban con penas de hasta seis meses de prisión y una fuerte sanción económica. La despenalización se ha producido un año después de que las relaciones entre personas del mismo sexo se incluyeran en el nuevo Código Penal entre los «delitos contra la moral». Aunque no se ha producido ninguna detención bajo estos cargos durante su periodo de vigencia, el mero hecho de que las relaciones homosexuales se consideraran un delito impedía que se denunciasen las agresiones sufridas por personas homosexuales o bisexuales.

El martes 23 de junio, la Asamblea Nacional de Gabón votó a favor de derogar el apartado 5 del artículo 402 del Código Penal, que penalizaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con hasta seis meses de cárcel y una sanción económica de 5.000.000 de francos de África Central (alrededor de 7600 euros u 8500 dólares). La votación se saldó con 48 votos a favor de la derogación, 24 en contra y 25 abstenciones. Posteriormente, el lunes 29 de junio, el Senado votó también favorablemente a la despenalización de las relaciones homosexuales, por una mayoría aún más amplia: 59 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones.

La derogación, que ha contado con el apoyo de altas instancias gubernamentales, se ha producido tan solo un año después de que se incluyeran las relaciones homosexuales entre los «delitos contra la moral» en el Código Penal aprobado a principios de 2019, que entró en vigor en julio de ese mismo año. Durante este periodo, no se ha producido ninguna detención bajo estos cargos.

No obstante, los defensores de los derechos LGTB gaboneses denunciaban que el mero hecho de que las relaciones homosexuales aparecieran en el Código Penal impedía que se presentaran denuncias cuando las personas homosexuales o bisexuales eran agredidas. Es decir, la penalización funcionaba como un seguro de impunidad para la violencia LGTBfoba.

A falta únicamente de la promulgación presidencial, Gabón queda fuera de la lista de países que criminalizan las relaciones homosexuales. Victoria Vasey, presidenta de Human Dignity Trust, expresaba su satisfacción por que «Gabón se une ahora a estados africanos como Seychelles, Angola, Mozambique y Botsuana, que han decidido eliminar de sus libros de leyes las disposiciones arcaicas que permiten la discriminación, la violencia y el hostigamiento contra las personas LGTB».

Gran parte de los sectores LGTBfobos habían expresado su desaprobación durante el proceso de votación de la derogación. La archidiócesis católica de Libreville instó a los senadores a votar en contra por medio de un comunicado emitido el 24 de junio, cuyo contenido incluía lo siguiente: «En nombre de la sabiduría de nuestros antepasados, contenida en nuestras diversas culturas, que celebra la vida, el amor, la familia, decimos no a la despenalización de la homosexualidad».

Criminalización de las relaciones homosexuales en el mundo

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

Tras la derogación de la penalización de las relaciones homosexuales en Gabón, aún quedan 72 países y territorios del mundo donde están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 69 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 72 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 43 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Fuente Dosmanzanas

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La campaña de Correos por el Orgullo 2020 se convierte en un éxito pese al boicot de la ultraderecha

Martes, 30 de junio de 2020

correosCon el lema #NoSoloAmarillo, Correos ha conseguido amortizar en pocos días la inversión realizada y alcanzar un impacto publicitario que ha rebasado con creces las expectativas.

Correos ha querido sumarse a la causa del Orgullo en un año especialmente complicado, en el que, por responsabilidad ante la pandemia de coronavirus, la mayoría de colectivos locales y las entidades estatales han renunciado a su derecho a convocar manifestaciones presenciales, que constituyen una potente expresión de visibilidad y de lucha del colectivo LGTBI en favor de sus derechos. En este contexto, y como ya recogimos, la compañía de envíos ha editado por primera vez un sello que rinde homenaje a la diversidad sexual y de género.

A este sello le ha acompañado toda una campaña titulada #NoSoloAmarillo, que transforma el amarillo corporativo de Correos en una de las bandas que forman la bandera arcoíris, símbolo universal de la diversidad y del Orgullo LGTBI. La campaña ha incluido vídeos y la rotulación de algunos buzones postales y de furgonetas de reparto:

La difusión de estas acciones en positivo han bastado para soliviantar a una extrema derecha que ha acusado a la compañía de despilfarrar el dinero público. «No hay dinero para respiradores, ni para ERTEs. ¡Gobierno criminal!», tuiteaba el 19 de junio Santiago Abascal, el líder de Vox, texto que acompañaba de la fotografía de una de las furgonetas arcoíris. Las redes sociales se encargaron de amplificar la ira ultraderechista contra el supuesto despilfarro y las llamadas al boicot.

Despilfarro que con el paso de los días y la publicación de los datos por parte de la compañía se ha demostrado falso. Correos realizó una inversión total de 10.351 euros que se utilizaron para vinilar nueve buzones, cinco furgonetas y una única oficina (la del madrileño barrio de Chueca). A lo que habría que sumar la contratación de la campaña publicitaria y la impresión de los sellos. Los últimos datos de recaudación proporcionados desde Correos a dosmanzanas.com fechados el 23 de junio ya doblarían la inversión inicial con una recaudación de 23.172 euros.

Estas cifras constatan que la campaña #NoSoloAmarillo es una de las más exitosas de Correos en años. Es más, el impacto generado a efectos publicitarios se estima en alrededor de medio millón de euros, con una inversión inicial total calculada en 12.500 euros. En otras palabras que, habiendo invertido solo 12.500 euros, Correos ha desarrollado una campaña con tal alcance que de otra manera le hubiera costado 500.000 euros.

Datos que tampoco sirven para apaciguar las iras de la extrema derecha, cuya excusa monetaria ya se disipa y deja al descubierto una homofobia latente. Un odio que cala en ciertos individuos y que se ve reflejado en actos vandálicos como el destrozo del vinilado de uno de estos buzones. Una acción que los individuos remataron haciendo una pintada homófoba en la boca del buzón: «El orgullo de ser hombre y mujer». Una lamentable anécdota que Correos se encargó de solucionar volviendo a vinilar el buzón.

Desde Correos aseguran que se han imprimido un millón de estos ya célebres sellos, por lo que aun estarán disponibles por mucho tiempo en las oficinas y que no harán más que seguir rentabilizando la inversión realizada por la compañía. La decisión de la edición de este sello fue tomada por la Comisión Filatélica del Estado en junio de 2019.

 Fuente Dosmanzanas

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Estado de la LGTBIfobia en Cataluña en 2019: un 41% más de agresiones, y la gran mayoría no se denuncian

Lunes, 29 de junio de 2020

logo-och-2017El Observatori contra l’Homofòbia tuvo conocimiento de 160 incidentes por LGTBIfobia en Cataluña a lo largo de 2019. La cifra supone un aumento de un 41,6% respecto al año anterior, cuando la entidad registró 113 incidentes. El 29,4% de los casos (47) fueron agresiones verbales, seguidas a continuación de las agresiones físicas (un total de 45, el 28,1% de los casos).  El observatorio pide medidas urgentes a las administraciones y considera que la extrema derecha ha alentado a los agresores, cada vez más deshinibidos en la intolerancia.

Tras las agresiones verbales y físicas, las incidencias más frecuentes consistieron en episodios de odio y exaltación LGTBIfóbica (30 incidencias, el 18,8%), el trato inadecuado (9,4%) y los episodios de acoso (7,5%):

agresiones-LGTBIfobia-Cataluña-2019

Por lo que se refiere a los subgrupos afectados, más de la mitad de las incidencias (el 60,6% de los casos) se cometieron contra hombres gais y bisexuales. En segundo lugar se situaron las incidencias dirigidas de forma global contra el colectivo LGTBI (16.3%), seguidas de las agresiones lesbófobas (12,5%) y tránsfobas (10,6%). A este último respecto, conviene destacar que las víctimas de transfobia fueron muy mayoritariamente mujeres (17 incidencias contra mujeres trans frente a solo 1 contra un hombre trans):

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Por lo que se refiere al ámbito en el que ocurrieron las agresiones, la mayoría ocurrieron en la vía pública (el 33,1% de los casos), seguida de la vivienda (8,8%), los espacios de ocio nocturno (el 7,5%) y en ámbito laboral, el de internet y redes sociales y los medios de comunicación (un 6,9% cada uno). Un 5,6% de los casos se produjeron en el transporte público:

ámbito-LGTBIfobia-Cataluña-2019

La edad media de las víctimas registradas por el Observatori en las que se pudo registrar ese dato (104 personas) fue de 32,8 años. Por intervalos de edad, el más frecuente fue en esta ocasión el de 26 a 35 años, seguido del intervalo de 36 a 45:

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Por lo que se refiere al itinerario de los incidentes recogidos en el informe del Observatori, destaca la ausencia de denuncia en el 71,3% de los casos, un porcentaje que además ha ido creciendo de forma progresiva desde 2015, cuando «solo» el 27,4% de los incidentes registrados por el Obervatori quedaban sin denunciar. «Se trata de una situación totalmente anómala, ya que representan más de un tercio del total de las incidencias registradas [a lo largo de estos cinco años]. Este resultado muestra que la infradenuncia está muy presente en el colectivo LGTBI», advierte el informe. El 16,3% de las denuncias, por el contrario, fueron interpuestas por la vía penal:

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Por lo que se refiere a la distribución territorial, en los casos en los que se ha podido establecer claramente (128 casos), es la provincia de Barcelona la que mayor número de incidencias registra (115), seguida de Tarragona (7), Girona (5) y Lleida (1). En la provincia de Barcelona, el 63,5% de los casos (73 de los 115) se produjeron en Barcelona capital.

El informe del Observatori, no obstante, distingue además entre el número de incidencias y la proyección territorial de las mismas, en función de la población de cada provincia. Según este análisis, Barcelona es la provincia más afectada (53,9%), pero le sigue a menos distancia Tarragona (22,8%), Girona (17,3%) y Lleida (6%).

El Observatori contra l’Homofòbia vuelve a reclamar medidas

Durante la presentación de los datos del informe en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el presidente de l’Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, demandó el pasado jueves que «las administraciones públicas tomen nota e implementen políticas públicas dirigidas tanto a víctimas como a los agresores ante el alarmante crecimiento de la LGTBIfobia en Cataluña». Rodríguez destacó además que «los agresores tienden a ser jóvenes que actúan en grupo» y exigió por ello «medidas contundentes y las acciones educativas necesarias para terminar con el imaginario de que el odio y la violencia contra el colectivo LGTBI sale gratis».

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Puedes descargar el informe completo (en catalán) en este enlace.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos declara ilegal la discriminación en el trabajo por orientación sexual o identidad de género

Jueves, 18 de junio de 2020

Tribunal-Supremo-de-los-Estados-Unidos-destacadaEl Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha declarado contrario al Acta de Derechos Civiles de 1964 la discriminación en el trabajo de las personas LGTB. Para ello ha unido tres casos distintos, que afectaban a dos trabajadores homosexuales y a una trabajadora trans, todos ellos despedidos por su orientación sexual o identidad de género. El alto tribunal considera que han sido discriminados puesto que el despido se ha producido por razón de su sexo, dado que no habría tenido lugar si hubieran pertenecido a un sexo diferente. Se trata de la mayor victoria para los derechos de las personas LGTB estadounidenses desde la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario en 2016. La nota amarga es que dos de los demandantes no podrán celebrar esta importante victoria, pues ambos han fallecido durante el proceso.

Se trata de una de las decisiones más importantes sobre los derechos LGTB en la historia de los Estados Unidos. Según el dictamen del Tribunal Supremo del 15 de junio, «un empleador que despide a un individuo por ser homosexual o transexual lo hace por rasgos o acciones que no habría cuestionado en miembros de un sexo diferente. El sexo juega un papel necesario e indiscutible en la decisión, exactamente lo que el título VII prohíbe».

Efectivamente, el título VII del Acta de Derechos Civiles protege contra la discriminación en las relaciones laborales «por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional». En este caso, ha sido el sexo el factor contemplado por todos los implicados. La Fiscalía, en representación de la Administración Federal, y dos de los jueces del Tribunal Supremo se ciñen a la literalidad de la ley y estiman que solo está amparada la discriminación entre hombres y mujeres. Pero para la defensa de los litigantes y la mayoría del tribunal el espíritu de la ley es más amplio. Según la sentencia, «los que adoptaron la Ley de Derechos Civiles podrían no haber previsto que su trabajo llevaría a este resultado en particular. Pero los límites de la imaginación de los redactores no dan ninguna razón para ignorar las exigencias de la ley. Solo la palabra escrita es la ley, y todas las personas tienen derecho a su beneficio».

Jueces-del-Tribunal-Supremo-de-los-Estados-Unidos-desde-2018La sentencia ha sido sorprendente, dado el cariz conservador de la composición del Tribunal Supremo. Pero en esta ocasión, a los cuatro jueces liberales (Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan) se han unido los conservadores John Roberts (presidente del tribunal) y Neil Gorsuch, el primer juez nombrado por Donald Trump durante su presidencia. Gorsuch, además, ha sido el ponente de la sentencia. Han emitido voto particular en contra de la sentencia los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas, que abogaban por la literalidad de la ley. También se ha opuesto el juez Brett Kavanaugh, el último en incorporarse al tribunal y nombrado por Donald Trump, que defendía la separación de poderes y estimaba que debía ser el poder legislativo quien modificase el Acta de Derechos Civiles, si bien defendía que este cambio debía producirse.

Los casos implicados

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos unificó en un solo caso tres apelaciones que consideró que tenían factores comunes. El caso tomó el nombre de uno de los demandantes, Bostock contra el condado de Clayton, Georgia.

Gerald-BostockGerald Bostock era un funcionario del tribunal de menores del condado de Clayton, dentro del área metropolitana de Atlanta. A principios de 2013, se unió a una liga de softball para gais y la promovió en el trabajo. En abril de 2013, el condado de Clayton llevó a cabo una auditoría de los fondos controlados por Bostock y lo despidió por «conducta impropia de un empleado del condado».

Bostock, sin embargo, estaba convencido de que el condado utilizaba este subterfugio como pretexto para despedirlo por ser gay, e interpuso una demanda por discriminación en el lugar de trabajo en 2016 ante el Tribunal de Distrito Norte de Georgia. El condado solicitó que la demanda fuese desestimada, petición que fue aceptada por el juez, al estimar que el título VII del Acta de Derechos Civiles no incluye la protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual, según la jurisprudencia asentada en el Undécimo Circuito de Apelaciones, que ya había fallado en contra de demandas semejantes anteriormente. A pesar de ello, Bostock apeló al Undécimo Circuito, cuyo panel de tres jueces confirmó el fallo del Tribunal de Distrito en 2018.

Donald-ZardaEl segundo caso implicaba a Donald Zarda, un empleado de la compañía de paracaidismo Altitude Express, que había sido despedido tras comentarle a una de las clientes que era gay, con el propósito de que se sintiera cómoda mientras él le ajustaba el traje de seguridad. El marido de la cliente puso una queja y Altitude Express despidió a Donald Zarda por «comportamiento inapropiado en el trabajo». Zarda interpuso una demanda ante el Tribunal de Distrito, que falló en su contra. Posteriormente, recurrió el fallo ante el Segundo Circuito de Apelaciones, cuyo panel de tres jueces confirmó la sentencia desfavorable del Tribunal de Distrito. Zarda falleció en un accidente en Suiza en octubre de 2014, pero su familia decidió proseguir con el caso. Presentaron una petición para que decidiera el pleno del tribunal del Segundo Circuito, que en esta ocasión revertió su dictamen  anterior y dictó sentencia favorable a Zarda, al estimar que «dado que la orientación sexual es una cuestión de sexo y el sexo es una característica protegida por el título VII, se deduce que la orientación sexual también está protegida».

Aimee-StephensEl tercer caso afectaba a Aimee Stephens, una mujer trans que trabajaba como empleada en una funeraria. Cuando se inició la relación laboral, Aimee Stephens aún se presentaba públicamente como perteneciente al género que le fue asignado al nacer. Pero en 2013 tomó la decisión de vivir su vida plenamente con su género real y así lo comunicó al dueño de la funeraria, informándole de que en el futuro acudiría al trabajo con el uniforme femenino. Apelando a sus convicciones religiosas, el empleador despidió a Aimee Stephens por no vestirse apropiadamente en el trabajo. Stephens decidió denunciarlo ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, con la convicción de que había sido despedida por ser una mujer trans. La comisión la apoyó y presentó demanda ante el Tribunal de Distrito, que falló en su contra y confirmó el despido. Sin embargo, el Sexto Circuito de Apelaciones falló a su favor, dictaminando que la «discriminación por sexo» del título VII incluye a las personas trans.

Los tres casos fueron llevados ante el Tribunal Supremo por parte del demandante en el primero de ellos y de la Fiscalía en los otros dos. Tras la unificación de casos y las audiencias que tuvieron lugar en 2019, el alto tribunal confirmó las sentencias del Segundo y Sexo Circuito y revocó la del Undécimo Circuito.

Lamentablemente, Aimee Stephens falleció en un hospital en mayo de 2020, sin poder conocer una sentencia de tanta importancia para el colectivo trans, que se había producido gracias a su lucha.

Satisfacción por la sentencia

Los grupos de defensa de los derechos LGTB han expresado su profunda satisfacción por una sentencia histórica para los derechos de las minorías sexuales.

Kevin Jennings , director ejecutivo de Lambda Legal, declaraba lo siguiente: «Por fin. Hoy, la ley, la justicia y la equidad están de nuestro lado. El más alto tribunal de nuestra nación ha confirmado lo que Lambda Legal ha argumentado durante años, que la discriminación contra los trabajadores LGBTQ es ilegal. Tenemos un largo camino por recorrer para asegurar los plenos e innegables derechos civiles de las personas LGBTQ, especialmente los de nuestra comunidad que son negros, indígenas y personas de color para quienes su orientación sexual o identidad de género es solo una de las muchas barreras para la igualdad de oportunidades en este país. Pero la victoria de hoy es un paso necesario en el camino hacia la igualdad de justicia para todos sin salvedades o condiciones».

Sarah Kate Ellis, presidenta de GLAAD, emitía un comunicado en el que afirmaba: «La histórica decisión del Tribunal Supremo confirma lo que no debería haber sido ni siquiera un debate: los americanos LGBTQ deberían poder trabajar sin miedo a perder sus trabajos por ser quienes son. La decisión nos da la esperanza de que como país podemos unirnos por el bien común y continuar la lucha por la aceptación de las personas LGBTQ. Especialmente en un momento en el que la Administración Trump está haciendo retroceder los derechos de las personas trans y la violencia antitrans continúa plagando nuestra nación, esta decisión es un paso hacia la afirmación de la dignidad de las personas trans, y de todas las personas LGBTQ».

También han dado a conocer las palabras del único demandante superviviente de los tres, Gerald Bostock. «No hay palabras para describir lo eufórico que estoy», afirmaba, «cuando me despidieron hace siete años, estaba devastado. Pero esta pelea se convirtió en mucho más que yo. Estoy sinceramente agradecido al Tribunal Supremo, a mis abogados, a las organizaciones de defensa como GLAAD, y a todos los que me apoyaron en esta lucha. Hoy podemos ir a trabajar sin el temor de ser despedidos por lo que somos y por lo que amamos. Sin embargo, hay más trabajo por hacer. La discriminación no tiene cabida en este mundo, y no descansaré hasta que tengamos derechos iguales para todos».

Por su parte, el presidente Donald Trump, en una mesa redonda de la Casa Blanca sobre temas de la tercera edad, calificó la decisión de «muy poderosa» y añadió que «ellos han dictaminado y nosotros viviremos con su decisión. De eso se trata, viviremos con la decisión del Tribunal Supremo».

Fuente Dosmanzanas

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El presidente polaco recurre a la homofobia para agitar una campaña electoral en la que se juega su reelección

Martes, 16 de junio de 2020

andrzej-duda-papa-francisco-poloniaPese a que los sondeos lo colocan como favorito, al menos para la primera ronda, Andrzej Duda no duda en estampar su firma en un documento abiertamente homófobo y calificar los derechos LGTB como «ideología extranjera» para satisfacer al electorado ultracatólico y asegurarse su respaldo.

La deriva autoritaria y de carácter nacional-católico polaca vuelve a incluir la homofobia de Estado en su agenda de la mano del presidente del país, Andrzej Duda, inmerso ya en la campaña de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de junio (deberían haberse celebrado en mayo, pero fueron retrasadas debido a la crisis del coronavirus). Duda aspira a la reelección y aparece como el claro favorito de las encuestas, al menos en la primera ronda, pero ello no le ha llevado precisamente a moderarse. Antes al contrario, el candidato del PiS (Ley y Justicia, el partido ultraconservador que gobierna Polonia) no ha dudado en firmar un documento abiertamente homófobo titulado «declaración de valores familiares». Este texto, que supuestamente tiene como objetivo «proteger a los niños de la ideología LGTB» defiende la prohibición de informar positivamente desde las instituciones públicas sobre la realidad LGTB. Duda aprovecha además para ligar el nacionalismo polaco con la LGTBfobia al asegurar que «esta es una ideología extranjera, que no vamos a permitir que se introduzca en nuestro país».

Andrzej Duda es el claro favorito de los sondeos, al menos en la primera ronda. Sin embargo, está por ver qué pasaría en una segunda ronda, a la que se irá si ningún candidato consigue superar el 50% de los votos emitidos, para la que los pronósticos aparecen más ajustados. Especialmente si el otro candidato que pase a la segunda ronda (muy probablemente el alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski) consigue aglutinar el voto opositor. En este sentido, Duda buscaría mantener movilizado al electorado más ultraconservador tras el malestar provocado por las medidas de confinamiento y distanciamiento social aplicadas para contener el coronavirus. Un malestar que podría traducirse en  un mayor apoyo a Trzaskowski, miembro de la Plataforma Cívica, de centro-derecha, algo que pondría contra las cuerdas al PiS. En este sentido, hay que recordar que el alcalde de Varsovia se ha significado por su apoyo a la comunidad LGTB, y su victoria abriría las puertas a un cambio de paradigma en esta materia. No es extrañar que el primer ministro polaco, el también miembro del PiS Mateusz Morawiecki, se haya sumado a la campaña de odio al calificar a los miembros de la comunidad LGTB como «experimentos ideológicos», o que el propio Duda se haya referido en un mitin a los derechos LGTB como una ideología «más destructiva que el comunismo».

Polonia es el farolillo rojo de la Unión Europea en la clasificación de países respetuosos con los derechos LGTB elaborada cada año por ILGA Europa. En abril, por ejemplo, su Parlamento votó a favor de criminalizar la educación sexual. Un modelo envidiado por la ultraderecha española, que comparte buena parte del ideario del PiS, además de pertenecer al mismo grupo en el Parlamento Europeo, el de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Constitucional de Chile se niega a reconocer el matrimonio de una pareja de mujeres casadas en España utilizando un argumentario ultraconservador

Lunes, 8 de junio de 2020

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El Tribunal Constitucional de Chile, en un sorprendente fallo lleno de consideraciones abiertamente homófobas, ha rechazado por 5 votos contra 4 un recurso de inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley de matrimonio y de unión civil que impiden el reconocimiento de las familias formadas por dos mujeres y sus hijos ya legalizadas en el extranjero. El fallo resulta sorprendente, no tanto por la decisión de fondo, como por su argumentación, plagada de consideraciones homófobas y prejuicios ultraconservadores. Un texto impropio de un organismo al que se le supone cierto nivel jurídico.

El recurso fue interpuesto por pareja de mujeres legalmente casadas en España, una de ellas ciudadana chilena y otra ciudadana española, que tienen además un hijo, nacido en mayo de 2009 tras recurrir a un proceso de reproducción asistida. La pareja argumentaba la inconstitucionalidad de varios artículos de las leyes de matrimonio y de unión civil chilenas, que impiden que el Estado chileno reconozca legalmente su condición de matrimonio, además de dejar a su hijo en una situación de desprotección.

Pues bien, el Tribunal Constitucional de Chile les ha respondido (texto de la sentencia) que reconocer en Chile su matrimonio celebrado en España podría «conducir a extremos intolerables, en relación con legislaciones foráneas que aceptan vínculos matrimoniales sui generis, tales como matrimonios polígamos en países musulmanes, o el matrimonio de niños de países africanos, o aquellos convenidos por los padres en la sociedad japonesa, y las bodas masivas de parejas que se celebran en la secta moon, en Corea del Sur, entre otros». Así, tal cual. Como si de un tertuliano televisivo de extrema derecha o de un militante de HazteOír se tratase.

«En todo caso, no puede hablarse de discriminación por la categoría sospechosa de orientación sexual, ya que la diferencia no radica en si se trata de personas homosexuales o heterosexuales, sino en que la institución matrimonial en Chile es una unión entre hombre y una mujer, por lo que una persona homosexual puede contraer matrimonio en Chile si lo hace con una persona de sexo opuesto», añade el Constitucional chileno, ya de una forma algo más acorde con los usos y costumbres de los juristas conservadores que tan bien conocemos. Pero incluso así el alto tribunal no evita la tentación de opinar que «el vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer» constituye «la forma jurídicamente recomendada para formar familia, aunque después se derive en otros tipos de aquellas, sea por separación de hecho de los cónyuges, estado de viudez, divorcio, nulidad, separación judicial de los cónyuges».

Cuatro magistrados de nueve, a favor del recurso

Cabe destacar que el vergonzoso fallo se impuso por la mínima, dado que cuatro de los nueve magistrados del Constitucional chileno que intervinieron en la sentencia se posicionaron a favor de acoger el recurso (entre ellos su actual presidenta, María Luisa Brahm). «Aquí hay un matrimonio celebrado en el extranjero, existe una familia y se requiere un amparo sobre efectos precisos en una relación que supera la de las dos contratantes al involucrar al hijo de ambas. Esto es un caso concreto en cualquier lugar del mundo», señalaron. «Nuestra Magistratura ha hecho referencia en el pasado al criterio evolutivo como una fórmula interpretativa válida. Ahora damos un paso más allá. Hay que admitir seriamente la relevancia de utilizar el criterio evolutivo, en casos como el reseñado en el que se manifiesta ampliamente en el derecho y más allá de él», sostuvieron. «El Estado debe proteger no solo a la familia fundada en el matrimonio, sino que tal deber también abarca a las familias de facto, sea que se constituyan por una pareja heterosexual o no, y con mayor razón a familias legalmente constituidas bajo el matrimonio igualitario celebrado en España», añadieron.

«El no reconocimiento de las relaciones afectivas entre personas de un mismo sexo genera una situación de vulnerabilidad y grave desprotección», terminan los magistrados disidentes, añadiendo que «tal cual lo solicitan las requirentes, el obstruirle el reconocimiento jurídico que el ordenamiento español les amparó en plenitud, configura un daño a la dignidad (…) Es más, no solo no pueden cumplir con su plan familiar de vida, sino que además, para que lo puedan gozar en plenitud el ordenamiento jurídico nacional les indica que la única vía que tienen para el ejercicio en plenitud de sus derechos es ejerciéndolos en el lugar en que lo celebraron».

 

El MOVILH repudia la sentencia del Constitucional

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH), colectivo que presentó un amicus curiae ante el Tribunal Constitucional a favor del recurso, considera que el alto tribunal, con esta sentencia, «quedará en nuestra historia registrado como un organismo que vulnera sin piedad los derechos de las parejas del mismo sexo y de sus hijos, violentando así el interés superior del niño».

Para el MOVILH, esta es una sentencia «vergonzosa, una afrenta gratuita a la dignidad humana de un sector social históricamente desaventajado que ocurre en plena pandemia, de manera cobarde, en una muestra más de que el matrimonio igualitario es uno de las obsesiones de los promotores del odio, mientras que el rechazo a esta ley es uno de los bastiones más antiguos y relevantes de la cultura homo/transfóbica (…) Esto no lo toleramos, ni lo permitimos bajo ninguna circunstancia, menos en el mes del Orgullo y menos en una época de crisis donde cualquier pestañeo puede hacer retroceder nuestros derechos humanos más básicos».

Entre otras acciones de protesta (como por ejemplo una pegada de carteles en el frontis del Tribunal Constitucional) el MOVILH ha comenzado una campaña de recolección de firmas de ciudadanos chilenos a favor tanto del matrimonio igualitario como de otras leyes necesarias para proteger al colectivo LGTBI.

Matrimonio igualitario en Chile: una larga batalla 

CIDH-300x168Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el MOVILH alcanzaron en 2016 una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio (puedes descargar aquel acuerdo aquí). El acuerdo, considerado histórico en su momento, implicaba ir más allá de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (aprobadas el año anterior) y promover el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), así como la aprobación de una ley de identidad de género y un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria (la conocida como «ley Zamudio»), entre otras medidas.

Mientras que la ley de identidad de género fue por fin aprobada (tras cinco largos años de tramitación y no sin grandes dificultades), el resto de avances permanecen sin embargo congelados. Es más, según se filtró en su momento a la prensa chilena, el Gobierno de Sebastián Piñera manifestó ante la CIDH que no piensa cumplir el acuerdo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. Se acoge para ello a una más que dudosa interpretación de la literalidad del acuerdo, según el cual el Estado chileno se comprometía a tramitar un proyecto de ley de matrimonio igualitario y a (reproducimos literalmente) «adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva». Para el Gobierno de Piñera, este compromiso ya se cumplió con la presentación en 2017 por el entonces Gobierno de Michelle Bachelet de un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que no llegó a ser aprobado. El actual Gobierno considera que no está obligado a nada más, dado que «el Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo».

Para el MOVILH, las argumentaciones del Gobierno Piñera no se sostienen, dado que más allá de que el proyecto de ley deba ser aprobado por el Congreso de Chile, el Estado chileno sí que se comprometió a una serie de medidas de impulso que no han existido.Para este colectivo, de hecho, el Gobierno de Piñera es consciente de su propia falsedad, y en su momento puso como ejemplo el hecho de que repusiera un sitio web oficial sobre el matrimonio igualitario que había desarrollado junto al anterior Gobierno y que había sido retirado en julio (aunque añadiendo, eso sí, la leyenda «Esta información fue publicada durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (período 2014-2018)».

Se la la circunstancia de que la CIDH convocó en diciembre de 2018 su primera audiencia temática sobre matrimonio igualitario en el marco de su 170 período de sesiones. La audiencia fue encabezada por la entonces presidenta de la Comisión, Margarette May Macaulay, quien respondió favorablemente a la petición de los colectivos para que se inste a los Estados a aprobar el matrimonio igualitario y para que se exija particularmente a Chile cumplir sus compromisos internacionales sobre la materia. No parece que el Estado chileno se haya dado por aludido.

Fuente Dosmanzanas

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Casi un centenar de organizaciones japonesas utilizan los Juegos Olímpicos para pedir una ley de igualdad LGTB

Miércoles, 3 de junio de 2020

Tokyo-2020-logoLas organizaciones han pedido al primer ministro japonés que promueva la aprobación de una legislación contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la línea de la ya aprobada por la ciudad de Tokio. 

Cerca de un centenar de organizaciones en favor de los derechos humanos y LGTB de Japón remitieron el pasado 17 de abril una carta (a cuyo texto en inglés puedes acceder aquí) al primer ministro Shinzō Abe en la que le urgen a aprobar una ley que garantice la igualdad y no discriminación de las personas pertenecientes a este colectivo. En concreto, 96 entidades de la plataforma J-ALL (siglas en inglés de la Alianza Japonesa por una Legislación LGTB) firmaron una carta que han hecho pública un mes después haciéndolo coincidir con el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. Las organizaciones firmantes, que por el momento no han recibido respuesta del primer ministro, buscan ligar esta iniciativa a la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, retrasada a 2021 debido a la pandemia por el coronavirus.

«Las personas LGTB de Japón tienen derecho a la misma protección legal», ha destacado Yuri Igarashi, representante de J-ALL, que considera que el obligado retraso de los Juegos Olímpicos abre una oportunidad de oro para que Japón actualice su legislación y la homologue a la de los países más avanzados en materia LGTB. «El retraso de los Juegos Olímpicos a 2021 le otorga tiempo al Gobierno para presentar y aprobar una legislación que proteja y beneficie a todos los ciudadanos en Japón», declaró Igarashi. Las organizaciones firmantes de la carta también destacan que la Carta Olímpica, el documento que recoge los principios del olimpismo, prohíbe la discriminación en cualquier sentido, incluyendo de forma expresa la orientación sexual.

Las organizaciones firmantes de la carta consideran que un buen ejemplo a seguir es del del Gobierno metropolitano de Tokio, la capital del país, que en 2018 aprobó una normativa que prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género en su ámbito competencial y que precisamente vincula la defensa de los derechos del colectivo LGTB al espíritu olímpico. «Japón tiene una oportunidad para convertirse en un líder global de los derechos LGTB. El gobierno metropolitano de Tokio ha mostrado solidaridad con el colectivo LGTB y el gobierno nacional debería seguir sus pasos», ha destacado Kanae Doi, director de Human Rights Watch en Japón, otra de las organizaciones que apoyan la iniciativa.

Avances contra la discriminación de las personas LGTB que deberían suponer, para empezar, el reconocimiento jurídico en todo el territorio nipón de las uniones civiles entre personas del mismo sexo que se permiten ya en algunas corporaciones regionales o locales, por no hablar de la aprobación de una ley de matrimonio que equipare uniones heterosexuales y homosexuales, una demanda que ya ha sido objeto de litigio ante los tribunales japoneses.

Fuente Dosmanzanas

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Condena múltiple por «sodomía» en Turkmenistán: dos años de cárcel para los acusados, entre ellos un conocido actor

Lunes, 1 de junio de 2020

9ba0a4b6682f0a90ffd7907d302f9ff5Medios locales y la organización Human Rights Watch informan de la sentencia de dos años de cárcel a un número indeterminado de hombres acusados de «sodomía» en Turkmenistán. Los arrestos se produjeron en el mes de marzo y el juicio tuvo lugar el pasado 7 de mayo, aunque la noticia no trascendió hasta hace unos días. Entre los condenados se encuentra un popular presentador de televisión. La república de Asia central es una de las dictaduras más herméticas del mundo y, junto con Uzbekistán, una de las que contemplan penas de prisión para las relaciones homosexuales entre hombres.

Un conocido actor ha sido condenado a dos años de prisión en Turkmenistán por el simple delito de ser gay. El actor – que no ha sido nombrado públicamente – fue arrestado por primera vez en marzo de este año junto con su pareja y una docena de otros hombres bajo sospecha de homosexualidad. Durante la segunda mitad de marzo, unos doce hombres jóvenes fueron detenidos en Ashgabat, la capital del país, bajo la sospecha de comportamiento homosexual. Entre ellos se encontraba un conocido presentador de televisión que responde a las iniciales G. S., así como su pareja. Varios de los arrestados fueron puestos en libertad a cambio de depositar una cantidad de dinero. Dado el hermetismo que impera en el país, uno de los regímenes más impenetrables del mundo, la noticia no se conoció hasta mediados de abril.

Más de un mes después, ha trascendido que el juicio tuvo lugar el pasado 7 de mayo. Los que aún permanecían arrestados fueron sentenciados a dos años de prisión por «sodomía», un delito tipificado en el artículo 135 del código penal turcomano. G. S. se cuenta entre los condenados, que habrían firmado una confesión escrita. Tampoco ha obtenido su libertad el hijo de un diplomático. Se desconoce el número exacto de hombres que permanecen en prisión.

La república de Turkmenistán es una de las dictaduras más inaccesibles y represivas del mundo. Junto con Uzbekistán, son las dos únicas ex repúblicas soviéticas que contemplan penas de prisión para las relaciones sexuales entre hombres. La homosexualidad es ilegal en el país de Asia central, condenada con dos años de prisión y las opiniones contrarias a la LGBT+ están muy extendidas, lo que significa que las personas homosexuales suelen ocultar su identidad o huir del país. El artículo 135 del Código Penal de 1997, vigente desde el 1 de enero de 1998, establece en su Artículo 135. que “la sodomía, que es la relación sexual entre dos hombres, se castiga con una pena de prisión de hasta dos años como máximo”. En virtud de la legislación de Turkmenistán, las relaciones sexuales entre homosexuales se castigan con una pena de dos años de prisión, mientras que la reincidencia se castiga con cinco a diez años de cárcel. Sin embargo, la homosexualidad femenina no está prohibida. Dada la ley turcomana y las persecuciones sufridas, muchas personas LGBT solicitan asilo en el país vecino, Kirguistán, donde la homosexualidad es legal.

Ahora, este actor, ha sido condenado y sentenciado a dos años de prisión por su sexualidad, informa Turkmen News. El actor y los otros hombres arrestados fueron condenados, según se informa, sobre la base de confesiones firmadas a principios de este mes. El mes pasado, se informó que algunos de los hombres fueron liberados después de su arresto inicial después de que sobornaron a la policía.

Los pocos informes existentes sobre las condiciones de vida de la comunidad LGTB revelan un clima de acoso y extorsión a hombres gais y bisexuales a los que la policía localiza y engaña mediante el uso de aplicaciones de contactos. Según recoge el informe 2019 de ILGA sobre homofobia de Estado, ya en 2013 Amnistía Internacional ofrecía «información creíble sobre agentes estatales que atacan, hostigan y extorsionan a hombres homosexuales y que les obligan a ‘denunciar’ a otros hombres homosexuales y revelar sus identidades». En 2015, el documental Turkmenistán: la homosexualidad prohibida se estrenó en el Festival Internacional de Cine Documental de Oslo. La película documenta la historia de un joven del país acusado de «actos homosexuales» y condenado a prisión que cuenta su experiencia con el sistema de justicia local, desde el momento de su detención hasta su puesta en libertad, incluidos informes de amenazas, insultos, torturas y violencia sexual. El testimonio también hace referencia a cómo los médicos exponen a los sospechosos a procedimientos degradantes. De hecho, según una investigación realizada por Human Rights Watch en 2016, agentes de seguridad y personal médico someten a las personas detenidas por actos sexuales con personas del mismo sexo a exámenes anales forzados.

Turkmenistán es criticado por grupos de derechos de LGBT+ por leyes atroces. La organización de derechos LGBT+, Human Rights Watch, criticó a las autoridades de Turkmenistán por dictar sentencias de cárcel a los hombres. “En 2017, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló la criminalización de la conducta homosexual consensuada como ‘injustificable’ e instó al gobierno turkmeno a derogarla”, dijo la organización, según el Star Observer. “Turkmenistán se enorgullece de su buena reputación en las Naciones Unidas. El gobierno debe retirar inmediatamente todos los cargos contra los hombres condenados bajo estas leyes y liberarlos. Esta ley abiertamente discriminatoria, que viola las obligaciones internacionales de Turkmenistán en materia de derechos humanos, permite a la policía someter a los hombres homosexuales y bisexuales a hostigamiento, incluso con el fin de extorsionarlos, humillarlos y abusar de ellos. Turkmenistán también debería derogar el artículo 135 del código penal y proteger a las personas de la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual”.

Las personas LGBT+ en Turkmenistán se enfrentan al miedo y a la persecución en su vida cotidiana. La vida en Turkmenistán puede ser extremadamente difícil para los miembros de la comunidad LGBT+. Los hombres homosexuales y bisexuales pueden enfrentarse a hasta dos años de prisión por atreverse a amar, y la sociedad es en gran medida inaceptable para las identidades homosexuales.

El mes pasado, un hombre gay fue obligado a huir del país y a pedir asilo en un país europeo después de que fuera arrestado y golpeado por la policía porque tiene VIH. Hablando anónimamente con RadioFreeEurope en ese momento, dijo: “Primero me interrogaron. Luego empezaron a golpearme mal. Me dijeron: ‘Sabemos dónde contrajiste el VIH. Eres gay’. Les dije que no era verdad. Pero siguieron golpeándome”.

El año pasado, otro hombre gay desapareció en el país poco después de que afirmara en un mensaje de vídeo que tenía miedo de ser “llevado a la fuerza”. En 2019, el médico Kasym Garayev se convirtió en la primera persona en revelar públicamente su condición de gay, en un vídeo en el que denunciaba el acoso escolar y los intentos de suprimir su orientación sexual que había sufrido. Tras intentar huir a Turquía, su familia lo localizó y lo devolvió a Turkmenistán.

Fuente PinkNews

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La instagramer que animó a descubrir la identidad de los usuarios de aplicaciones de contactos para hombres en Marruecos pide perdón

Viernes, 22 de mayo de 2020

Naoufal_Moussa_instagram-1280x720Un mes después de animar a sus seguidores a crearse perfiles falsos en aplicaciones de contactos para hombres para descubrir a sus usuarios reales, Naoufal Moussa pide perdón. La conocida instagramer marroquí, una mujer trans residente en Turquía y conocida en redes como Sofia Talouni, lamenta que el llamamiento a sus más de 600.000 seguidores desatara una campaña de outing y acoso en Marruecos. Un gran número de hombres gais y bisexuales han visto como se publicaban sus fotos, han sido sometidos a acoso y chantajes o expulsados de sus hogares por sus familias. Moussa asegura que su objetivo, por el contrario, era «humanizar» la homosexualidad en el país magrebí, en el que impera una intensa homofobia social y las relaciones entre personas del mismo sexo están penadas con hasta tres años de cárcel.

Todo comenzó el pasado 13 de abril cuando Naoufal Moussa, experta en belleza y conocida instagramer, publicó un vídeo en la red social animando a sus más de 600.000 seguidores a crear perfiles falsos en aplicaciones de contactos para hombres. El objetivo, descubrir a homosexuales y bisexuales en el entorno familiar y social. «Como todos están en sus casas, podría mostrar a tu marido en tu dormitorio, podría mostrar a tu hijo que quizás está en el baño», explicaba entonces Moussa.

La grabación superó las cien mil visualizaciones y la iniciativa se extendió rápidamente entre la homófoba sociedad marroquí. Aplicaciones como Grindr, Hornet o PlanetRomeo se inundaron de perfiles falsos que se dedicaron a recopilar fotos e información de sus usuarios reales. El material robado apareció en otras redes sociales, revelando las identidades de numerosos hombres gais y bisexuales que intentaban permanecer en el anonimato. Las imágenes ibas acompañadas con frecuencia de amenazas y extorsiones.

El outing masivo generó una oleada de pánico entre la comunidad LGTB marroquí. Según la organización Human Rights Watch, muchas familias expulsaron de sus hogares a víctimas de la caza de brujas. Personas que quedaron en una situación aún más vulnerable a causa de las normas de confinamiento en vigor por la pandemia de coronavirus, que les dificultan la búsqueda de ayuda de amigos o colectivos. Según algunos medios se produjo al menos un suicidio de un joven gay a consecuencia del hostigamiento homófobo.

Las aplicaciones afectadas borraron unos 1.000 perfiles sospechosos de fraude y alertado a sus usuarios de la situación. Aunque el llamamiento de Moussa ya había cobrado vida propia, Instagram procedió a suspender su cuenta. De acuerdo con varias fuentes, la influencer grabó entonces un nuevo vídeo con un perfil diferente en el que mostraba su desprecio por los «maricones marroquíes» y defendía la permanencia de las leyes que castigan la homosexualidad con multas y penas de cárcel.

Una actitud completamente opuesta a la que ha mostrado ahora la instagramer, que en una entrevista con la fundación Thomson Reuters se muestra arrepentida de su llamamiento inicial a descubrir a hombres gais y bisexuales haciendo uso de aplicaciones de contactos. Moussa lamenta la persecución homófoba que desató su grabación y asegura que su objetivo era mostrar que las personas LGTBI están en todos los entornos, contribuyendo así a «humanizar» a la comunidad en Marruecos. «Mi intención era humanizar, ‘desdemonizar’ y normalizar a las personas homosexuales en Marruecos para que dejemos de pensar en ellas como parias», afirma. «Quería que la gente pensara en las personas homosexuales como el vecino o la vecina de al lado», añade.

Las disculpas de Moussa no han convencido a todo el mundo. Un portavoz de la asociación LGTB marroquí Nassawiyat opinó que la instagramer debería ir más allá para reparar el daño que causó su vídeo y la anima a utilizar su amplia base de seguidores para «crear conciencia sobre la homosexualidad y la transexualidad». «No estamos en contra de ella, pero ha hecho daño a mucha gente. Tenemos un problema real con el sistema y con cómo produce monstruos y homofobia y transfobia interiorizadas», señaló.

 Marruecos: una vigente y preocupante LGTBfobia social y de Estado

El artículo 489 del Código Penal marroquí castiga los «actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo» con penas de hasta 3 años de prisión, además de una sanción económica. Y el artículo 483 establece penas de hasta dos años de prisión por «obscenidad pública». Venimos recogiendo distintos casos de persecución a personas LGTB en Marruecos: desde víctimas tratadas como culpables hasta detenciones tan absurdas como la de los jóvenes que colgaron un vídeo en el que aparecían besándose.

En 2015 nos hacíamos eco del intento de linchamiento de una mujer transgénero en Fez. Solo gracias a que el vídeo se viralizó y desencadenó un escándalo, que trascendió las fronteras de Marruecos, acabaron con uno dos de los agresores condenado a cuatro meses de prisión, y ello pese a que el propio ministro de Justicia; Mustafá Ramid, llegó a insinuar entonces que las personas LGTB son culpables de las agresiones que reciben.

También en 2015 tuvimos conocimiento de varias condenas en aplicación del citado Código Penal. En el mes de junio se produjo la detención de otros dos hombres que se besaron, fotografiaron y dieron muestras de afecto ante la Torre Hasán, uno de los entornos históricos marroquíes más prominentes. A pesar de conseguir más de 71.000 firmas de personas todo el mundo pidiendo su liberación, ambos fueron condenados finalmente a cuatro meses de cárcel y una sanción económica.

Ese mismo mes, se denunció la detención de 20 hombres homosexuales en Agadir, acusados de «difundir la corrupción». Según aseguró el colectivo Aswat, todas estas detenciones formarían parte de una campaña de arrestos dirigida por el Gobierno marroquí para reafirmar su posición en el debate público sobre la despenalización de la homosexualidad. Un mes antes, tres hombres más fueron condenados a la pena máxima, tres años de cárcel. En agosto de 2017 un joven gay, muy conocido en redes sociales de Marruecos, era agredido después de que un director de cine incitase a «violarlo». Y en septiembre del año pasado, dos estudiantes eran detenidos por mantener relaciones homosexuales.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Clasificación anual sobre derechos LGTBI en Europa: inmovilismo y deterioro en varios países, aunque España sube al 6.º puesto por la sentencia del Constitucional sobre menores trans.

Miércoles, 20 de mayo de 2020

Ilga-Europa-2020-MapaAunque algo habíamos adelantado ya el pasado sábado con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, ampliamos el informe con este post de Dosmanzanas:

Después de que el pasado mes de febrero emitiese su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo, ILGA Europa ha dado a conocer la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. Malta vuelve a encabezar la clasificación con holgura, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Como el año anterior, ILGA Europa advierte de que se están experimentando retrocesos legislativos en algunos países respecto a los derechos de las personas LGTBI. También se están propagando los discursos de odio por parte de los movimientos populistas, que ponen en riesgo a quienes defienden los derechos civiles, sin que las autoridades políticas estén tomando medidas al respecto. España asciende hasta la sexta posición, a pesar del inmovilismo legislativo de los últimos años, debido a la sentencia que ha declarado inconstitucional la discriminación de los menores trans en cuanto al reconocimiento de su identidad de género. ILGA Europa sigue recomendando la aprobación definitiva de la ley de igualdad de las personas LGTBI, la reforma de la ley de identidad de género que incluya la despatologización y la prohibición a nivel nacional de las terapias de reconversión de la orientación sexual.

Por primera vez, ILGA Europa ha distanciado la publicación de su informe anual sobre los derechos LGTBI en el continente europeo de la elaboración de la clasificación por países. En el informe, publicado en el mes de febrero, advertía del aumento de los discursos de odio contra las personas LGTBI en gran parte de Europa por parte de personas de relevancia social y política, debido al auge de los partidos de extrema derecha populista en números países. También informaba de que se ha producido un aumento de las agresiones físicas y de las expresiones de odio a través de las redes sociales en muchos países.

Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año no ha habido cambios en la valoración de cada apartado, por lo que es más sencilla la comparación con los datos del año anterior. Las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 20 %, los crímenes y discursos de odio también son el 20 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el asilo un 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

Ilga-Europa-2020-Cumplimiento-Europa

Ilga-Europa-2020-Cumplimiento-Union-Europea

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Ilga-Europa-2020-Clasificacion-por-paises

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Ilga-Europa-2020-Mapa

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario.

La mayor caída en la clasificación la experimenta Hungría, que pierde 8,46 puntos debido a la suspensión de los procedimientos para el reconocimiento de la identidad de género, y a la falta de protección adecuada por parte del Gobierno en los eventos públicos. También descienden Francia y Finlandia, ya que las iniciativas gubernamentales en cuanto a la ampliación de derechos no han logrado entrar en vigor.

Ascienden Holanda, Montenegro y Macedonia del Norte debido a la implementación de reformas para impedir la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. España también asciende hasta la sexta posición, tras el dictamen del Tribunal Constitucional respecto a la identidad de género de los menores trans.

Según los datos recopilados por ILGA Europa, no ha habido ningún avance legislativo en el 49,9 % de los países europeos.

La pérdida de derechos o el aplazamiento de las reformas destinadas a su reconocimiento son una gran preocupación para ILGA Europa. Su directora ejecutiva, Evelyne Paradis, declaraba que «este es un momento crítico para la igualdad LGBTI en Europa. Con cada año que pasa, más y más países, incluidos aquellos que defienden la igualdad LGBTI, continúan rezagados en sus compromisos de igualdad para las personas LGBTI, mientras que más gobiernos toman medidas activas para atacar a las comunidades LGBTI. Hay razones para estar extremadamente preocupados de que esta situación se extienda a medida que la atención política se vea inmersa en las consecuencias económicas de la COVID-19».

La situación en España

Aunque el pasado año hubo una vez más en España un total inmovilismo legislativo respecto a los derechos LGTBI, su clasificación se he visto sustancialmente mejorada, al pasar de la undécima posición hasta la sexta. El ascenso se debe principalmente a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional la prohibición de que los menores trans pudieran acceder a la rectificación registral del sexo.

De esta manera, España ha pasado de un cumplimiento del 59,98 % en la clasificación del año pasado hasta un 66,82 % en la del actual.

Ilga-Europa-2020-Cumplimiento-Espana

No obstante, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español:

  • Prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual.
  • Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
  • Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. Repitió en 2017, 2018 y 2019. Este año vuelve a situarse en esa posición, a considerable distancia de los demás. España, que salió el año pasado por primera vez del grupo de los 10 países de cabeza, vuelve a integrarse en él, debido al reconocimiento de los derechos de los menores trans por el Tribunal Constitucional.

 Fuente Dosmanzanas

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Una encuesta a 140.000 personas LGTBI toma la temperatura al acoso y la discriminación en Europa

Miércoles, 20 de mayo de 2020

Agencia-de-Derechos-Fundamentales-de-la-Unión-EuropeaSeis de cada diez personas LGTBI en Europa evitan ir de la mano con sus parejas en público. Dos de cada cinco han sufrido acoso durante el último año. Una de cada cinco personas trans e intersexuales ha sufrido ataques físicos o sexuales, el doble que otros grupos LGTBI. Una de cada cinco se sintió discriminada en el trabajo y más de una de cada tres se sintió discriminada al salir a comer fuera, beber o socializar. Por lo que se refiere a la situación económica, una de cada tres personas LGTBI tiene dificultades para llegar a fin de mes. La situación es peor en el caso de las personas intersexuales y trans (aproximadamente una de cada dos). Son algunos resultados de una encuesta promovida por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre las experiencias de las personas LGTBI en Europa. Con 140.000 personas encuestadas, se trata de hecho del mayor sondeo jamás realizado sobre la materia en el continente.

Según el comunicado hecho público por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión  Europea, cada vez más personas LGTBI se muestran abiertas sobre quiénes son, pero el miedo, la violencia y la discriminación siguen siendo elevados. «Hay demasiadas personas LGBTI que siguen viviendo en la sombra, con miedo a ser ridiculizadas, discriminadas o incluso sufrir ataques. Aunque algunos países han avanzado en la igualdad de las personas LGBTI, los resultados de nuestra encuesta muestran que, en general, ha habido muy pocos avances reales, lo que deja a muchas personas LGBTI en una situación de vulnerabilidad», afirma el director de la Agencia, Michael O’Flaherty, con ocasión de la publicación de la encuesta. La comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, asegura por su parte que pese a los avances de los últimos años «las personas LGBTI+ siguen presentando niveles elevados de discriminación. Y lo que es más preocupante, hemos presenciado recientemente en la Unión Europea incidentes anti-LGTBI+ tales como ataques en las manifestaciones del Orgullo, la adopción de declaraciones de ‘zona libre de ideología LGBTI‘, multas por publicidad proLGBTI y otros. Todos en la Unión Europea deben sentirse seguros y libres de ser como son».

Por lo que se refiere a los detalles de la encuesta, llevada a cabo entre mayo y julio de 2019 a 140.000 personas de la Unión Europea, Reino Unido, Serbia y Macedonia del Norte, y resumidos en el informe A long way to go for LGBTI equality («Un largo camino por recorrer para la igualdad de las personas LGBTI»), no parece haber una gran evolución respecto a la primera encuesta sobre la materia realizada por la misma institución en 2012 y dada a conocer el año siguiente. Algunos datos, por ejemplo, relacionados con el ámbito laboral: el 21% de las personas encuestadas se habían sentido discriminadas en el trabajo por ser LGTBI durante el año anterior (el 19% en 2012). El colectivo con mayor discriminación es el de las personas trans, en el que de hecho se observa un destacado aumento (36% en 2019 frente al 22% en 2012). Y el 11% de las personas encuestadas habían sentido discriminación en su búsqueda de empleo en el año previo, frente al 13% de 2012. También el colectivo trans es, en este caso, el más discriminado (35% en 2020, un porcentaje no muy distinto al de 2012, un 33%).

Sensibles diferencias entre países

Banderas-Europa-arcoíris-300x179Sin embargo, los promedios ocultan grandes diferencias entre los países. Por ejemplo, al ser preguntados por los esfuerzos de sus gobiernos contra la discriminación de las personas LGTBI, un 40% de los malteses encuestados creen que su gobierno sí se esfuerza de forma eficaz, frente a solo un 2% de los polacos. De hecho, el 83% de estos están convencidos de que su gobierno no se esfuerza en absoluto, frente a solo un 3% de los malteses. España ocupa una posición intermedia, aunque por las fechas en las que se realizó la encuesta, en pleno cambio político, es complicado extraer conclusiones a este respecto.

Por lo que se refiere al nivel de visibilidad de las personas LGTBI, España escala posiciones hasta situarse en sexto puesto, detrás de Holanda, Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y Bélgica. Un 26% de los encuestados LGTBI españoles se visibiliza abiertamente (frente al 43% de los encuestados holandeses o al 45% de los daneses), un 27% lo hace relativamente, un 24% lo hace poco y un 23% casi nunca se visibiliza. Los países en los que las personas LGTBI se encuentran en mayor porcentaje en el armario son Rumanía, Bulgaria, Lituania, Serbia y Macedonia del Norte.

Un gesto concreto, pero muy revelador: atreverse a ir de la mano de tu pareja en público sin temor a ser objeto de agresión. Un 61% del total de las personas encuestadas lo evita, siempre o casi siempre. Hay, obviamente, diferencias entre países: los más reticentes son los polacos (83%) y los croatas (84%), pero incluso en los países en los que las cifras son más bajas el porcentaje es significativo. El 39% de los encuestados finlandeses y austriacos, por ejemplo, lo evitan siempre o casi siempre, pese a ser el de estos dos países, de hecho, el porcentaje más bajo sumando las dos categorías (le evitan siempre y lo evitan casi siempre). En el caso español, el 48% de las personas encuestadas lo evita siempre o casi siempre. Un porcentaje que por cierto es inferior al de los Países Bajos (57%) o Bélgica (75%).

Por lo que se refiere al acoso en sus diferentes variantes, un 38% de las personas encuestadas lo han sufrido en el último año (un porcentaje que asciende al 48% en el caso de las personas trans). Y en este caso las diferencias entre países del este y del oeste de Europa se difuminan: Letonia, Rumanía, Lituania, Reino Unido, Bélgica y Polonia encabezan la clasificación, que cierran Portugal, Chipre, Dinamarca y Malta.

Se trata, en definitiva, de una encuesta con multitud de datos, que os invitamos a explorar con detalle. Para ello, además del informe mencionado, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha publicado un explorador de datos en línea que permite filtrar los datos por país, por pregunta de la encuesta y por grupo «L», «G», «B», «T» o «I» y al que puedes acceder aquí. Y aquí puedes acceder a fichas con los resultados en cada país, entre ellos los de España.

Partiendo de todos estos resultados, por cierto, la Agencia de los Derechos Fundamentales hace un llamamiento a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que pongan en marcha medidas que protejan los derechos de las personas LGBTI, en particular en las siguientes esferas (reproducimos literalmente):

Delitos de odio: construir una cultura de tolerancia cero hacia la violencia y el acoso de la comunidad LGBTI de forma que estas personas puedan disfrutar de su derecho a circular libremente y sin miedo. Invertir en formación para garantizar que la policía pueda reconocer, registrar e investigar adecuadamente los delitos de odio contra las personas LGBTI, de modo que las víctimas se sientan seguras para denunciar los ataques y sean tratadas con igualdad.

Denunciar: facilitar a las víctimas la denuncia de los delitos y la discriminación a través de herramientas de denuncia en línea, el enlace con la comunidad y la formación de la policía. Proporcionar los recursos adecuados a los organismos de igualdad para que puedan apoyar eficazmente a las víctimas de discriminación.

Discriminación: adoptar la Directiva sobre igualdad de trato para ampliar la protección contra la discriminación más allá del empleo. Llevar a cabo planes de acción nacionales integrales para promover el respeto de los derechos de las personas LGBTI en todos los ámbitos de la vida.

Escolarización: crear un entorno seguro y de apoyo para los y las jóvenes LGBTI en el colegio. Ayudar a los colegios y al profesorado a compartir experiencias, contrarrestar el acoso de los y las estudiantes LGBTI y garantizar que los materiales educativos no equiparen el hecho de ser una persona LGBTI con el hecho de tener una enfermedad.

Predicar con el ejemplo: todas las personas pueden participar en que la igualdad se convierta en una realidad.

Fuente dosmanzanas

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Un brote de coronavirus en una zona de ambiente gay de Seúl despierta la homofobia y el miedo al «outing» en Corea del Sur

Lunes, 18 de mayo de 2020

krgUn brote de coronavirus ha puesto a la ciudadanía LGTBI surcoreana en el punto de mira. Las autoridades sanitarias han detectado treinta casos con posible origen en una zona de ambiente gay de Seúl, por lo que han procedido al cierre de tres discotecas. El sistema de rastreo de contactos está buscando a más de 3.000 personas, muchas de las cuales son reacias a testarse por temor a que su orientación sexual quede al descubierto. Como parte de su estrategia contra el virus, el Gobierno de Corea del Sur hace públicos los movimientos y algunos datos personales de los contagiados de COVID-19, una información que han utilizado varios medios para exponer nombres y direcciones de afectados por este brote. La comunidad LGBTI teme una caza de brujas alentada entre otros por la creciente influencia de las iglesias evangélicas, que espolean la homofobia social.

La expansión de la enfermedad por el coronavirus SARS-CoV-2 ha dado alas a la búsqueda de cabezas de turco entre algunos colectivos. Ahora le ha tocado el turno a la comunidad LGTBI surcoreana. El origen de esta situación está en un brote cuyo origen se atribuye a una zona de ambiente gay de Seúl. El viernes pasado, las autoridades procedieron al cierre de tres discotecas, King, Queen y Trunk, localizadas en el barrio de ocio nocturno conocido como «Homo Hill». Se confirmaron unos treinta casos ligados a este distrito. Los equipos de rastreo de los infectados está buscando aún a más de 3.000 personas que pueden haber estado en contacto con el virus.

La estrategia del Gobierno surcoreano contra la COVID-19, que ha recibido los parabienes de la comunidad internacional por atajar la expansión de la enfermedad, tiene un coste: la difusión de datos personales y de movimientos de los contagiados, que permiten su identificación con poco esfuerzo. Entre ellos, la edad, nacionalidad y barrio de residencia, así como los pagos realizados con tarjetas de crédito en establecimientos. Con estas premisas, la comunidad LGTBI es especialmente vulnerable en este rebrote. Aunque puede conllevar una multa de hasta dos millones de wones (unos 1.500 euros), muchos de los afectados son reacios a hacerse la prueba por temor a que queden expuestas sus visitas a bares de ambiente gay, revelando su orientación sexual.

Un «outing» que han alentado algunos medios y páginas web ligadas a las iglesias evangélicas, en auge en el país y muy hostiles con el colectivo. Se han llegado a hacer públicos incluso nombres y lugares de trabajo de afectados, exponiéndolos a una situación de gran inseguridad en su entorno laboral y familiar. La campaña homófoba cobró fuerza tras publicarse que uno de los pacientes que han dado positivo por coronavirus había visitado una sauna gay. Los activistas temen que la sociedad se vuelva contra la comunidad, de forma similar a como ocurrió durante los primeros años de la epidemia de VIH/sida.

El daño está hecho y puede crecer más aún, aunque el primer ministro Chung Sye-kyun ha intentado rebajar la crispación afirmando que «no ayuda» a la lucha contra la pandemia señalar como culpables a determinados colectivos. La situación pone de nuevo de manifiesto la vulnerabilidad en la que quedan muchas personas LGTBI en esta crisis sanitaria global. También aviva el debate sobre hasta qué punto es legítimo sacrificar el derecho a la intimidad y a la vida privada en aras de la lucha para frenar la expansión del virus y qué medidas deben tomar los Gobiernos en este contexto para proteger a los colectivos más susceptibles a la discriminación y la estigmatización social.

Fuente Dosmanzanas

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Carina Mejías, que en su época en el PP defendió con orgullo las políticas homófobas de los populares, abandona ahora Ciudadanos

Martes, 12 de mayo de 2020

carinamejias05-7217Carina Mejías, una de las personalidades más destacadas de Ciudadanos en Cataluña, ha abandonado la formación naranja tras su reciente giro a posiciones más moderadas de la mano de su nueva líder, Inés Arrimadas. Ciudadanos «pierde» de esta forma a una política que en su momento destacó por su defensa de las políticas homófobas del PP, y cuyo fichaje criticamos en su momento. Justo es que ahora destaquemos su marcha.

Como en su momento destacamos, antes de integrarse en Ciudadanos y ser candidata de este partido a la alcaldía de Barcelona, Carina Mejías fue portavoz del grupo popular en el Parlamento catalán. Lo fue en una época en la que los populares se oponían con fuerza a la equiparación de los derechos de las personas LGTBI, muy singularmente en Cataluña, una posición con la que Mejías parecía encontrarse especialmente cómoda. En una carta dirigida en 2007 a Josep Miró i Ardèvol, presidente de la organización ultraconservadora E-Cristians, Carina Mejías presumía de las acciones que el PP había llevado a cabo contra la decisión de la Generalitat de Catalunya (entonces gobernada por una coalición de fuerzas de izquierda presidida por el socialista José Montilla) de convertirse en miembro asociado de la ILGA o como protesta contra un festival de cine LGTBI que según Mejías «utilizaba» en su publicidad la fotografía de un menor.

El motivo de la carta de Mejías no era otro que el de defender al PP de la época como el partido que más frontalmente se oponía a los derechos LGTBI, después de que el presidente de E-Cristians mostrase su preferencia por Unió Democràtica de Catalunya. Mejías le recordaba a Miró i Ardèvol que el entonces presidente de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, tenía «inclinación a pactar con el PSOE, el partido impulsor de leyes que legalizan el matrimonio homosexual, regulan el matrimonio express, reduciéndolo a un simple papeleo, o no tienen pudor a dar su apoyo incondicional a la LOE, la Ley de Educación que incluye la asignatura de ‘educación para la ciudadanía`’, legitimando así el adoctrinamiento moral de nuestros hijos»«El Partido Popular defendió el voto en contra de todas las iniciativas legislativas enunciadas por ser contrarias a sus principios ideológicos, inspirados en el humanismo cristiano, y a sus convicciones morales, y fue capaz de soportar con entereza durísimas descalificaciones por ello. Por eso nadie, podrá jamás cuestionar nuestra firmeza y nuestro compromiso», añadía Mejías.

Años después, tras su incorporación a Ciudadanos, Carina Mejías era preguntada de nuevo sobre la materia en Osoigo.com. «Siempre he sido partidaria del reconocimiento de los efectos jurídicos de las uniones entre personas del mismo sexo. Además, tras la contundente sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la norma de 2005 se reconoció como plenamente legal y constitucional una realidad social», respondía entonces Mejías. Muy parecida respuesta daba al diario El País. «Hay una ley en vigor y estamos a favor de que se reconozcan los efectos de las uniones de las personas con el mismo sexo», repetía. Pese a su conversión al más puro estilo Pablo de Tarso, resulta curioso con Mejías evitaba todavía el uso de la palabra «matrimonio» en su respuesta e insistía en el concepto «uniones».

Carina Mejías fue concejala del Ayuntamiento de Barcelona y posteriormente diputada de Ciudadanos en el Parlamento catalán y finalmente en el Congreso de los Diputados (dejó de serlo el pasado diciembre). Hace pocos días anunciaba su abandono de la formación naranja después del giro hacia posiciones más moderadas protagonizado por su nueva líder, Inés Arrimadas. Un giro materializado en el acuerdo con Pedro Sánchez, por el cual Ciudadanos apoyó la última prórroga del estado de alarma por el coronavirus solicitada por el Gobierno a cambio de la aceptación de algunas de sus propuestas. «He solicitado mi baja como militante de Ciudadanos. La decisión tomada ayer, me resulta imposible de compartir, después de estos meses tan difíciles y de una gestión de consecuencias tan devastadoras para todos los españoles y he decidido no mantener mi militancia en el partido», se justificaba Mejías en Twitter.

Una marcha de la que, por qué no decirlo, nos congratulamos. No nos consta que Carina Mejías se ha significado en materia LGTBI durante su vida política dentro de la formación naranja como sí lo hizo cuando militaba en el PP, pero siempre nos parecerá una buena noticia la desaparición de la primera línea política de personas que han defendido en el pasado políticas contrarias a nuestros derechos sin pedir perdón por ello. No está de más recordar, por mencionar uno de los ejemplos que recogía la carta de Mejías al presidente de E-Cristians, la furibunda campaña de los sectores más conservadores de la sociedad catalana del momento contra la decisión de la Generalitat presidida por José Montilla de ingresar en ILGA, a la que el PP no dudó en sumarse en sede parlamentaria cuando Mejías era su portavoz.

Fuente Dosmanzanas

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Un «outing» masivo deja al descubierto la identidad de numerosos usuarios de aplicaciones de contactos para hombres en Marruecos

Martes, 5 de mayo de 2020

un-dahir-real-protege-a-la-comunidad-catolica-en-marruecos_560x280La identidad de un gran número de personas LGTB en Marruecos ha quedado al descubierto tras un outing masivo llevado a cabo con la ayuda de aplicaciones de contactos para hombres gais y bisexuales. La campaña de acoso comenzó cuando Naoufal Moussa, una conocida instagramer marroquí y mujer trans residente en Turquía, animó a sus más de 600.000 seguidores a crearse perfiles falsos en aplicaciones como Grindr o Hornet con el objetivo de recopilar fotos e información de sus usuarios reales. En cuestión de días, las redes sociales se llenaron con los datos de estas personas, que han quedado expuestas al escarnio público, la violencia o la expulsión de sus hogares. Las relaciones homosexuales en Marruecos, donde la homofobia social es intensa, están penadas con hasta tres años de cárcel.

Todo comenzó el pasado 13 de abril por iniciativa de Naoufal Moussa, también conocida como Sofia Talouni, una mujer trans marroquí que reside en Turquía. La experta en belleza y conocida instagramer, publicó un vídeo en la red social animando a sus más de 600.000 seguidores a crear perfiles falsos en aplicaciones de contactos para hombres. El objetivo, descubrir a homosexuales y bisexuales en el entorno familiar y social. «Como todos están en sus casas, podría mostrar a tu marido en tu dormitorio, podría mostrar a tu hijo que quizás está en el baño», explicaba Moussa.

La grabación superó las cien mil visualizaciones y la iniciativa homófoba se extendió rápidamente. Aplicaciones como Grindr, Hornet o PlanetRomeo se inundaron de perfiles falsos que se dedicaron a recopilar fotos e información de sus usuarios reales. El material robado apareció en otras redes sociales, revelando las identidades de numerosos hombres gais y bisexuales que intentaban permanecer en el anonimato. Las imágenes ibas acompañadas con frecuencia de amenazas.

El outing masivo ha generado una oleada de pánico entre la comunidad LGTB marroquí. Según la organización Human Rights Watch, muchas familias han expulsado de sus hogares a víctimas de la caza de brujas. Personas que quedan en una situación aún más vulnerable a causa de las normas de confinamiento en vigor por la pandemia de coronavirus, que les dificultan la búsqueda de ayuda de amigos o colectivos. Según algunos medios se ha producido al menos un suicidio de un joven gay a raíz de la iniciativa homófoba.

Las aplicaciones afectadas han borrado unos 1.000 perfiles sospechosos de fraude y alertado a sus usuarios de la situación. Aunque el llamamiento de Moussa ya había cobrado vida propia, Instagram procedió a suspender su cuenta. La influencer grabó entonces un nuevo vídeo con un perfil diferente en el que, lejos de arrepentirse, mostraba su desprecio por los «maricones marroquíes» y defendía la permanencia de las leyes que castigan la homosexualidad con multas y penas de cárcel.

Marruecos: una vigente y preocupante LGTBfobia social y de Estado

El artículo 489 del Código Penal marroquí castiga los «actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo» con penas de hasta 3 años de prisión, además de una sanción económica. Y el artículo 483 establece penas de hasta dos años de prisión por «obscenidad pública». Venimos recogiendo distintos casos de persecución a personas LGTB en Marruecos: desde víctimas tratadas como culpables hasta detenciones tan absurdas como la de los jóvenes que colgaron un vídeo en el que aparecían besándose.

En 2015 nos hacíamos eco del intento de linchamiento de una mujer transgénero en Fez. Solo gracias a que el vídeo se viralizó y desencadenó un escándalo, que trascendió las fronteras de Marruecos, acabaron con uno dos de los agresores condenado a cuatro meses de prisión, y ello pese a que el propio ministro de Justicia; Mustafá Ramid, llegó a insinuar entonces que las personas LGTB son culpables de las agresiones que reciben.

También en 2015 tuvimos conocimiento de varias condenas en aplicación del citado Código Penal. En el mes de junio se produjo la detención de otros dos hombres que se besaron, fotografiaron y dieron muestras de afecto ante la Torre Hasán, uno de los entornos históricos marroquíes más prominentes. A pesar de conseguir más de 71.000 firmas de personas todo el mundo pidiendo su liberación, ambos fueron condenados finalmente a cuatro meses de cárcel y una sanción económica.

Ese mismo mes, se denunció la detención de 20 hombres homosexuales en Agadir, acusados de «difundir la corrupción». Según aseguró el colectivo Aswat, todas estas detenciones formarían parte de una campaña de arrestos dirigida por el Gobierno marroquí para reafirmar su posición en el debate público sobre la despenalización de la homosexualidad. Un mes antes, tres hombres más fueron condenados a la pena máxima, tres años de cárcel. En agosto de 2017 un joven gay, muy conocido en redes sociales de Marruecos, era agredido después de que un director de cine incitase a «violarlo». Y en septiembre del año pasado, dos estudiantes eran detenidos por mantener relaciones homosexuales.

Fuente Dosmanzanas

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Grandes empresas piden al Gobierno alemán que relaje los requisitos para la donación de sangre de varones gais y bisexuales

Miércoles, 29 de abril de 2020

donacion_sangreEn una carta abierta, trece grandes compañías como Microsoft, Ikea, SAP y Deutsche Bahn reclaman reducir el periodo de abstinencia sexual para que personas de este colectivo puedan contribuir a salvar vidas.

En Alemania ha sido el sector privado el que ha tomado la iniciativa para cambiar la legislación sanitaria vigente. Trece grandes empresas alemanas e internacionales con presencia en el país han promovido una carta abierta en la que se reclama al gobierno de Merkel que relaje las condiciones para que hombres gais y bisexuales puedan donar sangre. En este texto se reclama que el país teutón reduzca el periodo de abstinencia sexual exigido a hombres gais y bisexuales para ser donantes de sangre, que actualmente se encuentra establecido en un año. El texto ha sido firmado por empresas tan importantes como Ikea, Microsoft o las alemanas SAP -grupo de creación de software-, Deutsche Bahn -operador ferroviario- y Thyssenkrupp -siderurgia, y elevadores-. Un texto en el que se llamaba al gobierno alemán a «unir los objetivos de seguridad en las donaciones de sangre y las demandas de no sufrir dicriminación».

«El riesgo de VIH de los donantes debe juzgarse en función de su comportamiento sexual individual y no de su orientación sexual», ha declarado la direcora de Diversidad e Inclusión de Thyssenkrupp. Algo que apoyan diversos expertos en medicina, como el investigador médico del hospital The Charite de Berlín Adrián González. «Seis semanas deberían ser el enfoque conservador más alto, independientemente del género u orientación sexual, y eso ya es bastante conservador», ha indicado el experto.

En representación de la consultora de gestión Oliver Wyman, otro de los firmantes de la carta, su socio Dominik Weh indicó que otros países han demostrado que «la protección y el manejo no discriminatorio de la donación de sangre son compatibles entre sí». El hecho es que desde esta carta abierta y los dirigentes de todas las asociaciones firmantes califican el tratamiento a donantes gais o bisexuales en Alemania de discriminatorio.

La crisis del coronavirus pone al descubierto el anacronismo de la situación

La crisis del coronavirus ha obligado a los Estados a replantearse muchas medidas para el aprovechamiento máximo de sus recursos sanitarios. Esto alcanza a su vez a las donaciones de sangre, que debido a las medidas de confinamiento y al temor al contagio en lugares públicos se han visto drásticamente reducidas. En este momento se aprecia muy especialmente cómo los hombres gais y bisexuales han sido injustamente discriminados por diversos sistemas sanitarios a la hora de ser donantes de sangre. El temor a la propagación del VIH a través de las donaciones hizo que distintas normativas aplicadas en los primeros tiempos de la pandemia del sida quedaran perpetuadas a través del tiempo en distintos países.

En Alemania, esta discriminación obliga a los hombres homosexuales y bisexuales a esperar un año para poder donar después de su última relación sexual, sea esta protegida o no. Un criterio que está siendo ampliamente cuestionado en un momento en el que las reservas de sangre sufren un estado bastante crítico, ya que patologiza y señala injustamente a todo el colectivo independientemente de que cada individuo haya realizado prácticas seguras o no.

Un criterio que ya ha sido modificado -de manera parcial y aun insuficiente- en Estados Unidos. En el país norteamericano se ha rebajado de un año a tres meses el periodo previo para que personas bisexuales y homosexuales puedan donar sangre, iniciativa a la que también podría sumarse pronto Australia.

Aun así, este criterio sigue siendo discriminatorio ya que, pese a la reducción temporal del límite de abstinencia sexual, no cambia sustancialmente la raíz de la discriminación sistemática a todo el colectivo. El problema es la base de este criterio, tan distinto en países como España, Italia o Portugal, que no discriminan según la orientación sexual, sino por el tipo de relaciones mantenidas, y que ya ha demostrado su éxito.

Fuente Dosmanzanas

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Elena Milashina, la periodista que reveló la persecución contra los homosexuales en Chechenia, amenazada por el presidente Kadýrov

Martes, 28 de abril de 2020

Elena_Milashina_IWOC_award_2013La vida de Elena Milashina, la periodista rusa que sacó a la luz los secuestros, torturas y asesinatos de homosexuales en Chechenia, podría correr peligro. Ramzán Kadýrov, el presidente de la república rusa del Cáucaso, la ha amenazado de muerte por un nuevo reportaje de investigación sobre su gestión de la pandemia de coronavirus. Los Gobiernos de Alemania y Francia han pedido a Rusia que investigue los hechos y proteja a Milashina. Desde que la periodista reveló la existencia de una persecución organizada contra la población homosexual, se han confirmado varias oleadas de represión homófoba promovida por las autoridades chechenas.

Hace ahora tres años, en abril de 2017, la comunidad internacional se estremeció ante las noticias publicadas por la periodista rusa Elena Milashina en el diario ruso Novaya Gazeta, que apuntaban a una persecución orquestada por las autoridades chechenas contra su población homosexual. A partir de ese momento, salieron a la luz informaciones que indicaban la existencia de auténticos campos de concentración en Chechenia, donde se detenía y torturaba a personas «sospechosas» de ser homosexuales para que delataran a otros miembros del colectivo. Mientras que algunos de los detenidos murieron en dichos campos, otros fueron asesinados por sus familias en lo que se conoce como «crímenes de honor».

A pesar de las numerosas peticiones a nivel internacional, las autoridades de Rusia no han abierto ninguna investigación oficial en relación a lo sucedido en la república caucásica. En diciembre de 2018, por ejemplo, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) publicaba un informe que consideraba probada la existencia de pruebas manifiestas de la persecución, tortura y ejecución de personas homosexuales en Chechenia, acusando a las autoridades rusas de una ausencia de voluntad política para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. Una dejación que alentaba una segunda oleada de violencia homófoba desde enero de 2019.

Las informaciones de Milashina, la primera en alertar de esta situación, le han costado caras. En febrero fue agredida a golpes por una turba de quince personas en un hotel de Grozni, la capital de Chechenia, junto con la abogada Marina Dubrovina. Ahora la ha puesto en el punto de mira el propio presidente checheno Kadýrov, que desde su cuenta de Instagram ha advertido: «Si quieres que cometamos un crimen y nos convirtamos en criminales, dilo y ya está». La amenaza se producía después de que Milashina publicara un artículo alertando sobre la represión con la que el régimen checheno está gestionando la crisis producida por la pandemia de coronavirus.

Los responsables de Derechos Humanos de los Gobiernos alemán y francés han pedido a Rusia que investigue las amenazas de Kadýrov. La república caucásica, que disfruta de un elevado nivel de autonomía, forma parte de la Federación Rusa, aunque en las relaciones entre Moscú y Grozni intervienen muchos factores e intereses mutuos. Desde el año 2000 han sido asesinados cinco empleados del Novaya Gazeta, entre ellos la periodista Anna Politkóvskaya en 2006.

Fuente Dosmanzanas

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Tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorca junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia)

Viernes, 17 de abril de 2020

92873426_217794309504482_3977300622750777344_n_censored-e1586882134947-2Mweru Aneste, un orgulloso hombre y padre gay, fue encontrado muerto fuera de las oficinas de las Naciones Unidas en Nairobi, Kenia. (Facebook)

Terrible noticia que nos llega de Kenia. El cuerpo sin vida de Aneste Mweru, un joven gay de 25 años procedente de Uganda, ha aparecido junto a las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Nairobi. Todo indica a que Mweru se ahorcó tras ser agredido por guardias de seguridad y policías al intentar acceder a la sede de la organización, que estaba cerrada, el pasado lunes de Pascua. El joven había huido de su país de origen en 2017 por la creciente hostilidad LGTBfoba y tenía el estatus de refugiado en Kenia desde hace un año. Su situación era cada vez más desesperada por los recortes en la ya reducida ayuda económica que recibía y por la perspectiva de acabar en un campo de refugiados.

El triste suceso ocurrió el pasado lunes. Según activistas que ayudan a los refugiados, Aneste Mweru, de 25 años, intentó acceder a las oficinas de ACNUR de la capital keniana a pesar de que era festivo. La policía y los agentes de seguridad privada se enfrentaron a él y lo rechazaron violentamente. El joven decidió quitarse la vida ahorcándose con una bufanda en un árbol cercano al lugar.

Aneste Mwiru fue una de más de doscientos solicitantes de asilo LGBT + que se trasladaron del campamento de refugiados de Kakuma a la ciudad capital en 2019, dijeron activistas a PinkNews.  Como muchas otras personas LGTBI, Mweru había huido de Uganda en 2017 para escapar de la creciente hostilidad social y gubernamental contra la comunidad. En marzo de 2019, las autoridades kenianas lo reconocieron finalmente como refugiado. Recientemente su situación se había vuelto cada vez más desesperada por los recortes en las ayudas a los demandantes de asilo y por la política del Gobierno de Kenia de concentrar a los refugiados en campos como el de Kakuma, en el norte del país. Las condiciones de vida de las personas LGTBI en estas instalaciones, donde están de nuevo expuestas a la hostilidad y a la violencia, son especialmente duras.

kakuma-pride-gofundme-imageAneste Mwiru celebrando el orgullo LGBT en el campo de refugiados de Kakuma,

Pero después de luchar para obtener la asistencia financiera vital que necesitaba para mantener a su hijo en febrero, sin hogar y hambriento, comenzó a acampar fuera de las oficinas de la UNCHR en Westlands.

Poco después de ser encontrado muerto en un presunto suicidio, aturdir a la comunidad local y capturar lo que los activistas dicen que es el patetismo de esos ugandeses queer que arriesgan todo para huir de la persecución. Al acercarse a la oficina para pedir comida, los guardias le informaron que la oficina estaba cerrada hasta el martes.

Según los informes, Mbazira Moses, fundador de Refugee Flag Kenya, un grupo de presión de los derechos LGBT +, dijo que los guardias supuestamente “lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Cuando recuperó la conciencia nuevamente, les dijo a los agentes de seguridad que preferiría morir allí donde se le conoce, que no sea en otro lugar”. Los guardias le dijeron a los refugiados homosexuales que murieran “si quería escapar de [sus] problemas“, afirma activistaLos guardias privados le dijeron entonces al joven de 28 años que se suicidara “si quería escapar de los problemas”, afirmó Moses.

Mwiru sufrió abrasiones en sus tobillos y brazos alrededor del momento de su muerte. Su cuerpo fue encontrado alrededor de las 10 a.m. por los transeúntes, muchos de los cuales son un salvavidas para los refugiados que viven en las calles y que dependen de los folletos de los lugareños.

Compañeros migrantes acamparon debajo de una pasarela cercana que se burló de las oficinas de seguridad privadas y armadas que patrullan las oficinas de ACNUR, culpándolos por la muerte de su amigo cuando las autoridades transfirieron el cuerpo de Mwiru.

La biografía de Mwiru era una incesante serie de abuso homofóbico y de devoción a su hijo.

Moisés fue “golpeado y herido” habitualmente durante su estancia en Kakuma, dijo Moses, convirtiéndolo en una de las muchas víctimas de un espectro de violencia lanzado en la comunidad LGBT + vulnerable del campo por ciudadanos locales homofóbicos que “nunca los quisieron allí“.

82982511_123113419199879_4304758073383190528_o-e1586882321891-1Mwiru era, según funcionarios de las Naciones Unidas, un ciudadano ugandés reconocido como refugiado por el gobierno de Kenia. Pero el movimiento del ACNUR para retirar los estipendios mensuales para los refugiados que viven en áreas urbanas sumió su vida en incertidumbre. Tales recortes se hicieron como parte de la política del gobierno, informaron 76 crímenes. “Si quisieran confirmar cuán desesperadas están las personas, que Mwiru sea más que suficiente”.

El socio de Mwiru, Nathan Shimwe del Congo, dijo que estaba sufriendo una depresión después de perder su trabajo a medida que la pandemia de coronavirus comienza a apoderarse del país sin litoral. “Habíamos alertado constantemente al ACNUR sobre los peligros y la desesperación a los que estaban sometidos los antiguos refugiados de Kakuma al retirar la asistencia financiera que se les daba”, dijo Moses. “Fueron traídos de allí y ahora abandonados sin ningún programa de lo que pueden hacer para obtener al menos comida y alojamiento. Las frustraciones entre todos los restantes que no reciben asistencia son tan graves como lo confirma el suicidio de Mwiru. Si quisieran confirmar cuán desesperadas están las personas, que Mwiru sea más que suficiente.

El UNHCR confirmó en un comunicado emitido el lunes que la agencia sigue de cerca las investigaciones policiales del incidente. “Nosotros, en ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, estamos profundamente conmocionados y entristecidos por la trágica muerte y el aparente suicidio de un refugiado hoy en Nairobi. Nuestros pensamientos y condolencias están con su familia y amigos. La declaración continuó: “El ACNUR está preocupado por los crecientes desafíos que enfrentan los refugiados y solicitantes de asilo, así como las comunidades que los acogen, para satisfacer sus necesidades básicas en el difícil contexto actual. ¿Cuántos ugandeses quieres morir antes de empezar a escucharnos?”

Entre las muchas fotografías de Mwiru están las de él sonriendo con amigos. Otros lo muestran sosteniendo a su hijo en alto, con los ojos brillantes de orgullo. Sin embargo, para muchos de los seres queridos de Mwiru, las fotografías de su cuerpo serán la forma en que la gente lo recuerde. Las imágenes gráficas de la muerte de Mwiru rebotaron en las redes sociales el lunes, impulsando la atención pública a las historias personales de refugiados individuales, tan a menudo oscurecidas por el ruido de, a veces, los cáusticos debates sobre la migración en Kenia.

Para Doreen Andrewz, subdirector de la Iniciativa de Trans refugiados, el fallecimiento de Mwiru es un recordatorio conmovedor del peligroso viaje que enfrentan los migrantes para escapar de la grave homofobia de Uganda. “¿Cuántos ugandeses quieres que mueran antes de empezar a escucharnos”, dijo. “Estoy cansado de la muerte, esto no es lo que vinimos a buscar en este país. [Mwiru], perdónanos a todos ”.

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 La policía keniana investigará ahora las circunstancias de la muerte de Mweru. Por su parte, ACNUR ha hecho público un comunicado en el que lamenta lo ocurrido y pide respeto por la dignidad del fallecido y que se detenga la divulgación de las fotos de su cuerpo. El organismo de la ONU asegura que colaborará con las autoridades kenianas para esclarecer el suceso y para asistir al casi medio millón de refugiados que vive en el país.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda y Kenia

Mweru había huido de una situación muy complicada para las personas LGTBI en Uganda. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos. El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.En noviembre, la policía  detenía a 127 personas y acusaba  a 75 después de una redada en un bar gay. Hace apenas unos días, veinte personas LGTBI eran arrestadas en el albergue en el que vivían, acusadas de vulnerar las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de coronavirus. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

Esta hostilidad constante lleva a muchas personas LGTBI a buscar refugio en la vecina Kenia, donde la situación es algo menos opresora, aunque sigue siendo difícil. En mayo del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de ese país decidía mantener la criminalización de las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma, como en Uganda, una marcada homofobia social. La prensa ha contribuido en buena parte a alentarla: en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Fuente Pink News/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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«Mejor vuelve a cogerme los huevos, maricón»: homofobia descarnada en el último tema del rapero alemán Bonez MC

Miércoles, 15 de abril de 2020

800x800bbLa LGTBIfobia sigue campando a sus anchas por algunos sectores del panorama musical internacional, en particular en el reggae, rap y hiphop. Ajeno al debate sobre una mayor inclusión de la diversidad sexual y de género en estos estilos musicales, el rapero alemán Bonez MC hace gala de la homofobia más descarnada en su último sencillo Shotz Fired. «Mejor vuelve a cogerme los huevos, maricón» es la línea que repite el estribillo del tema, que lleva cerca de dos millones de reproducciones en la plataforma YouTube desde su publicación el viernes pasado. Bonez MC es uno de los músicos de más éxito y el que tiene mayores ingresos de Alemania.

Bonez MC es el nombre artístico de Johann Lorenz Moser, nacido en Hamburgo hace 34 años. Comenzó su carrera musical en 2006 en el grupo de hiphop 187 Strassenbande. En 2012 sacó al mercado su primer álbum en solitario, Krampfhaft kriminell. Su siguiente trabajo, en colaboración con el rapero Gzuz, salió a la luz en 2014 con el título High & hungrig. Fue un éxito de público que lo colocó en la novena posición de las listas de discos más vendidos en Alemania. Los álbumes High & hungrig 2 y Palmen aus Plastik lo catapultaron al número uno de ventas en 2016.

El rapero, considerado el músico mejor pagado de Alemania, sacó un nuevo sencillo el pasado viernes, Shotz Fired. El videoclip, grabado en Trinidad y Tobago, suma más de 1,8 millones de reproducciones en YouTube en el momento de escribir esta entrada. La letra, explícita como es habitual en el género, recurre a la homofobia indisimulada, algo que por desgracia sigue sin erradicarse en estos estilos musicales. El estribillo de Shotz Fired reza:

Una en tu pierna, boom, pegué tiros

Saluda a mi pequeño poli hijo de puta de Baviera

Dices que no eres gay (ja), claro que no

Mejor vuelve a cogerme los huevos, maricón

Por el momento, casi nadie ha condenado la homofobia explícita de la canción de Bonez MC. Es muy probable que si un rapero tan conocido hubiera publicado estas letras en Estados Unidos, le habría llovido un mar de críticas. El silencio al odio homófobo de Bonez MC no se corresponde tampoco con los llamamientos por la inclusión que se han producido en el mundo del rap en los últimos años. En dosmanzanas hemos recogido varios ejemplos: el grupo francés de rap Sexion d’Assault se desdijo de sus palabras tras realizar unas declaraciones homófobas, el rapero californiano Murs grabó un vídeo gay-friendly y el australiano 360 condenó firmemente la homofobia en una carta abierta. En el otro lado está el estadounidense 50 Cent, que tras animar a los gais a suicidarse en un tuit, negó ser homófobo.

Fuente Dosmanzanas

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Estados Unidos facilita la donación de sangre a varones gais y bisexuales por la crisis del coronavirus

Viernes, 10 de abril de 2020

donacion_sangreLas nuevas medidas también flexibilizan la donación de hombres bisexuales y personas que se hayan hecho un tatuaje o un piercing de manera reciente.

La crisis del coronavirus ha provocado una fuerte bajada de las reservas de sangre en todo Estados Unidos. Al no poder realizarse donaciones masivas en centros de trabajo, de estudio y otras ubicaciones, se estima que su número ha bajado en las últimas semanas ha bajado en cerca de 86.000. Este hecho, denunciado por Cruz Roja y otras organizaciones no gubernamentales -principales abastecedoras de los bancos de sangre estadounidenses-, ha provocado un cambio de criterio en la administración federal.

El criterio anterior era el de vetar todas las donaciones de personas homosexuales o bisexuales que hubieran mantenido relaciones sexuales en un periodo previo de un año, algo que suponía una evidente estrategia para disuadir a estos donantes y, por lo tanto, una discriminación a la comunidad homosexual y bisexual estadounidense.

Con la nueva situación de emergencia, el organismo responsable, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), ha establecido que el periodo de abstinencia tras el cual los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres puedan donar sangre se reduzca a tres meses. Un periodo que también se aplica, entre otras, a las personas que se hayan tatuado o perforado para ponerse un piercing y a personas que hayan viajado a países en los que la malaria tenga una fuerte presencia.

«Queremos y necesitamos que la gente sana -toda la gente sana- done sangre», ha argumentado Jerome Adams, cirujano general de los Estados Unidos (el más alto cargo público en materia de Salud Pública en ese país), que anunció la medida en una rueda de prensa. Habrá que ver si la medida es temporal, mientras dura la crisis del coronavirus, o se mantiene en el futuro. Teniendo en cuenta, además, que sigue persistiendo su carácter discriminatorio, al poner el foco sobre la orientación sexual y no sobre las prácticas de riesgo.

El fin de las restricciones a la donación de sangre por parte de los hombres gais y bisexuales, históricamente motivadas por el miedo a la transmisión del VIH, es algo que llevan años defendiendo diversos colectivos en favor de los derechos de las personas LGTBI en Estados Unidos. En España, por ejemplo, la ley establece la exclusión de la donación de sangre en función de la existencia previa de conductas de riesgo, con independencia de la orientación sexual. Tras el cese de la conducta de riesgo la ley marca que se excluya la donación «durante un periodo determinado por la enfermedad en cuestión y por la disponibilidad de pruebas apropiadas en cada caso». Hay que tener en cuenta, en este sentido, que la sangre donada es sometida a test de VIH, entre otros agentes infecciosos. Y aunque existe la posibilidad de que una infección recién transmitida no sea detectada debido a la existencia de un ‘periodo ventana’ entre el momento preciso de la transmisión y el momento en que las pruebas dan positivo, en el caso del VIH la introducción de pruebas más sensibles hace tiempo que lo han reducido muy por debajo de los tres meses.

Fuente Dosmanzanas

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La policía ugandesa arresta a veinte personas en una redada en un albergue para jóvenes LGTBI sin hogar

Miércoles, 8 de abril de 2020

uganda-1758988_960_720Represión contra la comunidad LGTBI en Uganda. La policía de este país africano ha arrestado a 23 personas en una redada en un albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en las afueras de Kampala, agrediendo al menos a dos de ellas. Tres de los detenidos fueron puestos en libertad, mientras que los otros veinte permanecen en prisión provisional a la espera de juicio. Están acusados de vulnerar las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de coronavirus, pero las autoridades tampoco descartan imputarles delitos de actos homosexuales, que están castigados con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Los activistas denuncian que la policía está aprovechando el miedo generado por la COVID-19 para recrudecer la persecución de la comunidad LGTBI.

Los hechos se producían en la mañana del pasado 29 de marzo. La policía hacía una redada en el albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en Kyengera, a las afueras de la capital Kampala. 23 personas fueron detenidas y, según denuncia el Foro por la Concienciación y la Promoción de los Derechos Humanos (HRAPF), al menos dos de ellas fueron agredidas. Tras dejar en libertad a tres de los arrestados, los restantes veinte fueron puestos a disposición judicial y enviados a prisión provisional, acusados de desobediencia y de transmisión negligente de enfermedades. Las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de COVID-19 prohíben las reuniones de más de cinco personas.

Las autoridades no descartan ampliar los cargos a la comisión de actos homosexuales, que en Uganda están castigados con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Los activistas están convencidos de que la LGTBIfobia es la verdadera motivación de la operación, que se escuda en el miedo que provoca el coronavirus para intensificar la persecución de la comunidad LGTBI y usarla una vez más como cabeza de turco.

El director de Sexual Minorities Uganda, Frank Mugisha, explica que la policía acudió al albergue tras las denuncias motivadas por la LGTBIfobia de los vecinos y lamenta que la estancia en una prisión atestada, lejos de impedir la transmisión, aumenta el riesgo de contraer COVID-19 u otras enfermedades. Los detenidos están especialmente indefensos, porque las limitaciones impuestas al transporte les impiden ejercer su derecho a la asistencia de un abogado. La vista está fijada para el próximo 29 de abril.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda

La homosexualidad ya es ilegal en Uganda. La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo. Y en noviembre, la policía detenía a 127 personas y acusaba a 75 después de una redada en un bar gay.

En 2017 el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

En octubre de 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, la semana pasada, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto del año pasado, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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