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La Corte Suprema de Corea del Sur anula las condenas de los soldados por homosexualidad

Miércoles, 27 de abril de 2022

163CA42D-5D01-4738-AB1D-9B43D6E896D3Castigarlos fue una violación del derecho constitucional a la igualdad y la dignidad humana, así como su derecho a buscar la felicidad”, dictaminó el tribunal.

Espaldarazo de la justicia surcoreana a la igualdad LGTBI. El Tribunal Supremo del país asiático ha anulado la condena a dos soldados varones por mantener relaciones sexuales entre ellos. Las relaciones entre personas del mismo sexo en el seno del ejército están penadas con hasta dos años de cárcel según el código penal militar, y en 2017 se desató una caza de brujas contra soldados sospechosos de ser gais. El alto tribunal considera ahora que la sentencia vulneró el derecho de los acusados a la autonomía sexual, a la igualdad de trato y no discriminación y a la búsqueda de la felicidad, puesto que los hechos se produjeron fuera del servicio y de las instalaciones militares.

La Corte Suprema de Corea del Sur anuló las condenas de dos soldados que habían sido acusados de tener relaciones sexuales consentidas mientras estaban fuera de su base. El fallo histórico, que se emitió el 21 de abril, declaró que la prohibición de actividades homosexuales del país, de décadas de antigüedad, no debería aplicarse al sexo gay fuera de un entorno militar.

La Ley Penal Militar establece que quienes participen en “relaciones sexuales anales u otros actos indecentes” deben enfrentarse a hasta dos años de prisión, medida que anteriormente se utilizaba para castigar al personal militar que practicaba sexo homosexual consentido.

En abril de 2017, el Centro de Derechos Humanos Militares de Corea (MHRCK) publicó un detallado informe en el que denunciaba una persecución organizada contra soldados sospechosos de ser gais. El organismo apuntaba directamente al jefe del Estado Mayor del ejército surcoreano, al que acusó de utilizar métodos que vulneran los derechos humanos para extraer confesiones e incluso ofrecerles a los acusados la posibilidad de «corregir» su orientación sexual. Las relaciones homosexuales entre miembros de las fuerzas armadas del país, ya sean soldados o reclutas, están penadas con hasta dos años de cárcel.

El mando militar presentó cargos contra 32 soldados. Dos de ellos fueron condenados a tres y cuatro meses de prisión y presentaron recurso contra la sentencia. Se descubrió que dos acusados, un primer teniente y un sargento mayor de diferentes unidades, habían tenido relaciones sexuales en una casa privada en 2016 en un momento en que no estaban trabajando. El teniente fue sentenciado a cuatro meses tras las rejas y el sargento a tres, aunque estas sentencias fueron suspendidas cuando los hombres apelaron la decisión.

El Tribunal Supremo les ha dado ahora la razón y considera que la condena vulnera su derecho a la libertad sexual, así como a la igualdad y la búsqueda de la felicidad. Subraya además que los hechos tuvieron lugar en privado, con consentimiento y fuera del horario de servicio. La Corte Suprema ahora ha anulado los cargos de los hombres de violar el código militar. Castigarlos fue una violación de “su autonomía sexual” y “el derecho garantizado constitucionalmente a la igualdad y la dignidad humana, así como su derecho a buscar la felicidad”, dictaminó el tribunal.

“Las ideas específicas de lo que constituye una indecencia han cambiado de acuerdo con los cambios en el tiempo y la sociedad”, dijo el presidente del Tribunal Supremo, Kim Myeong-su, durante la decisión, según Associated Press. “La opinión de que la actividad sexual entre personas del mismo sexo es una fuente de humillación sexual y repugnancia para las personas comunes y objetivas y va en contra del sentido moral decente difícilmente puede aceptarse como un estándar moral universal y adecuado para nuestros tiempos”.

El caso ahora ha sido enviado de vuelta a un tribunal militar inferior para su revisión. “Esta decisión pionera es un triunfo importante en la lucha contra la discriminación que enfrentan las personas L.G.B.T.I. personas en Corea del Sur”, dijo a The New York Times Boram Jang, investigador de Asia Oriental de Amnistía Internacional. “La criminalización de los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo en el ejército de Corea del Sur ha sido durante mucho tiempo una violación impactante de los derechos humanos, pero el fallo de hoy debería allanar el camino para que el personal militar viva libremente sus vidas sin la amenaza de enjuiciamiento”.

La ley en cuestión ha sido ampliamente condenada por activistas LGBTQ+ que han dicho que apunta injustamente a los soldados homosexuales. Por ello, activistas pro derechos humanos han saludado la sentencia e instan al Gobierno a reformar la legislación para eliminar la penalización de las relaciones homosexuales.

El código penal militar surcoreano no distingue actualmente entre relaciones consentidas o no y califica todo el sexo entre hombres como una «violación recíproca». Un tribunal militar decretó en 2010 la ilegalidad de esta norma por juzgarla contraria a las libertades individuales de los miembros de las fuerzas armadas. Esta decisión fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que revirtió el fallo del tribunal militar y juzgó que el veto a los soldados homosexuales no es discriminatorio. Corea del Sur es, junto con Turquía, uno de los pocos países de la OCDE que no les permite servir abiertamente.

La situación de la comunidad LGTBI en el país asiático es manifiestamente mejorable, y algunos de los problemas más graves se dan precisamente en el ámbito de las fuerzas armadas. Además de la persecución a los soldados gais, los hombres trans son considerados no aptos para servir y las mujeres trans están obligadas a servir como hombres a no ser que se sometan a una cirugía de reasignación u obtengan un diagnóstico de «trastorno de la identidad de género».

En marzo del año pasado se encontró el cuerpo sin vida de la exsoldada Byun Hee-soo, expulsada del ejército tras someterse a una operación de reasignación en Tailandia. Byun se había alistado en el Ejército surcoreano bajo identidad masculina y, tras la intervención, solicitó continuar sirviendo como mujer. Las autoridades, sin embargo, se lo denegaron y calificaron la pérdida de los genitales masculinos como una «discapacidad física». Varios meses después de su muerte, un tribunal decretó que la expulsión no se había ajustado a la ley.

Fuente Gay Times/Dosmanzanas

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Pese a su victoria en las elecciones generales, Orbán fracasa en su intento de demostrar vía referéndum el apoyo popular para sus medidas anti-LGTBI

Viernes, 8 de abril de 2022

13968854263210El ultraconservador Viktor Orbán ha vuelto a imponerse en las elecciones parlamentarias que han tenido lugar este domingo en Hungría. Sin duda, una mala noticia para los ciudadanos LGTBI de ese país. Sin embargo, la jornada electoral nos deja una noticia prometedora: el referéndum homófobo y tránsfobo que Orbán había convocado con objeto de conseguir el refrendo público de sus medidas contra la población LGTBI y sacar pecho ante la Comisión Europea ha fracasado, al no haber obtenido el número mínimo de votos válidos.

Coincidiendo con las elecciones generales, el Gobierno de Orbán había promovido un referéndum para validar la legislación anti-LGTBI aprobada el año pasado por el Parlamento de Hungría. La ley, que prohíbe la difusión de contenidos positivos sobre diversidad afectivo-sexual y de género a menores, ha llevado a la Comisión Europea a emprender un procedimiento de infracción contra Hungría que todavía se encuentra en curso.

El referéndum se articulaba en torno a cuatro preguntas: «¿Apoya la enseñanza de la orientación sexual a menores de edad en las instituciones de educación pública sin el consentimiento de los padres?», «¿Apoya la promoción de las terapias de reasignación de sexo para niños menores de edad?», «¿Apoya la exposición de los niños menores de edad a contenidos sexualmente explícitos que puedan afectar su desarrollo?» y «¿Apoya que se difunda en medios contenido sobre cambio de sexo a menores?». Al margen de lo tramposo de las preguntas, su objeto no era otro que el de sacar músculo ante la Comisión Europea y vender que las recientes leyes anti-LGTBI cuentan con el respaldo masivo de la población húngara.

La convocatoria del referéndum había sido criticada por organizaciones de defensa de los derechos LGTBI, que sin embargo se mostraban esperanzadas por algunos datos que muestran que la retórica anti-LGTBI de Orbán no cuenta con el respaldo mayoritario de la población húngara. Desde ILGA-Europa, por ejemplo, se recordaba el pasado viernes el récord de asistentes al Orgullo de Budapest en julio pasado, cuando unas 35.000 personas marcharon por las calles de la capital húngara en favor de los derechos LGTBI. También recordaba que según una encuesta representativa encargada por Amnistía Internacional y la Sociedad Háttér y realizada por la agencia Medián entre el 13 y el 19 de julio de 2021, el 73% de los húngaros rechaza la idea, promovida por el Gobierno de Orbán, de que las personas LGTBI abusan o dañan a los niños. Una clara mayoría (74,5%) creía además que las personas transgénero deberían modificar su género y nombre en los documentos oficiales, mientras que el 59% apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo.

De hecho, las organizaciones LGTBI húngaras se mostraban esperanzadas de que el referéndum fracasaría, al no ser capaz de alcanzar el mínimo del 50% de votos emitidos válidos. Para conseguir ese objetivo, llamaban no a votar no o a abstenerse, sino a invalidar su papeleta de voto en el referéndum. Así ha sido: para conseguir que el referéndum fuese válido, debían alcanzarse en torno a los 4,1 millones de votos válidos (el censo electoral asciende a algo más de 8,2 millones de personas). Sin embargo, al 96% del escrutinio, el número de votos válidos se encontraba en torno a los 3,4 millones, muy lejos del umbral necesario. 2,7 millones habían votado «no» a las 4 preguntas, mientras que el número de votos inválidos superaba el millón y medio.

Cabe precisar que el fracaso del referéndum no impide que la ley siga en vigor, pero sí que supone un cierto varapalo para la estrategia anti-LGTBI de Orbán y para su enfrentamiento, en esta materia, con la Comisión Europea.

Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado

El Gobierno de Viktor Orbán comenzó una nueva escalada legislativa contra la comunidad LGTBI húngara aprovechando la pandemia del coronavirus. En marzo de 2020, tras asumir Orbán poderes extraordinarios, su número dos, Zsolt Semjén, presentaba un proyecto de ley que entre otras medidas incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrase en vigor la norma que durante ese tiempo sí que permitió a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a someterse a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. Finalmente, el 19 de mayo de 2020 la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba.

Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, promovió una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento», prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo e impone que la educación en las escuelas húngaras se inspire en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». Además, la negación de la homoparentalidad recogida en la ley fundamental se completó con la aprobación de otra ley que limita la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta entonces se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgaría ya en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.

Posteriormente, en junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó la ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores, y que era el que ahora Orbán pretendía refrendar públicamente. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluyó en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, corroborando su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos, mientras que la educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, cerrando definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio pasado, que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.

Fuente Dosmanzanas

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La LGTBIfobia motivó el 32% de las denuncias por discriminación en Barcelona en 2021

Martes, 22 de marzo de 2022

stop-lgbtfobia-en-la-iglesiaMás que preocupante tendencia la que muestran los datos de la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, hechos públicos hace pocos días. Los episodios de discriminación por LGTBIfobia constituyeron el 32% del total de situaciones de discriminación durante el pasado año 2021 en la capital catalana. En 2018, esas mismas situaciones supusieron el 16% del total.

El número total de situaciones de discriminación recogidas por la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona durante 2021 aumentó un 11% respecto al año anterior. En total, este organismo abrió 244 expedientes. El porcentaje más elevado correspondió, como en años anteriores, a episodios de racismo y xenofobia (34%), si bien este porcentaje se encuentra en tendencia descendente. Por detrás se situaron los episodios por LGTBIfobia (32%, en tendencia ascendente). A más distancia se encuentran otros motivos de discriminación, como la discapacidad (9%), la salud (7%), el género (6%) o la posición socioeconómica (5%).

En concreto, de las 78 situaciones de discriminación por LGTBIfobia detectadas, 50 fueron por homofobia, 25 por transfobia y 3 por lesbofobia. Más de la mitad de los casos correspondieron a insultos o tratos humillantes y vejatorios. Las agresiones físicas se elevaron hasta el 17%.

La LGTBIfobia en Cataluña, disparada

La tendencia de Barcelona se corresponde, de hecho, con la que globalmente muestran los datos de Cataluña en tiempos recientes. A principios de 2021, el Observatori contra l’Homofòbia informaba de 189 incidencias por LGTBIfobia en Cataluña a lo largo del año 2020, una cifra que suponía un aumento del 25% respecto al año anterior. Y según datos recientes de los Mossos d’Esquadra, el número de denuncias por LGTBIfobia ascendió en 2021 a 215, más del triple que en 2016 (cuando se registraron 62 denuncias). La cifra supuso el 44% del total de denuncias por odio y discriminación registradas por la policía autónoma catalana el pasado año. La mayoría de denuncias fueron por homofobia (134), pero también las hubo por transfobia (42), lesbofobia (24) y contra el colectivo LGTBI en general (16).

En lo que va de año 2022, según la contabilidad que hace el Observatori contra l’Homofòbia en su página web, se tiene ya constancia de al menos 48 incidentes.

Entre ellos, la grave agresión tránsfoba ocurrida el pasado miércoles 9 de marzo en l’Hospitalet de Llobregat, donde un grupo de hombres se abalanzaron sobre una chica trans a la que golpearon salvajemente. Afortunadamente la intervención de los vecinos impidió que la agresión tuviera consecuencias fatales. Hay, de momento, un detenido:

La agresión mereció la condena de la alcaldesa de l’Hospitalet, Núria Marín, entre otras personalidades. Precisamente el pasado jueves tuvo lugar un concentración de rechazo a la transfobia en la plaza del Ayuntamiento de dicha ciudad:

Fuente Dosmanzanas

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El Congreso de Guatemala aprobó una ley que condena la diversidad sexual y eleva la pena por aborto

Lunes, 14 de marzo de 2022

17DBF3DD-021A-4305-A80E-B99CF4B0D942El 8 de marzo se aprobó la ley 5272 que prohíbe el matrimonio del mismo sexo, pone en peligro a las diversidades sexuales y eleva la pena a las mujeres que aborten.

 CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala. La propuesta de la Ley 5272 para la protección de la vida y la familia fue aprobada el 8 de marzo durante el Día Internacional de la conmemoración de la lucha de las mujeres en el Congreso de la República y pasó a ser el decreto 18-2022.

Esta ley pone en peligro los derechos fundamentales de las personas de la diversidad sexual y criminaliza a las mujeres que tengan un aborto espontáneo, entre otras.

La propuesta fue aprobada con 101 votos a favor, con ocho votos en contra y la ausencia de 43 diputados durante la sesión ordinaria. Entre las y los diputados a favor están: el partido oficialista Vamos, Visión con Valores, entre otros.

Capital pro vida

Un día después de que el Congreso aprobara el decreto 18-2022, el gobierno declaró a Guatemala “Capital pro vida de Iberoamérica” y celebró el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia.

Organizaciones de sociedad civil y abogadxs independientes ya han empezado a presentar objeciones debido a los “grandes errores” que contiene la ley. Presentes conversó con la abogada Stephany Rodríguez quien participó en la elaboración de un primer borrador de la política pública LGBTI en el 2017, y que terminó siendo un intento fallido.

La profesional del derecho dijo que el decreto 18-2022 es anti jurídica, inconstitucional porque viola una serie de derechos establecidos no sólo en la Constitución Política de la República sino también en tratados y convenios internacionales que Guatemala ha ratificado de “buena fe” entre ellos el derecho a la no discriminación, a la familia, a la no criminalización de las mujeres y a la laicidad del Estado y las relaciones internacionales.

“Es una ley que pretende minimizar los derechos de las mujeres, anula a las familias y a la comunidad LGBTIQ con discursos de odio”, afirmó.

Ley anti jurídica y anti inconstitucional

Analizamos algunos aspectos respecto al decreto 18-2022. En primer lugar, define la diversidad sexual como: “Conjunto de pensamientos, tendencias y prácticas por las que determinados grupos de la sociedad adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.

-Prohíbe la educación integral en sexualidad

El artículo 15 menciona que los padres y tutores tienen la libertad de escoger el tipo de educación para sus hijos. Pero se contradice cuando prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencia, políticas y programas relativos a la diversidad sexual. “O enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.

-Prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y la unión de hecho

El artículo 16 hace una reforma al código civil prohibiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. En tanto el artículo 17 reforma el artículo 173 del código civil prohibiendo la unión de hecho entre personas del mismo sexo.

-Institucionaliza el rechazo a la diversidad sexual

El artículo 18 habla de la “libertad de conciencia y expresión”. Sin embargo, en su extensión aclara que ninguna persona está obligada “a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales.”

De ese modo, declara anormales a las personas no heterosexuales y de identidad de género no cisgénero, haciendo implícita la incitación al odio y la violencia hacia la diversidad sexual no solo en aspectos físico sino también en dignidad y negación de derechos fundamentales como la salud, el trabajo y la educación.

Criminalización de las personas que aborten

La ley contiene una serie de artículos que criminalizan directamente a las mujeres que interrumpan su embarazo por cualquier motivo.

-Aborto voluntario:

El artículo 5 endurece las penas de cárcel para las mujeres que se causen un aborto procurado o consienta a otra persona de hacerlo con condenas de 5 a 10 años. Mientras el artículo 6 sanciona con 6 a 12 años a quien causare un aborto con consentimiento de la mujer y condenas de 10 a 15 años sin su consentimiento.

Aborto terapéutico:

El artículo 8 expone sobre el aborto terapéutico. Es decir, el que se deba hacer para salvar la vida de la mujer. Sólo será posible con el visto bueno de dos médicos obstetras con colegiados activos y por un médico general si la situación se da en áreas rurales.

-Aborto culposo:

El artículo 10 expone tentativa y aborto culposo cuando la mujer que intenciona su propio aborto y no lo logra tendrá una condena de dos a cuatro años de cárcel.

Personal sanitario atado de manos

La ley también impacta sobre los médicos y todo personal sanitario público privado que cause o coopere con un aborto. Será castigado con penas de entre 12 a 50 años de cárcel, según lo indica el artículo 11 de dicha normativa.

La promoción del aborto será delito

También se ocupa de acompañantes para la interrupción del embarazo. Según dice la ley, serán penados quienes de forma pública o privada, directa o indirectamente, por sí mismo o a través de otras personas, promueva o facilite los medios para realizar un aborto:

En ese caso, será condenado a prisión de 6 a 10 años y multa de Q50 mil a Q100 mil quetzales.

Las sanciones aumentarán en una tercera parte si los involucrados son funcionarios o empleados públicos o profesionales de las ciencias médicas.

El Procurador de Derechos Humanos, Jordan Rodas anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la aprobación de la iniciativa 5272 aprobada por el Congreso:

Protestas y manifestaciones

Organizaciones de sociedad civil y grupos de estudiantes se suman a las objeciones que se llevan a cabo a las afueras del Congreso de la República, y convocaron a movilizaciones desde el jueves 10 de marzo que se extenderán durante el fin de semana.

https://twitter.com/oleadafeminisgt/status/1501674146870272007?s=21

Fuente Agencia Presentes

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Texas retira la prevención frente al suicidio para personas LGTB+

Lunes, 7 de marzo de 2022

greg-abbott-agga_columnsLas webs estatales ya no disponen de este servicio

Texas retira de los sitios web estatales los recursos de prevención del suicidio de personas LGBT+ que pueden salvar vidas

El departamento de salud y servicios humanos de Texas ha eliminado de su sitio web los recursos de prevención del suicidio para los jóvenes LGBT+.

NBC News informó de que el 1 de febrero, la página de prevención del suicidio del departamento enumeraba cuatro organizaciones “para personas con riesgo de suicidio”: The Suicide Prevention Lifeline, The Veterans Crisis Line, Crisis Text Line y The Trevor Project, una organización benéfica de prevención del suicidio e intervención en crisis para jóvenes LGBT+.

Pero el 5 de febrero, el Proyecto Trevor había desaparecido. Fue el único recurso que se eliminó de la página.

La organización benéfica sigue figurando como recurso en un PDF descargable sobre la prevención del suicidio juvenil, pero es mucho menos accesible, y no está marcada como organización específica de LGBT.

Sam Ames, director de defensa y asuntos gubernamentales de The Trevor Project, declaró a NBC News que eliminar recursos “porque son específicos para los jóvenes LGBTQ no sólo es ofensivo y erróneo, sino peligroso”.

Ames continuó: “Estamos hablando de un grupo de jóvenes que tienen más de cuatro veces más probabilidades de intentar suicidarse en comparación con sus compañeros.

“Especialmente durante esta época de ataques políticos sin precedentes contra los jóvenes LGBTQ, animamos a todas las organizaciones que atienden a los jóvenes y a los organismos gubernamentales a que conozcan mejor los servicios de crisis de The Trevor Project que salvan vidas y a que los den a conocer a los jóvenes y a las familias que más apoyo necesitan.”

En el último año, los ataques de Texas a la gente LGBT+, en particular a los niños trans, se han acelerado de forma alarmante, desde el cierre de la única clínica pública de género para jóvenes trans en el estado, hasta la prohibición de libros inclusivos LGBT en las bibliotecas, pasando por los implacables proyectos de ley dirigidos a los jóvenes trans.

La semana pasada, el gobernador de Texas, Greg Abbott, que ya ha supervisado la prohibición de que los niños trans practiquen deportes, arremetió contra la asistencia sanitaria de afirmación de género, comparándola con el “abuso infantil”.

Días después de que el fiscal general del estado, Ken Paxton, calificara de “abuso infantil” los bloqueadores de la pubertad que salvan vidas y comparara la cirugía de afirmación del género con la mutilación genital femenina, Abbott envió una carta al Departamento de Servicios de Protección y Familia de Texas en la que afirmaba que bloquear la asistencia sanitaria a los niños trans sería lo mismo que “proteger a los niños del abuso”.

Abbott dio instrucciones al departamento para que “lleve a cabo investigaciones rápidas y exhaustivas de cualquier caso denunciado de niños de Texas sometidos a procedimientos abusivos de transición de género”.

Chase Strangio, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, escribió en Twitter: “Esto es una absoluta pesadilla… Lo que [Paxton y Abbott] están haciendo es aterrador.

“Están asustando a los niños, a sus familias y a sus médicos haciéndoles creer que serán investigados si afirman a sus niños y pacientes trans.

“Esto causará estrés y ansiedad graves, podría limitar la atención médica, desanimará a los padres a querer y apoyar a sus hijos y podría llevar a investigaciones ilegales en las familias”.

En declaraciones a NPR, Emmett Schelling, director ejecutivo de la Red de Educación Transgénero de Texas, añadió: “Los dirigentes del estado han dicho: ‘Preferimos ver niños muertos… en lugar de niños trans felices, amados, apoyados y prósperos que están vivos y bien”.

Fuente Pink News

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Espaldarazo de la justicia europea al reconocimiento de las familias homoparentales por encima de las leyes nacionales

Sábado, 18 de diciembre de 2021

justice-europeEl Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) ha dictado una sentencia en la que establece que los países de la Unión están obligados a reconocer los documentos de filiación expedidos en otros países miembros aunque contravengan su legislación nacional. Según el TJUE, el hecho de que las leyes de un país no contemplen el matrimonio entre personas del mismo sexo o la filiación homoparental no debe ser motivo para que no se reconozcan los certificados de nacimiento expedidos en países donde ambas figuras son legales. No reconocerlos e impedir u obstaculizar que un menor obtenga los documentos de identidad necesarios vulneraría el derecho a la libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión. Se trata, pues, de un espaldarazo de la justicia europea al reconocimiento de las familias homoparentales por encima de las legislaciones nacionales.

El caso se refiere a la demanda interpuesta en Bulgaria por VMA, nacional de aquel país, que en 2018 se casó en Gibraltar con KDK, natural de la dependencia británica. En diciembre de 2019, el matrimonio tuvo una hija (SDKA) en Barcelona, donde actualmente residen. El registro civil español otorgó un certificado de nacimiento en el que constan las nacionalidades búlgara y británica de las madres. A pesar de haber nacido en España, la menor no tiene derecho a la nacionalidad española porque ninguna de sus progenitoras la ostenta. La cónyuge gibraltareña tampoco puede transmitirle su ciudadanía británica si la menor ha nacido en un tercer país, por lo que la única opción para la menor era adquirir la nacionalidad búlgara de su otra madre.

Iniciado el trámite, uno de los requisitos para obtener un documento de identidad búlgaro era la presentación de un certificado de nacimiento expedido por las autoridades de aquel país. VМА solicitó entonces al municipio de Sofía que le expidiera uno para SDKA. Para ello, junto a la solicitud presentó una traducción al búlgaro, jurada y legalizada, del asiento del Registro Civil español relativo al certificado de nacimiento de SDKA. El municipio de Sofía requirió a VМА que aportase pruebas relativas a la identidad de la madre biológica de la niña, argumentando que el modelo de certificado de nacimiento en vigor en Bulgaria prevé una única casilla para la «madre» y otra casilla para el «padre», y tan solo puede inscribirse un nombre en cada una de ellas.

VМА consideró que no estaba obligada a facilitar esa información, por lo que el municipio de Sofía denegó la expedición del certificado de nacimiento, basándose en la falta de información acerca de la identidad de la madre biológica de la niña. También resolvía que la mención en el certificado de nacimiento de dos mujeres contravenía la legislación de Bulgaria, que no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Tras la denegación, la menor quedaba en situación de apátrida, sin posibilidad de desplazarse por los países de la Unión Europea, lo que suponía no poder visitar a su familia en Bulgaria. VMA decidió interponer recurso ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía. Puesto que afectaba a los derechos de los ciudadanos comunitarios, el tribunal búlgaro decidió iniciar un procedimiento prejudicial solicitando un dictamen al TJUE. Se preguntaba si la negativa de inscripción del nacimiento de la menor de nacionalidad búlgara no vulneraba su derecho a la libre circulación y al pleno disfrute de sus derechos como ciudadano de la Unión.

En abril de este año, la abogada general del TJUE Juliane Kokott emitió un informe favorable a la familia y al derecho de la menor a la nacionalidad búlgara. La opinión de Kokott reconocía la potestad de las autoridades búlgaras de rechazar la inscripción de las dos mujeres como madres de la niña en la partida de nacimiento, pero afirmaba que la menor tenía derecho a recibir un documento de identidad en el que se reflejase la parentalidad de ambas para que la menor pudiera viajar con cualquiera de ellas por separado.

Finalmente, este 14 de diciembre la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia, en la que interpreta las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en lo que afecta a este caso en cuestión. Para el TJUE, «en el caso de un menor ciudadano de la Unión cuyo certificado de nacimiento expedido por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida designa como progenitores a dos personas del mismo sexo, el Estado miembro del que el menor es nacional está obligado, por una parte, a expedirle un documento de identidad o un pasaporte sin exigir la expedición previa de un certificado de nacimiento por sus autoridades nacionales y, por otra parte, a reconocer, al igual que cualquier otro Estado miembro, el documento procedente del Estado miembro de acogida que permita al menor ejercer con cada una de esas dos personas su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros».

Así, Bulgaria debe expedir un pasaporte o documento de identidad a SDKA en el que conste su nacionalidad y que es hija de VMA y KDK, de manera que pueda circular libremente por la Unión Europea acompañada de cualquiera de sus progenitoras. Según el TJUE, «es contrario a los derechos fundamentales garantizados por los artículos 7 y 24 de la Carta privar al menor de la relación con uno de sus progenitores al ejercer su derecho de libre circulación o imposibilitarle el ejercicio de ese derecho o hacérselo excesivamente difícil en la práctica debido a que sus progenitores sean del mismo sexo».

Sin embargo, la sentencia también aclara que el reconocimiento de la filiación de SDKA, con el objetivo de preservar sus derechos como ciudadana de la Unión, no implica que Bulgaria esté obligada a contemplar en su Derecho nacional la parentalidad de personas del mismo sexo ni su matrimonio, al ser competencia exclusiva de los Estados miembros de la Unión. Pero sí debe reconocerlos en lo que respecta a los derechos fundamentales comunitarios.

La repercusión de esta sentencia es comparable a la del fallo de 2018 que estableció que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado. Una sentencia, por cierto, que la justicia búlgara trasladó al caso de un matrimonio entre dos mujeres. El reconocimiento de la homoparentalidad a nivel trasnacional también fue un punto clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen de hace unos meses. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», declaró von der Leyen.

Fuente Dosmanzanas

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La Corte de Apelaciones de Bostsuana mantiene la despenalización de las relaciones homosexuales

Sábado, 11 de diciembre de 2021

sweet-closure-botswana-agrees-to-recognise-trans-manMagnífica noticia: la justicia de Botsuana ha decidido mantener la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo. Lo ha hecho, además, con el acuerdo unánime de los cinco jueces que componían la sala de apelaciones ante la que el fiscal general de Botsuana había recurrido la decisión.

El Alto Tribunal de Botsuana ya despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo en 2019, al anular la legislación heredada de la época colonial británica que las castigaba con hasta siete años de cárcel. El Gobierno de Bostsuana, sin embargo, recurrió el fallo a través de su fiscal general. Hace pocas semanas la Corte de Apelaciones se puso manos a la obra y, tras escuchar a las partes, abrió la discusión del recurso.

El resultado no ha podido ser más favorable: se mantiene la despenalización de las relaciones homosexuales consentidas, por decisión unánime de los cinco jueces que componía la sala. Todos ellos avalan los argumentos del Alto Tribunal, al coincidir en que su criminalización violaba la Constitución de Botsuana, y en concreto atentaba contra los derechos constitucionales de las personas LGTBI a la privacidad, a la libertad, a la seguridad y el trato igualitario ante la ley y a la no discriminación:

Una decisión que ha sido recibida con alborozo por parte del activismo local. «Hoy es un día trascendental en nuestra historia», ha reconocido Thato Moruti, presidente del Grupo de Defensa de los Derechos Humanos de Lesbianas, Gais y Bisexuales de Botsuana (LEGABIBO), que considera que nos encontramos ante «un nuevo amanecer para una mejor educación y conciencia sobre los problemas de las personas LGBTIQ». Moruti se ha mostrado confiado en que la decisión abrirá un nuevo periodo de mayor colaboración con el Gobierno para hacer de Botsuana «una nación más inclusiva y diversa».

Tímidos avances hacia una África más inclusiva con sus ciudadanos LGTBI

Botsuana es de los pocos países africanos que ha despenalizado en años recientes las relaciones entre personas del mismo sexo, junto a Angola, GabónMozambique y Seychelles. Namibia también está dando pasos en ese sentido.

Aun así, buena parte del continente mantiene leyes que las criminalizan, en muchos casos mediante disposiciones heredadas de la época colonial. Un caso especial es el de Sudáfrica, donde a pesar de la LGTBIfobia social el marco jurídico es favorable a los derechos LGTBI, con una Constitución que prohíbe expresamente la discriminación por orientación sexual y donde el matrimonio igualitario es legal desde 2006.

Fuente Dosmanzanas

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La Cámara de los Comunes de Canadá aprueba por unanimidad la prohibición de las pseudoterapias de conversión

Martes, 7 de diciembre de 2021

canada-rainbow-flagBuenas noticias desde Canadá: la Cámara de los Comunes ha aprobado por unanimidad un proyecto de ley para prohibir la práctica de las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión, que pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género de sus pretendidos pacientes. Se trata de una iniciativa que el Gobierno liberal de Justin Trudeau ya promovió en la anterior legislatura. Se espera que el Senado ratifique el texto aprobado por la cámara baja, con lo que Canadá se uniría al reducido grupo de países que han vetado estos infames procedimientos.

La campaña contra las «terapias» de conversión en Canadá comenzó en septiembre de 2018. Se recogieron más de 18.000 firmas por su prohibición, pero en marzo de 2019 el Gobierno federal rechazó legislar sobre el asunto, alegando que se trata de una competencia de los territorios y las provincias. Las de Manitoba, Ontario y Nueva Escocia, así como la ciudad de Vancouver, ya habían aprobado normas para penalizar estas peligrosas prácticas. A ellos se unirían posteriormente Prince Edward Island, Quebec, Yukon y las ciudades de Edmonton y Calgary. A pesar del varapalo inicial que supuso la negativa del Gobierno de Justin Trudeau, los activistas siguieron presionando por una prohibición a nivel nacional.

En abril de 2019, un senador liberal (el partido de Trudeau) presentó una proposición de ley para vetar las «terapias» reparativas. La iniciativa de Serge Joyal no llegó a aprobarse antes de que acabara esa legislatura en otoño de ese mismo año. Mientras tanto, el colegio de abogados hizo un llamamiento al Gobierno para que analizara sus competencias para prohibir las pseudoterapias o, al menos, eliminar los beneficios fiscales de los que disfrutan los grupos que las llevan a cabo. La administración de Trudeau reaccionó enviando una carta a todas las provincias y territorios para pedirles que vetaran estas prácticas.

Durante la campaña electoral para las elecciones de octubre de 2019, los liberales del primer ministro prometieron finalmente hacerse cargo del asunto. El partido de Trudeau se mantuvo como primera fuerza política, aunque perdiendo la mayoría. El nuevo Gobierno, entonces sí, declaró como prioritaria la prohibición a nivel federal de las «terapias» de conversión. En marzo de 2020, el ministro de Justicia David Lametti presentó un proyecto de ley de reforma del Código Penal para tipificar como delito la publicidad y la práctica de estas pseudoterapias en menores de edad. La Cámara de los Comunes aprobó la medida en junio de este año, con los votos en contra de 62 diputados conservadores (de un total de 119). La iniciativa, sin embargo, entró en vía muerta antes de su tramitación en el Senado, debido a la disolución del Parlamento que precedió a las elecciones anticipadas del pasado mes de septiembre.

Tras la nueva victoria, aunque sin mayoría absoluta, de los liberales de Trudeau, el Gobierno reactivó la propuesta con una importante novedad: el veto será total y no solo se aplicará a menores de edad. El pasado miércoles, la Cámara de los Comunes le dio su visto bueno, esta vez por unanimidad. Un apoyo generalizado que sorprendió a muchos diputados liberales, algunos de los cuales se abrazaron a sus rivales conservadores en agradecimiento por su apoyo a la medida. Ahora pasará al Senado, donde no se espera tampoco una importante oposición. Todo indica que, esta vez sí, se convertirá en una ley que prevé penas de hasta cinco años de cárcel para quien inflija estas prácticas y hasta dos para quien se beneficie económicamente de las mismas o las publicite.

La situación en otros países

Cuando entre en vigor la nueva norma, Canadá se unirá al reducido grupo de países que han prohibido las pseudoterapias de conversión, ya sea de manera general o en menores de edad.

En el vecino Estados Unidos la primera en hacerlo fue California En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  OregonIllinoisVermont,  Nuevo MéxicoRhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, MarylandDelaware y New HampshireNueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor en 2019 tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril del mismo año  también  se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo en enero de 2019  por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.

Y en julio, era Ciudad de México quien prohibía las «terapias» de conversión de la orientación sexual y la identidad de género. Y en octubre de 2020, en el Estado de México. y en julio de 2021 el Estado de Yucatán.

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.

En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y era una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto).  Un proyecto que naufragó con la convocatoria de las elecciones de abril de 2019. Tras la repetición electoral, el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla «la aprobación de una Ley contra la Discriminación de las Personas LGTBI incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión».

Y, por fin, El Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, presentó el pasado junio el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, que incluye la prohibición de las pseudoterapias de conversión.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre ayudar a cambiar sentimientos homosexuales. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias» reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

De hecho, en julio de este año, nos enterábamos de que el Vaticano frenaba las “terapias de conversión” e instruía a los obispos españoles a desautorizar a un grupo de ex-gays. Sin embargo, con la dimisión del obispo  Xavier Novell nos enterábamos de que éste, participó, y avaló, ‘terapias de conversión’ de homosexuales hasta que fue frenado por el Vaticano. otros prelados que avalaban dichas prácticas (según las víctimas) serían: José Ignacio Munilla, Javier Martínez, Arturo Ros y  Juan Antonio Reig  avalarían estas prácticas

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La historia de “X. X.”, un eclesiástico homosexual que pasó por las ‘terapias de conversión’ y “pensó que no tenía más opción que suicidarse”

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«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

 

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La extrema derecha busca que Madrid sea el primer lugar de Europa occidental que aprueba en pleno siglo XXI un retroceso legislativo en la protección contra la discriminación de las personas LGTBI

Lunes, 6 de diciembre de 2021

33921_asamblea-madrid-bandera-arcoirisLa acción erosiva de la extrema derecha y de los movimientos ultraconservadores contra el avance de los derechos de las personas LGTBI continúa. La nueva batalla se libra en la Comunidad de Madrid, donde Vox ha presentado una proposición de ley «de igualdad y no discriminación» que en caso de ser aprobado derogaría las leyes ya existentes en la Comunidad de Madrid de protección contra la LGTBIfobia y de identidad y expresión de género. Sería la primera vez en lo que llevamos de siglo que se produce un retroceso legslativo explícito en la protección contra la discriminación de las personas LGTBI en el ámbito de Europa occidental, de ahí su importancia.

Las leyes que la extrema derecha pretende derogar en Madrid, si el gobernante Partido Popular lo permite (recordemos que, una vez desaparecido Ciudadanos del ámbito regional tras las últimas elecciones, el PP de Isabel Díaz Ayuso y Vox suman mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid) son la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, aprobada en julio de 2016 con el voto de todos los grupos representados entonces en la cámara autonómica (incluido el grupo popular de la época) y la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, aprobada en marzo de 2016 con el voto favorable de PSOE, Podemos y Ciudadanos y la entonces abstención del grupo popular.

FFr6ZsRXMAgwUhYEste es el texto de la Ley que se debatirá el 16.

Una derogación que Vox había puesto como condición para dar su apoyo a los presupuestos generales presentados por Isabel Díaz Ayuso, pero que aparentemente quedó fuera del pacto presupuestario dado a conocer públicamente hace unos días por las dos formaciones. Este viernes, sin embagro, saltaba la sorpresa, cuando el diputado de Más Madrid en la Asamblea regional Eduardo Fernández Rubiño daba a conocer en Twitter que el próximo 16 de diciembre sería votada en pleno la adminsión a trámite de la propuesta de derogación:

Está por ver qué sucederá el próximo día 16, puesto que ya en varias ocasiones en que ha sido preguntada por la materia, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado abierta a negociar con Vox la modificación del articulado de ambas leyes, aunque nunca ha hablado abiertamente de derogarlas. Desde el PP, por otra parte, han evitado anticipar el sentido de su voto, al menos hasta el momento. En este sentido, cabe señalar que la toma en consideración del proyecto no supone su aprobación, sino el inicio de su trámite parlamentario. No sería de extrañar, dada la conocida habilidad propagandística de la presidenta Ayuso, que la toma en consideración fuese aprobada para así contentar al electorado más reaccionario y favorecer el apoyo definitivo de Vox a sus presupuestos para luego pasar a una fase de ambigüedad calculada durante la tramitación parlamentaria en la que el desenlace definitivo lo definieran las prospecciones demoscópicas de Díaz Ayuso.

FFw_OPoXoAoEtyrEl día 15 todes a llenar Sol #NiUnPasoAtrás

En este sentido, cabe señalar, para anticipar la dirección hacia la cual la extrema derecha intentará derivar el debate, que si finalmente fuese aprobada íntegramente la proposición de ley presentada por Vox, las dos leyes derogadas, caracterizadas por un elevado grado de concreción en la definición de los sujetos protegidos y en las medidas enunciadas, serían sustituidas por un listado genérico de vaguedades que dejan fuera las medidas o acciones afirmativas contempladas específicamente en materia LGTBI a nivel educativo, sanitario o laboral. Especialmente dañado se vería el colectivo trans, que perdería por ejemplo el derecho expreso a una asistencia sanitaria integral acorde a su identidad de género y a disponer de documentación administrativa según su identidad con independencia de su estatus registral (en este sentido es un mal presagio el apoyo a la iniciativa de Vox que desde algunas cuentas afines al activimo transexcluyente se ha manifestado ya). Pero también desaparecerían, por mencionar solo algunos ejemplos, la prohibición de las pseudoterapias de conversión, la prohibición de las cirugías de mutilación a personas intersex y toda una serie de medidas destinadas a prevenir el acoso escolar o la discriminación laboral por LGTBIfobia.

Pase lo que pase, y sobre todo si el PP no rechaza la proposición de forma clara, nos encontramos ante un gravísimo precedente, ya que en caso de que la legislación antidiscriminatoria fuese derogada, o simplemente rebajada, nos encontraríamos, al menos en nuestro conocimiento, ante la primera vez en lo que llevamos de siglo XXI que se produce un retroceso legislativo en la protección de las personas LGTBI en el ámbito de Europa occidental (Hungría, Polonia o Rusia aparte).

Fuente Dosmanzanas

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Hungría: el candidato de la oposición unificada a Orbán, Péter Márki-Zay, se pronuncia a favor de los derechos LGTBI

Lunes, 29 de noviembre de 2021

249466415_430657095087435_3797204689865213991_nLos principales partidos de la oposición al Gobierno húngaro se han unido en torno a la candidatura de Péter Márki-Zay, alcalde de una pequeña ciudad del sur del país, para intentar acabar con la hegemonía de Viktor Orbán en las elecciones del año que viene. Márki-Zay ha empezado a revelar sus planes si es elegido primer ministro, que pasan por «restablecer el imperio de la ley» frente a la erosión democrática propiciada por el Fidesz y sus socios. Entre los cambios que ha prometido afrontar se encuentran también la derogación de las leyes LGTBIfobas y la equiparación de derechos para las parejas del mismo sexo.

A finales de 2020, los seis principales partidos de la oposición en Hungría se pusieron de acuerdo para presentar listas conjuntas y un candidato a las elecciones generales previstas para abril o mayo del año próximo. Se trata de una unión de formaciones de ideologías diversas, que abarcan desde verdes y socialdemócratas hasta liberales y conservadores. Decidieron que el aspirante a primer ministro sería elegido mediante primarias a doble vuelta, que se celebraron en septiembre y octubre.

El vencedor del proceso fue Péter Márki-Zay, alcalde de la localidad de Hódmezővásárhely (44.000 habitantes), en el sudeste del país. Es un independiente que fundó en 2018 el Movimiento por una Hungría de Todos (Mindenki Magyarországa Mozgalom, MMM), de ideología conservadora y proeuropea. La semana pasada acudió a Bruselas para reunirse con dirigentes europeos y esbozó sus principales prioridades en una comparecencia pública.

Ante todo, Márki-Zay se comprometer a restaurar el Estado de derecho, seriamente comprometido en Hungría tras once años de Gobierno de Viktor Orbán. Para ello plantea la redacción de una nueva constitución que sustituya a la vigente desde 2012 y que, según sus detractores, está hecha a la medida del Fidesz, el partido de Orbán y sus socios. El aspirante a primer ministro asegura que persiguen «un cambio de régimen, no un cambio de Gobierno».

A pesar de declararse conservador y católico practicante, Márki-Zay ha reivindicado también en su intervención los derechos LGTBI, que han sufrido una serie de retrocesos sin parangón en la Unión Europea. En este sentido, ha prometido derogar la legislación LGTBIfoba aprobada por el Gobierno de Orbán y equiparar en derechos a las parejas del mismo sexo. El político pretende acabar con las campañas de odio a las minorías, mencionando explícitamente a la comunidad LGTBI junto a la gitana, la judía o personalidades como George Soros.

Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado

El Gobierno de Viktor Orbán, al que se enfrentará Péter Márki-Zay en las urnas, comenzó una nueva escalada legislativa contra la comunidad LGTBI húngara el 30 de marzo del año pasado, cuando el primer ministro asumía poderes extraordinarios con la excusa de la crisis producida por la pandemia de coronavirus. Solo un día después, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentaba un proyecto de ley que, entre otras medidas, incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que abría dicha modificación y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.

Finalmente, el 19 de mayo la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba. Lo hacía por 133 votos a favor (los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra. Como ya alertábamos entonces, se trata, muy posiblemente, del mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, solo ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de la UE y de la propia institución comunitaria.

Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Tal vez envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, la ministra de Justicia Judit Varga presentaba el 10 de noviembre del año pasado una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento». Una formulación que se traduce en la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales, blindada ahora al máximo nivel normativo.

La modificación constitucional también incluye una ampliación del artículo sobre la familia, que desde 2012 prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora se añade la frase: «La madre es una mujer y el padre, un hombre». La finalidad, cerrar la puerta a cualquier reconocimiento de realidades familiares diferentes a la compuesta por un hombre y una mujer. Por último, la reforma de la ley fundamental impone que la educación en las escuelas húngaras debe inspirarse en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana», excluyendo por tanto los contenidos sobre diversidad afectivo-sexual.

Tras la aprobación por parte del Gobierno, la mayoría de dos tercios con la que cuentan el Fidesz y sus socios dio su visto bueno el pasado 15 de diciembre en el Parlamento al proyecto de reforma constitucional por 135 votos a favor, 45 en contra y cinco abstenciones. Además, la negación de la homoparentalidad recogida desde ahora en la ley fundamental se completó con la aprobación de un proyecto de ley para limitar la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta ahora se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgará en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.

Posteriormente, el 15 de junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó un proyecto de ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluye en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, lo que corrobora su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe de nuevo la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos. La educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, lo que cierra definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos.

Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.

Fuente Dosmanzanas

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Agresión homófoba a una pareja de artistas falleros en Valencia

Sábado, 20 de noviembre de 2021

FEKpYCRXsAcyFGeNueva agresión homófoba, en esta ocasión en Valencia. Las víctimas son José Luis Sanchís y Vicent García, una pareja de artistas falleros del colectivo Artdefoc Creacions Artistiques. Un individuo les ha dirigido insultos homófobos, les ha escupido y les ha agredido físicamente. Como consecuencia de la agresión Vicent García sufre una fractura en un pie.

Según relata el diario Levante, la pareja salía este domingo por la mañana de un hostal situado en pleno centro de Valencia y se dirigía a una reunión con una comisión fallera. En ese momento, un hombre descrito como «de mediana edad» les ha increpado, llamándolos «maricones». A José Luis Sanchís le ha escupido en la cara y a su pareja, Vicent García, lo ha tirado al suelo de una patada. Como consecuencia de la caída ha sufrido una fractura en un pie, a la altura del quinto metatarsiano. Según ha relatado José Luis Sánchís al diario valenciano, ninguna de las personas que han sido testigos directos de la agresión ha salido en su defensa. Solamente el personal de una cafetería les ha prestado ayuda para refugiarse. La pareja de artistas ha denunciado la agresión a la Policía Nacional tras recibir asistencia hospitalaria.

«Hoy, nuestros artistas Falleros ‘Art de Foc’ han sufrido un violento ataque en Ciutat Vella mientras iban de camino a su furgoneta para asistir a uno de los actos de una de sus fallas contratadas. Al grito de ‘maricones’ les han increpado y agredido, escupiendo a José Luis en la cara y llegando a patear a Vicente hasta el punto de romperle el pie a la altura del 5° metatarso. Desde la 99 condenamos totalmente este tipo de agresiones y actos, que en una sociedad del siglo XXI no debería existir, y menos proclamas de esa índole. Ni un paso atrás», ha denunciado en sus redes sociales la falla Fernando el Católico, Erudito Orellana y Juan de Mena, para la que trabajan las víctimas de la agresión.

También la Junta Central Fallera de Valencia ha expresado su repulsa ante lo sucedido. «Expresamos nuestra total condena y rechazo hacia los hechos que han sufrido hoy los artistas José Luis y Vicente, de ‘Art de foc’, cuando se dirigían a un acto de una de las comisiones [falleras] en las que trabajan. Una fiesta libre, plural y diversa como son las Fallas no puede permitirse este tipo de comportamientos y actitudes, que no tienen cabida en una sociedad como la nuestra. Todo nuestro apoyo a los artistas», han difundido en sus redes sociales:

Fuente Dosmanzanas

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“Índice de libros prohibidos “, por Carlos Osma

Jueves, 18 de noviembre de 2021

man-g4607ae560_1920Leído en su blog:

La primera edición del Índice de libros prohibidos data de 1551, contenía casi 700 libros que la Inquisición española pensaba que podían confundir a los desvalidos católicos de manos de falsos judeoconversos, musulmanes, servidores de satanás, o herejes protestantes. Este índice fue modificándose con el tiempo, y en 1872 se hizo la última edición. O al menos eso es lo que pensábamos hasta que hace un par de semanas una jueza de Castellón diera la razón a la Asociación de Abogados Cristianos, y se creara uno nuevo con 32 libros prohibidos con los que el lobby LGTBIQ estaría tratando de confundir a los desvalidos adolescentes castellonenses.

Tengo que decir que lo primero que hice al conocer la noticia fue mirar el listado de libros prohibidos para ver si aparecía mi Solo un Jesús marica puede salvarnos, pero no, lamentablemente parece ser que no confunde a ninguna dulce y tierna muchacha. Después, volví a repasar el índice prohibido para ver si con un poco de suerte habían incluido el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell. Y es que todavía recuerdo las tardes calurosas del mes de mayo en las que mi profesor de valenciano de 3º de BUP hacia apología de la heterosexualidad con este libro y nos leía citas como: «Y como vio que se iba y que no podía tocarla con las manos, le alargó la pierna y le puso el pie debajo de las faldas. Con el zapato le tocó el lugar vedado mientras le colocaba la pierna entre los muslos». Pero no, tampoco este libro aparecía, así que me imaginé por un momento que se hacía justicia y en la biblioteca del Instituto Jaume I de Borriana al lado del Tirant lo Blanc alguien había puesto mi Solo un Jesús marica puede salvarnos. Sé que es imposible, la clasificación de las bibliotecas los sitúa en un lugar diferente, pero soñar es gratis.

Del sueño me despertó un escalofrío, cuando recordé textos de la Biblia que dicen que si una joven se casa sin ser virgen debe ser apedreada (Dt 22,20-21), si dos hombres se acuestan juntos deben morir (Lv 20,13), si alguien ofrece sacrificios a otros dioses debe ser asesinado (Ex 22,19), o si una persona no obedece al sacerdote o al juez debe morir (Dt 17,12). ¡Seguro que la Biblia estará en el índice!, pensé. Pero tampoco. Al principio me alegré de que en este caso la Asociación de Abogados Cristianos, que seguro conoce estos textos, supiera contextualizarlos y no viera ningún peligro en ellos para los vulnerables adolescentes de La Plana. Aunque después me asaltó la duda de si estos abogados piensan que esos textos deben ser matizados, de si creen que en este caso los adolescentes y sus profesores son lo suficientemente críticos para analizarlos cuando tienen que trabajar con ellos, o si dan por sentado que ningún adolescente lee la Biblia en los institutos de la Costa de Azahar. De lo que sí estoy seguro es de que si comienzan a surgir índices de libros prohibidos en institutos, la Biblia tiene todos los números para acabar apareciendo en alguno.

Ahora tengo otra gran duda, porque estaba a punto de empezar a leer el libro El fin del armario de Bruno Bimbi, y no sé si debo hacer caso a los Abogados Cristianos y quemarlo en alguna hoguera, o mejor lo envío a un artista fallero de Borriana para que lo utilice como material de su próxima falla (así apoyamos también las fiestas). Imagino que todo lo que Bimbi cuenta de la homosexualidad dentro de la Iglesia es mejor que no lo leamos ni yo, ni todas las y los adolescentes de los institutos de Castellón. ¡Ostras! Que alguien hable con los Abogados Cristianos porque han olvidado incluir en su índice los dos de Kryzstof Charamsa: La Primera Piedra y Dos hombres, siete pecados. Bueno, bueno, bueno… Pensándolo bien se han dejado la trilogía LGTBIQ más peligrosa de todas: Ética marica de Paco Vidarte, Elogio de la homosexualidad de Luís Alegre, o Por el culo de Javier Sáez y Sejo Carrascosa. Supongo que los Abogados Cristianos no los conocen… por ahora. Yo por si acaso, los pongo en una caja y los envío a la Falla de la Mercé de Borriana para que el próximo 19 de marzo los hagan arder mientras la fallera mayor llora desconsolada.

Ahora me pongo serio para reconocer que solo he leído dos de los libros prohibidos. El primero es: A la conquista del cuerpo equivocado de Miquel Missé, que considero uno de los libros que más me ha influido a la hora de entender la transexualidad, y cómo afectan los discursos biologicistas en la construcción de la identidad y el cuerpo de las personas trans, pero también del de las cis. Como no soy un Abogado Cristiano, yo lo haría lectura obligatoria, o al menos recomendable, para los alumnos de 4º de ESO o de 1º y 2º de Bachillerato. Como no soy un Abogado Cristiano, me gustaría saber qué piensan mis alumnos sobre afirmaciones que aparecen en este libro como: «Sentirse hombre o mujer es profundamente relativo, es una vivencia subjetiva y particular y a la vez una característica colectiva que se construye socialmente». Preguntarles qué les aporta y en qué son críticos. Como no soy un Abogado Cristiano, me gustaría invitar a Miquel Missé para que hiciera una charla en el centro donde trabajo antes de que los Abogados Cristianos presenten también una denuncia en Cataluña y algún juez trate de impedirlo. Y antes de que prohíban leer sus entrevistas, os recomiendo que, si todavía no lo habéis hecho, leáis la que me concedió hace un par de años: Muchísima gente habita cuerpos que odia.

El segundo lo leí este verano, y es: ¿Por qué ser feliz cuando puedes ser normal?. La autora, Jeanette Winterson, es considerada una de las mejores autoras inglesas de este siglo y hace tres años fue nombrada comandante de la orden del Imperio Británico por sus servicios a la literatura. La novela es impactante, una especie de autobiografía en la que Winterson cuenta su infancia tras ser adoptada en una familia pentecostal de la que no recibe cariño: «A veces tienes que vivir en lugares precarios y temporales. Lugares inadecuados. Lugares erróneos. A veces el lugar seguro no te ayuda».  Y nos relata qué en la adolescencia cuando la descubrieron en la cama con una amiga, la llevaron a la iglesia y allí le hicieron un exorcismo. Imagino que es esto lo que no le gusta a los Abogados Cristianos, que las personas LGTBIQ tengan voz propia para explicar sus experiencias, su forma de ver el mundo, pero también las injusticias a las que han sido sometidas. Y cuando esto no lo pueden parar, pues tratan de poner todos los impedimentos posibles para que nadie las escuche.

La Biblia Valenciana, de 1478, fue la tercera Biblia impresa del mundo en un idioma moderno, hoy no queda ningún ejemplar entero, la Inquisición se encargó de ello. Hay personas e instituciones que nos quieren hacer volver atrás, a las épocas más oscuras de nuestra historia. Sería un error creer que está todo conseguido, las libertades siempre deben ser defendidas. No tiene por qué ser con acritud, pero sí con determinación, la sociedad no se construye sola. Afortunadamente en esta ocasión han fracasado, hoy mismo el juez que valoraba el recurso ha anulado el secuestro de los libros que aparecían en el índice de libros prohibidos creado por la Asociación de Abogados Cristianos. Hay que celebrarlo con una buena paella y unas mandarinas de Castellón, justo ahora empieza la temporada, pero no hay que bajar la guardia.

Carlos Osma

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El Gobierno devuelve a las mujeres sin pareja masculina la prestación de reproducción asistida en la sanidad pública y la amplía a las personas trans con capacidad de gestar

Lunes, 15 de noviembre de 2021

reproducción-asistida-300x153El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha incorporado de forma expresa el acceso a la reproducción humana asistida en el Sistema Nacional de Salud a las mujeres sin pareja masculina, a las que el Gobierno del PP dejó sin esta prestación en 2014, y ha incluido de forma expresa a las personas trans con capacidad de gestar. Aunque esta medida forma parte del anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, actualmente en tramitación, el Ministerio de Sanidad ha emitido una orden ministerial que la recupera de inmediato. 

La orden ministerial fue firmada el pasado viernes por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en un acto que tuvo lugar en la sede del Ministerio y en el que estuvo presente, entre otras personalidades, la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más, (FELGTBI+), Uge Sangil. También inervino telemáticamente la activista trans y exdiputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli. Según las estimaciones del ministerio, unas 8.500 mujeres y personas trans con capacidad de gestar se verán beneficiadas del acceso a estas técnicas dentro del Sistema Nacional de Salud.

La exclusión expresa de las parejas de mujeres y de las mujeres solas (fuese cual fuese su orientación sexual) del derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública fue decidida en 2013 por el entonces Gobierno del PP cuando revisó la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (es decir, la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública). Aunque la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida permite el acceso de todas las mujeres a estas técnicas, su cobertura dentro del Sistema Nacional de Salud estaba limitada a aquellas situaciones en las que existiera «un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida». Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas era lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de lesbianas o de mujeres solteras, lesbianas o heterosexuales, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo hasta entonces (especial interés al respecto tiene la polémica que rodeó en 2011 la exclusión de dos mujeres lesbianas en Asturias, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad dio luego la razón a una de las mujeres, al considerar que fue objeto de discriminación).

Con Mariano Rajoy al frente del gobierno, el Ministerio de Sanidad decidió impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aunque sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponen que las mujeres sin pareja masculina quedan excluidas de la prestación. Conviene recordar que en su momento la ministra Ana Mato llegó a afirmar que «la falta de varón no es un problema médico». La orden ministerial fue emitida el 31 de octubre de 2014. Una situación que la sustitución de Ana Mato por Alfonso Alonso, un político más amable y supuestamente gay-friendly, no cambió.

Es cierto que a lo largo de estos años se han sucedido las discusiones jurídicas sobre el alcance de la orden del PP y las comunidades autónomas han actuado de forma diversa. En 2015, de hecho, solo dos años después de la exclusión, una sentencia judicial condenaba a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por discriminar a una pareja de mujeres en su acceso a la prestación de reproducción asistida en la sanidad pública. Numerosas leyes autonómicas de protección de los derechos LGTBI se han aprobado desde entonces recuperando dicha prestación, entre ellas la de la propia Comunidad de Madrid. Pero el gesto del Gobierno de Pedro Sánchez elimina ambiguedades, extiende el derecho a todo el territorio nacional de forma indiscutible y elimina importantes ambiguedades, como la que sufrían las personas trans con capacidad de gestar (ya sean hombres o personas no binarias y al margen de cual sea su identidad legalmente reconocida).

Fuente Dosmanzanas

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Tres acusados de perseguir y atacar a un hombre al grito de “maricón” acaban condenados por delito de odio y absueltos de la agresión

Lunes, 15 de noviembre de 2021

justicia-no-ciegaEl Juzgado de lo Penal nº 6 de Alicante ha condenado por delito de odio, pero no por lesiones, a los acusados de la paliza homófoba ocurrida en el parque Monte Tossal de Alicante. La más que sorprendente sentencia reconoce que los agresores persiguieron a las víctimas al grito de «maricones, os vamos a matar» pero rechaza condenarlos por las graves agresiones físicas sufridas.

En su momento recogimos la terrible agresión, por la que inicialmente fueron detenidos trece personas, entre ellos varios menores. Si recordamos, la víctima se encontraba en compañía de otras dos personas en el Parque Monte Tossal de Alicante. Los agresores los acorralaron e increparon con insultos homófobos y amenazas. Dos de ellos consiguieron huir sin sufrir daños físicos, pero siguieron con una persecución con palos y pedradas para acabar en una grave agresión al tercero que fue alcanzado por el grupo de jóvenes, que lo agredieron con saña. Le produjeron, entre otras lesiones, fractura de tabique nasal, del hueso cigomático (el pómulo) y del fémur. Los agresores intentaron además robarle el móvil y otras pertenencias. La investigación tardó varias semanas en dar sus frutos, siendo claves las imágenes grabadas por una cámara de vigilancia que recogieron un momento de la persecución.

Finalmente, resultaron imputados cuatro mayores de edad (Brayan C.E, Miguel M.B, Adrián S.B. y Samuel G.I) y tres menores. Los mayores de edad fueron juzgados el pasado 30 de septiembre. Se enfrentaban, según detalla El Salto, a la acusación de un delito de odio por humillación, menosprecio o descrédito a grupo y personas pertenecientes al mismo por motivos referentes a su sexo, orientación o identidad sexual, así como de tres delitos de lesiones leves, otro de lesiones agravadas, uno de coacciones leves, otro de delito de robo con violencia en grado de tentativa y otro delito de coacciones. Los tres menores imputados declararon como testigos en la causa pero están aún a la espera de ser procesados por la jurisdicción de menores.

Eugenio Alarcón, el juez que ha dictado una insólita sentencia a los cuatro mayores de edad, solo ha encontrado a los acusados culpables del delito de odio, por lo que simplemente deberán cumplir una pena de un año de prisión, abonar una multa de seis euros diarios durante ocho meses e indeminzar con 600 euros a cada una de las tres víctimas, entre ellas la que sufrió la brutal agresión física. Ello es así porque el juez considera que, más allá de la persecución homófoba, no ha quedado acreditado que los acusados fueran los autores de la paliza que tuvo lugar inmediatamente después. Algo que para José Barragán, abogado de la acusación particular, resulta absurdo. «Condenan el delito de odio y quitan el delito que es el más objetivo, que es el de las lesiones que son claras con partes médicos; a este chico lo han dejado cojo para toda la vida», denuncia Barragán. La víctima, recordemos, ha precisado varias intervenciones quirúrgicas, y según explica su abogado, aún está pendiente de otra operación y sufre, además, secuelas psicológicas. En este sentido, al juez no parecen haberle valido las hasta 16 declaraciones de testigos de las cuales «13 o 14 apuntan a uno de los mayores, uno de los que ha salido absueltos de este juicio, como uno de los autores materiales de la agresión», según el abogado, que ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Provincial para que el juicio sea declarado nulo.

En el juicio, celebrado el pasado 30 de septiembre en Alicante, Brayan C.E, Miguel M.B, Adrián S.B. Y Samuel G.I —hay otros tres menores imputados por los mismos hechos que declararon como testigos en esta causa y están a la espera de ser procesados por la jurisdicción de menores—se enfrentaban a la acusación de un delito de odio por humillación, menosprecio o descrédito a grupo, y personas pertenecientes al mismo, por motivos referentes a su sexo, orientación o identidad sexual; así como de tres delitos de lesiones leves, otro de lesiones agravadas, un delito de coacciones leves, un delito de robo con violencia en grado de tentativa y un delito de coacciones.

No obstante, en su sentencia el magistrado Eugenio Alarcón ha tomado una decisión insólita. Alarcón es un juez que ya se ha visto envuelto en otras polémicas, como la absolución del ex alcalde de la ciudad, Luís Díaz Alperi, por delito fiscal, o por firmar decenas de sentencias en un solo día tras recibir un toque de atención desde el CGPJ ante la saturación en su juzgado. En esta ocasión Alarcón ha determinado que los acusados de perseguir entre insultos homófobos y amenazas de muerte a tres hombres, acabando uno de ellos con secuelas físicas, finalmente sólo deberán pagar una pena de un año de prisión con multa de seis euros diarios durante ocho meses, o lo que es lo mismo, 1.459 euros, y deberán indeminzar con 600 euros a cada una de las tres víctimas, incluida la agredida.

Finalmente solo deberán pagar una pena de un año de prisión con multa de seis euros diarios durante ocho meses, o lo que es lo mismo, 1.459 euros, y deberán indemnizar con 600 euros a cada una de las tres víctimas

El juez ha absuelto a los procesados del resto de acusaciones de tal manera que “condena un delito de odio por homofobia, que es el móvil de la agresión, y luego no mete la agresión”, resalta Barragán, abogado de J. R. B.F., la principal víctima, un hombre de 43 años que como consecuencia del ataque sufrió heridas en la pierna y la cadera que precisaron cirugía, tuvo que ser operado por los golpes en la cara y todavía está pendiente de otra cirugía maxilofacial, secuelas psicológicas aparte. Por ello Barragán insiste en que el resultado del procedimiento “es absurdo de verdad”, porque como abogado de la acusación ha “intentado desde el principio darle visibilidad al delito de odio, que era un poco como el más complicado, y fíjate condenan el delito de odio y quitan el delito que es el más objetivo, que es el de las lesiones que son claras con partes médicos; a este chico lo han dejado cojo para toda la vida”, denuncia el letrado.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso El Salto, el juez considera como hechos probados que las tres víctimas, estando sobre las 20.00 horas del pasado 14 de febrero en el parque del Monte Tossal de Alicante, “oyeron gritos como ‘maricones os vamos a matar’, ‘gays de mierda’, ‘maricones de mierda, idos del parque’”. Los tres hombres, al ver que se acercaban, se marcharon a otro lugar, pero vieron que el grupo que profería los gritos “venía corriendo hacia ellos, por lo que también huyeron del lugar corriendo y fueron perseguidos por tales individuos”, según recoge la sentencia.

En la persecución, J. R. B. F. se separó de los otros dos y se dirigió a un parking que hay en las inmediaciones donde estaba aparcado su coche, pero la zona es un monte con varios desniveles y el parking se encontraba en un nivel inferior a una altura que no pudo sortear, fue al detenerse en este punto donde fue interceptado por un primer puñetazo en la cara seguido de varios golpes más de al menos tres agresores, uno de ellos armado con un objeto contundente, quienes también trataron de arrebatarle sin éxito el teléfono móvil que llevaba en la mano.

Al respecto, B. G. C, una de las otras dos víctimas declaró que, durante la persecución, “en la sombra se veían como palos y les lanzaban piedras”, sin poder precisar más porque “estaba en la oscuridad y solo veía siluetas”. Sin embargo la sentencia sí especifica inmediatamente después de la declaración del testigo-víctima que “igualmente, el propio J. R. B.F finalmente fue golpeado por un palo”, un palo que también se ve en la grabación de una cámara de seguridad, incorporada a la causa, donde se puede apreciar al grupo persiguiendo a J. R. B. F. momentos antes de la agresión, hasta el punto de que la cinta recoge también el momento en que Miguel M. B, uno de los acusados, lanza una piedra que no llega a impactar, algo que el mismo acusado reconoció en la vista oral.

Sobre la grabación de la cámara de seguridad, el abogado de la acusación particular destaca que en la imagen se puede ver como “los chicos que salen detrás de la víctima llegan al parking, lo que pasa es que lo ves muy pequeño, ves a las personas muy pequeñitas”, pero en su opinión este juez “no lo ve”, por lo que el letrado se pregunta con sorna si es que en ese punto “desaparecen del mapa y aparecen otros en escena”.

Así mismo, en la vista también declararon los agentes de la Policía Nacional que instruyeron el atestado, quienes indicaron que uno de los menores imputados por estos hechos les dejó su teléfono móvil donde encontraron un grupo de Whatsapp en el que tres de los involucrados “tras mostrar interés en si había algún gay ‘por ahí’, —en referencia al Monte Tossal— la respuesta es que no”, y a continuación la transcripción concluye indicando “‘normal, los maricas se cagan del toque de queda tt’; ‘ya, jajajajaa’; ‘hoy vamos a las ocho; y llasta’”. Una conversación que creemos resulta evidente que denota una clara intención de proceder a una «cacería» homófoba pero que para el magistrado «solo muestra la burla y menosprecio hacia los gays, pero nada más».

Según el abogado de la víctima, en el juicio declararon 16 testigos relacionados con la agresión homófoba, de los cuales “13 o 14 apuntan a uno de los mayores, uno de los que ha salido absueltos de este juicio, como uno de los autores materiales de la agresión”

En la causa obran hasta 16 declaraciones de testigos relacionadas con la agresión homófoba, de las cuales “13 o 14 apuntan a uno de los mayores, uno de los que ha salido absueltos de este juicio, como uno de los autores materiales de la agresión”, asegura Barragán, quien ha avanzado que recurrirá el fallo en apelación ante la Audiencia Provincial para que el juicio sea declarado nulo y vuelva a celebrarse con otro magistrado, “es verdad que volver a hacer pasar a la víctima por esto es bastante complicado, pero prefiero que pase por esto para que esa gente salga condenada que dejarlo así”, concluye el abogado de la acusación particular.

Entre los testigos que declararon se encontraban los agentes de la Policía Nacional que instruyeron el atestado, que indicaron que uno de los menores imputados por estos hechos les dejó su teléfono móvil donde encontraron un grupo de WhatsApp en el que tres de los involucrados «tras mostrar interés en si había algún gay ‘por ahí’», en referencia al parque Monte Tossal, y al recibir «no» por respuesta, continuan señalando «’normal, los maricas se cagan del toque de queda tt’; ‘ya, jajajajaa’; ‘hoy vamos a las ocho; y llasta’».

Fuente El Salto Diario

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Tres jóvenes marroquíes detenidos en Málaga por dos agresiones homófobas a compatriotas

Martes, 26 de octubre de 2021

un-hombre-es-detenido-por-la-policia-efeTres jóvenes han sido detenidos en Málaga como presuntos autores de dos agresiones de carácter homófobo, según informaba el pasado viernes El Confidencial. Tanto los agresores, dos de ellos 19 años y uno de 20, como las víctimas son de origen marroquí. 

Aunque es ahora cuando han trascendido, las agresiones tuvieron lugar el 31 de agosto y el 2 de septiembre en el centro de Málaga, en ambos casos de madrugada. Las dos primeras víctimas eran dos chicos que se vieron rodeados por un grupo de jóvenes que les dirigieron insultos homófobos y les agredieron físicamente, llegando a darles a uno de ellos un botellazo en la cabeza. También les robaron alguna pertenencia. La segunda agresión, de naturaleza similar, fue contra dos chicas, una de las cuales precisó puntos de sutura por una herida incisocontusa en la cabeza.

Las declaraciones de las víctimas pemitieron identificar y detener a tres de los agresores, que están siendo investigados, entre otros, por presuntos delitos de odio. De hecho, según fuentes cercanas al caso han contado a El Confidencial, y siempre según la narración del diario digital, los agredidos habrían justificado sus ataques por la vergüenza que «como marroquíes» les producía la homosexualidad “de sus compatriotas”.

Fuente El Confidencial, vía Dosmanzanas

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La Asamblea Nacional francesa vota a favor de prohibir las «terapias» de conversión

Lunes, 25 de octubre de 2021

asambleaLa Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento francés, ha aprobado en primera lectura una proposición de ley para prohibir las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión. El texto prevé multas de hasta 30.000 euros y penas de hasta dos años de prisión, que se incrementarían a 45.000 euros y tres años de cárcel en determinados supuestos, por ejemplo, si la víctima de estas peligrosas prácticas es menor o dependiente. La medida salió adelante por unanimidad y proseguirá su tramitación en el Senado. En Europa se han adoptado normas similares en Malta y Alemania, mientras que España sigue sin una legislación estatal.

La iniciativa surgió de La República en Marcha (LREM), el partido del presidente Emmanuel Macron y persigue la prohibición de las prácticas encaminadas a modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona y que provoquen «una alteración de su salud física o mental». Las sanciones previstas ascienden a los 30.000 euros de multa y dos años de prisión, que aumentan hasta los 45.000 euros y tres años de cárcel en el caso de que la víctima de estas pseudoterapias sea un menor, dependiente o descendiente del autor.

El alcance de estas prácticas en Francia no se conoce con exactitud. Pero una comisión parlamentaria puesta en marcha en 2019 por los diputados Laurence Vanceunebrock (LREM) y Bastien Lachaud (Francia Insumisa) reveló un centenar de casos en los que se llevaron a cabo pseudotratamientos de hipnosis, hormonales, electroshocks, exorcismos, llamadas a la abstinencia e incluso matrimonios heterosexuales forzosos. Vanceunebrock justificó la necesidad de un delito específico que castigue estas prácticas con el objetivo de detectarlas antes para ayudar mejor a sus víctimas.

También se pronunció a favor la ministra delegada de Igualdad de Género, Diversidad e Igualdad de Oportunidades, Élisabeth Moreno, que destacó que la medida permitirá salvar vidas. «No hay nada que curar», afirmó. «Ser uno mismo no es un crimen, no se debe intentar modificar la identidad de género ni la orientación sexual», añadió. La proposición de ley de LREM salió adelante por unanimidad en la Asamblea Nacional el pasado 5 de octubre. La medida pasa ahora al Senado para continuar su tramitación. No está del todo claro, sin embargo, que su aprobación final se produzca antes del fin del actual periodo legislativo en febrero del año que viene. En abril de 2022 tendrán lugar las próximas elecciones presidenciales.

Si finalmente llegara a buen puerto, Francia se podría convertir en el tercer país de Europa en proscribir las pseudoterapias de conversión. En mayo del año pasado, Alemania aprobaba una ley para prohibir, con algunas limitaciones, estas peligrosas prácticas en menores de edad. La pionera fue Malta, que aprobó su ley en 2016. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.

En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y era una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto).  Un proyecto que naufragó con la convocatoria de las elecciones de abril de 2019. Tras la repetición electoral, el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla «la aprobación de una Ley contra la Discriminación de las Personas LGTBI incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión».

Y, por fin, el Gobierno de España aprueba el anteproyecto de la Ley Trans, que prohibirá las ‘terapias de conversión’.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre ayudar a cambiar sentimientos homosexuales. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

Canadá prohibirá las «terapias de conversión» a nivel nacional. En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  OregonIllinoisVermont,  Nuevo MéxicoRhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, MarylandDelaware y New HampshireNueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor en 2019 tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril del mismo año  también  se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo en enero de 2019  por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo en enero de 2019 por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.

Y en julio, era Ciudad de México quien prohibía las «terapias» de conversión de la orientación sexual y la identidad de género. Y en octubre de 2020, en el Estado de México. y en julio de 2021 el Estado de Yucatán.

«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias» reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

De hecho, en julio de este año, nos enterábamos de que el Vaticano frenaba las “terapias de conversión” e instruía a los obispos españoles a desautorizar a un grupo de ex-gays. Sin embargo, con la dimisión del obispo  Xavier Novell nos enterábamos de que éste, participó, y avaló, ‘terapias de conversión’ de homosexuales hasta que fue frenado por el Vaticano. otros prelados que avalaban dichas prácticas (según las víctimas) serían: José Ignacio Munilla, Javier Martínez, Arturo Ros y  Juan Antonio Reig  avalarían estas prácticas

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La historia de “X. X.”, un eclesiástico homosexual que pasó por las ‘terapias de conversión’ y “pensó que no tenía más opción que suicidarse”

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«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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“Discursos de odio. Labios mentirosos”, por Carlos Osma

Miércoles, 20 de octubre de 2021

Nos están matandoDe su blog:

Los ataques de odio hacia el colectivo LGTBIQ han aumentado en los últimos años, así como la intensidad de la violencia, eso es lo que dicen los distintos observatorios contra la LGTBIQfobia. Se sienten impunes, ayer mismo un grupo neonazi se manifestaba en el barrio de Chueca de Madrid al grito de «Fuera sidosos de Madrid. Fuera maricas de nuestros barrios». Evidentemente esto no ocurre por arte de magia, los discursos de la ultraderecha, o de los fundamentalismos religiosos, ofrecen un marco ideológico que los alienta. Recordemos declaraciones como: «Si realmente se quiere defender a los niños, no hay que defender a los niños homosexuales, si es que existe semejante cosa, o los niños trans» (Alicia Rubio, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid), «Nos preocupa que el ejercicio de una opción de vida desde la orientación homosexual se confunda cada vez más con un derecho humano fundamental» (Comunicado de la Alianza Evangélica Española), «La persona homosexual que libremente quiera, siendo mayor de edad, o si es menor de edad con el permiso de sus mentores legítimos, puede buscar sanación espiritual» (Reig Plá, obispo católico de Alcalá), «La propuesta de ley trans dañaría gravemente los derechos de las mujeres en las cárceles. España bajo la dictadura LGTBI» (Con mis hijos no te metas).

En este momento las personas LGTBIQ vivimos con preocupación la pérdida de derechos en lugares donde la ultraderecha de Vox gobierna o apoya gobiernos del Partido Popular, y ya no nos sentimos seguros a la hora de manifestarnos públicamente como personas LGTBIQ. Dicha preocupación e inseguridad no está basada en percepciones subjetivas, sino en hechos tan reales como el asesinato de Samuel Luiz hace unos meses. Asesinato del que las entidades y lobbies que promueven la LGTBIQfobia trataron de borrar la motivación homofóbica: «Resaltamos y apoyamos la petición de Max Luiz al no querer que este terrible homicidio sea utilizado como bandera de nadie, porque precisamente el uso -y a veces manipulación- ante hechos terribles como este consiguen lo contrario a su teórico propósito, promoviendo más confrontación y tensiones» (Comunicado de la Alianza Evangélica Española). Que triste que se tenga que silenciar el motivo de un asesinato para no generar más confrontación y tensiones. ¿Tensiones?, ¿con quién?, evidentemente con los mentirosos que nos odian en nombre de dios. Como dice el proverbio: «El de labios mentirosos encubre el odio.» [1].

Es lamentable que muchas iglesias se identifiquen con los postulados de la ultraderecha. Los analistas políticos perciben que muchos católicos y evangélicos son votantes de Vox. Partido al que las instituciones y entidades cristianas invitan a sus foros y mesas redondas como si fuera un partido político más, blanqueando su discurso de odio, cuando jamás han invitado a representantes de los colectivos LGTBIQ que defienden los derechos y la dignidad de millones de personas. En muchos temas, es ya muy difícil diferenciar entre el discurso de Vox y el de los representantes religiosos. Puede parecer incomprensible que tantos cristianos coincidan con posiciones tan alejadas del evangelio, pero esto no ha ocurrido de la noche a la mañana, claro, las instituciones evangélicas y católicas llevan décadas identificando el cristianismo con la defensa de una moral concreta, en vez de con el seguimiento del evangelio. Es increíble que no hayan sabido entender la diversidad, que no hayan conectado con la injusticia que padecen las personas LGTBIQ. Para mí, esto es aún más incomprensible en el movimiento evangélico, una minoría atrapada en las redes del literalismo.

Hasta ahora las disidencias católicas y evangélicas que apuestan por el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ y la integración en sus comunidades, han tenido que defenderse ante los ataques de las instituciones LGTBIQfóbicas que las representan pidiendo respeto y apelando a la libertad de conciencia. Pero en este momento creo que nuestras convicciones cristianas, nuestra firme convicción por el respeto a la vida, nos exigen algo más. Es ahora urgente la denuncia de quienes utilizan el nombre de dios para promover el odio con sus discursos. Dejar de callar, y llamar diabólicos, inhumanos, indignos, origen de dolor y muerte, a todos estos discursos LGTBIQfóbicos que se realizan poniendo buena cara y haciéndolos pasar por cristianos. Exigiendo a quienes los hacen y los promueven: «Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el derecho, socorred al agraviado, haced justicia» [2]. Si no queremos ser cómplices, tenemos que levantar la voz, llamando al arrepentimiento y exigiendo la vuelta al evangelio de Jesús, al amor y la fraternidad, abandonando todo odio. Haciendo después un análisis de por qué este odio ha impregnado de forma tan generalizada nuestras comunidades, para evitar que pueda volver a hacerlo con muchos otros.

Lo que tampoco es comprensible es que instituciones que promueven la exclusión y la discriminación de personas LGTBIQ reciban dinero de subvenciones públicas. Dinero de una sociedad que se dice a sí misma inclusiva y respetuosa con la diversidad. Tendría que haber unos mínimos éticos a los que las entidades que reciben dinero público deberían comprometerse (incluyo aquí a partidos políticos). Es evidente que esto choca con el poder que la Iglesia católica tiene en nuestro país, y que el trabajo social que realizan tanto la Iglesia católica como las evangélicas es encomiable, pero no podemos caer en el chantaje de permitir los discursos de odio a cambio de esta labor. Se debe presionar por aquí para que, al menos, las instituciones que acepten estos mínimos éticos, tengan prioridad a la hora de recibir una subvención. Y vincular la recepción de las subvenciones a la aceptación de una formación en género y diversidad, por ejemplo. Es terrible que estemos subvencionando con nuestro dinero a entidades que promueven discursos de odio que acaban por matarnos a golpes. Una sociedad avanzada no se debería subvencionar el odio con dinero público.

Hemos avanzado mucho, y eso lo ven como una amenaza quienes estaban acostumbrados a discriminarnos, por eso se revuelven con violencia. Ahora necesitamos más que nunca determinación para no dar ni un paso atrás, para que el miedo no nos paralice. Lo que buscamos no va contra nadie, sino que va a favor de todas y de todos. Queremos justicia. Una justicia que nos proteja (a todas y todos) de los discursos, normas, violencias y leyes, que nos quieren discriminadas, silenciadas o muertas. Queremos libertad, pero no esa con la que se justifican los discursos de odio, libertad para vivir y dejar vivir en paz. Queremos la Ley Trans y de derechos LGTBI ¡ya!, que blinde nuestros derechos, y que incluya sanciones contundentes que lleguen a materializarse a quienes nos discriminan. Queremos una ley de educación que aborde la diversidad de una forma transversal desde la educación infantil, y que tanto los centros educativos públicos como los concertados y privados estén obligados a cumplir. Y todo eso no lo queremos para ir contra nadie, sino a favor de todas y todos. Para que nadie tenga que sufrir discriminación por no ser como los discursos de odio imponen, para que todas y todos puedan desarrollarse, definirse y amar, libremente.

Carlos Osma


 

Notas:

[1] Pr 10,18.

[2] Is 1,17.


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Detenciones arbitrarias contra comunidad LGTBI en Uganda y un proyecto de ley para endurecer la represión

Sábado, 16 de octubre de 2021

Bandera-de-UgandaContinúa la represión policial contra la comunidad LGTBI en Uganda, aunque finalmente las sentencias liberen sin cargos a los detenidos, algunos de los cuales incluso deben ser indemnizados por conculcarse sus derechos constitucionales. En dos ocasiones, la policía detuvo a sendos grupos de jóvenes en refugios para personas LGTBI tras presentarse denuncias por llevar a cabo actos homosexuales o celebrar una «boda gay». Sin embargo, los cargos finalmente presentados en ambos casos fueron los de «propagación negligente de enfermedades» por violar la normativa impuesta en la lucha contra la COVID-19, un subterfugio con el objetivo de conseguir un castigo en los tribunales ante la falta de pruebas para los delitos que perseguían. Mientras tanto, el Parlamento aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, que agrava las penas para las personas que mantengan relaciones con personas de su mismo sexo, incluyendo a las mujeres, y establece su inclusión permanente en un registro público de delincuentes sexuales. 

Uganda-denunciantes-torturasDemandantes por torturas en prisión

La primera de las redadas se produjo en la mañana del 29 de marzo de 2020, cuando la policía entró en un albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en Kyengera, a las afueras de la capital Kampala y detuvo a los 23 jóvenes varones allí presentes. Según denuncia el Foro por la Concienciación y la Promoción de los Derechos Humanos (HRAPF), al menos dos de ellos fueron agredidos. Tras dejar en libertad a tres de los arrestados, los restantes veinte fueron puestos a disposición judicial y enviados a prisión provisional, acusados de desobediencia y de transmisión negligente de enfermedades, en aplicación de las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de COVID-19 prohíben las reuniones de más de cinco personas.

Sin embargo, la actuación policial partió de las denuncias de los vecinos del barrio, que acusaban a los jóvenes de llevar a cabo actos homosexuales, ofreciendo como prueba de su acusación el «amaneramiento anormal» de los refugiados. La policía sometió a los jóvenes detenidos al «paseo de la vergüenza», al conducirles a través del barrio, a la vista de todos, hasta la comisaría de Nkonkonjeru.

Finalmente, 19 de los detenidos fueron encarcelados, sin posibilidad de conseguir un abogado debido a las restricciones por la pandemia y, por lo tanto, sin poder solicitar la libertad bajo fianza. Así permanecieron durante 50 días, en condiciones infrahumanas. Según sus abogados, cuando finalmente pudieron visitarles en la prisión para encargarse de su defensa, entre los detenidos se dieron casos de desnutrición, disentería, malaria y tifus. Tampoco se proporcionó el tratamiento necesario a los prisioneros que conviven con el VIH, no por falta de medios, sino por el criterio de las autoridades de la prisión de no dar ningún medicamento a los prisioneros VIH positivos. Dadas estas circunstancias, algunos de los jóvenes detenidos han presentado una demanda por las torturas y el trato degradante de que fueron objeto durante su permanencia en prisión.

Uganda-detenidos-liberados-mayo-2020Liberación tras 50 días

Pasados esos 50 días, un juez dictaminó la puesta en libertad sin cargos de los 19 detenidos. Además, se estableció una indemnización para cada uno de ellos de 1341 dólares (1160 euros), por habérseles impedido su derecho a un abogado y a la solicitud de libertad bajo fianza. Según el magistrado, el derecho a un «juicio justo» no puede ser conculcado y debe garantizarse incluso en situaciones de emergencia como la pandemia de la COVID-19.

Una nueva redada en un refugio LGTBI con 42 detenidos

El 31 de mayo de este 2021 se produjo en la localidad de Nansana un hecho semejante. La policía irrumpió en el albergue para jóvenes LGTBI sin hogar Happy Family Youth Uganda Limited, alegando que estaba teniendo lugar en su interior la ceremonia de una «boda gay». Según el portavoz policial, permanecían en el local un total de 38 varones y 6 mujeres, los hombres estaban maquillados y se encontraron lo que parecían regalos y también preservativos sin usar.

Uganda-detenidos-31-mayo-2021Detenidos el 31 de mayo de 2021

Se procedió a la detención de 42 de los presentes y su traslado a la comisaría de Nansana. Según denuncia HRAPF, al menos 17 de ellos fueron sometidos allí a inspecciones anales sin su consentimiento, algo considerado como una forma de tortura.

Sin embargo, ante el tribunal los cargos presentados fueron, como en el caso anterior, por violar la normativa establecida para la lucha contra la COVID-19 en cuanto al número de personas reunidas y la falta de distancia social. En concreto, la acusación fue la de «llevar a cabo un acto negligente que pueda propagar una infección o enfermedad».

En esta ocasión, los detenidos contaron desde el primer momento con la presencia de los abogados de HRAPF, que solicitaron de inmediato la libertad bajo fianza. Al ser concedida, permanecieron en prisión tan solo unos pocos días. Según declaraciones de HRAPF, el trato por parte de las autoridades de la cárcel fue correcto, quizás por temor a una nueva demanda. Sin embargo, fueron maltratados por la policía durante su detención y también por otros prisioneros, particularmente por los que se consideran líderes.

Finalmente, el 23 de septiembre tuvo lugar la audiencia en el tribunal de Nansana, tras la que se dictó sentencia absolutoria, quedando los 42 acusados definitivamente en libertad sin cargos.

Nuevo Código Penal y registro público de condenados por homosexualidad

El pasado mes de mayo, el Parlamento de Uganda aprobó el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, que incluye entre los actos punibles las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

El Código Penal en vigor establece penas de prisión, que pueden llegar a la cadena perpetua, para aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El nuevo proyecto de ley especifica en su artículo 11 que los delitos punibles serán «la penetración del ano de otra persona con un órgano sexual o cualquier otro objeto» y «un acto sexual entre personas del mismo sexo». Esto supone la inclusión inequívoca de las mujeres dentro de este tipo de delitos y el fin de cualquier ambigüedad sobre el significado de «contra natura».

El texto aprobado también establece la creación de un registro permanente de delincuentes sexuales en el que se incluirán a todos los condenados por los delitos establecidos en el proyecto de ley. El registro será accesible para agencias de seguridad, compañías de seguros médicos, centros educativos, arrendadores, bancos y el público en general.

Yoweri-Museveni-presidente-UgandaYoweri Museveni,

Tras la aprobación por el Parlamento el proyecto de ley fue remitido al presidente Yoweri Museveni, para su promulgación. Sin embargo, en el mes de agosto Museveni decidió devolver el texto para su reconsideración. Según la vicepresidenta del Parlamento, Anita Among, el presidente había señalado que varios de los delitos incluidos en el proyecto de ley ya estaban sancionados por el Código Penal. Asimismo, Museveni apuntó que la Comisión de Reformas Legislativas había propuesto varias enmiendas al texto dirigidas a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios que nunca fueron consideradas.

A la agrupación de colectivos de activistas LGTBI Sexual Minorities Uganda (SMUG) le preocupa que el proyecto de ley aumente el ambiente fuertemente homófobo en la sociedad ugandesa. Según SMUG, el artículo 11 vulnera los derechos y la protección de las minorías estipulados en la Constitución de la República de Uganda.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. Como señalábamos anteriormente, el artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Agresión homófoba y por su expresión de género a un menor de 15 años en Almansa (Albacete)

Miércoles, 6 de octubre de 2021

stop-lgbtfobia-en-la-iglesiaUn adolescente de 15 años ha sufrido una agresión homófoba y por su expresión de género a manos de otros menores, según adelantaba este viernes Periódico de Castilla-La Mancha. El menor, alumno del Instituto de Educación Secundaria Herminio Almendros de Almansa (Albacete), se encontraba el jueves en una clase de Educación Física en el exterior del centro cuando varios chicos de otro instituto le dedicaron insultos homófobos y se burlaron de que vistiese en ese momento con falda. El joven se enfrentó a ellos, lo que desencadenó además una violenta agresión física.

Según el diario castellano-manchego, la agresión comenzó cuando otros menores comenzaron a dirigirle insultos homófobos y se burlaron de su vestimenta. El chico les plantó cara y llegó a empujar a uno de agresores, tras lo cual recibió una paliza que terminó con la víctima sangrando por un oído y, según refiere Periódico de Castilla-La Mancha, «muy asustado, tal y como han señalado fuentes del centro educativo». La víctima, de hecho, precisó asistencia hospitalaria y varios puntos de sutura, lo que le impidió acudir el viernes a clase. Al parecer, no era la primera vez que la víctima recibía insultos homófobos y alusiones a su forma de vestir no normativa.

Aunque en un primer momento fue la Policía Local la que se personó en el lugar de la agresión, la investigación se encuentra en manos de la Guardia Civil, y si no se llegase a presentar denuncia por lo sucedido, fuentes de la Comandancia de Albacete han asegurado a Periódico de Castilla-La Manchaque se actuara de oficio ante la Fiscalía de Menores, puesto que los agresores también tienen menos de 18 años.

Estaremos pendientes de las novedades que se vayan conociendo.

Fuente Dosmanzanas

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Detenido un hombre de 23 años por una agresión homófoba en Girona

Martes, 5 de octubre de 2021

un-hombre-es-detenido-por-la-policia-efeUn hombre de 23 años, vecino de Salt y de nacionalidad española, ha sido detenido por los Mossos d’Esquadra como presunto autor de una agresión homófoba ocurrida durante la madrugada del viernes en el parque de la Devesa, en Girona. El agredido sufrió contusiones leves.

Según explica Elcaso.com, medio que tuvo acceso al primer atestado de los Mossos, la agresión sucedió en el parque de la Devesa de la ciudad catalana, donde en ese momento tenía lugar un botellón. Un grupo de cuatro individuos se acercó al joven agredido y le espetó «¿tú eres el maricón?». Posteriormente uno de ellos lo agredió físicamente con puñetazos y patadas. El joven pudo escapar hacia la cercana avenida de Ramon Folch, donde una patrulla activó el servicio de emergencias. El joven, que sufría contusiones leves, fue trasladado al Hospital Josep Trueta para su valoración.

Los datos aportados tanto por la víctima como por los testigos ha permitido la detención del agresor principal. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

Según asegura La Vanguardia, la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, la conversado telefónicamente con la víctima, estudiante de la Universidad de Girona, y le ha agradecido su actitud «valiente y determinada» a la hora de presentar la correspondiente denuncia. La alcadese también ha anunciado que el Ayuntamiento gerundense ejercerá la acusación popular.

Fuente Dosmanzanas

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