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La criminalización de la diversidad sexual y de género en Uganda estigmatiza a la comunidad LGTBI y pone en riesgo la estrategia de control del VIH

Lunes, 19 de febrero de 2024

IMG_2863Recapitulando con más información:

Tras la promulgación de una de las leyes contra la diversidad sexual y de género más duras del mundo en primavera de 2023, la comunidad LGTBI de Uganda, se enfrenta a las difíciles consecuencias de la persecución de Estado. La legislación discriminatoria castiga con cadena perpetua las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, condena «la promoción de la homosexualidad» con hasta 20 años de cárcel y la «homosexualidad agravada» con la pena de muerte. Esta situación pone en grave riesgo la estrategia de control del VIH en este país africano. Activistas, personas que viven con el VIH y otras en situación de riesgo ya están sufriendo los efectos de la represión LGTBIfóbica y de la sinrazón de la criminalización del colectivo.

El pasado 29 de mayo, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó la «Ley contra la Homosexualidad 2023». Solo tres meses después, un joven de 20 años se convertía en el primer ugandés en ser acusado de «homosexualidad agravada», un «delito» que se castiga con la pena de muerte. Se le acusó de «relaciones sexuales ilegales con un hombre de 41 años» y está en prisión preventiva, aunque en su orden de detención no se especificaban los motivos por los que se considera «agravamiento» en su caso. La abogada del joven ha valorado que se trata de una «ley inconstitucional» en su conjunto. De hecho, distintas organizaciones a favor de los derechos humanos la recurrieron en diciembre.

Steven Kabuye, director ejecutivo del grupo de defensa Colored Voice Truth to LGBTQ, que ha sufrido amenazas de muerte desde marzo debido a su sexualidad, se grabó en el suelo, aferrándose a la vida, tras ser apuñalado repetidamente por asaltantes desconocidos en el exterior de su casa. Ahora está recibiendo atención fuera de Uganda. Pero Kabuye dice que la policía parecía más centrada en que era gay que en el ataque.

Violación de los derechos humanos

Para Amnistía Internacional, «La Ley contra la Homosexualidad viola las obligaciones a las que está sujeta Uganda en virtud de su propia legislación y del derecho internacional, como las obligaciones derivadas del capítulo 4 de la Constitución ugandesa, que protege los derechos a la igualdad, a no sufrir discriminación, a la protección de la libertad personal, a la protección frente a los tratos crueles o degradantes, y a la intimidad. Además, la Ley viola disposiciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que prohíben la discriminación, los tratos crueles o degradantes y las detenciones arbitrarias».

Según recoge esta organización, además, esta ley «viola varias disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Declaración Universal protege el derecho de toda persona a expresarse libremente, así como el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación. Al igual que la Carta Africana, la Declaración Universal prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la detención, la reclusión o el exilio arbitrarios, y las injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia de una persona. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene disposiciones similares en sus artículos 2, 7, 9 y 17».

Por su parte, un grupo de expertos de la ONU describió la ley como una «violación de los derechos humanos». Asimismo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció el proyecto de ley como «discriminatorio, probablemente el peor de este tipo en el mundo».

En una encuesta realizada en 2022 por Afrobarómetro, una red apartidista de investigación, se puso de manifiesto que el pueblo ugandés es muy tolerante con las personas de diferentes etnias y religiones, pero muy intolerante con la diversidad sexual y de género. Cerca del 97% se declaraba a favor de leyes que penalizaran la homosexualidad y el 94% afirmaba que denunciaría a un familiar o amigo gay a la policía. Más de la mitad de los 54 países del continente africano tienen leyes anti LGTBI. Quienes promueven estas medidas las consideran una manera de «deshacerse de un vestigio de la dominación colonial». Sin embargo, la realidad ugandesa es que ley contra la sodomía de 1950 fue aprobada durante el dominio colonial de Reino Unido (recordemos que Uganda obtuvo la independencia de este país en 1962).

En grave riesgo la estrategia de control del VIH

A raíz de la legislación discriminatoria contra las personas LGTBI, las organizaciones que trabajan para controlar el VIH en Uganda se están viendo sometidas a innumerables problemas y desafíos, que ponen en riesgo incluso la continuidad de muchas de ellas. Es por ejemplo el caso de la Fundación Foaster para la Salud de Uganda (FFHCU): «Actualmente, la Fundación Foaster se enfrenta a la pérdida de su oficina y espacio de refugio, y estamos recaudando fondos urgentemente para ayudar a pagar su alquiler y asegurarnos de que los miembros de Foaster no pierdan su casa y seguridad». Mientras el director  de la fundación se encontraba en el hospital visitando a un compañero que había sido golpeado, el espacio del refugio fue allanado por la policía y 10 miembros fueron arrestados bajo cargos de homosexualidad.

Escalada de represión al colectivo LGTBI en Uganda

La situación de las personas LGTBI en Uganda, como hemos visto, se ha deteriorado todavía más de lo que ya estaba los últimos años. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

La durísima normativa vigente se remonta a 2016, cuando la presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, perofinalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, ya vigente, recupera muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Con todo, conviene tener en cuenta que además del marco jurídico desfavorable, la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques discriminatorios arbitrarios. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre de 2019  recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo, como ha acabado ocurriendo.

La Ley contra la homosexualidad de 2023

En febrero de 2023, el Parlamento de Uganda autorizó la presentación de un proyecto de ley que pretendía actualizar la penalización de las relaciones homosexuales. En el memorándum de la presentación del proyecto, se establecía que su pretensión era:

prohibir las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y su «promoción o reconocimiento»,

reforzar las medidas para «hacer frente a las nuevas amenazas a la familia tradicional heterosexual»,

proteger a la cultura ugandesa de los activistas de los derechos sexuales que pretenden imponer sus valores de promiscuidad sexual, y

proteger a los niños y jóvenes vulnerables ante los abusos sexuales derivados de la homosexualidad y actos afines.

Es decir, como es habitual en este tipo de textos represores de la libertad sexual, se ligaba la homosexualidad a la pederastia o abuso de menores, se la declaraba como una amenaza a la familia tradicional e incluso se la consideraba como algo ajeno a la cultura africana.

El primer borrador presentado y llevado a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios ya establecía penas de 10 años de prisión por el «delito de homosexualidad», en el que incurrían no solo quienes mantuvieran relaciones con personas de su mismo sexo, sino también quienes simplemente se declarasen «lesbiana, gay, transexual, queer o cualquier otra identidad sexual o de género contraria a las categorías binarias de masculino y femenino».  También castigaba con la pena de muerte los casos de «homosexualidad agravada», en los que se incluían las relaciones homosexuales de personas que conviven con el VIH.

En la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios, una mayoría de 30 miembros apoyó el proyecto de ley tal como se había presentado. Tan solo dos miembros disintieron. Expertos en derechos humanos y juristas de prestigio declararon que muchos de los artículos del proyecto eran inconstitucionales. Fue inútil, la mayoría de los miembros de la Comisión estimaron que «la prohibición de la homosexualidad está arraigada en las leyes de Uganda y en nuestras normas y valores culturales más preciados y compartidos». También afirmaron, a pesar de las pruebas en contra, que los medios de comunicación «se han visto inundados recientemente de noticias sobre sodomía y lesbianismo en las escuelas ugandesas» y que «la seducción y el reclutamiento de escolares para la homosexualidad han tomado forma en Uganda».

De esta manera, no solamente dieron su apoyo al proyecto de ley, sino que introdujeron enmiendas que lo endurecían. Mantener relaciones homosexuales se castigaría con la cadena perpetua y con 14 años de cárcel en el grado de tentativa. Aunque desaparecía la mención al VIH en el delito de «homosexualidad agravada», se incluyó el hecho de contraer una «enfermedad terminal» por una de las partes para castigarla con la pena de muerte. También se incluyó la pena de prisión de 10 años para quienes participasen en una ceremonia de matrimonio entre personas del mismo sexo.

Se modificaron las normas del Parlamento para poder apoyar el proyecto de ley sin demora. El 21 de marzo se votaron las dos últimas lecturas, por una mayoría de 387 votos a favor y tan solo 2 en contra.

La nueva norma fue remitida al presidente Yoweri Museveni para su promulgación. Sin embargo, aconsejado por los funcionarios del Ministerio de Justicia y por miembros de su propio partido, Museveni devolvió el texto al Parlamento para que introdujera modificaciones. El presidente requería que no se castigara el mero hecho de identificarse como una persona LGTBI ni tampoco el hecho de no denunciar los actos homosexuales. El Parlamento introdujo las enmiendas necesarias, aunque la no denuncia de los actos homosexuales siguió siendo castigada si una las personas implicadas era vulnerable. El texto final fue aprobado por 348 votos a favor y tan solo 1 en contra.

El 29 de mayo de 2023, el presidente Yoweri Museveni promulgó finalmente la Ley contra la homosexualidad. Destacamos a continuación los artículos que vulneran los derechos humanos de las personas LGTBI, dejando sin citar las penas establecidas para los delitos de violación o el abuso de menores:

  • Artículo 2. Delito de homosexualidad
    1. Una persona comete el delito de homosexualidad si realiza un acto sexual o permite que una persona de su mismo sexo realice un acto sexual con ella.
    2. Toda persona que cometa un delito de homosexualidad podrá ser condenada a cadena perpetua.
    3. Toda persona que intente realizar un acto sexual en las circunstancias mencionadas en el apartado (1) comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta diez años.
  • Artículo 3. Homosexualidad agravada
    1. Una persona que cometa el delito de homosexualidad en cualquiera de las circunstancias especificadas en el apartado (2), comete el delito de homosexualidad con agravantes y puede ser condenada a muerte.
    2. Las circunstancias a las que se hace referencia en el apartado (1) son cuando
      • la persona contra la que se comete el delito contrae una enfermedad terminal como resultado del acto sexual;
      • el delincuente es reincidente;
      • la persona contra la que se comete el delito es de edad avanzada;
    3. Una persona que intente realizar un acto sexual en las circunstancias mencionadas en el apartado (1) comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta catorce años.
  • Artículo 6. El consentimiento para cometer un acto sexual no constituye defensa
    • El consentimiento de una persona para cometer un acto sexual no constituirá una defensa frente a una acusación formulada en virtud de la presente Ley.
  • Artículo 10. Prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo
    1. Toda persona que
      • pretenda contraer matrimonio con una persona del mismo sexo;
      • presida, conduzca, presencie o dirija una ceremonia que pretenda ser un matrimonio entre personas del mismo sexo; o
      • asista o participe a sabiendas en la preparación de un pretendido matrimonio entre personas del mismo sexo, comete un delito y podrá ser condenado a una pena de prisión de hasta diez años.
    2. En esta sección, «matrimonio» significa la unión, formal o informal, entre personas del mismo sexo.
  • Artículo 11. Promoción de la homosexualidad
    1. Toda persona que promueva la homosexualidad comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta veinte años.
    2. Una persona promueve la homosexualidad cuando
      • anima o persuade a otra persona a realizar un acto sexual o cualquier otro acto que constituya un delito en virtud de la presente Ley;
      • a sabiendas anuncia, publica, imprime, emite, distribuye o hace que se anuncie, publique, imprima, emita o distribuya por cualquier medio, incluido el uso de un ordenador, sistema de información o internet, cualquier material que promueva o fomente la homosexualidad o la comisión de un delito tipificado en esta Ley;
      • proporcione apoyo financiero, ya sea en especie o en efectivo, para facilitar actividades que fomenten la homosexualidad o la observancia o normalización de conductas prohibidas en virtud de la presente Ley;
      • a sabiendas alquile o subarriende, utilice o permita que otra persona utilice cualquier casa, edificio o establecimiento con el fin de llevar a cabo actividades que fomenten la homosexualidad o cualquier otro delito tipificado en la presente Ley; o
      • dirija una organización que promueva o fomente la homosexualidad o la observancia o normalización de conductas prohibidas en virtud de la presente Ley.
    3. Cuando una persona jurídica cometa un delito tipificado en este artículo, el tribunal podrá
      • imponer una multa no superior a cincuenta mil puntos monetarios por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este artículo;
      • suspender la licencia de la entidad por un período de diez años; o
      • cancelar la licencia concedida a la entidad.
  • Artículo 14. Obligación de denunciar actos de homosexualidad
    1. Toda persona que sepa o tenga sospechas razonables de que una persona ha cometido o tiene intención de cometer un delito de homosexualidad o cualquier otro delito tipificado en la presente Ley, informará del asunto a la policía para que adopte las medidas oportunas.
    2. Una persona a la que el privilegio le impida realizar una denuncia en virtud del apartado (1) será inmune a cualquier acción derivada de la divulgación de la información sin que se haya obtenido o tenido previamente el consentimiento o la renuncia al privilegio.
    3. Una persona que haga una denuncia a la que se hace referencia en esta sección será tratada como denunciante de conformidad con la Ley de Protección de Denunciantes de 2010 y estará protegida contra la victimización.
    4. Esta sección no se aplicará a un abogado en virtud de la Ley de la Abogacía.

Como hemos señalado anteriormente, tan solo tres meses después de la promulgación de la ley, un joven de 20 años se convertía en el primer ugandés en ser acusado de «homosexualidad agravada»,

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Congresista republicano pide a los líderes de Uganda que “se mantengan firmes” en apoyo de la pena de muerte para personas LGBTQ

Jueves, 4 de enero de 2024
Comentarios desactivados en Congresista republicano pide a los líderes de Uganda que “se mantengan firmes” en apoyo de la pena de muerte para personas LGBTQ

IMG_2128El representante Tim Walberg, ex vendedor de Biblias, alentó a los líderes ugandeses a resistir los esfuerzos de Estados Unidos por derogar la cruel ley.

De vez en cuando, la derecha en Estados Unidos no puede evitar mirar con nostalgia a los países donde la represión de LGBTQ es una cuestión de ley. Pero el representante Tim Walberg, republicano de Michigan, fue un paso más allá. De hecho, viajó a Uganda para reunirse con líderes de allí e instarlos a “mantenerse firmes en apoyo de su draconiana ley anti-LGBTQ, que incluye la pena de muerte para los homosexuales. La Ley contra la Homosexualidad, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley.

La ley es tan horrible que incluso el senador Ted Cruz la ha condenado.

Walberg hizo el viaje en octubre pasado, pero pasó desapercibido hasta que Salon lo reveló esta semana. Walberg fue el orador principal en el Desayuno Nacional de Oración de Uganda. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, quien promulgó la Ley contra la Homosexualidad en mayo, estuvo entre los presentes en el discurso de Walberg. Museveni dijo que la presencia de Walberg demostraba que sí. Museveni dijo más tarde que el discurso de Walberg demostraba que algunos estadounidenses “piensan como nosotros”.

En el discurso, Walberg llamó a los líderes de Uganda a desafiar los esfuerzos para obligar a la nación africana a revocar la cruel ley, que castiga la “homosexualidad agravada” con la pena de muerte”. Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte. La ley ya ha visto un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos.

Estados Unidos sacó a Uganda de un pacto comercial y emitió sanciones de visa contra algunos funcionarios ugandeses. El Banco Mundial ha suspendido todos los préstamos a Uganda en respuesta a la medida, porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”. La administración Biden ordenó una revisión de toda la ayuda estadounidense a la nación de África Oriental, además de emitir una advertencia de viaje a Uganda citando problemas de “chantaje” y “violencia” generalizados en el país.

“Aunque el resto del mundo los está presionando, aunque hay otros países importantes que están tratando de entrar en ustedes y, en última instancia, cambiarlos, manténganse firmes. Manténganse firmes”, aconsejó Walberg a los asistentes.

Walberg citó la Biblia como justificación de una ley para matar personas. “El pensamiento del mundo es inútil”, dijo Walberg. “Inútil, por ejemplo, es la idea del Banco Mundial, o de la Organización Mundial de la Salud, o de las Naciones Unidas, o, lamentablemente, de algunos miembros de nuestra administración en Estados Unidos que dicen: ‘Están equivocados al defender valores que Dios creó,’ por decir que hay hombre y mujer y Dios los creó’”.

“¿De qué lado queremos estar?” Walberg continuó. “Del lado de Dios. Ni el Banco Mundial, ni necesariamente los Estados Unidos de América, ni la ONU del lado de Dios”.

Walberg se alineó explícitamente con Museveni y los legisladores ugandeses que aprobaron abrumadoramente el proyecto de ley “Matar a los gays”. Refiriéndose al presidente de Uganda, Walberg dijo: “Él sabe que tiene un Parlamento y… incluso congresistas como yo, que dirían: ‘Estamos con ustedes’”.

Walberg, ex vendedor de Biblias, siempre ha sido un conservador religioso estándar en el Congreso. HRC lo designó miembro de su Salón de la Vergüenza en 2014. Este año fue el autor de una disposición que llamó Ley de Derechos de los Padres sobre la Educación y el Cuidado de sus Hijos (PROTECT), parte de un proyecto de ley republicano más amplio que no llegó a ninguna parte. Según la disposición de Walberg, las escuelas deberían obtener el consentimiento de los padres antes de cambiar los pronombres o nombres preferidos de un estudiante.

Su viaje a Uganda fue patrocinado por el Desayuno Nacional de Oración de Estados Unidos, un antiguo grupo bipartidista que recientemente ha dado un giro de extrema derecha. La nueva líder del grupo es Caroline Aderholt, ex líder de Concerned Women of America, un grupo anti-LGBTQ desde hace mucho tiempo. El marido de Aderholt es el representante Robert Aderholt, un republicano de Alabama que una vez intentó impedir que las agencias de adopción permitieran la adopción a personas homosexuales.

Si bien Walberg ha recibido críticas por sus comentarios, no espere que sus compañeros republicanos lo condenen. En todo caso, Walberg está diciendo lo que al menos algunos otros tipos nacionalistas cristianos en las filas también están pensando. Es sólo otro recordatorio de que cuando se trata del Partido Republicano de hoy, nada se considera completamente fuera de lo normal, incluso matar a personas LGBTQ.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

IMG_2075Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

***

 

Fuente LGBTQNation/Cristianos Gays

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El arzobispo de Canterbury insta a la iglesia de Uganda a rechazar la mortífera ley contra los homosexuales

Lunes, 12 de junio de 2023
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welby
Llamamiento de Justin Welby, primado de Inglaterra, a Stephen Kaziimba, primado de Uganda

Choque de Primados: La Comunión Anglicana, a prueba tras el apoyo de la Iglesia de Uganda a la ley que contempla la pena de muerte para las personas LGTBIQ+

Welby: “Insto al arzobispo Kaziimba y a la Iglesia de Uganda, un país y una Iglesia que amo mucho y al que le debo tanto, a que reconsideren su apoyo a esta legislación y rechacen la criminalización de las personas LGBTQ”.

El arzobispo de Canterbury ha rechazado la ley contra la actividad homosexual de Uganda y pide a los anglicanos ugandeses que se opongan al proyecto de ley.

El Arzobispo de Canterbury ha expresado su “dolor y consternación” por la ley de Uganda que prohíbe la homosexualidad en una carta instando a los funcionarios de la Iglesia en el país a rechazarla.

El obispo principal Justin Welby escribió al arzobispo de Uganda Stephen Kaziimba el viernes (9 de junio) condenando públicamente la Ley contra la homosexualidad de Uganda.

“Recientemente le escribí a mi hermano en Cristo, el Primado de Uganda, el Arzobispo Stephen Kaziimba, para expresar mi dolor y consternación por el apoyo de la Iglesia de Uganda a la Ley contra la Homosexualidad. Hago esta declaración públicacon tristeza y con oraciones continuas por la reconciliación entre nuestras iglesias y en toda la Comunión Anglicana”, dice Welby en un comunicado

“Soy profundamente consciente de la historia del dominio colonial en Uganda, tan heroicamente resistido por su pueblo. Pero no se trata de imponer valores occidentales a nuestros hermanos y hermanas anglicanos de Uganda. Se trata de recordarles los compromisos que hemos hecho como anglicanos de tratar a cada persona con el cuidado y el respeto que merecen como hijos de Dios”.

Así se expresa el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, sobre el apoyo de la Iglesia de Uganda a la Ley contra la Homosexualidad promulgada recientemente por el presidente Yoweri Museveni, una de las más duras del mundo contra el colectivo LGBTQ, y en donde cualquier condenado puede enfrentarse a cadena perpetua, contemplándose incluso la pena de muerte para los “casos agravados, como tener relaciones homosexuales con menores de 18 años o infectar a una pareja sexual con una enfermedad crónica como el sida.

El proyecto de ley, firmado por segunda vez el 29 de mayo, introduce leyes que prohíben a los ciudadanos de Uganda defender o promover los derechos LGBTQ+ además de leyes ya estrictas contra la intimidad consensuada entre personas del mismo sexo.

También introduce una cláusula sobre la “homosexualidad agravada”, definida como tener relaciones sexuales con un menor o siendo seropositivo, que conlleva la pena de muerte.

Los legisladores aprobaron inicialmente la legislación en abril, pero fue devuelta después de que el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, dijera que requería enmiendas para “facilitar el refuerzo y el fortalecimiento de algunas disposiciones en línea con nuestras mejores prácticas”.

En su carta, Welby también pidió a la Global Anglican Future Conference (GAFCON) y a la Global South Fellowship of Anglican Churches (GSFA) que dejaran “explícitamente” en claro que la ley estaba en contra de sus valores fundamentales.

Dentro de la Comunión Anglicana, -prosigue el comunicado difundido por Welby- seguimos en desacuerdo sobre cuestiones de sexualidad, pero en nuestro compromiso con la dignidad humana otorgada por Dios, debemos estar unidos”, escribió. “Le recordé al arzobispo Kaziimba que los anglicanos de todo el mundo han estado unidos durante mucho tiempo en nuestra oposición a la criminalización de la homosexualidad y las personas LGBTQ. Apoyar dicha legislación es una desviación fundamental de nuestro compromiso de defender la libertad y la dignidad de todas las personas.

“No hay justificación para que ninguna provincia de la Comunión Anglicana apoye tales leyes: ni en nuestras resoluciones, ni en nuestras enseñanzas, ni en el Evangelio que compartimos”.

Señaló una resolución acordada durante la Conferencia de Lambeth de 1998, una asamblea decenal de obispos para expresar resoluciones sobre las creencias anglicanas, que establece un “compromiso de ministrar pastoralmente y sensibilidad para todos, independientemente de la orientación sexual”.

La Iglesia de Uganda, como muchas provincias anglicanas, mantiene la enseñanza cristiana tradicional sobre la sexualidad y el matrimonio establecida en la Resolución i.10 de la Conferencia de Lambeth de 1998. Esa resolución también expresó el compromiso de ministrar pastoral y sensiblemente a todos, independientemente de la orientación sexual, y de condenar la homofobia.“Le dije al Arzobispo Kaziimba que no puedo ver cómo el apoyo de la Iglesia de Uganda a la Ley contra la Homosexualidad es consistente con sus muchas declaraciones en apoyo de la Resolución i.10”, señala el primado anglicano, precisamente muy cuestionado por las iglesias africanas por el apoyo desde Europa a las reivindicaciones de la comunidad LGTBQ.

4D13849E-2DB5-4A81-8B52-B1AA2A94F1B8Arzobispo Stephen Kaziimba Mugalu

“Más recientemente, en la Reunión de Primados de 2016 en Canterbury, los Primados de la Comunión Anglicana ‘condenaron los prejuicios y la violencia homofóbicos y resolvieron trabajar juntos para ofrecer atención pastoral y un servicio amoroso independientemente de la orientación sexual”, añade el arzobispo de Canterbury, quien apunta también que “afirmamos que esta convicción surge de nuestro discipulado de Jesucristo.

También “reafirmamos nuestro rechazo a las sanciones penales contra personas atraídas por personas del mismo sexo y declaramos que “el amor de Dios por cada ser humano es el mismo, independientemente de su sexualidad, y que la iglesia nunca debe dar otra impresión con sus acciones”, continúa el comunicado, que ahonda en la fractura entre las Iglesias anglicanas en una cuestión muy sensible en sociedades como la africana.

“Estas declaraciones y compromisos son la mente común de la Comunión Anglicana sobre la dignidad y el valor esenciales de cada persona. Por lo tanto, insto al arzobispo Kaziimba y a la Iglesia de Uganda, un país y una Iglesia que amo mucho y al que le debo tanto, a que reconsideren su apoyo a esta legislación y rechacen la criminalización de las personas LGBTQ. También hago un llamado a mis hermanos en Cristo, el liderazgo de GAFCON y la Fraternidad de Iglesias Anglicanas del Sur Global, para que aclaren explícita y públicamente que la criminalización de las personas LGBTQ es algo que ninguna provincia anglicana puede apoyar: eso debe declararse inequívocamente”, subraya Welby, quien concluye pidiendo que, “como discípulos de Jesucristo, estamos llamados a honrar la imagen de Dios en cada persona, y rezo para que los anglicanos sean intransigentes y estén unidos en este llamado”.

El arzobispo de Canterbury se ha enfrentado a la controversia por sus puntos de vista sobre las personas LGBTQ+ en el pasado

Si bien la carta del arzobispo de Canterbury que condena el proyecto de ley sin duda será un alivio para los anglicanos LGBTQ+, el enfoque anterior de Welby sobre la inclusión ha dejado a muchos en la Iglesia en terreno inestable.

La Iglesia de Inglaterra se vio obligada a disculparse por su trato a las personas LGBTQ+ luego de meses de controversia luego de que los obispos se negaran a permitir la ordenación de matrimonios entre personas del mismo sexo por parte de miembros del clero.

“Las ocasiones en que han recibido una respuesta hostil y homófoba en nuestras iglesias son vergonzosas y por eso nos arrepentimos”, decía una carta abierta en enero. “Mientras escuchamos, nos han dicho una y otra vez cómo le hemos fallado a las personas LGBTQ+”, continuó. “No los hemos amado como Dios los ama, y eso está profundamente mal”.

El mismo día, Welby dijo que las parejas del mismo sexo que ya están casadas pueden ser bendecidas por el clero, pero que él mismo no lo haría debido a su “responsabilidad pastoral para toda la comunión”.

En respuesta, el parlamentario laborista Ben Bradshaw dijo que las recomendaciones eran “incluso peores de lo que se ha seguido”.

De manera similar, la exasesora del gobierno LGBTQ+ y activista cristiana gay, Jayne Ozanne, dijo: “¡Disculpa no aceptada, arzobispo! Me pregunto si los arzobispos realmente han olvidado que nos han pedido disculpas antes, muchas veces, o si creen que esto será suficiente para nosotros dado que la discriminación continúa”.

Anglicanismo: una comunión dividida por la inclusión de las personas LGTBI

320px-Anglican_rose.svgLa Rosa de los Vientos,
(Emblema oficial de la Comunión anglicana, simboliza su alcance mundial y naturaleza descentralizada.)

La aceptación de la homosexualidad en la Comunión anglicana es desigual entre sus diferentes jerarquías e iglesias. La Iglesia episcopaliana, rama estadounidense de los anglicanos, es sin duda la que abrió camino. Ya en 2003 eligió al primer obispo abiertamente gay, Gene Robinson. Y en 2010 fue la primera en romper con la moratoria autoimpuesta durante varios años por la comunión anglicana tras el nombramiento de Robinson y comenzar a ordenar de nuevo obispos y obispas abiertamente homosexuales. En 2012 aprobaba también la ordenación de personas transexuales. También, como ya hemos señalado, fue la primera iglesia anglicana en celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo.

La Iglesia anglicana de Canadá también se ha caracterizado por su afán inclusivo. Así, por ejemplo, tras sumarse a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, enspués elegía obispo a Kevin Robertson, abiertamente gay y padre, junto a su pareja, de dos hijos. Roberston se convertía así en el primer miembro de una familia homoparental en ostentar esta dignidad en una iglesia anglicana.

En el otro extremo se sitúan las iglesias anglicanas africanas, algunas de ellas virulentamente homófobas. Una situación inestable que en la última década ha colocado al anglicanismo al borde de un cisma que no ha llegado a producirse aún pero que sobrevuela la Comunión Anglicana.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

uganda_gay_rightsUganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien la nueva Ley aprobada por el Parlamento y promulgada  por el presidente de Uganda, Museveni, criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

Uganda-gay-person-burned-alive

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas”a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente PinkNews/Religión Digital/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Anglicana , , , , , , , , , , , , , ,

El presidente de Uganda, Museveni, promulga el proyecto de ley contra la homosexualidad: “¿Cuántos morirán?”

Miércoles, 31 de mayo de 2023
Comentarios desactivados en El presidente de Uganda, Museveni, promulga el proyecto de ley contra la homosexualidad: “¿Cuántos morirán?”

Museveni_swearing_fourth_term3_411255706El criminal presidente de Uganda, Yoweri Museveni,con una Biblia en la mano…

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, promulgó la Ley contra la homosexualidad, que duplica la persecución de las personas LGBTQ+ en el país.

La ley anti-LGBTQ+ de Uganda es un “ataque a los derechos humanos”

El proyecto de ley contra la homosexualidad de Uganda se convirtió en ley, y los activistas calificaron la “ley mortal” como un “ataque a los derechos humanos”.

Yoweri Museveni, dio su aprobación a la Ley Anti-Homosexualidad, que se convierte inmediatamente en una de las leyes anti-LGBTQ+ más estrictas del mundo, informó el lunes (29 de mayo) la cuenta oficial de Twitter del gobierno de Uganda.

Museveni, firme partidario de la familia, había prometido previamente firmar la medida tras las enmiendas sugeridas por él, y se ha manifestado enérgicamente contra lo que considera incursiones ideológicas occidentales en su nación mayoritariamente cristiana.

La presidenta del parlamento de Uganda, Anita Among, también confirmó la noticia en una publicación en Twitter, diciendo que Museveni había “respondido a los gritos de nuestro pueblo” y “legislado para proteger la santidad de la familia”.

“Ahora animo a los garantes de deberes bajo la ley a ejecutar el mandato que se les otorga en la Ley Anti-Homosexualidad”, escribió Among. “El pueblo de Uganda ha hablado, y ahora es su deber hacer cumplir la ley de manera justa, firme y constante”.

La Ley contra la Homosexualidad de Uganda introduce la pena de muerte

La nueva legislación duplica las ya duras sanciones impuestas a las personas LGBTQ+ en Uganda, donde la intimidad sexual consentida entre personas del mismo sexo es ilegal.

La Ley contra la Homosexualidad introduce el nuevo delito de “homosexualidad agravada”, que se define como tener relaciones sexuales con una persona menor de 18 años y tener relaciones sexuales siendo VIH positivo, entre otras categorías. Lleva una sentencia de muerte.

Según la ley, cualquiera que alquile a sabiendas a homosexuales podría ser encarcelado hasta siete años, señaló la BBC. Además, los ugandeses estarán obligados por ley a denunciar cualquier acto homosexual en el que participen menores de edad; no hacerlo podría acarrear cinco años entre rejas o fuertes multas equivalentes a más de 2.500 dólares.

El parlamento aprobó una versión anterior del proyecto de ley en marzo que tenía disposiciones que buscaban castigar a las personas por simplemente identificarse como parte de la comunidad LGBTQ+, pero los legisladores eliminaron esta cláusula en mayo después de que Museveni devolviera el proyecto de ley al parlamento para su reconsideración.

Arthur Kayima, un activista queer de derechos humanos de Uganda, condenó la “legislación vil y mortal” y dijo que “no hará nada para mejorar Uganda o la vida de los ugandeses”. En lugar de centrarse en los problemas reales a los que se enfrenta Uganda (pobreza, mala infraestructura, economía, violencia doméstica), Museveni preferiría causar distracción atacando nuestro derecho fundamental a existir”, dijo Kayima.

La activista continuó: “Tengo miedo por mi comunidad. ¿Cuántos de nosotros seremos encarcelados, golpeados o perseguidos en las sombras de la sociedad como resultado de esta legislación? ¿Cuántos morirán? “Todos aquellos que creen en nuestros derechos deben luchar contra esta legislación y las fuerzas detrás de ella por todos los medios necesarios”.

Activistas LGBTQ+ y de derechos humanos pidieron al presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que no promulgara la Ley contra la homosexualidad. Museveni ignoró sus súplicas. (Getty)

Mike Podmore, director de la red de VIH, salud y derechos STOPAIDS, con sede en el Reino Unido, dijo que el proyecto de ley no solo es un “ataque directo a los derechos humanos”, sino que también es una “amenaza para la salud pública que diezmará la respuesta al VIH”.

Podmore describió cómo la Ley Anti-Homosexualidad penalizará la “prestación de servicios clave y afianzará aún más el estigma mortal que lamentablemente todavía rodea al VIH”.

“Debemos hacer todo lo posible para persuadir a Uganda contra este paso regresivo que podría desencadenar un efecto dominó entre otros países de la región para retroceder aún más en los derechos LGBTQI+, incluidos Kenia, Ghana y Burundi”, dijo Podmore.

“Los gobiernos de todo el mundo deben actuar de inmediato para hacer valer los derechos de las personas homosexuales y garantizar la seguridad de los ugandeses LGBTQI+ al garantizar que se respalden los servicios de primera línea y se brinde asilo seguro donde sea necesario”.

Podmore agregó que el Reino Unido tiene una “responsabilidad particular” en esta lucha, ya que las leyes que penalizan a las personas LGBTQ+ se introdujeron por primera vez cuando el Imperio Británico colonizó Uganda.

Además, dijo que Estados Unidos tiene un interés en este movimiento ya que “los grupos fundamentalistas evangélicos han financiado esta odiosa agenda”.

Después de que la Ley Anti-Homosexualidad fuera aprobada por el parlamento de Uganda en marzo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, advirtió que Estados Unidos podría implementar sanciones económicas si la nación africana promulgaba el proyecto de ley.

Jean-Pierre describió la medida como “una de las leyes anti-LGBTQ+ más extremas del mundo”.

Dijo que la legislación anti-LGBTQ+ “afectaría los derechos humanos universales, pondría en peligro el progreso en la lucha contra el VIH/SIDA, disuadiría el turismo y la [inversión] en Uganda y dañaría la reputación internacional de Uganda”.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

uganda_gay_rightsUganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

Uganda-gay-person-burned-aliveEn 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Uganda no penalizará a los homosexuales que busquen ayuda para dejar de serlo

Sábado, 20 de mayo de 2023
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uganda_gay_rightsEl Parlamento ugandés aprobó este mes su amplio proyecto de ley contra la sodomía tras añadir disposiciones que garantizan que no se penalice a las personas atraídas por personas del mismo sexo que busquen ayuda. El presidente del país africano ha declarado que firmará la medida una vez introducidos los cambios necesarios que aumenten los castigos y la represión a quien se niegue a “curarse”

 La nueva versión de la ley sigue siendo “una de las piezas más duras de la legislación anti-gay en el continente”, según la BBC.

El parlamento de Uganda aprobó una primera versión de la Ley contra la homosexualidad en marzo. Denostada por los defensores de la agenda LGBT, la medida prevé penas estrictas para el comportamiento homosexual, incluyendo la pena de muerte .

Estamos haciendo esta ley para nosotros mismos. Estamos haciendo esta ley por nuestros hijos“, declaró el mes pasado en el Parlamento el Ministro de Obras de Uganda, Ecweru Musa Francis. “Este país se mantendrá firme… los homosexuales no tienen espacio en Uganda”.

El mes pasado, el presidente ugandés, Yoweri Museveni, afirmó que firmaría el proyecto de ley después de que los legisladores introdujeran cambios que salvaguardaban a los homosexuales de ser castigados por revelar su condición si buscaban la rehabilitación.

Posteriormente, los legisladores enmendaron la medida, que seguirá estableciendo penas rigurosas para las personas que faciliten la actividad homosexual.

Según la ley, cualquiera que alquile a sabiendas a homosexuales podría ser encarcelado hasta siete años, señaló la BBC. Además, los ugandeses estarán obligados por ley a denunciar cualquier acto homosexual en el que participen menores de edad; no hacerlo podría acarrear cinco años entre rejas o fuertes multas equivalentes a más de 2.500 dólares.

Museveni, firme partidario de la familia, había prometido previamente firmar la medida tras las enmiendas sugeridas por él, y se ha manifestado enérgicamente contra lo que considera incursiones ideológicas occidentales en su nación mayoritariamente cristiana.

En las últimas semanas y meses, funcionarios estadounidenses y europeos han condenado duramente el proyecto de ley antihomosexualidad de Uganda.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda-gay-person-burned-aliveUganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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california-terapias-conversion-fraude-696x473En enero de este año, el gobierno de Irlanda promete promulgar una ley que prohíba las terapias de conversión antes de 2024. El pasado mes de octubre, el Senado de México votó para prohibir todas las terapias de conversión. En agosto, la ya dimitida primera ministra del Reino Unido Liz Truss,  se posicionaba en contra de prohibir las terapias de conversión. El Partido Conservador había estado prometiendo una prohibición de la terapia de conversión en el Reino Unido desde 2018, y el año pasado finalmente produjo un documento de consulta. Sin embargo, la consulta estuvo plagada de banderas rojas, comparando el tratamiento médico afirmativo para niños trans con la terapia de conversión, brindando exenciones religiosas e incluso afirmando que los adultos pueden dar su consentimiento libremente a la terapia de conversión.

Las propuestas de legislación del Reino Unido empeoraron este año cuando se anunció que la prohibición solo cubriría la orientación sexual y no la identidad de género. Por otro lado, Escocia se ha separado de la postura arcaica de los Tories, produciendo su propio informe de un grupo asesor de expertos del gobierno. El informe integral fue bien recibido por la comunidad LGBTQ+, centró a los sobrevivientes en todas las áreas y estableció principios clave para legislar en contra de la terapia de conversión.

Estos incluyeron una prohibición futura que debe cubrir cualquier tratamiento, práctica o esfuerzo que tenga como objetivo cambiar, suprimir o eliminar la orientación sexual, la expresión de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona, y brindar orientación específica sobre las experiencias de las personas de color LGBTQ+. – y sobrevivientes de grupos religiosos étnicos minoritarios.

En mayo, los obispos y las obispas de la Iglesia Anglicana de Gales celebraban que el Gobierno galés prohíba las “terapias” de conversión antiLGTBI. El pasado febrero, Israel prohibía las terapias de conversión para miembros de la comunidad LGTBQ+. Al otro lado del Atlántico, la Cámara de los Comunes de Canadá le dio su visto bueno el pasado diciembre,  por unanimidad, a un proyecto de ley para prohibir las pseudoterapias de conversión, y definitivamente el pasado enero de este año. Se trata de un veto total, no solo en menores de edad, y contempla penas de hasta cinco años de cárcel para quien inflija estas prácticas y hasta dos para quien se beneficie económicamente de las mismas o las publicite. El Senado aprobó el texto en una tramitación exprés apenas seis días más tarde y, tras recibir la firma de la gobernadora general, entró en vigor el pasado 7 de enero, y el pasado marzo les seguía Chile que prohíbe por ley las “terapias reparativasde la homosexualidad o la transexualidad.

Sin embargo, hace unos meses conocíamos que Boris Johnson cedía a la presión del lobby transexcluyente y dejará fuera de la prohibición de las «terapias» de conversión la identidad de género. Y más recientemente, el Consejo General del Poder Judicial español criticaba en su informe no preceptivo, la prohibición de las mal llamadas terapias, en el proyecto de la ley Trans española. A esto se sumaban las desafortunadas palabras de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, gracias a los votos de la extrema derecha, Díaz Ayuso quien  no sancionará al obispo homófobo Reig Plá por las terapias para ‘curar’ la homosexualidad’.

La situación en otros países

Canadá y Francia se unieron al reducido grupo de países que han prohibido las pseudoterapias de conversión, ya sea de manera general o en menores de edad el pasado mes de enero. Le siguió Nueva Zelanda el pasado 15 de febrero, y el pasado marzo les seguía Chile que prohíbe por ley las “terapias reparativasde la homosexualidad o la transexualidad.

En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  OregonIllinoisVermont,  Nuevo MéxicoRhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, MarylandDelaware y New HampshireNueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor en 2019 tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril del mismo año  también  se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo hemos aprobó por ejemplo en enero de 2019  por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.

Y en julio, era Ciudad de México quien prohibía las «terapias» de conversión de la orientación sexual y la identidad de género. Y en octubre de 2020, en el Estado de México. y en julio de 2021 el Estado de Yucatán.

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.

En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y era una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto).  Un proyecto que naufragó con la convocatoria de las elecciones de abril de 2019. Tras la repetición electoral, el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla «la aprobación de una Ley contra la Discriminación de las Personas LGTBI incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión».

Y, por fin, El Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, presentó el pasado junio el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, que incluye la prohibición de las pseudoterapias de conversión  aprobado por el Consejo de Ministros, iniciando ya su trámite para su debate y aprobación en el Congreso de los Diputados que culminó el pasad9 22 de diciembre con su aprobación por mayoría en el Congreso de los Diputados (188 votos a favor, 150 en contra y 7 abstenciones), el pleno del Congreso Diputados  de España aprobó y que ha sido remitido al Senado para su ratificación.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre ayudar a cambiar sentimientos homosexuales. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras

terapiasdeodioLa comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias»reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

De hecho, en julio de 2021, nos enterábamos de que el Vaticano frenaba las “terapias de conversión” e instruía a los obispos españoles a desautorizar a un grupo de ex-gays. Sin embargo, con la dimisión del obispo  Xavier Novell nos enterábamos de que éste, participó, y avaló, ‘terapias de conversión’ de homosexuales hasta que fue frenado por el Vaticano. otros prelados que avalaban dichas prácticas (según las víctimas) serían: José Ignacio Munilla, Javier Martínez, Arturo Ros y  Juan Antonio Reig  avalarían estas prácticas.

Hace unos días conocíamos que funcionarios de escuelas cristianas acusados de intentar ‘exorcizar’ a un adolescente gay para expulsar ‘demonios

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La historia de “X. X.”, un eclesiástico homosexual que pasó por las ‘terapias de conversión’ y “pensó que no tenía más opción que suicidarse”

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«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

Fuente Agencias/Cristianos Gays

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El gobierno conservador británico financia a grupos religiosos anti-LGBTQ+ en Uganda, según un informe: “No es un error aislado”

Viernes, 5 de mayo de 2023
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306832311_374573561540781_343385165372580117_nEl gobierno británico está ayudando a financiar la labor de una organización religiosa virulentamente homófoba en Uganda, cuyos líderes han respaldado una propuesta de ley que tipificaría como delito penal la identificación como homosexual, según ha revelado un informe.

Analizando los datos oficiales facilitados a la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI, por sus siglas en inglés), el informe del Instituto de Periodismo y Cambio Social (IJSC, por sus siglas en inglés) descubrió un número “asombroso” de conexiones entre organizaciones anti-LGBTQ+ de Uganda y donantes de ayuda internacional, incluido el Reino Unido.

Según la IATI, el Inter-Religious Council of Uganda-Consejo Interreligioso de Uganda (IRCU, por sus siglas en inglés), un organismo interreligioso, es receptor directo de fondos de ayuda del Reino Unido en su calidad de “socio ejecutor” de un programa cuyo objetivo es hacer realidad la “ambición de una sociedad abierta en Uganda” del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En febrero, miembros de la IRCU, entre ellos la Iglesia de Uganda y varias iglesias evangélicas, firmaron una declaración en la que expresaban su “gran preocupación” por “la creciente propagación de la homosexualidad” en Uganda, y el efecto de “la agenda LGBTQ” en el bienestar de los niños.

Dos semanas después, se presentó en el parlamento el proyecto de ley contra la homosexualidad 2023, en un esfuerzo por ampliar la legislación antigay del país, y el mes pasado fue aprobado por el parlamento ugandés, con el voto a favor de 387 de los 389 diputados.

La propuesta de ley, que fue condenada como “probablemente una de las peores de su clase en el mundo” por el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, impone penas de capital y cadena perpetua por mantener relaciones homosexuales, hasta 14 años por “intento” de homosexualidad, y 20 años de cárcel por “reclutamiento, promoción y financiación” de “actividades” homosexuales.

Cualquier persona que se identifique como “lesbiana, gay, transexual, queer o cualquier otra identidad sexual o de género contraria a las categorías binarias de hombre y mujer”, podría ser condenada a una pena de prisión de hasta 10 años.

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El proyecto de ley se encuentra en el limbo después de que el Presidente Yoweri Museveni -que este mes calificó la homosexualidad de “amenaza… para la raza humana”– se negara a firmarlo para convertirlo en ley y solicitara al Parlamento que lo examinara de nuevo.

Museveni ha recibido presiones de Estados Unidos para que vete la ley, y un funcionario del gobierno advirtió de que, si se convertía en ley, la administración de Biden estudiaría posibles “repercusiones… quizá económicas”. Estados Unidos proporciona más de 950 millones de dólares (770 millones de libras) al año a la nación africana.

En 2014, la administración Obama habría retirado la ayuda gubernamental a la IRCU después de que la organización apoyara la precursora del proyecto de ley 2023, la Ley contra la Homosexualidad, que posteriormente fue anulada por el Tribunal Constitucional.

Después de que el Parlamento ugandés aprobara por abrumadora mayoría el proyecto de ley de 2023, el ministro británico de Desarrollo, Andrew Mitchell, declaró que Gran Bretaña estaba “profundamente decepcionada” por la decisión. Pero el dinero de la ayuda sigue fluyendo hacia la IRCU.

Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, la organización ha recibido hasta la fecha 134.900 libras en el marco de un programa denominado Uganda – Sociedad Abierta, que comenzó en junio de 2021 y se prolongará hasta marzo de 2024.

Claire Provost, autora del informe del IJSC, ha declarado: “Esta investigación ha revelado un número realmente asombroso de conexiones entre organizaciones religiosas anti-LGBT en Uganda y donantes de ayuda internacional y agencias de desarrollo. Los donantes y las agencias de desarrollo, así como los defensores de los derechos humanos, deben examinar más ampliamente la financiación en todos los países y asegurarse de que estas prácticas no están socavando los derechos humanos en ninguna parte”.

Nana Darkoa Sekyiamah, escritora feminista ghanesa que ha participado en el informe, ha declarado: “Se ha financiado a organizaciones que han hablado públicamente y han defendido el odio a las comunidades queer”: “Se ha financiado a organizaciones que han hablado públicamente y han defendido el odio a las comunidades queer. Creemos que esto tiene que acabar. No creemos que se deba financiar a organizaciones que promueven el odio”.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

uganda_gay_rightsUganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

Uganda-gay-person-burned-alive

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Pink News/Cristianos Gays/

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Parlamentarios de Uganda aprueban proyecto de ley que impone la pena de muerte por homosexualidad

Viernes, 24 de marzo de 2023
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MALTA COMMONWEALTH MEETING

Presidente Yoweri Museveni

Parlamentarios de Uganda aprueban proyecto de ley que impone la pena de muerte por homosexualidad

Activistas de derechos humanos condenan proyecto de ley que introduce penas capitales y cadena perpetua 

La ONU insta al presidente de Uganda a bloquear el “inquietante” proyecto de ley LGBTQ+ que introduce la pena de muerte

La Casa Blanca sugiere que Uganda podría enfrentar sanciones si el proyecto de ley de prohibición ‘extrema’ LGBTQ+ se convierte en ley

Los parlamentarios de Uganda aprobaron un controvertido proyecto de ley anti-LGBTQ+, que haría que los actos homosexuales se castigaran con la muerte, lo que atrajo una fuerte condena de los activistas por los derechos. El proyecto de ley contra la homosexualidad, que fue aprobado por el parlamento de Uganda el martes (21 de marzo), hará que sea ilegal identificarse simplemente como LGBTQ. Cualquier persona declarada culpable bajo la ley propuesta podría enfrentar hasta 20 años de cárcel. También se esperaría que los amigos y familiares entreguen a las personas LGBTQ+ si tuvieran una relación del mismo sexo.

Todos menos dos de los 389 legisladores votaron a última hora del martes a favor del proyecto de ley de línea dura contra la homosexualidad, que introduce penas capitales y de cadena perpetua para el sexo gay y el “reclutamiento, promoción y financiación” de “actividades” entre personas del mismo sexo.

La pena de muerte también es posible en virtud de la legislación para quienes sean declarados culpables de “homosexualidad agravada”, refiriéndose a violación, abuso sexual infantil o incesto. “Una persona que comete el delito de homosexualidad agravada y es responsable, en caso de condena, de sufrir la muerte”, dice el proyecto de ley presentado por Robina Rwakoojo, presidenta de asuntos legales y parlamentarios.

Los aliados de la comunidad LBGTQ+ podrían enfrentar hasta cinco años de prisión, y las personas tienen el deber de denunciar a las autoridades a las personas que tienen relaciones del mismo sexo. Habiendo sido votado por el parlamento, el proyecto de ley está listo para que el presidente Yoweri Museveni lo promulgue. El proyecto de ley, después de haber sido aprobado por el parlamento, ahora se encuentra en el escritorio del presidente Yoweri Museveni.

Solo dos diputados del partido gobernante, Fox Odoi-Oywelowo y Paul Kwizera Bucyana, se opusieron a la nueva legislación.

“El proyecto de ley está mal concebido, contiene disposiciones que son inconstitucionales, revierte los logros registrados en la lucha contra la violencia de género y criminaliza a las personas en lugar de conductas que contravienen todas las normas legales conocidas”, dijo Odoi-Oywelowo. “El proyecto de ley no introduce ningún valor agregado al libro de estatutos y al marco legislativo disponible”, dijo.

Una versión anterior del proyecto de ley provocó críticas internacionales generalizadas y luego fue anulada por el tribunal constitucional de Uganda por motivos de procedimiento. El proyecto de ley ahora irá al presidente Yoweri Museveni, quien puede vetarlo o convertirlo en ley. En un discurso reciente, pareció expresar su apoyo al proyecto de ley.

 Momento en que los parlamentarios de Uganda aprueban un proyecto de ley anti-LGBTQ+ – video
derechos LGBTQ+

Un parlamentario en la cámara, John Musila, usó una toga que decía: “Di no al homosexualismo, lesbianismo, gay”.

Cuando se presentó el proyecto de ley al parlamento de Uganda, Anita Among instó a otros parlamentarios a rechazar la intimidación, particularmente de los países occidentales.

Asuman Basalirwa, quien presentó el proyecto de ley, dijo que su objetivo era “proteger la cultura de nuestra iglesia, los valores familiares legales, religiosos y tradicionales de los ugandeses de los actos que probablemente promuevan la promiscuidad sexual en este país”.

Otra parlamentaria, Sarah Opendi, sugirió que los hombres homosexuales fueran castrados y que la cadena perpetua “no era adecuada” porque un hombre homosexual podría “seguir viviendo su vida, tal vez incluso continuar con la homosexualidad en prisión”.

El proyecto de ley marca el último de una serie de retrocesos para los derechos LGBTQ+ en África, donde la homosexualidad es ilegal en la mayoría de los países. En Uganda, un país cristiano en gran parte conservador, el sexo homosexual ya se castigaba con cadena perpetua.

Activistas de derechos humanos han condenado la nueva medida para promulgar la dura ley, calificándola de “ley de odio”. Hoy marca un día trágico en la historia de Uganda. @Parliament_Ug  ha aprobado una legislación que promueve el odio y busca despojar a las personas LGBTIQ de sus derechos fundamentales!” tuiteó Sarah Kasande, abogada y activista de derechos humanos de Kampala. “Las disposiciones del proyecto de ley contra la homosexualidad son bárbaras, discriminatorias e inconstitucionales”, dijo.

Ella agregó: “Para la comunidad LGBTIQ, sé que este es un día difícil, pero no pierdan la esperanza. La batalla no ha terminado; este repugnante proyecto de ley finalmente será derogado”.

El activista gay Eric Ndawula tuiteó: “Los eventos de hoy en el parlamento no son solo inmorales, sino un asalto total a la humanidad. Es aterrador que el juicio de nuestros parlamentarios esté empañado por el odio y la homofobia. ¿Quién se beneficia de esta ley draconiana?”

Más de 110 personas LGBTQ+ en Uganda informaron incidentes que incluyen arrestos, violencia sexual, desalojos y desnudez pública al grupo de defensa Minorías Sexuales de Uganda (Smug) solo en febrero. Las personas transgénero se vieron afectadas de manera desproporcionada, dijo el grupo.
omitir la promoción del boletín anterior

Kasha Jacqueline Nabagesera, una activista lesbiana en Kampala, dijo que continuarían los esfuerzos para anular la legislación. “Seguiremos luchando contra esta injusticia. Esta mujer lesbiana es ugandesa, incluso este pedazo de papel [no] impedirá que disfrute de mi país. La lucha acaba de comenzar”, dijo Nabagesera en un tuit.

Kasande dijo: “Lucharemos hasta que todas las personas en Uganda puedan disfrutar de los derechos que les garantiza la constitución”.

El presidente Museveni dijo el mes pasado que Uganda no aceptará la homosexualidad y afirmó que Occidente buscaba obligar a otros países a “normalizar” lo que llamó “desviaciones” y felicitó recientemente a los llamados “creyentes” por rechazar la homosexualidad. “Los países occidentales deberían dejar de perder el tiempo de la humanidad tratando de imponer sus prácticas a otras personas”, dijo Museveni en un discurso televisado ante el parlamento el 16 de marzo. “Los homosexuales son desviaciones de lo normal. ¿Por qué? ¿Es por naturaleza o por crianza? Necesitamos responder a esas preguntas. Necesitamos una opinión médica sobre eso”, dijo.

“Es decepcionante que el parlamento, una vez más, apruebe un proyecto de ley que claramente contraviene varios derechos humanos básicos”, dijo Oryem Nyeko, investigador de la división de África de Human Rights Watch. “Esto solo abre la puerta a leyes más regresivas y a que se violen los derechos de las personas en todos los ámbitos. El presidente Museveni no debería consentirlo”, dijo.

El proyecto de ley contra la homosexualidad ha causado consternación internacional por los castigos extremos que conlleva.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, lo instó a no hacerlo, calificando la ley de draconiana y diciendo que su aprobación por parte de los legisladores fue “devastadora y profundamente perturbadora”.

Türk dijo: “La aprobación de este proyecto de ley discriminatorio, probablemente uno de los peores de su tipo en el mundo, es un acontecimiento profundamente preocupante. Esta ley, si entra en vigor, tendrá graves repercusiones negativas en la sociedad en su conjunto y erosionará los logros obtenidos a lo largo de los años”.

Continuó diciendo que la legislación podría abrir la puerta a la “violación sistémica” de los derechos humanos de casi todas las personas LGBTQ+ y servir para incitar a las personas entre sí. “Confunde las relaciones consentidas y no consentidas”, dijo, y agregó que las relaciones consentidas nunca deben criminalizarse y que se necesitan medidas basadas en evidencia para poner fin a la violencia sexual en todas sus formas. Este proyecto de ley será una gran distracción de tomar las medidas necesarias para poner fin a la violencia sexual”, dijo.

Türk también destacó que el proyecto de ley entraba en conflicto con la constitución de Uganda, que tenía disposiciones sobre igualdad y no discriminación, además de contrarrestar sus obligaciones legales internacionales de derechos humanos y desarrollo sostenible. “Promover la violencia y la discriminación contra las personas por lo que son y por lo que aman está mal y cualquier intento falso de justificar esto sobre la base de ‘valores’ debe denunciarse y condenarse”, agregó.

 La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos tiene serias preocupaciones sobre el nuevo proyecto de ley anti-LGBTQ+ de Uganda.

Jean-Pierre habló durante una conferencia de prensa el miércoles (22 de marzo), después de que el parlamento de Uganda aprobara la Ley.

“Si el [proyecto de ley] se convierte en ley y se promulga, afectaría los derechos humanos universales, pondría en peligro el progreso en la lucha contra el VIH/SIDA, disuadiría el turismo y las [inversiones] en Uganda y dañaría la reputación internacional de Uganda”, dijo Jean-Pierre.  “Es una de las leyes anti-LGBTQ+ más extremas del mundo. Los derechos humanos son universales, nadie debe ser atacado o encarcelado simplemente por ser quien es y a quien ama”.

La secretaria de prensa sugirió que Estados Unidos podría implementar sanciones económicas si Uganda promulga el proyecto de ley. “Eso sería realmente desafortunado porque gran parte de la asistencia económica que proporcionamos a Uganda es asistencia sanitaria, y en gran parte a través [del plan de emergencia del presidente para el alivio del SIDA]”, continuó la secretaria de prensa. “Ciertamente estamos observando esto de cerca y tendremos que analizar si habría o no repercusiones, tal vez de manera económica, si esta ley se aprobara y promulgara”.

 

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

uganda_gay_rightsUganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

Uganda-gay-person-burned-aliveEn 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

The Guardian/Cristianos Gays/Pink News

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El Gobierno de Uganda suspende las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país

Martes, 23 de agosto de 2022
Comentarios desactivados en El Gobierno de Uganda suspende las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país

36D4B3BF-D6C7-4B2D-9CDA-A1495AA57239El Gobierno de Uganda ha suspendido las actividades de SMUG (Sexual Minorities Uganda), la principal organización de defensa de los derechos de las personas LGTBI.Utilizando un subterfugio legal, la administración ugandesa trata de acallar cualquier voz que se oponga a la persecución de las minorías sexuales, en un país donde las relaciones homosexuales están castigadas con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Según Frank Mughisa, director ejecutivo de SMUG, la suspensión está dictada por grupos homófobos y tránsfobos que se han infiltrado en la administración ugandesa.

El pasado 3 de agosto, la Oficina Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de Uganda se puso en contacto con la organización SMUG para ordenarle el cese inmediato de sus actividades por no estar registrada como ONG. Según Stephen Okell, supervisor de la agencia gubernamental, SMUG estaba funcionando «ilegalmente».

Sin embargo, SMUG emitió un comunicado en el que informaba de cómo fue rechazada su solicitud de inscripción debido a que consideraron que su nombre, que hacía referencia a las minorías sexuales, era «inapropiado». Esa negativa fue recurrida ante los tribunales, que corroboraron la decisión de la agencia.

El comunicado de SMUG es el siguiente:

Declaración sobre el cese de las actividades de Sexual Minorities Uganda por parte de la Oficina Nacional de Organizaciones No Gubernamentales

El miércoles 3 de agosto de 2022, la Oficina Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, el organismo gubernamental que regula las ONG en Uganda, suspendió las actividades de Sexual Minorities Uganda por no estar registrada en la Oficina de ONG.

Cabe señalar que en 2012, Frank Mugisha y otros solicitaron a la Oficina de Servicios de Registro de Uganda (URSB), en virtud del artículo 18 de la Ley de empresas de 2012, el registro del nombre de la entidad propuesta. En una carta fechada el 16 de febrero de 2016, la URSB rechazó la solicitud de registro del nombre «Minorías Sexuales de Uganda» por considerar que dicho nombre era «indeseable y no registrable que la empresa propuesta se constituya para defender los derechos y el bienestar de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales y queer, que se dedican a actividades etiquetadas como actos delictivos en virtud del artículo 145 de la Ley del Código Penal». Una decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Uganda.

La negativa a legalizar las operaciones de SMUG, que buscan proteger a las personas LGBTQ que siguen sufriendo una gran discriminación en Uganda, fomentada activamente por líderes políticos y religiosos, fue un claro indicador de que el gobierno de Uganda y sus organismos son inflexibles y tratan a las minorías sexuales y de género ugandesas como ciudadanos de segunda clase. Esto compromete aún más los esfuerzos para exigir mejores servicios sanitarios y agrava el ya de por sí inestable ambiente para la comunidad LGBTQ.

«Se trata de una clara caza de brujas arraigada en la homofobia sistemática que está alimentada por los movimientos antigay y antigénero que se han infiltrado en las oficinas públicas con el objetivo de influir en la legislación para borrar a la comunidad LGBTQ».

Frank Mugisha, activista gay ugandés.

El articulo 145 del Código Penal al que se refería la URSB es el que castiga las relaciones homosexuales con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua. Existe, además, un proyecto de ley para endurecer aún más esas penas, aprobado por el Parlamento de Uganda en mayo de 2021, que fue devuelto por el presidente Yoweri Museveni para solventar algunos problemas de procedimiento, pero que aún está en trámite parlamentario.

SMUG, como coordinadora y proveedora de amparo legal ha sido decisiva en que los tribunales ugandeses hayan sido renuentes a aplicar el artículo 145, obligando incluso a que la policía utilice subterfugios como el incumplimiento de las medidas de protección contra la epidemia de la COVID-19 para efectuar redadas y detenciones masivas. También fue quien logró que los tribunales impidieran la publicación de listas de personas LGTBIpara su escarnio social. Un miembro destacado de SMUG fue el recordado activista David Kato, que fue brutalmente asesinado en su domicilio en 2011.

Numerosas asociaciones de defensa de los derechos LGTBI, como Council for Global Equality, OutRight Action International y Pan Africa ILGA han condenado firmemente la suspensión de las actividades de SMUG. Por su parte, en su cuenta de Twitter, SMUG ha compartido un mensaje contundente: «Volveremos».

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. Como señalábamos anteriormente, el artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , ,

Detenciones arbitrarias contra comunidad LGTBI en Uganda y un proyecto de ley para endurecer la represión

Sábado, 16 de octubre de 2021
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Bandera-de-UgandaContinúa la represión policial contra la comunidad LGTBI en Uganda, aunque finalmente las sentencias liberen sin cargos a los detenidos, algunos de los cuales incluso deben ser indemnizados por conculcarse sus derechos constitucionales. En dos ocasiones, la policía detuvo a sendos grupos de jóvenes en refugios para personas LGTBI tras presentarse denuncias por llevar a cabo actos homosexuales o celebrar una «boda gay». Sin embargo, los cargos finalmente presentados en ambos casos fueron los de «propagación negligente de enfermedades» por violar la normativa impuesta en la lucha contra la COVID-19, un subterfugio con el objetivo de conseguir un castigo en los tribunales ante la falta de pruebas para los delitos que perseguían. Mientras tanto, el Parlamento aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, que agrava las penas para las personas que mantengan relaciones con personas de su mismo sexo, incluyendo a las mujeres, y establece su inclusión permanente en un registro público de delincuentes sexuales. 

Uganda-denunciantes-torturasDemandantes por torturas en prisión

La primera de las redadas se produjo en la mañana del 29 de marzo de 2020, cuando la policía entró en un albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en Kyengera, a las afueras de la capital Kampala y detuvo a los 23 jóvenes varones allí presentes. Según denuncia el Foro por la Concienciación y la Promoción de los Derechos Humanos (HRAPF), al menos dos de ellos fueron agredidos. Tras dejar en libertad a tres de los arrestados, los restantes veinte fueron puestos a disposición judicial y enviados a prisión provisional, acusados de desobediencia y de transmisión negligente de enfermedades, en aplicación de las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de COVID-19 prohíben las reuniones de más de cinco personas.

Sin embargo, la actuación policial partió de las denuncias de los vecinos del barrio, que acusaban a los jóvenes de llevar a cabo actos homosexuales, ofreciendo como prueba de su acusación el «amaneramiento anormal» de los refugiados. La policía sometió a los jóvenes detenidos al «paseo de la vergüenza», al conducirles a través del barrio, a la vista de todos, hasta la comisaría de Nkonkonjeru.

Finalmente, 19 de los detenidos fueron encarcelados, sin posibilidad de conseguir un abogado debido a las restricciones por la pandemia y, por lo tanto, sin poder solicitar la libertad bajo fianza. Así permanecieron durante 50 días, en condiciones infrahumanas. Según sus abogados, cuando finalmente pudieron visitarles en la prisión para encargarse de su defensa, entre los detenidos se dieron casos de desnutrición, disentería, malaria y tifus. Tampoco se proporcionó el tratamiento necesario a los prisioneros que conviven con el VIH, no por falta de medios, sino por el criterio de las autoridades de la prisión de no dar ningún medicamento a los prisioneros VIH positivos. Dadas estas circunstancias, algunos de los jóvenes detenidos han presentado una demanda por las torturas y el trato degradante de que fueron objeto durante su permanencia en prisión.

Uganda-detenidos-liberados-mayo-2020Liberación tras 50 días

Pasados esos 50 días, un juez dictaminó la puesta en libertad sin cargos de los 19 detenidos. Además, se estableció una indemnización para cada uno de ellos de 1341 dólares (1160 euros), por habérseles impedido su derecho a un abogado y a la solicitud de libertad bajo fianza. Según el magistrado, el derecho a un «juicio justo» no puede ser conculcado y debe garantizarse incluso en situaciones de emergencia como la pandemia de la COVID-19.

Una nueva redada en un refugio LGTBI con 42 detenidos

El 31 de mayo de este 2021 se produjo en la localidad de Nansana un hecho semejante. La policía irrumpió en el albergue para jóvenes LGTBI sin hogar Happy Family Youth Uganda Limited, alegando que estaba teniendo lugar en su interior la ceremonia de una «boda gay». Según el portavoz policial, permanecían en el local un total de 38 varones y 6 mujeres, los hombres estaban maquillados y se encontraron lo que parecían regalos y también preservativos sin usar.

Uganda-detenidos-31-mayo-2021Detenidos el 31 de mayo de 2021

Se procedió a la detención de 42 de los presentes y su traslado a la comisaría de Nansana. Según denuncia HRAPF, al menos 17 de ellos fueron sometidos allí a inspecciones anales sin su consentimiento, algo considerado como una forma de tortura.

Sin embargo, ante el tribunal los cargos presentados fueron, como en el caso anterior, por violar la normativa establecida para la lucha contra la COVID-19 en cuanto al número de personas reunidas y la falta de distancia social. En concreto, la acusación fue la de «llevar a cabo un acto negligente que pueda propagar una infección o enfermedad».

En esta ocasión, los detenidos contaron desde el primer momento con la presencia de los abogados de HRAPF, que solicitaron de inmediato la libertad bajo fianza. Al ser concedida, permanecieron en prisión tan solo unos pocos días. Según declaraciones de HRAPF, el trato por parte de las autoridades de la cárcel fue correcto, quizás por temor a una nueva demanda. Sin embargo, fueron maltratados por la policía durante su detención y también por otros prisioneros, particularmente por los que se consideran líderes.

Finalmente, el 23 de septiembre tuvo lugar la audiencia en el tribunal de Nansana, tras la que se dictó sentencia absolutoria, quedando los 42 acusados definitivamente en libertad sin cargos.

Nuevo Código Penal y registro público de condenados por homosexualidad

El pasado mes de mayo, el Parlamento de Uganda aprobó el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, que incluye entre los actos punibles las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

El Código Penal en vigor establece penas de prisión, que pueden llegar a la cadena perpetua, para aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El nuevo proyecto de ley especifica en su artículo 11 que los delitos punibles serán «la penetración del ano de otra persona con un órgano sexual o cualquier otro objeto» y «un acto sexual entre personas del mismo sexo». Esto supone la inclusión inequívoca de las mujeres dentro de este tipo de delitos y el fin de cualquier ambigüedad sobre el significado de «contra natura».

El texto aprobado también establece la creación de un registro permanente de delincuentes sexuales en el que se incluirán a todos los condenados por los delitos establecidos en el proyecto de ley. El registro será accesible para agencias de seguridad, compañías de seguros médicos, centros educativos, arrendadores, bancos y el público en general.

Yoweri-Museveni-presidente-UgandaYoweri Museveni,

Tras la aprobación por el Parlamento el proyecto de ley fue remitido al presidente Yoweri Museveni, para su promulgación. Sin embargo, en el mes de agosto Museveni decidió devolver el texto para su reconsideración. Según la vicepresidenta del Parlamento, Anita Among, el presidente había señalado que varios de los delitos incluidos en el proyecto de ley ya estaban sancionados por el Código Penal. Asimismo, Museveni apuntó que la Comisión de Reformas Legislativas había propuesto varias enmiendas al texto dirigidas a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios que nunca fueron consideradas.

A la agrupación de colectivos de activistas LGTBI Sexual Minorities Uganda (SMUG) le preocupa que el proyecto de ley aumente el ambiente fuertemente homófobo en la sociedad ugandesa. Según SMUG, el artículo 11 vulnera los derechos y la protección de las minorías estipulados en la Constitución de la República de Uganda.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. Como señalábamos anteriormente, el artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Activista LGBT + de Uganda insta al mundo a hablar en contra del brutal régimen homofóbico: “El mal prospera cuando la gente buena se calla”

Martes, 18 de mayo de 2021
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MALTA COMMONWEALTH MEETINGEl presidente de Uganda, Yoweri Museveni.

La comunidad LGBT + de Uganda se encuentra entre las más perseguidas del mundo. Un nuevo grupo de defensa, Pride Uganda, está luchando por el cambio.

En enero de 2021, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, declaró que los homosexuales son “desviados”, al tiempo que niega la simple verdad de su realidad. “No los matan”, afirmó, “no son arengados, no son perseguidos”.

Museveni habló en medio de la peor violencia política que Uganda ha visto en décadas, en el período previo a una elección presidencial en la que él y otros aprovecharon la homofobia para ganar votos. En una manifestación, Museveni afirmó que grupos LGBT + extranjeros habían financiado protestas (en realidad por el arresto de su rival) que terminaron en violencia policial y la muerte de 50 personas.

Contrariamente a las afirmaciones de Museveni, las personas LGBT + son el objetivo habitual de la policía, la represión del gobierno y un poder judicial corrupto, dice el grupo de defensa Pride Uganda, recientemente lanzado.

Este mes, el parlamento de Uganda aprobó un proyecto de ley que criminaliza aún más las relaciones entre personas del mismo sexo con la amenaza de la cárcel (el código penal de Uganda ya prohibía el sexo gay). Se ha descrito como una reintroducción por la puerta trasera de un proyecto de ley contra la homosexualidad promulgado en 2014, conocido como el “proyecto de ley Kill the Gays” debido a la pena de muerte que conllevaba. Afortunadamente, los tribunales anularon el proyecto de ley, pero la amenaza ha persistido.

La situación es desoladora, pero la comunidad continúa luchando por sobrevivir, y Pride Uganda está trabajando para apoyar a los activistas que están en el terreno protegiendo vidas LGBT +, educando a las comunidades y abogando por el cambio.

Uno de esos activistas, que debe permanecer en el anonimato por temor a la persecución, explicó a PinkNews cómo su grupo está enseñando a otros a “luchar por sus derechos” y “tener confianza” a pesar de todo. “Muchos de ellos no saben cómo desenvolverse en la vida”, dijo, y señaló que a las personas queer se les niega habitualmente el acceso a servicios básicos como la educación. Una de las cosas que hacemos es acercarnos a ellos, empoderarlos y recordarles que como individuo, como ser humano, usted tiene derecho a vivir”.

En términos prácticos, esto significa que las personas LGBT + en Uganda reciben orientación y acceso a asesoría legal. Aquellos que necesitan apoyo económico también reciben asesoramiento empresarial y se les ayuda en el camino para establecer sus propias pequeñas empresas, lo que no es poca cosa en medio de la pandemia.

Es un trabajo “arriesgado”, dice, “pero alguien tiene que hacerlo. La gente ha perdido la vida, la gente está perdiendo la vida ”. En este momento las cosas se sienten como si se “estuvieran saliendo de control”, dijo la activista. Las olas de violencia se sienten “estacionales”, explicó, y agregó: “Hay períodos en los que se vuelve tan intenso … todos los días dejas tu casa y no estás seguro de si vas a regresar”.

Hay informes regulares de redadas contra personas LGBT + en Uganda, incluida una en 2019 que vio a 16 arrestados bajo sospecha de sexo gay, y otra en 2020 en la que las autoridades se abalanzaron sobre un refugio para personas sin hogar, arrestando y torturando a 20 jóvenes homosexuales bajo el disfraz de COVID. Cargos relacionados. Entre los destinos más temidos está el acabar en la parte trasera de un “drone”, una furgoneta sin matrícula y vidrios polarizados, conducida por agentes armados que “te sacan y desaparece”.

slack-imgsEn una redada de 2020, los oficiales azotaron a hombres ugandeses antes de encadenarlos y caminar hasta la estación de policía. (Captura de pantalla a través de YouTube)

El odio viene “de todos los ángulos”, agregó la activista. “No sabes quién es quién. Tienes que ser muy cauteloso “.

Él y otros que realizan este importante trabajo deben tener cuidado de no llamar la atención, pero están dispuestos a compartir sus historias para llamar la atención sobre la situación. “Cuanto más sepamos a la gente sobre la situación en el terreno, tal vez las cosas cambien”, dijo. “La comunidad LGBT tendrá acceso a ayuda, serán bienvenidos, el sistema cambiará, la policía cambiará”.

Para que esto suceda alguna vez, es crucial que las personas y las naciones de todo el mundo hablen, dijo. “Hay un dicho, el mal prospera cuando la gente buena se calla”.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La homosexualidad ya es ilegal en Uganda. La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Paralizan la deportación a Uganda de Gloria Namuzungu tras una protesta en Qatar Airways

Jueves, 31 de mayo de 2018
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dewoij2w4aeksakTras una protesta en el mostrador de Qatar Airways, el Ministerio de Interior cancela la deportación de Gloria Namuzungu, a quien habían rechazado su solicitud de asilo, dándole sólo tres días para recurrir esta decisión antes de su deportación a Uganda, donde se enfrentaba a la violencia, el ostracismo y hasta la cárcel. Una situación a la que se enfrentan otras personas en el Reino Unido.

Tras rechazar su solicitud de asilo en el Reino Unido y después de cuatro días detenida en Yarls Wood, las autoridades notifican a Gloria Namuzungu, de 22 años de edad, que tiene 72 horas para reclamar contra esta resolución por la que se enfrenta a la deportación de vuelta a su país de origen, Uganda, donde solo le espera la violencia, el ostracismo y hasta la cárcel debido a su orientación sexual. Ni se le habría dado el suficiente tiempo para demostrar el riesgo que corre volviendo a su país ni estarían siguiendo el protocolo habitual en estos casos, según los activistas que la defienden. Tras iniciar una campaña solicitando la cancelación de su deportación en Change.org, prevista para este martes, 29 de mayo, organizan un acto de protesta en el mostrador de Qatar Airways en los almacenes Harrods de Londres, que ha llevado a que el Ministerio del Interior ha terminado rectificando.

«El gobierno habla con orgullo de su récord de igualdad LGBT y, aun así, envía personas LGBT de forma rutinaria a países donde enfrentan abusos y persecución (…). G no está sola, hay personas LGBT que luchan por sus vidas en centros de detención en todo el Reino Unido (…). Los solicitantes de asilo LGBT se enfrentan a un sistema racista que trata a todos como si fueran mentirosos. Si los gobiernos declaran que el compromiso con los derechos LGBT es más que palabras vacías, G debe permanecer», asegura un portavoz de Movement for Justice. No es la primera vez que se producen este tipo de situaciones. El año pasado, a un jugador de fútbol, Abbey Kyeyunele rechazaban el asilo por no haber demostrado que suficientemente que era homosexual, siendo deportado el 10 de mayo de 2017, mientras que hace siete meses otra refugiada, Nneka Obazee, intentaba suicidarse ante la posibilidad de ser deportada de vuelta a Nigeria.

«Gloria es un miembro activo de la comunidad de Leeds. Ella es una voluntaria muy querida y trabajadora en Rainbow Junktion Pay, ya que siente que el café comunitario ha expresado su angustia y preocupación por su seguridad», declara un representante de Leeds No Borders, un grupo que lucha contra las deportaciones de inmigrantes. En abril de este mismo año, el Gobierno de Uganda debate la posibilidad de reintroducir una ley contra las personas homosexuales mediante la que podrían confinarlas a la cárcel de por vida. Mientras que el gobierno de Theresa May lamenta la herencia colonialista en lo que respecta a las leyes homofóbicas, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, se adelantaba en diciembre, yendo bastante más lejos al asegurar que son los colonizadores quienes introducen la homosexualidad en el continente africano, una idea que está ampliamente extendida en Uganda, donde todavía se practican las violaciones correctivas.

«Este no es un caso aislado y también hay otras dos mujeres en el mismo vuelo que son deportadas a Filipinas que no cuentan con el apoyo de la comunidad y están igual de aterrorizadas (…). Haremos todo lo posible para seguir resistiendo la agenda institucionalmente racista del ambiente hostil de este gobierno y exigiremos que Qatar Airlines se niegue a llevar a las tres mujeres. Nadie es ilegal», explicaba Emily Jennings, amiga de Namuzungu, durante la protesta. Asimismo, un abogado especializado en inmigración, señala las dificultades que las personas homosexuales tienen a la hora de expresar con naturalidad su orientación sexual debido a la represión a la que están acostumbradas, lo que contribuye a que las autoridades no las vean como personas homosexuales y les sometan a interrogatorios intrusivos y humillantes sobre su vida sexual».

Fuente Universogay

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Grupo de activistas LGBT denuncia al gobierno de Uganda por negarse a registrar su asociación

Sábado, 20 de mayo de 2017
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uganda_gay_rightsSexual Minorities Uganda es un grupo de activistas del colectivo LGBT de Uganda, un país en el que la homosexualidad está penada por la ley y es habitual la violencia contra las minorías sexuales, que ha llevado a su gobierno ante los tribunales por negarse a registrarles como asociación. 

Sexual Minorities Uganda es un grupo de activistas de Uganda que lleva intentando formalizar su registro como asociación oficial desde 2012, pero ante las reiteradas negativas de la oficina del Servicio de Registro, ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo de Kampala, esperando una notificación oficial para finales de este mes. Estar registrados como asociación les garantiza ciertos beneficios y obligaciones por parte del estado, cruciales para poder llevar a cabo su labor.

«Decidimos presentar una demanda ante el tribunal deliberadamente para abogar por los derechos de asociación y reunión, porque una organización legal es incapaz de cometer un acto criminal», explica Patricia Kimera, una de los abogados que representa SMUG, como también se refieren a sí mismos, explicando que optaron por la demanda tras recibir una carta oficial del Registro en la que especifican que su nombre, Minorías Sexuales Uganda (en español), es «indeseable y porque los homosexuales y las relaciones del mismo sexo son ilegales en Uganda, la oficina no puede legitimar una ilegalidad».

El objetivo de SMUG, es el de luchar por los derechos de homosexuales, bisexuales y transexuales en Uganda a través de la promoción de reformas políticas, además de ofrecer asesoramiento y otros servicios similares que hasta la fecha han proporcionado de manera clandestina, todas ellas actividades que no suponen ningún delito por mucho que la homosexualidad esté penada en su país desde 1952. Como gran parte del África subsahariana, el país es socialmente conservador y profundamente religioso, lo que hace que asociaciones de derechos humanos como SMUG no consigan ser registrados como organización legal. Aseguran que la decisión de la agencia gubernamental viola una serie de derechos consagrados en su constitución, incluyendo la libertad de asociación, expresión, reunión y los derechos de las minorías a participar en los procesos de toma de decisiones de la asociación.

«Hay tantos retos al dirigir una organización que no está registrada. Uno es el hecho de que tienes que operar de manera clandestina, por ejemplo, no puede pedir directamente a los donantes, no puedes obtener fondos, no puedes tener espacios para tus actividades, lo que significa que la mayoría de las cosas que haces tienes que hacerlas de manera clandestina», explica Daglous Mawadri, coordinador legal de SMUG. En los últimos años, Yoweri Museveni, presidente de Uganda, ha intentado aprobar leyes para restringir aún más todavía los derechos del colectivo LGBT, siendo revocadas en algunos casos por el tribunal constitucional, pero su actitud es públicamente notoria en contra de los homosexuales, llegando a acusar a determinados grupos de «reclutar deliberadamente a personas que no son homosexuales en la homosexualidad» a cambio de dinero. La comunidad internacional ha condenado tanto sus leyes como sus declaraciones, llegando en alguna ocasión a perder subvenciones internacionales.

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insiste en reintroducir la ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. Esta ley, que provocó la indignación internacional, fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014.La ley finalmente fue invalidada por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había aprobado sin el quórum necesario.

Por otra parte, se suceden los ataques a la libertad de reunión y asociación que citábamos antes. En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Queda la esperanza de que la presión exterior, como ha sucedido en ocasiones anteriores, rebaje la intensidad de los ataques que desde el Estado ugandés está recibiendo el colectivo LGTB. La administración Obama, por ejemplo, ha jugado un papel importante en este sentido (papel que corre peligro cierto si los republicanos recuperan en noviembre la Casa Blanca). Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico. La sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es continuo.

Fuente Universogay/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El presidente de Uganda plantea el debate sobre el origen de la homosexualidad en África

Jueves, 22 de diciembre de 2016
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ugandaeLGmUIqKrUoAdfh-800x450-noPadNos preguntamos si Francisco piensa lo mismo, visto que no hizo caso a las peticiones para que condenase la violencia homófoba

Yoweri Museveni, presidente de Uganda, y otros líderes africanos sostienen que no habría homosexuales en África sin la contribución de grupos occidentales, achacando que fueron los colonizadores quienes la introdujeron en su continente.

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, plantea el debate sobre el origen de la homosexualidad en Uganda tras declarar que los niños de su país son reclutados por «grupos occidentales arrogantes y descuidados» con el objetivo de convertirlos en homosexuales. Otros líderes africanos apoyan su punto de vista, como el presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, que describe la homosexualidad como «un azote plantado por el hombre blanco en un continente puro», o el expresidente de Kenia, Daniel Arap Moi, que ha llegado a decir que «la homosexualidad va contra las normas y tradiciones africanas». Declaraciones no consiguen otra cosa que reforzar las actitudes negativas hacia el colectivo LGBT y reforzar su rechazo por parte de la sociedad, tal y como denuncian activistas gays y lesbianas en Uganda.

Los conflictos ocasionados por el rechazo del actual gobierno hacia la homosexualidad son continuos y constantes en Uganda. Una encuesta revelaba en febrero la esterilización de mujeres portadoras de VIH sin su consentimiento como una práctica habitual en Uganda. Pocos meses después, el ministro del estado para ética e integridad, Simon Lokodo, anunciaba su intención de iniciar un programa de terapias de conversión para homosexuales después de una violenta redada para impedir la celebración del Orgullo, a pesar de que el año anterior se había celebrado sin mayor problema y sin haber causado ningún altercado. Un mes después, la policía vuelve a impedir la celebración del desfile del Orgullo LGBT, que se había pospuesto hasta septiembre con la esperanza de que se pudiese celebrar.

Un informe de Sexual Minorities Uganda documenta 264 casos de discriminación contra gays, lesbianas, bisexuales y personas transexuales en este año, incluyendo amenazas físicas, ataques violentos, tortura, arresto, chantaje, desalojo, justicia popular y destierro familiar. «Me llevaron a la rehabilitación durante dos semanas esperando que me redimieran y mis sentimientos cambiarían. Pero eso no me cambió (…). Nadie me enseñó a sentirme así. Sucede naturalmente en mí que me siento atraído por los hombres», explica Mugisha, que ha tenido que someterse a una terapia de conversión obligado por su propio padr e quien, finalmente se ha rendido, pero le anima a que mantenga un comportamiento heterosexual en público. De la misma manera, Joyce Buyinza es una lesbiana a quien su padre ha rechazado debido a su orientación sexual.

Es una creencia ampliamente aceptada en Uganda que la homosexualidad no existía en África antes de la colonización. Muchos dicen que nace de la cultura occidental y que va en contra de los valores africanos. Una idea que, indudablemente, tiene su origen en la ignorancia, puesto que la homosexualidad también estaba perseguida y penada por sus colonizadores, y que es rebatida por la propia Buyinza, quien argumenta que «cuando trazamos nuestra historia, aprendemos sobre la gente gay que existe en nuestras comunidades». Sylvia Tamale, activista de derechos humanos y ponente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Makerere, asegura que la homosexualidad en Uganda es anterior al colonialismo. No fue ni aprobada ni suprimida por completo, pero sin duda fue reconocida por múltiples grupos étnicos. Según explica, un rey de Buganda, Kabaka Mwanga II, que gobierna desde 1884 hasta 1901, era homosexual e incluso quemaba a hombres jóvenes si se resistían a sus tener relaciones sexuales con él. A pesar de que otros relatos aseguran que Mwanga era bisexual, algunos todavía afirman que era heterosexual y tenía muchas esposas.

Por otro lado, Brenda Namayengo, que se define como amante de la cultura africana, dice que los relatos históricos que afirman que Mwanga era gay son inexactos. «Tenemos que entender que los que escribieron sobre las tendencias homosexuales de Mwanga eran personas que lo odiaban: los misioneros blancos (…). En su mente imperialista y cristiana, distorsionaron su imagen, y pintarle como homosexual era parte de su propaganda. La homosexualidad nunca ha sido una orientación sexual africana», explica, defendiendo que la homosexualidad es un comportamiento occidental, asegurando que hay grupos que pagan a los ugandeses para promover la homosexualidad, «debido a que son perezosos y no quieren trabajar, ven la promoción de la homosexualidad como una manera rápida de ganar dinero». En realidad se trata de la misma opinión que tienen los radicales religiosos occidentales sobre los homosexuales, sólo que en su versión inversa.

«Nunca había interactuado con ninguna persona blanca que me ofreció dinero antes de descubrir que sentía esa atracción sexual hacia los hombres», asegura Mugisha, quien manifiesta su orientación a su familia cuando todavía tiene solamente 13 años de edad. Otra activista, Tamale, sostiene que, precisamente, fueron los colonizadores quienes, a través del cristianismo, convencieron a muchos africanos de que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo van contra la naturaleza humana. Como consecuencia, las personas homosexuales volvieron al armario, sostiene la escritora Jennifer Makumbi, donde han permanecido hasta que el movimiento LGBT se ha ido activando en todo el mundo y comenzaron a surgir personas abiertamente homosexuales en el cine y la televisión, motivo por el que quizás muchos la asocien ahora con la cultura occidental.

Alex Kiwanuka, un ugandés heterosexual, explica que las lenguas locales ya incluían referencias a la homosexualidad mucho antes de que llegaran los colonizadores. Okulyaebisiyaga es la palabra con la que los Baganda describen el sexo entre personas del mismo sexo, que utilizaban mucho antes de que llegaran los colonizadores blancos. Elizabeth Kemigisha, abogada de derechos humanos, declara que los ugandeses necesitan desaprender la noción de que la homosexualidad no es africana, explicando que «el aprendizaje debe comenzar en la escuela primaria y en los hogares». Una propuesta ciertamente positiva, pero que parece todavía bastante improbable cuando el mes pasado una coalición de 54 países africanos demandaban la destitución del experto en discriminación al colectivo LGBT, recientemente propuesto  por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insiste en reintroducir la ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. Esta ley, que provocó la indignación internacional, fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014.La ley finalmente fue invalidada por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había aprobado sin el quórum necesario.

Por otra parte, se suceden los ataques a la libertad de reunión y asociación que citábamos antes. En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Queda la esperanza de que la presión exterior, como ha sucedido en ocasiones anteriores, rebaje la intensidad de los ataques que desde el Estado ugandés está recibiendo el colectivo LGTB. La administración Obama, por ejemplo, ha jugado un papel importante en este sentido (papel que corre peligro cierto si los republicanos recuperan en noviembre la Casa Blanca). Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico. La sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es continuo.

Fuente Universogay/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El expresidente de Nigeria abre la puerta a revisar la legislación homófoba en el futuro

Viernes, 10 de junio de 2016
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el-papa-y-el-presidente-de-nigeria_560x280 Goodluck Jonathan, el expresidente de Nigeria tristemente conocido por firmar la ley que agrava el tratamiento penal de la homosexualidad, ha abierto la posibilidad de un cambio en esta legislación represiva. El mandatario supedita esta modificación a la evolución de las mentalidades de la sociedad africana.

La ley nigeriana castiga con penas que pueden llegar hasta los 14 años de cárcel (en el sur cristiano) o incluso hasta la muerte por lapidación (en los estados del norte en los que se aplica la ley islámica) por el delito de sodomía, es decir, por relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. La reforma que agrava el tratamiento penal para todo aquello relacionado con la homosexualidad contempla penas de 10 años de prisión por la exhibición pública o privada de una relación afectiva entre dos personas del mismo sexo, así como la pertenencia a cualquier tipo de asociación u organización de defensa de los derechos LGTB.

Tras su paso por la Cámara de Representantes y el Senado, el entonces presidente Goodluck Jonathan sancionaba con su firma en enero de 2014 la normativa homófoba. Su portavoz afirmaba, después de confirmar la ratificación, que “la ley está en línea con nuestras creencias culturales y religiosas como pueblo. Creo que esta ley está hecha para el pueblo y que lo que ha hecho el gobierno es consistente con lo que prefiere su entorno”.

Sin embargo, un año después de su salida de la presidencia, Jonathan muestra una postura más tolerante con la realidad LGTB. Durante su intervención en un foro en Londres el lunes pasado, el expresidente apeló a la igualdad de derechos de todos los nigerianos y abrió la puerta a una reforma legal despenalizadora: “La nación podría en su debido momento revisar la ley a la luz de los crecientes debates”, en Nigeria y el resto del mundo, sobre “la igualdad de trato y la no discriminación”. Eso sí, teniendo en cuenta que “el asunto de la orientación sexual aún está en desarrollo”.

A falta de ver si alguien en Nigeria toma nota de las palabras del exmandatario, hay que felicitarse al menos de que Jonathan utilice conceptos que no estamos acostumbrados a escuchar de un gobernante africano. Esperemos que discursos como este vayan calando en un país en el que, por desgracia, la homofobia social y de Estado está a la orden del día y tiene terribles consecuencias.

Nigeria: violencia social y de Estado

La homosexualidad es ilegal en Nigeria según los artículos 214 y 217 de su Código Penal y puede tener penas de hasta 14 años de cárcel.

La ley nigeriana castiga con penas que pueden llegar hasta los 14 años de cárcel (en el sur cristiano) o incluso hasta la muerte por lapidación (en los estados del norte en los que se aplica la ley islámica) por el delito de sodomía, es decir, por relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Pero desde la promulgación de una ley que agrava el tratamiento penal para todo aquello relacionado con la homosexualidad, no han cesado de sucederse los actos de barbarie de la población civil contra las personas LGTB, alentados por los líderes políticos y religiosos que han creado un ambiente de profunda homofobia social. La reforma contempla penas de 10 años de prisión por la exhibición pública o privada de una relación afectiva entre dos personas del mismo sexo, así como la pertenencia a cualquier tipo de asociación u organización de defensa de los derechos LGTB.

Hemos informado de algunos de estos terribles hechos, aunque es de suponer que la información de la mayoría de este tipo de actos execrables no alcance a los medios de comunicación occidentales.

En enero de 2014, una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir públicamente 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión.

En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.

En enero de 2015, la policía islámica de Kato, una ciudad al norte de Nigeria, comunicaba la detención de doce personas por participar en la celebración de una supuesta boda entre dos personas del mismo sexo. La ley vigente en Nigeria, anteriormente citada, castiga con hasta 14 años de prisión a quienes participen en una ceremonia de unión homosexual. Y hace algo más de un mes, seis jóvenes fueron detenidos en Benin City acusados de mantener relaciones sexuales.

Actuaciones de este tipo provocaron que el Parlamento Europeo aprobara en marzo de 2014, con el acuerdo de los principales grupos, una resolución de condena a las leyes homófobas de Uganda y Nigeria. El texto de la resolución solicitaba su derogación y proponía que si no había marcha atrás se suspendiese a los dos países del acuerdo de Cotonú sobre intercambio comercial y asistencia entre la Unión Europea y los estados de África, Caribe y Pacífico.

Sin embargo, la directora del programa africano del Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo (ECDPM), Faten Aggard-Clerx, muy crítica con lo que considera una postura hipócrita de la Unión Europea, se preguntaba, en referencia a Nigeria, si el organismo europeo está dispuesto a “mantener sus valores a pesar de sus intereses en algunas partes de África”. Aggard-Clerx denunciaba que la Unión Europea no había alzado la voz contra las leyes homófobas aprobadas en Etiopía en 2004, pero sí lo hacía una vez que las condenas por homosexualidad iban a carecer de la posibilidad de indulto. También ponía el ejemplo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, muy criticado por aprobar una ley fuertemente homófoba, pero alabado por su papel en Sudán del Sur.

Fuente Dosmanzanas

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La presidenta del Parlamento de Uganda anima a reintroducir la infame ley homófoba que el Constitucional anuló por defecto de forma

Sábado, 23 de abril de 2016
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uganda_speaker_of_parliament_defends_right_to_oppress_gaysLa pesadilla homófoba en Uganda podría regresar. Rebecca Kadaga, la presidenta del Parlamento, se ha mostrado partidaria de volver a tramitar la ley que endurecía el trato penal a las personas homosexuales y que fue anulada por el Tribunal Constitucional de ese país por defecto de forma. Kadaga fue una de sus mayores defensoras y llegó a calificar la brutal ley de regalo de Navidad a su pueblo.

El texto aprobado por el Parlamento ugandés en diciembre de 2013 y ratificado dos meses después por el presidente Yoweri Museveni, preveía penas de hasta cadena perpetua para las personas LGTB y quienes los apoyaran. En agosto de 2014, sin embargo, el Constitucional anulaba la medida, aunque no se pronunció sobre el fondo de la cuestión y se limitó a considerar que en la votación del texto por el pleno del Parlamento, este no disponía del quórum necesario (al menos un tercio de los diputados electos). El fallo, conviene precisar, no supuso la despenalización de las relaciones homosexuales en Uganda, ya ilegales en el marco jurídico anterior.

Nada más conocerse la sentencia, un grupo de representantes comenzó a organizarse para forzar una nueva votación de la ley homófoba en el menor tiempo posible. El proyecto, en cualquier caso, debería ser sometido a una nueva tramitación completa para no volver a ser tumbado. En este tiempo, el Parlamento ha discutido y aprobado una ley que permite al Gobierno prohibir o disolver cualquier ONG, entre ellas las que defienden los derechos LGTB o luchan contra la propagación del VIH.

Pero parece que esta medida no es suficientemente represiva para Kadaga, quien ha reabierto el debate sobre la anulada ley homófoba. La presidenta de la cámara se ha mostrado decidida, en una entrevista, a promover su tramitación si se presenta de nuevo ante el Parlamento. Si efectivamente empezara una nueva discusión del asunto, sería posible para el presidente Yoweri Museveni (que amagó en su momento con vetar la ley aunque al final optó por sumarse a la corriente homófoba) detener el proceso por medio del ministerio de Hacienda, que en este caso solo tendría que emitir un dictamen negativo de impacto fiscal para que el proyecto no prosperara. Museveni se ahorraría así más complicaciones con los países donantes de ayuda al desarrollo, entre ellos Estados Unidos.

Absuelto el entrenador de fútbol acusado de sodomía

Sin salir de Uganda, esta semana también hemos conocido la resolución de un caso que habíamos recogido en dosmanzanas. Chris Mubiru, exentrenador del equipo de fútbol Sports Club Villa de Kampala, ha sido absuelto de los cargos de sodomía que pesaban sobre él. El asunto se remonta a 2012, cuando el infame tabloide Red Pepper publicó unas fotografías de Mubiru manteniendo supuestamente relaciones sexuales con uno de sus jugadores. Bajo el titular “Smoked Out” (“Al descubierto”), el tabloide se jactaba en portada de haber “pillado” al entrenador “sodomizando a jugadores”. En el interior, más imágenes con textos describiendo las escenas de la forma más homófoba, destinados claramente a incendiar la opinión pública.

Un año más tarde de la aparición de las fotos en Red Pepper, Mubiru fue detenido y comenzaba el proceso por “conocimiento carnal” del futbolista Emmanuel Nyanzi. El entrenador habría sido además sometido a la tortura de los “exámenes anales” para determinar su posible homosexualidad. En septiembre de 2015, un tribunal de Kampala lo encontró culpable de sodomía y lo sentenció a 10 años de prisión y al pago de una multa. Ahora, el Tribunal Supremo ha revocado la sentencia original por falta de pruebas de que se hubiera producido penetración anal.

Fuente Dosmanzanas

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Uganda se enfrenta a una peligrosa escasez de medicinas contra el VIH

Lunes, 21 de diciembre de 2015
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africa_vih_medicinaEl Gobierno de Uganda ha anunciado que aumentará los fondos destinados a la importación de medicinas para tratar a las víctimas de VIH, ante la escasez a la que se enfrenta el país.

“Estamos preparando asegurar una partida de 200 millones de dólares (unos 180 millones de euros) y esperamos que pueda cubrir las necesidades de financiación”, según aseguró el martes el secretario permanente del Ministerio de Finanzas, Keith Muhakanizi, negando que el Estado este siendo negligente con las víctimas del VIH.

Muhakanizi ha explicado que la depreciación de la moneda de Uganda, la cual ha perdido en 2015 casi un 19 por ciento de su valor con respecto al dólar, ha causado problemas con la financiación de importación de medicinas.

Los activistas sanitarios han asegurado que 240.000 pacientes de los programas de tratamiento financiados con fondos públicos están en riesgo a causa de la escasez de medicinas, lo que les ha obligado a reducir la dosis o a no tomar ninguna.

Las ONG han asegurado que el Ejecutivo no ha logrado destinar suficientes fondos en el período de octubre a diciembre, lo que ha llevado a la escasez. Además de los que tomaban estas medicinas, hay otros que estaban a la espera de hacerlo, con lo que aún tardarán más, han asegurado.

En Uganda, unos 1,5 millones de personas, es decir, el 4 por ciento de la población, vive con el virus del VIH, de los cuales 820.000 reciben terapia antirretroviral, que les ayuda a evitar que la infección se convierta en sida.

Una política regional y responsable de promoción de la Fundación de Atención Sanitaria del Sida, ha dicho que los períodos de descanso entre fármacos –cuando un paciente deja de tomar la medicación prescrita– podrían estimular el desarrollo de cepas resistentes al tratamiento.

“¿Está el Gobierno siendo negligente en las prioridades claves como la sanidad, la educación y la compra de productos básicos que salvan vidas, y despilfarrando en las campañas?”, ha dicho la directora ejecutiva del la ONG Health GAP, Asia Russell, en referencia a las las elecciones presidenciales y legislativas de febrero. “Estas preguntas tienen que ser respondidas”, ha añadido.

Los activistas han convocado una protesta para esta semana para destacar el problema, pero la Policía la ha prohibido. Una autoridad ha argumentado que no era necesario porque “desde el Gobierno se conoce el problema”.

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, en el cargo durante casi 30 años, y su partido previsiblemente volverán a arrasar en las elecciones de febrero, aunque se enfrentan a una mayor competencia que en el pasado.

Fuente Cáscara Amarga

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El Papa no respondió en Uganda: “¿Ser gay es un crimen contra Dios?”

Domingo, 6 de diciembre de 2015
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ugandaEn Uganda, ser gay “no es natural” y la amenaza de castigar con pena de muerte esta orientación sexual sigue vigente. Por ahora, la ley que está vigente criminaliza a las personas que realizan actos homosexuales.

El papa Francisco llegó a este país, y las voces de los activistas gays se escucharon con fuerza, a pesar de la amenaza oficial. Pero finalmente el pontífice ignoró estas voces. Algo que no sorprende.

Si bien Francisco ya ha revelado su rostro conservador y nada gay friendly como algunos pensaban, todavía se cree -o creen algunos- que ha llegado para cambiar la iglesia. Su paso por Uganda revela que no, que Francisco y la Iglesia piensan lo mismo.

El artículo de la CNN “¿Ser gay es un crimen contra Dios?”, pregunta un homosexual ugandés a propósito de la visita del papa” recoge el drama de varios homosexuales perseguidos, amenazados y hartos de una sociedad que los considera enfermas. El propio presidente Yoweri Museveni aprobó una ley antigay en febrero pasado, y dijo a la cadena que la homosexualidad “no es natural” ni un derecho humano.

¿FRANCISCO CAMBIARÁ EN ALGO ESTE PANORAMA?

gays-ugandaJackson Mukasa y Kim Mukisa, dos hombres gay que fueron sometidos a juicio por participar en actos sexuales “contra el orden de la naturaleza”, fueron entrevistados por la CNN. Las palabras de ambos son dolorosas.

“Escuchamos personas gritando: ‘¡Los gays están aquí! ¡Los gays están aquí! Esperábamos que nos mataran”, recuerda Mukasa. Mukisa suplicó junto con Mukasa que necesitaban salvar algunas de sus pertenencias.

Relata CNN: “Mukisa escapó por un tiempo, pero la multitud golpeó severamente a Mukasa y luego los hicieron dirigirse a la estación de policía local. Su presunto delito: participar en actos sexuales “contra el orden de la naturaleza”. “Nunca supimos que se sospechaba de nosotros”, dijo Mukasa. “No podíamos dejar de expresar lo que somos. Estamos orgullosos de lo que somos”. Después de una serie de mensajes de texto y cuidadosas instrucciones, nos encontramos con el par en la casa de un amigo en Kampala. Ellos relatan su historia sentados uno al lado del otro, en una cama, en una habitación alquilada en un barrio pobre”.

Pasaron meses en la cárcel antes de que su caso finalmente fuera rechazado por falta de pruebas. Mukasa y Mukisa han sido abandonados por sus familias. Ambos quieren abandonar el país.

“Esperamos que el papa sea capaz de asumir una postura en cuanto a este tema y le confirme a Uganda y al mundo lo que está escrito en la Biblia… y así animar a muchos de quienes han estado trabajando para asegurarse de que la palabra que está escrita en la Biblia nunca sea destruida”, aseguró David Bahati, promotor de la ley antigay.

Mukasa no espera al papa con entusiasmo:  “Así que tengo una pregunta: ¿Acaso ser gay es un crimen en contra de Dios? ¿Es por eso que todas estas cosas están sucediendo?”

Francisco fue recibido por el presidente de ese país, Yoweri Museveni. ¿Qué se dijeron ambos? Un discurso lleno de frases hechas, y vacías. Dijo Francisco que África es el continente de la esperanza. ¿Y la comunidad gay? No, Francisco no habló de la comunidad LGBT.

Se estima que en Uganda hay medio millón de personas homosexuales. Según una encuesta de 2007 delPew Global Attitudes Project, el 96% de los ugandeses dicen que la homosexualidad debería ser rechazada por la sociedad.

➤➤ Si en Uganda se aprueba el proyecto de ley antihomosexual, se introduciria la pena de muerte para las personas homosexuales reincidentes, que sean VIH-positivas, o que realizan actos sexuales con personas del mismo sexo menores de 18 años.

SER ACTIVISTA LGBT EN UGANDA

“Ni siquiera me acuerdo de la cantidad de veces que he sido golpeada y que han intentado violarme para descubrir qué soy realmente”, denunció la activista Kasha Nabagesera en una entrevista para El País de España, donde advirtió que el Gobierno define el movimiento gay como algo insano y malvado. Los comparan con terroristas: “Tienen una lista negra de personas homosexuales peligrosas, entre las que estoy yo. Se nos acusa de varios delitos, el más grave es el de hacer promoción de la homosexualidad. Nuestros rostros son publicados en varios periódicos del país como personas buscadas a las que hay que encontrar y condenar. La gente tiene miedo. Hay que vivir a escondidas y tener muchísimo cuidado”.

Fuentes: sinetiquetas.org / CNN / El Pais, vía Latitud Gay

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El Parlamento de Uganda aprueba la ley que controlará las ONG y permitirá disolver las asociaciones LGTB

Sábado, 5 de diciembre de 2015
Comentarios desactivados en El Parlamento de Uganda aprueba la ley que controlará las ONG y permitirá disolver las asociaciones LGTB

uganda_parliament_-_the_east_african_0El Parlamento ugandés ha aprobado por unanimidad una ley que permitirá al Gobierno prohibir o disolver cualquier ONG, entre ellas las que defienden los derechos LGTB o que luchan contra la propagación del VIH. La ley también establece penas de prisión para quienes prosigan con la labor de las organizaciones que no hayan obtenido la autorización gubernamental. Las asociaciones LGTB temen convertirse en el principal objetivo de la nueva normativa, mientras pende sobre el colectivo la amenaza de una nueva ley que endurecerá el trato penal de la homosexualidad, tras la finalmente infructuosa aprobación de la anterior, anulada por defecto de forma por el Tribunal Constitucional.

El proyecto de ley había sido presentado a principios de año, y finalmente ha sido aprobado el pasado 26 de noviembre con el voto unánime del Parlamento. Todas las ONG o asociaciones comunitarias deberán obtener permiso para constituirse, que podrá ser denegado por el Gobierno si decide que el grupo en cuestión no responde a un “interés público” sin queda sin definir.

La ley también otorga poder a la administración para disolver ONG existentes, si se estima que son contrarias a ese “interés público” indefinido o son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Los dirigentes o miembros de las ONG que no hayan obtenido autorización o hayan sido disueltas podrán ser castigados con penas de prisión si continúan con su labor.

Según Ruth Nankabirwa, jefa del grupo parlamentario del partido gubernamental, el objetivo de la nueva ley es “ayudar a que las ONG trabajen en un entorno mejor, ya que, como gobierno, apreciamos el trabajo que hacen estas organizaciones. El proyecto de ley capacita a las ONG en lugar de restringir sus actividades“.

Los miembros de las ONG y asociaciones comunitarias, sin embargo, expresan su más honda preocupación, temiendo que la ley se utilice para censurar a organizaciones que denuncien problemas como la corrupción o la pobreza. Para Human Rights Watch, “la vaguedad e imprecisión del texto hace vulnerables a las ONG y las incitará a la autocensura por temor a no cumplir con los requisitos”. Nicholas Opiyo, director de la organización de defensa de las libertades civiles Chapter Four, estima que la aprobación de la ley “ataca el corazón mismo de la formación de organizaciones cívicas, restringe el espacio cívico y el derecho de asociación”. Para Peter Kamalingin, director de la ONG Oxfam Uganda, la nueva ley socava la causa misma por la que existimos y la causa misma por la que seguimos comprometidos, en cuanto a la superación de la injusticia y la pobreza”.

Quienes están particularmente preocupados con su aplicación son los miembros de ONG y asociaciones de defensa de los derechos LGTB o de lucha contra la propagación del VIH, que temen ser su principal objetivo. Kikonyogo Kivumbi, representante de las minorías sexuales de Uganda que están en alto riesgo de contraer VIH, advertía durante el proceso de aprobación que “el proyecto de ley hará que las organizaciones LGBTI y de trabajadores del sexo vean cerrados sus centros y que sus dirigentes sean encarcelados. Esto pone en peligro no solo a ellos y a sus comunidades, sino a la población de Uganda en general”.

Uganda, en proceso de aprobar una nueva ley homófoba

Como es bien conocido, el clima de odio hacia las personas LGTB en Uganda se ha exacerbado con motivo del proceso de discusión y aprobación de una ley que pretendía endurecer el trato penal a la homosexualidad, una ley que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional de Uganda por un defecto de forma, a pesar de lo cual ya se ha puesto en marcha otra iniciativa para aprobar una nueva ley que sustituya a la anterior. Una norma que eliminaría las referencias directas a la homosexualidad, que sería sustituida por el eufemismo “prácticas sexuales antinaturales” y se centraría en castigar con penas de cárcel cualquier actividad considerada como “promoción” de las relaciones no tradicionales.

Una jugada con la que el presidente Yoweri Museveni intentaría mantener su popularidad sin poner en riesgo la ayuda externa que recibe el país. Aunque el presidente amagó en su momento con vetar la anterior ley, al final optó por sumarse a la corriente homófoba y apoyarla; una decisión adoptada en clave interna, pero que a nivel internacional no le trajo más que quebraderos de cabeza, incluyendo sanciones económicas en forma de reducción de la ayuda exterior.

Un informe elaborado por Sexual Minorities Uganda en mayo de 2014 denunciaba el extraordinario aumento en los ataques contra las personas LGTB en el país desde que se inició todo este proceso legal. Desde su aprobación inicial y hasta la fecha de elaboración del informe, se habían producido 162 de estos incidentes, que incluían linchamientos, violencia colectiva, incendio de hogares, chantaje, pérdida de puestos de trabajo, detenciones, expulsiones y suicidios. El informe denunciaba el ambiente de hostilidad creado durante todo el proceso de tramitación de la ley, cuyo fruto es la autoridad práctica para perseguir a las personas LGTB con total impunidad. Un terrible ejemplo de este clima asfixiante lo recogíamos el pasado enero, cuando nueve hombres homosexuales sufrieron un intento de linchamiento y la policía, en lugar de protegerlos, los detuvo y sometió a torturas.

Fuente Dosmanzanas

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Sentencia de culpabilidad para el entrenador de fútbol ugandés acusado por sodomía

Viernes, 11 de septiembre de 2015
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Uganda-Red-Pepper-OutingUn tribunal de Kampala ha emitido veredicto de culpabilidad contra Chris Mubiru, exentrenador del equipo de fútbol Sports Club Villa de la capital ugandesa y de la selección nacional, por un delito de “sodomía”. La pena, que se dará a conocer en los próximos días, podría ser de cadena perpetua según el Codigo Penal vigente en Uganda.

El caso,  se remonta a 2012, cuando el infame tabloide Red Pepper publicó unas fotografías de Mubiru manteniendo supuestamente relaciones sexuales con uno de sus jugadores. Bajo el titular “Smoked Out” (“Al descubierto”), el tabloide se jactaba en portada de haber “pillado” al entrenador “sodomizando a jugadores”. En el interior, más imágenes con textos describiendo las escenas de la forma más homófoba, destinados claramente a incendiar la opinión pública. Recordamos que en enero de 2011 fue asesinado el activista gay David Kato (su asesino fue condenado a 30 años de cárcel, una de las pocas noticias positivas que nos han llegado de aquel país). Kato era uno de los 100 ciudadanos homosexuales cuyo nombre y fotografía habían sido publicados por Rolling Stone (una publicación local), acompañados del titular “Hang Them” (“a la Horca”).

Un año más tarde de la aparición de las fotos en Red Pepper, Mubiru fue detenido. La policía alegó que no pudo arrestar al entrenador en su momento por no hallarse en el país. Una vez detenido, y tras cuatro horas de interrogatorio, el acusado siguió negando repetidamente ser quien aparece en las fotos y vídeos que el tabloide hizo llegar a las fuerzas de seguridad. Los portavoces policiales instaron a cualquiera que pudiera tener acusaciones contra el entrenador a presentar la correspondiente denuncia, en busca de testigos que sostengan sus acusaciones.

Algún tiempo después comenzaba el proceso contra Mubiru por “conocimiento carnal” del futbolista Emmanuel Nyanzi. Las pruebas presentadas por la acusación habrían sido, al parecer, cremas dermatológicas y analgésicos localizados por la policía en el domicilio del entrenador. La fiscalía da por hecho que este drogó a su presunta víctima y utilizó ambos productos para facilitar los supuestos encuentros sexuales. Este habría sido además sometido a la tortura de los “exámenes anales” para determinar su posible homosexualidad. El tribunal exoneró a Mubiru de los cargos por sodomía con otro hombre, George Oundo, porque el acto habría tenido lugar con consentimiento mutuo. Con todo, el condenado se enfrenta a una pena de hasta cadena perpetua, que se dará a conocer el próximo día 18 de septiembre.

Uganda, en proceso de aprobar una nueva ley homófoba

Como es bien conocido, el clima de odio hacia las personas LGTB en Uganda se ha exacerbado con motivo del proceso de discusión y aprobación de una ley que pretendía endurecer el trato penal a la homosexualidad, una ley que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional de Uganda por un defecto de forma, a pesar de lo cual ya se puso en marcha otra iniciativa el año pasado para aprobar una nueva ley que sustituya a la anterior. Una norma que eliminaría las referencias directas a la homosexualidad, que sería sustituida por el eufemismo “prácticas sexuales antinaturales” y se centraría en castigar con penas de cárcel cualquier actividad considerada como “promoción” de las relaciones no tradicionales.

Una jugada con la que el presidente Yoweri Museveni intentaría mantener su popularidad sin poner en riesgo la ayuda externa que recibe el país. Aunque el presidente amagó en su momento con vetar la anterior ley, al final optó por sumarse a la corriente homófoba y apoyarla; una decisión adoptada en clave interna, pero que a nivel internacional no le trajo más que quebraderos de cabeza, incluyendo sanciones económicas en forma de reducción de la ayuda exterior.

Un informe elaborado por Sexual Minorities Uganda en mayo de 2014 denunciaba el extraordinario aumento en los ataques contra las personas LGTB en el país desde que se inició todo este proceso legal. Desde su aprobación inicial y hasta la fecha de elaboración del informe, se habían producido 162 de estos incidentes, que incluían linchamientos, violencia colectiva, incendio de hogares, chantaje, pérdida de puestos de trabajo, detenciones, expulsiones y suicidios. El informe denunciaba el ambiente de hostilidad creado durante todo el proceso de tramitación de la ley, cuyo fruto es la autoridad práctica para perseguir a las personas LGTB con total impunidad. Un terrible ejemplo de este clima asfixiante lo recogíamos el pasado enero, cuando nueve hombres homosexuales sufrieron un intento de linchamiento y la policía, en lugar de protegerlos, los detuvo y sometió a torturas.

Fuente Dosmanzanas

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Un proyecto de ley para controlar a las ONG podría prohibir las asociaciones LGTB en Uganda

Viernes, 24 de abril de 2015
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uganda_gay_rightsUna nueva iniciativa legislativa podría volver a poner en el punto de mira a la comunidad LGTB de Uganda. El Gobierno presidido por Yoweri Museveni ha presentado un proyecto de ley para regular las organizaciones no gubernamentales (ONG) que, con su redacción actual, podría suponer la disolución de cualquier grupo de lucha por los derechos LGTB o de lucha contra el VIH.

Cada pocos meses, la homofobia de Estado revive en Uganda. En esta ocasión de manera indirecta, por medio de una iniciativa destinada a dotar de poderes al ministerio del Interior para “supervisar, aprobar, inspeccionar y disolver” cualquier ONG o asociación comunitaria. Los criterios para prohibir una organización son que sus actividades sean contrarias al Gobierno o a “la dignidad del pueblo de Uganda”. Si el Parlamento aprueba la ley, cualquier asociación deberá pedir permiso para constituirse; la autorización podrá ser denegada si el ministerio opina que la formación del grupo en cuestión no responde a un “interés público” sin definir.

Una formulación vaga cuya interpretación podría abrir perfectamente una vía legal para perseguir y castigar con penas de hasta ocho años de prisión a los dirigentes de organizaciones LGTB, entre otras, que no se disuelvan si no cuentan con el permiso gubernamental. Así lo ha denunciado Human Rights Watch (HRW), quienes alertan de que la nueva ley podría “negar la misma esencia de la libertad de asociación y expresión”. HRW explica que las ONG pro derechos humanos y contra la corrupción se encuentran cada vez con más dificultades para llevar a cabo su trabajo, y que la aprobación de esta iniciativa haría imposible esta tarea. Desde Sexual Minorities Uganda (SMUG) también temen que este “peligroso” proyecto los dejaría “sin ninguna oportunidad de continuar su labor y su activismo.

Y esta es la situación del “paraíso” ugandés …

Y es que, como casi todo el mundo conoce, el clima de odio hacia las personas LGTB en Uganda es terrible y, además, se ha exacerbado con motivo del proceso de discusión y aprobación de una ley que pretendía endurecer el trato penal a la homosexualidad; una ley que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional de Uganda por un defecto de forma, a pesar de lo cual ya se ha puesto en marcha otra iniciativa para aprobar una nueva ley que sustituya a la anterior. Una norma que eliminaría las referencias directas a la homosexualidad, que sería sustituida por el eufemismo “prácticas sexuales antinaturales” y se centraría en castigar con penas de cárcel cualquier actividad considerada como “promoción” de las relaciones no tradicionales.

Una jugada con la que el presidente Yoweri Museveni intentaría mantener su popularidad sin poner en riesgo la ayuda externa que recibe el país. Aunque el presidente amagó en su momento con vetar la anterior ley, al final optó por sumarse a la corriente homófoba y apoyarla; una decisión adoptada en clave interna, pero que a nivel internacional no le trajo más que quebraderos de cabeza, incluyendo sanciones económicas en forma de reducción de la ayuda exterior.

Un informe elaborado por Sexual Minorities Uganda en mayo de 2014 denunciaba el extraordinario aumento en los ataques contra las personas LGTB en el país desde que se inició todo este proceso legal. Desde su aprobación inicial y hasta la fecha de elaboración del informe, se habían producido 162 de estos incidentes, que incluían linchamientos, violencia colectiva, incendio de hogares, chantaje, pérdida de puestos de trabajo, detenciones, expulsiones y suicidios. El informe denunciaba el ambiente de hostilidad creado durante todo el proceso de tramitación de la ley, cuyo fruto es la autoridad práctica para perseguir a las personas LGTB con total impunidad. Un terrible ejemplo de este clima asfixiante lo recogíamos el pasado enero, cuando nueve hombres homosexuales sufrieron un intento de linchamiento y la policía, en lugar de protegerlos, los detuvo y sometió a torturas.

Fuente Dosmanzanas

 

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