Comentarios desactivados en España copresidirá junto a Colombia una alianza internacional para la defensa de los derechos LGBTI
El Gobierno de España asume el mando de la Coalición por la Igualdad de Derechos y dice que trabajará sin descanso para “la despenalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo” en todo el mundo.
España copresidirá durante los dos próximos años junto a Colombia la Equal Rights Coalitión-Coalición por la Igualdad de Derechos, la principal alianza internacional público-privada de defensa y promoción de los derechos de las personas LGBTI en todo el mundo.
En el marco de la Conferencia de la Equal Rights Coalitión-Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC) organizada por Alemania y México, quienes la presidían hasta ahora, participaron 44 Estados seunieron en Berlín para promover los derechos LGBTIQ+ los pasados 17 y 18 de diciembre y se definió como una de las prioridades la despenalización de la homosexualidad y de la transexualidad en todo el mundo. En al menos 62 países se criminaliza a las personas LGBTIQ+ y en 12 la sanción puede ser la pena de muerte.
Los gobiernos de Alemania y México organizaron la pasada semana en Berlín una nueva conferencia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC), un referente integrado por 45 Estados que esta vez puso el acento en la necesidad de contrarrestar retrocesos y erradicar la criminalización de las personas LGBTIQ+ en todo el mundo.
Entre otros temas, representantes de los Estados y de la sociedad civil debatieron sobre la democracia, las legislaciones, los programas de inclusión, las crisis humanitarias, el escaso presupuesto destinado para la promoción de los derechos de las personas LGBTIQ+ y los crímenes y otros delitos de odio, así como
En la ocasión existió consenso respecto a que los derechos LGBTIQ+ están experimentando severos retrocesos en países donde previamente se habían registrado avances, mientras que otros 62 Estados continúan criminalizando a las orientaciones sexuales e identidades de género diversas, en 12 de los cuales la sanción puede ser la pena muerte. De ahí que se fijara como desafíos presentes y futuros erradicar ambos problemas en el mundo.
La reunión, organizada con la colaboración de la Asociación para la Diversidad Queer de Alemania (LSVD) y la Fundación Arcoíris de México, fue inaugurado el pasado martes en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores por la ministra la de Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud, Lisa Paus y una ponencia magistral del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, además de intervenir la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, entre otros representantes de los países participantes.
La Conferencia fue antecedida el lunes de la semana pasada, por un encuentro exclusivo de la sociedad civil que tuvo lugar en la Embajada de México en Berlín, además de desarrollarse al día siguiente una recepción en la Embajada de España.
Los 45 Estados miembros de la ERC son Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Honduras, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Montenegro, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República Checa, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania, Uruguay y Tailandia.
Desde el 2022 la ERC estuvo co-presidida por Alemania y México, países relevados desde esta semana por España y Colombia que hasta el año 2026 liderarán el referente junto a los colectivos LGBTIQ+Fundación Triángulo y Caribe Afirmativo.
En una nota de prensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España informa que la decisión se ha tomado en la conferencia ministerial bienal de la coalición —conformada por 45 estados, mayoritariamente europeos, y organizaciones de la sociedad civil.
España copresidirá durante los dos próximos años junto a Colombia la Coalición por la Igualdad de Derechos, la principal alianza internacional público-privada de defensa y promoción de los derechos de las personas LGBTI en todo el mundo.
En una nota de prensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores informa que la decisión se ha tomado en la conferencia ministerial bienal de la coalición —conformada por 45 estados, mayoritariamente europeos, y organizaciones de la sociedad civil— reunida este martes y miércoles en Berlín.
“Para España, la promoción de los Derechos Humanos y, en particular, la defensa de la igualdad y la dignidad de las personas LGBTI no es solo una prioridad de política exterior, sino un compromiso ético que emana de nuestra historia y de los valores que compartimos como sociedad”, ha afirmado Exteriores en su comunicado.
Por ello, ha añadido, el Gobierno “asume este reto consciente de los enormes retos que supone la lucha por los derechos de las personas LGBTI” y se compromete a “fortalecer esta plataforma única” y a “trabajar sin descanso en favor de la despenalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo”.
Además, se impulsarán iniciativas diplomáticas para que cada vez sean menos los países que cuenten con estas leyes injustas y anacrónicas. Según recuerda Exteriores, todavía hay 64 países que castigan las relaciones entre personas del mismos sexo, en varios con penas extremas, incluida la pena de muerte.
En este sentido, el Gobierno pretende cooperar “con organizaciones internacionales, como Naciones Unidas y la Unión Europea, para garantizar que la despenalización sea un tema central en las agendas globales de Derechos Humanos”.
Por otra parte, España ha agradecido a Alemania y a México la labor realizada como copresidencias entre 2022 y 2024 y ha mostrado su confianza en que, con la colaboración de Colombia y el apoyo de todos los miembros, “la coalición se consolide no solo como un símbolo de esperanza, sino también como una herramienta efectiva de cambio“.
Comentarios desactivados en Parlamentarios de Uganda aprueban proyecto de ley que impone la pena de muerte por homosexualidad
Presidente Yoweri Museveni
Parlamentarios de Uganda aprueban proyecto de ley que impone la pena de muerte por homosexualidad
Activistas de derechos humanos condenan proyecto de ley que introduce penas capitales y cadena perpetua
La ONU insta al presidente de Uganda a bloquear el “inquietante” proyecto de ley LGBTQ+ que introduce la pena de muerte
La Casa Blanca sugiere que Uganda podría enfrentar sanciones si el proyecto de ley de prohibición ‘extrema’ LGBTQ+ se convierte en ley
Los parlamentarios de Uganda aprobaron un controvertido proyecto de ley anti-LGBTQ+, que haría que los actos homosexuales se castigaran con la muerte, lo que atrajo una fuerte condena de los activistas por los derechos. El proyecto de ley contra la homosexualidad, que fue aprobado por el parlamento de Uganda el martes (21 de marzo), hará que sea ilegal identificarse simplemente como LGBTQ.Cualquier persona declarada culpable bajo la ley propuesta podría enfrentar hasta 20 años de cárcel. También se esperaría que los amigos y familiares entreguen a las personas LGBTQ+ si tuvieran una relación del mismo sexo.
Todos menos dos de los 389 legisladores votaron a última hora del martes a favor del proyecto de ley de línea dura contra la homosexualidad, que introduce penas capitales y de cadena perpetua para el sexo gay y el “reclutamiento, promoción y financiación” de “actividades” entre personas del mismo sexo.
La pena de muerte también es posible en virtud de la legislación para quienes sean declarados culpables de “homosexualidad agravada”, refiriéndose a violación, abuso sexual infantil o incesto.“Una persona que comete el delito de homosexualidad agravada y es responsable, en caso de condena, de sufrir la muerte”, dice el proyecto de ley presentado por Robina Rwakoojo, presidenta de asuntos legales y parlamentarios.
Los aliados de la comunidad LBGTQ+ podrían enfrentar hasta cinco años de prisión, y las personas tienen el deber de denunciar a las autoridades a las personas que tienen relaciones del mismo sexo.Habiendo sido votado por el parlamento, el proyecto de ley está listo para que el presidente Yoweri Museveni lo promulgue. El proyecto de ley, después de haber sido aprobado por el parlamento, ahora se encuentra en el escritorio del presidente Yoweri Museveni.
Solo dos diputados del partido gobernante, Fox Odoi-Oywelowo y Paul Kwizera Bucyana, se opusieron a la nueva legislación.
“El proyecto de ley está mal concebido, contiene disposiciones que son inconstitucionales, revierte los logros registrados en la lucha contra la violencia de género y criminaliza a las personas en lugar de conductas que contravienen todas las normas legales conocidas”, dijo Odoi-Oywelowo. “El proyecto de ley no introduce ningún valor agregado al libro de estatutos y al marco legislativo disponible”, dijo.
Una versión anterior del proyecto de ley provocó críticas internacionales generalizadas y luego fue anulada por el tribunal constitucional de Uganda por motivos de procedimiento. El proyecto de ley ahora irá al presidente Yoweri Museveni, quien puede vetarlo o convertirlo en ley. En un discurso reciente, pareció expresar su apoyo al proyecto de ley.
Momento en que los parlamentarios de Uganda aprueban un proyecto de ley anti-LGBTQ+ – video
derechos LGBTQ+
Un parlamentario en la cámara, John Musila, usó una toga que decía: “Di no al homosexualismo, lesbianismo, gay”.
Cuando se presentó el proyecto de ley al parlamento de Uganda, Anita Among instó a otros parlamentarios a rechazar la intimidación, particularmente de los países occidentales.
Asuman Basalirwa, quien presentó el proyecto de ley, dijo que su objetivo era “proteger la cultura de nuestra iglesia, los valores familiares legales, religiosos y tradicionales de los ugandeses de los actos que probablemente promuevan la promiscuidad sexual en este país”.
Otra parlamentaria, Sarah Opendi, sugirió que los hombres homosexuales fueran castrados y que la cadena perpetua “no era adecuada” porque un hombre homosexual podría “seguir viviendo su vida, tal vez incluso continuar con la homosexualidad en prisión”.
El proyecto de ley marca el último de una serie de retrocesos para los derechos LGBTQ+ en África, donde la homosexualidad es ilegal en la mayoría de los países. En Uganda, un país cristiano en gran parte conservador, el sexo homosexual ya se castigaba con cadena perpetua.
Activistas de derechos humanos han condenado la nueva medida para promulgar la dura ley, calificándola de “ley de odio”. Hoy marca un día trágico en la historia de Uganda. @Parliament_Ug ha aprobado una legislación que promueve el odio y busca despojar a las personas LGBTIQ de sus derechos fundamentales!” tuiteó Sarah Kasande, abogada y activista de derechos humanos de Kampala. “Las disposiciones del proyecto de ley contra la homosexualidad son bárbaras, discriminatorias e inconstitucionales”, dijo.
Ella agregó: “Para la comunidad LGBTIQ, sé que este es un día difícil, pero no pierdan la esperanza. La batalla no ha terminado; este repugnante proyecto de ley finalmente será derogado”.
El activista gay Eric Ndawula tuiteó: “Los eventos de hoy en el parlamento no son solo inmorales, sino un asalto total a la humanidad. Es aterrador que el juicio de nuestros parlamentarios esté empañado por el odio y la homofobia. ¿Quién se beneficia de esta ley draconiana?”
Today’s events in Parliament are not just immoral, but a complete assault on humanity. It’s frightening that our MPs’ judgment is clouded by hate & homophobia. Who benefits from this draconian law? It’s a question they’ll likely never answer. #AntiHomosexualityBill2023 Draconian pic.twitter.com/CvQvNK3Oiz
Más de 110 personas LGBTQ+ en Uganda informaron incidentes que incluyen arrestos, violencia sexual, desalojos y desnudez pública al grupo de defensa Minorías Sexuales de Uganda (Smug) solo en febrero. Las personas transgénero se vieron afectadas de manera desproporcionada, dijo el grupo.
omitir la promoción del boletín anterior
Kasha Jacqueline Nabagesera, una activista lesbiana en Kampala, dijo que continuarían los esfuerzos para anular la legislación. “Seguiremos luchando contra esta injusticia. Esta mujer lesbiana es ugandesa, incluso este pedazo de papel [no] impedirá que disfrute de mi país. La lucha acaba de comenzar”, dijo Nabagesera en un tuit.
Kasande dijo: “Lucharemos hasta que todas las personas en Uganda puedan disfrutar de los derechos que les garantiza la constitución”.
El presidente Museveni dijo el mes pasado que Uganda no aceptará la homosexualidad y afirmó que Occidente buscaba obligar a otros países a “normalizar” lo que llamó “desviaciones” y felicitó recientemente a los llamados “creyentes” por rechazar la homosexualidad. “Los países occidentales deberían dejar de perder el tiempo de la humanidad tratando de imponer sus prácticas a otras personas”, dijo Museveni en un discurso televisado ante el parlamento el 16 de marzo. “Los homosexuales son desviaciones de lo normal. ¿Por qué? ¿Es por naturaleza o por crianza? Necesitamos responder a esas preguntas. Necesitamos una opinión médica sobre eso”, dijo.
“Es decepcionante que el parlamento, una vez más, apruebe un proyecto de ley que claramente contraviene varios derechos humanos básicos”, dijo Oryem Nyeko, investigador de la división de África de Human Rights Watch. “Esto solo abre la puerta a leyes más regresivas y a que se violen los derechos de las personas en todos los ámbitos.El presidente Museveni no debería consentirlo”, dijo.
El proyecto de ley contra la homosexualidad ha causado consternación internacional por los castigos extremos que conlleva.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, lo instó a no hacerlo, calificando la ley de draconiana y diciendo que su aprobación por parte de los legisladores fue “devastadora y profundamente perturbadora”.
Türk dijo: “La aprobación de este proyecto de ley discriminatorio, probablemente uno de los peores de su tipo en el mundo, es un acontecimiento profundamente preocupante. Esta ley, si entra en vigor, tendrá graves repercusiones negativas en la sociedad en su conjunto y erosionará los logros obtenidos a lo largo de los años”.
Continuó diciendo que la legislación podría abrir la puerta a la “violación sistémica” de los derechos humanos de casi todas las personas LGBTQ+ y servir para incitar a las personas entre sí. “Confunde las relaciones consentidas y no consentidas”, dijo, y agregó que las relaciones consentidas nunca deben criminalizarse y que se necesitan medidas basadas en evidencia para poner fin a la violencia sexual en todas sus formas. Este proyecto de ley será una gran distracción de tomar las medidas necesarias para poner fin a la violencia sexual”, dijo.
Türk también destacó que el proyecto de ley entraba en conflicto con la constitución de Uganda, que tenía disposiciones sobre igualdad y no discriminación, además de contrarrestar sus obligaciones legales internacionales de derechos humanos y desarrollo sostenible. “Promover la violencia y la discriminación contra las personas por lo que son y por lo que aman está mal y cualquier intento falso de justificar esto sobre la base de ‘valores’ debe denunciarse y condenarse”, agregó.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos tiene serias preocupaciones sobre el nuevo proyecto de ley anti-LGBTQ+ de Uganda.
Jean-Pierre habló durante una conferencia de prensa el miércoles (22 de marzo), después de que el parlamento de Uganda aprobara la Ley.
“Si el [proyecto de ley] se convierte en ley y se promulga, afectaría los derechos humanos universales, pondría en peligro el progreso en la lucha contra el VIH/SIDA, disuadiría el turismo y las [inversiones] en Uganda y dañaría la reputación internacional de Uganda”, dijo Jean-Pierre. “Es una de las leyes anti-LGBTQ+ más extremas del mundo. Los derechos humanos son universales, nadie debe ser atacado o encarcelado simplemente por ser quien es y a quien ama”.
La secretaria de prensa sugirió que Estados Unidos podría implementar sanciones económicas si Uganda promulga el proyecto de ley. “Eso sería realmente desafortunado porque gran parte de la asistencia económica que proporcionamos a Uganda es asistencia sanitaria, y en gran parte a través [del plan de emergencia del presidente para el alivio del SIDA]”, continuó la secretaria de prensa. “Ciertamente estamos observando esto de cerca y tendremos que analizar si habría o no repercusiones, tal vez de manera económica, si esta ley se aprobara y promulgara”.
La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda
Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.
La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.
Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.
Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.
En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.
En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.
La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.
En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.
Comentarios desactivados en Los principales expertos de la ONU exigen la liberación “inmediata” de 21 ghaneses LGBT + arrestados “arbitrariamente”
Los derechos LGBT + están fuertemente reprimidos en Ghana.
Un tribunal de Ghana retrasó un fallo vital sobre una solicitud de libertad bajo fianza para los 21 activistas LGBT + detenidos en lo que los expertos de las Naciones Unidas han calificado de arresto “arbitrario”.
En una redada de alto perfil que ha generado críticas internacionales, los ghaneses queer fueron detenidos por las autoridades por asistir a una sesión de capacitación sobre derechos LGBT + en la ciudad de Ho, en el sureste del país, el mes pasado.
Los activistas, que incluían a 16 mujeres y cinco hombres, fueron arrestados por “reunión ilegal”, dijo la fuerza, que prometió “llegar al fondo de este tema”.
El viernes (4 de junio), un juez del tribunal de distrito de Ho retrasó hasta el 8 de junio un fallo sobre la solicitud de libertad bajo fianza de los acusados, lo que significa que el grupo tendrá que pasar al menos cuatro días más detenido, informó Reuters.
“No podemos tolerar una situación en la que las personas asisten a un taller sobre derechos solo para ser arrestadas y que esos mismos derechos humanos sobre los que estaban aprendiendo sean pisoteados”, dijo Julia Selman Ayetey, abogada de los acusados.
Los dudosos cargos han desatado un torrente de frustración y enojo entre los grupos de derechos humanos, y un panel de expertos en derechos humanos de la ONU condenó enfáticamente el arresto.
“Estamos profundamente preocupados por las detenciones de los defensores de los derechos humanos”, dijeron los expertos en un comunicado de prensa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Todas las pruebas de que disponemos apuntan al hecho de que fueron detenidos mientras ejercían pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. Los defensores de los derechos humanos desempeñan un papel clave a la hora de proteger a los grupos vulnerables de la violencia y la discriminación y empoderarlos para que reclamen sus derechos humanos.
Ghana debe garantizar que nadie sea criminalizado por defender los derechos fundamentales de las personas LGBT +”.
“La detención por motivos discriminatorios, incluida la lucha contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, es arbitraria por su propia naturaleza y viola el derecho internacional de los derechos humanos.
“El gobierno de Ghana debe ponerlos en libertad de forma inmediata e incondicional”.
En Ghana, los legisladores y las fuerzas del orden han estallado una serie de ataques contra la comunidad LGBT + este año, donde ha surgido cada vez más la línea brillante de que el encarcelamiento de tres años en el país por sexo gay simplemente no es suficiente.
Un bloque de unos 30 parlamentarios ha formado los “Creyentes contra LGBTI +” y están compitiendo para criminalizar la mera “defensa” de los derechos queer.
Mientras tanto, una represión policial casi idéntica tuvo lugar en abril, donde los agentes allanaron una casa en Obomeng, Kwahu South, todo porque sospechaban que allí se estaba celebrando una “boda de lesbianas”.
Solo unos meses antes, la policía irrumpió en las oficinas de uno de los pocos grupos de derechos LGBT + del país. Tanto agentes de seguridad locales como nacionales saquearon la oficina, lo que obligó a los miembros a huir y “esconderse por su seguridad”.
La comunidad LGBT + en Ghana, donde el sexo gay es ilegal, ha sufrido en los primeros meses de 2021 una creciente hostilidad por parte del estado.
En febrero, el grupo LGBT+ Rights Ghana, fue objeto de una redada policial ilegal en su oficina, con el apoyo del propietario del edificio y agentes de seguridad nacional, lo que obligó al grupo a huir “y esconderse por su seguridad”.
Durante marzo, los parlamentarios describieron sus intenciones de impulsar un nuevo proyecto de ley para prohibir cualquier tipo de “defensa” LGBT +. Los 30 parlamentarios, que forman el grupo “Creyentes contra LGBTI +”, ahora lideran “el cargo contra la criminalización de las actividades LGBT + en Ghana.
El mes pasado, 22 personas fueron arrestadas cuando la policía allanó una casa en Obomeng, Kwahu South, todo porque las autoridades sospechaban que se estaba celebrando una “boda de lesbianas” allí.
Según el último informe sobe homofobia de Estado de ILGA, «en los últimos años se han documentado varias dethttps://www.gofundme.com/f/lgbt-rights-ghana-community-support-fundenciones de personas adultas por actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Las detenciones a menudo implican abuso psicológico, exposición perjudicial ante los medios de comunicación y exámenes médicos». El informe también asegura que «la policía local atrapa y atrae a personas LGBT (predominantemente hombres homosexuales) a través de los medios de comunicación social» y menciona un episodio sucedido en septiembre de 2020, cuando «los medios de comunicación locales indicaron que 11 mujeres lesbianas fueron detenidas en la ciudad de Aflao, en la región del Volta, después de que se diera a conocer un video de dos de ellas presuntamente implicadas en actos sexuales».
No parece, en este sentido, que las declaraciones que el presidente de Ghana hizo en 2017, cuando reconocía en una entrevista que solo era cuestión de tiempo que las relaciones homosexuales fueran legales en el país, se vayan a materializar próximamente. El propio Nana Akufo-Addo advertía que ello solo ocurriría cuando la opinión pública del país mostrase más signos de tolerancia “al igual que en otras partes del mundo”. De hecho, aquellas tibias declaraciones ya le merecieron al presidente las críticas de líderes de la oposición y medios de comunicación locales. Y es que, aunque legalizar la homosexualidad en Ghana no es una opción, podría serlo por la presión internacional
Puedes ayudar a LGBT+ Rights Ghana
Si lo deseas, puedes contribuir a ayudar financieramiente al colectivo LGBT+ Rights Ghana a través de la plataforma GoFundMe.
El organismo internacional recordó la importancia “de poner en práctica ideales de derechos humanos como la igualdad y la dignidad de todas las personas, sin distinción alguna por su raza, etnia, religión, ideología, idioma, orientación sexual, identidad de género, o cualquier otra condición”.
La Corte Constitucional de Colombia prohibió -en un fallo emitido la víspera- la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales, lesbianas, gays, bisexuales, y personas trans e intersex (LGBTI). “Ningún estereotipo, prejuicio ni expresión estigmatizante contra las personas resulta aceptable en una sociedad democrática que se ha comprometido con el respeto de los derechos humanos”, expresó Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Advirtió que la “ciencia y la investigación no pueden ser usadas para discriminar, excluir ni violentar a ninguna persona en ningún lugar del mundo”. Recordó que desde hace 25 años “hay consenso internacional en que la homosexualidad no es enfermedad. El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de la Clasificación Estadística de Enfermedades”. “El debate suscitado en Colombia por el matrimonio y adopción por parte de parejas del mismo sexo convoca a desterrar prejuicios y creencias erróneas que violentan el derecho a vivir sin discriminación de lesbianas, gays, bisexuales, y personas trans e intersex (LGBTI)”, subrayó.
Insistió que la ley “debe proteger el interés superior de la niñez a tener un hogar, así como el derecho de todos los seres humanos a conformar una familia. Ponderar ambos derechos implica una reflexión libre de prejuicios sobre las personas que buscan adoptar”. “El interés superior de niños y niñas obliga a centrar la atención en la capacidad de las personas para brindarles un hogar seguro. En este sentido, resulta irrelevante la orientación sexual o identidad de género de los padres y madres”, planteó.
Aunque el Estado colombiano “ha dado pasos significativos en materia legal y jurisprudencial que amplían la protección y garantías para las personas LGBTI, aún persisten grandes retos para que el respeto hacia ellas y ellos sea una realidad cotidiana”.
La Oficina de la ONU llama al gobierno de Colombia a que fortalezca sus disposiciones legales y administrativas con ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos. Igualmente, invita a la sociedad colombiana a dialogar sin prejuicios sobre las personas LGBTI y sus demandas para vivir libres de toda discriminación. Invocó también “a no usar discursos que incitan al odio y que, desconociendo los avances científicos, sociales y jurídicos alcanzados por la humanidad, socavan el respeto por la dignidad humana”.
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