Grindr: Fallas en la seguridad de la app ponen en riesgo a usuarios LGTBIQA+
Este reportaje revela cómo las fallas de seguridad en la aplicación de citas Grindr han facilitado delitos como el abuso sexual, la venta y consumo de drogas ilícitas y el acoso a la comunidad LGBTIQA+ en Honduras y otros países de América Latina.
Fuente Agencia Presentes
11 de febrero de 2025
Cristhian Matamoros
TEGUCIGALPA, Honduras. En Honduras, el caso de Leonard Fabian Torres Licona, un hombre de 33 años, conmocionó a la comunidad LGBTI cuando la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lo detuvo por presuntamente drogar y abusar de sus víctimas. Según las autoridades, su modus operandi era sencillo pero efectivo: ofrecía bebidas granizadas mezcladas con somníferos a hombres que conocía a través de la app de citas Grindr, y, una vez inconscientes, abusaba sexualmente de ellos y hurtaba sus pertenencias.
Conocido en Grindr como “el princeso”, Torres es originario del municipio de Orica, en el departamento de Francisco Morazán, zona centro de Honduras. Fue capturado el 23 de septiembre de 2023 en Comayagüela, la ciudad gemela de la capital del país, después de varias denuncias interpuestas por sus víctimas. Algunas de estas personas acudieron a la organización defensora de derechos de la comunidad LGTBIQA+ Asociación Kukulcán para pedir apoyo en la denuncia. El presidente de esta organización Danny Montecinos, contó que al menos tres personas denunciaron y fueron acompañadas al Ministerio Público para interponer las denuncias formales.
Durante la captura, Licona fue expuesto por la DPI de una manera estigmatizante, lo que levantó una serie de burlas y críticas en redes sociales.
Torres encontraba a sus potenciales víctimas en Grindr, la popular aplicación de citas dirigida principalmente a personas LGBTI —en su mayoría hombres gay, bisexuales y personas trans—. Lanzada en 2009, esta plataforma emplea tecnología de geolocalización, lo que permite que los usuarios se conecten más fácilmente con personas cercanas a su ubicación, incrementando las posibilidades de un encuentro físico.
A primera vista, Grindr puede parecer una plataforma que promueve la convivencia y la interacción pacífica dentro de la comunidad queer. Sin embargo, casos como el de Leonard Torres Licona revelan que los vacíos en la seguridad y la falta de supervisión dentro de la aplicación han permitido que usuarios como él utilicen Grindr para cometer crímenes. La proximidad física que facilita la plataforma resultó ser una ventaja clave para Torres, permitiéndole acercarse a sus víctimas bajo la promesa de un encuentro consensuado.
“A cero pies de distancia del mundo queer“, dice su slogan y a pesar que esto puede aventajar a personas que buscan cometer delitos, Grindr advierte que “no es responsable de lo que hacen o dicen los usuarios”. Este descargo de responsabilidad revela una brecha en la protección de los usuarios, es por eso que casos como el de Torres Licona no podría generar problemas legales para la empresa dueña de la app.
Torres Licona no fue más que uno entre los más de 10 millones de usuarios mensuales que alberga Grindr en más de 190 países. La aplicación, además de conectar personas en todo el mundo, generó ingresos de más de 250 millones de dólares en 2023, gracias a la venta de publicidad y otros servicios. América Latina es parte del extenso grupo de países donde Grindr tiene presencia, y es en esta región donde han surgido preocupaciones y denuncias que ponen en duda si la plataforma realmente cumple con sus políticas de privacidad y las normas comunitarias que establece.
Entre estas normas, el popular software insiste en que no tolera la discriminación, el odio, la violencia, las amenazas o el abuso de ningún tipo. Sin embargo, los casos a continuación apuntan a lo contrario.
Fallas en la supervisión y control
Crear un perfil en Grindr es un proceso que toma menos de tres minutos. La interfaz, con tonos naranja y negro, solicita información mínima, como un correo electrónico o un número telefónico, al cual se envía un código de validación para activar la cuenta. También es necesario proporcionar una fecha de nacimiento para verificar que el usuario es mayor de edad, cumpliendo con las políticas establecidas por la plataforma.
Como toda aplicación en línea, el proceso incluye la aceptación de términos y condiciones. Estos varían según el país de residencia del usuario; por ejemplo, si vives en un país de la Unión Europea, Reino Unido o Estados Unidos, algunas políticas son diferentes en comparación con otros países, debido a algunos acuerdos de arbitraje, según detalla el sitio.
En Honduras, Grindr puede solicitar al usuario eliminar su cuenta si infringe las normas y si la persona se niega a hacerlo, los oficiales de control de la aplicación tienen la autoridad para eliminar la cuenta o contenido que se considere ilegal. Sin embargo, en la práctica, los vacíos en la supervisión y aplicación de estas normas ponen en duda la capacidad real de Grindr para controlar lo que sucede en su plataforma.
El inciso número uno de las Directrices de Uso de Grindr establece que los servicios no deben ser utilizados por personas menores de edad. En Honduras, según el artículo 16 del Código de la Familia, la mayoría de edad se alcanza a los 21 años, aunque algunos derechos y libertades se otorgan a partir de los 18 años.
Para comprobar cómo se gestionan estas directrices y si la plataforma realmente las hace cumplir, hablamos con un exagente de soporte técnico en Honduras, quien trabajó para Grindr a través de PartnerHero, una firma de subcontratación estadounidense con oficinas en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Este exagente, quien pidió protegiéramos su identidad para evitar represalias, comentó que en su puesto en el soporte técnico recibió múltiples reportes de los usuarios como: “Esta persona me violó, este usuario me envió fotos de pornografía infantil, fui víctima de un crimen de odio, me encontré con alguien que intentó golpearme”.
Cuando se recibían estos reportes, los agentes de control tenían la obligación de eliminar la cuenta del infractor, sobre todo en casos graves. Sin embargo, según la fuente, la aplicación solo sancionaba perfiles si otro usuario los reportaba directamente. Esto significa que muchas personas que infringían las normas, hostigaban a otros usuarios o participaban en actividades ilegales no eran detectados ni sancionados a menos que alguien más los denunciara. Es decir, si el comportamiento ilegal no era reportado, pasaba desapercibido y el perfil quedaba activo, a pesar de violar abiertamente las directrices de Grindr.
Este exagente narró que existía un departamento legal encargado de gestionar los casos más graves, pero en 2018 dicho departamento estaba compuesto por solo dos personas en la oficina en San Pedro Sula, lo que dificultaba la respuesta oportuna y eficaz. En Estados Unidos, la situación era diferente, ya que las autoridades solían contactar directamente al departamento legal para obtener información sobre los sospechosos involucrados en delitos.
Además, según el exagente, las actividades ilegales dentro de la plataforma no eran excepcionales, y dio otros ejemplos como la venta de drogas ilícitas. Esta actividad solía estar codificada con emojis y descripciones ocultas. Entre los más utilizados se encontraban: El emoji de diamante, que hacía referencia al cristal o metanfetaminas, las hojas, que representaban marihuana y los billetes que indicaban la oferta de servicios sexuales.
El proceso de moderación de Grindr era lento y a menudo ineficaz, lo que permitía que muchos usuarios continuarán sus actividades ilegales durante un período prolongado, aún después de alguna denuncia.
Grindr no solo tiene oficinas de soporte en Estados Unidos y Honduras, sino también en China y Brasil, donde gestionan la moderación de perfiles. En Honduras, los incidentes más comunes involucraban la creación de perfiles falsos, el robo de identidad, la presencia de menores de edad en la plataforma y la oferta de drogas, específicamente marihuana. Estos problemas no son exclusivos de Honduras, sino que forman parte de un patrón global de falta de control sobre las actividades dentro de la plataforma.
¿Menores de edad en Grindr?
Juan Carlos Ponce es el oficial de comunicaciones del Colectivo Violeta, una organización que ofrece apoyo a la comunidad LGBTI en Honduras, incluyendo asesoría legal y atención psicológica para usuarios que experimentan situaciones peligrosas dentro de la aplicación, en este caso.
Según Ponce, a través de un estudio basado en una muestra de 100 personas realizado por el Colectivo Violeta en 2024, se encontró que la población de usuarios en Grindr en Tegucigalpa se divide principalmente en tres grupos de edad. El 39% de los usuarios tienen entre 18 y 24 años, mientras que un 37% están en el rango de 25 a 35 años. Solo un 11% de los usuarios tienen más de 35 años, lo que significa que 87% de la base de usuarios está conformada por adultos jóvenes.
Juan Carlos Ponce, oficial de comunicaciones del Colectivo Violeta.
Lo preocupante de estos datos es el 13% restante, que representa a menores de 18 años que acceden a la plataforma, a pesar de las políticas de Grindr que prohíben el acceso a menores de edad. Esta brecha en la verificación de edad dentro de la aplicación expone a adolescentes a situaciones de vulnerabilidad en un entorno diseñado para adultos.
Aunque Grindr se presenta como un espacio de conexión entre personas adultas, la realidad muestra que muchos adolescentes logran burlar los sistemas de control y acceden a un entorno que los deja expuestos a abusos sexuales y acoso cibernético.
Lucía Barrientos, coordinadora de la Organización Ixchel en Honduras, cuenta que decidió crear un perfil en Grindr para ofrecer concientización sobre el uso de preservativos y la protección sexual. A través de su labor, pudo observar que dentro de la plataforma hay usuarios menores de edad que se presentan como trabajadores sexuales, algo que claramente constituye un caso de explotación sexual comercial.
Lucía Barrientos, coordinadora de la Organización Ixchel en Honduras.
“Al identificar a personas que no son mayores de edad involucradas en trabajo sexual, lo que se genera es una mayor violencia”, explica Barrientos, “porque hemos recibido denuncias de otros usuarios que evidencian el peligro que representa la plataforma para estos menores”. Según Barrientos, la vulnerabilidad de estos jóvenes los convierte en víctimas fáciles de abuso y explotación.
Según datos obtenidos mediante solicitud de información al Ministerio Público, entre 2020 y septiembre de 2024 se recibieron 31 denuncias por contacto sexual con menores a través de medios electrónicos. Los años con más casos reportados fueron 2021 y 2022.
De las 31 denuncias, 24 involucraban a personas de sexo femenino, 6 a personas de sexo masculino, y una denuncia no especificaba el género. El departamento de Francisco Morazán fue el que más denuncias presentó, con 9 casos reportados.
Entre los menores de sexo masculino, las edades rondaban entre los 11 y 16 años, lo que muestra que los adolescentes en plena pubertad son un grupo altamente vulnerable al contacto no deseado.
Juan Carlos Ponce de Colectivo Violeta confirmó en conversaciones que mantuvo con usuarios adolescentes, que muchos no reconocían que habían sido víctimas de abuso sexual y, en algunos casos, vivían en entornos violentos y disfuncionales que no les permitían hablar sobre lo que les había sucedido.
Estos jóvenes, cuyas edades oscilaban entre los 15 y 17 años, enfrentaban traumas profundos que quedaban sin atender, en parte debido a la falta de apoyo familiar y a la ausencia de canales confiables para denunciar.
Como parte del proceso para entender cómo el Ministerio Público maneja este tipo de denuncias, intentamos obtener información del vocero de la Fiscalía de Ciberdelitos, Carlos Vallecillo. En respuesta a la consulta, Vallecillo explicó que, por razones de ley, no podía proporcionar detalles sobre las técnicas utilizadas para rastrear a los perpetradores de estos delitos, argumentando que “es como decirle al ratón dónde se esconde el queso”.
Esta postura persistió a pesar de que se aclaró que las preguntas estaban orientadas únicamente a casos ya documentados y no a investigaciones activas, además no se le consultó sobre las técnicas sino sobre el manejo de los casos y las consideraciones para tipificar el delito.
En este contexto de falta de transparencia por parte de las autoridades, fue necesario recurrir al Código Penal hondureño para entender el marco legal de estos delitos. El Artículo 253 establece que quien, a través de tecnologías de la comunicación, proponga a un menor de catorce años un encuentro físico para realizar actividades sexuales, y acompañe esta propuesta con actos materiales dirigidos a concretar dicho encuentro, debe ser castigado con arresto domiciliario de entre uno y tres años.
Por otro lado, el Artículo 265 establece que cualquier persona que venda, difunda o exhiba material pornográfico a menores de dieciocho años, afectando gravemente su desarrollo sexual, debe recibir una sanción de seis meses a dos años en forma de prestación de servicios de utilidad pública o servicios a las víctimas.
Explotación sexual comercial y “sugar dating” en Grindr
Otra preocupación que Juan Carlos Ponce, de Colectivo Violeta compartió fue la presencia de perfiles que ofrecían servicios sexuales dentro de la plataforma, con descripciones como “prepago” o frases del tipo “busco sugar”. Esta tendencia no solo afecta a adultos, sino también a menores de edad, quienes se ven involucrados en dinámicas peligrosas como el fenómeno de “Sugar Dating”, el cual se ha expuesto por diversos medios europeos y organizaciones como una forma de explotación sexual encubierta.
El concepto de Sugar Dating se ha popularizado a través de redes sociales y plataformas de citas. Según la organización Por Ti Mujer de España, este fenómeno implica que personas jóvenes, muchas veces menores de edad, establecen relaciones con hombres de mayor poder adquisitivo a cambio de regalos costosos, acompañamiento o intimidad sexual. Cuando el joven no accede a realizar las prácticas solicitadas por su “sugar daddy” puede perder sus beneficios económicos, lo que genera una coacción económica.
En Honduras, la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) ha advertido que la explotación sexual comercial ocurre cuando personas en posiciones de poder se aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas —ya sea por su edad, condición económica o segregación geográfica— para obtener favores sexuales a cambio de dinero u otros beneficios. Entre 2021 y 2023, esta comisión atendió 37 casos de explotación sexual de menores, todos pertenecientes a personas del sexo femenino.
En 2022, la Unidad contra la Trata de Personas, Explotación Sexual Comercial y Tráfico Ilícito de Personas (UTESCTP) del Ministerio Público reportó 101 casos que involucraban a 120 personas denunciadas. Durante ese mismo año, se lograron obtener 31 sentencias, condenando a 36 personas implicadas en la explotación de las víctimas. Además, se judicializaron 22 casos adicionales, lo que involucró a 30 personas acusadas de explotación sexual y trata.
A pesar de estos avances judiciales, Ponce subraya que muchas víctimas prefieren no denunciar por temor a la exposición mediática o porque sienten que las autoridades no toman en serio sus casos. En muchos casos, las víctimas han manifestado que sus denuncias son tomadas a burla por las autoridades, lo que las disuade de buscar justicia y prefieren tratar el trauma de manera privada, sin pasar por un proceso legal.
Danny Montecinos, presidente de la Asociación Kukulcán.
Danny Montecinos, presidente de la Asociación Kukulcán, explicó que muchos jóvenes menores de 18 años recurren a aplicaciones como Grindr como una vía de escape de su realidad familiar, marcada por normas machistas y patriarcales. En muchos casos, estos jóvenes provienen de familias profundamente tradicionales con estrictas reglas religiosas, donde ser parte de la comunidad LGBTI es visto como un estigma. Esta búsqueda de refugio en Grindr pone a los menores en una posición vulnerable, ya que pueden ser fácilmente expuestos a situaciones de riesgo, como el consumo de drogas o la explotación sexual.
El papel del entorno familiar en la vulnerabilidad de los menores
El psicólogo Yang Padilla, de la Organización Nuestros Pequeños Hermanos que se ocupa de niños y jóvenes desfavorecidos, vulnerables y discapacitados en América Latina, explicó que en la mayoría de los casos de jóvenes que recurren a aplicaciones como Grindr para tener sus primeras experiencias sexuales. Generalmente, esta búsqueda de relaciones sexuales en plataformas digitales está vinculada a un historial previo de abuso emocional o sexual dentro del entorno familiar.
Según Padilla, el entorno doméstico es determinante en el desarrollo sexual de los menores, y muchos adolescentes que recurren a este tipo de aplicaciones ya han sido expuestos a comportamientos sexuales inapropiados en su propio hogar.
El experto detalla que la primera etapa del desarrollo sexual de una persona es crítica y ocurre entre los 7 y 11 años. Durante este periodo, si el entorno familiar es disfuncional o está marcado por el abuso, puede influir profundamente en cómo el menor canaliza su energía sexual más adelante en la vida. Por ejemplo, menciona casos en los que los padres mantienen relaciones sexuales en la misma habitación donde se encuentran sus hijos, creyendo que están dormidos, cuando en realidad los sentidos del menor —como el oído— permanecen activos.
Este tipo de conductas puede normalizar la sexualidad en el menor a una edad temprana, lo que lo lleva a buscar formas de satisfacer sus necesidades sexuales durante la adolescencia, a veces con personas de mayor edad con intenciones maliciosas.
Padilla enfatiza que estos traumas en la infancia pueden manifestarse más adelante en la vida como síntomas físicos o patrones psicológicos que permiten identificar el abuso sexual. Entre los síntomas comunes, se encuentran trastornos de la conducta y problemas emocionales que pueden ser rastreados hasta una experiencia traumática no resuelta en la niñez.
Sin embargo, el especialista aclaró que no todos los casos de abuso o explotación sexual en adolescentes derivan de experiencias traumáticas anteriores. “Cada caso es único y responde a circunstancias y condiciones específicas”, señaló. Esto significa que no se puede asumir que todas las víctimas de explotación sexual a través de plataformas como Grindr hayan sido abusadas previamente; algunos adolescentes simplemente buscan una escapatoria en un ambiente social que no les permite explorar su sexualidad de forma sana y segura.
El psicólogo también señala que muchas de las personas que han sufrido violencia sexual o emocional buscan canales de escape para lidiar con el trauma. “Algunas personas recurren a conductas alimentarias disfuncionales o desarrollan trastornos de la conducta alimentaria (TCA)”, explica Padilla. Otros, en cambio, pueden hipersexualizarse, es decir, buscar constantemente satisfacer sus necesidades sexuales como una forma de lidiar con el abuso o la represión que han sufrido.
Drogas y explotación en Grindr: un peligro relacionado
Cuando pregunté a Juan Carlos Ponce sobre el uso de sustancias ilícitas dentro de la plataforma Grindr, su respuesta fue contundente: “Está exageradamente promovido el uso de marihuana en la app”. Además, mencionó que se ha encontrado perfiles de menores de edad que incluyen el número 420 en sus descripciones, un código ampliamente conocido en referencia a la marihuana. Según Ponce, este número implica que una persona posee marihuana o está buscando conectarse con alguien que la tenga.
Un caso que Ponce recuerda con claridad es “este menor me dijo que había empezado a consumir marihuana porque escuchó- de manera externa a la app- que podía perder peso”. Cuando Ponce habló con él, el joven estaba por cumplir 18 años en abril de 2024, lo que significa que aún era menor de edad al momento de iniciar su consumo. En sus interacciones dentro de la app, el joven buscaba perfiles que tuvieran el número 420 en sus descripciones o iniciaba conversaciones preguntando directamente si alguien tenía marihuana.
Ponce explicó que si un usuario coloca “420” en su perfil, es altamente probable que aparezcan distribuidores de marihuana de manera automática. Según Ponce, otro aspecto preocupante es la presencia de menores de edad dentro de la aplicación, particularmente en áreas cercanas a colegios.
Dos casos específicos que Ponce documentó en un colegio popular de Tegucigalpa refuerzan esta tendencia. Un menor cambiaba su descripción en la plataforma de manera regular, a veces incluyendo términos como “busco sugar” o “prepago”. Esto sugiere que el menor no solo buscaba marihuana, sino también estaba inmerso en un ciclo de explotación sexual. El otro caso involucraba a un joven de 17 años que asistía a clases los fines de semana y que también utilizaba Grindr para conectarse con distribuidores de marihuana.
Casos en México y Chile
Un ejemplo revelador de las fallas de seguridad y supervisión en la plataforma ocurrió en Puebla, Estado de México, a 1,713 kilómetros de Tegucigalpa. Según el medio de comunicación Almanaque, entre 2018 y 2020, la Fiscalía de Puebla registró 78 casos de violación, ciberacoso y abuso sexual relacionados con encuentros facilitados por aplicaciones de citas, entre las cuales destacaba Grindr. Estos casos revelan la vulnerabilidad de los usuarios, expuestos a diversos delitos al interactuar en un entorno en el que las normas establecidas no siempre se respetan.
El delito más común en estas denuncias fue la violación a la intimidad, que en México se refiere a la publicación de contenido sexual sin el consentimiento de la otra persona. Curiosamente, dentro de las normas de la misma plataforma, se prohíbe explícitamente el uso o la distribución de imágenes sin autorización, lo que genera dudas sobre la capacidad real de Grindr para controlar o sancionar este tipo de conductas.
Después de lo ocurrido en México, entre 2020 y 2022, en Chile se reportaron varias denuncias. A principios de 2020, la diputada Ximena Ossandón solicitó el cierre de Grindr en Chile debido al creciente uso de la aplicación para el tráfico de drogas. En medio de esta controversia, el medio de comunicación T13 llevó a cabo una investigación creando un perfil falso en la plataforma. En poco más de una hora, el perfil recibió 12 propuestas de venta de sustancias ilícitas. No obstante, el reportaje generó críticas por parte de los internautas, quienes señalaron que el enfoque de la diputada y el medio de comunicación promovía una estigmatización hacia la comunidad LGBT. Argumentaron que el problema no es la plataforma, sino la impunidad que rodea los delitos cometidos a través de ella.
En 2022, Chile registró 1,046 denuncias por violación a los derechos humanos de personas LGBTIQ. Entre estos casos se registraron 6 asesinatos y 40 agresiones físicas o verbales, según el informe anual sobre derechos humanos de la diversidad sexual del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH). Grindr, con una fuerte presencia en ese país, figura como una de las aplicaciones de citas más utilizadas. En varias regiones también se han reportado actividades delictivas a través de la plataforma.
Venta de diagnóstico de VIH y demandas contra Grindr
Antes de que Grindr Inc. se convirtiera en la compañía que conocemos hoy, llevaba el nombre de Grindr LLC y estaba bajo el control del conglomerado chino Kunlun Group. Sin embargo, entre 2020 y 2022, se produjo una venta inesperada de la plataforma que no fue del todo voluntaria. Según informes de medios de renombre como The New York Times, Reuters y The Wall Street Journal en 2019, esta venta fue resultado de las presiones del gobierno de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.
La inquietud no sólo giraba en torno a la propiedad de una empresa extranjera, sino al acceso que Grindr tenía a información sensible de sus usuarios, como su ubicación , datos de salud (incluyendo resultados de VIH ) y preferencias personales. Según los oficiales estadounidenses, estos datos podrían ser utilizados por el gobierno chino para fines de espionaje.
Grindr, como parte de su política de sexo seguro, permite a los usuarios ingresar su estado serológico o la fecha de su último examen de infecciones de transmisión sexual (ITS). Esto se convirtió en uno de los principales puntos de preocupación para los organismos de seguridad estadounidenses, ya que la plataforma almacenaba y compartía datos extremadamente confidenciales.
Las preocupaciones del gobierno de Estados Unidos no estaban del todo infundadas. En enero de 2020, el Consejo de Consumidores Noruego presentó un informe titulado “Out of Control“, que destapó serias advertencias sobre el manejo de los datos personales por parte de Grindr. Según el informe, en 2018 se descubrió que la plataforma estaba compartiendo datos sensibles de los usuarios, como su estado serológico , con empresas de análisis de terceros, entre ellas Apptimize y Localytics. Estas empresas, al igual que Grindr, tienen su sede en California y se dedican a proporcionar servicios a aplicaciones móviles, enfocados en aumentar los ingresos a través de la recopilación y explotación de datos.
Mientras el escándalo de la venta de datos seguía causando controversia, en 2021, durante el proceso de venta de la plataforma, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos emitió una alerta al consumidor sobre las estafas de extorsión que ocurrían dentro de Grindr. Según la FTC, los estafadores se hacían pasar por parejas románticas, establecían conversaciones que llevaban al intercambio de fotos limpias y, una vez obtenidas estas imágenes, amenazaban a las víctimas con compartirlas con amigos y familiares si no se realizaba un pago. El método más común de pago exigido por los estafadores era a través de tarjetas de regalo o gift cards, lo que complicaba el rastreo de los perpetradores.
El investigador Zach Edwards, encargado de auditar la aplicación para el informe “Out of Control”, descubrió que, además de la información serológica, varias empresas de terceros también obtenían direcciones IP de los usuarios, lo que permitía rastrear su ubicación y otros datos personales. Este tipo de filtración es especialmente preocupante en contextos donde las personas son vulnerables a la discriminación y el estigma social.
Zach Edwards, uno de los auditores que participó en el informe titulado “Out of Control“.
En Honduras, Donny Reyes de coordinación de incidencia de la Asociación LGTB Arcoiris expresó su preocupación sobre la violación a la confidencialidad e intimidad de los usuarios en un contexto como el hondureño. Reyes señaló que el país enfrenta una epidemia concentrada de VIH, especialmente entre la comunidad LGBTIQ y la comunidad garífuna. A esto se suma la ausencia de un plan nacional efectivo de prevención del VIH durante los últimos 10 años, lo que agrava la situación de los grupos más vulnerables.
El Plan Nacional del CONASIDA (2020-2024) confirma las declaraciones de Reyes, indicando que la epidemia en Honduras se trata de una modalidad concentrada, con un 93% de transmisión relacionada con contacto sexual. A pesar de la reforma de la Ley Especial sobre el VIH-SIDA en 2015, Reyes critica que la inversión estatal en salud pública es insuficiente y que no se han implementado políticas con un enfoque integral de derechos humanos.
Por su parte, Lucía Barrientos relató que, como parte de programas de salud sexual y prevención de ITS, intentó crear un perfil personal en Grindr para ofrecer servicios de prevención del VIH y promover el uso de anticonceptivos dentro de la plataforma. Sin embargo, sus cuentas fueron eliminadas repetidamente, bajo el argumento de que su actividad era considerada “empresarial”, privando a los usuarios de una oportunidad vital para acceder a recursos de prevención.
Noruega no es el único país que ha sancionado a Grindr por la falta de protección de datos sensibles de sus usuarios. De hecho, en este país, la plataforma enfrenta una multa de 6 millones de dólares por incumplir sus políticas de privacidad. Pero las controversias van mucho más allá. Actualmente, Grindr también enfrenta una demanda colectiva en el Reino Unido, presentada en julio de 2022 después de que la Oficina del Comisionado de Información descubrió que Grindr había violado el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en el Reino Unido.
Esta demanda fue presentada por el bufete de abogados Austen Hays, que afirma que Grindr compartió datos personales y confidenciales de más de 600 usuarios entre 2018 y 2021 con empresas publicitarias de terceros, sin el consentimiento de los usuarios. Parte de los datos compartidos incluyen el estado serológico de VIH, la fecha de la última prueba y el uso de medicamentos preventivos como la PrEP.
La directora general del bufete, Chaya Hanoomanjee, declaró en abril de 2024: “Grindr tiene la obligación hacia la comunidad LGBTQ+ a la que sirve de compensar a aquellos cuyos datos se han visto comprometidos y han sufrido angustia como resultado, y de garantizar que todos sus usuarios estén seguros mientras usan la aplicación, donde sea que estén, sin temor a que sus datos puedan ser compartidos con terceros.”
El Tribunal Superior del Reino Unido, en su última intervención el 16 de mayo de 2024, concedió una solicitud de anonimato para todos los demandantes. Los impartidores de justicia reconocieron que los posibles afectados ya han visto vulnerados sus derechos de privacidad.
Administración controvertida en Grindr Inc.
Después de la venta de Grindr y su transformación a Grindr Inc., la empresa pasó por una fusión con Tiga Acquisition Corp, una firma constituida en 2017 en las Islas Caimán, un territorio británico ampliamente conocido como paraíso fiscal y centro de lavado de activos debido a sus políticas de cero impuestos para empresas. Esta firma de cheques en blanco fue fundada por G. Raymond Zage III y Ashish Gupta para facilitar adquisiciones estratégicas.
G. Raymond Zage III, uno de los fundadores de Tiga Acquisition Corp
Según documentos oficiales de Tiga, Zage cuenta con más de 26 años de experiencia en finanzas corporativas e inversiones en múltiples industrias. Anteriormente, fue Director General y CEO de Farallon Capital Asia Pte Ltd., filial de Farallon Capital Management LLC. Esta empresa, fundada en 1986 por Tom Steyer, se especializa en arbitraje de fusiones y ha estado envuelta en controversias debido a algunas de sus inversiones.
Farallon Capital, a través de su filial Farallon Resource, estuvo involucrada en el sector minero en México bajo el nombre Farallon Minera Mexicana, SA de CV. La empresa explotó el Campo Morado, una mina en el estado de Guerrero, operando bajo concesiones de exploración otorgadas por el gobierno mexicano que abarcaron aproximadamente 11,814 hectáreas. Tras cesar las operaciones en 2009, se observó un aumento considerable en los casos de cáncer en la región de Arcelia. De acuerdo con el medio Despertar del Sur, los casos de cáncer aumentaron a 120 en 2011, una cifra alarmante que sigue generando preocupación en la comunidad.
A pocas semanas de asumir como CEO, se revelaron tuits publicados por Arison en 2020 en los que mostraban apoyo al presidente Donald Trump y se describía a sí mismo como conservador. Esto generó una fuerte reacción en redes sociales, cuestionando cómo alguien con inclinaciones políticas alineadas a un líder que ha sido crítico de la comunidad LGBTI puede liderar una plataforma que pretende ser un espacio seguro e inclusivo para dicha comunidad.
Sin embargo, no todos los señalamientos que enfrenta Grindr Inc. están relacionados con prácticas corporativas pasadas. El actual Director Ejecutivo, George Arison, nombrado en octubre de 2022, también ha sido objeto de críticas. Aunque en el sitio web de la empresa se le presenta como un líder comprometido con “un mundo en el que las vidas de su comunidad global en más de 190 países sean libres, iguales y justas”, su historial en redes sociales ha generado dudas sobre su idoneidad para el cargo.
En un intento por obtener la posición oficial de Grindr frente a las diversas demandas y cuestionamientos, se contactó varias veces a través del correo oficial que proporciona la empresa en su sitio web para contacto de artículos periodísticos y también por redes sociales a la coordinación de prensa de la empresa sin obtener respuesta. Además, se trató de establecer comunicación a través de sus redes sociales, pero nuevamente no hubo respuesta.
El gobierno de Xiomara Castro: promesas por cumplirse con las personas LGBTIQ
Honduras es un país especialmente peligroso para las personas de la comunidad LGBTI. En 2023, se registraron 50 muertes violentas, el año más letal para este grupo desde 1994. Según cifras de Cattrachas, entre 2017 y 2024, se contabilizaron 265 muertes violentas de personas LGBTI, lo que refleja una escalada de violencia que no ha podido ser contenida por las autoridades.
El gobierno de Honduras, bajo la presidencia de Xiomara Castro, instauró un estado de excepción en diciembre de 2022 con el objetivo de combatir la delincuencia.
Sin embargo, esta medida ha hecho poco por proteger a la comunidad LGBTI. Hasta octubre de 2024, se han registrado más de 68 asesinatos de personas LGBTI, de los cuales 29 eran hombres gay, según la organización Cattrachas.
A esto se suma la persistencia de normas discriminatorias, como el no reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo o la prohibición de visitas íntimas para personas LGBTI en las cárceles, según lo detalla el Informe de 2024 de Report Out, una organización de investigación de derechos humanos del Reino Unido. Al mismo tiempo, las personas LGBTIQ+ enfrentan graves obstáculos para acceder a la justicia, donde prevalecen estereotipos en comisarías y tribunales que no solo las discriminan, sino que también las revictimizan, lo que contribuye a una creciente desconfianza de la comunidad LGBTI en el sistema judicial hondureño.
Colectiva Violeta: defensores de los derechos humanos LGBTI desde los años 80
La Asociación Colectivo Violeta nació en 1985 bajo el nombre original de Asociación Hondureña de Homosexuales contra el Sida (AAHCOS), en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país. Desde su creación, la organización ha trabajado en temas cruciales para la comunidad LGBTI, incluyendo derechos humanos, reducción del estigma y la discriminación, incidencia política y acceso a la justicia.
Alma Violeta, fundadora de la Asociación Colectivo Violeta.
En 2023, como respuesta a las necesidades urgentes de la comunidad, la asociación lanzó el Observatorio de Derechos Humanos de las personas LGBTIQ en Honduras, el 15 de diciembre. Este proyecto, que había sido contemplado desde 2013, fue inicialmente apoyado por la organización Diakonia y, posteriormente, por la Cooperación Española en Honduras (AECID). El observatorio se enfoca en documentar y monitorear las violencias que sufre la comunidad LGBTI, y es clave para la atención psicológica de personas afectadas por la violencia o discriminación.
Uno de los servicios esenciales que ofrece es la atención psicológica a los usuarios de Grindr que han sido víctimas de violencia, discriminación o que enfrentan problemas de salud mental derivados de su situación en la plataforma. Esta atención se brinda de manera directa a través de perfiles creados por la organización dentro de Grindr, permitiendo un acceso más inmediato y confidencial para quienes necesiten apoyo.
Juan Francisco Mencia, abogado de la Asociación Colectivo Violeta, informó que, entre 2021 y octubre de 2024, la organización ha brindado más de quinientas atenciones psicológicas sistematizadas a personas de la comunidad LGBTI. Además, han registrado 239 denuncias y quejas de violencia contra miembros de esta población, un reflejo del clima de discriminación y agresiones que aún persiste en el país.
Sin embargo, Mencia señaló que, desde marzo de 2024, la organización ha solicitado una reunión de trabajo con el Ministerio Público, pero hasta siete meses después no han recibido una respuesta concreta. Esta falta de atención por parte del ente acusador afecta directamente a las personas que buscan justicia. En uno de los casos más preocupantes, un voluntario de la organización interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, pero hasta la fecha no ha recibido información sobre el avance del caso. Mencia subraya que esta impunidad genera un desinterés generalizado en la ciudadanía para denunciar violaciones de derechos, al no confiar en que sus casos recibirán el debido proceso.
Durante una conversación con Yulissa Gómez, oficial de comunicaciones del ente acusador, se le cuestionó sobre por qué el Ministerio Público no incluye una categoría específica para las personas LGBTI en los casos de delitos cibernéticos y otros crímenes de odio. Gómez explicó que aún existen vacíos institucionales dentro del Ministerio, lo que impide que estas violencias sean visibilizadas adecuadamente en los registros y en las respuestas de solicitudes formales.
Además, el abogado indicó que la organización ha solicitado en varias ocasiones información al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sin obtener respuestas satisfactorias. Entre las solicitudes se encuentran interrogantes clave, como el presupuesto destinado a la salud mental y las cifras de muertes violentas de las personas de la diversidad sexual.
En cuanto al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, Mencia señaló que aunque recientemente se han realizado acercamientos entre la gobernanza y los diferentes colectivos LGBTI, persiste una sensación de incertidumbre. El abogado cuestionó que, aunque la mandataria Castro se comprometió a incluir a las personas de esta población en los diferentes planes y programas, el gobierno tiene poco tiempo para cumplir con estas promesas, y no se perciben acciones serias que aborden las demandas urgentes de la población LGBTI.
*Este trabajo periodístico se realizó y publicó originalmente en la tercera edición de #CambiaLaHistoria, proyecto colaborativo de DW Akademie y Alharaca, promovido por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. El periodista Cristhian Matamoros del staff de Criterio.hn formó parte de este proyecto.
Conoce el proyecto y más historias en https://cambialahistoria.com.
El Gobierno de España asume el mando de la Coalición por la Igualdad de Derechos y dice que trabajará sin descanso para “la despenalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo” en todo el mundo.
Durante los tres días del encuentro (23 al 25 de octubre) las distintas organizaciones compartieron la situación que enfrentan las personas LGBTI+ migrantes y refugiadas en distintos territorios de la región. Las rutas que toman, las formas cómo se informan sobre cómo migrar y solicitar refugio y las vulneraciones a sus derechos humanos que enfrentan en sus países y el de tránsito.
Las organizaciones dedicadas a acompañar personas LGBTI+ migrantes y refugiadas insistieron en que trabajar en red ayuda también a fortalecerse de manera interna. Mejorar y adoptar buenas prácticas, crear y mantener albergues para personas LGBTI+, migrantes y refugiadas. Y, además, crear acciones locales y regionales para dar respuesta a las necesidades de estas poblaciones y en la incidencia política con organizaciones humanitarias y los Estados.
Entrevista: Donald Hernández Palma, ‘padrino’ de la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas
Arturo no tuvo otra opción que huir de San Pedro Sula durante el toque de queda. Junto a uno de sus colegas, pidió medidas de protección a la CIDH por la persecución estatal de la que eran víctimas lxs activistas en ese tiempo. Las medidas no les aseguraban que sus vidas estuvieran a salvo, porque quienes les cuidaban, por órdenes de la CIDH, eran policías que frente a ellos presumían la violencia que ejercían contra la población LGBTIQ+.
Sigfredo Funes sí planificó su huida. Lleva más de un año viviendo en Buenos Aires y no quiere volver a su país. Con la excusa de migrar, aplicó a una beca para cursar una maestría en Argentina y así salir de El Salvador.
Durante 35 años Abigail Galindo, mujer trans, anduvo por las calles, los escenarios y las fiestas con su cámara. Esas imágenes de la memoria LGBTIQ forman parte crucial del Archivo Honduras Cuir.
Tantas, tantas fotos. Cuelgan de la pared, se apilan en álbumes, reposan en retrateras. Al principio eran nada más la colección personal de Abigail Galindo, una mujer trans, defensora de los derechos humanos. Ella fotografió por 35 años sin saber, sin imaginarse. Ahora tiene 52, dejó el trabajo sexual hace 20 y sus imágenes son parte de la memoria colectiva de las personas LGTBIQ+ de Honduras.
En junio de 2022 Abigail conoció a un fotógrafo llamado Dany Barrientos. Él le habló de «memoria histórica» y de un proyecto para «reconstruir y deconstruir» la historia de personas como ella: el Archivo Honduras Cuir, una iniciativa que buscaba, a través de cualquier pedazo de papel que encontraban, evidenciar que las personas LGTBIQ+ existieron. Abigail, con sus fotos y con sus historias, iba también a convertirse en una pieza crucial de la memoria viva de las que quedaban y de las que ya no están. 
Un día un cliente le dijo a Michelle te llevo conmigo a Guatemala y ella dijo me voy a Guatemala con el cliente. Lo que pasó en medio no se sabe, lo que se sabe es que pudieron identificar los que quedó de Michelle por sus tatuajes. A Abigail le da un escalofrío cuando se acuerda.
El Archivo, que almacena todos los documentos relacionados a la población diversa en Honduras entre 1934 y 2015, no tiene un espacio físico. Al comienzo del proyecto, las fotografías y documentos que se habían recuperado se digitalizaban y subían a Instagram, con información que brindara contexto sobre lo que enseñaba la imagen: escenas de la cotidianidad, escenas de fiestas, cartas de amor, recortes de periódico con noticias discriminatorias, etc. Cientos de personas de la comunidad LGTBIQ+ de Honduras, empezaron, por primera vez, a ver su historia reflejada. Meses después de inaugurada 
Es por esa construcción de la identidad LGTBIQ+ hondureña que Dany Barrientos destaca el trabajo fotográfico de Abigail Galindo. Su colección de fotos, dice, revela una fluidez en la mirada, soltura con el uso de la cámara y una pulsión por retratar las cosas que amaba y que componían su mundo.
La casa de Abigail, en un barrio antiguo de Tegucigalpa, es un museo, una tienda de souvenirs y un derrumbe. De las paredes húmedas cuelgan cuadros desteñidos y un millón de artesanías. Flores de papel, de plástico y de goma. Un atrapasueños con plumas de colores y un retrato de su madre. Sobre las repisas hay fotos de su familia, velas aromáticas que nunca han sido usadas y velas de parafina a medio consumir. Hay figuritas de porcelana y un montón de águilas del Motagua, el equipo de fútbol del que es aficionada. A la par, colocada con mucho mimo está su compañera: una Canon Sure Shot 38-60 mm.
La personalidad y las vivencias de su madre, más los años trabajando en las calles de Comayagüela —la ciudad hermana de Tegucigalpa, precarizada y con altos índices de violencia— moldearon a Abigail de una niña retraída y hasta pasmada en una mujer rebelde, volcánica y con un sentido del humor ácido.
Tres círculos de luz, flashes de cámaras o luces reflectoras, rebotan en un espejo detrás de ella. En la foto de principios de los 90s está parada sobre el escenario con un bikini azul y negro y un tocado de plumas a la cabeza. Se balancea sobre un tubo, sonriente. Detrás de ella, bien oculto entre las sombras, un guardia de seguridad vigila, cruzado de brazos y con expresión de te rompo la cara: su trabajo era evitar que clientes borrachos tocaran a Abigail en sus noches de espectáculo. La imagen decora su habitación, acompañada de los recuerdos de sus mejores años.
En esos momentos, dispersos en el tiempo inamovible de la pequeña caja azul en que guarda sus fotos, aparece alguien sonriendo. Un disfraz de Halloween. Ropa militar. Un hombre desnudo. El rostro de su madre. Globos de colores. Un cigarro encendido. Un corsé. Un perrito de bolso. Un amante. Una reina de belleza con su tiara. Una mujer vestida de hombre. Un bautizo católico. Dos hombres dándose un beso. Una peluca imposiblemente rubia. Un almohadón con forma de corazón. El rostro de su madre. Un bebé regordete y rosado. Un muslo con un tatuaje de corazón. Una bandera arcoíris. Una camisa que dice «El de al lado es gay». Seis mujeres vestidas de hombre. Un poster de Pamela Anderson desnuda. Un desfile de palillonas. Un sostén de leopardo. Una persona bailando. Una persona que murió de SIDA. Una persona a la que mataron. Una persona que huyó del país. Alguien que se ríe. Otro amante. El rostro de su madre.
Abigail piensa en cómo quiere ser recordada. Lo piensa porque, a sus amigas, suelen recordarlas por su fin. Ella quiere que la recuerden por lo que vivió, por el arte que creó, por los retratos de sus amores y también esas últimas fotos que tomó de amigas y compañeras antes de que ellas también se convirtieran en estadística y pasaran a vivir solo en sus fotografías y en su memoria.
De acuerdo a los datos que Transgender Europe hizo públicos en noviembre con motivo de la celebración del Día Internacional de la Memoria Trans, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se registraron 321 asesinatos de personas trans y género-diversas, 6 menos que en el periodo equivalente anterior. El número real de víctimas, como siempre señalamos al recoger este tipo de estadísticas, es seguramente mucho mayor. Sin embargo, pese a sus limitaciones, la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en buena parte del mundo.
La mujer fue detenida por una supuesta patrulla policial. Está desaparecida desde el 24 de noviembre. Familia, activistxs y amigxs exigen aparición con vida.
El cardenal hondureño arremetió en la homilía de hace dos domingos contra la ideología de género a la que calificó de “diabólica”.
Cuatro mujeres trans que huyeron de México y Centroamérica hacia Estados Unidos relatan por qué se embarcaron en el camino migrante. Con tiempos y lugares distintos, todas tienen en común el abandono del Estado y una sociedad conservadora que les empujó a buscar la sobrevivencia lejos de 
Personas LGBT fueron víctimas de torturas y otras violaciones cometidas por militares en la cárcel masculina de Támara. Periodistas y defensores de derechos recibieron ataques en las redes sociales a través de bots.
Parte del equipo del Colectivo Unidad Color Rosa durante el plantón en el parque central de San Pedro Sula.
Policías municipales y nacionales acordonan la alcaldía para evitar el plantón. 
Osman Lara, presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula
Víctor Grajeda razona con policías durante el plantón del 14 de abril en el parque central de San Pedro Sula.
Gabriela Rendondo, directora del Colectivo Unidad Color Rosa.
Vienna Ávila (centro), de la Asociación Feminista Trans.
Javier Carrington, de la Asociación Iguales
El joven afrodescendiente LGBTIQ+ German Aguirre.
Venezolanos LGBTIQ están varados en diferentes países centroamericanos, expuestos a los mismos peligros que tuvieron que sufrir en la selva del Darién.
“En Venezuela una vez hasta me golpearon por mi condición sexual. Me dieron un golpe en el ojo, que me dejaron viendo literalmente estrellitas. Tuve que salir corriendo porque capaz que me masacraban allí. Yo tenía como 21 años. Siempre estaba como escondiéndome, caminando con cuidando, tratando de verme lo más hombre posible, tenía que ser una persona que no soy yo. Porque o llamaba la atención o me empezaban a gritar cosas. Me robaban porque siempre somos presa fácil de robar”, cuenta Manuel.
Melissa Núñez, 
Los medios de comunicación se convierten en agentes de desinformación al replicar noticias falsas sobre las poblaciones de las disidencias sexuales en Honduras. Así lo afirmaron en entrevista para Reportar sin Miedo las defensoras de derechos humanos y de las personas trans en Honduras, Rihanna Ferrera y Allison Hernández.
Otros mensajes critican la desidia del gobierno en la protección de las poblaciones trans.
«Ya tengo sus nombres», les dijo un oficial de apellido Herrera en la posta de Armenta a los integrantes del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, Osman Lara y Javier Carrington. “Esta es la parte que más me gusta”, agregó el oficial Herrera cuando, después de 10 horas de arresto, la joven salió de la bortolina.
(Pincha en la fotografía para ampliarla)
La gobernadora del departamento de Cortés y el diputado de Libre fueron nombrados los mariscales de la marcha. “Seguiremos apoyando todas las iniciativas que ayuden a la inclusión y la diversidad”, manifestó Alexa Solórzano.
Además de lxs integrantes de organizaciones como Coven, Iguales, Cepres, Afet, Cefi, Pueblo y Barrio, asociación Luna, Aprest, Humac, 
El Estado de Honduras a través de la presidenta Xiomara Castro pidió perdón el 9 de mayo de 2022 por el asesinato de Vicky Hernández. La petición es parte de la sentencia de la Corte IDH que obliga a la burocracia hondureña a ofrecer un conjunto de derechos para las personas trans y LGBTI+.
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