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Conmoción por asesinato de la activista trans Melissa Núñez en Honduras

Martes, 25 de octubre de 2022
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20221024-Melissa-Honduras-1-700x350Melissa Núñez,

Es el homicidio número 34 de una persona LGBTI+ durante 2022. Piden que se respeto su identidad de género.

TEGUCIGALPA, Honduras. De varios balazos fue asesinada la noche del 18 de octubre, la activista trans Melissa Núñez, de 42 años de edad, en Morocelí, El Paraíso.

Murió después de que sujetos encapuchados la atacaran a tiros en la colonia Tomás Moncada de ese municipio en el oriente del país.

“Fue una persona llena de vida”

Melissa había llegado hace unos meses de Miami, Estados Unidos, donde vivía y desarrollaba un fuerte activismo en pro de los derechos de las disidencias sexuales sobre todo en las redes sociales. Tenía más de 20 mil seguidores en Tik Tok.

La Policía Nacional de Honduras informó que al principio los familiares de Melissa impidieron que el cadáver fuera trasladado por el Ministerio Público a Medicina Forense para realizarle la autopsia.

Sin embargo, la tarde del miércoles, las autoridades lograron movilizar el cuerpo a Tegucigalpa para hacer los exámenes correspondientes y comprobar cuáles fueron las causas de su muerte. Según la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza, se conoce preliminarmente que Melissa murió de dos balazos en la cabeza.

“Fue una persona tan llena de vida y energía que nada se le complicaba. Vuela alto, Melissa, una mujer con mucho talento. Desgraciadamente existe gente malvada”, dijo su amiga Catrina en una publicación de Facebook.

Hasta el momento se desconocen las razones y los responsables de la muerte violenta de Melissa. Ese crimen se suma a lxs 434 miembrxs de la población LGBTI+ asesinadxs y una desaparecida desde 2009 en Honduras, de lxs cuales 131 eran personas trans, según el Observatorio de Muertes Violentas de Cattrachas.

Solo este año han fallecido de forma violenta 34 personas. “Este 2022 ha sido un año que superó al 2021 y 2017. Primero fue el asesinato de Thalía y ahora el crimen de Melissa”, dijo la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza.

“Los noticieros no respetan” la memoria de Melissa, escribió Cattrachas en su Instagram. “Pedimos justicia y respeto para Melissa, pedimos que el Gobierno se responsabilice por los asesinatos que aumentan”, agregó la red lésbica.

Medios que replican odio y trans que migran 

20221024-Melissa-Honduras-4Los medios de comunicación se convierten en agentes de desinformación al replicar noticias falsas sobre las poblaciones de las disidencias sexuales en Honduras. Así lo afirmaron en entrevista para Reportar sin Miedo las defensoras de derechos humanos y de las personas trans en Honduras, Rihanna Ferrera y Allison Hernández.

“Aparecieron informaciones en varios medios donde usaban información desfasada para rellenar los espacios informativos”, denunció la directora de Cozumel Trans en Tegucigalpa, Rihanna Ferrera.

Según Ferrera, muchos sitios de comunicación nunca la llamaron para entrevistarla y utilizaron declaraciones suyas de otros casos para rellenar sus espacios.

“Estamos en un país donde no hay oportunidades, los gobiernos no nos quieren. Nos siguen dando atol con el dedo y nos están dando una ley para que se nos reconozca el nombre y mucho menos respetando la sentencia de Vicky Hernández”.

“Melissa era una trans querida y reconocida en su comunidad. El club hípico de su ciudad publicó un pésame con su nombre asumido y los medios de comunicación siguen violentando a las personas trans vivas y muertas”, dijo Indyra Mendoza.

El 28 de junio del 2021, se dio la sentencia por el asesinato de Hernández, cometido por entes del Estado en 2009.

El 9 de mayo de 2022, la presidenta Xiomara Castro pidió perdón público para cumplir con las resoluciones de la sentencia, pero siguen los ataques contra personas trans.

Una de las demandas de la sentencia es que entre en vigor la reforma de la ley y reglamento del Registro Nacional de las Personas para cambiar el nombre de las personas trans y erradicar de ese modo la transfobia en el país.

No se han tomado acciones al respecto.

Aunque el nuevo gobierno aparentemente apoya a la población LGBTIQ+, los medios de comunicación masiva perturban y violentan la vida de las personas trans.

Allyson Hernández, de Asociación Feminista Trans (AFET) de San Pedro Sula, señaló que las mujeres trans se ven orilladas al desplazamiento porque las violencias que sufren en Honduras son muy altas.

“Las compañeras sufren extorsión de diferentes grupos. No les queda más que huir. Muchas tienen que retornar de forma forzada para seguir sufriendo más violencias porque el Estado hondureño no ofrece derechos para nuestra población”, enfatizó.

Como si no fueran suficientes las violencias con las que viven las mujeres y las disidencias sexuales en Honduras, los medios de comunicación masivos utilizaron el nombre muerto de Melissa para seguir generando odio.

Para la especialista en género Vanessa Siliezar, las plataformas tienen la responsabilidad porque continúan contando narrativas que llaman al prejuicio y la exclusión.


Melissa en la memoria

Las redes sociales se llenaron desde hoy de mensajes para recordar el legado de Melissa Núñez como activista dedicada a defender los derechos de las poblaciones LGBT+.

20221024-Melissa-Honduras-3Otros mensajes critican la desidia del gobierno en la protección de las poblaciones trans.

“Fuiste víctima de un sistema transfóbico e intolerante como de la maldad más cobarde de algunos seres humanos”, escribió su amiga Daniela Simba.

Por otra parte, otro amigo identificado como Robert Gudiel dio su pésame a la familia de Melissa Núñez. “La recordaré con mucho cariño”, comentó en sus redes. “Siempre estuvimos cerca y compartimos muchos momentos recordables”.

La nota de Reportar sin miedo se hizo también con colaboración de Amelian Zerón y Dennis Arita .

24 de octubre de 2022
Dunia Orellana
 Edición: Maby Sosa

Fuente Agencia Presentes

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I Encuentro Internacional de organizaciones que trabajan en la defensa de los Derechos del Colectivo LGTBI+

Sábado, 11 de septiembre de 2021
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1CAS-724x1024El 8 de septiembre ha empezado el

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL COLECTIVO LGTBI.

Somos muchas las organizaciones que trabajamos en el mundo por la defensa de los derechos del colectivo LGTBI+.

La situación de nuestra gente y la capacidad de trabajo de nuestras organizaciones varía enormemente en función del lugar del mundo en el que nos encontremos.

En estos encuentros se han reunido durante esta semana las siguientes organizaciones: Bizigay, Cattrachas, Comcavis Trans, Ehgam, Espacio de Mujeres La Llave, FELGTB, Gehitu, Les Bascos, Mugen Gainetik, Naizen, Oasis y Xamurrak Aniztasuna.

A través de este encuentro se busca contribuir al fortalecimiento como organizaciones, a entablar relaciones para fomentar la colaboración y conseguir, que la labor para lograr el cumplimiento de los derechos del colectivo LGTBI+ tanto en Centroamérica como en Euskal Herria, avance.

Programa completo aquí.

Información de las organizaciones participantes aquí.

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 Fuente Gehitu

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La Corte IDH declaró culpable al Estado Hondureño por el transfemicidio de Vicky Hernández

Jueves, 1 de julio de 2021
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vicky-696x464En una decisión sin precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró culpable al Estado de Honduras por el asesinato de la activista trans Vicky Hernández.

 En una decisión sin precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró culpable al Estado de Honduras por el asesinato de la activista trans Vicky Hernández, ocurrido la noche del 28 al 29 de junio de 2009. El crimen ocurrió hace exactamente 12 años, en pleno toque de queda por el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya para instaurar el gobierno de facto del transportista Roberto Micheletti. Este fallo es un hito en la historia de la justicia en el país y de las poblaciones LGBTIQ+ en Latinoamérica.

El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impulsado por una petición de Cattrachas realizada el 23 de diciembre de 2012. Años después se unió a la defensa la organización Robert F. Kennedy Human Rights de Estados Unidos. Las audiencia fueron virtuales.

Qué se denuncia

Vicky Hernández sobrevivía en las calles de San Pedro Sula ejerciendo el trabajo sexual. Y era una reconocida activista de Unidad Color Rosa, una organización de mujeres trans de esa ciudad hondureña.

Justicia-1024x1024La noche del 28 de junio salió a la calle sin saber del toque de queda. Esa misma noche, Zelaya fue sacado de su casa a punta de fusil. A la mañana siguiente Vicky fue encontrada muerta en una calle de la colonia Ruiz, en el noreste de San Pedro Sula. En la oscuridad de aquella noche las únicas personas que circulaban en la ciudad eran las de las fuerzas de seguridad de Honduras.

La autopsia -realizada con mucha posterioridad porque en su momento se le negó a la víctima esa posibilidad por su identidad de género y por vivir con VIH- reveló que Vicky fue asesinada con un arma de fuego, así señala un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitido en diciembre de 2018. 

Un decreto de amnistía que data del año 2010 protege a los responsables de la violencia institucional. La querella buscar eliminarlo para así identificar la cadena de mando detrás del asesinato de la activista trans hondureña.

“Se alega que la muerte de Vicky Hernández ocurrió en dos contextos relevantes. Por una parte, el presunto contexto de violencia y discriminación contra personas LGBT en Honduras con alta incidencia de actos cometidos por la fuerza pública y, por otra, el presunto contexto del golpe de Estado ocurrido en el año 2009”, dice el texto con que la Corte IDH dio a conocer la noticia en septiembre de 2020.

Con miedo, pero sin echarse para atrás

La noche en que mataron a Vicky, sus compañeras corrieron para escapar de la muerte. Pero al final mataron a las testigas que lograron huir. “Yo todavía le dije a Vicky ‘corre, corre, corre’”, le contó una testiga a Rosa, la mamá de Vicky. “Cuando volteamos a ver, no miramos a Vicky, sólo oímos los disparos”.

Justicia-Vicky-Hernandez-mama-1024x768Rosa, la mamá de Vicky

Mataron “a Lisa y a la otra”, recuerda Rosa. “No quedaron testigos, pero me aseguraron que la policía había matado a Vicky”.

“Cuando estábamos en la audiencia en la Corte IDH recibí una llamada de la DPI”, cuenta Rosa con voz quebrada. DPI es la sigla de la Dirección Policial de Investigación de Honduras y la llamada, según Rosa, fue para amedrentarla y hacer que abandonara su deseo de buscar justicia en las audiencias de la Corte IDH.

“Me dio miedo porque matan a la gente y no saben ni quién [lo hace]. Por eso he estado en zozobra. Me da miedo porque tal vez uno tiene demandado el Estado y vayan a querer fregarlo [matarlo] porque para ellos la vida de uno no vale nada”.

Pero con la ayuda de Cattrachas y las demás organizaciones que lxs respaldan, Rosa y su familia han agarrado el valor necesario para contar su historia y mantenerse en pie de lucha durante más de una década. “Me dijeron que luchara y luchara para que la muerte de Vicky no quede impune”, dice Rosa con mirada desafiante.

Fuente Agencia Presentes

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El Congreso de Honduras blinda la prohibición del aborto y del matrimonio gay

Miércoles, 27 de enero de 2021
Comentarios desactivados en El Congreso de Honduras blinda la prohibición del aborto y del matrimonio gay

e3cb398d-ee7e-43cf-b97a-4400f3df2f34El Congreso Nacional de Honduras, en una maniobra fuerte de los antiderechos, aprobó este jueves 21 de enero una enmienda constitucional para prohibir el matrimonio igualitario y el aborto. Aunque ambos derechos están prohibidos actualmente, esta jugada política actúa como un candado constitucional y hace aún más difícil cualquier mínimo avance.

A partir de ahora se necesitarán 96 de los 128 votos totales del Congreso para cambiar los artículos 67 y 112, que son los que refieren al aborto y al matrimonio igualitario respectivamente, determinaron ayer los congresistas.

El Congreso de Honduras aprobó el jueves una enmienda constitucional orientada a impedir la legalización del aborto y el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el país, al incrementar el número necesario de votos en el Parlamento para reformar estas normas.

La Constitución hondureña prohíbe el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, y para una reforma constitucional necesario el respaldo de dos tercios de los 128 diputados del Congreso unicameral. No obstante, a partir de la modificación más reciente se necesitará el voto de tres cuartas partes de los congresistas para aprobar los cambios.

“La legislación establece lo que hemos dado en llamar un candado constitucional, para impedir la legalización del aborto en Honduras en los años venideros”, dijo el diputado oficialista y vicepresidente del Congreso, Mario Pérez, durante la sesión virtual.

La reforma fue aprobada con 88 votos a favor, 28 en contra y siete abstenciones. Para entrar en vigencia, aún deberá ser ratificada por, al menos, 86 congresistas en la próxima legislatura a partir de 2022.

En Honduras las reformas constitucionales deben ser aprobadas por dos tercios de votos. Hasta ayer hacían falta 86votos, según la Constitución hondureña. Pero para cambiar las prohibiciones contra el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo harán falta más: las tres cuartas partes del Congreso (96 votos). Todavía se necesita ratificar esta modificación en una nueva legislatura en el año 2022.

La reforma del artículo 67 de la Constitución de la República de Honduras establecida por los congresistas tiene el fin de impedir la legalización del aborto en Honduras. Además modificaron el artículo 112 sobre el reconocimiento del

matrimonio del mismo sexo. El artículo 67 de la Constitución de la República de Honduras dice que está “prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer, a quien debe respetarse la vida en todo momento”.

El artículo 112 prohibe el matrimonio igualitario, al expresar que reconoce “el derecho del hombre y de la mujer, que tengan la calidad de tales naturalmente, a contraer matrimonio entre sí, así como la igualdad jurídica de los cónyuges. Solo es válido el matrimonio civil celebrado ante funcionario competente y con las condiciones requeridas por la ley”.

Un día triste para los derechos humanos

Hoy es un día extremadamente triste para los derechos humanos en Honduras”, dijo la coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, Indyra Mendoza. “Es impresionante estar en manos de políticas y políticos perversos”.

Para la defensora de Cattrachas, “los derechos de las mujeres y las poblaciones LGBTI+ siempre han sido monedita de cambio, pero esta vez se les fue la mano. No solo por hacer estrategias para destruirse unos a otros, ya que el partido Nacional quiso robarle la bandera de lucha al Liberal. No es justo que intercambien nuestras vidas por votos y poder”.

Si siguen con estas políticas, habrá más caravanas, no solo de mujeres y población LGBTIQ+. La verdad, Honduras se va a ir yendo”, lamentó la coordinadora de Cattrachas. Y agregó: “Meten el artículo 112, sin que se haya discutido y sin que haya aludido absolutamente nada explícito en el dictamen. Honduras va a ser castigada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por esta ley discriminatoria”, dijo.

Escudo contra el aborto 

Con la reforma llamada “Escudo contra el aborto”, aprobada en un solo debate, Honduras se convierte uno de los cuatro países en Latinoamérica que prohíben el aborto en todos los casos.

Esto desatiende las recomendaciones internacionales en materia de derechos reproductivos y sexuales. “El aborto se debe garantizar cuando la salud de la mujer está en riesgo, el embarazo es producto de violación o incesto o es incompatible con la vida extrauterina”, según los estándares internacionales de derechos citados por el Centro de Derechos Reproductivos.

Honduras es uno de los países latinoamericanos con tasas más elevadas de embarazos adolescentes. Uno de cada cuatro partos en Honduras es de una menor de 19 años, según Naciones Unidas. Se estima, en base a datos locales, que más de 30.000 adolescentes de entre 10 y 19 años dan a luz en Honduras cada año. Y aunque nadie sabe con exactitud cuántas mujeres y niñas se someten a abortos clandestinos en el país, según estimaciones del Centro de Derechos de las Mujeres, cada año se realizan aproximadamente entre 50.000 y 80.000 abortos.

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Cada 22 horas, una mujer muere en forma violenta y al menos una de cada cuatro mujeres en Honduras ha sufrido abuso físico o sexual de una pareja, según una encuesta gubernamental de 2011-2012. Se estima que por lo menos, el 40 % de los embarazos no fueron planificados o deseados en el momento en que se engendraron. Algunos embarazos no deseados son producto de violaciones.

Hemos vuelto a las cavernas”

“No hay un país que limite tanto a las mujeres y poblaciones diversas”, dice la abogada y coordinadora de la organización no gubernamental Unidad de Desarrollo de la Mujer y la Familia (Udimuf), Vanessa Siliezar. “Hemos vuelto a las cavernas. O peor”.

Las reformas aprobadas contra la libertad de las mujeres y los grupos LGBTIQ+ en Honduras son una manera en que el gobierno silencia a los grupos que reivindican derechos.

Según defensores de derechos humanos en el país, Juan Orlando Hernández busca por medio de estas tácticas distraer la atención de los señalamientos de narcotráfico y de la ineficacia de su gobierno para resolver los problemas que provocan el éxodo masivo de hondureños al extranjero.

Al aprobarse las reformas, “lo que era una cortina de humo se convierte en un candado de castidad para las mujeres en Honduras”, agrega Vanessa Siliezar.

Instituciones internacionales llevan días pronunciándose en contra de estas reformas que violentan las libertades de las mujeres y minorías hondureñas. Según el Parlamento Europeo, “la penalización del aborto en Honduras obliga a mujeres y niñas a buscar abortos clandestinos o a asumir embarazos forzados. Esto resulta en las altas tasas de mortalidad y morbilidad materna de Honduras”. https://twitter.com/OACNUDHHN/status/1352451477869129730

“Sabíamos las feministas que esto podía pasar, lo que no sabíamos es que iban a tener el descaro de hacerlo en siete días”, expresó Indyra Mendoza.

Contra la marea verde que triunfó en Argentina

Según el diputado nacionalista hondureño Mario Pérez, gobiernos “de izquierda”, como el argentino, son los que han aprobado la legalización del aborto. Honduras, agrega Pérez, no repetirá el ejemplo de Argentina.

El Congreso argentino aprobó el aborto legal, seguro y gratuito en la madrugada del 30 de diciembre de 2020, en medio de alabanzas de los grupos de defensa de derechos humanos y organizaciones feministas en Honduras y el resto de América Latina.

Aunque Naciones Unidas condenó este martes la reforma del Congreso hondureño, lo que ocurrió en Argentina “no puede suceder en Honduras”, agregó Pérez, quien es parte de los grupos conservadores que critican la legalización del aborto en el país sudamericano.

Fuente Agencias/Agencia Presentes

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Así viven 300 personas LGBT+ en la primera caravana migrante hondureña de 2021

Viernes, 22 de enero de 2021
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Trans1-4032x2016Por Dunia Orellana, desde El Florido, frontera Honduras-Guatemala

Cien mujeres trans forman parte de lxs más de 300 personas LGBT+ hondureña que han decidido huir de su país en la caravana migrante que partió de San Pedro Sula la madrugada del viernes 15 de enero de 2021. Todxs se encuentra varadxs en Chiquimula, Guatemala, en espera de que las autoridades de ese país aprueben su paso para llegar a México y luego a su destino en Estados Unidos.

Como los restantes 8.000 integrantes de esta primera caravana migrante de 2021, lxs 300 integrantes de los colectivos LGBTI+ hondureños han padecido por las largas caminatas bajo la lluvia y el frío, los viajes incómodos en pailas de carros y en camiones, además de los garrotazos y golpes de las fuerzas militares hondureñas y guatemaltecas.

Represión militar y policial

En Aguascalientes, adonde fueron llevados supuestamente bajo engaños de personas infiltradas, unos mil migrantes hondureños eran esperados por cientos de militares y policías hondureños armados con tanquetas, fusiles y pistolas. Los soldados tenían órdenes de disparar contra los viajeros si estos se resistían a regresar a Honduras, según un observador de la cooperación internacional.

Entretanto, en El Florido, el verdadero punto de encuentro de la caravana en la frontera entre Honduras y Guatemala, las fuerzas militares de Guatemala respondieron con palos y golpes a la intención de la caravana de pasar por ese país centroamericano para llegar a México.

 

Mujeres y hombres trans, lesbianas y gays huyen de la desigualdad, la discriminación y la pobreza causada por la profunda desigualdad de la que son víctimas las poblaciones diversas. Los migrantes LGBTI de esta caravana huyen también de la pandemia del COVID-19, así como de los efectos de los huracanes Eta y Iota, que azotaron el país en noviembre de 2020.

Gran parte de la población LGBTI del norte de Honduras perdió sus casas y pertenencias cuando el paso de los dos huracanes destruyó barrios enteros y los enterró bajo toneladas de lodo.

El Gobierno de Juan Orlando Hernández no ha hecho todo el trabajo que se espera en las zonas perjudicadas por los fenómenos naturales que devastaron el país el año pasado. Hay barrios enteros que siguen ocultos bajo el lodo y adonde no llegan brigadas médicas ni ayuda alimenticia del Gobierno.

Agencia Presentes acompañó a muchas de las chicas trans hondureñas que emprendieron el recorrido con la primera caravana migrante del año.

Transfobia en la caravana

Trans-Golpeada-1-1024x768Grupos de personas LGBTI+, en especial mujeres trans y hombres gay con expresión de género femenina, son acosadxs de manera verbal y física durante el recorrido de la caravana, evidenció Agencia Presentes, que acompañó a los 8,000 migrantes hasta la frontera de Honduras y Guatemala.

Un ejemplo de maltrato y discriminación contra los grupos LGBTI+ en la caravana migrante es el caso de Fabiola, de 20 años, quien viajó desde Tegucigalpa para huir de la discriminación y la transfobia.

Durante su trayecto, un hombre abusó de su fuerza al golpear a Fabiola “para quitarla de la fila de hombres”. Presentes observó una serie de insultos verbales y acoso contra las mujeres trans de personas que emplearon palabras como “maricones”, “porrones” y “culeros”, entre otras. 

Aunque es la segunda vez que viaja, Fabiola tiene esta vez la esperanza de poder cruzar la frontera, atravesar México y llegar a salvo a Estados Unidos.

Las mujeres trans caminaron cientos de kilómetros para poder llegar a la frontera. Estaban agotadas y tenían los pies llagados. Prefirieron andar a pie en lugar de subirse de jalón en la parte trasera de los carros o trailers porque al treparse en los carros afrontan más peligro y acoso. En caso de subirse en un trailer, nunca lo hacen solas. Lo hacen en grupo para evitar en lo posible la discriminación y las burlas.

Trans3-1024x768Muchas de las mujeres trans no llevaban dinero para el viaje, por lo cual algunas se quedaron rezagadas en el trayecto. Esperaban obtener algunos recursos para seguir el viaje.

“Hemos sufrido discriminación. Vivimos en el departamento de Colón y no nos aceptan tal como somos, nos miran como un fenómeno”, dice a Presentes Salomé, chica trans procedente del litoral atlántico hondureño.

“Cuando uno va a pedir apoyo, lo que hacen es discriminarnos. Después de la pandemia, el trabajo sexual se vino abajo y cada vez tenemos menos recursos para la subsistencia diaria”, expresó una chica trans del municipio de Villanueva que no quiso ser identificada.

Gissele huyó junto con un grupo de chicos del departamento de Nacaome, Valle. No es la primera vez que lo hace, pero tiene fe de que esta vez logrará llegar a Estados Unidos. Espera conseguir sus papeles que la certifiquen legalmente como una mujer. “Nos discriminan, se burlan y no tenemos trabajo”, lamentó.

De 19 años de edad, Danny escapó de su casa porque no podía ser quien es. Su madre no sabe todavía que va rumbo a Estados Unidos y que está enfrentando una serie de retos en Guatemala para llegar a México. Eso no le importa a Danny, quien vive en Santa Bárbara, uno de los departamentos con mayores índices de abusos sexuales y discriminación contra adolescentes y jóvenes.

Portada1-1024x768Honduras es uno de los peores países para ser una persona LGBTIQ+. El Gobierno encabezado durante los últimos ocho años por Juan Orlando Hernández ha paralizado en el Congreso Nacional una ley de identidad de género. Además, la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto que las parejas del mismo sexo puedan realizar uniones civiles, pese al trabajo de organizaciones como Cattrachas, Somos CDC, Kukulkán y Oprouce, entre otras.

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Triángulo Norte: una región hostil para la población LGBTI

El Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, continúa siendo una de las regiones más mortales para las poblaciones LGBTI del continente.

En 2019, las organizaciones registraron al menos 67 asesinatos en contra de la población LGBTI en la región norte de Centroamérica. La cifra ya superó en seis casos a los crímenes cometidos el año anterior, según un recuento elaborados por las instituciones.

De acuerdo al reporte, Honduras aparece a la cabeza de la lista de la región con 34 casos de crímenes de odio, seguido de Guatemala con 24 casos y El Salvador con nueve. Sólo han sido judicializados dos de estos asesinatos en El Salvador: el de Camila Díaz y el de Anahí Miranda.

En Honduras la cifra aumentó un 36 por ciento en relación a 2018, que fue de 25 casos.  La mayoría de los crímenes fueron cometidos en contra de hombres gays con 19 casos; nueve mujeres trans y seis lesbianas murieron de manera violenta, según la organización Cattrachas.

283ed8048ffbfa0659912b6073801e51El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ganó la reelección presidencial en 2017 de la mano del derechista y conservador Partido de Nacional de Honduras, que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo y promueven la lectura de la Biblia en las escuelas.

“Nos asesinan por discriminación, por odio a nuestra población. Con esta pandemia nos hacemos más vulnerables por la pobreza y más si son trabajadoras sexuales porque ahorita no pueden trabajar para su alimentación o pago de renta”, dijo a Presentes Gabriela Redondo, directora del Colectivo Unidad Color Rosa con sede en la ciudad de San Pedro Sula.

Discursos de odio desde las iglesias y el gobierno

En reiteradas ocasiones personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual son motivados por el prejuicio, alentado por sectores conservadores y religiosos, desde el propio gobierno.

En Honduras la comunidad LGBT forma parte un amplio sector vulnerable, que ha sido acorralado por un fundamentalismo religioso, que a través de las iglesias católica y evangélica, impone la agenda de las políticas públicas. Cada vez que los temas de avances en derechos son expuestos, la clase gobernante convoca a pastores y curas para que den sus puntos de vista desde el ámbito moral y religioso.

En noviembre de 2018 el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, del conservador y gobernante Partido Nacional, planteó la necesidad que se reformara el artículo 77 de la Constitución de la República para que los pastores y ministros de la fe puedan optar a cargos de elección popular.

“El postular a los pastores como parte de la política, da mucho que pensar, porque qué saben los pastores de política o qué saben los pastores de la crisis nacional que enfrentamos, más allá de un discurso religioso, basado en la fe y en la moral, y dentro de ese discurso, de esa visión de nación, las personas LGBT no existimos”, dijo Nahil Zerón´.

Derechos como el aborto, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, la adopción de menores a parejas del mismo sexo no forman parte de la agenda de las instituciones del Estado, incluso, en el año 2009, se prohibió la venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), por considerarse

Fuente Agencia Presentes

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Un juicio histórico para Vicky Hernández, trans hondureña asesinada por fuerzas estatales

Viernes, 6 de noviembre de 2020
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vicky-696x464Por Dunia Orellana

El 11 y 12 de noviembre de 2020 se llevará a cabo de forma virtual la audiencia fijada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para emitir sentencia contra el Estado de Honduras por el crimen de la líder trans Vicky Hernández. Vicky fue asesinada el 28 de junio de 2009, día del golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel  Zelaya, que estableció el gobierno de facto de Roberto Micheletti. La querella busca eliminar el decreto de amnistía de 2010 que protege a los perpetradores del golpe de Estado para identificar la cadena de mando que ordenó el asesinato de la activista trans hondureña.

Vicky Hernández, la primera víctima de ejecución extrajudicial del régimen de facto durante el golpe de Estado, tenía 26 años en el momento de su asesinato. Vicky terminó la primaria y abandonó los estudios para trabajar y mantener a su madre, su hermana y su sobrina. Era trabajadora sexual y reconocida activista de la organización de derechos humanos de mujeres trans Unidad Color Rosa de San Pedro Sula, Honduras.

La noche del crimen

Vicky salió a la calle la noche del 28 de junio a ejercer el trabajo sexual sin saber del toque de queda impuesto por el gobierno de facto.  Esa noche, Zelaya fue sacado de su casa a punta de fusil y enviado en un avión a Costa Rica.

La mañana del 29, Vicky fue encontrada muerta en una calle de la colonia Ruiz, en el noreste de San Pedro Sula. Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal hicieron el levantamiento del cadáver a las 7:30 de la mañana. La noche anterior, solo había fuerzas estatales de seguridad en las calles sampedranas. Eso hizo despertar la sospecha entre las organizaciones de la diversidad sexual y los defensores de los derechos humanos de que los culpables del asesinato tienen vínculos con el Estado hondureño.

El cadáver de la activista trans presentaba “una herida irregular en su ojo izquierdo” y otra igual “en la región frontal izquierda”. El forense concluyó que Vicky fue asesinada por arma de fuego”, según documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitido en diciembre de 2018.

Audiencia-en-la-Corte-IDH--1024x683Audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La cadena de impunidad comenzó con el crimen y continuó con el manejo del cadáver de Vicky, que fue trasladado a las instalaciones de Medicina Forense en el norte de San Pedro Sula, donde las autoridades se negaron a practicarle la autopsia. “Organizaciones de derechos humanos denunciaron que las autoridades forenses se negaron a realizar el dictamen de autopsia con la excusa de suponer que la víctima vivía con VIH”, señala el documento de la CIDH.

“No quisieron emprender ninguna diligencia investigativa por considerar que la víctima era una persona ‘diferente’ y sin derechos, lo que constituye una discriminación en razón de sus preferencias sexuales”, agrega una petición presentada el 23 de diciembre de 2012 por organización Cattrachas y años después se unió a la defensa la organización Robert F. Kennedy Human Rights de Estados Unidos.

Tiempo después, las autoridades argumentaron que habían hecho la autopsia, pero no hay registros oficiales de que se la hayan practicado.

El velatorio de la líder transexual Vicky Hernández tuvo lugar en la sede del colectivo Unidad Color Rosa, Colectivo TTT de San Pedro Sula. La enterraron en La Puerta, un cementerio para la población general situado en el sur de la ciudad.

De la impunidad a la esperanza

Vicky Hernández ha dejado de ser otro número en la larga lista de muertes violentas de personas LGBTIQ+ en Honduras para convertirse en un signo de esperanza para los colectivos tradicionalmente despreciados en el país.

Desde el asesinato de la activista en 2009 hasta la fecha han muerto violentamente al menos 366 personas LGBT, incluyendo a 117 mujeres transexuales como Vicky. Pero el Código Penal hondureño aún no recoge en sus páginas la palabra “transfemicidio” para tipificar el asesinato de mujeres y hombres transexuales. Casi todos los casos, incluyendo el de Vicky, siguen impunes.

“Un asesino en Honduras tiene 96% de posibilidades de que el sistema no lo atrape. Es un gran negocio ser sicario en Honduras; 96% de posibilidad y a la comunidad, 98%”, agrega, ahondando en las causas de las altas cifras de impunidad en Honduras. Eso se debe a la deficiente investigación en Honduras”, explica a Presentes el abogado y catedrático universitario Ramón Enrique Barrios

IndyaMendoza--1024x683La activista Indyra Mendoza, de la red Cattrachas

Según Barrios, los propios órganos de investigación consideran que los miembros de la comunidad LGBTI son asesinados porque se lo merecen. Incluso hay prejuicios religiosos de fondo, pues la sociedad cree que se lo merecen porque “no siguen los dictados tradicionales de Dios”.

La organización lésbica Cattrachas ha estado trabajando en sus más de 11 años de lucha para que el caso de Vicky no quede impune. Este es solo el comienzo de un esfuerzo por hacer que también paguen los responsables de los crímenes contra las otras 116 mujeres trans y 250 personas LGBTIQ+ asesinadas desde 2009.

“Con tanta impunidad, con tantas muertes, esto es como una justicia colectiva”, dice la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza. “Allí van a estar los nombres de otras trans. Hubo prejuicio, discriminación, violencia, odio, pero al final vamos a lograr esa justicia colectiva”.

“Fue una ejecución extrajudicial”

El equipo liderado por Cattrachas y Robert F. Kennedy Human Rights ha pedido que se derogue el decreto de amnistía de 2010 que ha permitido que sigan impunes todos los crímenes cometidos durante el golpe de Estado de 2009. De esa manera, la justicia podrá caer sobre los violadores de derechos humanos escudados detrás del golpe. “Fue una ejecución extrajudicial, pero hubo una cadena de mando alrededor de ellos”, afirma Indyra Mendoza.

Los otros resultados del grupo de litigantes encabezados por Indyra Mendoza son los reparos económicos y psicológicos que el Estado hondureño debe conceder a la familia de la activista transexual asesinada el día del golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya para imponer el gobierno de facto de Roberto Micheletti.

“Con el establecimiento del toque de queda, las autoridades de facto justificaron la militarización del territorio hondureño y la presencia de militares y policías en las calles”, señala Cattrachas.

“Demostrar que nuestros cuerpos valen”

Además, la organización con sede en Tegucigalpa registra durante los ocho meses que duró el gobierno de Micheletti 31 asesinatos de personas LGBTI, de las que 15 eran mujeres trans y 16 de gays. Esa cantidad supera el total documentado entre 2003 y 2008. Cattrachas identifica un patrón de asesinatos contra mujeres trans, lo cual afianza la teoría de que en su mayoría fueron ejecuciones extrajudiciales.

El caso de Vicky está rodeado de misterios y viciado por la impunidad. Al negarse a hacerle la autopsia porque según las autoridades vivían con VIH, “sufrió discriminación incluso después de su asesinato”, dice la directora de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights, Angelita Baeyens.

“Es muy significativo que llegue por primera vez a la Corte Interamericana un caso de violencia letal contra una mujer trans porque abre la puerta para visibilizar la situación de esta población y exponer todos los abusos cometidos en ese caso. No solo es la historia trágica de Vicky. Es la de cientos de mujeres trans en Honduras y la región que son víctimas de constante discriminación y violencia por parte de las autoridades y de muchos otros sectores de la población”, agrega Baeyens.

“Es como demostrar que nuestros cuerpos también valen, nuestras vidas valen, nuestras luchas valen. Eso para mí es importante”, afirma Indyra Mendoza.

La CIDH responsabilizó en mayo del 2019 a Honduras de la muerte de Vicky Hernández.

Según la Comisión, “tomando en cuenta tales contextos, el hecho de que las calles estaban bajo control total de la fuerza pública, así como la falta de esclarecimiento judicial de lo sucedido, existen suficientes elementos para concluir la responsabilidad directa del Estado por la muerte de Vicky Hernández”.

Para el organismo, el asesinato de Hernández “constituyó un supuesto de violencia por prejuicio hacia su identidad y expresión de género”.

Fue un transfemicidio

El equipo de las organizaciones Robert F. Kennedy de Human Rights y Cattrachas espera que en el asesinato de Vicky se reconozca el término legal “transfemicidio”, pero el camino ha estado sembrado de obstáculos.

Un primer paso para llegar a la meta fue establecer un patrón en los asesinatos de personas LGBTI y en especial de mujeres trans durante el golpe de Estado en Honduras como una manera de categorizar esos crímenes como ejecuciones extrajudiciales.

“Estos transfemicidios se llevaron a cabo a altas horas de la noche, durante toques de queda ilegales, cuando las calles estaban bajo la custodia absoluta de las fuerzas públicas militares y policiales. Además, la mayoría de víctimas se dedicaban al trabajo sexual y fueron ejecutadas con un disparo a la cabeza”, apunta Cattrachas.

Según el patrón identificado en los 15 asesinatos de mujeres trans cometidos durante el régimen de facto de Roberto Micheletti, Cattrachas creó la siguiente definición de la palabra ‘transfemicidio’: “Muerte violenta de mujeres trans, motivada por el prejuicio, el desprecio y la discriminación del género y la identidad asumida de las víctimas, siendo la materialización de una violencia sistemática por la exclusión social y estatal”.

A pesar de todo, el informe de fondo de la Comisión Interamericana reconoce que la ejecución extrajudicial de Vicky fue un transfemicidio. Esta es la primera vez que el término ‘’transfemicidio’’ es utilizado en el seno del sistema interamericano.

La muerte de Vicky es la primera ejecución extrajudicial transfemicida reconocida por el Sistema Interamericano. Para la Comisión, el caso puede catalogarse como un asesinato por prejuicio basado en la identidad de género y hay fuertes indicios de que el Estado hondureño está involucrado directamente en el crimen.

No obstante, hasta hoy el Estado sigue negando las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el golpe de Estado y la vinculación directa de agentes del orden público en el asesinato de Vicky.

Fuente Agencia Presentes

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Asesinaron a la activista trans Scarlett Cáceres en Tegucigalpa

Jueves, 16 de julio de 2020
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107915363_4489224537769268_4011681191964236435_o-1440x720Por Paula Rosales

La noche del viernes 10 de julio Scarleth Cambell Cáceres, mujer trans y activista de 22 años, estaba  junto a seis de sus compañeras que sobreviven como trabajadoras sexuales en Tegucigalpa (Honduras). Se encontraban en una avenida del barrio La Plazuela cuando, según contaron las personas que estaban ahí, un vehículo se acercó y disparó varias veces contra el grupo.

Scarleth, reconocida defensora de los derechos humanos, recibió tres disparos en la espalda. “Cuando oyeron los tiros, creían que era cohetes (fuegos artificiales), y de repente miraron caer a Scarlett que decía ¡Ayúdenme!”, dijo a Presentes Donny Reyes, de la Asociación LGBT Arcoíris de Honduras, donde Scarleth era activista y secretaria.

Las mujeres que estaban con ella al momento del ataque dijeron que marcaron durante 25 minutos al sistema de emergencias 911 de la Policía, pero se tardaron en atender el llamado. Scarlett falleció camino al Hospital Escuela Universitario. “Murió en ese tránsito”, confirmó Reyes.

“Scarleth era una joven con toda una luz, alegría, dulzura y que le han quitado la vida. Creemos que fue por haber asumido su propio rol como persona trans, por su identidad, por asumir un papel organizativo dentro de un espacio como Muñecas de Arcoíris donde funcionaba como secretaria, voluntaria y activista. Ella era la que alertaba las situaciones de peligro. Repudiamos y condenamos el hecho. No callaremos. Exigimos justicia”, remarcó su compañera Donny Reyes.

Durante el ataque también resultó herida una persona que más, pero al cierre de la nota no se pudieron obtener detalles sobre su estado de salud.

Al menos 12 crímenes de odio en Honduras este año

De acuerdo al Observatorio de Muertes Violentas de la Comunidad LGBTI en Honduras, el país registra en 2020 al menos una docena de crímenes en contra de personas LGBTI.

Entre enero y julio fueron asesinados seis hombres gay; una lesbiana y cinco mujeres trans, según el monitoreo de la Red Lésbica Cattrachas.

“Este 2020 fue un año clásico. Al principio, entre enero y febrero, asesinaron a seis personas en Honduras de la comunidad LGBTI, con los mismos tipos y modos que se ha hecho siempre y que se han registrado en el observatorio”, dijo a Presentes Indyra Mendoza, directora de la organización Cattrachas.

Según el análisis de Cattrachas, en diez semanas no se reportaron asesinatos en contra de la población LGBTI posiblemente porque cree que en Honduras se enfocaron en “otro tipo de discriminación” provocada por la paranoia del Coronavirus.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato de Scarlett y demandó al Estado hondureño el esclarecimiento del hecho.

“Yo escuché la noticia pero no fue en mi sector. Parece que fue aquí por la plazuela, en el arbolito, pero en ese sector fue que sucedió la muerte del muchacho homosexual, ahora no le tengo mayores datos, yo desconozco los detalles”, dijo a Presentes un oficial de la policía de la delegación de Tegucigalpa.

Violencia mediática

La policía no es la única que sigue violentando la identidad de género de Scarleth. Los medios gráficos y la televisión también lo hicieron al reportar su muerte, tratándola con el nombre del sexo asignado al nacer, desconociendo su identidad trans al confudirla con una orientación sexual,  y revelando su nombre anterior. La organización en la que militaba les ha pedido una retractación pública.

Las organizaciones reportan en los últimos diez años unos 317 crímenes por odio, de los cuales el 92 por ciento están impunes. Del total, 180 son hombres gays, 37 lesbianas y 100 personas trans.

Fuente Agencia Presentes

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Intentaron asesinar a una defensora de derechos humanos trans en Honduras

Miércoles, 20 de noviembre de 2019
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HONDURAS-2-948x474HONDURAS--1024x477Por Paula Rosales

La defensora de derechos humanos y coordinadora de la Asociación Feminista Trans (AFET), Alejandra Vega Balenciaga de 36 años, sobrevivió el sábado 9 de noviembre a un brutal ataque ocurrido en la ciudad de San Pedro Sula, unos 270 kilómetros al sudeste de la capital hondureña.

El ataque ocurrió la madrugada. La defensora fue sujetada por la espalda por una persona desconocida, quien golpeó su cabeza en repetidas veces contra una pared, ocasionándole traumas craneales y múltiples heridas que la mantuvo por varios días en cuidados intensivos.

De acuerdo a la denuncia de AFET, Alejandra fue reconocida por su atacante quien la insultó por su expresión de género e hizo referencia durante la agresión a su trabajo como activista y mujer trans.

“En Honduras las personas de la comunidad LGBT seguimos siendo objetos de las violaciones a nuestros derechos humanos y en particular las mujeres trans”, expresó la asociación AFET en en comunicado divulgado en sus redes sociales.

De acuerdo a estadísticas registradas por la organización Cattrachas, desde 2009 a octubre 2019 se han cometidos 337 asesinatos de personas LGBTI, 39 corresponden a mujeres lesbianas, 190 gays, 107 trans y una persona desaparecida sin definir su identidad. Solamente en el mes de julio de 2019 fueron asesinadas tres personas trans y una bisexual.

Los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador, son considerados con altas tasas de criminalidad y homicidios, de las que la población LGBTI también son víctimas.

En julio pasado la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH), condenó que en 2019 se han cometido 20 muertes violentas a personas de la población LGBTI en el país centroamericano, además instaron al Estado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables.

“La situación de los derechos humanos de las personas LGBTI es una gran preocupación en Honduras por las continuas y graves violaciones de derechos humanos que sufren a diario”, indicó el organismo en un comunicado.

Fundamentalismo religioso e impunidad 

La impunidad más el fundamentalismo religioso está propiciando que los crímenes contra la comunidad LGBTI sigan en ascenso. El año pasado la cifra fue de 27 casos y en el 2017, cuando Honduras vivió una crisis política derivada de las elecciones, se registraron 34 casos.

La violencia contra la diversidad sexual ha sido más evidente a partir de octubre del año pasado, a raíz de que la comunidad LGBTI propiciara acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia, pidiendo el matrimonio entre las personas del mismo sexo y la adopción de menores a parejas homoparentales.

Los miembros de la diversidad sexual interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 112 de la Constitución de la República, sobre el matrimonio entre las personas del mismo sexo y al artículo 116 sobre la adopción.

De acuerdo a la valoración de Iván Banegas, miembro de la Asociación Colectivo Violeta, los ataques a la comunidad LGBTI se incrementaron luego que los grupos de la diversidad sexual pusieran en la agenda pública y plantearan ante las instituciones del Estado sus demandas basados en derechos conquistados en otros países.

La violencia contra la diversidad sexual se asocia, según el defensor de los derechos LGBTI Erik Martínez, a la crisis política-social que vive constantemente Honduras a raíz del golpe de Estado de 2009. A modo de ejemplo, Martínez citó que en apenas seis meses, después del golpe de Estado, se registraron 22 crímenes.

Discursos de odio desde las iglesias y el gobierno

En reiteradas ocasiones personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual son motivados por el prejuicio, alentado por sectores conservadores y religiosos, desde el propio gobierno.

En Honduras la comunidad LGBT forma parte un amplio sector vulnerable, que ha sido acorralado por un fundamentalismo religioso, que a través de las iglesias católica y evangélica, impone la agenda de las políticas públicas. Cada vez que los temas de avances en derechos son expuestos, la clase gobernante convoca a pastores y curas para que den sus puntos de vista desde el ámbito moral y religioso.

En noviembre de 2018 el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, del conservador y gobernante Partido Nacional, planteó la necesidad que se reformara el artículo 77 de la Constitución de la República para que los pastores y ministros de la fe puedan optar a cargos de elección popular.

“El postular a los pastores como parte de la política, da mucho que pensar, porque qué saben los pastores de política o qué saben los pastores de la crisis nacional que enfrentamos, más allá de un discurso religioso, basado en la fe y en la moral, y dentro de ese discurso, de esa visión de nación, las personas LGBT no existimos”, dijo Nahil Zerón´.

Derechos como el aborto, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, la adopción de menores a parejas del mismo sexo no forman parte de la agenda de las instituciones del Estado, incluso, en el año 2009, se prohibió la venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), por considerarse

Fuente Agencia Presentes

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