La joven trans Denisse Cerón Mendoza, alias Denisse Cabaly, fue asesinada a golpes en la zona de mercados de la ciudad de Veracruz. Es una zona solitaria, asociada al delito. Según testigos, dos sujetos la golpearon con saña hasta dejarla inconsciente. Denisse tenía 29 años y fue trasladada al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz donde falleció debido a las heridas que llevaba. Nadie intervino. Denisse estaba de paso en la ciudad y tenía miedo por su vida, porque en 2018 fue testigo del asesinato de Alaska, su compañera de vivienda en Tlapacoyan.

Originaria de Las Libres (Puebla), vivía en Teziutlán (Puebla) desde el asesinato de Alaska, donde ejercía el trabajo sexual y brindaba servicios comunitarios.

La activista Jazz Bustamante dijo a Presentes que en algún momento Denisse fue a pedirle ayuda ya que tenía miedo.

“Una persona muy atenta, servicial, empática y creo que hay que resaltar que ella me pidió ayuda en una ocasión, la cité en el despacho de mi abogada (…) dijo que ella tenía miedo porque había sido una de las testigos que la Fiscalía jaló porque convivía mucho con Alaska Contreras (…) ella quedó mal, con mucho miedo y cierta paranoia, le preguntabas por el asesinato de Alaska y se ponía mal porque decía que su asesino andaba libre”, dijo Bustamante.

Denisse empezó a viajar entre Puebla, Veracruz, Xalapa y Martínez de Torre, donde tenía clientes.

En Martínez de la Torre hacía trabajo comunitario en la organización social Manos Rosas, donde era muy querida. También participó en algunos encuentros que hubo entre mujeres trans en Xalapa para defender sus derechos.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz no dio declaraciones sobre este transfeminicidios u otros que han ocurrido en la región.

Los mercados, zona de transfeminicidios

“Sus amigas dicen que fueron a comer y platicaron en la tarde y de ahí ya no supo de ella. Fue en la noche cuando ocurrieron los hechos que las personas que fueron por ahí y estuvieron pasando ninguna atrevió a meterse a defenderla. Es muy complicado que nos dijeran porque esa zona. La zona de mercados en Abasolo es una muy frecuentada por personas que andan en cosas violentas como crimen organizado”, dijo Bustamante.

Pero ella no ha sido la única mujer trans asesinada ahí. De acuerdo con Bustamante, tan solo en los últimos tres años, van cinco víctimas de transfeminicidio en la zona de mercados y alrededores.

El presidente de la organización LGBT Jarochos, Guillermo Izacur, aseguró que debido a la situación de inseguridad que enfrenta la diversidad sexual en el estado de Veracruz algunas mujeres trans, como Denisse, han tenido que emigrar.

“Sí habían estado reportando que hay mucha inseguridad porque incluso hay chicas que se han tenido que ir de Veracruz sobre todo las chicas trans, por la misma inseguridad de andar en la calle, por el temor que tienen de que no pueden andar a altas horas de la noche por esa zona de mercados. Sí hay muchos reportes y hay mucho peligro para las chicas y todos los que vayan por ahí”, contó.

Dijo que por ello pedirán una serie de mesas de diálogo con las autoridades para que se establezcan acciones de prevención y así evitar que continúen los asesinatos contra personas de la comunidad.

Denisse será despedida por la comunidad LGBT en la zona de Veracruz y después será traslada a Las Libres, para darle sepultura, según informó el diputado local Gonzalo Durán Chincoya.

Alejandra Salazar Villa era una mujer trans de 54 años, que había llegado a la Argentina desde Perú. Se ganaba la vida como trabajadora sexual y vivía sola en su departamento ubicado en la avenida Corrientes al 2200, en el barrio porteño de Once. Fue asesinada en diciembre de 2020.

La fiscal Diana Goral había pedido una condena por homicidio con el agravante de mediar violencia de género (femicidio) y por odio a la identidad de género (travesticidio). El tribunal finalmente solo tuvo en cuenta la primera figura por lo que no consideró que el crimen haya sido un travesticidio.

“Nos damos por conformes con esta sentencia”, dijo a Presentes Marcela Tobaldi, presidenta de La Rosa Naranja. “Cumplimos con nuestro objetivo que es prisión perpetua”, agregó. Sin embargo, sobre el agravante que no consideró el Tribunal, sostuvo: “El artículo sobre el odio a la identidad de género no lo quieren aplicar porque trabajar con el odio es muy fuerte para los jueces”.

El crimen

Las cámaras de seguridad registraron a Alejandra cuando era seguida por los dos imputados en la causa.

El 6 de diciembre de 2020 Alejandra salió a comprar manzanas a un supermercado cercano a su vivienda. Una vez hecha la compra, alrededor de las 18.30, se dirigió hacia su casa y en el camino se cruzó con Rodrigo Keilis y Pablo Getar.

Keilis tenía entonces 20 años, trabajaba descargando camiones y se encontraba en situación de calle. Ese día estaba junto a su tío, Pablo Getar, un changarín y cartonero que en ese momento tenía 40 años.

Ambos escoltaron a Alejandra hasta su casa y uno de ellos, Keilis, subió con ella para mantener una presunta relación sexual, mientras Getar cruzó la avenida y se sentó a esperar.

Una vez allí, Keilis “colocó una de las bolsas de nylon traídas desde el supermercado, específicamente aquella en la que transportaba las manzanas, y la tomó fuertemente del cuello, lo que le provocó la fractura del hueso hioides y la muerte por compresión del cuello y sofocación”. Así lo indica el requerimiento de juicio, firmado por les fiscales Ignacio Mahiques y Mariela Labozzetta.

Acto seguido, el hombre tomó algunas pertenencias de Alejandra, como el dispositivo electrónico para abrir la puerta del edificio y un televisor. Afuera ya no se encontraba Getar -quien se fue diez minutos antes de que Keilis saliera del edificio-, así que tomó un taxi hasta el barrio de Constitución donde volvió a encontrarse con su tío.

El juicio

La investigación que llevó la causa a juicio fue realizada por la Fiscalía Nacional en los Criminal y Correccional N° 35. Su titular, el fiscal Ignacio Mahiques, junto a Mariela Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFEM), consideraron que la acumulación de prueba era suficiente para acusar a Rodrigo Alejandro Keilis de “homicidio agravado por mediar odio a la identidad de género en concurso real con robo simple”.

También a Pablo Isaac Getar como “partícipe necesario”. Sin embargo, Goral no consideró que hubiera la prueba necesaria para esta imputación por lo que pidió su absolución.

A lo largo de las audiencias del juicio declararon diferentes testigues como vecines, el encargado del edificio donde vivía Alejandra, el médico forense, psicólogas de Keilis y los dos policías a cargo de la primera investigación del caso.

Además, prestaron testimonio dos personas especializadas que explicaron la problemática que enfrenta el colectivo travesti trans y qué implica un travesticidio.

Testigas expertas

Una de ellas fue la activista travesti Marcela Tobaldi. A Alejandra la había conocido “en el marco de que ella necesitaba hacer el cambio de género”. “Se acercó un día. En aquella época yo trabajaba en la Defensoría de la ciudad de Buenos Aires. Preguntó por mí. Era muy tímida”, recordó. “No tenía ningún derecho de matarla, de ahorcarla, robarle y todo lo que hizo. Fue un travesticidio”, destacó en diálogo con Presentes.

«El travesticidio es una forma específica de violencia de género. Se consuma en el asesinato de las personas que expresan o afirman una identidad de género que no se condice con los criterios considerados ‘normales’ de la feminidad o la masculinidad”, explicó la antropóloga Josefina Fernández. Fernández es especialista en género, diversidad sexogenérica y políticas públicas. Junto a Lohana Berkins coordinó el informe “La gesta del nombre propio” y su actualización, La Revolución de las Mariposas. Durante el juicio declaró como testiga experta.

Su declaración aportó un dato recopilado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): el promedio de vida de las personas trans en América Latina oscila entre los 30 y 35 años. “Menos de la mitad del promedio del que goza el resto de la población”, destacó Fernández. Ese promedio es producto “no sólo de la violencia letal, sino también de sus recorridos vitales ligados, generalmente, a múltiples experiencias de vulnerabilización”, continuó.

También aportó una mirada interseccional para analizar el crimen de Alejandra. Ella, además de trans, era migrante y trabajadora sexual. En esta línea consideró que “a la condición trans ha de sumarse otras determinaciones y variables como la clase y la raza”. Esto puede agravar “aún más las condiciones de vida del colectivo en cuanto a su acceso a derechos. Y, claro, al sistema de justicia, lo que aumenta la impunidad de los agresores”.

Según una investigación que realiza la UFEM, el 66% de las mujeres trans o travestis asesinadas eran de nacionalidad extranjera. Y la abrumadora mayoría, casi el 100%, eran trabajadoras sexuales, aportó Fernández.

La condena

El asesino, Rodrigo Keilis

La condena fue bajo el artículo 80 inciso 11 del Código Penal: “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua (…) al que matare (…) a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

«Faltó el agravante por el odio, pero es una sentencia histórica. Estoy contenta», dijo a Presentes la fiscal Goral. También consideró que este juicio «es importante para la nueva mirada que hay que tener respecto de los colectivos LGBTI».

A su vez, a lo largo de las audiencias la fiscal dijo que aprendió mucho y agradeció la presencia permanente de las integrantes de la organización La Rosa Naranja.

En su alegato formulado en la audiencia del 31 de octubre, la fiscal había considerado importante definir a este crimen como un travesticidio. «Permite identificar, registrar y cuantificar los crímenes perpetrados contra ellas además de habilitar el reconocimiento de las particularidades que estos ilícitos contienen como expresión extrema de la violencia de género», explicó.

Otras condenas por travesticidio

Las anteriores condenas por travesticidio que tuvieron lugar en la Argentina fueron por los crímenes de Diana Sacayán, Marcela Chocobar, Evelyn Rojas y Melody Barrera.

La primera condena fue por el travesticidio de la activista Diana Sacayán el 18 de junio de 2018. Allí el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4 de la Capital Federal condenó a prisión perpetua a Gabriel David Marino.

Luego, la condena, también a perpetua, por homicidio calificado por odio a la identidad de género (transfemicidio) que recibió Oscar Biott en junio de 2019. El hombre estaba acusado junto a Angel Azzolini de asesinar a la joven trans Marcela Chocobar. La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces de la Cámara Criminal de Río Gallegos.

La tercera es reciente. El 17 de marzo de este año, el Tribunal Penal N°1 de Posadas condenó a Ramón Da Silva a prisión perpetua por homicidio por la relación de pareja, odio hacia su género y expresión, y por femicidio, tras el crimen de Evelyn Rojas.

En tanto, el 15 de septiembre de este año, un jurado popular en Mendoza condenó al ex oficial de la policía, Darío Jesús Chaves Rubio, a 27 años de cárcel por el transfemicidio de Melody Barrera.

Este año la Fundación Arcoíris cuenta con un registro de 44 crímenes por prejuicio cometidos contra personas debido a su identidad de género.

Los transfeminicidios de Britney y Jessica Zoé ocurrieron dentro de sus domicilios. De acuerdo con el informe Muertes violentas de personas LGBT+ en México, de Letra S el hogar de las víctimas es el segundo lugar donde más ocurren estás violencias: hay 14 registros en 2021. El 51% de los crímenes por prejuicio suceden en la vía pública.

Betty Castañeda fue encontrada en la carretera con huellas de tortura y herida de bala junto a otras dos personas en Michoacán el 18 de octubre en un ataque dentro del contexto de violencia generalizada que se vive en ese estado.

Jessica Zoé: “Rompía la calle con su sola presencia”

Jessica Zoe fue asesinada en su domicilio.

Jessica Zoé Vergara era una mujer trans muy conocida en su comunidad, noble y también una gran bailarina. Así la recuerdan amigos, familiares y vecines.

Miguel Ángel, vecino de Zoé, es drag queen desde hace poco. Conoció a Zoé cuando era chico y vio en ella un referente cuando se descubrió homosexual. Aunque no eran cercanos estimaba a Zoé.

“Con los gestos fuimos entendiendo que si no éramos amigos éramos aliados. Siempre que nos veíamos era bueno saber que no estábamos solos en el barrio. Me llenaba de coraje y valentía. Rompía la calle con su sola presencia”, dice a Presentes acerca de la visibilidad de Jessica como una mujer trans. Una visibilidad subversiva que impulsó la propia.

De acuerdo a la información disponible, Jessica Zoé fue asesinada dentro de su domicilio en Jardines de Morelos, Estado de México la noche del 20 de octubre. Los vecinos escucharon detonaciones y alertaron a elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito.

La policía capturó a Arturo N, de 26 años. El sujeto intentó huir del hogar de Jessica a bordo de su motocicleta y agredió con disparos a las autoridades. A pesar de la gravedad del suceso no se ha publicado ningún comunicado oficial sobre el caso.

El 22 de diciembre de 2021, Aldana estaba en la casa que compartía con su mamá en el norte de la ciudad de Santa Fe. Hacía unos meses que, mientras ejercía la prostitución, un cliente la había atropellado para no pagarle. Sufrió un golpe en la cabeza y otro en la pierna por lo que tuvo que ser operada, por lo cual a fines del año pasado todavía no se sentía bien e intentaba recuperarse.

Ese día llegó su hermano C.A.L. y discutieron. Según consta en la investigación, los sobrinos de ambos declararon en cámara gesell que el tío la golpeó con un palo en la cabeza y luego se fue. Cuando la mamá de ambos regresó, la mujer estaba tirada en el piso semi inconsciente y sin poder moverse pero ella no la atendió ni llamó a nadie para que la asistiera.  “La mujer es investigada porque, según el relato de testigos, permitió que su hija estuviera durante 48 horas tirada en el piso y sin posibilidad de levantarse sola”, explicó la fiscala Cecilia Minniti al momento de la imputación.

El 24 de diciembre, la hermana de Aldana fue a la casa a ver cómo estaba y la encontró en esa situación, así que la trasladó hasta el hospital. En el Cullen, la mujer relató que a Aldana la había atacado su hermano; sin embargo, el personal no dio aviso a la policía ni al Ministerio Público de la Acusación.

Pasaron 10 días sin que se buscara al responsable del ataque ni se realizaran las pericias que correspondían. El 3 de enero, Aldana sufrió una falla multiorgánica y murió. A partir de su fallecimiento se iniciaron las investigaciones pero su hermano estuvo prófugo hasta el jueves de la semana pasada cuando lo detuvieron en una avenida muy transitada del norte de la ciudad.

“Era lindo compartir con ella”

“Aldana era muy divertida, jodona, respetuosa. Era muy familiera…Nos veíamos de vez en cuando, porque cuando organizaba algún cumpleaños de la familia ella estaba. Era lindo compartir con ella, nunca estaba triste”, dice Marcela Lorenz, su prima, en diálogo con Presentes.

Marcela vio a Aldana “un par de días antes de las Fiestas”, en la avenida 12 de Octubre, de Santa Fe. “Habrán sido las 8 o 9 de la noche. Yo estaba haciendo mandados y ella estaba esperando el colectivo en la garita, espléndida. Solo nos saludamos”, cuenta sobre la última vez que se vieron.

En la causa

Esta semana, la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) de la Fiscalía Regional 1 de Santa Fe le atribuyó el delito de femicidio, en los tribunales de la capital provincial ante el juez José Luis García Troiano.

“La tarde en la que se produjo el ataque, el imputado y la víctima iniciaron una discusión, y él golpeó en la cabeza con un objeto contundente de madera”, relató la Fiscalía. “Como consecuencia de la agresión, Lorens sufrió la fractura de su cráneo”, se informó.

Soledad Mizerniuk y Victoria Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO, México. La noche del 9 de septiembre, Teresa Montaño, mujer trans de 22 años, fue asesinada en un hotel de Tecomán en Colima, suroeste de México.

Los colectivos y activistas LGBTI+ exigen justicia en redes sociales, en un contexto de violencia generalizada que dificulta el reclamo en las calles.

De acuerdo al reporte del periodista Roberto Macías, la noche del 9 de septiembre Teresa Montaño ingresó a un hotel junto a un hombre, de quien se desconoce su identidad, y quien después de una discusión salió del establecimiento.

“De manera extraoficial se dio a conocer que Teresa Montaño fue asesinada con arma blanca. El personal del hotel encontró a Teresa gravemente herida. Los servicios de emergencia se hicieron presentes en el lugar. Sin embargo, la mujer ya no tenía signos vitales”, menciona el reportero Macías.

El transfeminicidio de Teresa se suma al de Yaneth, también de 22 años, ocurrido el 3 de abril en la capital de Colima.

Ausencia de datos oficiales

Según las cifras recabadas por el observatorio de crímenes de odio de Letra Ese, de 2015 a 2021 en Colima se han cometido 12 asesinatos contra personas LGBTI+e éstos 10 fueron contra mujeres trans y cinco de ellos sucedieron en 2021.

En redes sociales, amistades, activistas y al menos dos colectivos LGBT+ del estado denunciaron el transfeminicidio de Teresa, manifestaron su indignación y exigen justicia.

“Es un golpe muy duro. Truncaron las metas, los sueños y apagaron la luz de una persona. No solo de la comunidad sino un ser humano como cualquier otro. Y de mi amiga, de una persona que era muy conocida aquí en Tecomán”, dijo a Presentes Alejandro Aviña, amigo de Teresa desde hace cinco años.

La Fiscalía del Estado de Colima no emitió mensajes al respecto de este crimen, tampoco la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

“Teresa se preocupó por salir adelante”

Teresa tenía dos empleos, por las tardes laboraba en un restaurante en la playa y por las noches ejercía el trabajo sexual.

“Era demasiado trabajadora, se preocupó mucho por salir adelante, siempre buscó su progreso. Pero aquí en Tecomán todavía hay mucha discriminación porqué o vienes con la estampa de una imagen varonil o no hay trabajo. Es una de las situaciones que orilló a Teresa al trabajo en las calles”, comentó a Presentes Alejandro Aviña.

Durante su vida, Teresa enfrentó discriminación en espacios laborales. Por eso, el trabajo sexual se volvió una fuente más de ingresos para ella y su familia. Se encargaba de cuidar y sostener a su madre.

“Como amigo lo que quiero es que esto no se deje pasar. Que se haga justicia, lo posible para encontrar a la persona que fue encargada de cometer este crimen tan fuerte. Tengo tristeza, coraje, sentimientos encontrados y tengo miedo. No por mí, por las demás chicas. Y que al estar una persona como la que mató a mi amiga pueda hacer lo mismo al día de mañana con alguna de aquí o algún otro lado”, agrega Aviña.

Teresa fue sepultada el domingo a mediodía. Sus amigues esperarán a que termine el novenario para “buscar una estrategia para que no quede en el olvido”.

“Exigir justicia, en medio de la violencia, es difícil”

A diferencia de otros estados del país, los colectivos LGBT+ de Colima temen salir a las calles para exigir justicia. La razón: la violencia generalizada en aumento.

Colima es uno de los estados en donde la violencia generalizada ha incrementado exponencialmente. En los últimos tres años es el estado con mayor número de víctimas de homicidio doloso.

Para dimensionarlo, de enero a julio de 2022, 524 personas fueron víctimas de homicidio doloso. De enero a diciembre de 2021 hubo 518 víctimas por el mismo delito, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Esta violencia generalizada se enmarca en un contexto donde se incrementó la cantidad de elementos de las fuerzas armadas en las calles. Y creció la ola de violencia generada por grupos del narcotráfico.

En ese contexto, los activistas LGBT+ se ven limitados a salir a las calles y exigir justicia. Marco Antonio Gaspar, promotor de derechos humanos y actual consejero en la Comisión de Derechos Humanos de Colima, explica a Presentes que “también hay un miedo a alzar la voz”.

“La violencia generalizada está fragmentando a las organizaciones civiles LGBT+y en este escenario se abona que la misma Fiscalía no reconoce los crímenes de odio, tampoco los feminicidios de mujeres trans. Lamentablemente solo nos dejan como recurso el delito de homicidio para poder castigar a los responsables pero tampoco ha ocurrido en veinte años. Hay una impunidad atroz y no hay recursos para la reconstrucción del tejido social. Exigir justicia, en medio de la violencia de género, del narco, es difícil”, explica en entrevista Marco Antonio Gaspar.

El colectivo Orgullo Disidente y la asociación Unidos por la Diversidad en el Valle de Tecomán fueron de los pocos colectivos locales que se pronunciaron al respecto. Desde redes sociales exigen que no haya impunidad y “un alto a la guerra en Colima”.

No se investigan los feminicidios de mujeres trans en Colima

Colima es de los pocos estados del país que cuenta con un protocolo de actuación sobre el delito de feminicidio, que incluye de manera explícita a las mujeres trans.

Allí se afirma que todo feminicidio se debe investigar “con perspectiva de género, enfoque diferencial y de derechos humanos”. Y se aplica “a todas las mujeres, incluyendo a las mujeres trans: trajovestis, transexuales y transgénero”.

Además, desde 2015 se contempla en el delito de homicidio las agravantes de “odio, rechazo o discriminación hacia la orientación sexual o identidad de género de la víctima”.

Para saber si en el transfeminicidio de Teresa Montaño se están siguiendo dichos protocolos Presentes llamó a la unidad de feminicidios pero nunca hubo respuestas. Y ante la ausencia de datos oficiales, se desconocen cuántas personas han sido detenidas y sentenciadas bajo estos delitos.

Desde la actual administración (noviembre de 2021) a cargo de la gobernadora Indira Vizcaíno, la Fiscalía de Colima no ha emitido carpetas de investigación por feminicidio.

Esto queda asentado en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en donde Colima registra cero feminicidios desde noviembre de 2021.

Sin embargo, las estadísticas en cuanto a homicidio doloso determina que de enero a julio de 2022, al menos 61 mujeres (sin específicar si se trata de mujeres cisgénero o trans) han sido víctimas de homicidios dolosos en el estado.

Esta disparidad en las cifras apunta a que ninguna muerte violenta de mujeres (trans y cis) en Colima se está investigando bajo el protocolo de feminicidio.

Fuernte Agencia Presentes

SANTA FE CIUDAD, Santa Fe. La referente trans de Santa Fe, Alejandra Ironici, fue asesinada en su casa –Pasaje Público 8133-, en el noroeste de la ciudad. Tenía 43 años y era la coordinadora del Movimiento por la Integración Social, Étnica y Religiosa (MISER) Santa Fe fue impulsora de importantes avances en derechos humanos para el colectivo trans travesti. Alejandra fue la primera en recibir su DNI con el cambio registral y en acceder a un puesto de docencia en el Estado santafesino, entre otras acciones.

Qué se sabe hasta ahora

Este domingo 21 de agosto, alrededor de las 23, el sobrino de Alejandra -que vive en la misma casa- regresó de trabajar, y al entrar había  fuego en el dormitorio. Al ingresar, según declaró ante la Policía, encontró a su tía con signos de quemaduras y en un charco de sangre. De inmediato llamó al 911.

Cuando los policías llegaron al lugar, confirmaron que la víctima se encontraba ya sin vida. Iniciaron el operativo para preservar el lugar del hecho y pidieron que asistan peritos y una unidad sanitaria (la cual nunca arribó).

Alejandra en una marcha de Ni una Menos en la Ciudad de Santa Fe. Al frente, Otilia Acuña, Madre de Plaza de Mayo (en marzo cumplió 102 años).

En la recorrida por la casa, el joven alertó a la Policía de que no se encontraría en la cochera el automóvil de su tía, el cual sería un FIAT PALIO COLOR GRIS, como así tampoco la pareja actual de Alejandra, con quien ella tendría una relación desde hace alrededor de cinco meses. Esta mañana, encontraron el auto de Alejandra en Padre Dusso al 7200 de la ciudad de Santa Fe. En el mismo lugar se detuvo también a una persona.

El detenido es un hombre de 32 años, cuyas iniciales son DHB. Era la actual pareja de Alejandra. La detención se produjo en una vivienda frente a la cual estaba el auto de la víctima.

El caso es investigado por la Brigada de Femicidios de Santa Fe, a cargo de la fiscala Alejandra Del Río Ayala. En las próximas horas, solicitará a la Oficina de Gestión Judicial que fije el día y hora para la realización de la audiencia imputativa del detenido.

En marzo de 2018, luego de dos transfemicidios perpetrados en la capital santafesina y zona -el de Adriana Cuqui Bonetto y el de Sol– fue Alejadra Ironici quien explicaba a Presentes: “La mayoría de las mujeres trans de la ciudad y sus alrededores viven solas y en zonas periféricas lo que profundiza su situación de vulnerabilidad”.

Una trans pionera en Santa Fe: “Orgullosa de lo que soy”

Victoria Alejandra Ironici tuvo muchos títulos. Su vida fue de lucha y, sobre todo, de logros. Fue la primera mujer trans en conseguir un DNI que respete su identidad, aún antes de que la ley garantizara ese derecho para todes. Si se empezaran a enumerar todas las acciones en las que ella fue pionera, la lista incluiría a todas las reivindicaciones logradas por el colectivo trans travesti de Santa Fe.

Alejandra Ironici, activista trans, hablando con los medios. Foto: Legislatura de Santa Fe

Su historia de lucha comienza a los 18 años, cuando la echaron de su casa por ser trans. Llegó desde Vera a Santa Fe capital para encontrar más oportunidades. En 2007, después de perder un trabajo, comenzó el camino administrativo para que la provincia de Santa Fe le reconociera su identidad.

En 2010, dos meses antes de que se sancionara la Ley de Identidad de Género, se realizó un acto en Casa de Gobierno. El entonces gobernador Antonio Bonfatti le entregó su partida de nacimiento y DNI rectificados.

“Empieza mi nueva vida. Voy a salir con la frente en alto,orgullosa de lo que soy. Sin tener que esconderme, porque no cometí ningún delito. Lo único que hice fue elegir una vida diferente. Eso implicó que se me niegue un montón de derechos”, dijo ese día en que comenzó a ser Victoria Alejandra Ironici. “Yo quería como tercer nombre Selenia pero va a tener que quedar como mi nombre artístico”, bromeó.

Ironici con el gobernador Antonio Bonfatti, al recibir su DNI rectificado en Santa Fe.

Ese día también contó sus próximos objetivos: conseguir un trabajo y realizarse una vaginoplastia. Cumplió con ambas metas y siguió abriendo caminos. En 2013, fue la primera mujer trans en realizarse el procedimiento quirúrgico a través de la obra social de la provincia y en un hospital de Buenos Aires.

Impulsora del cupo laboral travesti trans

Alejandra fue una gran impulsora del cupo trans travesti en distintos niveles del Estado y organismos nacionales. Estaba cursando la carrera de abogacía en la Universidad Nacional del Litoral, y fue una de las impulsoras del cupo en esa casa de altos estudios.

El 31 de mayo, en diálogo con Presentes para una nota sobre el cupo en las universidades argentinas, contaba: “A nivel social y cultural, nos posiciona de otra manera. La sociedad va a ver que queremos ir por más aceptación e inclusión y que la UNL dé el respaldo, a través de una resolución que es producto de nuestro proyecto y de la ley nacional”. Ese camino ya lo había recorrido con la lucha en la provincia y en la capital provincial.

Docente y activista: “El sistema educativo, con nosotras”

Ilustración. Alejandra la usaba como su foto de perfil.

El año pasado, Alejandra y Lucy Gimenez se convirtieron en las primeras docentes trans en acceder a dar clases como reemplazantes en escuelas secundarias de la ciudad. “Es la puerta fundamental de lo que veníamos peleando: el sistema educativo tenía que ser con nosotras. En ese proceso veníamos trabajando con Lucy para romper ese prejuicio social. Hoy nos toca hacerlo desde adentro de las escuelas, ya como docentes”, contó en esa oportunidad.

Ale fue una pionera. Abrió caminos para ella y para quienes vienen detrás. Cada día de su vida fue una lucha para romper la expectativa de vida de 40 años que tiene el colectivo. Sin embargo, no pudo y hoy su nombre está en el título de esa noticia de la cual hizo todo para escapar.

22 de agosto de 2022

Soledad Mizerniuk y Victoria Rodríguez

La Fiscalía Especializada en Investigación a Violaciones a los Derechos Humanos comunicó que apelará la resolución. “Personal técnico – jurídico de la Fiscalía, en coadyuvancia con la organización Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses (la organización fundada por Mireya), elaboran los agravios respectivos para que sea un Tribunal de Alzada quien revise dicha resolución”.

Foto: Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuense

Mireya era una mujer trans, trabajadora sexual y activista de Chihuahua, estado al norte de México. El 2 de septiembre de 2020 fue encontrada sin vida y con signos de violencia en su casa.

Las organizaciones que siguen de cerca el caso –Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses, el Consultorio Virtual Arturo Díaz Betancourt, la organización Letra S y el padre de Mireya rechazaron el veredicto. Denuncian que la y los jueces encargados del cuerpo colegiado del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua (TSJ), actuaron desde una visión sesgada, y expresaron que buscarán otras instancias de justicia.

El 8 de julio de 2022, los jueces Aram Delgado García y Ricardo Márquez Torres, y la jueza Lucero Moreno Navarrete del TSJ de Chihuahua pusieron en duda la última prueba de vida de Mireya. Así desestimaron más de 70 pruebas y pusieron en libertad al presunto asesino.

Primer transfeminicidio investigado “en razón de género”

“El 8 de julio esos tres jueces mataron nuevamente a mi hermana Mireya y a todas las personas trans de Chihuahua. Ese es el mensaje que mandan: que no valemos, como si fuéramos invisibles para la justicia, que cualquiera puede ser la siguiente y no pasa nada. El mensaje para las personas que sienten odio por nosotras es que no les pasa nada porque no se hace justicia”, dijo a Presentes, Mayte Gardea, activista, amiga de Mireya y actual presidenta de Unión y Fuerza Mujeres Trans Chihuahuenses.

Fue el primer proceso de justicia en México donde la identidad de género de una mujer trans asesinada se inscribió como parte de la investigación judicial. Nunca antes un hecho como este había sido calificado como “homicidio en razón de género”. Así lo hizo la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada de Chihuahua, días después del crimen. El 11 de septiembre de 2020, acusó por homicidio agravado por razón de género y robo con penalidad agravada al presunto responsable. Al acusado se le dictó prisión preventiva por dos años como medida cautelar.

Todo esto ocurrió tras denuncias y exigencias hechas en 2020 por activistas y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  a través de su oficina en México, también se sumó al reclamo de Justicia por el transfeminicidio de Mireya. Su muerte se inscribió en un contexto de altísima violencia letal hacia defensoras de ddhh como ella.

“A pesar de la relevancia del caso, ya que es el primer asesinato de una mujer trans en la entidad que se investigó con perspectiva de género, aún permean ciertos vicios en los organismos de impartición de justicia, al basar sus decisiones en perspectivas parciales, con presencia de ciertos prejuicios, que afectan directamente a la resolución final”, señalaron en un comunicado las organizaciones que acompañan el caso.

¿Quién era Mireya?

Foto: Cheros AC

“Mireya era una mujer trans fuerte, aguerrida. Ejercía el trabajo sexual y era defensora de derchos humanos. Mireya peleó por los derechos de las mujeres trans, y los y las trabajadores sexuales de Chihuahua. Logró que se quitara el ‘carnet de sanidad’ (recomendación 58/2016 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos), un carnet que no se trataba de sanidad sino de estigma, persecusión policial y discriminación a esta población”, recuerda Mayte Gardea en entrevista con Presentes.

Además, Mireya fue promotora del Fondo Mundial para la lucha contra el VIH/sida. Fundó la asociación Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses y organizó los primeros encuentros estatales de mujeres trans.

Qué se sabe del transfeminicidio de Mireya 

Mireya Rodriquez fue vista por última vez el 30 de agosto de 2020. El 2 de septiembre de ese año fue encontrada sin vida en su domicilio y su cuerpo presentaba signos de violencia. Además, su celular y su automóvil habían sido robados.

De acuerdo a la abogada de la familia de Mireya, Laura Hernández, la cronología de los hechos muestra inconsistencias entre las versiones de la Fiscalía y la defensa del acusado, lo que influyó en el órden de los eventos considerados por los jueces del Tribunal de Justicia.

La madrugada del 2 de septiembre de 2020, cuenta Laura Hernández, “compañeras trans y una vecina encuentran el cadáver de Mireya, llaman a la policía y en ese momento inician las investigaciones”.

El 11 de septiembre de 2020, como se mencionó, la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada de Chihuahua acusó por homicidio agravado por razón de género y robo con penalidad agravada al presunto responsable. Y se le dictó prisión preventiva.

El periodista Leonardo Bastida informó que la aprehensión del presunto responsable sucedió tras “haber encontrado en su domicilio, ropa con sangre, incluido un par de tenis, cuyas huellas fueron detectadas en el área de los hechos. Además de haber dado positivo en las pruebas de grafología”.

La abogada mencionó que el presunto asesino también robó y vendió el auto de Mireya después de que la asesinó. Además, tenía en su posesión el celular de la activista, pero no precisó si éstas pruebas fueron descartadas por los jueces del Tribunal.

Imprecisiones y pruebas descartadas

La abogada explicó: “El médico legista que realizó la necropsia a Mireya concluyó: ‘no se puede precisar con exactitud la fecha de la muerte, por diferentes factores, pudo ser en los últimos cinco días’. Pero el Tribunal encargado del caso, afirmó que Mireya ‘perdió la vida alrededor de las 8:00 am del 28 de agosto’. Sin embargo, se tienen pruebas de vida de Mireya de ese día y sábanas de comunicación de whatsapp”.

Además, comentó que en el expediente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua se recabaron 65 testimonios de los cuales los jueces solamente consideraron diez. Y hubo 75 pruebas documentales de las cuales solo se consideró una prueba.

“Pareciera que los jueces trataran de justificar su fallo en la sentencia, con prejuicios hacia Mireya y las mujeres trans”, dijo la abogada.  Añadió que dos de las principales pruebas que no consideraron los jueces en la sentencia fueron: la comunicación en whatsapp que Mireya mantuvo con sus compañeras y familiares durante el 28 y 29 de agosto de 2020. Y un peritaje de contexto que consideró la vulnerabilidad de las mujeres trans en Chihuahua y las violencias por prejuicio, con el fin de juzgar con enfoque diferenciado, perspectiva de derechos humanos y de género.

Los prejuicios de la y los jueces, las pruebas descartadas y la imprecisión sobre la fecha en que Mireya fue asesinada fueron las razones para que el TSJ de Chihuahua mantuviera impune el transfeminicidio de Mireya Rodriguez.

“Mireya fue revictimizada hasta después de su asesinato”

En México existe desde 2017 el protocolo nacional de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. No fue suficiente para garantizar justicia a Mireya Rodríguez.

Mayte Gardea dijo que “se suponía que las investigaciones iban a contar con perspectiva de derechos humanos, de género. No fue así. Al grado incluso que el día que dictaron sentencia, a mí y a la abogada nos tenían rodeada de gente de seguridad. Al transfeminicida no. Estamos en un estado con muchos prejuicios. Gadea advierte: su hermana Mireya “fue revictimizada hasta después de ser asesinada por esos tres jueces que son un peligro para las mujeres víctimas de feminicidios y transfeminicidios en Chihuahua”.  

Por su parte, la abogada Laura Hernandez señaló que la sentencia también tiene fallas de forma. La redacción de ésta revictimiza a Mireya, no así al acusado. 

“Se repiten muchísimos de los prejuicios que existen. Hay una violencia por prejuicio dentro de la misma redacción de la sentencia, por ejemplo ‘Mireya era robusta, tenía manos grandes, era agresiva”. Y por parte del indiciado dice ‘era deportista’, explica.

Con la resolución de la y los jueces, Mayte Gardea siente miedo y durante la llamada telefónica con Presentes, no pudo evitar recordar a Marisela Escobedo.

Marisela Escobedo era una mujer que buscó justicia por el feminicidio de su hija, Rubí Fraire Escobedo, joven de 16 años asesinada por su novio. Marisela comenzó una lucha por justicia y verdad, investigó por cuenta propia y a pesar de todas las pruebas presentadas los jueces absolvieron al hombre. Meses después, en 2010, Marisela fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. El autor intelectual del crimen fue el mismo hombre que había matado a su hija.

“Si no hubo justicia para Marisela, que fue asesinada frente a Palacio (de Gobierno), ¿qué nos espera a nosotras que somos mujeres trans cuando el transfeminicida está libre? Miedo, miedo e impunidad porque no hay justicia”, se sigue preguntando Mayte Gardea.

Impunidad y transfeminicidios: en alza

De acuerdo al observatorio de registro de crímenes de odio que realiza Letra S, de 2015 a 2021, al menos 28 mujeres trans fueron asesinadas en Chihuahua.

“La gran mayoría de los transfeminicidios sucedidos en Chihuahua han quedado en la impunidad. En la mayoría de los casos, no se identifica al asesino. A veces ni siquiera se identifica a la víctima, no se tiene contacto con la familia de la víctima. Cuando se identifica al asesino muchas veces no es detenido. Y cuando es detenido, como en el caso de Mireya Rodriguez, los jueces fallan a favor del presunto responsable y con una determinación absolutoria lo dejan el libertad”, explicó Alejandro Brito, director de Letra S, durante una conferencia de prensa.

Y agregó, “la impunidad en los transfeminicidios es muy cercana al cien por ciento. De ahí la rabia que sentimos por la liberación de este responsable. Para nosotros cumplía con todas las pruebas que acreditaban que esta persona fue quien le quitó al vida a nuestra compañera“, concluyó Brito.

Solicitan medidas de seguridad y apelación

Tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia, la abogada solicitó medidas de seguridad a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para las personas que fueron testigas protegidas durante las investigaciones.

Además, la Fiscalía Especializada en Investigación a Violaciones a los Derechos Humanos comunicó que apelará la resolución emitida por el Tribunal. Y junto a Unión y Fuerza de Mujeres Trans, elaboran los agravios cometidos “tras el fallo absolutorio de Iván Arturo G. P. quien, de acuerdo con el órgano técnico, es probable responsable del homicidio de la activista, Mireya R. L”.

“Lo que queremos es Justicia”

Mayte Gardea comentó que agotarán todas las instancias de justicia que sean posibles a nivel estatal y federal como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso reclamar en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.  «Estamos en un momento de hartazgo. Lo que queremos es Justicia y que seamos acreedoras de la misma”, comentó.

Habló de fortalecer el trabajo comunitario con mujeres trans y trabajadoras sexuales en Chihuahua, con información sobre justicia y prevención, sobre cómo denunciar y qué hacer en caso de encontrarse en una situación de riesgo.

“A falta de sensibilidad por parte de las autoridades, a falta de justicia, lo que nos queda es el trabajo comunitario. Pero también, no te voy a mentir, hay sentimientos encontrados. Veo un futuro de lucha incansable. Sobre todo porque (en Chihuahua) estamos en un momento de crisis para todos, todes y todas las defensoras de derechos humanos”, concluyó.

“Me quitaron a una hija, espero hagan valer la vida humana”

El caso de Mireya Rodriguez pudo ser un parteaguas para el derecho de acceso a la justicia de las mujeres trans a nivel local y nacional, al ser el primer caso que fue judicializado en donde se consideró la identidad de género de una mujer trans.

Además de ser el primer caso en que se reconoció, al menos desde la Fiscalía, la identidad de género de Mireya ante la Justicia, para la abogada “es un caso paradigmático”. También fue la primera vez se catalogó como testigas protegidas a mujeres trans que brindaron sus testimonios durante las investigaciones. Y porque el padre de Mireya permanece presente en el pedido de justicia por el transfeminicidio de su hija; algo que la activista Mayte Gardea considera inusual.

”Tener el apoyo (familiar) después de asesinadas no es lo común para la mayoría de las mujeres trans”, dice.

En ese sentido, el papá de Mireya, Jesús Rodriguez, dijo en conferencia de prensa: “Lo que yo quisiera es que se le hiciera justicia. Cuando se cometió el crimen no solo me quitaron una hija, me quitaron mi salud. Espero que este mensaje les llegue a todos y que lo escuchen los jueces honestos y hagan valer la vida humana”.

El 8 de julio, la asociación Unión Diversa de Jalisco (UDJ) reportó un transfeminicidio en la colonia Prados Providencia en la ciudad de Guadalajara. La Fiscalía de Justicia del Estado de Jalisco informó que “una mujer trans perdió la vida (…) la víctima aparentemente presenta huellas de violencia”. Los activismos exigen se investigue bajo el protocolo de feminicidio. Desde la Justicia no quisieron dar a Presentes datos sobre la identidad de la víctima.

La Fiscalía informó en un boletín de prensa que la investigación está a cargo de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos por Diversidad Sexual de la Fiscalía Especial en Derechos Humanos.

De acuerdo a la Fiscalía, se hizo un reporte inicial alrededor de las 9:35 horas del 7 de julio y fueron policías y paramédicos del servicio municipal quienes encontraron a “una mujer trans dentro de una vivienda ubicada en la calle Bonifacio Andrada”. 

“Nos hace ruido que la propia Fiscalía, al informar que se encontraron con rasgos de violencia, diga con todas sus letras que ‘perdió la vida’. No se pierde la vida, te la arrebatan, y en Jalisco particularmente las mujeres trans son las que más viven violencia. Por eso exigimos que en este se crimen se aplique el protocolo de feminicidio y la perspectiva de diversidad sexual, más aún cuando la misma Fiscalía de la Diversidad Sexual supervisa el caso”, comentó a Presentes, Fascinación Jiménez, directora de UDJ.

Se desconoce su identidad

El medio local Guardia Nocturna informó que la edad de la mujer ronda entre los 40 y 45 años, un dato que Presentes no puede corroborar ya que en comunicación con la Fiscalía reservaron esa información.

En esa misma comunicación entre Presentes y la Fiscalía, la autoridad afirmó que “sí se está aplicando el Protocolos Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia en los Casos que Involucra la Orientación Sexual o la Identidad de Género y el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio con Perspectiva de Género”.

Además, el medio local Guardia Nocturna reportó que “fue la madre que, al ingresar al departamento ubicado en José Bonifacio Andrada, encontró a su (hija) inconsciente en una de las habitaciones. Llamó entonces a los servicios médicos quienes acudieron al domicilio acompañados de policías municipales, quienes aseguraron la zona para la preservación de la escena criminal”.

“Hay un odio desmedido, sobre todo contra las mujeres trans en Jalisco”

“No hay acciones que garanticen la seguridad y la justicia a las personas LGBT en el estado. Existe la Dirección de Diversidad Sexual pero no se han visto avances. No hay acciones, y a pesar de que existen leyes contra la violencia hacia las mujeres y tenemos una Alerta por Violencia de Género, no se contempla a las mujeres trans. Hay un odio desmedido, sobre todo contra las mujeres trans en Jalisco”, señala Fascinación Jimenez en entrevista con Presentes.

De acuerdo a datos de la organización Letra Ese, de 2015 a junio de 2021 se han cometido al menos 18 crímenes de odio contra personas LGBTI+ en Jalisco.

Según Fascinación Jiménez, la crisis de desaparición de personas en Jalisco también está  afectando a las mujeres trans.

“Son las mujeres trans las más vulnerables, al menos nosotras sabemos de al menos cinco chicas trans desaparecidas, además de Karla y Kenya (mujeres trans desaparecidas desde el 18 de septiembre de 2020). El dato puede ser mayor debido a que, o no se denuncia o las familias no lo visibilizan; o las autoridades no respetan y no contemplan su identidad como un dato relevante en la ficha de desaparición. Al final no sabemos si las están buscando”, agregó Jiménez.

Al momento la Dirección de Diversidad Sexual del Estado de Jalisco no se ha pronunciado al respecto.

Fuente Agencia Presentes

Policías de San Isidro hallaron el jueves 13 de enero a una mujer trans de 46 años y apellido Giacobbi asesinada a cuchilladas en una vivienda de la localidad de Beccar, en el partido de San Isidro de la provincia de Buenos Aires, según informó el parte policial del distrito.

Tras tres días sin tener conocimiento del paradero de la mujer y alarmades por un “fuerte olor”, vecines de la zona dieron aviso a la policía. Al llegar a la casa ubicada en calle América al 2400, entre Gobernador Udaondo y Padre Acevedo, encontró su cadáver y pisadas con manchas de sangre.

La investigación sobre el caso la lleva adelante personal de la fiscalía en turno del Departamento Judicial San Isidro, a cargo de la fiscal Carolina Asprella.

Qué se sabe del caso

El cuerpo de la mujer fue examinado por médicos forenses que constataron que la muerte ocurrió entre 36 y 48 horas antes del momento en el que fue descubierto el cuerpo.

“Es como que la sociedad argentina no registra el travesticidio y el transfemicidio. No hay forma. Solamente la comunidad LGBTIQ+ le da cierto valor. La travesticidad siempre queda en el último escalón”, dijo a Presentes Marcela Tobbaldi, presidenta de la Asociación Civil La Rosa Naranja.

Para ella, “la violencia que existe por parte de los masculinos es muy fuerte” y considera que “el crimen de Beccar es un crimen de odio”.

Según el registro que lleva adelante La Rosa Naranja desde hace cinco años en todo el país, el año pasado hubo 67 muertes de mujeres trans, travestis y transgénero, y 4 de varones trans. De elles, 10 fueron asesinadas.

Una violencia que no desciende

El segundo transfemicidio del 2022 ocurrió con una diferencia menor a una semana del anterior, el de Aldana Lorenz, una mujer trans de 35 años. En este panorama, ya ocurrió el 20 por ciento de los crímenes hacia mujeres trans y travestis que tuvieron lugar el año pasado.

En lo que va del año, la asociación registró ocho muertes de compañeras travestis y trans por travesticidio o transfemicidio social -es decir, aquellas que se encuentran vinculadas al abandono estatal, judicial y social- y dos asesinatos.

“Es una aberración que nos sigan matando de esa manera. Esto nos afecta a todas”, dijo Erika Moreno, referenta de la Red Diversa Positiva de la provincia de Tierra del Fuego.

Sobre esto, amplió: “La comunidad travesti trans siempre somos las personas relegadas, sudacas, que no tenemos realmente oportunidades. Algunas tenemos posibilidades, otras muchas no. Las adultas mayores viven en situaciones paupérrimas, donde estamos carentes de un montón de cosas”.

Por eso, concluyó: “Necesitamos urgentemente una reparación histórica, una indemnización, que se nos tenga en cuenta realmente”.

Fuente Agencia Presentes

Natalia Lane fue acuchillada en la nuca, recibió un navajazo en una mejilla y una herida en la mano mientras en una habitación del hotel Diana, ubicado en calzada de Tlalpan, al sur de la ciudad.

“Estoy sangrando mucho (…) me acuchillaron en la nuca y me estoy sintiendo muy mal. Por favor, a la Fiscalía de Feminicidios que me ayude y a las instancias de justicia”, narró mientras iba a bordo de una ambulancia.

Tras el ataque personas y organizaciones LGBT+ repudiaron el hecho. La activista trans Rocío Suárez, directora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT) manifestó que “Natalia está estable y bajo observación. Tiene ya la atención médica y legal”.

Demandas al gobierno

Desde el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBTI+ exigen “puntual y expedita investigación para alcanzar la justicia” y demandan acciones al gobierno de la ciudad para “acabar con el clima de violencia que pone en riesgo nuestra integridad y nuestras vidas”.

Denunciamos los actos de violencia había la compañera activista @natalia_lane.

Demandamos a la Ciudad de México acabar con este clima de violencia que pone en riesgo nuestra integridad y nuestras vidas. @GobCDMX @FiscaliaCDMX @COPRED_CDMX pic.twitter.com/zZt5Tb7VfZ

— @ObservatorioCrimenesLGBT (@ObservatorioCr3) January 16, 2022

Ademas, autoridades de la Ciudad de México comunicaron que ya se solicitó apoyo de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) y de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos.

La Directora General Atención a Víctimas del Delito, Nahyeli Ortiz Quintero, notificó que se abrirá carpeta de investigación.

Natalia Lane es una activista trans de la Ciudad de México que se dedica a defender los derechos humanos de los y las trabajadoras sexuales, y las poblaciones trans. Es coordinadora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, asambleísta consultiva del Copred y recientemente fue electa para formar parte del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México.

Sin embargo, ni la policía ni el Ministerio Público de la Acusación (MPA) tomaron conocimiento del hecho –pese a que el caso fue relatado por los medios locales– hasta este lunes cuando la joven trans falleció. Recién 10 días después del ataque, comenzó la investigación.

Aldana tenía 35 años, ejercía la prostitución pero también se las rebuscaba llevando cosas a un trueque. Quienes la conocieron recuerdan que le gustaba mucho maquillarse y, cuando podía, juntaba algunos pesos para comprarse algo nuevo. “Yo la conocí por el año 99. Era una chica muy linda y llena de sueños, como todas nosotras  cuando somos chicas. Después el tiempo nos va cambiando”, lamenta Priscila Martínez, militante trans.

Y agrega: “La vi atravesar cosas muy difíciles que la fueron cambiando. Ella tuvo problemas y muchas veces se quedó en mi casa. Pero lo que hay que decir es que fue una persona con sueños truncados. Creo que lo que le tocó vivir (antes del crimen) es por la falta de contención familiar, del Estado y la expulsión real que sentimos en el estudio, en lo laboral. De no ser capaces de vivir otra vida y de tener que adaptarnos a lo que tenemos. Yo la recuerdo como una persona llena de sueños que la vida le fue truncando”.

No fue sólo un golpe

Hace unos meses, mientras ejercía la prostitución, un hombre la embistió con su moto después de no querer pagarle. No podía identificar al agresor, así que no realizó la denuncia.

Del ataque le quedaron varias secuelas que le impidieron seguir con sus actividades. Tenía un golpe fuerte en la pierna que le seguía molestando y mareos producto del golpe en la cabeza.

Tenía que tratarse pero aún no le habían dicho cuándo en el hospital, según contó a sus conocidos. Quería volver a trabajar para ayudar un poco a su mamá con quien vivía y sobrevivía con una asistencia del municipio.

Los pocos datos del caso

Por lo que se pudo reconstruir, el 24 de diciembre a la hora de la siesta tuvo una discusión con su hermano en la casa de su mamá, en barrio La Ranita, y él la habría golpeado con un elemento cortante en la cabeza.

Tuvo fractura de cráneo y eso agravó el problema que ella tenía, por lo que la llevaron al hospital Iturraspe. De allí se decidió derivarla al José María Cullen.

En el hospital fue intervenida y quedó en terapia, sin recibir visitas, hasta que el lunes falleció. Recién cuando se conoció su muerte se dio intervención a la policía y se notificó al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Habían pasado 10 días que hubieran sido claves para esclarecer el hecho y detener al agresor.

El martes se tomaron las primeras declaraciones a los familiares de Aldana y el jueves se realizaron dos allanamientos. Uno en la casa del hermano de la víctima, a quien se busca como presunto autor del ataque y que está prófugo; y otro en la casa de la mamá de Aldana, donde ocurrió la agresión. 

Fuentes de la investigación confirmaron a Presentes que se secuestraron elementos de valor para comprobar los hechos y que, en el lugar, se notificó a la madre de la joven fallecida a quien se le atribuye “la presunta autoría del delito de abandono de persona”.

El 24 de dic. de 2021 ingresa al Hospital Cullen de Santa Fe la compañera Aldana Lorenz con un fuerte traumatismo de cráneo. Después de 10 dias agonizando muere y recién ahí le dieron intervención a la policía. @MinSaludSantaFe la comunidad trans de Santa Fe necesita respuestas

— Pamela Rocchi (@pamela_rocchi) January 4, 2022

La soledad de la pandemia

Alejandra Ironici, referente de Miser Santa Fe (Movimiento de Integración Sexual, Étnica y Religiosa), explicó a Presentes que, más allá de las características individuales de este crimen, hay que prestar atención al impacto que la pandemia tuvo en las personas trans y travestis.

“Creo que la pandemia terminó de destruir a la comunidad trans. Nos encerró en una cárcel propia en donde a las compañeras, que ya venían mal, se les suma la falta de empleo, la inflación y el no saber dónde vivir. La soledad de la pandemia terminó de refundir y matar a toda la comunidad trans travesti”, enfatiza Ironici.

Además remarcó la falta de respuestas sobre por qué se demoró la comunicación con la policía y el MPA, razón por la cual el martes a las 11 varias organizaciones se convocarán en la puerta del hospital José María Cullen para reclamar que se investigue y se sancione a las personas responsables. Desde el MPA remarcaron que esa situación no es motivo de investigación por el momento porque se considera una cuestión administrativa.

“Invitamos a todas las organizaciones de diversidad y a la sociedad a convocarse en la puerta del hospital. Queremos solicitar hablar con el director del hospital, queremos conocer por qué se actuó como se hizo y por qué no se cumplieron los protocolos”, destacó Ironici.

Principales hallazgos de nuestra investigación

• A finales de 2021, sólo uno de estos crímenes perpetrados en 2020 llegó a juicio oral. Y terminó con la absolución del imputado.

• Otras causas fueron elevadas a juicio, pero de eso ya hace más de siete meses,y aún no hay novedades.

• La mayoría de los crímenes ocurrieron en Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. El promedio de edad de las víctimas es de 37 años y casi todas eran trabajadoras sexuales.

“El hecho de que la mayoría de las víctimas de transfemicidios fueran trabajadoras sexuales (o personas en situación de prostitución) está señalando un elemento más de vulnerabilidad de las víctimas, la situación de desprotección de la trabajadora sexual”, dice a Presentes la abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse, la primera en concursar como candidata a jueza de Familia en la provincia de Neuquén. Cabe aclarar que para muchas personas trans esto no es una elección sino un modo de subsistencia.

• En la mayoría de los casos judicializados hay personas detenidas por el crimen: todos son varones de entre 20 y 40 años.

“Llegar antes de un transfemicidio o un femicidio es muy difícil porque la conducta humana es impredecible, no se puede encerrar a las personas por peligrosidad. La cuestión no viene solo desde el derecho. Es principalmente cultural”, explica. Y agrega: “¿Qué tiene que hacer el Estado? Colaborar con deconstruir 5000 o 7000 años de patriarcado”.

• Dos de las causas de trans/travestis asesinadas en Argentina en 2020 se investigan como travesticidio, otra como femicidio, y una más se investigó como crimen de odio. El resto llevan la carátula de homicidio.

Para Ricardo Vallarino, director ejecutivo de 100% Diversidad y Derechos, es necesario que en la investigación y la determinación de responsabilidades se incorpore la figura de odio a la identidad de género. “Que se caratulen por lo tanto como transfemicidios y travesticidio. Y que en concordancia se considere todo el contexto de violencia y exclusión de las personas trans”.

De estas volencias extremas del año 2020, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) sólo interviene en una causa judicial. Para que lo haga en Ciudad de Buenos Aires, la fiscalía que investiga debe pedir colaboración o por alguna medida puntual o para asistencia en la instancia de juicio oral. Otra opción es que la fiscalía delegue la causa a la Unidad.

“Para el resto del país podemos intervenir en delitos federales con alguna manifestación de violencia de género. Es decir que en femicidios, salvo que sea en el marco de una causa federal, no seríamos competentes en el resto del país”, explicaron a Presentes desde la UFEM.

Quiénes eran, qué pasó y qué hace (o no) la Justicia

Roberta Carabajal: dos detenidos, a juicio y sin fecha

El 1 de febrero de 2020, Roberta Carabajal fue asesinada de cuatro puñaladas en 1 y 62, una esquina de La Plata, provincia de Buenos Aires, donde paran las chicas en situación de prostitución. Roberta tenía 45 años. Después del ataque, sus compañeras la llevaron al Hospital San Martín, donde falleció horas después.

Casi diez meses después, el 3 de noviembre, la investigación se cerró. Dos hermanos -Ignacio y Julián Garay, de 26 y 23 años- fueron detenidos por “homicidio doblemente agravado por premeditación y criminis causa en concurso real y robo calificado por empleo de arma blanca”. 

La investigación estuvo a cargo del fiscal de turno, Juan Cruz Condomi Alcorta, titular de la UFI 16. Al principio, pidió el registro de las cámaras de seguridad de la zona y pudo identificar a un vehículo Chevrolet Corsa blanco en el lugar. De acuerdo a testigxs consultados por la agencia Sudaka en esos días, dos hombres habían estado rondando y molestando a las chicas y preguntando por Roberta.

En la investigación también se sumó el testimonio de una joven de 23 años que dijo haber presenciado el hecho. “La maté. La maté. Mirá dónde se lo enterré”. Eso, dijo la testigo que le contó su novio cuando se subió al auto. Su novio era uno de los asesinos.

Los hermanos que mataron a Roberta son de Berisso, una ciudad vecina de La Plata. Dos datos ayudaron a dar con ellos: ropa manchada con sangre y el auto, que apareció en las cercanías de donde viven familiares de los detenidos. Según medios locales, uno de los asesinos había salido de la cárcel con libertad condicional hacía poco tiempo.

“La causa está elevada a juicio. No tiene fecha todavía. Ahora depende del Juzgado de Garantías 2. Están detenidos los dos imputados. Yo me opuse a cualquier tipo de morigeración”, explicó a Presentes el fiscal Condomí Alcorta.

Karly Sasha Palomino: a juicio pero sin fecha

Karly Sasha Chinina Palomino había nacido el 20 de mayo de 1988 en Perú, y era trabajadora sexual. En la madrugada del 5 de marzo de 2020 fue asesinada en la calle en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires.

En la causa judicial donde se investigó su muerte no se respeta su identidad de género: la llaman por su nombre asignado al nacer. Sin embargo, es la única que lleva la palabra “femicidio” en la carátula: “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por mediar violencia de género por ser hecho contra una mujer”.

Aquella noche, cerca de las 2.30 de la mañana, la policía de la comisaría Ciudadela Sur la encontró tirada en avenida Rivadavia y Granaderos, cerca de un paso nivel del tren. Pero dijeron que todavía no sabían quién era: no llevaba ningún documento con su nombre. Le hicieron pericias con las huellas dactilares. Sus compañeras la reconocieron: era Chinina, ellas no tenían dudas.

Algunas personas dijeron que llegaron a ver a dos hombres alejándose a las corridas por la zona de las vías. La Fiscalía Nº 5 de San Martín intervino en la escena del crimen.

De acuerdo con lo que informó Fiscalía General de la provincia a Presentes, hay un detenido. Se llama Santos Diego Chavarría Condomí. El hombre, oriundo de Bolivia, le disparó a Chinina esa madrugada.

La investigación dio con él a los pocos días, y en este momento está preso, con prisión preventiva firme. La autopsia dice que la muerte se dio a causa de un paro cardíaco traumático por compromiso de órgano noble, que fue el pulmón, por herida de proyectil de arma de fuego.

La causa fue derivada a juicio el 22 de abril de 2021: un año y tres meses después de su muerte. Casi ocho meses después de la elevación a juicio, aún no hay fecha para que se realice.

El juicio lo llevará adelante el Tribunal Oral Criminal n° 2 de San Martín. La causa lleva el número 5068. Pero todavía no hay fecha estipulada, según confirmaron fuentes de dicho Tribunal a Presentes.

Vanesa Solorzano: a juicio por odio a la identidad de género

Vanesa Solorzano tenía 20 años y sobrevivía ejerciencia trabajo sexual/prostitución en San Miguel de Tucumán. En las primeras horas de la mañana del 11 de agosto de 2020 un vecino de la zona sur de la capital tucumana encontró su cuerpo violentado y sin vida. Horas más tarde, los oficiales que investigaban el homicidio hallaron el arma que se cree se utilizó para asesinar a Vanesa, un cuchillo de carnicero.

Los medios locales cubrieron el hecho mencionando que había sido un intento de robo pero la investigación descartó esta hipótesis estigmatizante, que indignó a familiares y amigues.

Se identificó y detuvo a Daniel Alejandro Díaz, un taxista de 30 años, a quien se señaló como el responsable de la muerte de la joven trans. Se hallaron las llaves del auto, el arma, se verificaron los datos del GPS del taxi y se encontraron manchas, presumiblemente de sangre, en el interior del vehículo. Además, se revisaron las cámaras de seguridad de la zona, lo que comprometió la situación del detenido.

En diciembre, tras cuatro meses de investigación, la Unidad Fiscal de Homicidios, a cargo de Carlos Sale, solicitó la elevación a juicio de la causa.

Díaz será el primero en afrontar un juicio por homicidio agravado por el odio a la identidad de género en Tucumán. La causa por el transfemicidio de Vanesa tiene como carátula “homicidio” y desde el 19 de octubre se elevó a la Sala I de la Cámara Conclusional de homicidios a la espera del juicio.

Melody Barrera: un policía detenido y primer juicio por jurados por travesticidio

Melody Barrera tenía 27 años y en la madrugada del sábado 29 de agosto de 2020 fue encontrada muerta con al menos seis disparos, en una de las “zonas rojas” del Gran Mendoza, un espacio urbano y poblado en la intersección de Costanera y Correa Saá en la zona oeste.

Del análisis de las cámaras de seguridad y de las primeras pericias pudo reconstruirse que los disparos fueron hechos desde la ventanilla de un automóvil por un varón que se dio a la fuga. La mayoría de los impactos de bala fueron en el tórax por lo que su muerte fue inmediata. Por este hecho detuvieron a Darío Jesús Chavez, auxiliar principal de la Comisaría 34 del barrio Bancario de Godoy Cruz.

El acusado enfrenta cargos por homicidio por odio a la expresión de género, agravado por su condición de efectivo policial, por el uso de arma de fuego, y agravado ahora por alevosía.

La causa, caratulada como “travesticidio”, tendrá el año próximo requerimiento de elevación a juicio y meses después se definirá fecha.

Viviana Bergel, abogada de la querella, dice a Presentes: “Va a ser un juicio por jurados. En la instrucción nosotros tratamos de que el caso quede lo más completo posible, con perspectiva de género, teniendo en cuenta todas las agravantes que tienen que ver con el odio por la identidad de género y todo lo que podamos aportar en relación a eso. Va a ser el primer juicio por jurados por crimen de odio por identidad de género en Mendoza”.

Para Bergel la investigación está “bastante bien”. Y agrega: “Los medios hablan de travesticidio y eso tiene que ver con todo el trabajo que estamos haciendo en la causa como querellantes. Es un trabajo que hicimos en conjunto con las organizaciones LGBTI para que nos pudieran acompañar. Cuando tenés el acompañamiento de las organizaciones es otra cosa y ayuda a visibilizar. En cada situación en la que se puede se pide justicia por Melody”.

Priscila Ponce Nieto: a juicio, sin fecha ni perspectiva de géneros

Priscila tenía 33 años y fue apuñalada el 14 de septiembre de 2020 en Zavaleta, un barrio de la Ciudad de Buenos Aires. A los pocos días, la organización villera La Garganta Poderosa publicó un tuit pidiendo justicia por su muerte.

Georgina Orellano, secretaria General en AMMAR (Sindicato de trabajadorxs sexuales de Argentina) escribió en su Facebook: “Despertarte con el celular estallado de mensajes. Otra vez. Una trans menos. Otra vez y de la forma más brutal”

“”La Michu del Santa Cruz” así la conocíamos, el Santa Cruz era el hotel donde vivía y se tuvo que ir porque no podía seguir pagando su habitación. La Michu que paraba por Salta, que siempre andaba con su inseparable amiga Lala, no tiene familia acá, están en Perú, su familia son sus amigas y compañeras que hoy la lloran y piden justicia. No se merecía ese final, no se merecía tanta saña y crueldad”, escribió Orellano. La hermana de Priscila autorizó a las amigas para poder reclamar el cuerpo y despedirla.

El crimen fue investigado por la fiscalía nacional n°30, a cargo de la Dra. Marcela Sánchez.

El Juzgado Criminal y Correccional n°30 confirmó a Presentes que la causa fue elevada a juicio el 25 de junio de 2021. Ahora quien debe poner fecha es el Tribunal Oral Criminal n°22. El imputado es Piero Lucero Rodríguez, y el delito: homicidio agravado por ensañamiento.

Francesca Cornejo: aún no se sabe qué pasó

A Francesca Cornejo la encontró muerta un familiar en la noche del sábado 26 de septiembre de 2020. Estaba en su casa, en el barrio Parque Liceo 1° Sección, en ciudad de Córdoba, tirada en el piso de la habitación a un costado de la cama, atada de pies y manos. Francesca tenía 63 años, vivía sola, padecía algunos problemas de salud y estaba en situación de pobreza, agravada por el aislamiento por la pandemia de covid.

Como la vivienda se hallaba desordenada, esto hizo presumir a la fiscal de instrucción, Patricia García Ramirez, quien lleva adelante la investigación, de que fue víctima de un robo. A simple vista no presentaba heridas visibles.

Actualmente, la causa continúa en estado de investigación en el Distrito 3 turno 5 de Ciudad de Córdoba:“actuaciones labradas por la muerte de Francesca Cornejo”. Fuentes del Ministerio Público Fiscal cordobés indican que se hizo un informe pericial pero no se pudo constatar si el móvil fue robo o por odio, ni tampoco sospechoso alguno.

Alejandra Benitez «La Power»: un crimen impune

A Alejandra Benítez la asesinaron a balazos por la espalda el 5 de noviembre del 2020 en la vereda del lugar donde vivía, en San Miguel de Tucumán. “La Power” tenía 34 años y, como la mayoría de las mujeres trans, ejercía el trabajo sexual para sobrevivir. Su transfemicidio fue el segundo en la provincia durante el aislamiento por la pandemia de covid. Sus amigas la recuerdan divertida, alegre, solidaria y comprometida.

Al momento del hecho, Alejandra se encontraba con su amigo, Diego Mercado, en la vereda de su casa, una especie de complejo habitacional donde la mayoría de las personas que alquilan son trans. Mercado se convirtió en el principal testigo y también en víctima.

En sus primeras declaraciones describió que un hombre, quien luego fue identificado como Ricardo Puenzo, se bajó de una motocicleta, discutió con la Power, sacó un arma y le disparó cuando ella ya se había dado vuelta. Mercado intentó correr hacia el interior del complejo y recibió cuatro disparos que lo hirieron. Como quedó tendido, el sospechoso lo dio por muerto y huyó.

Casi siete meses después, el 31 de mayo de 2021, inició el juicio contra Ricardo Horacio Puenzo, el único imputado que enfrentaba una pena de prisión perpetua. En los alegatos de apertura, Carlos Sale, el fiscal, mencionó el compromiso por concientizar a la población de que Alejandra pertenecía a un colectivo de riesgo.

“Ese colectivo pasa momentos difíciles y el Estado ha tomado cartas en el asunto, ha concientizado y exige a todos los empleados públicos de los tres poderes concientizarse respecto de la perspectiva de género que tenemos que tener en nuestras vidas. El Estado se ha aggiornado permitiendo el derecho al cambio del nombre, a una tutela judicial efectiva, a la identidad de género autopercibida. A pesar de todo este esfuerzo, lamentablemente Alejandra llegó a formar un número más dentro de la lista de violencia machista”.

Pero  Puenzo fue absuelto en un fallo unánime por el tribunal compuesto por la jueza María Balcazar, el juez Rafael Marorito y la jueza Isabel Menéndez, porque Mercado cambió su relato durante el juicio y puso en dudas toda la hipótesis de la fiscalía y de la querella. El tribunal sostuvo que la investigación había sido deficiente, y el crimen quedó impune.

Carlos Garmendia, abogado de la querella, dijo a Presentes: “Hemos planteado el último recurso que nos queda acá en Tucumán, un recurso extraordinario, que es una audiencia que se tiene que realizar en presencia de la corte tucumana para que revise la sentencia Estamos a la espera de que nos notifiquen de cuándo va a ser esa audiencia a ver si la corte revierte la situación. La sentencia de Cámara nos ha rechazado la apelación”.

Garmendia describe nuevamente los hechos para demostrar que la investigación no pudo haber sido considerada deficiente: “En el momento en que sucede el episodio había tres personas. Alejandra, su amigo, Mercado, con quien estaba tomando cerveza y el homicida, quien saca el arma y le dispara a ambos. El único que ve esto es Mercado y durante la investigación, en la declaración que le da al fiscal, si bien nunca dice “Puenzo ha sido quien hizo los disparos”, claramente no hay nadie más presente. Pero en el juicio, Mercado introduce que él ha escuchado otras voces, lo dice de una manera no directa. Entonces quedó absolutamente claro que algo sucedió para que en el juicio mienta”. Puenzo nunca declaró.

“La revisión que hemos pedido está en manos de la Corte y estamos esperando que nos notifique de cuándo va a ser la audiencia”, finaliza Garmendia.

Alejandra Salazar Villa: a juicio por odio a la identidad de género pero sin fecha

A Alejandra, primero, la presintieron muerta. Antes que nadie supiera, sus vecines llamaron a la policía para avisar que había un olor raro en el pasillo del edificio de avenida Corrientes al 2200, en el barrio porteño de Once. Cuando efectivos de la División Sumarios y Brigadas de Prevención de la Comisaría Comunal 3 de la Policía de la Ciudad entraron al departamento, la encontraron.

Alejandra Salazar Villa vivía sola, era peruana, tenía 54 años y había sido asfixiada. Eso lo sabrían después, por la autopsia. Al principio, lo que vieron ese día fue una mujer desnuda tirada en el piso con una bolsa negra en la cabeza. La misma bolsa que su asesino había cargado una semana antes con manzanas.

La puerta del departamento no estaba forzada, pero el lugar estaba completamente revuelto. La investigación entonces, a cargo del fiscal Ignacio Mahiques de la Fiscalía Criminal y Correccional Nº35, apuntaba también a un posible robo.

Las cámaras de seguridad fueron la clave. Un hombre la había acompañado con una bolsa negra con manzanas hasta su casa la semana anterior. Minutos después se lo ve saliendo del edificio con un televisor. Afuera lo esperaba su tío. Se fueron en taxi, vendieron el televisor.

La policía no tardó en llegar a ellos. Dos semanas después Rodrigo Keilis -el homicida-, de 20 años, y Pablo Getar -el hombre que esperaba afuera-, de 40, fueron detenidos. Keilis trabajaba descargando camiones y estaba en situación de calle.

De acuerdo con los resultados de la investigación, Keilis mató a Alejandra el día 6 de diciembre de 2020, entre las 18.47 y las 20.22 horas. A las 18.30 ella había salido del supermercado Coto y se cruzó con los dos hombres. Keilis la acompañó a su casa y le llevó la bolsa con la que luego la asfixiaría.

“El motivo del ataque nosotros lo encuadramos como odio a la identidad de género”, explicó el fiscal Mahiques a Presentes. La carátula de la causa habla de un “homicidio agravado por mediar odio a la identidad de género, en concurso real con robo simple”.

En el pedido de elevación a juicio se respeta tanto el nombre como la identidad de género de Alejandra. En la investigación también intervino la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra Las Mujeres (UFEM).

El fiscal pidió la elevación a juicio en enero de 2021, pero a punto de terminar el año aún no hay fecha. Esto lo debe decidir el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26. Mientras tanto, Rodrigo Keilis sigue detenido. Su tío, Pablo Getar, imputado sólo por el robo, está en libertad.

“Fue un travesticidio. La ahorcaron. Horrible fue, horrible”, contó a Presentes Marcela Tobaldi, presidenta de la Asociación Civil La Rosa Naranja. Marcela la conocía, porque una vez Alejandra había consultado a la organización para que la asesoraran: quería hacerse el cambio de identidad de género en el DNI: “Yo no supe de ella de nuevo hasta esta noticia”.

Yaelin Maydana Olmedo: violencia estructural y sin resolver

A Yaelin Maydana Olmedo la conocían como Yaqui. El 16 de diciembre de 2020 la golpearon y asfixiaron hasta matarla. Tenía 31 años, vivía en Bahía Blanca y, según cuenta una amiga que la conocía de hacía muchos años, había tenido una vida muy difícil.

Los medios locales informaron que su muerte se produjo porque Yaelin atravesaba una crisis nerviosa que el hermano y un vecino intentaron contener. Dijeron entonces que por el forcejeo el hermano había apoyado una rodilla sobre el cuello, provocándole la muerte por asfixia. Se lo acusó de homicidio culposo, porque argumentaron que había sido en defensa propia, pero según una persona muy cercana, el fiscal evaluaba acusar de homicidio doloso porque hubo abuso en la defensa. Actualmente los sospechosos están en libertad.

Yaqui era cartonera. Cuando tenía dinero era aceptada por su familia pero si no, vivía en un asentamiento de chapa con piso de tierra. Adabel Montenegro, activista trans, conoce a todas las mujeres trans que viven en Bahía Blanca y señala que la situación para el colectivo LGBTI “está fatal”.

Desde el Ministerio Público Fiscal indican que la causa ingresó como averiguación de causal de muerte. Luego pasó a la UFIJ N°5 a cargo del Agente Fiscal Jorge Viejo y que aún está en trámite. “Se han tomado varios testimonios y se solicitaron algunas medidas que, por el momento, están pendientes y no han sido recibidas por la Fiscalía. Las personas vinculadas con la muerte de Yaelin Olmedo están plenamente identificadas y, una vez que el fiscal reciba toda la información pendiente, tomará el temperamento que corresponda. Hasta el momento la investigación está en proceso. Cuando el Fiscal adopte un temperamento lo hará de acuerdo a una calificación en particular que por ahora no consta en la causa”, explicaron a Presentes.

Por qué una reforma judicial transfeminista

¿Cómo se hace para que se respete la identidad de las trans asesinadas, para que se caratulen como crímenes de odio, para que la justicia llegue antes? La abogada Hendrickse explica que es necesaria una justicia más humana, cercana y transfeminista. 

“Una reforma judicial transfeminista tiene que llegar a esos sectores que es donde hay mayor vulnerabilidad. Donde las mujeres, además de la vulnerabilidad por su género, son más vulnerables por la pobreza, por migrantes. Ahí debería haber jueces y juezas barriales, jueces no letrados que definan los conflictos entre las personas, que sea un tercero imparcial que tenga presencia de Estado para resolver conflictos pacíficamente”, indicó Hendrickse.

“El femicidio es la punta del iceberg de infinidad de violencias que ocurren todos los días, y no hay abordaje de esa problemática”, advirtió.

Después del análisis de cada uno de estos casos, Ricardo Vallarino, director ejecutivo de 100% Diversidad y Derechos, llegó a la misma conclusión: “La muerte es el remate de toda una cadena de violencias que venían sufriendo en función de su identidad”.

Con 320 homicidios dolosos y 80 culposos en lo que va del año, el puerto de Ensenada es el segundo más violento del estado después de Tijuana. De este total ninguno se investiga como transfemenicidio porque la autoridad no reconoce la identidad de género.

El asesinato de Tita, de 22 años de edad, es un crimen de odio y así debe ser investigado, aseguraron sus amigas durante la manifestación. Sin embargo, la FGE lo tiene catalogado como un homicidio culposo y a ella la identifica como una persona del sexo masculino.

El cuerpo de Tita fue localizado en avanzado estado de descomposición cuatro días después de que su madre reportara su desaparición. Se encontraba ensangrentada y dentro de su vivienda ubicada en una zona marginal en el bulevar Socolov, de la colonia Munguia.

De acuerdo con información de la investigación, antes de su asesinato recibió una amenaza a través de redes sociales y también le dieron una golpiza.

Como éste hay otros casos de impunidad y omisiones judiciales para prevenir abusos en contra de las mujeres.

Arturo Serratos, Secretario de la Asociación Trans Ensenada una Lucha, informó que por años las personas LGBT han sufrido la indiferencia de las autoridades.

“Esta ha sido la respuesta que han tenido a las múltiples denuncias. Te botan para allá, te botan por acá, les vamos a marcar, vengan más tarde y cuando venimos -a la fiscalía- ya nadie nos atiende”, describió.

Si bien celebran pequeños avances de la comunidad en el país, como reconocer el matrimonio igualitario o apertura de la autoridad para salir a las calles a protestar, los asesinatos en contra de la comunidad trans en Baja California siguen invisibilizados.

Abusos policíacos

Hace un año, Melisa trabajaba como sexoservidora en la calle Segunda entre Gastelum y Miramar, en la zona turística, cuando un cliente solicitó sus servicios, pero al momento de abordar el vehículo un agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) los detuvo.

El policía cuestionó al cliente sobre si sabía que la persona a su lado era un homosexual y le aseguró que esa acción era un motivo de multa o sanción. Todo quedó asentado en una denuncia ante Derechos Humanos y Sindicatura Municipal.

Acto seguido pidió a Melisa que bajara de la unidad, pero como ella se negó el oficial regresó a la patrulla para sacar un arma larga, cortó un cartucho y la encañonó.

El compañero del policía debió intervenir para detener el abuso, según narró la misma víctima a Presentes. Este hecho sucedió en noviembre del 2020 durante la pandemia por COVID-19.

“Pasate para acá cabrón…”, le gritó el agente. Ella respondió con insultos a la agresión verbal y física para defenderse. Días después de este hecho, el agente siguió acosando a Melissa en las calles.

A raíz del incidente Melissa abandonó la ciudad, porque la considera insegura, y se mudó a Tijuana donde se siente más libre para ejercer su sexualidad.

Si la autoridad hubiera hecho su trabajo, bastaba con revisar las cámaras de vigilancia de las tiendas cercanas, ya que es una zona comercial en el corazón de la Ensenada y una de las más transitadas.

“En Tijuana me siento un poco más tranquila, y segura, porque las autoridades no se meten con nadie”, respondió intranquila porque sus amigas en Ensenada siguen viviendo esa violencia.

Aunque los sucesos se denunciaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California y Sindicatura Municipal, ninguna autoridad llamó a audiencia.

Sobre éste, y una docena de asuntos más denunciados desde el 2016 por mujeres trans, Griselda Vizcarra Durán, delegada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, reconoció que en el organismo local están al tanto de las violaciones a los derechos en contra de la comunidad. “Tenganlo por seguro que se va a investigar cada caso”, fue su compromiso.

Agregó que las quejas presentadas por la comunidad, en administraciones anteriores, también serán consideradas por el personal a su cargo para iniciar las investigaciones necesarias.

Los crímenes invisibilizados

Para Jey Fernández, activista por los derechos de la diversidad, la violencia contra la comunidad está directamente relacionada con tres factores: la falta de identidad, precariedad y machismo.

De acuerdo con estadísticas nacionales, 3% de la población se consideran hombres o mujeres trans, motivo por el cual las autoridades deben legislar para crear sanciones en contra de quienes cometan discriminación.

En materia legislativa, en 2012 se armonizó la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, pero no funciona y por lo tanto urge realizar una reforma. “Tenemos un agujero terrible, y es un problema para las chicas quienes no pueden tener estos derechos”, sostuvo.

Habló de la marginación que viven sus compañeras en el tema laboral, ya que debido a la falta de una identificación oficial por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) algunas están obligadas a trabajar como sexoservidoras o en el crimen organizado.

“Es complicada la parte laboral por la apariencia física, los baños sin acceso en fábricas o maquiladoras, donde por estos motivos les niegan el trabajo”, mencionó.

Explicó cómo las chicas y chicos viajan desde la frontera con Estados Unidos hacia la Ciudad de México para realizar los trámites, que les niegan las autoridades de Baja California. Quienes no tienen oportunidad de viajar prefieren renunciar a la identidad.

Como parte del trabajo en el organismo civil, tienen detectado que en marzo se cometió un homicidio en contra de una mujer trans en Ensenada. También ese caso, los agentes de la FGE lo investiga como si fuera un hombre.

La Secretaria de Inclusión en Baja California, Miriam Cano Nuñez, aseguró que trabajan en reconocer la identidad de las mujeres trans en documentación, acceso a salud y capacitación a los funcionarios.

Sin embargo, por ahora la Iniciativa de la Ley de Identidad de Género está a cargo de las diputadas Dunnia Montserrat Murillo y Evelyn Sánchez.

“No somos sinónimo de risa”

Jacqueline Aguilar de Escamilla, de la asociación Trans Ensenada Una Lucha con Valor, consideró prioritario reconocer la identidad de género. Hasta el momento hay alrededor de 60 mujeres transexuales que se dedican al trabajo sexual porque no tienen otra oportunidad.

Esto lo declaró el viernes 19 de noviembre cuando salieron a marchar desde la calle Macheros y bulevar Costero, frente a la Plaza Cívica de la Patria hasta el edificio de la FGE.

Manifestación frente a la Fiscalía General del Estado de Ensenada.

El grupo hizo una antesala por más de una hora, gritando consignas, para ser recibidos por el titular, Rafael Orozco Vargas. “Esto es todos los días, salimos a las calles y somos sinónimos de burla”, comentó una de las integrantes en la manifestación.

Narró detalles de cómo se siente, ella y sus amigas en la vida cotidiana, al llegar a un negocio, oficina de servicios públicos o en la misma vía pública. “No sólo son golpes sino también psicológicamente al momento de entrar a un lugar el que atiende dice a quien esté a su lado ‘ahí te hablan’ o ‘ahí está el jotito’, eso también es violencia”, señaló.

Urge a legislar los derechos humanos para castigar a quienes ejerzan coacción o abusos en contra de ellas. Pues hasta el momento, cuando se quejan de las agresiones ellas terminan arrestadas o pagando multas y fianzas.

Debido a la indiferencia gubernamental de la gran cantidad de expedientes, han dejado de interponer denuncias ante los derechos humanos.

Casos emblemáticos donde los agresores están libres:

– Jazmín Vega Guzman, conocida como Gudelia, era una estrella del espectáculo. El 6 de junio del 2010 fue localizada sin vida en la orilla de la carretera Ensenada-Ojos Negros. Su asesino fue detenido y condenado a 25 años de cárcel. Apeló a la sentencia y hoy se encuentra libre.

– Karla Macías, fue hallada en un basurero clandestino ubicado en cerca del fraccionamiento Villas del Sol 25 febrero del 2017. Su muerte no se investigó porque su familia nunca puso una denuncia.

– Alicia Díaz Tita, el 3 de noviembre se encontró su cuerpo en estado de descomposición en una vivienda de la colonia Munguía. Durante una semana la buscaron por toda la ciudad.

-En marzo, una persona fue asesinada y los colectivos sospechan sobre posible transfeminicidio el cual es investigado como homicidio culposo.