A lo largo del 2022, culminando en este mes de octubre, los estados mexicanos que aún no habían legislado el matrimonio igualitario ya lo han implementado, de modo que ya forma parte del cuerpo legislativo de los 31 estados que componen la nación norteamericana, además de Ciudad de México, que fue el territorio pionero. Si bien el fallo de la Suprema Corte de Justicia de 2015 permitía de derecho el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, el proceso de adaptación de las legislaciones y constituciones estatales para que no fuera necesario un procedimiento judicial ha sido lento, dada la imposibilidad política de que se aprobara una ley de ámbito nacional. Aunque desde la sentencia de la Suprema Corte de Justicia se incluyó a México en la lista de los países con matrimonio igualitario, actualmente 34, ahora ya forma parte definitivamente de ese grupo sin la acotación de «en parte de su territorio».
En marzo de este 2022, concluyó el proceso de modificaciones del estado de Yucatánpara adaptar su legislación a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo llevada a cabo por el Congreso estatal en agosto de 2021. Así se iniciaba un año en el que, definitivamente, México se ha convertido en uno de los 34 países donde el matrimonio igualitario está legislado en todo su territorio.
El 18 de septiembre, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, firmaba un decreto que ordenaba a los registros tramitar las solicitudes de matrimonio de las parejas del mismo sexo. El 21 de septiembre, el Congreso estatal modificaba la legislación al respecto.
En un vertiginoso fin de carrera, el 11 de octubre el Congreso del estado de México aprobaba el matrimonio igualitario. El 19 lo hacía el Congreso del estado de Tabasco. El 25 el Congreso del estado de Guerrero y, finalmente, el 26 de octubre el Congreso de Tamaulipas convertía a ese estado en el 31º en otorgar a las parejas el mismo sexo el acceso a la institución del matrimonio. Las modificaciones legislativas aprobadas en los estados de México, Guerrero y Tamaulipas están aún pendientes del trámite de publicación en sus respectivos boletines oficiales.
De esta manera, México finalmente ha concluido el proceso de adaptación de las constituciones y legislaciones de ámbito estatal a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que en 2015 declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. La sentencia llegó seis años después de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en 2009, que fue el primer territorio de América Latina donde se implementó, unos meses antes de su aprobación en Argentina.
No obstante, esa misma sentencia también declaraba inconstitucional la prohibición de la adopción a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, los estados de Oaxaca, Baja California Sur, Tlaxcala, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Yucatán, Estado de México, Tabasco y Guerrero aún no han modificado sus legislaciones para permitirla.
Aun así, tras la modificación legislativa en todos sus estados, México ya forma parte definitivamente de los 11 países del continente americano donde existe el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo su territorio.
También se incluye de manera integral entre los 34 países del mundo donde existe la igualdad para las parejas LGTBI.
El matrimonio igualitario en México
Como hemos señalado, Ciudad de México fue el primer territorio de América Latina en aprobar el matrimonio igualitario en el año 2009 (meses antes de que lo hiciera Argentina). El 12 de junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que tanto los matrimonios entre parejas del mismo sexo como las adopciones por padres del mismo sexo fruto de aquella ley eran válidos en todo el territorio mexicano. Previamente a esa definitiva sentencia, el matrimonio igualitario había sido aprobado en los estados de Quintana Roo, Coahuila y, tan solo un día antes, Chihuahua.
La capital mexicana abría así un camino que luego fueron siguiendo los 31 estados de la nación, un país federal en el que cada uno de esos estados goza de amplia autonomía legislativa y cuenta con códigos civiles propios. Además, la prohibición del matrimonio igualitario por los estados que no permitían su celebración acabó siendo considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y, de hecho, en prácticamente todos los estados de México se celebraron bodas por orden judicial. En los estados que aún no celebraban matrimonios entre personas del mismo sexo, sin embargo, los contrayentes debían presentar un recurso de amparo, un trámite que aumentaba los plazos y los costes.
Pese a todo, el Congreso de México decidía a finales de 2016 bloquear el compromiso del entonces presidente del país, Enrique Peña Nieto, de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar sin género de duda la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país. Todo ello fruto de una intensa campaña de agitación homófoba promovida, entre otras, por la Iglesia católica mexicana. En enero de 2017 publicábamos la noticia de la nueva constitución de Ciudad de México y el reconocimiento expreso al matrimonio igualitario y a las familias LGTBI.
El Congreso de Yucatán ha aprobó el pasado miércoles el matrimonio igualitario.
El Estado sigue la estela de Sinaloa y Baja California, que también han avalado la unión entre parejas homosexuales este verano
El Congreso del Estado de Yucatán aprobó el pasado miércoles el matrimonio igualitario con 20 votos a favor y cinco en contra. Hace solo tres semanas que Baja California tomó la misma decisión y también este verano, a finales de junio, la unión entre parejas homosexuales fue aceptada en Sinaloa. Con estas tres nuevas resoluciones son ya 22 de los 32 Estados mexicanos los que reconocen este derecho.
En una larga sesión de más de cuatro horas, los diputados de Yucatán han votado a favor de modificar el artículo 94 de la Constitución del Estado para replantear los términos: en vez de algo exclusivo entre un hombre y una mujer, la reforma aprobada define el matrimonio como «una institución por medio de la cual se establece la unión jurídica, libre y voluntaria de dos personas, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto y ayuda mutua» y abre la figura del concubinato a todas las parejas.
En la misma sesión, los diputados han prohibido las llamadas terapias de conversión, que tratan de modificar la orientación sexual, y han aprobado que el delito de feminicidio no prescriba. En este mismo sentido, los congresistas han establecido que en caso de asesinato de una mujer a manos de su pareja, la patria potestad de los hijos no sea para el agresor sino para los abuelos de los menores.
El matrimonio igualitario en México
En México, el matrimonio igualitario está en vigor en muchos de sus estados y los matrimonios celebrados en ellos deben ser reconocidos a nivel nacional. Ciudad de México, de hecho, fue el primer territorio de América Latina en aprobar el matrimonio igualitario en el año 2009 (meses antes de que lo hiciera Argentina). En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que tanto los matrimonios entre parejas del mismo sexo como las adopciones por padres del mismo sexo fruto de aquella ley eran válidos en todo el territorio mexicano.
La capital mexicana abría así un camino que luego han seguido otros estados de México, un país federal en el que cada estado goza de amplia autonomía legislativa y cuenta con códigos civiles propios. Además, la prohibición del matrimonio igualitario por los estados que aún no permiten su celebración acabó siendo considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y, de hecho, en prácticamente todos los estados de México se han celebrado ya bodas por orden judicial. En los estados que no celebran matrimonios entre personas del mismo sexo, sin embargo, los contrayentes deben presentar un recurso de amparo, un trámite que aumenta los plazos y los costes.
Pese a todo, el Congreso de México decidía a finales de 2016 bloquear el compromiso del presidente del país, Enrique Peña Nieto, de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar sin género de duda la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país. Todo ello fruto de una intensa campaña de agitación homófoba promovida, entre otras, por la Iglesia católica mexicana. En enero de 2017 publicábamos la noticia de la nueva constitución de Ciudad de México y el reconocimiento expreso al matrimonio igualitario y a las familias LGTB.
Con la entrada de Yucatán, Baja California y Sinaloa estos últimos tres meses, el mapa mexicano avanza en la igualdad, iniciada hace 11 años en Ciudad de México. Aunque todavía 10 Estados (Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Tabasco, Veracruz y Zacatecas) se resisten a reformar sus leyes. Las parejas homosexuales de estas entidades tienen que presentar un amparo para que los jueces aprueben la unión caso por caso, en vez de hacerlo con un trámite ante el Registro Civil.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló en la conferencia mañanera del pasado 8 de enero que hay campañas en su contra que hablan de desabasto y falta de medicamentos para “enfermos de sida” y “niños con cáncer”. Dijo que cuando termine la corrupción y el boicot de quienes manejaban el gran negocio alcanzará el presupuesto para entregar todos los medicamentos.
Estas declaraciones hicieron reaccionar a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas que viven con VIH. Respondieron que no se puede supeditar el artículo 4 de la Constitución, el derecho a la salud, a la lucha contra la corrupción. Afirman que seguirán exigiendo ante la falta de acceso a medicamentos y la lucha contra la estigmatización y discriminación que supone referirse a las personas que viven con Sida como enfermos.
La Red Mexicana de personas que viven con VIH en CDMX elabora el registro y documenta todos los casos de personas que llegan a su organización a pedir medicamentos. «De lunes a miércoles esta semana, con receta y credencial de elector, hemos despachado a 25 personas que están afiliadas al IMSS y al ISSSTE. AMLO dice que está haciendo limpieza de corrupción desde lo más profundo pero la realidad es que en cuestiones de salud no pueden estar jugando. Es urgente que todos los CAPASITS (Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual), así como el IMSS y el ISSSTE tengan medicamentos” señala Melken Mejía, activista de la Red. “Como organización damos medicamento de forma gratuita que proviene de donaciones. Por ejemplo, hoy nos llegó un frasco de 30 pastillas de Truvada y desde la Red sacamos dosis de 10 pastillas para beneficiar a 3 personas. Hacemos bolsitas de 10 dosis y eso es lo que les damos.”
«No somos enfermos. El presidente debería ser cuidadoso con su lenguaje»
En el mismo sentido se expresó Carlos Granados, fundador y coordinador de Vhiviendoenplenitud, organización que se dedica al acompañamiento y asesoría de personas que viven con VIH de la comunidad LGBT, “No somos enfermos. Tenemos una condición de salud en la que tenemos que tomar un medicamento para mantenerlo controlado. Ese lenguaje que usó el presidente es muy peyorativo y ofensivo porque estigmatiza. Luego la gente escucha este tipo de discursos en boca del presidente y los repite. En redes sociales he notado que dicen: ´y por qué yo tengo que pagar con mis impuestos el tratamiento a sidosos´. Hasta ahí llega el discurso de odio. El presidente debería ser muy cuidadoso con su lenguaje porque es tanto lo que él diga y lo que la gente entiende que se convierte en un discurso de odio”.
En cuanto al desabastecimiento su organización, también ha denunciado que la falta de medicamentos antirretrovirales supone el cambio sin explicación alguna de los tratamientos que las personas llevaban durante años: “Han llegado compañeros que me piden medicamentos porque no le están surtiendo. Y todavía le están recetando un medicamento antiguo que ya no está en uso y eso es preocupante”.
Granados también aclaró por qué están discontinuados algunos medicamentos: “Están discontinuados porque el gobierno no los compró, no porque ya no sirvan. Y como no los compró, no los pueden recetar”
«Mi médico me advirtió que no podía garantizar el abasto»
En ese sentido, Adrian Miranda de Red de jóvenes y Adolescentes Positivos de Morelos, contó a Presentes su experiencia con medicamentos discontinuados. “Hace unos días, se me acabaron las reservas de Truvada. Volví a la clínica para preguntar si ya habían recibido el medicamento y me dijeron que la empresa distribuidora había sido demandada por incumplimiento y ya no sería surtido a los derechohabientes. Esperé a mi médico durante varias horas para decirle que necesitaba el cambio a Biktarvy. No hubo ninguna evaluación, ni agujas ni gotas de sangre. Simplemente escribió una receta y me advirtió que no podían garantizar el abasto de Biktarvy, y que en caso de faltar, no podría regresarme al tratamiento anterior o mi sistema inmunológico sería afectado”
La Iglesia mexicana compara la Cartilla Moral de AMLO con “mostrarle una receta al enfermo”. El polémico texto no va a solucionar los problemas éticos del país, advierte
“La preocupación gubernamental por fortalecer los valores en la familia y la ética en el campo laboral sin duda es positiva, pero la tarea primordial de todo gobernante es el establecimiento auténtico y estable de un Estado de Derecho”, recuerda en un editorial de ‘Desde la fe’
“Si nuestro gobierno quiere alentar una Cartilla Moral, bien haría en seguir respaldando la institución familiar natural, debidamente constituida, pues ningún otro ambiente sería más propicio y eficaz para que el ciudadano adquiera los valores que le acompañen de por vida”
| RD/Agencias
La Arquidiócesis de México advirtió que la cartilla moral que promueve el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador no solucionará los problemas éticos del país.
“Imaginar que con un texto típico se solucionen nuestros problemas éticos, sería como mostrarle una receta al enfermo esperando -sólo con eso- su pronta curación “, sentenció en el editorial del órgano informativo católico “Desde la Fe“.
Dijo que si el gobierno quiere alentar una Cartilla Moral, bien haría en seguir respaldando la institución familiar natural, debidamente constituida, pues ningún otro ambiente sería más propicio y eficaz para que el ciudadano adquiera los valores que le acompañen de por vida.
Recordó que en días pasados comenzó la distribución de una Cartilla Moral entre los habitantes del país, un texto recuperado de los años cincuenta, escrito por Alfonso Reyes, en el que se invita a los ciudadanos a dialogar con sus familias acerca de la moral, la ética y los valores que necesitamos para construir una sociedad mejor.
Reconoció que la preocupación gubernamental por fortalecer los valores en la familia y la ética en el campo laboral sin duda es positiva, pero la tarea primordial de todo gobernante es el establecimiento auténtico y estable de un Estado de Derecho.
“El fomento de valores y la promoción ética debe reconocerse y alentarse como tarea principal de los padres de familia, y de las instituciones o grupos que ayudan en su responsabilidad. Al hacerlo desde una instancia de gobierno se corre el peligro de la banalización y puede tomar el derrotero de la demagogia”, alertó .
El órgano de difusión de la iglesia católica, indicó que la creación o manejo de documentos con nombres llamativos, ocupando palabras que después serán devaluadas o manipuladas, o que sean utilizadas para justificar una política pasajera, sólo conducirá a quitarles importancia y peso.
Además que terminarán desechadas de nuestro diccionario familiar o usadas sin propósito real. “Cuidado, entonces, con el uso de la palabra “moral”, y más cuando a las vistas es anticipo de otro documento que recibirá el nombre de Constitución Moral”, aseveró.
Admitió que la Iglesia católica no tiene como tarea evaluar, validar o descalificar este tipo de caminos; pero al ser parte de esta sociedad, tiene como misión hacer valer su aportación como agente social y ubicar en sus dimensiones y alcances los valores y principios que propone.
“Junto con el valor fundamental de la vida -sin ella no tiene cabida ningún otro derecho- la Iglesia sigue afirmando el papel básico de la familia como formadora de personas, como escuela de virtudes, como santuario de la vida, donde se encuentran los elementos necesarios para desarrollarse e integrarse a la sociedad y la cultural “, puntualizó.
‘No somos soldados de la 4T’
La Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) lamentó que la Iglesia católica no participe en la distribución de la Cartilla Moral.
Arturo Farela Gutiérrez, presidente de la Confraternice, comentó que ante la crisis de “corrupción y violencia” todos los líderes religiosos, sin importar el credo, deben unirse en favor de la población. “No debe haber ningún temor en la distribución de la cartilla, me apena mucho que la Iglesia católica se haya pronunciado, con algunos miembros de la jerarquía, en relación a que no quieren apoyar en la distribución de la Cartilla Moral”, apuntó.
Farela Gutiérrez aseguró que no tiene ningún inconveniente en que se les llame “soldados de la Cuarta Transformación” puesto que apoyan los programas que está impulsando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien dijo sostiene una amistad desde hace más de 20 años.
La Iglesia Católica continúa afirmando el papel de la familia como formadora de valores
Jóvenes asaltantes, niños que se drogan, padres que abandonan, familias que se rompen, funcionarios que son corruptos, empleados que mienten, sociedades sumergidas en el egoísmo y en los vicios.
El panorama que vive México no es sencillo, y menos cuando parece más fácil replicar acciones y esquemas al margen de la ley y los valores, que enfrentar al mal con principios sólidos de ética y moralidad.
En días pasados comenzó la distribución de una Cartilla Moral entre los habitantes del país, un texto recuperado de los años cincuenta, escrito por Alfonso Reyes, en el que se invita a los ciudadanos a dialogar con sus familias acerca de la moral, la ética y los valores que necesitamos para construir una sociedad mejor.
La preocupación gubernamental por fortalecer los valores en la familia y la ética en el campo laboral sin duda es positiva, pero la tarea primordial de todo gobernante es el establecimiento auténtico y estable de un Estado de Derecho.
El fomento de valores y la promoción ética debe reconocerse y alentarse como tarea principal de los padres de familia, y de las instituciones o grupos que ayudan en su responsabilidad. Al hacerlo desde una instancia de gobierno se corre el peligro de la banalización y puede tomar el derrotero de la demagogia.
La creación o manejo de documentos con nombres llamativos, ocupando palabras que después serán devaluadas o manipuladas, o que sean utilizadas para justificar una política pasajera, sólo conducirá a quitarles importancia y peso: terminarán desechadas de nuestro diccionario familiar o usadas sin propósito real. Cuidado, entonces, con el uso de la palabra “moral”, y más cuando a las vistas es anticipo de otro documento que recibirá el nombre de Constitución Moral.
La Iglesia católica no tiene como tarea evaluar, validar o descalificar este tipo de caminos; pero al ser parte de esta sociedad, tiene como misión hacer valer su aportación como agente social y ubicar en sus dimensiones y alcances los valores y principios que propone.
Junto con el valor fundamental de la vida –sin ella no tiene cabida ningún otro derecho– la Iglesia sigue afirmando el papel básico de la familia como formadora de personas, como escuela de virtudes, como santuario de la vida, donde se encuentran los elementos necesarios para desarrollarse e integrarse a la sociedad y la cultura.
Si nuestro gobierno quiere alentar una Cartilla Moral, bien haría en seguir respaldando la institución familiar natural, debidamente constituida, pues ningún otro ambiente sería más propicio y eficaz para que el ciudadano adquiera los valores que le acompañen de por vida. Imaginar que con un texto típico se solucionen nuestros problemas éticos, sería como mostrarle una receta al enfermo esperando –sólo con eso– su pronta curación.
Con la ayuda de la organización conservadora Familias Fuertes Unidas por Nuevo León, el diputado local de Nuevo León Juan Carlos Leal Segovia organizó un evento que tenía como principal invitado a un hombre que afirma haber dejado de ser homosexual.
La conferencia se realizó el 17 de mayo, un día significativo para las personas de la diversidad sexual y de género, pues se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, fecha que fue declarada nacional el pasado viernes por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El encargado de dictar la plática fue el exconductor Mauricio Clark, quien desde el año pasado inició una gira por todo el país con su conferencia “Todo es posible”, en la que habla de la manera en la que supero sus adicciones “acercándose a Dios”.
Gracias de corazón querido Diputado @CarlosLealMx y al equipo de Familias Fuertes Unidas de Nuevo León por habernos ayudado a ayudar.
Gracias a su esfuerzo y compromiso pudimos servir y hacer algo invaluable: tocar corazones.
Su participación del pasado viernes se centró en su experiencia como exhomosexual.
Clark ha utilizado sus redes sociales y su figura mediática para afirmar que la homosexualidad se puede “superar” y ha atacado los derechos de las personas LGBT.
Carlos Leal es un diputado por morena que se ha visto envuelto en una serie de polémicas por oponerse a las uniones del mismo sexo y el aborto. Comenzó a adquirir notoriedad cuando el año pasado respaldó los dichos homofóbicos de un boxeador mexicano.
Posteriormente, volvió a ser tema cuando aseveró que las televisoras querían volver normal la homosexualidad por medio de la programación que muestra parejas del mismo sexo.
Sus decires homofóbicos le costaron ser expulsado de morena por parte de la Comisión de Honor y Justicia; sin embargo, El Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León revocó la sentencia luego de que el diputado promoviera un juicio de amparo para la protección de los derechos políticos electorales.
El activista LGBT pionero Óscar Cazorla fue asesinado en su casa en Juchitán, en Oaxaca, México, el sábado 9 de febrero.
Según la policía de Oaxaca, que ha abierto una investigación de asesinato, el hombre de 68 años murió por un golpe en el corazón infligido por un objeto punzante.
Cazorla era bien conocido en el estado de Oaxaca, en el sur de México, por defender los derechos de quienes se identifican como muxes, un tercer género no binario que se ha celebrado en la cultura indígena del Istmo de Tehuantepec desde tiempos prehispánicos.
En 1976, el activista LGBT+ asesinado fue uno de los fundadores de la Vela de las Auténticas Intrépidas Buscadores del Peligro, una celebración anual que promueve el respeto de los muxes en Juchitán, un pueblo de 75.000 habitantes que alberga a unos 5.000 muxes, según informó AFP en 2017.
El asesinato de Cazorla conmocionó a la comunidad local, que está de luto por el activista: “Los Auténticos, Intrépidos y Peligrosos Buscadores están de luto. Nos dejaste con el corazón roto. Descansa en paz. Mi hermano Óscar Cazorla López”, escribió la presidenta del grupo, Felina Santiago Valdivieso, en Facebook.
En declaraciones a CNN Español, Santiago Valdivieso pidió que se investigue a fondo el asesinato de Cazorla, ya que nadie ha sido arrestado en relación con la muerte.
El pasado lunes, miembros de Las Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro, leyeron en conferencia de prensa una carta que enviaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para solicitar una investigación exhaustiva en este caso y otros de violencia que se han suscitado en contra de la comunidad muxe. Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en la LXIV, Magaly López Domínguez, pidió a las autoridades atender e investigar el caso de Óscar, de quien, dijo, otorgó a los muxes visibilidad y coadyuvó en la lucha contra la homofobia.
“Era una persona muy feliz que recibía a cualquiera en su casa con una sonrisa. No podemos imaginar quién pudo haberlo matado”, dijeron a la emisora. Santiago Valdivieso también denunció el aumento de la violencia homofóba y transfóbica en los últimos cuatro años contra su comunidad: “Estamos involucrados en una ola de violencia que afecta a gran parte de México”, dijeron.
Instituciones internacionales condenan el asesinato del activista LGBT+ Oscar Cazorla
Las instituciones internacionales también condenaron el asesinato de Cazorla. Jan Jarab, representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México, dijo en un comunicado: “Condenamos este terrible crimen que afecta a toda la comunidad muxe y a todos los defensores de los derechos humanos en Oaxaca”. Jarab continuó: “En los últimos años, los crímenes de odio y los asesinatos de defensores de los derechos LGBT+ han ocurrido en diferentes partes del país sin ser investigados adecuadamente. Este patrón de impunidad debe ser superado y, para ello, el asesinato de Oscar debe ser esclarecido, a través de una investigación diligente que considere todas las hipótesis posibles, incluyendo la posibilidad de un crimen de odio o de represalias por sus actividades de defensa de los derechos humanos”.
Un comunicado de la Unión Europea, Noruega y Suiza condenó tanto la muerte de Cazorla como la del periodista Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, quien fue asesinado a tiros en el estado de Tabasco el mismo día del asesinato del activista LGBT+.
La declaración, emitida el martes 12 de febrero, decía: “Expresamos nuestras condolencias y nuestra profunda solidaridad con la familia y los amigos de las víctimas. La muerte de Ramos y Cazorla demuestra una vez más el preocupante grado de violencia e intimidación que enfrentan muchos periodistas y defensores en México”.
El pasado 20 de enero se ofició por los 17 años de la Asociación Civil San Aelredo, donde destacó el trabajo que han hecho por los derechos humanos.
El Obispo de Saltillo, Raúl Vera López, comentó que hace unos días en la Catedral hubo una “escandalera” derivado de la misa que el pasado domingo 20 de enero, que ofició de manera especial por los 17 años de la Asociación Civil San Aelredo, que se dedica a la defensa de los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTI.
Sin embargo, destacó que desde sus inicios en Chiapas, ha recibido hasta amenazas de muerte, por defender y acompañar a las personas más desprotegidas, en aquel entonces los indígenas y en esta ocasión la comunidad LGBTTTI.
En este sentido pidió a la feligresía dejar de ser prejuiciosos pues quienes son homosexuales nacen con esa condición, que nada tiene que ver con perversiones o enfermedades que las mismas personas han hecho creer por odiar a esa población.
El Obispo de la Diócesis de Saltillo, hizo un llamado a la feligresía a despertar y participar en el cambio que México necesita, por lo que señaló que para lograrlo, los mexicanos, debemos hablar con la verdad dentro del seno familiar, y no se debe permitir que se siga gobernando con “injusticia, rapiña y salvajismo”, como se ha hecho en las últimas décadas.
Recordó que en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón se registraron más de 110 mil muertes violentas, mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto sumaron más de 250 mil muertes violentas, subrayando que están impunes el 99 % de ellas.
En este sentido consideró que el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, “se las va a ver muy duras” para recomponer al país, pero además necesita una fuerza muy grande para lograr restablecer la justicia, el derecho y la paz en México.
Monseñor Vera pidió a los creyentes a asistir a la misa no sólo para cumplir con un requisito, ni para no hacer pecado mortal, sino que acudan a la misa para luego salir a la sociedad a luchar contra las injusticia, toda vez que precisó que los creyentes tienen la obligación de actuar, por lo que debieron movilizarse desde “hace un rato”.
26 sacerdotes han sido asesinados en seis años, denuncia el Centro Católico Multimedial
“Sigue siendo el país más peligroso para ejercer el sacerdocio, a pesar de que su población es católica”, lamenta el padre Omar Sotelo
(Cameron Doody).- México “sigue siendo el país más peligroso para ejercer el sacerdocio, a pesar de que su población es mayoritariamente católica”. Es la advertencia del director del Centro Católico Multimedial (CCM), el padre Omar Sotelo, quien ha lamentado que el sexenio de Enrique Peña Nieto “fue el más desastroso y trágico para el sacerdocio mexicano” en el 26 curas perdieron la vida de forma violenta. “Una cifra altísima, nunca antes vista” -o al menos desde la Guerra Cristera- “y muy por encima de lo que había sido el promedio en estos casos”, ha lamentado Sotelo.
“El incremento de los asesinatos coincide justamente con el inicio de la guerra contra el narcotráfico que inició Calderón y continuó Peña Nieto, una guerra para la que no estaban preparadas nuestras instituciones, las cuales incluso se vieron infiltradas por el crimen organizado“, ha explicado el religioso en una entrevista con Proceso. El religioso paulino no ha dudado a la hora de explicar por qué se está matando tantos curas en el país americano: “Porque el sacerdote es una especie de estabilizador social; en su parroquia se brindan no sólo auxilios espirituales, sino también educativos, de salud, de derechos humanos y de atención a migrantes. El crimen organizado sabe bien que al matar a un sacerdote provoca desestabilización social en la comunidad, sembrando así el miedo para poder actuar a su antojo”.
“No es ninguna coincidencia que tanto sacerdotes como periodistas, dos entes que generan opinión pública, estén siendo blanco del crimen organizado”, ha continuado Sotelo, quien acaba de presentar desde el CCM un nuevo informesobre la violencia que sufre el clero en el país. “Hay una razón detrás de estos crímenes. Y aquí el mensaje que se manda es muy claro: ‘Si puedo matar a un cura puedo matar a quien sea’“, ha denunciado el sacerdote.
Ni incluso puede decirse que los curas sean víctimas colaterales de la guerra contra el narcotráfico. Más bien, el crimen organizado va directamente a por ellos. “Los están matando por ser sacerdotes”, ha señalado el padre Sotelo. “Estamos ante un clericidio, no se le puede llamar de otra forma. Pero además estos crímenes se ejecutan con una saña tremenda: primero secuestran a los sacerdotes, luego los someten a fuertes torturas y finalmente los matan”.
Y otra forma de violencia que sufren los sacerdotes, ha advertido también el director del CCM, es la difamación, “cuyo objetivo es criminalizar al sacerdote, acusándolo de pederasta, de disoluto o de estar coludido con el narco”. Y he aquí la razón por la que “ninguno” de los atentados contra curas en años recientes ha terminado depurándose en los tribunales. “Para las autoridades que investigan los casos esto representa una salida muy fácil y terminan diciendo: ‘Lo mataron porque se lo buscó’“, ha explicado Sotelo. “Así le dan carpetazo al asunto y los crímenes quedan en la impunidad”.
“¡Caray! A 25 años de distancia todavía no se resuelve el crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Ni siquiera hay un solo detenido por el caso. ¿Qué se puede esperar entonces de los casos de sacerdotes asesinados?”, ha ironizado el director del CCM.
La Unidad de Investigaciones Especiales del Centro Católico Multimedial presenta el informe Sexenal sobre la violencia y agresión contra sacerdotes y ministros de la Iglesia Católica en México. Sexenio 2012- 2018 https://t.co/1YfOMrUxma
“Dudo mucho que el asalto a la casa del cardenal Rivera haya sido un robo frustrado”
Además de los 26 asesinatos de curas que se han producido en México desde 2012, el nuevo informe del CCM también recoge el asalto a la casa del cardenal Norberto Rivera el pasado 21 de octubre en el murió un escolta del ahora primado emérito. “Dudo mucho que haya sido un robo frustrado”, ha comentado Sotelo acerca de esta versión oficial de los hechos. “Fue una incursión armada en pleno día y sabiendo que Norberto Rivera y sus guardias estaban en la casa. Los atacantes entraron disparando. Los ladrones no operan de esa manera… Sospecho que hay cosas más de fondo que deben investigarse”.
Pero si así fuera el caso, y el robo fuera en realidad un atentado contra la vida del purpurado, tampoco sería el único prelado mexicano en sufrir los amagos de delincuentes. “Hoy sabemos de varios obispos amenazados de muerte, como Raúl Vera, Salvador Rangel, Ramón Castro, Maximino Martínez, Miguel Patiño y Juan Sandoval Íñiguez, entre otros”, ha explicado el padre Sotelo, quien tampoco ha pasado por alto la otra cara de la violencia contra la Iglesia mexicana: los robos de parroquias.
“Lamentablemente, los ataques y los robos a los templos se han incrementado, incluso ya empiezan a ser sistemáticos a pesar de los protocolos de seguridad”, ha apuntado en este sentido el director del CCM. “Los fieles son asaltados en plena misa y es común el robo de arte sacro. Se roban las custodias, los vasos sagrados y otros objetos de liturgia. La cosa es tan grave que, en el sexenio que terminó, cada semana hubo un promedio de 26 robos o ataques a los templos”. Es un fenómeno que el padre Sotelo tampoco cree que vaya camino a solucionar el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“López Obrador prometió en su campaña regresar al Ejército a sus cuarteles. Pero hoy en el gobierno sus acciones se encaminan hacia la misma militarización que nos causa tantos estragos”, ha lamentado el padre Sotelo. El nuevo mandatario “prometió una cosa y empieza a hacer lo contrario. Pero es muy pronto para hacerle señalamientos, su gobierno apenas empieza. Ya veremos qué pasa”.
Rodolfo Lizárraga Arellano considera perjudicial que un menor tenga padres del mismo sexo«porque va a estar viendo cómo se abracen, como tal vez se besen, como se acuesten a dormir» y esto, en su opinión, «es una conducta que acuérdate que lo que ve el niño es lo que después aplica». En este sentido, alega que convivir en una familia homoparental «es un trauma sicológico» para los niños. Lizárraga ha sido transformista y ahora es diputado en el Congreso de Sonora por la coalición Juntos Haremos Historia, a la que pertenece el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. El nuevo legislador, en cambio, asegura que sí está dispuesto a reformar el Código de Familia a favor del matrimonio igualitario (que junto a la adopción homoparental ya es legal en diversos estados mexicanos y cuya validez en todo el país cuenta con el aval de la Corte Suprema de la Nación).
De los 21 diputados que se disputaban el Congreso de Sonora, la coalición Juntos Haremos Historia ha obtenido la abrumadora mayoría de 20, dejando como única oposición al PRI con un único escaño. Así pues, Rodolfo Lizárraga, que asumirá su cargo de forma efectiva en septiembre como el resto de diputados electos, ganaba el distrito XIII, relevando a Manuel Villegas del PAN. Lizárraga ha sido anteriormente concejal y alcalde por el Partido del Trabajo, una formación ahora integrada en Juntos Haremos Historia, liderada por Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México (del que no se espera a priori grandes avances en materia LGTB).
En una entrevista radiofónica, Lizárraga ha dicho que «creo yo que un niño de 5 o 6 años no puede convivir con dos mujeres que son pareja o con dos hombres que son pareja porque va a estar viendo cómo se abracen, como tal vez se besen, como se acuesten a dormir, o sea, siento que es un trauma psicológico para el niño o la niña, es una conducta que acuérdate que lo que ve el niño es lo que después aplica».
«para mí el travestismo es un trabajo que no necesariamente es sinónimo de alcoholismo, depravación o drogadicción, a mí se me ha tratado con mucho respeto, pero creo la mayoría de los travestis u homosexuales siguen sufriendo de discriminación».
Además, el entonces mandatario local añadía que «aunque (en México) hemos avanzado un poco en el respeto a nuestra actividad (travestismo) pero todavía no hemos aprendido a discernir bien entre el homosexualismo y el travestismo, yo tengo muy definida mi sexualidad y no tengo problemas con la sociedad porque ante todo trato de ser un ciudadano ejemplar».
En el siguiente vídeo se recoge la entrevista completa al diputado Lizárraga Arellano:
El ahora presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado en su primer discurso que bajo su mandato las minorías, incluida la comunidad LGBTI, estarán representada.
El pasado domingo día 1 los mexicanos votaron mayoritariamente por el candidato Andrés Manuel López Obrador para la Presidencia de la República. Luego de ser designado por el órgano electoral mexicano como el virtual ganador, el dirigente de izquierda aseguró que durante su Gobierno estarán representadas todas las minorías sociales, incluido el colectivo LGBTI.
Lóper Obrador ofreció un mensaje en el que habló a grandes rasgos de las acciones en la que trabajará su Gobierno.
“El Estado dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos: a ricos y pobres, (…) a seres humanos de todas las corrientes de pensamiento y de todas las preferencias sexuales”, dijo el nuevo mandatario nacional.
Esta es la primera vez que un presidente electo de México menciona a las personas de la diversidad sexual en su discurso de triunfo y reconoce que serán representados por el gobierno. De esta manera, López Obrador se mantienen en la línea demostrada durante su campaña electoral en la cual expresó -de manera reiterada- su apoyo a las personas del colectivo LGBTI y afirmó que se “respetará la diversidad sexual” en su mandato.
También López Obrador se convirtió en el único candidato que mencionó a las personas de la diversidad sexual en un spot de campaña. “Reitero el compromiso de no traicionar la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos… confieso que tengo una ambición legítima: quiero pasar a la historia como un buen Presidente de México. Deseo con toda mi alma poner en alto la grandeza de nuestra patria, ayudar a construir una sociedad mejor y conseguir la dicha y la felicidad de todos los mexicanos”, fueron sus palabras finales en ese primer discurso.
Aunque durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, el colectivo LGBT consiguió ciertos avances, el mandatario deja una importante deuda en materia de Derechos Humanos, una nación que según expertos, vive “una epidemia de violencia”. En cuanto al colectivo LGBTI, durante el actual mandato presidencial, al menos, 381 personas lesbianas, gays, trans y bisexuales fueron asesinadas en México, presuntamente, por su orientación sexual o la identidad o expresión de género, informó la organización Letra S.
Si hace unos días hablábamos del asesinato de tres activistas LGTBI, las últimas noticias que nos llegan desde México no son menos atroces…
Este miércoles fue asesinada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas una mujer transgénero centroamericana que se dedicaba al trabajo sexual y al activismo a favor de la diversidad sexual. Nataly Briyth Sánchez, quien era originaria de Cuyamel, Puerto Cortés, Honduras, llevaba varios años viviendo en la capital del estado huyendo de la violencia de la que era objeto en su país de origen por parte de las pandillas criminales.
En su estancia en el estado, Nataly rentaba una habitación en la avenida 3ª Poniente Norte, Número 662, en el centro de la ciudad. De acuerdo con las investigaciones, en ese lugar la joven mujer transgénero recibió este miércoles a uno de sus clientes, mismo que la atacó hasta asesinarla.
La mujer que le rentaba el cuarto a Nataly fue la encargada de reportar su agresión a la policía, pues escucho gritos provenientes de su habitación. La policía arribó al lugar de los hechos y pudo atrapar al agresor, ya que este se quedó encerrado en el cuarto, pues antes de ser agredida la mujer transgénero puso llave a la puerta por seguridad.
En un comunicado, la organización civil Diana Sacayán se exigió a las autoridades de la entidad que se castigue al responsable del asesinato: “El homicida fue capturado en flagrancia y está confeso, por lo que no hay nada más que investigar”.
De acuerdo con información difundida por la organización civil, en lo que va del año llevan contabilizados 5 asesinatos en contra de mujeres transgénero en el país; por lo que la asociación exhortó a los defensores de derechos humanos a alzar la voz para que el asesinato de la mujer transgénero centroamericana no quede impune.
“Nosotras no somos animales, nosotras necesitamos que el gobierno haga algo porque nos están matando como a un animal, sin derecho. Van cinco chicas trans que han asesinado en lo va del año. Queremos que no vayan a soltar a esa persona ya que puede pasar lo mismo con el caso de la chica comiteca, Itzel que por no tener pruebas suficientes lo dejaron en libertad”, denunció Fanny, presidenta de la asociación.
Asimismo, ese fin de semana una mujer transgénero que se dedica al trabajo sexual fue agredida a puñaladas por un hombre que la intercepto en las calles de Monterrey mientras ejercía su trabajo, el agresor escapó y la mujer fue enviada a un hospital donde se reportó estable.
A este suceso, desgraciadamente, se suma también el asesinato de una mujer trans en el Estado de Colima. El cuerpo de la mujer se encontraba atado de manos y presentaba signos de haber sufrido tortura. En cualquier caso, las autoridades no han aclarado si contaba con heridas de bala, aunque sí se sabe que su rostro habría sido repetidamente golpeado.
El hallazgo se realizó en la carretera libre a Armería-Manzanillo a la altura de la colonia Sagrado Corazón. Por el momento se desconoce la identidad de la víctima, así como el móvil que motivo el asesinato. Las autoridades no informaron si el cuerpo presenta heridas de bala, pero se pudo constatar que el cuerpo presentaba golpes en el rostro.
El lugar fue acordonado por elementos policiacos y a él arribó personal de servicios periciales con el fin de iniciar una investigación para determinar la identidad de la mujer asesinada así como las razones y los responsables de este crimen.
Este es uno de los crímenes de odio en contra de personas LGBT que acontecieron este fin de semana. Este domingo fueron asesinados tres activistas abiertamente homosexuales que defendían los derechos de las personas LGBT en el estado de Guerrero. De acuerdo Orlando Pastor, activista LGBT de Chilpancingo, los hombres fueron privados de su libertad por un grupo armado, asesinados y abandonados en las calles de Taxco, municipio del que eran originarios.
Este mismo año, recogíamos en marzo los asesinatos de un estudiante gay y de una activista lesbiana. Isaac Luna García, un universitario de 19 años, fue asesinado el mes de febrero en ciudad de México, en lo que amigos y familiares están convencidos se trata de un crimen homófobo. Por otra parte, el cuerpo semienterrado y en avanzado estado de descomposición en Arroyo del Durazno (en el estado de Guanajuato), era identificado como el de María Guadalupe Hernández Flores, de 37 años, activista feminista y lesbiana que se encontraba desaparecida desde el pasado 11 de marzo. También nos hacíamos eco de los comentarios de odio contra otro estudiante homosexual fallecido y la agresión a una pareja estadounidense de hombres por ir cogidos de la mano.
Según datos del informe Violencia, Impunidad y Prejuicios. Asesinatos de personas LGBTTT en México 2013-2017, publicado por la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana, de enero de 2013 a diciembre de 2017 se registraron como mínimo 381 crímenes de odio en contra de personas LGBT en el país.
LGTBfobia y las elecciones federales de México
En este clima de inseguridad para el colectivo LGTB (entre otros), muy castigado por la violencia y el fanatismo, el país celebrará el próximo 1 de julio elecciones federales, sin que ninguno de los principales candidatos haya expresado un compromiso firme y claro en defensa de los derechos plenamente igualitarios.
Desde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) «demandamos investigar el asesinato de estos jóvenes más allá de la idea de que se trata de un hecho más dentro de la ola de violencia que azota a varias regiones del país. Las autoridades deben tomar en cuenta los estereotipos negativos que pesan sobre las personas no heterosexuales y que muchas veces provocan homicidios». El PRD concurrirá a las elecciones dentro de la coalición Por México al Frente, encabezada por Ricardo Anaya, un candidato con un perfil bajo en relación al compromiso con el colectivo LGTB.
Ninguno de los cinco candidatos a la presidencia en las próximas elecciones federales de México, que tendrán lugar el 1 de julio, se ha mojado hasta la fecha con un compromiso firme y amplio a favor de los derechos del colectivo LGTB. El supuestamente «progresista» Andrés Manuel López Obrador (de Juntos Haremos Historia), líder en intención de voto, ha hecho guiños de media tinta a la diversidad. El resto de candidatos se sitúan entre los forzados apoyos puntuales y los manifiestamente LGTBfóbicos: Ricardo Anaya (de Por México al Frente) evita el tema y es poco creíble, José Antonio Meade (de Todos por México) es recordado por su negativa a fotografiarse con una bandera arcoíris a finales del año pasado, la independiente Margarita Zavala condiciona la igualdad de derechos a la doctrina católica y el también independiente Jaime Rodríguez Calderón (alias «el bronco») es el más beligerante con la diversidad.
Restan apenas dos meses para las elecciones federales mexicanas, en las que, además de la presidencia del ejecutivo y la jefatura de Estado, se escogen los 500 diputados y 128 senadores de las respectivas cámaras baja y alta del Congreso de la Unión. Hasta la fecha, el debate sobre los derechos de la comunidad LGTB está en muy discretas posiciones en la agenda de los cinco candidatos a la presidencia (algunos porque prefieren no tomar muchos compromisos y otros porque tratan de esconder su LGTBfobia indisimulada).
Todo ello, a pesar de que México se mantiene como el segundo país de América Latina con más asesinatos por odio, solo por detrás de Brasil. Este jueves tenía lugar en Tijuana, precisamente, el foro «Vulnerabilidad de población LGBT y frontera», en el que la activista e investigadora Sara Espinoza denunciaba que «problemas como los crímenes de odio que en México se cometen de manera muy frecuente y también tenemos mucho la cuestión de la discriminación en varios ámbitos de la vida de la comunidad».
Rcogíamos el pasado mes de marzo los asesinatos de un estudiante gay y de una activista lesbiana. Isaac Luna García, un universitario de 19 años, fue asesinado el mes de febrero en ciudad de México, en lo que amigos y familiares están convencidos se trata de un crimen homófobo. Por otra parte, el cuerpo semienterrado y en avanzado estado de descomposición en Arroyo del Durazno (en el estado de Guanajuato), era identificado como el de María Guadalupe Hernández Flores, de 37 años, activista feminista y lesbiana que se encontraba desaparecida desde el pasado 11 de marzo. También nos hacíamos eco de los comentarios de odio contra otro estudiante homosexual fallecido y la agresión a una pareja estadounidense de hombres por ir cogidos de la mano.
Pues frente a este panorama de violencia y discriminación, al que hay que sumar la problemática y los derechos de las personas trans o la lucha contra el VIH/Sida y contra el estigma serofóbico, entre otros, las pocas referencias al colectivo LGTB de los aspirantes a la presidencia de México se dirigen hacia la cuestión del matrimonio igualitario (muy importante, pero no la única). La noche del domingo 22 de abril arrancó el primero de los debates oficiales de los candidatos y la comunidad LGTB pasó por el debate de puntillas. Los dos independientes acapararon la atención sobre el matrimonio. Margarita Zavala dijo que «creo en el matrimonio entre hombre y mujer, pero respeto». Por su parte, «el Bronco» se tomó el tema a broma, asegurando que «tan creo en el matrimonio, que me he casado tres veces».
El matrimonio igualitario en México
Ciudad de México fue el primer territorio de América Latina en aprobar el matrimonio igualitario en el año 2009 (meses antes de que lo hiciera Argentina). Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que tanto los matrimonios entre parejas del mismo sexo como las adopciones por padres del mismo sexo fruto de aquella ley eran válidos en todo el territorio mexicano.
La capital mexicana abría así un camino que luego han seguido otros estados de México, un país federal en el que cada estado goza de amplia autonomía legislativa y cuenta con códigos civiles propios. Además, la prohibición del matrimonio igualitario por los estados que aún no permiten su celebración acabó siendo considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y, de hecho, en prácticamente todos los estados de México se han celebrado ya bodas por orden judicial.
Pese a todo, el Congreso de México decidía a finales de 2016 bloquear el compromiso del presidente del país, Enrique Peña Nieto, de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar sin género de duda la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país. Todo ello fruto de una intensa campaña de agitación homófoba promovida, entre otras, por la Iglesia católica mexicana. En enero de 2017 publicábamos la noticia de la nueva constitución de Ciudad de México y el reconocimiento expreso al matrimonio igualitario y a las familias LGTB.
López Obrador: decepcionante medio gas, condicionado por sus socios
Como decíamos, en este momento Andrés Manuel López Obrador lidera las encuestas como favorito a ocupar la presidencia. Se presenta por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT). En clave LGTB no ha asumido un compromiso firme y decidido. López Obrador ha hecho algunos guiños al colectivo LGTB, como la mención en uno de sus spots de campaña: «vamos a respetar las libertades: Habrá una auténtico estado de derecho… vamos a garantizar las libertades: la libertad de prensa, el derecho a disentir, el derecho a la diversidad sexual, el respeto a los derechos humanos».
Muy criticada fue la inclusión en la coalición, supuestamente de izquierdas, del Partido Encuentro Social, conservador y cristiano, contrario al matrimonio igualitario. «Somos muchos, no soy yo sola, muchísima gente está indignada y dispuesta a que esto [la alianza] no ocurra, porque lo único que no se puede tolerar es la intolerancia. Morena es respeto y el PES es intolerancia», declaraba la actriz Jesusa Rodríguez tras la presentación del gabinete realizada por López Obrador para el caso que alcance la presidencia.
Quizá esta amalgama de partidos que defienden posturas radicalmente opuestas es la que conduce a López Obrador a sugerir un referéndum como método de reconocimiento de derechos. «Mi postura es que estos casos se consulten porque yo no puedo ofender a quienes. Yo soy dirigente de un movimiento amplio, plural, incluyente, donde hay católicos, hay evangélicos, hay no creyentes, yo tengo que consultar la opinión de todos, yo soy respetuoso de las libertades y creo en el estado laico», aseguraba recientemente el candidato de Juntos Haremos Historia.
El actor Diego Luna, protagonista de una de las películas de la saga Star Wars, se lamentaba de que «el candidato de ‘izquierda’ proponga poner a consulta ciudadana los derechos de la comunidad LGBTQ. Ayer habló de primero atender prioridades, los derechos de todos son prioridad, por lo menos en el país donde yo quiero vivir».
También conviene echar la vista atrás para recordar que López Obrador bloqueó la Ley de Sociedades de Convivencia durante su entrada al gobierno de la capital mexicana en 2001 y que no pudo ser aprobada hasta su pérdida de las elecciones de 2006.
Ricardo Anaya: un respaldo discreto y poco creíble
La coalición Por México al Frente, encabezada por Ricardo Anaya, responde al acuerdo entre el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano (MC). En un acto el pasado mes de enero, activistas de la organización Fuera del Clóset le abordaron para forzar una declaración sobre el avance de derechos del colectivo LGTB. En respuesta, Anaya les sonrió y se limitó a asegurar que «lo haremos con mucho gusto. Dame la mano».
No obstante, uno de los activistas dijo: «de verdad, nos están matando. El Estado de México es el segundo estado a nivel nacional donde hay más crímenes de odio», mientras que el candidato panista le replicó condescendientemente: «te entiendo perfecto, amigo». Incluso sin obtener una declaración de intenciones clara sobre la comunidad LGTB, el activista le recordó que el PAN se ha opuesto al matrimonio igualitario en el Estado. Fue entonces cuando Anaya se montó en su coche y cerró la puerta al diálogo.
Apenas unos minutos atrás, durante un acto electoral, algunos asistentes alzaron la voz al grito de «no más homofobia». El líder del Por México al Frente respondió: «viva la tolerancia en el país, sin mencionar ninguna propuesta sobre la agenda LGBTTTI», denunciaba Fuera del Clóset.
Meade no quiso fotografiarse con la bandera arcoíris
José Antonio Meade Kuribreña abandera la candidatura de la coalición Todos por México, formada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido Nueva Alianza (PANAL) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). A finales del pasado mes de diciembre activistas del Movimiento por la Igualdad en Nuevo León (MOVINL) acusaron al candidato priista de eludir compromisos en materia LGTB al visitar dicha organización. «Danos un mensaje claro a la diversidad, Pepe», le requería una activista. una activista. Asimismo, al final del encuentro se negó a realizarse una foto con la bandera arcoíris, símbolo de la diversidad sexual y de la identidad de género. «No tanto así», replicaba Meade cuando miembros de PVEM le pidieron la foto. Ante tal afirmación, los defensores de la igualdad le cuestionaron: «¿Por qué no tanto así, Pepe? Somos ciudadanas».
«Absoluto respeto a la diversidad» se limitaba a aseverar Meade. «El artículo primero de la Constitución, es un artículo que centra, que obliga, y que hace que todo gire en torno a los derechos humanos, y el principal derecho humano, el más cercano y el más importante es el respeto y el respeto tiene que ser el centro de la acción de este partido y de todos. El que no respete, queda fuera», explicó el candidato.
La activista Jennifer Aguayo, en cambio, argumentó que «nos contesta con el artículo 1 constitucional, que protege los derechos humanos, una respuesta muy ambigua, que no nos dejó satisfechos. Hicimos otro intento para poder dialogar con él, y le regalamos una bandera de la diversidad, una bandera del arcoíris que nos representa, le pedimos que se tomara una foto con ella, a lo que nos respondió ‘no tanto así’… la bandera se la regaló a uno de sus custodios».
La ambigüedad de Meade hace pensar que no se pueden esperar grandes avances en caso de que su candidatura llegara a ser la ganadora (algo que, por otra parte, parece por el momento poco probable). Además, cabe recordar las declaraciones de su homólogo de la coalición para el gobierno de Ciudad de México, Mikel Arriola, del pasado mes de febrero. Arriola dejó claro que «la familia será mi prioridad, la Ciudad de México será la Ciudad de los valores, de la familia. Claramente les digo: Mikel Arriola está en contra de la adopción entre parejas del mismo sexo».
Margarita Zavala condiciona la igualdad de derechos a su doctrina católica
Margarita Ester Zavala Gómez del Campo encabeza una de las dos candidaturas independientes a la presidencia. Zavala ha expresado en relación a la igualdad de derechos del colectivo LGTB que «tengo que hablarlo con honestidad, pero también soy abogada y respeto las instituciones». Durante un acto en la Universidad de las Américas Puebla el pasado 11 de abril dijo estar solo a favor del matrimonio entre hombre y mujer, recordando que es católica y que tiene «valores cristianos», aunque se comprometió a que buscaría una figura jurídica (que ya está vigente, por ejemplo, en Ciudad de México) para garantizar la convivencia de «todas» las parejas.
Aunque apoyó las movilizaciones «por la familia» en septiembre de 2017 que contrariaban la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de extender el matrimonio del mismo sexo a todo el país, en distintas entrevistas, al ser preguntada sobre la cuestión, se ha limitado a referirse a las resoluciones judiciales y a asegurar que «no tengo ningún problema».
Rodríguez Calderón: «el bronco» y el más beligerante con la igualdad
La otra candidatura independiente la lidera Jaime Rodríguez Calderón (alias «el bronco»). El que fuera gobernador de Nuevo León es un conocido de dosmanzanas por sus declaraciones LGTBfóbicas. En mayo del año pasado nos hacíamos eco de sus descalificaciones del matrimonio igualitario y su evocación del «principio fundamental de la familia».
Durante la celebración del Real Estate Summit Monterrey (un conocido encuentro anual con docenas de empresarios) el gobernador de Nuevo León confesó que «creo en el matrimonio. No en las otras zonceras. No creo en las otras cosas. El matrimonio es hombre y mujer, punto». Al mismo tiempo, Rodríguez Calderón invitaba a los presentes que disientan de su discurso homófobo a que «convenzan a la sociedad». En este sentido, siempre en su opinión, «estamos perdiendo el principio fundamental de la familia, es lo que yo creo y es lo que estoy tratando de transmitir y para eso no se necesita presupuesto».
Tras descartar que sus palabras se motivaran por ser un representante «moralista» o «religioso», el gobernador de Nuevo León dejaba claro que «yo creo en Dios, voy a las iglesias cada que hay boda o quinceañera». Sin importarle demasiado la diversidad de opiniones que pudiera despertar en su audiencia, Rodríguez Calderón añadía que «yo no sé si a ustedes les caiga bien esto que les estoy diciendo, lo tengo que decir, lo debo decir, porque todos los días veo padres angustiados, madres arrepentidas».
En 2016, siendo gobernador de Nuevo León, «el bronco» recordaba que la ley del estado no permitá los matrimonios de parejas del mismo sexo y manifestó abiertamente su rechazo a la adopción homoparental, además de su postura sobre las reclamaciones del colectivo LGTB, a cuyos integrantes como «exagerados» para, supuestamente, despertar «simpatía» y provocar «lástima».
«Tenemos que dar buenos ejemplos a nuestros hijos. Yo puedo tener un hijo gay, puede salirme alguien, hermano, hermana, primo, pero como gobernador debo poner un buen ejemplo. Yo tengo muchos amigos gais y yo les he dicho que no tienen necesidad de hacer la exageración que hacen a veces para generar una simpatía», espetó Rodríguez Calderón.
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A lo largo del 2022, culminando en este mes de octubre, los estados mexicanos que aún no habían legislado el matrimonio igualitario ya lo han implementado, de modo que ya forma parte del cuerpo legislativo de los 31 estados que componen la nación norteamericana, además de Ciudad de México, que fue el territorio pionero. Si bien el fallo de la Suprema Corte de Justicia de 2015 permitía de derecho el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, el proceso de adaptación de las legislaciones y constituciones estatales para que no fuera necesario un procedimiento judicial ha sido lento, dada la imposibilidad política de que se aprobara una ley de ámbito nacional. Aunque desde la sentencia de la Suprema Corte de Justicia se incluyó a México en la lista de los países con matrimonio igualitario, actualmente 34, ahora ya forma parte definitivamente de ese grupo sin la acotación de «en parte de su territorio».
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