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Según la Fiscalía de San Luis Potosí (México) crímenes contra travesti y gay no son de odio

Viernes, 26 de julio de 2019

localizancadaverdehombre-focus-0-0-696-423Activistas exigen condenar crímenes de odio hacia la comunidad LGBT+ en San Luis Potosí tras el asesinato de dos personas.

Un joven de casi 18 años y Jesús Torres, un hombre travesti, fueron encontrados sin vida en San Luis Potosí, de acuerdo con el diario Pulso San Luis Potosí. Ambos fueron localizados este fin de semana. El primero en la Colonia Industrial y Jesús Torres en una zanja en Ciudad Valles.

Aunque San Luis Potosí es uno de los 12 estados de la República Mexicana donde están tipificados los crímenes de odio, la Fiscalía no ha levantado ningún protocolo para investigar los dos asesinatos.

San Luis Potosí es uno de los 12 estados que sí tipifican los crímenes de odio en su legislación. Sin embargo, la violencia hacia la comunidad LGBT+ ha ido a la alza.

Todo indica que fueron crímenes de odio

Al respecto, el presidente de la asociación Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA, Andrés Costilla Castro, pidió que estos crímenes de odio no quedaran impunes. Asimismo, indicó al medio Quadratín San Luis Potosí que lamenta que la ley no esté contemplando un tipo penal específico para castigar estos asesinatos.

«Las circunstancias que mostraron indican que puede ser un crimen de odio. En este caso, hubo daños, golpes, hay que saber si hubo signos de violación. Y saber que si es un crimen de odio, que si bien no está tipificado, implicaría que hubiera una investigación más seria».

Es por ello que pidió a la Fiscalía General del Estado contar con un protocolo de crímenes de odio para realizar las investigaciones pertinentes. También pidió a las corporaciones municipales y a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal que busquen prevenir la incidencia de delitos contra la comunidad LGBT+. Según Costilla Castro, este incremento en la violencia hacia el colectivo LGBT+ podría ser una respuesta LGBTfóbica a la aprobación del matrimonio igualitario y cambio de identidad de género en el estado. (Esta fue la reacción de grupos católicos al matrimonio igualitario en San Luis Potosí).

Sobre los crímenes de odio en San Luis Potosí, Costilla Castro recordó el cometido contra un médico homosexual hace dos años, donde la víctima fue calcinada. Otro caso fue el de las mujeres trans asesinadas sobre la carretera 57. Y tampoco hay que olvidar la alerta emitida entre 2015 y 2016 por la Procuraduría General del Estado. En esta, se avisaba sobre la existencia de un grupo de personas que subía personas LGBT+ a sus vehículos para violentarlas.

Es urgente que la Fiscalía y todas las instancias de seguridad en San Luis Potosí tomen cartas en el asunto, empezando por establecer los protocolos necesarios para prevenir los crímenes de odio hacia la comunidad LGBT+. Especialmente considerando que, de los 32 estados de México, San Luis Potosí es uno de los 12 donde sí están tipificados los crímenes de odio.

Con información de Pulso San Luis Potosí y Quadratín San Luis Potosí, vía Soy Homosensual

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Activistas LGBT denunciarán a arzobispo de San Luis Potosí por discursos de homofobia

Sábado, 25 de mayo de 2019

230519-matrimonio-igualitarioUn grupo de activistas que defienden los derechos de las personas LGBT en San Luis Potosí decidió presentar una denuncia en contra del arzobispo Jesús Carlos Cabrero y del vocero de la arquidiócesis de San Luis Potosí, Jesús Priego Rivera, por sus discursos y comentarios de odio en contra de las personas de la diversidad sexual y los matrimonios igualitarios.

Los activistas informaron que la denuncia será presentada ante la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, pues tras la aprobación del matrimonio igualitario en San Luis Potosí  ambos líderes religiosos emitieron comentarios que pueden representar invitaciones y justificaciones al odio y la discriminación hacia las personas LGBT.

El arzobispo sigue con sus dichos homofóbicos y estos casos se han visto en otras partes, de que cuando la iglesia se manifiesta en contra, empieza a haber una serie de actos, amenazas que después se pueden traducir hasta violencia, y no queremos llegar a esos extremos”, explicó Paul Ibarra, integrante de la organización civil Red de Diversificadores Sociales.

También dijo: “La Secretaría de Gobernación tiene que establecer medidas para que las personas sean sancionadas por estos actos. Puedes ser muy ministro de culto, pero tienes una obligación constitucional que cumplir y si no lo haces, debes tener alguna sanción”.

Luego de que el pasado 16 de mayo el Congreso de San Luis Potosí aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo, Jesús Carlos Cabrero emitió un comunicado en el que señaló que una ley aprobada en el congreso no significa que sea positiva o “moralmente buena”; además, insistió en que “una ley no puede destruir lo que es esencial. Desde los más remotos años, el matrimonio se entendió que se hacía efectivo entre dos partes opuestas, pero complementarias: hombre y mujer. Nunca, hasta hace muy pocos años, no entendemos por qué, esta milenaria institución jurídicamente se atacó y terminó por quererla destruir”, señaló el prelado en su comunicado.

Sobre estas palabras, Paul Ibarra dijo que los líderes religiosos veces olvidan que también están sujetos a la ley y respetar los derechos de todas las personas, por eso señaló que es importante presentar una denuncia ante la Secretaria de Gobernación.

Con información de El Pulso de San Luis y Quadratín.

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Diputados de San Luis Potosí desechan matrimonio igualitario

Lunes, 29 de abril de 2019

250419-matrimonio-gayEste 24 de abril la Comisión de Justicia del Congreso de San Luis Potosí votó por mayoría en contra de la iniciativa destinada a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Las bancadas del PRI, Partido Verde y PAN fueron quienes se opusieron a la reforma de diversos artículos del Código Civil y Familiar el Estado para posibilitar estas uniones.

Los diputados y diputadas que votaron en contra fueron Sonia Mendoza, María del Rosario Sánchez, Edgardo Hernández y Rubén Guajardo. Mientras que las diputadas Paola Arreola Rojas y Marité Hernández se posicionaron a favor.

Los opositores recurrieron a argumentos basados en encuestas y en el supuesto derecho divino; asimismo, indicaron que pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo, dichas posturas no son vinculatorias con las entidades federativas debido a su autonomía.

El fallo final señala que no se puede redefinir el matrimonio, ya que es “la génesis de la humanidad”, además argumenta que en el derecho romano el matrimonio es definido como la unión entre un hombre y una mujer.

Por su parte la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de San Luis Potosí dijo estar en contra de la decisión del congreso, pues que para las parejas del mismo sexo representa la posibilidad de que diversos derechos les sean reconocidos con el acceso al matrimonio.

“La postura nuestra es muy clara, totalmente a favor, y el llamado también es muy respetuoso desde luego a las y los legisladores a que pugnen por la mejor decisión que este apegada y acorde a los Derechos Humanos”, dijo Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Además, enfatizó: “A nosotros nos entristece mucho esta decisión”.

La diputada de morena Alejandra Valdés Martínez, quien fue la encargada de presentar esta iniciativa, explicó que el dictamen será enviado a la Comisión de Derechos Humanos, la cual es integrada mayoritariamente por diputados de su partido, por lo que existe una posibilidad de que sea aprobada.

Fuente Desastre.mx

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La Suprema Corte de Justicia de México declara inconstitucional el veto a la adopción homoparental en Campeche

Sábado, 15 de agosto de 2015

noticias_file_foto_1023518_1439452402Importante sentencia favorable a los derechos LGTB en México. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, el más alto tribunal del país) ha considerado contraria a la Constitución la prohibición de adoptar menores a las parejas unidas civilmente, incluyendo las del mismo sexo, en el estado sudoriental de Campeche.

La Ley Reguladora de Sociedades de Convivencia entró en vigor a finales de 2013 en este estado de la península de Yucatán. Las parejas del mismo o de distinto sexo pueden desde entonces hacer uso de la misma para formalizar su unión, pero este mecanismo excluía explícitamente algunos derechos sí reconocidos a los matrimonios. Las personas que se unen civilmente mediante este procedimiento perdían automáticamente la patria potestad de sus hijos y tenían vetado el acceso a la adopción. Es por ello que la Comisión de Derechos Humanos de Campeche remitió un recurso de anticonstitucionalidad contra el artículo de la norma que consagraba estas limitaciones de derechos.

Los demandantes explicaban que la exclusión viola los derechos a la no discriminación y a la protección de la organización y desarrollo de la familia que recoge la Constitución mexicana. La SCJN admitió a trámite el recurso y la magistrada Margarita Luna, a principios de este mes, propuso la anulación del artículo por discriminatorio. En el Pleno había una práctica unanimidad (solo uno de los once jueces estaba en contra) en declarar la inconstitucionalidad de la norma, pero existían discrepancias en la argumentación.

Así, un grupo de cinco magistrados quería destacar la discriminación por razón de orientación sexual, ya que las “sociedades de convivencia” son la única alternativa reconocida en la legislación para las parejas del mismo sexo. Sin embargo, otros cuatro preferían considerarla una discriminación de tipo genérico de las parejas unidas civilmente frente a las casadas. Finalmente, la sentencia establece que la exclusión es contraria al interés superior del niño y ha sido adoptada por nueve votos a favor frente a uno en contra: el del juez Eduardo Medina.

El avance de los derechos LGTB en México

En México hay que distinguir varias situaciones. Por un lado, hay dos territorios en los que ya es realidad el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos. Se trata del Distrito Federal (desde 2009) y del estado de Coahuila (desde septiembre de 2014). A este respecto, ya en 2010 la Suprema Corte de Justicia determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal es extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en el estado de Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer.

Pero es que además la inmensa mayoría del resto de estados mexicanos cuenta ya con sentencias favorables al matrimonio igualitario, haciendo posible que varias decenas de parejas del mismo sexo hayan conseguido ver reconocido su derecho a casarse. De gran importancia fue, en este sentido, la histórica sentencia que en 2012 emitió por unanimidad la Suprema Corte de Justicia de México y que amparó a tres parejas del estado de Oaxaca a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentaciones equivalentes a las que luego se han reproducido en amparos a parejas del mismo sexo residentes en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California del Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, DurangoGuanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz o Yucatán. De hecho, el gobierno del estado de Chihuahua decidía esta misma semana, ante la acumulación de sentencias favorables y temeroso de una avalancha de peticiones de indemnización por parte de las parejas a las que se niegue su derecho a casarse, dejar de poner trabas a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo con carácter general. Un proceso que se ha producido no sin resistencia: en el caso de Baja California, por ejemplo, una pareja que vio reconocido su derecho a contraer matrimonio tuvo que seguir litigando ante la negativa del Registro Civil de Mexicali de obedecer el mandato de la Suprema Corte hasta en cuatro ocasiones. No fue hasta mitad de enero que la pareja pudo por fin casarse. Un proceso que en junio de este año recibía un espaldarazo con la decisión del más alto tribunal mexicano de emitir una tesis jurisprudencial que marca de forma expresa el criterio que deben seguir los tribunales ante cualquier amparo que interponga una pareja del mismo sexo a la que no se le permita casarse por residir en un estado que no haya aprobado el matrimonio igualitario.

Dos estados, Chihuahua y Guerrero, pueden considerarse ya de hecho parte de la lista de territorios en los que es posible sin restricciones el matrimonio igualitario, al haber implementado sus respectivos gobiernos órdenes ejecutivas en ese sentido como consecuencia de todo este proceso.

Todas estas sentencias han sido emitidas por jueces federales como respuesta a amparos solicitados por parejas a las que las leyes locales no les permitían contraer matrimonio, en la mayoría de los casos confirmadas además por la Suprema Corte de Justicia. Pero también se han ido produciendo sentencias de calado más amplio, como la emitida en abril de 2014, cuando la Suprema Corte falló a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca (otra vez un litigio iniciado por activistas de este estado marcaba la tendencia) que solicitaron amparo al considerar que el artículo del Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia en la que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil a una solicitud de matrimonio,“sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte.

En cuanto a la adopción, las parejas casadas, sean del mismo o de diferente sexo, pueden acceder en igualdad de condiciones desde la sentencia de la Suprema Corte de 2010. El fallo de esta semana tiene un claro precedente en la emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila en 2011, tres años antes de que este mismo estado aprobara el matrimonio igualitario. Pero que ahora haya sido el máximo tribunal del país el encargado de fallar en la misma dirección debería suponer un avance claro en la seguridad jurídica de las familias homoparentales en todo el país.

Fuente Dosmanzanas, Cristianos Gays

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Tribunal Supremo de México declara inconstitucionales todas las prohibiciones al matrimonio igualitario… y Chihuahua lo aprueba

Lunes, 15 de junio de 2015

matrimonio_igualitario_mexico_copyLa Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sentado jurisprudencia determinando que son inconstitucionales los Códigos Civiles de los estados que consideren únicamente al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer cuyo fin último sea la procreación.

Paso de gigante en México, donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asentado la jurisprudencia favorable al matrimonio igualitario que a partir de ahora los tribunales mexicanos deberán seguir en aquellos amparos que les lleguen sobre la materia, con independencia de las leyes locales de cada estado. La decisión consolida de forma irreversible el lento pero imparable avance que se viene produciendo sentencia tras sentencia en ese país. Y es que, según el más alto tribunal mexicano, “no existe razón de índole constitucional para no reconocer” el matrimonio igualitario.

Leticia Bonifaz, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de Derechos Humanos del máximo tribunal, indicó en una entrevista que el número de casos de matrimonios de un mismo sexo resueltos por la SCJN permitió que se estableciera una jurisprudencia.

De esta forma la jurisprudencia establece sobre el matrimonio que “la ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquel es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”. Así, Bonifaz explicó que cualquier Código Civil que establezca que el matrimonio es sólo entre mujer y hombre, o que establezca que el fin de éste es la procreación, es inconstitucional, “porque hay otros propósitos del matrimonio, si sólo fuera la procreación no se podrían casar personas de cierta edad o personas que tienen alguna cuestión de salud”.

La nueva jurisprudencia destaca que considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación, constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social.

“Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales”, precisó, y añadió que “como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como entre ‘un solo hombre y una sola mujer’”.

Por su brevedad y claridad, reproducimos literalmente la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de México:

TESIS JURISPRUDENCIAL 46/2015

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO

Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución.

En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran “ciudadanos de segunda clase”, lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja.

Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de “separados pero iguales”. La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad.

Una tesis que destaca por su sencillez (salvando las distancias, sorprende al compararla con la farragosa argumentación de la sentencia por la cual el Tribunal Constitucional de España dio validez a la ley española de matrimonio igualitario…). Y aunque la decisión, a día de hoy, no supone la extensión automática del matrimonio igualitario a todo el territorio mexicano de forma plena (las parejas a las que se deniegue su solicitud de matrimonio tendrán que acudir todavía a los tribunales, al menos mientras los estados no tomen decisiones como la que se acaba de adoptar en Chihuahua) supone desde luego un paso de gigante. Seguiremos atentos a la evolución del proceso.

Chihuahua acaba de convertirse en el cuarto estado de México en el que se aprueba el matrimonio igualitario.  El Gobernador César Duarte ha anunciado oficialmente que su administración “eliminará las trabas” a las parejas del mismo sexo que soliciten unirse en matrimonio. Se espera que las licencias comiencen a emitirse este viernes (12 de junio).

En 2013, a la pareja chihuahuense formada por Tony y Tómas se les permitió casarse por un juez de distrito en Ciudad Juárez después de haber sido rechazado inicialmente por el Registro Civil del Estado. Pero después de que la administración bloqueara su matrimonio, 26 parejas del mismo sexo acudieron a formalizar su petición de sus derechos a ser casadas. Todas estas parejas serán compensadas por los trámites legales. En febrero pasado ganaron el amparo después de que el Juzgado Octavo de Distrito declarase inconstitucional los artículos 134 y 135 del Código Civil del Estado de Chihuahua, porque impide los matrimonios igualitarios.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba a punto de ordenar al Congreso local que legisle sobre los matrimonios igualitarios, y a las autoridades estatales a que indemnicen a las parejas a las que buscaron la protección de la justicia porque inicialmente se les negó el derecho a contraer nupcias. “Lo que menos quieren ya es que los amparos promovidos por los denunciantes lleguen hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, apunta Mario Trevizo, secretario general de Gobierno.

Las organizaciones Movimiento Integración de la Diversidad (Movid), Derechos Humanos Integrantes en Acción (DHIA) y el Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual (CHEROS) anuncian en las redes sociales este gran avance, y manifiestan que lo celebrarán en la marcha del Orgullo LGBT del próximo 20 de junio.

Chihuahua se suma de esta forma a Coahuila, Quintana Roo y México, los estados que permiten el matrimonio igualitario en México.

En México hay que distinguir varias situaciones. Por un lado, hay dos territorios en los que ya es realidad el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos. Se trata del Distrito Federal (desde 2009) y del estado de Coahuila (desde septiembre de 2014). A este respecto, ya en 2010 la Suprema Corte de Justicia determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal es extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en el estado de Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer.

Pero es que además la inmensa mayoría del resto de estados mexicanos cuenta ya con sentencias favorables al matrimonio igualitario, haciendo posible que varias decenas de parejas del mismo sexo hayan conseguido ver reconocido su derecho a casarse. De gran importancia fue, en este sentido, la histórica sentencia que en 2012 emitió por unanimidad la Suprema Corte de Justicia de México y que amparó a tres parejas del estado de Oaxaca a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentaciones equivalentes a las que luego se han reproducido en amparos a parejas del mismo sexo residentes en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California del Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, DurangoGuanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz o Yucatán. De hecho, el gobierno del estado de Chihuahua decidía esta misma semana, ante la acumulación de sentencias favorables y temeroso de una avalancha de peticiones de indemnización por parte de las parejas a las que se niegue su derecho a casarse, dejar de poner trabas a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo con carácter general. Un proceso que se ha producido no sin resistencia: en el caso de Baja California, por ejemplo, una pareja que vio reconocido su derecho a contraer matrimonio tuvo que seguir litigando ante la negativa del Registro Civil de Mexicali de obedecer el mandato de la Suprema Corte hasta en cuatro ocasiones. No fue hasta mitad de enero que la pareja pudo por fin casarse.

Todas estas sentencias han sido emitidas por jueces federales como respuesta a amparos solicitados por parejas a las que las leyes locales no les permitían contraer matrimonio, en la mayoría de los casos confirmadas además por la Suprema Corte de Justicia. Pero también se han ido produciendo sentencias de calado más amplio, como la emitida en abril de 2014, cuando la Suprema Corte falló a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca (otra vez un litigio iniciado por activistas de este estado marcaba la tendencia) que solicitaron amparo al considerar que el artículo del Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia en la que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil a una solicitud de matrimonio,“sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte.

Un proceso que ahora sufre un espaldarazo con la decisión del más alto tribunal mexicano de emitir una tesis jurisprudencial que marca de forma expresa el criterio que deben seguir los tribunales ante cualquier amparo que interponga una pareja del mismo sexo a la que no se le permita casarse por residir en un estado que no haya aprobado el matrimonio igualitario. La tesis, por otra parte, cierra definitivamente el camino a las legislaciones de “unión civil” similares en todo al matrimonio excepto por el nombre, al considerar que ello supone ya de por si una discriminación.

Fuente El Economista y Dosmanzanas

 

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El político mexicano Arturo Arriaga Macías equipara la homosexualidad con el narcotráfico y la violencia… Y ha sido obligado a renunciar al cargo

Martes, 7 de abril de 2015

wpid-wp-1427734240252Insultar al colectivo LGTB no sale gratis en México. Quizá debió pensar lo contrario Arturo Arriaga Macías, candidato a gobernador en San Luis Potosí por el Partido de Encuentro Social (PES), quien presumiría de conseguir rédito político al comparar narcotráfico con homosexualidad, en un país donde los cárteles de la droga tienen sometida a una buena parte de la población y extorsionados a policías y políticos.

En México, el político Arturo Arriaga Macías  ha comparado el ser gay o lesbiana con el narcotráfico, la lacra social de la drogadicción y la violencia, en una entrevista en el diario El Pulso de San Luis Potosí.

“Vamos a la Zona Media (una de las cuatro zonas del estado), olvidada, donde no ha habido trabajo, el gobierno la ha dejado olvidada, y eso provoca desempleo e inseguridad, donde la drogadicción, el pandillerismo, la homosexualidad, la violencia, el narcotráfico, se han apoderado”, afirmó Arriaga Macías, candidato a gobernar San Luis Potosí por el Partido Encuentro Social (PES).

Además, alzó la voz a favor de la familia tradicional, y puntualizó que que la homosexualidad, el aborto y el embarazo de mujeres solteras son situaciones que rompen con este modelo. “No estamos en contra de los homosexuales, no los condenamos, para nada, son parte de la sociedad”, y lo arregló añadiendo que “cuando hablo de la homosexualidad, como puedo hablar del aborto, de las madres solteras, es que son una ramificación, nosotros creemos en la familia, todo lo demás rompe la familia”.

El ombudsman Jorge Vega Arroyo dijo no compartir las expresiones del candidato a la gubernatura del Partido Encuentro Social (PES), Arturo Arriaga Macías, quien considera a los homosexuales como una amenaza a la familia.

Vega Arroyo aclaró que si bien declaraba al respecto, sus declaraciones no buscaban abonar en “una discusión y un debate que pueda ser propio de campañas políticas”. Sentenció que la Carta Magna establece que no deben existir señalamientos discriminatorios contra las personas por su color de piel, su origen étnico o por sus preferencias sexuales. Aunando a ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la conformación de “familia moderna”, como no sólo la integrada por papá, mamá e hijos. Enfatizó que los temas referidos no deben ser motivo de confrontación o rispidez entre la sociedad, ya que las elecciones son una fiesta cívica, consideró. Puntualizó que si alguna autoridad realiza pronunciamientos como el del candidato, la CEDH sí se pronunciaría en contra de manera formal.

Aparte, la Red de Diversificadores Sociales lamentó las declaraciones del aspirante a gobernador y calificó como un “autogol” los comentarios vertidos. El presidente de la ONG Red de Diversificadores Sociales, Paul Ibarra Collazo, sugirió al candidato leer las legislaciones local y federal sobre la inclusión de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Trasvesti e Intersexual (LGBTTTI). El activista por los derechos de las gays adelantó que enviará una carta al Comité Directivo Estatal del PES para que tome cartas en el asunto “a fin de que prepare mejor a sus candidatos”.

El anuncio oficial de la retirada de la candidatura (y posiblemente de toda su carrera política) lo hizo el mismísimo dirigente nacional del partido, Hugo Eric Flores, quien avisó en vía twitter avisaba: “Hemos decidido solicitar la remoción de nuestro candidato a la gobernatura de SLP”, para luego sentenciar: “A través del Comité Directivo Nacional, hemos solicitado a nuestro Comité Estatal en SLP retire el apoyo brindado a Arturo Arriaga Macías”. Sendos mensajes fueron enviados con una diferencia de tan sólo cinco minutos: no les tembló el pulso. Además, le ha solicitado que pida una disculpas en público.
El narcotráfico en México se cobra la vida al año de centenares de personas. Sólo en la más reciente, 72 inmigrantes fueron brutalmente asesinados en Tamaulipas a manos de los Zetas, una organización criminal vinculada al comercio ilegal de la droga. Antes, el 23 de septiembre, desaparecieron 43 estudiantes en el sur del país, un acto atribuido al cártel de Los Rojos. Una espiral de corrupción y violencia que no tiene fin.

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Sentencias favorables al matrimonio igualitario en la mayoría de los estados de México

Jueves, 5 de marzo de 2015

Pr‰sidentenpalast am Zocalo mit mexikanischer Flagge, Mexico City, MexikoAunque en los últimos meses los avances al norte del Río Grande han despertado mayor atención, lo cierto es que los Estados Unidos Mexicanos caminan a velocidad de crucero hacia el reconocimiento pleno del matrimonio igualitario. Este ya es realidad en el Distrito Federal (desde 2009) y en el estado de Coahuila (desde septiembre de 2014), aprobada por sus respectivos órganos legislativos. Es más, en 2010 la Suprema Corte de Justicia de México determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal es extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio solo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer. Pero es que además la inmensa mayoría de estados mexicanos cuenta ya con sentencias favorables al matrimonio igualitario, la más reciente de ellas -esta pasada semana- referida al estado de México, y que además insta al Congreso de dicho estado a reformar su legislación matrimonial para acabar con la discriminación.

Sentencia tras sentencia y de forma sistemática los jueces mexicanos se han pronunciado a favor del matrimonio igualitario en la inmensa mayoría de los estados, en los que varias decenas de parejas del mismo sexo han conseguido ya ver reconocido su derecho a casarse. De gran importancia fue, en este sentido, la histórica sentencia que en 2012 emitió por unanimidad la Suprema Corte de Justicia de México y que amparó a tres parejas del estado de Oaxaca a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentación similar a las que luego se han reproducido en amparos a parejas del mismo sexo matrimonio_igualitario_mexico_copyresidentes en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California del Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, DurangoGuanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz o Yucatán.

Un proceso que se ha producido no sin resistencia: en el caso de Baja California, por ejemplo, una pareja que vio reconocido su derecho a contraer matrimonio tuvo que seguir litigando ante la negativa del Registro Civil de Mexicali de obedecer el mandato de la Suprema Corte hasta en cuatro ocasiones. No fue hasta mitad de enero que la pareja pudo por fin casarse.

En todos estos estados las sentencias favorables al matrimonio igualitario han sido emitidas por jueces federales como respuesta a amparos solicitados por parejas del mismo sexo a las que las leyes locales no les permitían contraer matrimonio, en la mayoría de los casos confirmadas además por la Suprema Corte de Justicia. Es el caso de la sentencia conocida esta semana pasada, en la que el más alto tribunal mexicano concedía amparo definitivo a cuatro parejas del Estado de México que llevan litigando desde febrero de 2013, y que además insta al Congreso del estado a reformar su legislación matrimonial para acabar con la discriminación.

Este mismo lunes podría conocerse también la decisión del Tribunal Constitucional de Yucatán, estado en el que ya ha habido varias bodas entre personas del mismo sexo  -como consecuencia de los amparos judiciales referidos- pero en el que sigue vigente una reforma homófoba aprobada por el Congreso del estado en 2009 que elevaba a rango constitucional la prohibición del matrimonio igualitario.

Dicha prohibición ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional del estado, que bien podría dar un vuelco a la situación legal y ordenar al legislativo terminar con la discriminación.

homosexualesLo cierto es que la acumulación de sentencias está generando una situación cada vez más favorable al matrimonio igualitario. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, por el momento estas son solo son de obligada ejecución para las parejas recurrentes, pero ya son varios los estados en los que el número de sentencias está a punto de alcanzar el volumen suficiente para sentar jurisprudencia.

También empiezan a conocerse sentencias de calado más amplio, como la emitida en abril de 2014, cuando la Suprema Corte falló a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca (otra vez este un litigio iniciado por activistas de este estado marcaba la tendencia) que solicitaron amparo al considerar que el artículo de Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia en la que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil para acceder a una solicitud de matrimonio, “sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte.

Por último, son ya varias las iniciativas de aprobación del matrimonio igualitario en legislaturas estatales desencadenadas por la escalada judicial.

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La justicia mexicana abre el camino al matrimonio igualitario en Baja California Sur

Jueves, 30 de octubre de 2014

homosexualesLa Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 150 y 330 del Código Civil del estado mexicano de Baja California Sur que contemplaban la unión entre hombre y mujer como único supuesto de matrimonio.

La exclusión del colectivo homosexual llevó el pasado 8 de agosto a la reivindicación de derechos por parte de un grupo de 18 personas. 14 mujeres y 4 hombres pidieron al Congreso del Estado y al gobernador, Marcos Covarrubias Villaseñor, la modificación de los nombrados artículos.

Nolzuly Almodóvar García, que lideró este grupo de 18 personas, cuenta que las parejas que apoyaron y solicitaron el amparo colectivo indirecto exigido a las autoridades, pueden ahora contraer matrimonio con sus parejas en plenitud de derechos. Además, Nolzuly, la representante del primer colectivo LGTB que logra sacar adelante un amparo en la región de Baja California Sur anima al resto de la población a unirse a la legitimidad de su causa y a la lucha por sus derechos.

Mexico_gay_homosexual_matrimonio1El próximo 27 de noviembre se interpondrá un nuevo amparo colectivo, así como un recurso de revisión del primer juicio, con la intención de eliminar la anulación de derechos del colectivo LGTB de manera permanente.

Se deja de lado así el supuesto reconocido en el artículo 150 que precisa que “el matrimonio es la unión legítima de un solo hombre y una sola mujer, con el propósito expreso de integrar una familia mediante la cohabitación doméstica y sexual, el respeto y la protección recíproca, así como la eventual perpetuación de la especie”. También se abandona el artículo 330 que enunciaba que “el concubinato es la unión de un solo hombre y una sola mujer, libres de impedimentos de parentesco y ligamen matrimonial”.

Otros estados mexicanos interpusieron ya amparos, entre ellos, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Baja California, Tabacos y San Luis Potosí. Además, el Distrito Federal permite desde el año 2010 la celebración de matrimonios igualitarios, con más de seis mil de ellos en los registros de Ciudad de México entre 2010 y 2013.

Fuente Cáscara amarga

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Amparo hará posible otro matrimonio gay en San Luis Potosí, México

Jueves, 7 de agosto de 2014

Matrimonio-gay-en-MéxicoJóvenes durante “Marcha del Orgullo Gay” en el DF, única entidad de México donde existe la figura de Matrimonio Igualitario.

El Matrimonio Igualitario sigue avanzando en territorio mexicano, gracias al instrumento del amparo. Esta vez una pareja gay de San Luis Potosí se convertirán en esposos.

Gracias al amparo 391/2014-III, otorgado por el juzgado sexto de distrito de San Luis Potosí, Jonathan Llanas y Gadiel Martínez podrán unirse en matrimonio, convirtiéndose en la segunda pareja homosexual que lo hace en ese estado mexicano, según informó la organización LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans) Red Diversificadores Sociales.

El primer caso de matrimonio gay en San Luis Potosí, se dio gracias al amparo correspondiente a la sentencia 459/2014 del primer juzgado de distrito, emitido en junio pasado.

Fue después de varios meses de litigio que Llanas y Martínez obtuvieron el amparo, según indicó Red Diversificadores Sociales en un comunicado. La pareja acudió en marzo pasado al Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual para solicitar su unión, sin embargo tras los tramites administrativos, fueron rechazados por el Registro Civil.

Tras la negativa, decidieron interponer un amparo con el apoyo de Red Diversificadores Sociales y la asesoría legal de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Centro Samuel Ruiz de Derechos Humanos.

El amparo obtenido considera inconstitucional el Artículo 15 del Código Familiar del Estado de San Luis Potosí, que excluye de manera implícita a las parejas homosexuales del derecho a casarse, con lo que se viola lo establecido en la Constitución Mexicana, respecto a la discriminación.

La Red Diversificadores Sociales, en conjunto con la Clínica de Litigio Estratégico de la UASLP y el Centro “Samuel Ruiz” de Derechos Humanos AC, anunciaron la interposición de más amparos de esta naturaleza.

Trasciende que tribunales de otros estados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sentenciado que prohibir las uniones civiles entre personas del mismo sexo es “inconstitucional” y se trata de franca discriminación contra la población LGBT.

Fuente: SDP Noticias (Con información de Pulso y Milenio), vía SentidoG

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