A lo largo del 2022, culminando en este mes de octubre, los estados mexicanos que aún no habían legislado el matrimonio igualitario ya lo han implementado, de modo que ya forma parte del cuerpo legislativo de los 31 estados que componen la nación norteamericana, además de Ciudad de México, que fue el territorio pionero. Si bien el fallo de la Suprema Corte de Justicia de 2015 permitía de derecho el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, el proceso de adaptación de las legislaciones y constituciones estatales para que no fuera necesario un procedimiento judicial ha sido lento, dada la imposibilidad política de que se aprobara una ley de ámbito nacional. Aunque desde la sentencia de la Suprema Corte de Justicia se incluyó a México en la lista de los países con matrimonio igualitario, actualmente 34, ahora ya forma parte definitivamente de ese grupo sin la acotación de «en parte de su territorio».

En marzo de este 2022, concluyó el proceso de modificaciones del estado de Yucatánpara adaptar su legislación a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo llevada a cabo por el Congreso estatal en agosto de 2021. Así se iniciaba un año en el que, definitivamente, México se ha convertido en uno de los 34 países donde el matrimonio igualitario está legislado en todo su territorio.

El 30 de mayo, la Corte Suprema del estado de Veracruz declaraba la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que impedían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Días después, el Congreso estatal modificaba la ley en aplicación de la sentencia, teniendo efectos del 16 de junio.

El 18 de septiembre, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, firmaba un decreto que ordenaba a los registros tramitar las solicitudes de matrimonio de las parejas del mismo sexo. El 21 de septiembre, el Congreso estatal modificaba la legislación al respecto.

En un vertiginoso fin de carrera, el 11 de octubre el Congreso del estado de México aprobaba el matrimonio igualitario. El 19 lo hacía el Congreso del estado de Tabasco. El 25 el Congreso del estado de Guerrero y, finalmente, el 26 de octubre el Congreso de Tamaulipas convertía a ese estado en el 31º en otorgar a las parejas el mismo sexo el acceso a la institución del matrimonio. Las modificaciones legislativas aprobadas en los estados de México, Guerrero y Tamaulipas están aún pendientes del trámite de publicación en sus respectivos boletines oficiales.

De esta manera, México finalmente ha concluido el proceso de adaptación de las constituciones y legislaciones de ámbito estatal a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que en 2015 declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. La sentencia llegó seis años después de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en 2009, que fue el primer territorio de América Latina donde se implementó, unos meses antes de su aprobación en Argentina.

No obstante, esa misma sentencia también declaraba inconstitucional la prohibición de la adopción a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, los estados de Oaxaca, Baja California Sur, Tlaxcala, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Yucatán, Estado de México, Tabasco y Guerrero aún no han modificado sus legislaciones para permitirla.

Aun así, tras la modificación legislativa en todos sus estados, México ya forma parte definitivamente de los 11 países del continente americano donde existe el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo su territorio.

También se incluye de manera integral entre los 34 países del mundo donde existe la igualdad para las parejas LGTBI.

El matrimonio igualitario en México

Como hemos señalado, Ciudad de México fue el primer territorio de América Latina en aprobar el matrimonio igualitario en el año 2009 (meses antes de que lo hiciera Argentina). El 12 de junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que tanto los matrimonios entre parejas del mismo sexo como las adopciones por padres del mismo sexo fruto de aquella ley eran válidos en todo el territorio mexicano. Previamente a esa definitiva sentencia, el matrimonio igualitario había sido aprobado en los estados de Quintana Roo, Coahuila y, tan solo un día antes, Chihuahua.

La capital mexicana abría así un camino que luego fueron siguiendo los 31 estados de la nación, un país federal en el que cada uno de esos estados goza de amplia autonomía legislativa y cuenta con códigos civiles propios. Además, la prohibición del matrimonio igualitario por los estados que no permitían su celebración acabó siendo considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y, de hecho, en prácticamente todos los estados de México se celebraron bodas por orden judicial. En los estados que aún no celebraban matrimonios entre personas del mismo sexo, sin embargo, los contrayentes debían presentar un recurso de amparo, un trámite que aumentaba los plazos y los costes.

Pese a todo, el Congreso de México decidía a finales de 2016 bloquear el compromiso del entonces presidente del país, Enrique Peña Nieto, de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar sin género de duda la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país. Todo ello fruto de una intensa campaña de agitación homófoba promovida, entre otras, por la Iglesia católica mexicana. En enero de 2017 publicábamos la noticia de la nueva constitución de Ciudad de México y el reconocimiento expreso al matrimonio igualitario y a las familias LGTBI.

La victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido de nueva creación Morena en las elecciones de julio de 2018 despertaron ciertas expectativas de una solución a nivel federal, a pesar de sus tibias palabras en campaña. Desde entonces se presentaron dos propuestas. La primera, en octubre de 2018, a iniciativa del senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Juan Zepeda Hernández. La segunda, en diciembre de 2019, la defendió la diputada de Morena Reyna Celeste Ascencio Ortega y conllevaba una reforma de la Constitución mexicana. Ninguna de ellas se aprobó.

Fuente Dosmanzanas

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Por Georgina González

Fotos: Gentileza de Tamaulipas Diversa Vihve Trans

Ana Karen López Quintana es defensora de derechos humanos y preside la organización Tamaulipas Diversa Vihve Trans, dedicada a defender los derechos de las poblaciones trans, les trabajadorxs sexuales y personas que viven con VIH en Tampico, Altamira y Madero, al sur del estado mexicano de Tamaulipas. La autogestión ha sido su mejor herramienta para hacer frente a la crisis alimentaria, económica y de salud que experimentan estas poblaciones durante la pandemia.

“La pandemia sigue afectando a las personas que están ejerciendo el trabajo sexual y a las que se dedican al show travesti, a meserear, fichar (trabajadora que gana comisiones por las bebidas alcohólicas consumidas dentro de un bar), que trabajan en casa (trabajdoras domésticas) o en restaurantes pues fueron despedidas y no tienen trabajo en estos momentos. Todas ellas, mayormente parte de la población LBT (lesbianas, bisexuales y trans), viven una situación muy crítica”, cuenta Ana Karen en entrevista con Presentes.

Ante la covid-19, Vihve Trans buscó soporte con los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Sin embargo, luego de diez meses, el Estado permanece ausente frente al llamado de ayuda para que mujeres trans, trabajadorxs sexuales y personas que viven con VIH hagan frente a las desigualdades y violencias que experimentan durante la emergencia sanitaria.

“El Estado no nos ha brindado absolutamente nada, ni dinero, ni cubrebocas, ni gel antibacterial, ni guantes, ni condones. Todo ha sido ayuda de sociedad civil, sobre todo por el apoyo emergente de Fondo Semillas. Sin ese fondo hubiéramos colapsado y hubiera más personas afectadas y contagiadas por covid-19. Gracias a eso hemos podido acercarnos a la comunidad”, advierte Ana Karen.

De abril a mitad de enero de 2021 les integrantes de Vihve Trans han repartido 680 despensas (productos de canasta básica); 250 kits de limpieza personal; 450 cubrebocas lavables y 115 mil condones masculinos y 1500 femeninos. Además, se realizaron 600 pruebas rápidas de VIH, se brindó atención médica a 25 personas LGBT adultas mayores y a 45 niñes que viven con VIH. Este trabajo territorial aparece recogido en la investigación de la organización Front Line Defenders.

Sin empleo, sin hogar

“Al principio todo fue un caos, hubo chicas que entraron en psicosis y no sabíamos ni para dónde hacernos”, recuerda Ana Karen. De golpe los hoteles, estéticas y otros espacios de trabajo cerraron.

Para apoyar y contrarrestar la falta de empleo, de techo y comida, Vihve Trans generó acciones como rifas en Facebook, a hacerse más visibles en redes sociales y a nivel local, a tocar puertas con otras organizaciones y funcionarios públicos.

Algunas mujeres trans y personas que ejercen el trabajo sexual se quedaron sin empleo y a su vez sin techo, algunas también fueron orilladas a abandonar los departamentos que rentaban como consecuencia del estigma. “Ya no querían rentarle a las chicas por la cuestión de que creen que iban a traer el virus de covid-19 y más clientes”, señala Ana Karen. 

“Hubo chicas que se refugiaron con amigas o buscaron pagar renta en otro lado entre dos personas. Y por necesidad, clandestinamente ejercen el trabajo sexual arriesgando su salud, algunas fueron afectadas con el covid-19”, agrega.

Se olvida una pandemia por otra

Ana Karen tuvo que buscar fondos económicos para poder incinerar a diez mujeres. Siete de ellas ejercían el trabajo sexual, 3 más no pero todas vivían con VIH y no contaban con tratamiento antirretroviral, eso las afectó fatalmente al momento de enfermar de covid-19.

“Durante esta pandemia no hemos tenido el abasto oportuno de medicamentos antirretrovirales y los estudios de rutina de VIH. El gobierno no está tan apegado a esto y es urgente que se brinden medicamentos y estudios médicos”, señala Ana Karen.

En México las autoridades de salud orientaron todos sus esfuerzos a la pandemia por covid-19 y dejaron de brindar detección, atención y seguimiento a la pandemia de VIH. 

Tan solo en Tamaulipas en 2019 las autoridades de salud detectaron 329 nuevos casos de VIH, en contraste, en 2020 se detectó un total de 24, 23 hasta marzo y un solo caso entre el 29 de junio y el 15 de noviembre, de acuerdo a datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida.

Ana Karen enfatiza en la urgencia porque el Estado brinde atención médica integral a les trabajadorxs sexuales, personas trans y personas que viven con VIH. “No solo hay desabasto de medicamentos para VIH, también para hipertensión, diabetes. Además, el personal de salud no está sensibilizado, muchas personas trans tienen miedo de ir (al centro de salud) porque es común que no se respete ni su nombre ni su identidad”, añade.

Para poder cremar a sus diez compañeras Ana Karen pidió apoyo a funcionarios públicos locales y es que el país también enfrenta una crisis funeraria donde los servicios de cremación han duplicado sus precios. Al final, consiguió un descuento y con el apoyo solidario de la red de mujeres trans del sur de Tamaulipas logró solventar el gasto.

“Nos dolió mucho no poder llorarlas y hacer un velorio, debían ser cremadas. Muchas no eran de aquí, unas eran de Veracruz, de San Luis Potosí, de Nuevo León (estados colindantes a Tamaulipas), y es que sabes que del trabajo sexual migran constantemente, no están sus familias, al final sus cenizas fueron entregadas a las amigas que pudieron hacer aquí”.

“Tamaulipas es conservador y violento”

Defender los derechos humanos en Tamaulipas tiene sus riesgos. Y aunque Ana Karen se sabe “un roble que no se deja vencer ante ninguna tempestad”, tiene claro que el estado que la vio crecer “es conservador y violento con quienes levantan la voz”. 

“No tenemos avances en ley de identidad o matrimonio igualitario, sin embargo, por ahora estamos trabajando en un solo frente como movimiento de la diversidad sexual por el derecho a la salud integral libre de estigma y libre de discriminación”, explica Ana Karen.

Además, se busca reformar el Código Civil del estado que impone como requisito para contraer matrimonio la presentación de estudios clínicos prenupciales y que impide esta unión a la persona que sean diagnosticadas con VIH, a menos que interponga un amparo.

Tamaulipas también es uno de los estados que más ha padecido la violencia generada por la estrategia de seguridad llamada “guerra contra en narco” que llevó a las calles a los militares.

“Es difícil trabajar realmente en este contexto. La presencia de policías o militares no representa un beneficio para nosotras, al contrario, de ellos solos tenemos rechazo, discriminación y detenciones injustas”, advierte Ana Karen.

Según la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidd de Género (ENDOSIG 2019), 3 de cada 10 personas LGBT encuestadas experimentaron un trato discriminatorio por parte de la policía, siendo el más común los interrogatorios sin motivos aparentes.

Además, un informe de 2016 sobre las condiciones de los derechos humanos de las mujeres trans en México elaborado por el Transgender Law Center y la clínica de estudios LGBT de la Universidad de Derecho de Cornell, concluye que “las mujeres trans ya eran objeto de abusos policiales y militares, pero una vez que comenzó el aumento de la militarización bajo Calderón (ex presidente que instauró esa estrategia de seguridad pública en 2006), las mujeres trans sufrieron un aumento en las agresiones. Los militares cometen los mismos abusos que la policía al hacer que las mujeres trans sean objeto de detenciones arbitrarias, golpizas, extorsiones y robos”.

La resistencia trans

“Trabajar ha sido difícil, créeme que de repente pues sí me llega la desesperación, la angustia, lloro. Pero desahogar me hace bien, me he sentido respaldada por mi familia, por mi esposo y todo esto me ha empoderado aún más”, confiesa Ana Karen. Y agrega, “también veo fortalecidas a mis compañeras, algunas lloran cuando reciben los apoyos, dan las gracias y me han dado a entender que no se sienten solas y que están unidas y así nació la resistencia trans”. 

“La resistencia trans” es una red de personas LGBT, en su mayoría jóvenes, que trabajan como voluntarias para acercar los apoyos alimenticios, de prevención y pruebas de detección de VIH, sífilis y hepatitis en los municipios de Tampico, Altamira y Madero.

Pero la resistencia también se extendió al sur, en Veracruz, y de la mano de Tendremos Alas AC tejen puentes para gestionar apoyos a trabajadorxs sexuales, personas trans y personas que viven con VIH en Pánuco y Pueblo Viejo, a 45 minutos de Tampico.

Frente a la ausencia del Estado, la discriminación de la sociedad, la violencia institucional, el acoso policial, militar y del crimen organizado, la organización Vihve Trans reclama hoy más fuerte que nunca: “¡Nosotrans existiendo, resistiendo y persistiendo! (…) y con este empoderamiento comunitario vamos a fortalecernos aún más para tomar decisiones. Aquí estamos y queremos que nuestros derechos se garanticen y respeten”.

Fuente Agencia Presentes

General COVID-19, México, Orhanización, Pandemia, Solidaridad, Tamaulipas, Tamaulipas Diversa Vihve Trans

Fuente Agencia Presentes

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General, Homofobia/ Transfobia. Ana Lucía Duarte, Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT), Ciudad de México, Colonia Mesa Colorada Oriente, Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Desapariciones, Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (Comité CED), Homofobia/Transfobia, IDHEAS, Jalisco, Karla García Duarte, Kenia Duarte Pérez, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., México, Mujeres Trans, Personas trans, Rocío Suárez, Sinaloa, Tamaulipas, Unión Diversa de Jalisco (UDJ), Zapopan

Paola es una trabajadora sexual transexual que fue golpeada, arrastrada y probablemente violada antes de ser asesinada en el municipio de Heroica Matamoros, en México.

Alrededor de las 9:30 de la mañana del domingo, 19 de marzo, un vecino de la colonia Valle de Aragón alerta a los servicios de emergencia de la presencia de un cuerpo sin vida en la calle Valle de los Olivos del municipio de Heroica Matamoros, en el estado de Tamaulipas. Al llegar al lugar, los efectivos de Protección Civil no pueden hacer nada por la vida de la víctima, que yace boca arriba y con la cara desfigurada por los golpes. Había señales que indicaban que había sido arrastrada e indicios de haber sido violada. Se trataba del cuerpo de Paola, una trabajadora sexual transexual, según es posteriormente identificada.

Paola tenía 23 años de edad y vivía sola en la colonia Movimiento 18 de Octubre. «Todos los días acudía a la esquina de la avenida Marte R. Gómez a la altura de la calle Mar Caribe y ahí esperaba a sus clientes», confirma su propio hermano, que la identifica por su nombre de nacimiento, José Ángel Ponce, siendo una de sus compañeras, última persona que la vio con vida, que ha preferido permanecer en el anonimato, quien ha confirmado que se daba a conocer con el nombre de Paola Reyes.

Según su compañera, alrededor de las 9 de la noche anterior, Paola se sube a un Jeep Cherokee de color verde, modelo de 2010, conducido por un hombre. Fue la última vez que la vio con vida. Al día siguiente tuvo conocimiento de que habían encontrado el cuerpo de una persona sin vida en un solar de la colonia, comprobando que se trataba de Paola por la ropa que lleva vestida. El Servicio Médico Forense (Semefo) va a proceder a realizar la autopsia para conocer las verdaderas causas de la muerte y certificar si hubo violación al tener parte de su ropa desgarrada y su ropa interior por debajo de las rodillas, indicando que así habría podido ser. Mientras tanto la policía ha abierto una investigación para encontrar a los responsables de su muerte.

La violencia contra las personas transexuales se ha acentuado en México en los últimos 11 años según el informe de Crímenes de Odio por Homofobia presentado por la organización Letra S, que concluye que desde 1995 y hasta mediados de 2016 han muerto asesinadas 265 personas transexuales en México.

Fuente Universogay

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Importante sentencia favorable a los derechos LGTB en México. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, el más alto tribunal del país) ha considerado contraria a la Constitución la prohibición de adoptar menores a las parejas unidas civilmente, incluyendo las del mismo sexo, en el estado sudoriental de Campeche.

La Ley Reguladora de Sociedades de Convivencia entró en vigor a finales de 2013 en este estado de la península de Yucatán. Las parejas del mismo o de distinto sexo pueden desde entonces hacer uso de la misma para formalizar su unión, pero este mecanismo excluía explícitamente algunos derechos sí reconocidos a los matrimonios. Las personas que se unen civilmente mediante este procedimiento perdían automáticamente la patria potestad de sus hijos y tenían vetado el acceso a la adopción. Es por ello que la Comisión de Derechos Humanos de Campeche remitió un recurso de anticonstitucionalidad contra el artículo de la norma que consagraba estas limitaciones de derechos.

Los demandantes explicaban que la exclusión viola los derechos a la no discriminación y a la protección de la organización y desarrollo de la familia que recoge la Constitución mexicana. La SCJN admitió a trámite el recurso y la magistrada Margarita Luna, a principios de este mes, propuso la anulación del artículo por discriminatorio. En el Pleno había una práctica unanimidad (solo uno de los once jueces estaba en contra) en declarar la inconstitucionalidad de la norma, pero existían discrepancias en la argumentación.

Así, un grupo de cinco magistrados quería destacar la discriminación por razón de orientación sexual, ya que las “sociedades de convivencia” son la única alternativa reconocida en la legislación para las parejas del mismo sexo. Sin embargo, otros cuatro preferían considerarla una discriminación de tipo genérico de las parejas unidas civilmente frente a las casadas. Finalmente, la sentencia establece que la exclusión es contraria al interés superior del niño y ha sido adoptada por nueve votos a favor frente a uno en contra: el del juez Eduardo Medina.

El avance de los derechos LGTB en México

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sentado jurisprudencia determinando que son inconstitucionales los Códigos Civiles de los estados que consideren únicamente al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer cuyo fin último sea la procreación.

Paso de gigante en México, donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asentado la jurisprudencia favorable al matrimonio igualitario que a partir de ahora los tribunales mexicanos deberán seguir en aquellos amparos que les lleguen sobre la materia, con independencia de las leyes locales de cada estado. La decisión consolida de forma irreversible el lento pero imparable avance que se viene produciendo sentencia tras sentencia en ese país. Y es que, según el más alto tribunal mexicano, “no existe razón de índole constitucional para no reconocer” el matrimonio igualitario.

Leticia Bonifaz, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de Derechos Humanos del máximo tribunal, indicó en una entrevista que el número de casos de matrimonios de un mismo sexo resueltos por la SCJN permitió que se estableciera una jurisprudencia.

De esta forma la jurisprudencia establece sobre el matrimonio que “la ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquel es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”. Así, Bonifaz explicó que cualquier Código Civil que establezca que el matrimonio es sólo entre mujer y hombre, o que establezca que el fin de éste es la procreación, es inconstitucional, “porque hay otros propósitos del matrimonio, si sólo fuera la procreación no se podrían casar personas de cierta edad o personas que tienen alguna cuestión de salud”.

La nueva jurisprudencia destaca que considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación, constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social.

“Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales”, precisó, y añadió que “como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como entre ‘un solo hombre y una sola mujer’”.

Por su brevedad y claridad, reproducimos literalmente la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de México:

TESIS JURISPRUDENCIAL 46/2015

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO

Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución.

En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran “ciudadanos de segunda clase”, lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja.

Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de “separados pero iguales”. La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad.

Una tesis que destaca por su sencillez (salvando las distancias, sorprende al compararla con la farragosa argumentación de la sentencia por la cual el Tribunal Constitucional de España dio validez a la ley española de matrimonio igualitario…). Y aunque la decisión, a día de hoy, no supone la extensión automática del matrimonio igualitario a todo el territorio mexicano de forma plena (las parejas a las que se deniegue su solicitud de matrimonio tendrán que acudir todavía a los tribunales, al menos mientras los estados no tomen decisiones como la que se acaba de adoptar en Chihuahua) supone desde luego un paso de gigante. Seguiremos atentos a la evolución del proceso.

Chihuahua acaba de convertirse en el cuarto estado de México en el que se aprueba el matrimonio igualitario.  El Gobernador César Duarte ha anunciado oficialmente que su administración “eliminará las trabas” a las parejas del mismo sexo que soliciten unirse en matrimonio. Se espera que las licencias comiencen a emitirse este viernes (12 de junio).

En 2013, a la pareja chihuahuense formada por Tony y Tómas se les permitió casarse por un juez de distrito en Ciudad Juárez después de haber sido rechazado inicialmente por el Registro Civil del Estado. Pero después de que la administración bloqueara su matrimonio, 26 parejas del mismo sexo acudieron a formalizar su petición de sus derechos a ser casadas. Todas estas parejas serán compensadas por los trámites legales. En febrero pasado ganaron el amparo después de que el Juzgado Octavo de Distrito declarase inconstitucional los artículos 134 y 135 del Código Civil del Estado de Chihuahua, porque impide los matrimonios igualitarios.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba a punto de ordenar al Congreso local que legisle sobre los matrimonios igualitarios, y a las autoridades estatales a que indemnicen a las parejas a las que buscaron la protección de la justicia porque inicialmente se les negó el derecho a contraer nupcias. “Lo que menos quieren ya es que los amparos promovidos por los denunciantes lleguen hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, apunta Mario Trevizo, secretario general de Gobierno.

Las organizaciones Movimiento Integración de la Diversidad (Movid), Derechos Humanos Integrantes en Acción (DHIA) y el Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual (CHEROS) anuncian en las redes sociales este gran avance, y manifiestan que lo celebrarán en la marcha del Orgullo LGBT del próximo 20 de junio.

Chihuahua se suma de esta forma a Coahuila, Quintana Roo y México, los estados que permiten el matrimonio igualitario en México.

En México hay que distinguir varias situaciones. Por un lado, hay dos territorios en los que ya es realidad el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos. Se trata del Distrito Federal (desde 2009) y del estado de Coahuila (desde septiembre de 2014). A este respecto, ya en 2010 la Suprema Corte de Justicia determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal es extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en el estado de Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer.

Todas estas sentencias han sido emitidas por jueces federales como respuesta a amparos solicitados por parejas a las que las leyes locales no les permitían contraer matrimonio, en la mayoría de los casos confirmadas además por la Suprema Corte de Justicia. Pero también se han ido produciendo sentencias de calado más amplio, como la emitida en abril de 2014, cuando la Suprema Corte falló a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca (otra vez un litigio iniciado por activistas de este estado marcaba la tendencia) que solicitaron amparo al considerar que el artículo del Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia en la que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil a una solicitud de matrimonio,“sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte.

Un proceso que ahora sufre un espaldarazo con la decisión del más alto tribunal mexicano de emitir una tesis jurisprudencial que marca de forma expresa el criterio que deben seguir los tribunales ante cualquier amparo que interponga una pareja del mismo sexo a la que no se le permita casarse por residir en un estado que no haya aprobado el matrimonio igualitario. La tesis, por otra parte, cierra definitivamente el camino a las legislaciones de “unión civil” similares en todo al matrimonio excepto por el nombre, al considerar que ello supone ya de por si una discriminación.

Fuente El Economista y Dosmanzanas

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Aunque en los últimos meses los avances al norte del Río Grande han despertado mayor atención, lo cierto es que los Estados Unidos Mexicanos caminan a velocidad de crucero hacia el reconocimiento pleno del matrimonio igualitario. Este ya es realidad en el Distrito Federal (desde 2009) y en el estado de Coahuila (desde septiembre de 2014), aprobada por sus respectivos órganos legislativos. Es más, en 2010 la Suprema Corte de Justicia de México determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal es extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio solo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer. Pero es que además la inmensa mayoría de estados mexicanos cuenta ya con sentencias favorables al matrimonio igualitario, la más reciente de ellas -esta pasada semana- referida al estado de México, y que además insta al Congreso de dicho estado a reformar su legislación matrimonial para acabar con la discriminación.

Sentencia tras sentencia y de forma sistemática los jueces mexicanos se han pronunciado a favor del matrimonio igualitario en la inmensa mayoría de los estados, en los que varias decenas de parejas del mismo sexo han conseguido ya ver reconocido su derecho a casarse. De gran importancia fue, en este sentido, la histórica sentencia que en 2012 emitió por unanimidad la Suprema Corte de Justicia de México y que amparó a tres parejas del estado de Oaxaca a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentación similar a las que luego se han reproducido en amparos a parejas del mismo sexo residentes en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California del Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz o Yucatán.

Un proceso que se ha producido no sin resistencia: en el caso de Baja California, por ejemplo, una pareja que vio reconocido su derecho a contraer matrimonio tuvo que seguir litigando ante la negativa del Registro Civil de Mexicali de obedecer el mandato de la Suprema Corte hasta en cuatro ocasiones. No fue hasta mitad de enero que la pareja pudo por fin casarse.

En todos estos estados las sentencias favorables al matrimonio igualitario han sido emitidas por jueces federales como respuesta a amparos solicitados por parejas del mismo sexo a las que las leyes locales no les permitían contraer matrimonio, en la mayoría de los casos confirmadas además por la Suprema Corte de Justicia. Es el caso de la sentencia conocida esta semana pasada, en la que el más alto tribunal mexicano concedía amparo definitivo a cuatro parejas del Estado de México que llevan litigando desde febrero de 2013, y que además insta al Congreso del estado a reformar su legislación matrimonial para acabar con la discriminación.

Este mismo lunes podría conocerse también la decisión del Tribunal Constitucional de Yucatán, estado en el que ya ha habido varias bodas entre personas del mismo sexo  -como consecuencia de los amparos judiciales referidos- pero en el que sigue vigente una reforma homófoba aprobada por el Congreso del estado en 2009 que elevaba a rango constitucional la prohibición del matrimonio igualitario.

Dicha prohibición ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional del estado, que bien podría dar un vuelco a la situación legal y ordenar al legislativo terminar con la discriminación.

Lo cierto es que la acumulación de sentencias está generando una situación cada vez más favorable al matrimonio igualitario. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, por el momento estas son solo son de obligada ejecución para las parejas recurrentes, pero ya son varios los estados en los que el número de sentencias está a punto de alcanzar el volumen suficiente para sentar jurisprudencia.

También empiezan a conocerse sentencias de calado más amplio, como la emitida en abril de 2014, cuando la Suprema Corte falló a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca (otra vez este un litigio iniciado por activistas de este estado marcaba la tendencia) que solicitaron amparo al considerar que el artículo de Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia en la que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil para acceder a una solicitud de matrimonio, “sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte.

Por último, son ya varias las iniciativas de aprobación del matrimonio igualitario en legislaturas estatales desencadenadas por la escalada judicial.

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Jorge Valdez Vargas diputado del partido PRD fue grabado en vídeo cuando en una concentración de protesta política agredió a una travesti hasta dejarla caer en el suelo sin más opciones.

Las agresiones hacia transexuales y travestis parecen no tener límites y en este espacio, nos ha tocado hablar de muchas diferentes y sin duda, no son de nuestro agrado en cambio, casi siempre tenemos que hacer noticia de alguna que se ha dado en el mes que corre.

Dicho esto, en esta nueva publicación, pasamos a hablar de una nueva agresión hacia una conocida travesti del Estado mexicano de Tamaulipas en el que, en una reyerta ocasionada por cuestiones políticas relacionadas con la corrupción e irregularidades en los comicios del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el diputado Jorge Valdez Vargas, golpeó con fuerza a la travesti conocida como “La Mayra”, activa en Nuevo Laredo.

No obstante, a pesar de los hechos y de las imágenes que podemos ver en el vídeo que tenemos abajo de esta publicación, el diputado ha pedido disculpas públicamente hacia “La Mayra” por sus actos y además, ha pagado los gastos médicos que se han llevado hasta la fecha.

“No vuelvo a actuar de esa manera, ya pagué algo así como cinco mil pesos y pagaré hasta el último centavo que se originen de la hospitalización de Fernando, con esto no justifico lo que hice, pero creo que es lo menos que puedo hacer” son las palabras del diputado en señal de disculpas por los golpes hacia “La Mayra”

En cualquier caso, lejos de que haya pedido disculpas públicas, queremos dejarte el vídeo para que tú mismo puedas ver lo ocurrido en el altercado:

Fuente Universogay

Homofobia/ Transfobia. "La Mayra", Fernando martínez "La Mayra", Jorge Valdez Vargas, Partido de la Revolución Democrática (PRD), Tamaulipas