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Comisión de la Mujer del Senado de Chile aprueba la derogación del divorcio culposo por homosexualidad

Lunes, 3 de mayo de 2021

María_Isabel_Allende_BussiPor 4 votos a favor y una abstención. 

 La Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género del Senado, presidida por Isabel Allende Bussi (en la fotografía) aprobó ayer la derogación del divorcio  culposo por homosexualidad, luego de una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró como contraria a la Carta Magna dicha disposición.

La derogación de la causal de divorcio culposo por homosexualidad, establecida en el  artículo 54 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, contó con los votos favorables de las senadoras Allende, Yasna Provoste, Marcela Sabat y Adriana Muñoz y con la abstención de Jacqueline van Rysselberghe.

“Valoramos profundamente la celeridad con que el Senado, gracias a una indicación de  las parlamentarias Allende, Provoste, Muñoz y Rincón están discutiendo esta temática, que esperamos se vea rápidamente en Sala”, dijo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

En la ocasión expusieron la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, así como  representantes de diversos movimientos, como Rompiendo el Silencio e Iguales. Del mismo modo se contó con el testimonio de Paula Sarrín, una de las mujeres beneficiadas con el fallo del TC.

En su exposición, el Movilh solicitó que junto a la derogación del divorcio culposo por homosexualidad se avance en la eliminación del artículo 365 del Código Penal, “otra ley homofóbica”, y en la aprobación del matrimonio igualitario, todos compromisos ,asumidos por el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordó Jiménez.

En tanto, la abogada del Movilh, Mónica Arias, resaltó que “las causales tienen relación con faltas graves imputables a uno de los cónyuges, entre las cuales se encuentran la comisión o tentativa de delitos penales;  incumplimiento grave y reiterado de deberes del matrimonio, como es la infidelidad; y, conducta homosexual. Es decir, establece como causal separada del resto la conducta sexual entre personas del mismo sexo, haciendo una distinción no razonable frente a actos de infidelidad graves y reiterados que establece la misma norma como causa, que no efectúa distinción”.

Añadió que “el numeral 4° del artículo 54 de la ley 19.947, constituye una discriminación normativa por orientación sexual, puesto que establece una sanción sólo considerando la orientación sexual del cónyuge, motivo que no puede ser sancionado, porque atenta contra la dignidad de las personas”

“El Estado no puede abstraerse de lo prescrito por la Constitución y los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos.  La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 24 dispone que “todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.”, apuntó

“El cónyuge culpable en el divorcio sanción por conducta homosexual, trae consigo la publicidad de la sanción.  Aquello implica que un Juez de la República determina, en base a su valoración, cómo la persona (cónyuge) sancionada por la conducta homosexual debe conducir sus relaciones de afección con terceros, lo cual vulnera la garantía del artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental”, finalizó Arias.

Fuente MOVILH

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Tribunal Constitucional de Chile declara inconstitucional causal de divorcio culposo por homosexualidad: “es discriminatoria, no razonable y denigrante”

Viernes, 30 de abril de 2021

tribunal_constitucional_chileLa sentencia, calificada de histórica por el Movilh, fue publicada hoy por el TC.

El Tribunal Constitucional publicó hoy la sentencia mediante la cual declaró  por 6 votos contra 4 como contraria a la Carta Magna la causal de divorcio culposo por homosexualidad, un hecho calificado como histórico por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), organismo que se sumó al proceso mediante un Amicus Curiae.

La declaración de inconstitucionalidad de la causal de divorcio culposo por homosexualidad, establecida en el  artículo 54 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, contó con los votos favorables de los/as ministros/as María Luisa Brahm Barril, Gonzalo García Pino, Nelson Pozo Silva, Cristián Letelier Aguilar, Rodrigo Pica Flores, María Pía Silva Gallinato, mientras en contra se pronunciaron los/as magistrados/as Iván Aróstica Maldonado, Juan José Romero Guzmán, José Ignacio Vásquez Márquez, Miguel Ángel Fernández González.

La causa se originó luego de que la Jueza Titular del Juzgado de Familia de Coquimbo, María Antonieta Santibáñez Rodríguez,  presentara un requerimiento alegando que la causal era discriminatoria, en el marco de una demanda de divorcio presentada por un hombre contra su esposa por mantener una relación con otra mujer.

“Es un hecho histórico, pues estamos llegando al fin de una las tres leyes homofóbicas existentes en Chile. El TC ha declarado que la causal de divorcio culposo por homosexualidad es discriminatoria, no razonable y denigrante con las personas homosexuales. Por tanto, esperamos que el Congreso Nacional derogue en breve esta nefasta ley que ha estigmatizado a personas solo en razón de su orientación sexual”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Añadió que el Congreso Nacional “pondrá próximamente en tabla un proyecto de ley que deroga esta normativa, proceso que esperamos avance de manera rápida  y sin contrapesos. La dignidad humana ya no puede seguir siendo pisoteada por nuestras leyes”.

La sentencia

En su sentencia, el TC sostiene que “esta causal de divorcio culpable asigna al cónyuge una responsabilidad por actos indistinguibles de su condición personal, reafirmando un estándar subjetivo no permitido por la Constitución. La determinación del legislador constituye una vulneración esencial del propio ámbito de los derechos fundamentales, puesto que la identificación de un límite debe estar basada irredargüiblemente en actos externos, de significación jurídica plausible, que generen afectación a terceros. No es posible tolerar la constitución de un límite a un derecho fundamental a un trato igualitario, si la naturaleza de ese límite consiste en degradar la condición de la persona misma o imputarla con responsabilidad y sanciones por un patrón conductual que no puede modificar”.

Añade que con la mencionada, “el legislador introduce, en consecuencia, un ejercicio comparativo de la “conducta homosexual” en el mismo catálogo de delitos, patologías sociales, enfermedades de dependencia física o sentencias condenatorias por abusos o violencia”

Para el TC, “la noción de conducta, neutramente entendida, no refiere acciones específicas, pero adjetivada con la palabra “homosexual”, activa una integración normativa de prejuicios, en manos del intérprete de la regla, que puede incorporar hechos ilimitadamente adversos sin atender a la condición de persona y a sus características individuales. También puede acontecer lo contrario. Esto es una dimensión restrictiva que lleve a una prácticamente nula aplicación de la regla. Pero la debilidad de la norma es esa, permitir un cuestionamiento a la condición de las personas en un marco crítico para resolver la ruptura del matrimonio”.

“La interpretación que integra y crea una causal de divorcio identificando la condición individual de la orientación sexual de uno de los contrayentes, vulnera el artículo 19, numeral 2°, de la Constitución puesto que afecta la condición de persona misma (artículo 1° y 19° de la Constitución y su dignidad humana (artículo 1° de la Constitución), en su relación con el artículo 19, numeral 2°”, especifica el tribunal,

Explica además que “el divorcio por culpa introduce un conjunto de causales extremadamente graves y completas de un modo tal que ni siquiera la infidelidad pura y simple constituye una de esas causales. Basta un conjunto superior de requisitos, medios probatorios y verificaciones avaladas en un conjunto de hechos”.

Tampoco esta causal, añade el TC,  “cumple con el principio de necesidad. El juicio por divorcio culpable se mantiene en pie. Ningún derecho de las partes se ha afectado por dejar de utilizar esta causal, declarando su inaplicación concreta y no obligando a la jueza de familia a tener que fallar conforme exclusivamente al principio de inexcusabilidad, a sabiendas de la conciencia de inconstitucionalidad de la norma”.

“Se trata de un caso en donde el mantenimiento de la causal para el caso concreto genera una minusvaloración para la dignidad humana de las personas homosexuales, en todas sus formas en general, y, en particular, de la parte demandada en el juicio por divorcio culpable. Se trata de una afectación de condiciones esenciales respecto de los cuales no cabe diferenciar a las personas. Se trata de una norma que define una regla discriminatoria al ser fundada en un criterio no razonable, arbitrario y denigrante de la condición de personas históricamente segregadas y sostenidas en una clasificación basada en un estatus inmutable o en condiciones que la persona no puede controlar. Aquello vulnera el artículo 19, numeral 2° de la Constitución, ya que el legislador estableció una “diferencia arbitraria”, sostenida en la orientación sexual de las personas, estableciendo una regla punitiva de efectos civiles, procesales y económicos perjudiciales para uno de los contrayentes del matrimonio”, finalizó el TC

“Los antecedentes de la causa dan cuenta que no es necesaria una declaración de esta Magistratura para que evitar que el precepto impugnado se aplicado en el juicio de divorcio. Estamos ante una causa en la que ninguna de las partes, incluido la juez quiere que se aplique la causal de divorcio que hace referencia a la conducta homosexual. Por consiguiente, la acción de inaplicabilidad interpuesta no cumple con el requisito constitucional consistente en que el precepto que se objeta pueda ser aplicado, tal como lo dispone el artículo 93, inciso undécimo, de la Constitución.

El voto disidente

El voto minoritario, lejos e argumentar si la causal de divorcio era o no discriminatoria, se limitó a señalar que era innecesario analizar el caso, pues la jueza que presentó el requerimiento bien podría dirimir o autorizar el divorcio, sin recurrir a la causal por homosexualidad.

“Los antecedentes de la causa dan cuenta que no es necesaria una declaración de esta Magistratura para que evitar que el precepto impugnado se aplicado en el juicio de divorcio. Estamos ante una causa en la que ninguna de las partes, incluido la juez quiere que se aplique la causal de divorcio que hace referencia a la conducta homosexual. Por consiguiente, la acción de inaplicabilidad interpuesta no cumple con el requisito constitucional consistente en que el precepto que se objeta pueda ser aplicado, tal como lo dispone el artículo 93, inciso undécimo, de la Constitución”, señaló el voto disidente.

Fuente MOVILH

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Hito en Chile: Ttibunal Constitucional declara inconstitucional artículo que tipifica a la homosexualidad como causal de divorcio culposo

Miércoles, 14 de abril de 2021

tribunal_constitucional_chileEl Movilh, que se sumó al proceso a través de un Amicus Curiae, calificó de histórica la medida “en tanto termina con un absurdo, añejo y perjudicial estigma contra las personas homosexuales”.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) anunció hoy que el Tribunal Constitucional declaró como contraria a la Carta Magna la causal de divorcio por homosexualidad, “lo cual es un hecho histórico, que permite avanzar hacia el término definitivo de esta añeja, perjudicial y homofóbica ley”.

La declaración de inconstitucionalidad de la causal de divorcio culposo por homosexualidad, establecida en el  artículo 54 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, contó con los votos favorables de los/as ministros/as María Luisa Brahn, Gonzalo García, Nelson Pozo, Cristián Letelier, Rodrigo Pica, María Pía Silva, mientras en contra se pronunciaron los/as magistrados/as Iván Aróstica, Juan José Romero, José Ignacio Vásquez, Miguel Ángel Fernández,

Si bien la sentencia aún esta etapa de redacción,  el vocero del Movilh, Óscar Rementería, sostuvo que “sabemos y tenemos la convicción de que una de las razones para declarar inconstitucional  a  la causal de divorcio culposo por homosexualidad,  es se trata de una norma homofóbica que  atenta contra la igualdad de todas las personas. Y en este punto, el TC fue explícito y claro”

El caso, del cual el Movilh se hizo parte a través de un Amicus Curiae, inició luego de que la jueza del Juzgado de Familia de Coquimbo, María Antonieta Santibáñez Rodríguez,  presentara  al TC el 23 de junio del 2020  un requerimiento de inaplicabilidad, luego de conocerse que un hombre había solicitado el divorcio con una mujer lesbiana.

El artículo 54 de la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, se establece que “el divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges” en caso de “atentando contra la vida o malos tratos graves”, “abandono”, “transgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad”, “condena de crímenes o delitos”, “alcoholismo o drogadicción” y “tentativa para prostituir al otro cónyuges o a los hijos”. En el mismo listado de causas de divorcio culposo se menciona a “la conducta homosexual”.

En su Amicus Curiae ante el TC, el Movilh alegó que “al ser la infidelidad  también una causal de divorcio culposo, resulta innecesario, además de estigmatizante, que se hable de “conducta homosexual”, en tanto en ningún caso se hace referencia a la heterosexualidad”

Rementería explicó que el artículo 54 de la Ley 19.947 “es una de las tres normas explícitamente homofóbicas existentes en Chile, junto al Código 365 del Código Penal, que establece edades de consentimientos sexual distinta para homosexuales y heterosexuales, y el artículo  102 del Código Civil, que impide el matrimonio entre personas del mismo sexo”.

“Hoy, damos un paso histórico, pues se avanza hacia la derogación definitiva de una de las tres normas homofóbicas vigentes en Chile y, como consecuencia, homosexuales accedemos a mejores condiciones de igualdad”, finalizó.

Fuente MOVILH

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Tribunal Constitucional de Perú rechazó demanda de matrimonio igualitario

Jueves, 5 de noviembre de 2020

20352Por Vero Ferrari, desde Lima

A puertas cerradas y en sesión reservada, el Tribunal Constitucional peruano decidió rechazar este 3 de noviembre la demanda interpuesta por Oscar Ugarteche para que el registro Nacional de Identidad y Estado Civil registrara su matrimonio con Fidel Aroche realizado en México. De esta forma, le dan la espalda a miles de parejas que buscan formalizar su relación y contar con las protecciones y garantías que el Estado ofrece a estos contratos matrimoniales.

“Este fallo es un retroceso hacia la igualdad de derechos en el Perú. Ha sido un camino largo y tormentoso, que continúa desde que Flora Tristán luchara infructuosamente por el reconocimiento del matrimonio sus padres en Francia. Mi lucha continuará ahora en el exterior”, dijo Ugarteche, activista y uno de los fundadores del Movimiento Homosexual de Lima (Mhol).

Los votos en contra fueron de los magistrados conservadores Ernesto Blume, José Luis Sandón, Augusto Ferrero y Carlos Miranda, quien fue el orador principal de la demanda. A favor votó la presidenta del Tribunal, Marianella Ledesma y los magistrados Eloy Espinoza-Saldaña y Carlos Ramos, quienes siempre han votado a favor de causas progresistas.

 

La demanda de amparo fue interpuesta en cuatro años después de que Oscar y Fidel se casaran en 2012 e intentaran inscribir su matrimonio por todas las vías formales peruanas. En 2016, el Séptimo Juzgado Constitucional de Lima ordenó a RENIEC inscribir el matrimonio, pero este organismo apeló, de ahí el caso pasó al Tribunal Constitucional, que demoró varios años en ponerlo a debate. Hoy se conocieron los resultados, aunque ya estaba avisado pues los cuatro magistrados que votaron en contra del matrimonio igualitario fueron los que votaron para que la sesión se realice de forma reservada y nadie más que ellos pudieran ser testigos de los argumentos para rechazar el pedido de la pareja

Instituciones como la Defensoría del Pueblo instaban a que el TC tomara una decisión a derecho de la Constitución y los tratados internacionales. Desde la sociedad civil se generó la campaña #TCVotaPorLaIgualdad que se convirtió en tendencia todo el día de hoy, hasta que se anunció el resultado a la 1 pm de esta tarde.

En declaraciones para la prensa Oscar Ugarteche señaló “El conservadurismo religioso peruano es lo más previsible del mundo”. El economista anunció que el caso irá a la CorteIDH y debido a la Opinión Consultiva 24-2017, esta ordenará al Estado peruano que regule y reconozca el matrimonio igualitario.

Fuente Agencia Presentes

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Los principales partidos alemanes, salvo la extrema derecha, acuerdan reformar la ley de identidad de género

Jueves, 9 de julio de 2020

bundestagContinúa el debate sobre la reforma de la ley de identidad de género en Alemania. Los principales partidos del país, representados en el Bundestag, han retomado la discusión sobre el alcance de los cambios que necesita la regulación, que data de 1980. El Partido Liberal (FDP) y Los Verdes han presentado sendas proposiciones de ley que incluyen los principios de despatologización y autodeterminación de género que reivindican los colectivos trans. Los socialdemócratas del SPD ven con buenos ojos la medida, pero sus socios democristianos en la gran coalición (CDU/CSU) rechazan por el momento que se elimine por completo la tutela médica en el proceso de modificación registral del sexo. La extrema derecha representada por Alternativa para Alemania (AfD) aprovecha, por su parte, para insistir en sus mensajes de odio contra la comunidad LGTBI.

La reforma de la ley de identidad de género es una de las reivindicaciones más insistentes de los colectivos LGTBI alemanes. La norma, que data de 1980, exigía someterse a cirugía genital y esterilización para poder obtener la modificación registral del sexo. En 2011, el Tribunal Constitucional eliminó ambos requisitos por considerarlos contrarios a la ley fundamental alemana. Pero la ley mantiene la tutela médica y judicial, con la exigencia de un informe firmado por dos facultativos que se debe presentar ante el juez encargado de autorizar el cambio.

Aunque el acuerdo que renovó la gran coalición entre democristianos y socialdemócratas en febrero de 2018 obvió la reivindicación de actualizar este marco legal, el ministerio de Justicia de Katarina Barley (SPD) redactó en mayo del año pasado un anteproyecto de reforma de la ley de identidad de género. Los colectivos rechazaron de plano el texto por insuficiente, al no incluir el principio de autodeterminación, y el Gobierno introdujo el asunto de nuevo en un cajón.

Mientras tanto, los partidos de la oposición democrática han tomado la iniciativa. Hace algo más de una semana, los liberales del FPD y Los Verdes presentaron sendas proposiciones de ley en el Bundestag. Ambas cuentan con la aprobación del activismo trans y contemplan la derogación de la actual ley de identidad de género y su sustitución por una norma que simplifique los trámites desde una perspectiva de despatologización. El grupo parlamentario de Die Linke (La Izquierda), por su parte, presentó una propuesta de resolución para indemnizar a las víctimas de operaciones no consentidas de «normalización» genital. El ministerio de Justicia ya trabaja en un proyecto de ley que prohíba estas intervenciones.

Durante el debate parlamentario, el representante del SPD Karl-Heinz Brunner se mostró receptivo a la toma en consideración de las iniciativas de la oposición. Sus socios en el Gobierno, los democristianos de la CDU/CSU, rebajaron sin embargo las expectativas. Aunque aceptan la reforma de la ley de identidad de género, se muestran reticentes a eliminar por completo la tutela médica en el proceso de modificación registral del sexo. Finalmente, la extrema derecha de AfD aprovechó la tribuna para lanzar un mensaje de odio xenófobo y tránsfobo que mereció la condena de los grupos parlamentarios democráticos.

Las proposiciones de ley de liberales y verdes y la iniciativa de Die Linke continuarán ahora su tramitación en las correspondientes comisiones parlamentarias. Si la CDU/CSU no flexibiliza su postura, los focos se dirigirán probablemente de nuevo al SPD. Su dilema, unir sus votos a los de la oposición para promover un verdadero cambio que consagre la despatologización y la autodeterminación de género o someterse a las directrices de sus socios en el Gobierno.

 Fuente Dosmanzanas

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Clasificación anual sobre derechos LGTBI en Europa: inmovilismo y deterioro en varios países, aunque España sube al 6.º puesto por la sentencia del Constitucional sobre menores trans.

Miércoles, 20 de mayo de 2020

Ilga-Europa-2020-MapaAunque algo habíamos adelantado ya el pasado sábado con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, ampliamos el informe con este post de Dosmanzanas:

Después de que el pasado mes de febrero emitiese su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo, ILGA Europa ha dado a conocer la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. Malta vuelve a encabezar la clasificación con holgura, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Como el año anterior, ILGA Europa advierte de que se están experimentando retrocesos legislativos en algunos países respecto a los derechos de las personas LGTBI. También se están propagando los discursos de odio por parte de los movimientos populistas, que ponen en riesgo a quienes defienden los derechos civiles, sin que las autoridades políticas estén tomando medidas al respecto. España asciende hasta la sexta posición, a pesar del inmovilismo legislativo de los últimos años, debido a la sentencia que ha declarado inconstitucional la discriminación de los menores trans en cuanto al reconocimiento de su identidad de género. ILGA Europa sigue recomendando la aprobación definitiva de la ley de igualdad de las personas LGTBI, la reforma de la ley de identidad de género que incluya la despatologización y la prohibición a nivel nacional de las terapias de reconversión de la orientación sexual.

Por primera vez, ILGA Europa ha distanciado la publicación de su informe anual sobre los derechos LGTBI en el continente europeo de la elaboración de la clasificación por países. En el informe, publicado en el mes de febrero, advertía del aumento de los discursos de odio contra las personas LGTBI en gran parte de Europa por parte de personas de relevancia social y política, debido al auge de los partidos de extrema derecha populista en números países. También informaba de que se ha producido un aumento de las agresiones físicas y de las expresiones de odio a través de las redes sociales en muchos países.

Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año no ha habido cambios en la valoración de cada apartado, por lo que es más sencilla la comparación con los datos del año anterior. Las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 20 %, los crímenes y discursos de odio también son el 20 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el asilo un 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

Ilga-Europa-2020-Cumplimiento-Europa

Ilga-Europa-2020-Cumplimiento-Union-Europea

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Ilga-Europa-2020-Clasificacion-por-paises

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Ilga-Europa-2020-Mapa

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario.

La mayor caída en la clasificación la experimenta Hungría, que pierde 8,46 puntos debido a la suspensión de los procedimientos para el reconocimiento de la identidad de género, y a la falta de protección adecuada por parte del Gobierno en los eventos públicos. También descienden Francia y Finlandia, ya que las iniciativas gubernamentales en cuanto a la ampliación de derechos no han logrado entrar en vigor.

Ascienden Holanda, Montenegro y Macedonia del Norte debido a la implementación de reformas para impedir la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. España también asciende hasta la sexta posición, tras el dictamen del Tribunal Constitucional respecto a la identidad de género de los menores trans.

Según los datos recopilados por ILGA Europa, no ha habido ningún avance legislativo en el 49,9 % de los países europeos.

La pérdida de derechos o el aplazamiento de las reformas destinadas a su reconocimiento son una gran preocupación para ILGA Europa. Su directora ejecutiva, Evelyne Paradis, declaraba que «este es un momento crítico para la igualdad LGBTI en Europa. Con cada año que pasa, más y más países, incluidos aquellos que defienden la igualdad LGBTI, continúan rezagados en sus compromisos de igualdad para las personas LGBTI, mientras que más gobiernos toman medidas activas para atacar a las comunidades LGBTI. Hay razones para estar extremadamente preocupados de que esta situación se extienda a medida que la atención política se vea inmersa en las consecuencias económicas de la COVID-19».

La situación en España

Aunque el pasado año hubo una vez más en España un total inmovilismo legislativo respecto a los derechos LGTBI, su clasificación se he visto sustancialmente mejorada, al pasar de la undécima posición hasta la sexta. El ascenso se debe principalmente a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional la prohibición de que los menores trans pudieran acceder a la rectificación registral del sexo.

De esta manera, España ha pasado de un cumplimiento del 59,98 % en la clasificación del año pasado hasta un 66,82 % en la del actual.

Ilga-Europa-2020-Cumplimiento-Espana

No obstante, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español:

  • Prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual.
  • Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
  • Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. Repitió en 2017, 2018 y 2019. Este año vuelve a situarse en esa posición, a considerable distancia de los demás. España, que salió el año pasado por primera vez del grupo de los 10 países de cabeza, vuelve a integrarse en él, debido al reconocimiento de los derechos de los menores trans por el Tribunal Constitucional.

 Fuente Dosmanzanas

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Movilh presenta ante el TC un amicus curiae a favor del matrimonio igualitario

Viernes, 3 de enero de 2020

TC-Monica-Arias-Movilh-2Luego de que el Tribunal Constitucional declarara admisible un recurso presentado por una pareja chilena-española casada en el extranjero.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) presentó hoy en el Tribunal Constitucional un Amicus Curiae favorable al reconocimiento del matrimonio igualitario de una pareja chilena-española casada en la provincia de Barcelona, luego que el Registro Civil se negara a validar su vínculo en nuestro país.

En el escrito, la abogada del Movilh, Mónica Arias, precisa que los artículos 12 de la Ley 20.830 que Crea el Acuerdo de Unión Civil y 80 de la Ley Nº 19.947 sobre Matrimonio Civil, son inconstitucionales toda vez que prohíben reconocer enlaces contraídos en el extranjero solo en razón de la orientación sexual de las parejas.

Estos preceptos “son inconstitucionales, por atentar contra la dignidad del ser humano, ser evidentemente discriminatorios, por vulnerar por sí mismo el derecho a la integridad psicológica, derecho a la igualdad y derecho a la vida privada, como asimismo, a diversos tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, vigentes y ratificados por el Estado de Chile, y que por mandato constitucional deben ser incorporados al ordenamiento jurídico interno”, señala el Amicus Curiae

Añade que también vulneran “el derecho a la identidad y derechos de los niños, niñas y adolescentes”, pues el matrimonio en cuestión está esperando un hijo, a quien se privaría del reconocimiento de sus madres.

Por último, precisó Arias, también se transgrede el Acuerdo de Solución Amistosa, firmado en 2016 por Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en tanto en el mismo el Estado se obligó a impulsar el matrimonio igualitario

Fuente MOVILH

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Tribunal Constitucional chileno declara admisible recurso de pareja lésbica que busca el reconocimiento de su matrimonio

Jueves, 26 de diciembre de 2019

lesbianas-pareja-movilh--820x394La pareja está esperando un hijo y se casó en España.

El Tribunal Constitucional declaró ayer admisible un recurso por inaplicabilidad de inconstitucionalidad presentado por una pareja de lesbianas casadas en España y a la cual el Registro Civil les negó el reconocimiento del vínculo.

“Esperamos que esta admisibilidad se traduzca en un voto futuro mayoritario, donde se reconozca que la negación del matrimonio igualitario es una vulneración a los derechos humanos más básicos, como es la igualdad ante la ley consagrada en la Constitución. El TC ya ha debatido bastante sobre esto y esperamos madurez ahora”, sostuvo el vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Óscar Rementería

Las mujeres una chilena y una española, casadas en 2012 en la  Provincia de Barcelona, presentaron en el Tribunal Constitucional el recurso por inaplicabilidad de inconstitucionalidad del Acuerdo de Unión Civil y de la Ley de Matrimonio.

Ello ocurrió luego de que el 30 de octubre del 2019 la pareja presentara ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección contra el Registro Civil por negarles el reconocimiento del vínculo contraído en España.

En concreto, se impugna el artículo 12 de la Ley 20.830 que Crea el Acuerdo de Unión Civil. Ahí se establece que “los matrimonios celebrados en el extranjero por personas del mismo sexo serán reconocidos en Chile como acuerdos de unión civil si cumplen con las reglas establecidas en esta ley, y sus efectos serán los mismos del referido acuerdo”.

Del mismo modo, la pareja considera inconstitucional al artículo 80 de la Ley Nº 19.947 sobre Matrimonio Civil, el cual reconoce los vínculos contraídos en el extranjero “siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer.”

En el recurso ingresado al TC al pasado 14 de noviembre, las mujeres alegan que se vulneran diversos derechos como pareja y como familia homoparental, en tanto esperan un hijo tras someterse a un proceso de fertilización asistida en mayo del 2019.

En concreto se alega vulneración a los derechos constitucionales garantizados en los artículos 1 y 19, pues la decisión del Registro Civil y las disposiciones de la Ley de matrimonio y del Acuerdo de Unión Civil, dejan “desprovista de la imprescindible protección de la familia matrimonial” a quienes se unen en el extranjero. Además se “vulnera el derecho a la identidad”, a la “protección de la identidad” y el “interés superior del niño” del “ hijo que está por nacer”.

El 29 de noviembre del 2011 el Registro Civil se hizo parte de la causa, negado toda ilegalidad di discriminación en su actuar, en tanto, a su juicio, actuó amparado en la ley.

Fuente MOVILH

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El Tribunal Constitucional declara inconstitucional la prohibición de que los menores trans puedan acceder a la rectificación registral del sexo

Martes, 23 de julio de 2019

tribunal-constitucionalEl pleno del Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo respecto a la Ley 3/2007 «reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas», más conocida como «ley de identidad de género». Y lo ha hecho en un sentido favorable al derecho de las personas transexuales menores de edad a ver reconocida legalmente su identidad de género, pero marcando limitaciones que han merecido duras críticas por parte de Chrysallis, la asociación de familias de menores trans. En cualquier caso, el fallo del Constitucional pone de manifiesto, una vez más, lo anticuado del marco legislativo español por lo que a la realidad trans se refiere. 

Hay que remontarse al año 2016 para conocer el origen de la decisión. Por aquel entonces, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo resolvió plantear ante el  Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de la Ley 3/2007, que impide a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida.

A través de un auto del que fue ponente el magistrado Rafael Sarazá (puedes descargarlo aquí en su integridad), la Sala de lo Civil del Supremo exponía la jurisprudencia que fundaba la procedencia del cambio en la mención registral del sexo de las personas transexuales en principios y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución: la protección de la integridad física y moral, el derecho a la intimidad personal y a la propia imagen y el derecho a la salud, todos ellos en relación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El Tribunal Supremo consideraba, en este sentido, que las personas menores de edad también son titulares de esos derechos fundamentales, aunque con limitaciones o restricciones en su disfrute «que deben tener una justificación adecuada y proporcionada en la falta de madurez para ejercer el derecho o en la necesidad de protección que la propia Constitución reconoce a los menores». Para el Tribunal Supremo, estas justificaciones no operaban de modo uniforme durante toda la minoría de edad, perp«cuando se trata de un menor con suficiente madurez que realiza una petición seria por encontrarse en una situación estable de transexualidad», el Supremo aseguraba «tener dudas» de que «la restricción absoluta que supone la exigencia de la mayoría de edad para poder solicitar el cambio en la mención registral del sexo y del nombre sea acorde a los principios y derechos fundamentales citados».

Ahora el pleno del Tribunal Constitucional (ver nota informativa) ha apreciado los argumentos del Supremo, determinando por mayoría (ha habidos dos votos particulares, cuyos argumentos se conocerán cuando la sentencia se publique íntegra en el Boletín Oficial del Estado) que la restricción legal enjuiciada, en su proyección respecto de los menores de edad con «suficiente madurez» y que se encuentren en una «situación estable de transexualidad», representa un grado de satisfacción más reducido del interés superior del menor de edad perseguido por el legislador. Es por eso que el alto tribunal aprecia la vulneración del principio de desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 de la Constitución) y del derecho a la intimidad (artículo 18.1 de la Constitución).

La parte dispositiva de la sentencia tiene el siguiente contenido: «En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido estimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el art. 1.1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, y, en consecuencia, declararlo inconstitucional, pero únicamente en la medida que incluye en el ámbito subjetivo de la prohibición a los menores de edad con ‘suficiente madurez’ y que se encuentren en una ‘situación estable de transexualidad’».

Chrysallis: un avance «muy relativo»

La cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo fue consecuencia del recurso de un chico, representado por sus padres, que en el momento del nacimiento fue inscrito con nombre y sexo de mujer pero cuya identidad de género es masculina desde su más tierna infancia, y al que tanto en primera como en segunda instancia los tribunales habían negado su derecho a que esta fuese reconocida legalmente. La madre del chico no es otra que Natalia Aventín, presidenta de Chrysallis, asociación de familias de menores trans.

Desde Chrysallis, en este sentido, consideran la decisión del Tribunal Constitucional un avance, aunque «muy relativo». A falta de conocer el texto íntegro, Chrysallis critica que todo el proceso, desde que el 22 de julio de 2014 intentaran proceder al cambio en el Registro Civil de Benasque, se haya prolongado cinco años. «Cinco años cruciales de la vida de una persona, de los 12 a los 17. Y otros tantos de quienes habían puesto sus expectativas en una resolución rápida y no discriminatoria», expresa la asociación. Respecto al contenido del fallo, Chrysallis asegura que «podemos decir que es un avance, pero uno muy, muy relativo. Sí, se va a poder pedir la rectificación registral de nombre y sexo, siendo una persona menor de dieciocho años, y no te lo van a denegar (por ser menor), pero se va a tener que demostrar ‘madurez suficiente’. Madurez suficiente, ¿cómo se demuestra eso? ¿Se exige a la población no trans demostrar ‘madurez suficiente” antes de reconocer su identidad? ¿Qué tipo de ‘madurez suficiente” tiene un bebé neonato cuando se le inscribe? ¿Por qué una persona no trans ve reconocida su identidad desde ese mismo momento, pero las personas trans tienen que demostrar ‘madurez suficiente’?».

Respecto al segundo requisito, la «situación estable de transexualidad», Chrysallis lo tiene claro: «partimos nuevamente de una posición de desventaja: a nadie no trans se le pide una ‘situación estable’ para inscribirle en el Registro Civil, se aventura un pronóstico, una especulación por parte de una persona ajena, de cuál va a ser la identidad de la persona y se da por buena. No es un método científico, está ampliamente demostrado que no hay un solo parámetro biológico objetivo que determine la identidad de las personas (tampoco la orientación sexual). Es decir, la autodeterminación de la persona trans no es suficiente, tiene que hacerlo a lo largo del tiempo, ¿cuánto tiempo?, ¿por qué?, ¿desde qué momento se va a considerar a una persona trans que lo es para empezar a contar?, ¿desde la primera verbalización?, ¿desde la primera vez que se salga del tiesto de los estereotipos de género?, ¿y si la familia o el entorno no es capaz de reconocer esas señales?, ¿y si la persona no es capaz de verbalizar por miedo, presiones, falta de herramientas su identidad?, ¿quién va a demostrar ese ‘currículo trans’ de las personas trans menores a las que nadie defiende ni escucha?».

«La realidad es que detrás de esta prevención vestida de prudencia para no equivocarse, se trasluce algo bastante feo, el Tribunal Constitucional entiende que ser trans, cambiar tus datos registrales, es peor que no serlo. Quiere evitar a toda costa cualquier posibilidad de error. Por desgracia no vemos el mismo empeño en que se establezcan ese tipo de filtros para evitar que las personas trans sean mal clasificadas por la administración al nacer, ni vemos a nadie pensando en medidas para indemnizar y compensar las discriminaciones, abusos y sufrimientos que pueden derivar de esta mala identificación que se hace en el nacimiento. Que la identidad sea reconocida parece que queda en manos de terceras personas, a las que habrá de convencer de quien se es, y a la arbitrariedad de la persona del Registro Civil de turno y su ideología», añaden desde Chrysallis, que critica que algunos medios subrayen como gran avance la decisión del Constitucional: «Digamos que de discriminarte mucho pasa a discriminarte menos, pero no te sitúa en una posición de igualdad con respecto al resto de la ciudadanía». 

España, rezagada

Como llevamos años denunciando desde esta misma página, en España los menores trans se encuentran en una situación de desprotección jurídica a la hora de ver reconocida legalmente su identidad, y su mayor o menor fortuna depende en buena parte del azar: deben acudir a los tribunales, y según en qué tribunal caiga su caso, el resultado es uno u otro. Incluso cuando consiguen el cambio de nombre rara vez consiguen la rectificación del sexo registral asignado. Una arbitrariedad que se explica debido la ya obsoleta ley de identidad de género española, que hasta ahora seguía excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

Una situación cada vez más incomprensible si se tiene en cuenta que son ya numerosos los países que han modernizado sus legislaciones consagrando el principio de autodeterminación de género, de forma que sea cada persona, en uso de su libertad individual y sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna, decida cómo quiere ser reconocida legalmente. Un buen ejemplo es de Malta, que ni siquiera establece límite de edad inferior para proceder a la modificación del «sexo registral».

La actual resolución del Tribunal Constitucional, aun con sus limitaciones, viene a paliar esta situación, aunque no deja de resultar lamentable que en un país como España, que sobre el papel presume de ser uno de los más avanzados por lo que a la aceptación de la realidad de los menores trans se refiere, tengan que ser los tribunales los que enmienden la plana a una clase política que 12 años después de la aprobación de la ley ha sido incapaz de actualizarla.

Fuente Dosmanzanas

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Estados Unidos: presentada una proposición de ley de compensación fiscal de las parejas del mismo sexo casadas antes de la derogación de la DOMA

Viernes, 28 de junio de 2019

Cropped Approved CFFLa senadora y candidata a las primarias demócratas Elizabeth Warren ha presentado una proposición de ley para revertir la discriminación fiscal de las parejas del mismo sexo casadas antes de 2013 en Estados Unidos. La medida les devolvería unos 57 millones de dólares en beneficios a los que no pudieron acogerse antes de la derogación parcial de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la Administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. A pesar de que estos enlaces ya eran legales en diez estados, los cónyuges estaban obligados a presentar la declaración de impuestos federal como personas solteras.

Warren presentó por primera vez su proposición de ley en 2017 y la semana pasada inició un nuevo intento de conseguir su aprobación. La norma se fundamenta en la necesidad de reparar la discriminación que sufrieron las parejas del mismo sexo casadas durante la vigencia de la DOMA. Hasta su derogación parcial por el Tribunal Supremo en 2013, la Defense of Marriage Act privaba a estos matrimonios de los beneficios federales disponibles para los de distinto sexo. Entre ellos, los de carácter fiscal. Los cónyuges del mismo sexo casados en los diez estados donde entonces era posible no podían disfrutar de las ventajas de una declaración de impuestos conjunta, porque el Gobierno de Washington no reconocía sus matrimonios.

La medida de la senadora y candidata a las primarias presidenciales del Partido Demócrata beneficiaría especialmente a aquellas parejas con una gran diferencia de ingresos entre sus miembros. Se calcula que se les devolverían unos 57 millones de dólares en impuestos pagados de más. El periodo de cálculo se extiende desde 2004, año en que Massachusetts se convirtió en el primer estado con igualdad matrimonial de Estados Unidos, hasta 2010, ya que el fallo del Supremo de 2013 permitió una retroactividad de tres años. Dos años después, el alto tribunal decretó que el matrimonio es un derecho constitucional del que no se puede privar a las parejas del mismo sexo, abriendo definitivamente la institución en todo el país.

La proposición de ley de Warren pone nuevamente de relieve el trato desigual al que, con frecuencia, tienen que hacer frente las parejas del mismo sexo incluso después de la entrada en vigor de una ley de matrimonio igualitario. En dosmanzanas hemos recogido algunos de estos casos. En agosto de 2018, el Tribunal Fiscal de Hamburgo emitía por ejemplo una sentencia que reconocía a las parejas del mismo sexo casadas el derecho a reclamar algunos de los beneficios fiscales de los que no pudieron disfrutar antes de que el matrimonio fuera igualitario en Alemania.

Un caso similar, pero con desenlace negativo, conocimos hace dos años en España. El Tribunal Constitucional, con mayoría conservadora, daba en 2016 su visto bueno al hecho de que las parejas del mismo sexo anteriores a 2005 no pudieran acceder a determinadas reducciones en el impuesto de sucesiones reservadas a parejas casadas. De hecho, el Constitucional español ya había avalado antes la «constitucionalidad» de que las parejas del mismo sexo que en su momento no pudieron contraer matrimonio fuesen discriminadas en su acceso a la pensión de viudedad.

Fuente Dosmanzanas

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Alemania reconoce definitivamente y legaliza el tercer género desde el nacimiento

Miércoles, 19 de diciembre de 2018

Bandera-Alemania-CE-Comprar-BanderasEn agosto de este año el gobierno alemán aprobaba un Proyecto de Ley para reconocer el tercer sexy que, definitivamente, el Bundestag (Cámara de Diputados) de Alemania acaba de aprobar, convirtiéndose en uno de los primeros países europeos en reconocer a las personas intersexuales, el fallo corresponde a un proyecto de ley propuesto en 2017. Se espera que para principios de 2019 podría estar en vigor.

La ley fue aprobada por los diputados conservadores, liderados por Angela Merkel, así como los senadores del partido socialdemócrata (SPD), después de casi tres meses de discutir la propuesta realizada por en principio por La Corte Constitucional, ante la petición de reconocimiento de los derechos de la Comunidad de LGTB.

De acuerdo con el documento legal, las actas de nacimiento emitidas en el país deberán incluir la mención “sexo diverso”, ampliando el estatus de identidad sexual limitado en “femenino” y masculino”.

La medida sigue a una sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 que argumentaba que, de acuerdo con el derecho a la protección de la personalidad, las personas que no son ni hombres ni mujeres deben poder inscribir su identidad de género de forma “positiva” en el registro de nacimiento.

En noviembre de 2017, el Constitucional alemán emitía una sentencia histórica al fallar a favor de Vanja, una persona que solicitaba la inscripción de su género legal como «inter/diverso». Su batalla judicial comenzó el verano de 2014. Disconforme con un género legal que no se corresponde con su identidad, presentó una solicitud en el registro civil de una localidad cercana a Hanóver para cambiarlo de «femenino» a «inter/diverso». Su requerimiento fue denegado y Vanja denunció su caso ante la justicia, donde obtuvo respuestas negativas en todas las instancias a las que recurría hasta que llegó al Tribunal Constitucional, que finalmente le dio la razón. El fallo supuso un paso más allá en el reconocimiento de los derechos de los intersexuales en Alemania.

Ya en 2013 se aprobó una reforma legal, a partir de una recomendación del Comité Ético, que permitía a los padres de recién nacidos no inscribirlos como hombres o mujeres en el registro civil. “Si un bebé no puede ser identificado como perteneciente al género masculino o femenino, se dejará sin rellenar el apartado correspondiente en el registro de nacimiento”, establecía. El objetivo era que los padres no tuvieran que determinar inmediatamente después del nacimiento del bebé el sexo de este, además de evitar presiones sobre ellos.

Es hora de que se modernice de una vez la legislación vigente“, apuntó la ministra de Justicia, la socialdemócrata Katarina Barley, a cuyo departamento correspondió elaborar el pertinente proyecto. Se estima que en Alemania hay aproximadamente 80.000 intersexuales, algo menos del 1% de la población.

Según los jueces del alto tribunal, el derecho al libre desarrollo de la personalidad recogido en el artículo 2 de la norma fundamental alemana incluye la protección de la propia identidad y expresión de género, que es una condición indispensable para poder ejercer dicho derecho. Además, negarles el reconocimiento a las personas que no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino constituye una discriminación por razón de género prohibida por la Constitución. El tribunal tampoco consideró una solución satisfactoria la ley aprobada hace cuatro años, que abría la posibilidad de dejar en blanco el campo del género. El motivo es que esta opción da a entender que las personas afectadas carecen de género, cuando la realidad es que su género no se corresponde con los dos binarios.

El Constitucional dio de plazo hasta el 31 de diciembre de 2018 al Bundestag para que regule el derecho a la identidad de género de todos los ciudadanos, sea mediante la introducción de un tercer género o la eliminación de toda referencia al género en el registro civil y los documentos oficiales. El Gobierno federal ha optado por la primera posibilidad. En cuanto al término para designar la nueva opción de género, si bien hace dos meses el ministerio del Interior se inclinaba por «otro», finalmente el elegido ha sido «diverso», que se añadirá a los existentes de «masculino» y «femenino». Seguirá estando disponible la posibilidad de dejar en blanco el campo del género.

La categoría de «diverso» solo la podrán utilizar las personas de más de 14 años de edad, salvo en casos excepcionales. Además, para inscribirse bajo esta opción de género será necesaria la presentación de un informe médico. Los activistas LGTBI rechazan en particular este requisito, que consideran inconstitucional por seguir patologizando a las personas intersexuales o de género no binario. Se sienten también decepcionados por el alcance limitado de la nueva norma, que no aborda las reivindicaciones de la comunidad trans.

Alemania es uno de los países europeos precursores de los derechos del colectivo sexodiverso. Desde principios del 2013 en el país europeo estaba permitido dejar vacía la casilla del “sexo femenino” o “sexo masculino” marcados en las actas de nacimiento de los recién nacidos, en aras de dar la libertad a que la persona asumirá su identidad sexual al convertirse en adulto.

Por su parte, cientos de activistas del movimiento LGTB de Alemania han celebrado la disposición del reconocimiento legal del tercer género, sin embargo, entienden que es un gran cambio que debe seguir consolidándose.

Asimismo, indicaron que el cambio de estatus se realiza con la presentación única de un certificado médico, lo que sigue siendo una limitación para la mayoría de las personas intersexuales.

A pesar de estas limitaciones que aún están por superar, Alemania se sitúa en el grupo de cabeza por lo que se refiere al reconocimiento legal de las personas intersexuales y de género no binario. Se trata de medidas que han adoptado países como Australia en 2011 o Canadá y Malta el año pasado. En   California, ya han introducido medidas de ese tipo.  El Tribunal Constitucional de Austria y Holanda han abierto la puerta al derecho a registrarse bajo una tercera opción de género en 2018 . La posibilidad de registrarse bajo un tercer género o de dejar en blanco el género también ha sido regulada de diferentes formas en países como Pakistán, IndiaNepal,  y Nueva Zelanda .

Según estadísticas de Naciones Unidas, entre 0,05% y 1,7% de la población mundial es intersexual, con algunas características biológicas masculinas y otras femeninas.

Fuente Oveja Rosa/Cristianos Gays

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Tribunal Constitucional de Chile da luz verde a la Ley de Identidad de Género

Sábado, 27 de octubre de 2018

trans-820x394-1El Movilh calificó como un “rotundo fracaso” el “téngase presente” contra la ley que habían presentado parlamentarios ultra-religiosos.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) festejó hoy que el Tribunal Constitucional declara legal la ley de identidad de género, dejándola lista para su promulgación.

“El Tribunal resolvió que los artículos 13, inciso primero, y 18 del proyecto son propios de ley orgánica constitucional, y se encuentran ajustados a la Constitución Política de la República, y acordó no pronunciarse respecto de otras disposiciones no consultadas”, señaló el TC en un comunicado.

El vocero del Movilh, Oscar Rementería, celebró que “el TC no pusiera reparos a una norma que solo viene a reconocer y garantizar derechos de un sector históricamente discriminado, como las personas trans. Con esta ley, gran parte de la población trans verá mejorada cualitativamente su calidad de vida”.

El dirigente enfatizó que con su determinación el TC “cerró la puerta a un “téngase presente” contra le ley que habían presentado el pasado 5 de octubre parlamentarios de RN y la UDI, entre esos Leonidas Romero y Miguel Mellado. La estrategia transfóbica de estos parlamentarios experimentó un rotundo fracaso”.

Pese al avance, el Movilh volvió a lamentar que la ley de identidad de género “excluyera, sin fundamento racional, a los menores de 14 años. Hemos presentado dos denuncias al respecto en Naciones Unidas y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperamos que próximamente estas instancias exijan a Chile incorporar a los menores de 14 años”, finalizó Rementería.

Fuente MOVILH

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En Chile Fracasa la transfobia: diputados no alcanzan las firmas necesarias para impugnar Ley de Identidad de Género en el TC

Miércoles, 3 de octubre de 2018

tribunal_constitucional_chileRequerían 39 rúbricas. El Movilh calificó el hecho “como un fracaso de las estrategias de odio que buscan vulnerar derechos humanos de la población trans”.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) festejó hoy que la iniciativa impulsada por un grupo de diputados de Chile Vamos para impugnar la Ley de Identidad de Género en el Tribunal Constitucional (TC) finalmente fracasara por no alcanzar las firmas, ni respaldos necesarios”.

“Este un fracaso rotundo de la transfobia y de las estrategias y acciones de autoridades que aún siguen pensando que las personas trans son de segunda categoría y que no merecen la igualdad de derechos. Este fracaso de la discriminación, pone en evidencia que cada vez son menos los sectores dispuestos a sumarse a cruzadas de odio que solo se explican por fanatismos, ignorancia o prejuicios”, sostuvo el vocero del Movilh, Óscar Rementería.

La impugnación tenía plazo para efectuarse ayer, pero finalmente no pudo concretarse, pues los parlamentarios impulsores de la medida; entre los que se cuentan los RN Leonidas Romero, Miguel Mellado y Camila Flores y los UDI Virginia Troncoso y Enrique van Rysselberghe; no alcanzaron las 39 rubricas exigidas por ley.

El texto, que tenía como principal fin excluir a los menores de 18 años de ley, fue redactado por los abogados Álvaro Ferrer y Jorge Barrera, este último cercano a José Antonio Kast.

“Estos grupos, no han recibido el respaldo desde sus propias filas, lo cual viene a decir que hay una comprensión más transversal e integral de los derechos humanos. Ahora queda despejado el camino para que ley sea promulgada por el presidente de la República y entre en vigencia un año más tarde”, finalizó Rementería.

Fuente MOVILH

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Chile: Defensora de la Niñez apoya adopción homoparental y la plena igualdad de derechos para niños/as LGBTI

Martes, 2 de octubre de 2018

defensoria-300x225Si los opositores a la Ley de Género recurren al TC, la Defensoría presentará un Amicus Curiae. En cita con el Movilh, la Defensora de la Niñez también apoyó la derogación del artículo 365 del Código Penal, el cual establece una edad de consentimiento sexual distinta para homosexuales y heterosexuales.

La Defensora de Derechos de la Niñez, Patricia Muñoz García, expresó hoy en cita con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) su más sólido respaldo para la plena igualdad de derechos de los niños/as LGBTI y de las familias homoparentales, así como a las leyes que aporten en tal sentido.

La cita fue solicitada por el Movilh con el fin de conseguir el apoyo de Muñoz García a la inclusión de menores de 14 años en la Ley de Identidad de Género, a la inclusión de las parejas del mismo sexo en la reforma a la ley de adopciones y a la derogación del artículo 365 del Código Penal, el cual establece que la edad de consentimiento sexual para adolescentes homosexuales es de 18 años, mientras que para heterosexuales es de 14 años.

La reunión se dio en un contexto donde los parlamentarios de RN, Francesca Muñoz, Eduardo Durán y Leonidas Romero, están anunciando una impugnación ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Identidad de Género, medida también apoyada por el DC Jorge Sabag.

“Tuvimos una cita muy cálida y amable con la Defensora y su equipo. Ella comprometió que en caso de que se impugne a la Ley de Identidad de Género ante el TC, la institución que dirige presentará una amicus curiae a favor de la norma, lo cual nos alegra mucho”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Añadió que “la Defensora también expresó su respaldo a la adopción homoparental, toda vez que ello afianza el interés superior del niño. Del mismo modo, coincidió con nosotros en que el artículo 365 del Código Penal es discriminatorio, situación que ya ha advertido el Comité de Derechos del Niño de la ONU. En ese sentido, la Defensoría de la Niñez apoyará las gestiones que se cursen para derogar o reformar esa norma”.

El Movilh apuntó que “habiendo coincidencias en nuestra perspectiva de los derechos humanos, esperamos en el futuro trabajar conjuntamente con la Defensoría de la Niñez en las deudas pendientes que el Estado de Chile tiene con la infancia LGBTI y con las familias homoparentales”

Rechazo a transfobia

En otro ángulo, el Movilh repudió que los parlamentarios Muñoz, Durán y Romero, estén preparando una impugnación ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Identidad de Género.

“Los parlamentarios de RN que buscan limitar o reducir derechos de la Ley de Identidad de Género, están promoviendo el daño y los abusos contra las personas, los adolescentes y niños en razón de su identidad de género, toda vez que la imposibilidad del cambio de nombre y sexo legal altera día a día la calidad de vida de este grupo humano”, sostuvo Jiménez.

El vocero del Movilh, Oscar Rementería, añadió que “los diputados Muñoz, Durán y Romero, al que suma el DC Jorge Sabag, pasan por alto que el 35% de las personas trans se suicidan antes de los 10 años producto de la discriminación. Aquí no estamos hablando de diferencia de opiniones frente a temas valóricos. Estamos claramente en presencia de acciones que buscan violar derechos humanos básicos. RN debiese rechazar esta maniobras en vez de justificarla. La libertad de opinión, no tiene relación alguna con los discursos de odio”.

Fuente MOVILH

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Un tribunal alemán decreta la compensación fiscal de las parejas del mismo sexo registradas antes del matrimonio igualitario

Viernes, 24 de agosto de 2018

caede1b3-ecd6-4a12-b3df-59e06f99cb75-768x432El Tribunal Fiscal de Hamburgo emitió el viernes pasado una sentencia que reconoce a las parejas del mismo sexo casadas el derecho a reclamar algunos de los beneficios fiscales de los que no pudieron disfrutar antes de que el matrimonio fuera igualitario en Alemania. Si se convierte en firme, el fallo se aplicará a las parejas que hubieran contraído una unión civil entre 2001, año en el que se aprobaron estas uniones, y 2017, cuando se produjo la apertura del matrimonio a todas las parejas.

En 2013, el Tribunal Constitucional alemán sentenciaba a favor de la equiparación fiscal en la declaración de la renta de las parejas unidas civilmente y las casadas (en aquel momento, el matrimonio solo estaba abierto a las parejas de distinto sexo). En concreto, abría la puerta a que las parejas del mismo sexo pudieran acceder a unas desgravaciones muy ventajosas (Ehegattensplitting) para las parejas entre cuyos miembros hay una diferencia importante de ingresos. En menos de una semana, el entonces Gobierno de coalición entre democristianos y liberales presentaba un proyecto de ley para dar cumplimiento a la sentencia del alto tribunal, proyecto que fue aprobado por el Bundestag pocas semanas después.

En la práctica, sin embargo, los teóricos beneficiarios del fallo del Constitucional se toparon con una barrera imprevista: la nueva norma solo preveía la retroactividad para las parejas unidas civilmente que hubieran recurrido, alegando trato discriminatorio, sus declaraciones de impuestos de los ejercicios anteriores a 2013. En caso contrario, solo en los años posteriores a la reforma podrían beneficiarse de las desgravaciones reservadas hasta entonces para los matrimonios. Esta situación es la que ha cambiado ahora con la sentencia del Tribunal Fiscal de Hamburgo, que por el momento no es firme y está sujeta a revisión por parte del Tribunal Fiscal Federal.

El fallo de Hamburgo considera, a efectos de los beneficios fiscales aludidos, la fecha en la que se haya contraído la unión civil como el «comienzo del matrimonio», teniendo en cuenta que este estaba vetado a las parejas del mismo sexo antes de octubre de 2017. Si la sentencia se hace firme, las parejas que conviertan su unión civil en un matrimonio podrán reclamar los impuestos de más que hayan pagado desde que contrajeron su unión civil por no poder acogerse a los mismos beneficios que las parejas casadas. En otros ámbitos donde también existían discriminaciones fiscales antes de la apertura del matrimonio, como el impuesto sobre la renta o el de bienes inmuebles, la retroactividad no será posible por el momento.

La sentencia del tribunal fiscal es un ejemplo más del trato desigual al que tienen que hacer frente las parejas del mismo sexo incluso después de la entrada en vigor de una ley de matrimonio igualitario. Un caso similar, pero con desenlace negativo, conocimos hace dos años en España. El Tribunal Constitucional español, con mayoría conservadora, daba entonces su visto bueno al hecho de que las parejas del mismo sexo anteriores a 2005 no pudieran acceder a determinadas reducciones en el impuesto de sucesiones reservadas a parejas casadas. De hecho, el Constitucional español ya había avalado antes la «constitucionalidad» de que las parejas del mismo sexo que en su momento no pudieron contraer matrimonio fuesen discriminadas en su acceso a la pensión de viudedad.

Fuente Dosmanzanas

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Alemania aprueba introducir el tercer sexo en el registro de nacimiento

Lunes, 20 de agosto de 2018

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Las opciones serán “masculino“, “femenino” y “otro” o “diverso“. Se estima que en Alemania hay aproximadamente 80.000 intersexuales.

Las personas intersexuales y no binarias de Alemania podrán registrar su género legal con la opción de «diverso», que se añadirá a las ya existentes de «masculino» y «femenino». Es la solución que ha adoptado el Gobierno de Angela Merkel y que da cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre del año pasado. Los colectivos LGTBI y la oposición de izquierdas saludan el cambio, pero se oponen enérgicamente al requisito de presentar un certificado médico para poder ejercer el derecho a registrarse bajo el nuevo género legal.

El Gobierno alemán aprobó este miércoles un proyecto de ley para introducir en el registro de nacimiento un tercer sexo, además del masculino y del femenino, bajo la denominación de “otro” o “diverso“.

La medida sigue a una sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 que argumentaba que, de acuerdo con el derecho a la protección de la personalidad, las personas que no son ni hombres ni mujeres deben poder inscribir su identidad de género de forma “positiva” en el registro de nacimiento.

En noviembre de 2017, el Constitucional alemán emitía una sentencia histórica al fallar a favor de Vanja, una persona que solicitaba la inscripción de su género legal como «inter/diverso». Su batalla judicial comenzó el verano de 2014. Disconforme con un género legal que no se corresponde con su identidad, presentó una solicitud en el registro civil de una localidad cercana a Hanóver para cambiarlo de «femenino» a «inter/diverso». Su requerimiento fue denegado y Vanja denunció su caso ante la justicia, donde obtuvo respuestas negativas en todas las instancias a las que recurría hasta que llegó al Tribunal Constitucional, que finalmente le dio la razón. El fallo supuso un paso más allá en el reconocimiento de los derechos de los intersexuales en Alemania.

Ya en 2013 se aprobó una reforma legal, a partir de una recomendación del Comité Ético, que permitía a los padres de recién nacidos no inscribirlos como hombres o mujeres en el registro civil. “Si un bebé no puede ser identificado como perteneciente al género masculino o femenino, se dejará sin rellenar el apartado correspondiente en el registro de nacimiento”, establecía. El objetivo era que los padres no tuvieran que determinar inmediatamente después del nacimiento del bebé el sexo de este, además de evitar presiones sobre ellos.

Ahora se espera que el nuevo proyecto de ley entre rápidamente en el trámite parlamentario, según indicó el portavoz del Gobierno, Stefen Seibert, de manera que para principios de 2019 podría estar en vigor.

Es hora de que se modernice de una vez la legislación vigente“, apuntó la ministra de Justicia, la socialdemócrata Katarina Barley, a cuyo departamento correspondió elaborar el pertinente proyecto. Se estima que en Alemania hay aproximadamente 80.000 intersexuales, algo menos del 1% de la población.

Según los jueces del alto tribunal, el derecho al libre desarrollo de la personalidad recogido en el artículo 2 de la norma fundamental alemana incluye la protección de la propia identidad y expresión de género, que es una condición indispensable para poder ejercer dicho derecho. Además, negarles el reconocimiento a las personas que no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino constituye una discriminación por razón de género prohibida por la Constitución. El tribunal tampoco consideró una solución satisfactoria la ley aprobada hace cuatro años, que abría la posibilidad de dejar en blanco el campo del género. El motivo es que esta opción da a entender que las personas afectadas carecen de género, cuando la realidad es que su género no se corresponde con los dos binarios.

El Constitucional dio de plazo hasta el 31 de diciembre de 2018 al Bundestag para que regule el derecho a la identidad de género de todos los ciudadanos, sea mediante la introducción de un tercer género o la eliminación de toda referencia al género en el registro civil y los documentos oficiales. El Gobierno federal ha optado por la primera posibilidad. En cuanto al término para designar la nueva opción de género, si bien hace dos meses el ministerio del Interior se inclinaba por «otro», finalmente el elegido ha sido «diverso», que se añadirá a los existentes de «masculino» y «femenino». Seguirá estando disponible la posibilidad de dejar en blanco el campo del género.

La categoría de «diverso» solo la podrán utilizar las personas de más de 14 años de edad, salvo en casos excepcionales. Además, para inscribirse bajo esta opción de género será necesaria la presentación de un informe médico. Los activistas LGTBI rechazan en particular este requisito, que consideran inconstitucional por seguir patologizando a las personas intersexuales o de género no binario. Se sienten también decepcionados por el alcance limitado de la nueva norma, que no aborda las reivindicaciones de la comunidad trans.

La oposición de izquierdas (Die Linke y Los Verdes) ha tachado la medida del Gobierno de «falta de ambición» y «paternalista» y reclaman un procedimiento sencillo para la modificación registral que respete la autodeterminación de género. También los liberales del FDP se han mostrado contrarios a la tutela médica. La ministra de Familia, la socialdemócrata Franziska Giffey, ha reaccionado a estas críticas anunciando un próximo proyecto de ley para «el reconocimiento y el fortalecimiento de la diversidad de género». La reforma de la ley de identidad de género para eliminar el requisito previo de un dictamen judicial es una larga reivindicación de los colectivos trans alemanes, que el acuerdo de Gobierno entre la CDU/CSU y el SPD de febrero de  este año volvió a ignorar.

A pesar de estas limitaciones que aún están por superar, Alemania se situará en el grupo de cabeza por lo que se refiere al reconocimiento legal de las personas intersexuales y de género no binario. Se trata de medidas que han adoptado países como Australia en 2011 o Canadá y Malta el año pasado. En   California, ya han introducido medidas de ese tipo.  El Tribunal Constitucional de Austria abre la puerta al derecho a registrarse bajo una tercera opción de género en 2018 . La posibilidad de registrarse bajo un tercer género o de dejar en blanco el género también ha sido regulada de diferentes formas en países como Pakistán, IndiaNepal,  y Nueva Zelanda .

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga/Dosmanzanas

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Chile: El Tribunal Constitucional valida un artículo del Código Penal que la mitad de sus ministros califican de homofóbico

Lunes, 20 de agosto de 2018

tribunal_constitucional_chileCinco ministros usaron argumentos ofensivos contra las personas LGBTI para justificar la vigencia del artículo 365. En cambio, otros 5 magistrados calificaron con justa razón  de “homofóbica” la norma y pidieron su derogación. Por ley, el empate no permitió el triunfo de la igualdad.

Por 5 a votos a favor y 5 votos en contra el Tribunal Constitucional rechazó que el artículo 365 del Código Penal fuese inconstitucional, validando por segunda vez en su historia que la edad de consentimiento sexual para hombres gays sea de 18 años, mientras para heterosexuales y lesbianas es de 14 años, informó el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), organismo que aportó al proceso con un amicus curiae.

Defendieron el artículo 365 del Código Penal el presidente del TC, Iván Aróstica Maldonado, así como los ministros/as Marisol Peña Torres, Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán y Cristián Letelier Aguilar.

En contra se expresaron los ministros/as Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino, María Luisa Brahm Barril, Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez Márquez, quienes calificaron abiertamente de homofóbico al artículo 365.

El pronunciamiento tuvo lugar a petición del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talagante, entidad que al analizar una denuncia por supuesta violación a un joven de 17 años, estimó que la aplicación del artículo 365 del Código Penal en tal caso podría infringir la dignidad, la igualdad ante la ley y el derecho a la vida privada, garantizados en la Constitución.

Si bien hubo un empate en el TC, se rechazó la inconstitucionalidad del 365 en tanto era necesaria una mayoría.

“Pese a este nuevo fracaso de la igualdad de derechos en el TC, la existencia de un empate y que 5 ministros califiquen de abiertamente homofóbico al artículo 365, nos acerca más a su próxima derogación. No en vano, la eliminación de este artículo es un compromiso que el Estado de Chile asumió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un acuerdo de solución amistosa con nuestra organización”, apuntó el Movilh

“Valoramos profundamente los 5 votos que buscaron declarar inconstitucional este artículo, y repudiamos los argumentos groseros y homofóbicos de los magistrados del TC que buscan perpetuar el 365 del Código Penal”, señaló el Movilh.

“Discriminación arbitraria”

El artículo 365 del Código Penal establece que “el que accediere carnalmente a un menor de dieciocho años de su mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro, será penado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio”.

Los 5 magistrados que consideraron inconstitucional esta norma, argumentaron que el artículo “únicamente se sanciona dicha conducta cuando el sujeto pasivo de la misma es un menor púber varón, es decir, del mismo sexo del hechor”.

En cambio “no es punible, en primer lugar, que un hombre acceda carnalmente a una mujer menor de 18 años y mayor de 14 años. En segundo lugar, tampoco es punible si quien realiza el acceso carnal es el menor de 18 años respecto de un mayor de edad. En tercer lugar, tampoco es punible la conducta homosexual entre adultos. En cuarto lugar, no se castiga la conducta sexual entre mujeres, cualquiera sea la edad o la acción sexual que estas ejecuten. Por último, tampoco se sanciona al hombre o a la mujer que introduce en el ano o en la boca de una mujer mayor de 14 años y menor de 18 años un objeto similar a un pene”, sostiene los magistrados

Añaden que, en consecuencia, “el precepto legal en análisis castiga un determinado comportamiento sexual que, practicado entre otros sujetos, o con un grado de intervención diferente, no es penado. Ello (…) es la base de la discriminación arbitraria”

Homosexuales y Constitución

Los ministros favorables a la derogación del artículo 365 explican que “los homosexuales son personas. Como tales, son sujetos de derecho. Ellos son, en el lenguaje de la Constitución, una persona humana. Nada hay en el lenguaje de la Constitución que permita considerar a los homosexuales en una situación de inferioridad respecto a los heterosexuales”.

“La constitución no prejuzga sobre la orientación sexual de los ciudadanos, ni sobre las prácticas sexuales que libremente estos conveniente efectuar en su vida privada. La sexualidad constituye el núcleo más íntimo del ser humano. Tener o no relaciones sexuales, con quién, de qué forma, el lugar y las razones, no es algo que interese a terceros, mientras no se vulnere el derecho de nadie, ni medien vínculos consanguíneos”, apuntaron.

Agregan que “el pluralismo exigido en una sociedad democrática no tiene que ver únicamente ideas, partidos políticos o movimientos, sino también con la forma en que las personas ejercen su integridad física y psíquica, incluida su sexualidad. Negar la tolerancia frente a orientaciones sexuales determinadas equivale a negar derechos que son esenciales en una democracia”

Sexualidad en mayores de 14 años y menores de 18 años

Para los magistrados pro derechos LGBTI “la sexualidad es inherente al ser humano. La relación sexual es una de las manifestaciones propias de la sexualidad. De ahí que pueda considerarse como elemento necesario del desarrollo de toda personas en condiciones dignas”.

“Los menores ya no son considerados como simples objetos de protección, sino como personas titulares de derechos que deben ser respetados y promovidos”, añaden.

“Al menor púber, al igual que las personas adultas, se les reconoce, entre otros derechos, el de la autonomía o la libertad sexual como emanación de su integridad física y psíquica, aunque esté en formación. Por tanto, el legislador penal debe tener en cuenta que no puede buscar la protección de los menores vulnerando severamente sus derechos y libertades”, sostienen.

“Considerar a los mayores de 14 años incapaces de prestar consentimiento válido y, por ende, intangibles sexualmente, implica no reconocerlos como sujetos de derechos, según la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas”, dicen en abierta crítica a quienes defienden la vigencia del artículo 365 del Código Penal

Por ello, para los magistrados “no es posible justificar la norma en cuestión basándose en la protección del menor, como pretende el voto de mayoría. Por un lado, porque como -ya se ha señalado- los varones menores de edad supuestamente protegidos por la norma, esto es los mayores de 14 años y menores de 18 años, son sujetos capaces para desenvolverse en diversas áreas de la vida, inclusive el ámbito sexual. Por otro lado, porque la protección de menores mediante sometimiento a un proceso penal no es la vía idónea para garantizar su integridad sexual, ni síquica, ni para que desarrollen una sexualidad responsable. Existen numerosos otros medios menos lesivos que el derecho penal para dicho fin. Como es sabido, ser partícipe en un proceso penal, aun sin ser el imputado, puede resultar agresivo y perjudicial a los intereses del menor”

Enfatizan, en tal sentido, que “el argumento de protección al menor no puede ser ciego a eventuales infracciones al principio de igualdad y de no discriminación, como tampoco a eventuales injerencias indebidas en la esfera íntima de los menores, desconociendo su libertad para ir determinando su proyecto de vida”

En tal línea, “la norma no busca proteger a los menores de abusos ni de coacción por parte de adultos, pues para ello se contemplan los delitos de violación, estupro y abusos sexual”, expuestos en los artículos 361, 362, 363, 366, 367 y 373 del Código Penal, dicen los magistrados

Por el contrario añaden los ministros, “sostener que el artículo 365 del Código Penal pretende proteger a los menores púberes de las actividades sexuales traumáticas, omite considerar que los supuestos de hecho de la norma no incluyen ningún tipo de abuso, engaño, coacción o daño. No hay razones para afirmar que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo sea per se coercitivas (…) Tampoco puede afirmarse que la norma busca proteger la inmunidad sexual de los menores púberes, pues estos pueden libremente: mantener relaciones sexuales consentidas con personas del sexo opuesto desde los 14 años; mantener relaciones sexuales con adultos del mismo sexo siempre que sean ellos quienes accedan carnalmente al otro; mantener interacciones sexuales que impliquen penetración del ano o la boca utilizando objetos o adminículos similares a un pene, o realizando otras conductas de significación sexual no constitutivas de pornografía infantil”

“Esta norma protege a los menores simplemente de la homosexualidad, entendida como una manifestación inherente lesiva, lo cual deja entrever un desconocimiento de ese fenómeno y un razonamiento homofóbico”, enfatizaron los magistrados.

“El consentimiento en el sexo es más relevante que otros actos, por el carácter personalísimo y privado del mismo. El niño, en esos márgenes de edad, hombre o mujer, hetero u homosexual, tiene derecho a practicar y disfrutar del sexo, sin que haya reproches externos, estereotipos o estigmatizaciones”, puntualizaron.

La responsabilidad del legislador e historia del 365

 Para los magistrados contrarios a la vigencia del artículo 365, “el legislador al restringir derechos por medio de Código Penal, no puede establecer diferencias arbitrarias fundadas exclusivamente, por ejemplo, en el sexo o la orientación sexual de las personas. El derecho penal tiene límites al momento de definir delitos que involucren la esfera sexual –por definición íntima-de las personas”. Leer más…

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Javier Maroto vuelve a mentir para blanquear a su partido: el recurso del PP contra el matrimonio igualitario no se refería solo “al nombre”… mientras el Consejo de Europa lo pone como ejemplo de político xenófobo.

Jueves, 1 de marzo de 2018

3916069_640pxEn una entrevista publicada por La Otra Crónica, Javier Maroto asegura que en el Partido Popular hay muchos gais y lesbianas porque lo de ser LGTB+ y de izquierdas es “un cliché”.

Afirma que si no fuera por el PP no habría tantos avances en materia de igualdad LGTB+, aunque en realidad el PP siempre ha estado en contra de esos avances.

Javier Maroto: “Si todos los gais fueran de izquierdas no habría ni matrimonio igualitario”

El PP de Javier Maroto y Andrea Levy mantiene la “Utilidad Pública” de Hazte Oír

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Gravísimo: El Consejo de Europa pone a Albiol y Maroto como ejemplos de políticos xenófobos

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“Es tan bueno que me ha enseñado a no mentir”, asegura Javier Maroto en una entrevista a la sección “La Otra Crónica” de El Mundo. Se refiere a su marido, con el que contrajo matrimonio en 2015. Y es que actual vicesecretario de Acción Sectorial del Partido Popular es desde hace años, ya cuando era alcalde de Vitoria, un político gay visible, aspecto que siempre hemos alabado en esta página. Ahora bien, Maroto se equivoca en una cosa: su marido no le ha enseñado “a no mentir”. Porque el diputado popular es un mentiroso redomado, y lo vuelve a demostrar, una vez más, en la mencionada entrevista.

Preguntado sobre la posición de su partido sobre el matrimonio igualitario, (“su partido barajó quitar la ley”, le comenta el periodista), Maroto responde: “No. Mira, esa es una historia que nosotros mismos no hemos comunicado bien. El Partido Popular llevaba en el programa de Aznar la ley de parejas de hecho y el matrimonio civil que estaba operativo en Francia. El mismo. Ganó las elecciones Zapatero e implementó el matrimonio igualitario, que yo siempre he defendido antes y después. El Partido Popular, de forma errónea, en mi opinión, interpuso un recurso al Tribunal Constitucional porque no creía que debería compartir el nombre con el sacramento católico, la palabra ‘matrimonio’”.

“¿Qué opina usted?”, le pregunta el periodista. “Yo lo llamo matrimonio porque se llama matrimonio. Pero el PP dijo que no nos gustaba el nombre y lo recurrimos. Creo que fue una decisión equivocada. En todo caso, lo más importante que se dijo es: ‘A pesar de tener mayoría absoluta y podemos cambiarlo, respetaremos lo que diga el Tribunal Constitucional’. El Tribunal Constitucional dijo que matrimonio es la palabra adecuada y el PP de Mariano Rajoy dijo que ese derecho se queda con ese nombre, teniendo mayoría absoluta”, responde Maroto.

Cómo se consiguió el matrimonio gay

Sí, así de grande lo ponemos porque, como dicen en Estoy Bailando, si Maroto se leyera este artículo de El País que repasa la historia que llevó a la aprobación del matrimonio igualitario en España vería que el contrato de unión civil aprobado en 1999 en Francia se consideraba un avance, sí, pero también “un matrimonio de segunda“. “Así que si vas a defender ahora que recurrir el matrimonio en España “porque (el PP) creía que no debía compartir el nombre con el sacramento católico” (lo que te parece una “chorrada” porque “las cosas se llaman como se llaman en la calle“) fue un error, no le eches flores a Aznar cuando sabes perfectamente que lo que proponía tu partido en esa época era una mierda pinchada en un palo.”

En dosmanzanas lo hemos dicho por activa y por pasiva cada vez que Maroto ha repetido esta misma mentira. En 2015 fue en la cadena COPE, poco antes de su boda. Luego en la cadena SER. Y probablemente en más lugares. Es radicalmente falso que el recurso de inconstitucionalidad del PP contra el matrimonio igualitario fue una mera cuestión nominalista. El recurso, por ejemplo, también buscaba despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el “cuarto motivo de inconstitucionalidad” defendido por su partido, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos por anteponer “la legitimación u homologación de las relaciones homosexuales al interés del menor”.

_levymaroto_8d31d105El PP también defendía en su recurso que “no existe una garantía mínima de certeza, en el ámbito de la comunidad científica, sobre la conveniencia del adoptado de vivir en el seno de una pareja homosexual”. El recurso llegaba a hacer una alambicada argumentación para asegurar que la adopción homoparental era inconstitucional porque (reproducimos literalmente) “el art. 39.2 CE también contempla la protección de las madres, protección que beneficia a la familia. En el caso de la adopción conjunta por una pareja homosexual dicha protección deviene imposible puesto que o bien nos encontramos con dos madres, o bien con ninguna. Ello, además de repercutir necesariamente sobre los hijos adoptados, supondría una discriminación de las familias por razón de sexo prohibida por la Constitución”.

Solamente este hecho, incontestable, nos faculta para llamar una vez más mentiroso a Maroto. Y mentiroso a sabiendas (en la mencionada entrevista a la cadena SER el político vasco presumió precisamente de “saber lo que decía el recurso”). La defensa del argumento nominalista, en cualquier caso, no se sostiene. La Ley 13/2005 por la que se modificó el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio no fue una ley de “matrimonio homosexual” que otorgara a las uniones del mismo sexo derechos similares a los del matrimonio y el mismo nombre, sino que abrió el matrimonio, que de forma expresa es un derecho constitucional en sí mismo, a las parejas del mismo sexo. La modificación legal fundamental consistió solo en añadir 18 palabras al artículo 44 del Código Civil, que quedó así: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. Resultaba por tanto imposible hacer la misma ley sin llamar a las parejas del mismo sexo matrimonio, dado que el cambio legal consistió precisamente en reconocer el derecho constitucional al matrimonio a las parejas del mismo sexo.

pp_derechos_lgtbiAl respecto del carácter mentiroso de Javier Maroto, y aunque este aspecto no se mencione en la entrevista, no podemos dejar de mencionar el hecho de que el político popular no tuviera el menor pudor en estampar su firma en el documento de compromiso con la FELGTB que permitió al propio Maroto y a Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que ese año coincidía con la celebración del World Pride. Un compromiso que después su partido ha incumplido de forma flagrante.

Si todos los gais fueran de Izquierda Unida no hubiésemos avanzado

La entrevista de Maroto en El Mundo está plagada de otras muchos insultos a la inteligencia de los lectores, como su aseveración de que “si todos los gais estuvieran en Izquierda Unida, no hubiésemos avanzado en este país como se está haciendo” (cuando Izquierda Unida es una de las formaciones políticas que de forma más clara ha apoyado el avance de derechos en materia LGTB) o su defensa de las políticas de Alberto Núñez Feijoo en Galicia, comunidad donde el PP aprovechó su mayoría absoluta para aprobar una ley LGTB desprovista de capítulo sancionador y que en la práctica es poco más que una mera declaración de buenas intenciones.

La última de las afirmaciones de Maroto a la nos referiremos es la que asegura que “No hay más que mirar las nuevas juventudes del PP. Si es que hay muchísimos gais y lesbianas en el PP. Es un partido atractivo para ellos”. En este punto no tenemos por qué presuponer que miente. Es más, posiblemente dice la verdad: hay muchos gais en el PP. Y también lesbianas. Un buen ejemplo es el de Miriam Blasco, la hipócrita deportista que siendo senadora popular votó en 2005 contra la ley de matrimonio igualitario… de la que después hizo uso en su vida privada.

Otra cosa es la opinión que nos merezcan, especialmente si como Maroto insisten en falsear el pasado para blanquear a su partido y hacer olvidar lo mucho que costó conquistar los derechos que ahora disfrutamos. También ellos.

Y continúa certeramente EstoyBailando: “No te casaste gracias a Aznar. Ni gracias al PP. Te casaste gracias a los partidos de izquierda que se atrevieron a hacer lo que ni tú ni los tuyos habéis hecho nunca: tratarnos con igualdad. Y te lo digo porque a lo mejor se te ha olvidado, queridísimo Javier, que hace unos días presentasteis una propuesta de “Ley LGTBI” que era un insulto. Porque en vuestro afán de distanciaros de cualquier cosa que huela a izquierda habéis tenido la poca vergüenza de pretender que se apruebe un texto que dice defender al colectivo LGTBI a la vez que defendéis “terapias de conversión”.

“Qué pena que aún creas que puedes tomarnos el pelo. Porque entonces sabrías que a la pregunta: “¿Cree que podría haber en España un presidente del Gobierno homosexual”?, la respuesta no es un “Tiene que ser buen presidente, qué más da con quién se acueste“. Eso, Javier, es un cliché. Lo que define al colectivo LGTB+ no es únicamente con quién nos acostamos, es también cómo nos desarrollamos en una sociedad que nos discrimina y en la que hemos de luchar con uñas y dientes para tener los mismos derechos que el resto de la sociedad. Algo que a ti, evidentemente, no te pasa.

Porque a mí sí me importa con quién se acuesta un político. Esto no es una cuestión de programas electorales… es una cuestión de orgullo y dignidad. Y sé que, por ejemplo, un presidente gay del gobierno (si tiene la dignidad que a ti te falta), se atreverá a hacer lo que otros políticos cobardes no se atreven: luchar por la igualdad.

Aplícate el cuento.

P.D.: No quiero irme sin hablarte de otro cliché. Aunque éste es real: la homofobia en tu partido. Tienes una pequeña recopilación aquí…”

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando

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Según el nuevo presidente del Constitucional, el matrimonio igualitario “desnaturaliza” la institución y la adopción homoparental “atenta al interés del menor”

Sábado, 25 de marzo de 2017

pedro-gonzalez-gonzalez-2015El Tribunal Constitucional, renovado parcialmente tras el reciente acuerdo entre PP y PSOE, ha elegido nuevo presidente. No se trata de una figura simbólica: entre otras prerrogativas propias del cargo, el voto de calidad del presidente es el que decide en caso de empate. Es, por tanto, una elección muy importante. Y la persona elegida, gracias a la mayoría de la que gozan en el alto tribunal los afines al PP, ha sido Juan José González Rivas, uno de los magistrados que votó en contra del derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar hijos.

Juan José González Rivas, magistrado del Tribunal Supremo y de perfil conservador, es miembro del Tribunal Constitucional desde julio del año 2012, cuando fue elegido por el Congreso de los Diputados a propuesta del PP (también en virtud de un acuerdo entre PP y PSOE para repartir los puestos entonces vacantes, como ha sucedido ahora). Recién llegado al Constitucional, González Rivas participó en las deliberaciones sobre el recurso del PP contra el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, y de hecho fue uno de los tres miembros que entonces se opusieron a su constitucionalidad, junto a Ramón Rodríguez Arribas (que dejó el Constitucional en 2013) y Andrés Ollero. Este último, que fue diputado del PP y es miembro del Opus Dei, era de hecho el que hasta hace pocos días sonaba como probable nuevo presidente, cargo que finalmente ha recaído en González Rivas.

Sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, González Rivas expresó, en su voto particular, que “la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio, desnaturaliza, en mi opinión, la esencia de la institución”. El ahora presidente del Constitucional se remontó además a un auto de 1984 del alto tribunal para afirmar que “las relaciones homosexuales no son equiparables con las relaciones heterosexuales entre personas de sexo distinto”. 

Por lo que se refiere a la adopción homoparental, González Rivas aseguró que de los artículos 32 y 39 de la Constitución “se infiere la imposibilidad de desarrollar una relación de filiación adoptiva por dos adoptantes del mismo sexo” (a pesar de que ninguno de los dos artículos, uno el referido al matrimonio y otro a los deberes de los padres respecto a los hijos y a la protección que estos merecen hacen referencia alguna a dicha circunstancia), defendió que no es discriminatorio negar la adopción a las parejas del mismo sexo y afirmó, para finalizar, que permitir la filiación por adopción efectuada por adoptantes del mismo sexo “atenta al prevalente interés del menor”.

Si quieres verlo por ti mismo, puedes acceder a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el matrimonio igualitario y leer los votos discrepantes en este enlace. El voto de González Rivas es, de hecho, el que cierra el texto.

Opuesto a las pensiones de viudedad en parejas del mismo sexo

González Rivas no solo se ha opuesto, como miembro del Tribunal Constitucional, al matrimonio igualitario y la adopción homoparental. También lo ha hecho, y de forma reiterada, a que las parejas del mismo sexo que en su momento no pudieron contraer matrimonio por tenerlo prohibido puedan acceder a la pensión de viudedad. Un derecho que la mayoría conservadora de la que goza el Tribunal Constitucional ha negado sistemáticamente en los últimos años.

Una mayoría, recordemos, que sigue sólida como una roca tras el reciente acuerdo entre PP y PSOE para repartirse al 50% los cuatro puestos del alto tribunal que tocaba renovar por parte del Senado, de forma que no se ha visto alterada su composición ideológica, ya claramente escorada hacia la derecha. Y que ha permitido a González Rivas acceder a la presidencia, por ocho votos a favor (los de los siete miembros propuestos por el PP y el de Encarnación Roca, propuesta en su día por el PSOE pero frecuentemente alineada con el sector conservador) y cuatro abstenciones. Un mandato que mantendrá durante tres años, transcurridos los cuales puede optar a otra renovación más. Como vicepresidenta ha sido elegida Encarnación Roca, con los mismos votos.

La actual composición del Constitucional se mantendrá hasta julio de 2021, cuanto haya que renovar a los cuatro miembros que elige el Congreso. Unos años durante los cuales no es descartable que el alto tribunal se tenga que pronunciar sobre leyes que afectan directamente a los derechos de las personas LGTB. De ahí la importancia, no solo de su composición ideológica, sino de la persona que ocupa la presidencia, encargado de deshacer posibles empates.

No podemos, por tanto, sino expresar nuestra preocupación por el nombramiento de González Rivas, un nuevo ejemplo de que pese a los cambios políticos operados en España en los últimos años las más altas instituciones del Estado siguen férreamente controladas por los más conservadores.

Fuente Dosmanzanas

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Joan Cardona, el joven gay condenado por la agresión sexual a una chica, deberá entrar en prisión tras rechazar el Gobierno su petición de indulto

Viernes, 3 de marzo de 2017

420.pngJoan Cardona, el joven gay condenado a tres años de prisión por la agresión sexual a una chica en Barcelona, deberá ingresar en la cárcel próximamente. Lo hará después de que el Gobierno rechazara a principios de febrero la petición de indulto parcial tramitada por sus abogados el pasado verano.

La pesadilla de este joven mahonés, de 28 años de edad, comenzó el 19 de noviembre de 2012. Esa noche, una joven sufrió una agresión sexual en el portal de su casa de Barcelona a manos de un chico que, según la víctima, conducía una moto y que forcejeó con ella realizándole tocamientos tanto en el pecho como en la zona genital, por encima de la ropa.

Diez días más tarde, la víctima de la agresión denunció haber reconocido a su agresor en el supermercado en el que trabajaba como cajera, y donde Joan solía comprar habitualmente. Poco después, Joan fue llamado a declarar a la Comisaría de los Mossos d’Esquadra del barrio barcelonés de Sants y allí se le comunicó que se le acusaba de intentar abusar de una chica. Aunque en su declaración inicial la joven aseguró que nunca antes había visto a su agresor, no dudó en señalar a Joan como la persona que la agredió en una rueda de reconocimiento.

Durante el juicio, celebrado en octubre de 2014, la acusación aportó como pruebas el testimonio de la víctima de la agresión y el de un compañero de trabajo que, si bien no estuvo presente en el momento de los hechos, corroboró que Joan era cliente habitual del supermercado. La denunciante también apuntó que su agresor había llegado en moto hasta su portal, aunque Joan demostró que no tiene ni moto ni carné para conducirla. Asimismo, la joven dio una descripción física de su atacante que, según las pruebas aportadas en el juicio por Joan, no se correspondía del todo con el aspecto que el joven tenía en el momento de los hechos.

El joven denunciado, por su parte, se declaró inocente ante el tribunal, presentando varias pruebas. Por un lado, aportó los testimonios de su hermano y su compañera de piso, quienes juraron que la noche de la agresión Joan estaba cenando con ellos. Por otro lado, y como testigo de su condición homosexual, el acusado contó con la declaración de quien era su novio en el momento de lo ocurrido. Este señaló que, casi a la misma hora en que se produjo la agresión, se encontraba chateando con Joan a través de la red social Facebook.

El titular del Juzgado de lo Penal número 8 de Barcelona condenó al joven a tres años de prisión y le impuso una orden de alejamiento  que le prohibía acercarse a la víctima a menos de 1.000 metros. Según consta en la sentencia condenatoria, el juez dio por válido el testimonio de la joven al considerar que resultaba “veraz, convincente, concreto y persistente a lo largo de todo el procedimiento porque existen numerosos indicios objetivos que avalan la verosimilitud de su declaración”.

Hace unos meses, el abogado de Joan decidió presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para pedir que se anulase la sentencia, por lo que consideraban una vulneración de sus derechos y de su presunción de inocencia. Sin embargo el recurso fue rechazado. Poco después, Joan decidió pedir el indulto parcial al Consejo de Ministros para que la condena fuese al menos rebajada a dos años. Al carecer de antecedentes penales, el joven habría evitado su entrada en prisión en el caso de que dicha petición hubiese prosperado.

Malas noticias para el joven

No obstante, la esperanza del joven se desvaneció hace unos días, cuando recibió la diligencia del Juzgado número 12 de Barcelona en la que se comunicaba el rechazo a la petición del indulto y la noticia de que deberá ingresar en la prisión que decidiese en un plazo de cinco a diez días.

La noticia ha saltado a la prensa, no por nosotros sino por otra fuente. Nosotros esperábamos comunicarlo pocos días antes de su entrada a prisión, debido a que ahora estamos en un momento de valoraciones y trámites con los abogados. La noticia nos ha consternado ya que manteníamos la esperanza hasta el final”, ha comentado a dosmanzanas Lourdes Cardona, hermana del joven, que ha declarado que aún queda por determinar el día del ingreso en prisión de Joan y el lugar donde este cumplirá la condena. En estos momentos, Joan se encuentra en Barcelona “en tratamiento psicológico para poder afrontar este trance”.

Fuente Dosmanzanas

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Recordatorio

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