El Movilh, que se hizo parte el recurso de inaplicabilidad con un amicus curiae, alegó que en “virtud de prejuicios y homofobia el TC ha violentado derechos humanos básicos de dos madres y de su recién nacido hijo”
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) rechazó hoy “una homofóbica sentencia del Tribunal Constitucional contra las familias homoparentales, así como su falta de respeto total con las víctimas y las organizaciones involucradas, pues el resultado de fallo fue informado por primera vez a un diario y no a quienes son parte del proceso, lo que constituye una burla y un desprecio a quienes sufren la discriminación”.
El proceso había iniciado cuando un pareja de lesbianas que contrajo matrimonio en España presentó al TC un recurso de inaplicabilidad alegando que el artículo 12 de la Ley 20.830 que Crea el Acuerdo de Unión Civil y el al artículo 80 de la Ley Nº 19.947 sobre matrimonio igualitario, son inconstitucionales en tanto les impide el reconocimiento de su vínculo en Chile, además de dejar en la desprotección a su hijo, tras someterse a un proceso de fertilización asistida en mayo del 2009.
Por 5 votos contra 4 el TC el rechazó el recurso con el argumento de que la desigualdad legal a las parejas del mismo sexo no es insconstitucional ya que, a su juicio, este grupo humano puede optar a la unión civil. Votaron contra el requerimiento los ministros los ministros Ivan Aróstica, Juan José Romero, Cristian Letelier, Juan Ignacio Vasquez, y Miguel Ángel Fernández. Estuvieron por acoger el recurso la presidenta del TC, María Luisa Brahm y los/as ministros/as Gonzalo Garcia, Nelson Pozo y María Pia Silva.
“Este fallo es abiertamente homofóbico e inconstitucional, pues por un lado niega la igualdad legal a una pareja del mismo sexo y por otro impide que un niño sea protegido por las dos madres que tiene. El desconocimiento legal sobre la existencia de una segunda madre, es inhumano, abusivo y violenta el interés superior del niño. Estamos seguros que este caso llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues el acuerdo de Unión Civil no reconoce la doble maternidad y ni siquiera permite adoptar.”, dijo el dirigente del Movilh, Óscar Rementería.
El dirigente recordó que “esta la sexta vez el TC rechaza recursos a favor de personas LGBTI y la segunda en que niega abrir el matrimonio a todas las parejas. Solo hemos ganado una vez, cuando se negó a impedir la distribución en jardines infantiles del libro “Nicolás tiene dos papás”.”.
“Repudiamos particularmente que en esta oportunidad el TC llegara a la insensibilidad extrema de comunicar el resultado de un fallo a través de un diario que ha sido históricamente opositor a los derechos humanos a las personas LGBTI, en vez de comunicarlos a la pareja afectada y las organizaciones que somos parte del proceso, como es el caso del Movilh, luego de que presentaremos al TC un Amicus Curiae”, añadió.
“Sí o sí, incluiremos al TC en un nuevo Ranking contra la homofobia y la transfobia y apoyaremos todas las acciones legales internacionales que sean necesarias para hacer justicia.”
La pareja está esperando un hijo y se casó en España.
El Tribunal Constitucional declaró ayer admisible un recurso por inaplicabilidad de inconstitucionalidad presentado por una pareja de lesbianas casadas en España y a la cual el Registro Civil les negó el reconocimiento del vínculo.
“Esperamos que esta admisibilidad se traduzca en un voto futuro mayoritario, donde se reconozca que la negación del matrimonio igualitario es una vulneración a los derechos humanos más básicos, como es la igualdad ante la ley consagrada en la Constitución. El TC ya ha debatido bastante sobre esto y esperamos madurez ahora”, sostuvo el vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Óscar Rementería
Las mujeres una chilena y una española, casadas en 2012 en la Provincia de Barcelona, presentaron en el Tribunal Constitucional el recurso por inaplicabilidad de inconstitucionalidad del Acuerdo de Unión Civil y de la Ley de Matrimonio.
Ello ocurrió luego de que el 30 de octubre del 2019 la pareja presentara ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección contra el Registro Civil por negarles el reconocimiento del vínculo contraído en España.
En concreto, se impugna el artículo 12 de la Ley 20.830 que Crea el Acuerdo de Unión Civil. Ahí se establece que “los matrimonios celebrados en el extranjero por personas del mismo sexo serán reconocidos en Chile como acuerdos de unión civil si cumplen con las reglas establecidas en esta ley, y sus efectos serán los mismos del referido acuerdo”.
Del mismo modo, la pareja considera inconstitucional al artículo 80 de la Ley Nº 19.947 sobre Matrimonio Civil, el cual reconoce los vínculos contraídos en el extranjero “siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer.”
En el recurso ingresado al TC al pasado 14 de noviembre, las mujeres alegan que se vulneran diversos derechos como pareja y como familia homoparental, en tanto esperan un hijo tras someterse a un proceso de fertilización asistida en mayo del 2019.
En concreto se alega vulneración a los derechos constitucionales garantizados en los artículos 1 y 19, pues la decisión del Registro Civil y las disposiciones de la Ley de matrimonio y del Acuerdo de Unión Civil, dejan “desprovista de la imprescindible protección de la familia matrimonial” a quienes se unen en el extranjero. Además se “vulnera el derecho a la identidad”, a la “protección de la identidad” y el “interés superior del niño” del “ hijo que está por nacer”.
El 29 de noviembre del 2011 el Registro Civil se hizo parte de la causa, negado toda ilegalidad di discriminación en su actuar, en tanto, a su juicio, actuó amparado en la ley.
En el marco del cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile firmó ante la CIDH
El Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Justicia desarrollaron hoy la Primera Mesa de Trabajo con la sociedad civil para avanzar en el cumplimiento de las medidas legislativas y de políticas públicas contempladas en el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) firmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La convocatoria fue inaugurada por la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren y por el subdirector de la División de Organizaciones Sociales, Sebastián Lafaurie, además de contar el espacio con la asistencia de representantes de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Oficina de la Diversidad de Providencia.
En la ocasión se debatió y recibieron propuestas de las organizaciones de DDHH para impulsar la adopción homoparental, reformas a la Ley Zamudio, al Acuerdo de Unión Civil y a los artículos 365 y 373 del Código Penal, así como para crear y perfeccionar políticas públicas sobre los derechos LGBTI en los campos de la educación, la salud y el trabajo, entre otros.
Las propuestas e ideas sobre estos puntos provinieron de Acción Gay, Ceres, Corporación Humanas, Fundación Iguales, OTD, Sindicato Amada Jofré, Todo Mejora, Mums y Movilh, organizaciones que coincidieron en la necesidad de avanzar lo antes posible en la plena igualdad social y legal para las familias homoparentales y para las personas con orientación sexual o identidad de género diversa
Entre otros, los colectivos LGBTI solicitaron al Ejecutivo plazos para la concreción del ASA y de las propuestas sugeridas hoy, para lo cual se espera respuesta en las próximas semanas.
Los temas concretos tratados hoy corresponden al punto III.8 del ASA aquí expuesto.
La iniciativa, impulsada por la congresista evangélica Francesca Muñoz, busca garantizar días libre de trabajo a quienes cumplen aniversario de matrimonio, medida que fue calificada por el Movilh como “discriminatoria y altamente ideologizada”.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresó hoy su máximo rechazo a un proyecto de ley que busca “proteger y promover el matrimonio”, otorgando días libres a quienes cumplen una cantidad de años casados, pero excluyendo del beneficio a otras formas familiares reconocidas por la ley, como son los convientes civiles.
El proyecto de ley es liderado por la diputada evangélica Francesca Muñoz (RN) con el respaldo de los legisladores de Miguel Mellado (RN), Érika Olivera (RN), Luciano Cruz Coke (Evópoli), Francisco Undurraga (Evópoli) y Miguel Ángel Calisto (DC).
Mediante modificación al artículo 207 bis del Código del Trabajo, el proyecto establece que al cumplir 20 años de casados se otorgarán diez días de permiso laboral; mientras en el aniversario número 30, se otorgarán 15 días de permiso y de ahí en adelante otros 15 días por cada diez años.
“Al establecer un permiso especial para aquellos matrimonios que van logrando permanecer unidos a lo largo de los años, se busca recompensar el esfuerzo de mantener unida a una familia, porque no es una tarea fácil”, dijo Muñoz.
El proyecto excluye al Acuerdo de Unión Civil, porque “no puede existir una igualdad absoluta entre ambas instituciones, ya que perdería el sentido la distinción. Debido a lo anterior, es absolutamente legítimo que la ley establezca incentivos para la permanencia de la unión matrimonial”.
El vocero del Movilh, Oscar Rementería, replicó que “este proyecto de ley se basa en el absurdo de que la estabilidad y unidad familiar depende de días libres, lo cual raya en lo ridículo y desmerece lo más preciado en el vínculo de las personas, el amor y los afecto, los únicos sustentos de las parejas y sus hijos”
“Lo que se aprecia es una visión ideologizada del matrimonio, que busca presentarlo o imponerlo como un ideal. Tan ideal que solo a través de esa unión las familias podrán acceder a beneficios que deberían ser aplicable en igualdad de condiciones a todas las parejas, sea cual sea su figura legal u orientación sexual”, apuntó el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.
“Dejar fuera de este proyecto a los convivientes civiles, y de paso a las parejas del mismo sexo, es así una abierta e injustificada discriminación, que esperamos los parlamentarios de Evópoli no compartan. Creemos que los congresistas de Evópoli que se sumaron a esta iniciativa fueron mal asesorados”, finalizó Rementería.
Para el Movilh denominarlo solo de “a familia”, obedece a razones ideológicas que desconocen la realidad y diversidad, además de contravenir la Ley Antidiscriminatoria, el Acuerdo de Unión Civil y los compromisos de Chile ante la CIDH.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) anunció hoy que junto a parlamentarios gestionará indicaciones para que el Ministerio de Desarrollo Social pase a denominarse de “las familias” y no solo de “la familia”, luego de conocerse a través de La Tercera que este mes el Gobierno presentará un proyecto de ley sobre la materia.
El vocero del Movilh Óscar Rementería, valoró que “la propuesta del Ejecutivo contemple una definición amplia de la familia, no excluyendo a ninguna. Sin embargo, denominar a la cartera solo de la “familia”, en vez de “las familias”, es un contrasentido con esa misma definición que se sustenta solo en razones ideológicas. Esto, porque la realidad, al margen de cualquier ideología, indica que hay familias, mientras que quienes defiende solo el concepto de familia, lo hacen justamente paras negar esta diversidad”.
“Entendemos que el Ejecutivo debe buscar un equilibrio en su propia coalición, donde los sectores opositores a nuestros derechos defienden la existencia de un solo de tipo de familia. Sin embargo, el nombre de la cartera, no debiese responder a estas cuestiones ideológicas, sino que dar cuenta de la realidad”, añadió el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez
Además, finalizó el Movilh, “hablar de “familia” en vez de “familias” contraviene al Acuerdo de Unión Civil, a la Ley Antidiscriminatoria, y al Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile firmó con nuestra organización, donde se establece claramente que toda nueva política pública o ley, debe ser inclusiva con las personas LGBTI y las familias homoparentales”.
El Movilh entregó hoy un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual es alternativo al Examen Periódico Universal (EPU) que deberá rendir el Estado de Chile.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la desigualdad legal que afecta a las personas LGBTI en distintos planos, la desprotección estatal que enfrentan los activistas de la diversidad sexual y de género, el incremento de la violencia homofóbica y transfóbica en el último año y el fracaso jurídico de la Ley Zamudio.
En el marco de un informe alternativo al que presentará el Estado de Chile con motivo de su Examen Periódico Universal (el cual rinden todos los países cada 4 años) el Movilh denunció ante Naciones Unidas que desde el punto de vista jurídico, la Ley Zamudio ha resultado ser “totalmente ineficiente y por eso las personas no la están usando para defender sus derechos”.
El vocero del Movilh, Oscar Rementería, precisó que, de “acuerdo a cifras del Poder Judicial desde el 2012 al fecha solo 319 personas han usado la Ley Zamudio. Solo 90 terminaron en sentencias, 11 de las cuales se relaciona con la identidad de género o la orientación sexual, lo cual refleja un fracaso de la norma en cuanto a su cometido”
Precisó que “esta situación es evidente al considerar que desde la promulgación de la Ley Zamudio se ha conocido de 1.528 casos y denuncias por discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género, de acuerdo a nuestro Informe Anual de DDHH. Sin embargo, apenas hay 11 sentencias de la Ley Zamudio sobre estos temas”.
En su denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el Movilh precisó que “desmotiva el uso y confianza ciudadana en la Zamudio sus propias limitantes: a) La norma carece de compensación económica para las víctimas; b) obliga a las víctimas a demostrar la discriminación; c) en caso de no comprobarse discriminación el denunciante puede ser multado; d)prohíbe impugnar leyes o sentencias discriminatorias; e) no establece una institucionalidad antidiscriminatoria, ni medidas de acción afirmativa y f) su redacción (delitos “motivados” por discriminación) vuelve imposible aplicar el agravante en los crímenes o ataques de odio”.
Junto a ello, el Movilh denunció a Naciones Unidas los vacíos del Acuerdo de Unión Civil, y los negativos efectos que tienen en las personas LGBTI la ausencia de una ley de identidad de género, la prohibición del matrimonio igualitario y de la adopción homoparental y la vigencias de normas discriminatorias, como son los artículos 365 y 373 del Código Penal.
De igual manera el Movilh denunció el incremento de la violencia contra la población LGBTI en Chile, la cual subió en un 45.7% en 2017, y la desprotección estatal que afecta a activistas y organizaciones de la diversidad sexual y de género.
“En el último año activistas y organizaciones LGBI hemos sido víctimas de violentas campañas de neonazis y de grupos ultra-conservadores y hasta de detenciones arbitrarias, agresiones y montajes policiales homofóbicos, negándose incluso nuestro derecho a manifestarnos pacíficamente contra estos abuso. El Estado nada hecho al respecto, ni menos ha solidarizado con las víctimas. Esto implica un empeoramiento en materia de igualdad de derechos y esperamos que la ONU haga las respectivas recomendaciones y exigencias a Chile para el cese de estos atropellos”.
Con el objetivo de recibir con la debida preparación la futura promulgación de la Ley de Identidad de Género. El Movilh propuso además incorporar la realidad LGBTI en los planes de estudio de los uniformados.
El Ministerio de Defensa y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se reunieron hoy para analizar la realidad de las personas lesbianas, gays, bi, trans e intersexuales (LGBTI) en las Fuerzas Armadas, acordándose el trabajo conjunto para prevenir y erradicar toda forma de discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género.
En cita con el jefe del Gabinete del Ministerio de Defensa , Pablo Urquízar, y con la jefa de Asesoría Jurídica, Alicia De la Cruz, el Movilh propuso trabajar “desde ya un plan que garantice la plena igualdad de derechos para los uniformados y uniformadas trans al interior de las Fuerzas Armadas”.
“Si bien a la fecha ningún integrante de las FFAA ha reconocido públicamente ser trans, esta es una realidad que está a la vuelta de la esquina y el Estado tiene el deber de implementar a tiempo las medidas para garantizar un trato digno y respetuoso a este grupo humano”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez
“Habrá personas trans que asumirán su identidad una vez al interior de las FFAA (como ya ha ocurrido en Gendarmería) y otras lo harán al postular su ingreso a la Armada, la Fuerza Aérea o el Ejército. Cuando ello ocurra, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas deben tener claro como reaccionar, con miras a garantizar la plena igualdad”, apuntó la vocera del Movilh, Cristina Poblete.
Tanto Urquízar como De la Cruz se comprometieron a “implementar en el breve plazo una mesa de trabajo sobre la materia que tenga resultados concretos antes de la entrada en vigencia de la Ley de Identidad de Género, por lo que esperamos próximamente encuentros de tipo más técnico”, redondeó Poblete.
Otros temas abordados fueron “la necesaria modificación del Acuerdo de Unión Civil, norma que no regula el régimen patrimonial de las FFAA. Al respecto, el Ministerio de Defensa fue claro en respaldar esta reforma, por lo que cuando se avance en ello, emitirá un pronunciamiento favorable”, dijo Jiménez.
“De igual manera hubo consenso en la necesidad de establecer un enlace entre el Ministerio de Defensa y nuestra organización para resolver a tiempo las denuncias por discriminación que uniformados lesbianas, gays, bi o trans nos hacen llegar, y se estudiará como se reactivará el Grupo de Asesor de Trabajo de las FFAA, donde representantes de todas sus ramas definen medidas para hacer frente a la homofobia, la transfobia y otras formas de discriminación”, apuntó el Movilh.
“Por último, acordamos que se explorarán estrategias para incorporar a la realidad LGBTI en los planes de estudio de los uniformados, algo que ya ocurre en Carabineros y en la Policía de Investigaciones”, finalizó el Movilh
Conviene recordar que tras denuncias y movilizaciones del Movilh entre el 2012 y 2013 las FFAA derogaron toda las normativas internas que impedían el ingreso de personas LGBTI a sus filas, mientras que distintas ramas establecieron trabajos conjuntos con dicha organización de la diversidad sexual y de género. Ello derivó en las primeras salidas del armarios de uniformados gays y lesbianas, así como el reconocimiento a su derecho a conformar familias y parejas con personas de su mismo sexo.
La Sala del Senado aprobó el pasado miércoles en forma unánime un proyecto de ley que extiende a los convivientes civiles el permiso laboral con que cuentan los casados, una de las reformas que el Estado comprometió al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en el marco del denominado Acuerdo por la Igualdad.
De esa manera se modificará al artículo 207 del Código del Trabajo. Ahí se establecerá que todo trabajador que contraiga el Acuerdo de Unión Civil (AUC) “tendrá derecho a cinco días hábiles continuos de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio”,
El avance en el Senado ocurrió en una sesión donde intervinieron los/as senadores/as Adriana Muñoz, Jorge Pizarro, Baldo Prokurica, Alejandro Navarro e Iván Moreira.
Fue tras la aprobación del Acuerdo de Unión Civil que el Movilh alertó a los tres poderes del Estado sobre los vacíos de la norma, entre esos la desigualdad para el permiso laboral. Ello llevó a la Dirección del Trabajo y a la Contraloría General de la República a emitir pronunciamientos sobre la materia, confirmando la existencia del problema.
“Esta es una buena noticia para las parejas que contraen la unión civil, en tanto, gozaran de estos 5 días de permiso para celebrar y festejar sin problemas el vínculo, como siempre debió haber sido”, finalizó el Movilh.
En la actualidad sólo es obligatorio en el sistema privado.
La Comisión del Trabajo del Senado aprobó hoy un proyecto de ley que extiende a los convivientes civiles el permiso laboral con que cuentan los casados, una de las reformas que el Estado comprometió con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en el marco del denominado Acuerdo por la Igualdad.
En la sesión, que contó con la asistencia de los senadores Juan Pablo Letelier, Carolina Goic, Hernán Larraín,, Andrés Allamand y Adriana Muñoz se aprobó exactamente la modificación al artículo 207 del Código del Trabajo, de manera de establecer que “todo trabajador tendrá derecho a cinco días hábiles continuos de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio”
“Este permiso se podrá utilizar, a elección del trabajador, en el día del matrimonio o del acuerdo de unión civil y en los días inmediatamente anteriores o posteriores al de su celebración”, indica el proyecto de ley que en noviembre pasado ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados.
El Movilh aplaudió esta avance que “de transformarse en ley terminará con uno de los más absurdos vacíos en el Acuerdo de Unión Civil, en tanto los 5 días de permiso labora pueden ser exigibles sólo en el sistema privado, no así en el público”.
“Esperamos que la norma vea pronto a la luz, pues es parte de los compromisos vinculantes que el Estado asumió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que presentáramos una demanda internacional por la prohibición del matrimonio igualitario en Chile”, finalizó el Movilh.
La madre del fallecido insiste con que sólo ella tiene el derecho de decidir donde sepultar a su hijo. El caso fue analizado hoy por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Una nueva demanda enfrenta el trabajador Vladimir Urrutia de parte su suegra, Elba González, quien busca despojarlo de los derechos para decidir donde deben descansar los restos de su fallecida pareja, Rodrigo Moreno, denunciaron hoy el afectado y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Fue en febrero del 2016 cuando González presentó un recurso de protección contra Urrutia, alegando que ella, en calidad de madre de Moreno, era la única con la facultad para decidir donde sepultarlo.
El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Concepción y la Corte Suprema, las cuales concluyeron que si bien Moreno y Urrutia no tenían vínculo legal alguno, si eran pareja y convivientes. Por tanto, se ordenó que los restos de Moreno se mantuvieran en una tumba del Cementerio Parque Santa María de Los Ángeles, que es propiedad de Urrutia, impidiendo así el traslado al Cementerio Crematorio Parque San Pedro de Concepción, como lo demandaba la madre.
Pese a los fallos de la justicia y las continuas denuncias de Urrutia contra la homofobia de su suegra, ésta presentó un nueva acción legal donde exige que los restos de su hijo sean exhumados y trasladados a otro sector del Cementerio Parque San María de Los Ángeles, que es de su propiedad.
La mujer alega que tiene ese derecho en tanto “mi hijo no había celebrado” el Acuerdo de Unión Civil con Urrutia y “yo soy la única heredera universal” de Moreno.
Urrutia lamentó la nueva ofensiva discriminatoria, recordando que convivió 12 años Rodrigo. “Nos amábamos y éramos conocidos como familia por nuestros entornos. No firmamos la unión civil, pues el falleció en octubre del 2015, días antes de que esta ley entrara en vigencia. Con o sin ley, fuimos pareja. Así lo han reconocido tribunales y así lo seguiré defendiendo”, dijo.
Acompañado Movilh, Urrutia expuso hoy todos los antecedentes de su caso ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde fue escuchado por el presidente de la entidad, Sergio Ojeda, y por los parlamentarios Tucapel Jiménez, Roberto Poblete, René Saffirio y Raúl Saldívar.
El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, dijo por su lado que “estamos muy impactados de ver como una familia persiste en su desprecio a los deseos de su fallecido hijo y rechaza respetar sus derechos y los de su pareja sobreviviente, sólo porque se trata de una unión del mismo sexo. Rodrigo merece descansar en paz y permanecer sus restos donde lo decidió junto a Vladimir. Esperamos que en los tribunales una vez más triunfe la igualdad y la no discriminación, y muy especialmente, que la familia sanguínea de Moreno recapacite y pida disculpas”.
Tras escucharnos el caso, la Comisión de DDHH acordó pedir al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y a la Biblioteca del Congreso Nacional informes relativos al matrimonio igualitario y a los efectos que provoca la ausencia de esta norma.
26 parlamentarios piden adelantar el proyecto legislativo
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile ha entregado a la presidenta Michelle Bachellet un manifiesto firmado por 26 parlamentarios de seis fuerzas políticas del Congreso Nacional en el que piden que se adelante la presentación del Proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario
Los derechos fundamentales del colectivo LGTBIQ han experimentado un ascenso notable en la atención mediática y en la agenda política de Chile.
Sin embargo, todavía quedan numerosos pasos por avanzar para lograr una plena integración del colectivo LGTBIQ en la sociedad chilena, y entre ellos se ecuentra la equiparación de derechos matrimoniales entre parejas hetero y homosexuales.
Esta creciente apertura y sensibilidad institucional hacia la aprobación del matrimonio igualitario ha sido acogida con satisfacción por las entidades activistas. Sin embargo, los recurrentes retrasos en su articulación y debate han propiciado que las asociaciones pidan a sus representantes el compromiso urgente en su desarrollo legislativo.
Por ello, El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) ha contactado con 26 parlamentarios de Democracia Cristiana, del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Partido Radical Social Demócrata, del Partido por la Democracia, de Amplitud e independientes para respaldar su solicitud de aceleramiento de este proceso.
La misiva, que fue entregada en una reunión a la presidenta Bachellet y al portavoz del Gobierno Marcelo Díaz, pide al Ejecutivo que fije una nueva fecha para la presentación del proyecto de ley en vez de imponer una hoja de ruta que no contempla la presentación del texto hasta finales de 2017.
En palabras de Rolando Jiménez, representante y portavoz del Movilh:
Buscamos que el Gobierno reevalúe la fecha que ha propuesto para presentar la ley de matrimonio igualitario, pues el último trimestre del 2017 la actual administración ya estará en su última fase. Un proyecto de esta naturaleza necesita ser impulsado con el debido tiempo por el Gobierno que lo redacte y no exponerse cuando se están despidiendo.”
En la misma reunión, el Movilh entregó a Bachelet el XIV Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y analizó junto al Gobierno la necesidad de reformar el Acuerdo de Unión Civil y la Ley Antidiscriminatoria, así como la importancia de acelerar la tramitación de la Ley de Identidad de Género. Punto sobre el cual han informado que ya existen ”compromisos de avances significativos a partir de abril”.
Los diputados y diputadas que han respaldado la petición de la entidad son: por el DC Juan Morano, Roberto León, Guillermo Ceroni, Daniel Farcas, Tucapel Jiménez, Felipe Letelier, Gabriel Silber, Víctor Torres, Pablo Lorenzini; por la PRSD Marcela Hernando; por los PPD Cristina Girardi y Rodrigo González; por los PC Hugo Gutiérrez, Lautaro Carmona, Karol Cariola, Guillermo Teillier, Daniel Núñez y Camila Vallejo; por los PS Daniel Melo, Leonardo Soto, Marcelo Schilling, Maya Fernández y Denise Pascal y por los independientes Pedro Browne, (Amplitud) Roberto Poblete, Sergio Aguiló.
El ahora llamado Registro Social de Hogares no ha sido actualizado por el Ministerio de Desarrollo Social, ni por las municipalidades, a tres meses de entrar en vigencia el AUC. El Movilh informó al ministro Barraza sobre el problema
Los convivientes civiles Ricardo Carvajal y Elías Lavín denunciaron que la plataforma electrónica del Registro Social de Hogares (ex Ficha de Protección Social) no los reconoce como parientes, pese a que han pedido en reiteradas oportunidades a la Municipalidad de La Granja y el Ministerio de Desarrollo Social corregir el problema
La pareja contrajo el AUC el pasado 16 de noviembre y desde antes ambos se encontraban inscritos en la Ficha de Protección Social, instrumento que a partir del 1 de enero del 2016 pasó a llamarse Registro Social de Hogares.
“En noviembre y diciembre la pareja se dirigió a la Municipalidad de La Granja para modificar sus datos y ser reconocidos como parientes. Les dijeron que en enero se resolvería el problema. Este mes volvieron a la Municipalidad, donde afirmaron que no podrían actualizar los datos, pues el Registro del Ministerio de Desarrollo Social no lo permitía”, indicó el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)
La pareja consultó entonces al Ministerio, donde les indicaron que era su responsabilidad cambiar sus datos en el sitio oficial dispuesto para ello.
Grande fue el malestar y sorpresa de la pareja al ver que el sitio no permite actualizar ese dato y que el certificado otorgado por el propio Ministerio indica “no son familiares”.
“Dos meses llevan Ricardo y Elías intentando que se reconozca el derecho a ser reconocidos como parientes en un instrumentos público, resultando obvio que en la Municipalidad sólo fueron tramitados, mientras que el Ministerio no ha resuelto el problema, al menos a nivel electrónico. Aquí hay una clara descoordinación frente algo que debió evitarse antes de la entrada en vigencia del AUC”, indicó el Movilh.
El organismo añadió que “esta situación es muy irregular”, por cuanto el Acuerdo de Unión Civil además de reconocer parentesco entre convivientes, incluye a los sanguíneos de ambos.
En efecto, el artículo 4 del AUC indica que “entre un conviviente civil y los consanguíneos de la persona con la que está unida por un acuerdo de unión civil existirá, mientras éste se encuentre vigente, parentesco por afinidad. La línea y grado de afinidad de una persona con un consanguíneo de su conviviente civil se califica por la línea o grado de consanguinidad de dicho conviviente civil” indica el artículo 4 de AUC
El Movilh redondeó que “con la Unión Civil fue el Estado el que vino a reconocer parentesco entre los convivientes civiles. Este reconocimiento es un derecho de la máxima relevancia para las familias que contraen el AUC y debe considerarlo todo instrumento público, sea o no electrónico”
En este contexto, el Movilh envió una carta el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, donde lo informó de la sucedido y le pidió corregir al problema, además de solicitarle que se diseñe una guía para orientar a los convivientes civiles que están pasando por similares problemas.
En el Registro Social de Hogares (ex Ficha de Protección Social). Luego de que una pareja denunciara a la Municipalidad de la Granja por no reconocerlos como parientes, el ministro ordenó corregir al instante el problema
El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, emitirá una circular informado a los municipios que para efectos del Registro Social de Hogares (ex Ficha de Protección Social) los convivientes civiles de igual y distinto son considerados parientes, informó hoy la cartera al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)
La medida se adoptó luego de que los convivientes civiles Ricardo Carvajal y Elías Lavín, denunciaran a la Municipalidad de La Granja por negarse a reconocerlos como parientes, mientras que la plataforma electrónica del Ministerio no está habilitada para que las personas modifiquen ese dato del Registro Social de Hogares, problemas informados por el Movilh a Barraza.
Hugo Cuevas, asesor del ministro, “nos indicó que hoy Ricardo y Elías podrán resolver el problema en la municipalidad. Además enviarán un comunicado a los municipios para que en la Registro Social de Hogares se reconozca a los convivientes civiles como parientes, de manera que otras parejas no pasen por el mismo problema” dijo el Movilh.
En relación a la plataforma electrónica del Ministerio de Desarrollo Social, “se espera que en el transcurso del 2016 se habiliten todas sus funcionalidades de manera que los convivientes civiles puedan ahí mismo actualizar su Registro Social de Hogar, en vez de hacerlo directamente en la municipalidad”.
En tanto, en en el quienes se inscriben por primer vez en el Registro Social de Hogares, pueden desde ya inscribirse. Al respecto, el Ministerio emitió una guía informativa.
Los ajustes de la plataforma electrónica seguirían en curso porque la Ficha de Protección Social fue reemplazada por el Registro Social de Hogares reemplazó recién el pasado 1 de enero.
“Valoramos la celeridad con que el ministro Barraza respondió nuestra denuncia y, en especial, que se dé solución a los convivientes civiles. Lo importante de esto, es que ya no hay duda de que quienes contraigan el Acuerdo de Unión Civil son parientes para efectos del Registro Social de Hogares”, dijo el Movilh.
El Movilh felicitó, por último, a “Ricardo y Elías, pues gracias a su preocupación en este tema, es que se resolverá no sólo su problema , sino también el que pueda afectar por el mismo motivo a cualquier otra pareja de igual o distinto sexo”
Añade que las personas casadas, los niños, las niñas y los adolescentes deberían efectuar el trámite en los tribunales de familia. De la misma manera, advierte la necesidad de que los funcionarios judiciales sean capacitados en identidad de género.
El segundo informe de la Corte Suprema sobre el proyecto de Ley de Identidad de Género se pronunció a favor de que las personas mayores de edad rectifiquen su nombre y sexo legal en el Registro Civil, mientras que en relación a niños/as, adolescentes y casados consideró que el trámite debe realizarse en tribunales de familia.
Así quedó establecido en una sesión del pasado 20 de noviembre, donde participaron el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz y los/as ministros/as Milton Juica, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Haroldo Brito, Rosa Maggi, Rosa Egnem, Ricardo Blanco, Gloria Chevesich, Andrea Muñoz, Carlos Cerda, Manuel Valderram y Jorge Dahm.
En la ocasión, los magistrados precisaron que en la propuesta de ley existen “problemas de coherencia que deberían subsanarse adecuando la técnica de redacción”, pues si bien se agregaron aspectos para mejorar el deficiente proyecto original, los artículos que permanecieron entraron en colisión con los nuevos.
En el informe, fechado el 23 de noviembre, se explicó que en la nueva versión del proyecto de ley basta la sola voluntad de la personas para solicitar la rectificación de nombre y sexo, sin la posibilidad de que el juez exija certificados médicos o pruebas, con lo cual se está en presencia de “un procedimiento de la jurisdicción no contenciosa” que debería ser visto por el Registro Civil.
“Por estar radicada fundamentalmente la gestión en la voluntad del o la peticionaria interesada es que el procedimiento puede quedar asignado a una gestión administrativa ante el oficial del Registro Civil, con lo cual se resguarda en mayor medida la dignidad de las personas al no exponerla a un procedimiento judicial, reservando la sede judicial a los casos que exista oposición de la autoridad administrativa o la solicitud esté referida a menores de edad”, precisó la Suprema
Explicó que “de ningún aspecto se debe convencer al juez, dado que no se requiere persuadirlo de la identidad de género de quien acude a él en busca de un pronunciamiento”, por tratarse de “una vivencia interna e individual”.
En este campo, sin embargo, la Corte advierte una “paradoja”, pues junto con defender la idea de la “vivencia personal que no requiere de pruebas”, el proyecto de ley establece en uno de sus artículo que el juez puede solicitar por oficio mayores antecedentes sobre la solicitud de rectificación.
Matrimonio y niños
En relación a los menores de 18 años, la Corte sostuvo que en virtud del “cambio al articulado (original) del proyecto de ley“, “parece razonable considerar que el tribunal competente para conocer de la rectificación del nombre y/o sexo en base al reconocimiento de la identidad de género, sea el tribunal con competencia en materia de familia”, por estar ahí radicados los asuntos sobre niños, niñas adolescentes.
Explica que con anterioridad la Corte había estimado que la rectificación de nombre y sexo fuese vista por un juez civil, pero dado que el actual proyecto es radicalmente distinto al original, abarcando a mayores y menores de edad “puede tener una justificación racional la asignación de la competencia a los tribunales de familia”
Redondeó que una “oposición de la autoridad administrativa”, podría ocurrir si uno de las personas que solicita la rectificación de sexo y nombre está casada con otra. Ello, luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobara una indicación “transfóbica y denigrante impulsada por la senadora Jacqueline Van Rysselbergue, que anula el matrimonio de quienes cambien su nombre y sexo legal”, recordó el Movilh.
La Suprema sugiere que de mantenerse dicha prohibición, las rectificaciones sean vistas por tribunales de familia, pues “requiere que se resuelvan una serie de asuntos patrimoniales y jurídicos” el matrimonio.
Además “las personas que han contraído matrimonio no pueden ser afectadas en sus derechos por un acontecimiento posterior en el cual no ha consentido y que puede quede radicado en la voluntad de solo uno de los cónyuges. Ante la falta de reglamentación en tal sentido, a los menos resulta indispensable que se otorgue la posibilidad de sustituir el régimen matrimonial por el Acuerdo de unión Civil”, dijo. Puntualizó que para una correcta aplicación de la ley, se requerirá “capacitar e instruir a los funcionarios, profesionales y jueces” en identidad de género.
La activista trans del Movilh, María Isabella Aguayo, señaló, por último, que “festejamos a la Corte Suprema por apoyar nuestra antigua demanda sobre la realización de los trámites en el Registro Civil, aspecto que fuimos los primeros en poner sobre la mesa ante las autoridades legislativas y gubernamentales, llegando a contar con el tiempo con cada vez mayores respaldos”.
Buenas y malas noticias las que nos llegan desde Chile. La celebración de las primeras uniones civiles entre parejas del mismo sexo en distintas ciudades de este país sudamericano, así como la firma de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, son razones de peso para que se felicite el activismo LGTB; muy especialmente el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) por sus años de persistente lucha. Esta importante organización chilena, sin embargo, también se ha visto obligada a denunciar diversas situaciones de intolerancia LGTBfóbica en los últimos días.
Después de esperar 12 años, decenas de parejas del mismo sexo se unieron legalmente tras la entrada en vigor del llamado Acuerdo de Unión Civil, lo que los colectivos LGTB consideran el primer paso para alcanzar el matrimonio igualitario.
En Concepción (en el centro de Chile) se unían a primera hora del jueves Vicente Medel Salazar y Esteban Guzmán Rioseco, una joven pareja de estudiantes; rodeada de familiares y de autoridades locales, entre los cuales se encontraban el intendente de la Región de Biobío, Rodrigo Díaz, y el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz. “Amo a Vicente, es mi vida. Y hoy siento que el amor es coronado con reconocimiento en mi país, nada puede ser mejor que este momento”, declaraba Guzmán.En medio de la algarabía de sus familiares y amigos, Vicente Medel y Esteban Guzmán fueron la primera pareja gay que ha disfrutado de la nueva categoría de unión, la de “conviviente legal”. “Amo a Vicente, es mi vida, y hoy siento que el amor es coronado con reconocimiento en mi país, nada puede ser mejor que este momento”, declaró Esteban.
Roxana Ortiz y Virginia Gómez (a las que podemos ver en la fotografía tras su enlace, con su correspondiente cartilla) han sido la primera pareja de mujeres en unirse civilmente en Santiago. Durante la ceremonia han estado acompañadas de su hija Catalina, de sus respectivos progenitores, así como de un grupo de activistas LGTB. Cabe señar que la pareja ya estaba casada, ya que Virginia Gómez es española y ambas habían contraído matrimonio en nuestro país tiempo atrás. No obstante, al residir en Chile, no veían hasta ahora reconocida su unión y carecían de los mismos derechos que un matrimonio heterosexual. En un post de su cuenta de Facebook, Roxana Ortiz ha expresado que “hoy [por el jueves] Chile ha marcado un gran cambio. Esto se transforma en una bella finalización de una lucha de 12 años”.
En el Registro Civil de Santiago le siguieron las lesbianas Virginia Gómez, española, y Roxana Ortiz, chilena, que suscribieron el Acuerdo de Unión Civil acompañadas por su hija Catalina, de sus familiares cercanos y de activistas del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Movilh. “Son 14 años de relación, de superación constante de los estigmas y los miedos que hoy llegan a su fin. No más miedos“, dijo Roxana, cuya unión con Virginia no pudo ser captada por la prensa por prohibición del Registro Civil. Virginia contó que ambas se casaron hace años en España, pero su vínculo no era reconocido en Chile. Catalina redondeó que, “estoy feliz por mis madres y de que todo el mundo se entere que tengo dos madres que me aman y que son reconocidas en mi país”. En el siguiente vídeo se puede ver el momento en el que Ortiz y Gómez han consumado su unión civil:
Las decenas de parejas homosexuales adquirirán una serie de derechos similares a los del matrimonio, como el de herencia, de decidir sobre el tratamiento y la visita a sus parejas, aunque no podrán adoptar.
Rolando Jiménez, presidente del ente que agrupa a los homosexuales, dijo que llegar a este jueves con la unión civil “organizamos 35 marchas, 72 protestas, 21 campañas, y 1.530 reuniones y conversaciones con autoridades, seis proyectos de ley y 12 años de tramitaciones en el congreso antes de la aprobación”.
Jiménez enfatizó que “con la unión civil no termina nuestra lucha. Exigimos matrimonio igualitario. Pediremos que se reactiven los proyectos de ley de matrimonio igualitario que están estancados en el parlamento...”.
El dirigente del MOVILH Rolando Jiménez ha manifestado que “este 22 de octubre Chile reconoce la diversidad familiar y a las parejas del mismo sexo, lo cual solo puede asimilarse al momento cuando las mujeres ganaron el voto, o a cuando terminaron las odiosas divisiones de hijos legítimos o ilegítimos”. Asimismo, Jiménez añadía que “este día lo dedicamos a todas aquellas parejas que ocultaron su relación, sufrieron y no alcanzaron a estar vivas para acceder a estándares básicos de igualdad”.
Además de hacer realidad las primeras uniones civiles entre parejas del mismo sexo, Chile ha suscrito, en la sede la Organización de Estados Americanos (OEA), los dos acuerdos antidiscriminatorios más importantes aprobados en el continente, cumpliendo así la Cancillería con compromisos asumidos en el primer mes de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Concretamente, hablamos de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. El encargado de rubricar los acuerdos ha sido el embajador Juan Pablo Lira.
“La decisión de suscribir ambos instrumentos obedece al compromiso del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet de avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, a la vez que constituye una clara señal de apoyo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual Chile en un miembro activo”, aseveraba la Cancillería mediante un comunicado.
LGTBfobia y fanatismo religioso
Conforme la comunidad LGTB avanza en derechos, los sectores sociales más reaccionarios se empeñan en hacer patente su rabia y su disconformidad (a menudo, de las formas más burdas y vulgares). Un conductor de la compañía chilena de autobuses Turbus espetaba hace unos días a una pareja gay que “deberían leer la Biblia para que se purifiquen”, alegando además que “ustedes tienen puras huevadas en la cabeza”. Desde el MOVILH han exigido disculpas públicas del chófer y de la empresa, al tiempo que denuncian la reiteración y proliferación de este tipo de agresiones verbales.
Este viernes la sede del MOVILH amanecia con carteles homofóbos, y se han registrado dos agresiones homófobas más: un carabinero ‘invitaba’ a una pareja gay “a sacarse mierda por el culo” y una médico cirujano de Valparaíso rechazaba las uniones de gais porque, en su acientífica y retorcida opinión, “contradicen la teoría de la Evolución de Darwin”. El presidente del MOVILH, Ramón Gómez, ha dicho que “lamentamos este tipo de agresiones gratuitas y cobardes, pero que demuestran solo desesperación frente al avance evidente de nuestros derechos”.
Hace solo unos días dábamos cuenta de que el pastor homófobo Javier Soto será finalmente juzgado por acosar y agredir al activista del MOVILH Rolando Jiménez, además de acusarlo de pedófilo y de pervertir a menores. Y el pasado mes de septiembre también recogíamos la disculpa de un restaurante de Santiago con una pareja de lesbianas, despidiendo además al camarero que las increpó y el 17 de agosto un joven que llamó a las Termas Puyehue, en la Región de Los Lagos, para consultar por una oferta para novios denominada “Escapada romántica”. Grande fue sorpresa cuando le indicaron que las ofertas aplicaban sólo para parejas “de hombre y mujer”. En este caso el Movilh también envió una misiva a las Termas, la que fue respondida el 29 de agosto por el Jefe de Comunicaciones de la empresa, Carlos Oviedo pidiendo disculpas.
Familias homoparentales, unión civil y ley antidiscriminatoria fueron temas de las capacitaciones dictada a más de 150 uniformados. Los participantes recibieron ejemplares de “Nicolás tiene dos papás”
Carabineros, gendarmes y aspirantes a oficiales fueron capacitados por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en la realidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) en Chile, así como en las implicancias sociales y culturales del Acuerdo de Unión Civil (AUC) y de la Ley Antidiscriminatoria.
Se trató de tres charlas donde se abordaron conceptos sobre diversidad sexual y avances y desafíos para la igualdad, así como estrategias antidiscriminatorias al interior de las instituciones y en su relación con la sociedad, siendo cerca de 150 los/as uniformados/as capacitados/as.
La capacitación a Carabineros, desarrollada el 19 de agosto, se enmarcó en el IV Curso de Instructores de Derechos Humanos Aplicables a la Función Policial, iniciativa dirigida a oficiales y suboficiales.
Organizado por el Departamento de Derechos Humanos de Carabineros y por el Comité Internacional de la Cruz Roja, el curso abordó temáticas como derecho internacional humanitario, uso de la fuerza, privación de libertad, mantenimiento del orden público y grupos vulnerables, con miras a la actualizaron de las técnicas de intervención policial.
En tanto, los 13 y 14 de agosto Gendarmería organizó el Curso de atención de público en el marco de los derechos humanos, donde junto a la realidad de la diversidad sexual se abordó a la población migrante y el adulto mayor.
El evento, desarrollado en el Auditórium de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, ahondó también en estándares internacionales de derechos humanos, ley antidiscriminatoria, comunicación asertiva para el público y buenas prácticas.
Por último, el 21 de agosto el Movilh expuso en la Escuela de Formación Penitenciaria “Gendarme Alex Villagran Pañinao” (Espofen).
A todos los carabineros, gendarmes y aspirantes el Movilh entregó materiales informativos y el libro “Nicolás tiene dos papás”.
Este acuerdo no refrenda el derecho a la adopción de parejas homosexuales. El AUC también reconoce las uniones civiles realizadas en el extranjero.
Parejas homosexuales acudieron este jueves a oficinas del Registro Civil en Chile para reservar una hora con el fin de acceder al Acuerdo de Unión Civil (AUC), una inédita medida que les permitirá legalizar su situación de pareja. El AUC, aprobado en enero de este año en el Congreso chileno, permite a las parejas del mismo o diferente sexo regular su convivencia y crea un nuevo estado civil accesible a parejas heterosexuales y homosexuales, una demanda histórica de la comunidad gay.
“Fuimos la primera pareja inscrita para el AUC en Viña del Mar (centro), la funcionaria en foto”, anunció Felipe Egido en su cuenta de Twitter este jueves, en un mensaje que aparece acompañado de una foto de su pareja y de la funcionaria del registro civil que los inscribió.
A principios de año informábamos sobre la aprobación definitiva, en el Parlamento de Chile, del Acuerdo de Unión Civil (una ley de parejas de hecho, abierta a parejas del mismo y de distinto sexo) y en abril, de su promulgación por la presidenta Michelle Bachelet. El pasado jueves día 9, se abrió el plazo de petición de horario en todas las oficinas del Registro para las parejas que deseen celebrar su unión civil a partir del 22 de octubre. La cuenta de Twitter del MOVILH (Movimiento de Integración y Liberación Homosexual) recoge solo algunos de los mensajes de celebración que han circulado (y siguen haciéndolo) en esta popular red social. Con todo, y a pesar de la lógica alegría, la comunidad LGTB continúa sin renunciar al matrimonio plenamente igualitario y a la adopción por parte de familias homoparentales. “Esperamos poder solucionarlo en el corto plazo con una ley de matrimonio igualitario”, asegura Óscar Rementería, uno de los portavoces del MOVILH.
La propia organización LGTB chilena destacaba en un tuit que no hay “nada más emocionante que ver feliz a una pareja que esperó igualdad por 30 años” y expresaba que “tarde o temprano, así es. Qué felicidad”. Precisamente, la pareja a la que se refería el MOVILH es la que podéis ver en la fotografía de arriba. Tal y como resume Rementería, esta ley es el primer reconocimiento en Chile de las uniones afectivas entre personas del mismo sexo y, además, regula aspectos fundamentales de la convivencia como algunos relacionados con derechos sanitarios, patrimoniales, de seguridad social, de herencia o de reconocimiento de estado civil específico, entre otros. Hasta la llegada de esta ley, si uno de los miembros de una pareja de hombres o de mujeres era ingresado en un hospital, por ejemplo, podía encontrarse con la amarga situación de no ser visitado en el hospital por la persona amada, en caso de tener una familia biológica homófoba que lo impidiera.
Podéis ver a continuación la entrevista que CNN Chile le realiza al activista Óscar Rementería:
A partir de las 08:30, hora local, parejas homosexuales acudieron a las salas del registro para inscribirse sin costo alguno en el AUC, y poder celebrar esta inédita unión que fue un proyecto de ley que el expresidente derechista Sebastián Piñera envió al Congreso en 2011. Cuatro años después, el AUC se aprobó bajo el gobierno de Michelle Bachelet, y permitirá contraer un vínculo civil a partir de octubre.
“Es un momento histórico. El Estado por fin reconoce a las parejas que conviven“, dijo la ministra de Justicia, Javiera Blanco. El AUC permite a las parejas no casadas compartir bienes a nivel jurídico, recibir herencias y pensiones o ser carga en el sistema de salud, entre otros derechos. Este acuerdo no refrenda el derecho a la adopción de parejas homosexuales. Sin embargo, en caso de que los padres biológicos estén inhabilitados por alguna razón, el cuidado de los menores se otorgará a los convivientes si esto se considera del interés del niño. El AUC también reconoce las uniones civiles realizadas en el extranjero. Para acceder al AUC, las parejas deben cumplir requisitos como ser mayores de edad, no estar casados, contar con una libre administración de sus bienes y consentir de manera voluntaria el acuerdo en Chile, un país tradicionalmente conservador y de gran influencia de la iglesia Católica.
Como decíamos al principio de este post, la aprobación del Acuerdo de Unión Civil no significa, en absoluto, que los activistas LGTB chilenos abandonen la lucha por el matrimonio igualitario, que Michelle Bachelet prometió promover en campaña (“Matrimonio igualitario: convocaremos a un debate abierto, con participación amplia para la elaboración y posterior envío de un proyecto de ley en esta materia”, decía literalmente su programa). Aunque no queda duda, por otra parte, que este nuevo marco legal de uniones civiles allana el camino del matrimonio igualitario. En febrero el Gobierno de Chile y el MOVILH acercaban posturas para llegar a una solución amistosa a la demanda interpuesta por este colectivo en 2012 contra el estado chileno, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), por prohibir el matrimonio igualitario.
La reciente ley de parejas de hecho o de uniones civiles incluye dos aspectos importantes: por una parte, el reconocimiento de los matrimonios LGTB contraídos fuera de Chile (MOVILH cita, por ejemplo, los celebrados en Argentina o en España) y, por otra, la posibilidad de mantener la custodia de los hijos de la pareja en caso de fallecimiento o inhabilitación de los padres biológicos. No obstante, la adopción es un tema aparte. En estos momentos se está debatiendo en el Congreso Nacional su posible aprobación. El Gobierno de Bachelet es partidario de que se de luz verde a la adopción homoparental. Así lo transmitió la ministra de Justicia, Javiera Blanco, tras reunirse con el MOVILH, la principal organización LGTB de Chile.
Al igual que ocurre en países como el nuestro, con avanzadas leyes a favor de la igualdad LGTB (que no invalidan, por otra parte, la reivindicación continua por mejorar el techo legislativo), los avances políticos y legales no radican la homofobia social y las deleznables expresiones o actos motivados por el odio. Nuevamente, los ultras han utilizado las redes sociales para escupir la bilis que les genera el camino hacia una sociedad igualitaria. Por citar alguno, nos parece especialmente repugnante el tuit (ya borrado) del usuario ‘Patria y Libertad’ (sic), que decía, textualmente, lo siguiente: “púdranse con su promiscua causa gay. Que el sida los acabe a todos luego, maricones repulsivos”. Nuestra intención no es hacerle publicidad a este tipo de personajes desalmados, sino denunciar la impunidad de sus acciones y exigir responsabilidades punitivas por la incitación al odio y a la discriminación.
Otro usuario de Twitter, Tommy Malbran, se hacía eco del tuit de este sujeto radical (que se autodefine como “nacionalista, patriota anticomunista, católico-cristiano, antiaborto y siempre por la derecha”) y se lamentaba de que “esto siga ocurriendo… ¿libertad? ¿De que libertad habla?”. En realidad, conocemos bien la libertad por la que aboga este perfil de ultras: la suya, para decidir el modelo social que imponer a la ciudadanía y para someter a los que piensan o sienten de modo diferente.
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El Movilh, que se hizo parte el recurso de inaplicabilidad con un amicus curiae, alegó que en “virtud de prejuicios y homofobia el TC ha violentado derechos humanos básicos de dos madres y de su recién nacido hijo”
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