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El Ministerio de Justicia de España ordenará a los registros civiles facilitar el cambio de nombre legal de los menores trans mientras se reforma la ley de identidad de género

Sábado, 20 de octubre de 2018

la-ministra-de-justicia-dolores-delgado-ha-mantenido-con-la-asociacion-de-familias-de-menores-transexuales-chrysalisTras reunirse con representantes de Chrysallis, asociación de familias de menores trans, el Ministerio de Justicia ha anunciado que prepara una instrucción para que los registros civiles faciliten el cambio de nombre a los menores transexuales. Una medida transitoria (así los esperamos…) al menos hasta que las Cortes aprueben la reforma de la vigente ley de identidad de género propuesta por el grupo socialista y que lleva más de año y medio de tramitación parlamentaria.

«La medida se adoptará de manera transitoria para dar una solución a estas familias mientras se tramita en el Parlamento la reforma de la Ley 3/2007 cuya aprobación extendería la posibilidad de rectificar la mención registral relativa al sexo a los menores de edad», asegura el comunicado de prensa del Ministerio de Justicia, que alude también a la reunión mantenida entre representantes de Chrysallis, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido Chamorro. Se trata de agilizar y de alguna forma automatizar el proceso “para facilitar la vida de los menores trans”, ha dicho Natalia Aventín, representante de Chrysallis, la Asociación de Familias de Menores Transexuales, que ha señalado que este avance ha sido fruto del compromiso de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido, tras una reunión celebrada esta semana.

En esta reunión, Chrysallis ha recordado al Ministerio que el Gobierno de España no ha atendido todavía la Proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados el 11 de octubre de 2016, que instaba al Ejecutivo a dictar una instrucción que facilitara el cambio de nombre en el caso de los menores trans, cuya realidad no contempla la legislación. En resultado es que en muchas ocasiones ese cambio se deniega con el argumento de que el artículo 54 de la Ley del Registro Civil de 1957 prohíbe la imposición de nombres que induzcan a error en cuanto al sexo de la persona.

Tras la reunión, el director general de los Registros y del Notariado ha reconocido que la actual regulación vulnera derechos fundamentales de los menores trans y lastra su desarrollo personal, aspectos que tratará de evitar tanto la instrucción que ya se prepara como la reforma legal en tramitación parlamentaria.

Fuentes del ministerio de Justicia han explicado que la instrucción es un parche para facilitar los trámites de los menores mientras se tramita la Ley 3/2007 de rectificación registral de la mención en cuanto al sexo y al nombre, con el objetivo de que pueden inscribirse “en un viaje de fin de curso, recoger un paquete en correos o hacer infinidad de gestiones sin tener que exponer su intimidad”. De momento, la instrucción se limita solamente al nombre y no al sexo.

El último de los casos que ha saltado a la opinión pública ha sido el de Gabriel, un chico trans de 15 años al que el Registro Civil de Calatayud ha denegado el cambio, y ello pese a contar con el respaldo unánime de familia y escuela. Este mismo viernes, de hecho,  Gabriel y su familia han entregado en la Dirección General de Registros y Notariado las más de 129.000 firmas de apoyo que han recogido a través de su campaña en Change.org.

Retrasos intolerables en la tramitación parlamentaria

En efecto, en este momento se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). La iniciativa  fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso (¡hace ya más de año y medio!), si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos ya en octubre, y la proposición sigue sin ser aprobada.

No debe confundirse esta proposición con la que a su vez el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registró en marzo «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades. Sin embargo, ha sido necesaria una huelga de hambre de un grupo de activistas trans (entre los que se encontraba la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé) para que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que la mantenía «en el congelador», tomase la decisión de impulsarla en el contexto de sus recientes acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por último, otra proposición de ley que permanece atascada es la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, registrada en mayo de 2017 tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español». Aún así, la Mesa del Congreso de los Diputados no desbloqueó su avance hasta febrero de este año, al igual que con la propuesta socialista de reforma de la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Al igual que con esta, estamos en octubre y sigue sin ser aprobada.

Fuente Dosmanzanas/Cáscara Amarga

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Chile: Gobierno y sociedad civil se reúnen en mesa de trabajo para impulsar derechos LGBTI

Martes, 16 de octubre de 2018

subseuno-820x394En el marco del cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile firmó ante la CIDH

El Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Justicia desarrollaron hoy la Primera Mesa de Trabajo con la sociedad civil para avanzar en el cumplimiento de las medidas legislativas y de políticas públicas contempladas en el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) firmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

asa3-300x225La convocatoria fue inaugurada por la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren y por el subdirector de la División de Organizaciones Sociales, Sebastián Lafaurie, además de contar el espacio con la asistencia de representantes de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Oficina de la Diversidad de Providencia.

En la ocasión se debatió y recibieron propuestas de las organizaciones de DDHH para impulsar la adopción homoparental, reformas a la Ley Zamudio, al Acuerdo de Unión Civil y a los artículos 365 y 373 del Código Penal, así como para crear y perfeccionar políticas públicas sobre los derechos LGBTI en los campos de la educación, la salud y el trabajo, entre otros.

asa2-300x212Las propuestas e ideas sobre estos puntos provinieron de Acción Gay, Ceres, Corporación Humanas, Fundación Iguales, OTD, Sindicato Amada Jofré, Todo Mejora, Mums y Movilh, organizaciones que coincidieron en la necesidad de avanzar lo antes posible en la plena igualdad social y legal para las familias homoparentales y para las personas con orientación sexual o identidad de género diversa

Entre otros, los colectivos LGBTI solicitaron al Ejecutivo plazos para la concreción del ASA y de las propuestas sugeridas hoy, para lo cual se espera respuesta en las próximas semanas.

Los temas concretos tratados hoy corresponden al punto III.8 del ASA aquí expuesto.

Fuente MOVILH

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Ofensiva de las iglesias evangélicas españolas contra la aprobación de una ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI

Miércoles, 26 de julio de 2017

coexist-rainbow-world-peace-love-human-rights-font-b-religious-b-font-gay-pride-font-bLo adelantábamos el pasado 15 de julio, pero ampliamos la noticia con este artículo de Dosmanzanas:

Preocupante ofensiva la que las iglesias evangélicas españolas, articuladas en torno a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y la Alianza Evangélica Española, han lanzado contra el colectivo LGTB. La primera ha conseguido que la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, un órgano consultivo del Gobierno presidido por el ministro de Justicia, haya aceptado estudiar si la proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI “vulnera la libertad religiosa”. La segunda ha puesto en marcha una campaña contra esta propuesta, con una petición en change.org justificada en un comunicado en el que compara la propuesta con las leyes de eugenesia de la Alemania nazi y defiende las “terapias” reparadoras, entre otras barbaridades.

El pasado 4 de mayo, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), organización paraguas que agrupa a más de 50 colectivos LGTB de España, registraba en el Congreso de los Diputados una ambiciosa propuesta de ley contra la discriminación y en favor de la igualdad social de las personas LGTBI. El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea era el que prestaba a la FELGTB su capacidad legal para hacerlo, aunque el proyecto cuenta, sobre el papel, con el apoyo expreso de todos los grandes partidos salvo el PP. Ello no evitó, lamentablemente, que en pocos días la propuesta se convirtiera, por obra y gracia de la derecha mediática e incluso de una parte del ámbito progresista, en “la ley mordaza de Podemos”. Una manipulación que, aunque atemperada con el paso de las semanas y las celebraciones del World Pride (todas las fuerzas políticas invitadas a la cabecera de la manifestación, incluyendo el PP, se han comprometido al menos a facilitar la tramitación del texto), sigue siendo utilizada medios y grupos de presión conservadores.

Sus líneas generales

c-_kczfxyaatv0aLa norma registrada, como en su momento comentamos, es muy ambiciosa, y contempla numerosas medida en los ámbitos de la salud, educativo y laboral, así como en el familiar, de la infancia y de la juventud. Contempla, por ejemplo, el derecho de todas las mujeres a acceder a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad publica, con independencia de su orientación sexual o de estatus marital, así como la garantía de atención sanitaria sin discriminación a las personas trans, que deberá regirse además por el principio básico de la autodeterminación de género. La documentación administrativa y los formularios médicos deberán adecuarse a la heterogeneidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI. El proyecto también incluye medidas específicas de apoyo y protección a las víctimas tanto de discriminación como de delitos de odio y de violencia intragénero.

Otro aspecto importante que contempla el proyecto es la constitución de varios órganos para garantizar su cumplimiento. Entre ellos, una Agencia Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género independiente del Gobierno, encargada de evaluar la implantación de la norma, y una Comisión Interministerial de Políticas LGTBI, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se creará también un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.

Mención especial merece el capítulo sancionador, que incluye multas que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar hasta los 45.000 euros, además de las suspensión de actividades o servicios por un tiempo máximo de dos años, la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Administración por un periodo de hasta dos años (de cinco, en caso de reincidencia o reiteración) o la inhabilitación temporal para la prestación de servicios públicos, por mencionar solo algunas otras posibles sanciones.

La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), en contra

logo_feredeLo cierto es que la propuesta de ley, a la que espera todo un proceso de discusión parlamentaria y enmiendas, se enfrenta ahora al poderoso lobby religioso. No es la primera vez que algo así sucede: ya ocurrió en 2005, cuando se discutió la ley de matrimonio igualitario. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió entonces, cuando fueron grupos vinculados a la Iglesia católica los que asumieron el protagonismo, ahora son las iglesias protestantes españolas las primeras que han levantado la voz. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), organización que ejerce la representacion ante el Estado de las iglesias protestantes, solicitó la pasada semana que la Comisión Asesora de Libertad Religiosa valore si la propuesta “vulnera la libertad religiosa”. Esta Comisión es un órgano consultivo del Gobierno, que preside el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y de la que forman parte representantes tanto del Estado como de las principales confesiones religiosas (aquí puedes ver su composición).

La petición, firmada por el portavoz de FEREDE y miembro de la Comisión, Mariano Blázquez, ni siquiera se preocupa de disimular la LGTBfobia. “Manifestamos nuestra preocupación por el apoyo explícito que estas normas suponen al lobby gay, y por la sumisión que los partidos políticos parecen estar mostrando a la presión que dicho lobby ejerce, permitiendo que sea el propio colectivo LGTBI el que redacte este proyecto de ley que sea tramitado sin debate ni reflexión por parte de los partidos políticos y otros colectivos de la sociedad civil”, llega a decir literalmente el escrito.

Según han informado diversos medios, la Comisión aprobó la propuesta por amplia mayoría y nombró a dos expertos encargados de hacer dicha evaluación.

FEREDE: libertad religiosa… salvo si es a favor de las personas LGTBI

Resulta especialmente llamativo que FEREDE se muestre tan celosa de la libertad religiosa cuando el Consejo Evangélico de Madrid (los consejos evangélicos autonómicos, dependientes de la FEREDE, ostentan la delegación de esta para el desarrollo de acuerdos a nivel autonómico) decidía hace pocos meses dar de baja como miembro de pleno derecho a la Iglesia Evangélica Española, precisamente una de las iglesias protestantes más veteranas y arraigadas en nuestro país, debido a su posicionamiento en favor de las personas LGTB.

Vergonzante documento de la Alianza Evangélica Española

logo-alianza-evangelica-espan%cc%83ola-300x228En paralelo a la petición de FEREDE aprobada por la Comisión que preside el ministro Catalá, este lunes la Alianza Evangélica Española, entidad que agrupa también a iglesias protestantes, lanzaba en la plataforma Change.org una petición para pedir a los partidos políticos “detener la ley mordaza proLGTBI” argumentando que “quita a los padres la libertad de educar a sus hijos en conciencia y amordaza la libertad de expresión”.

La Alianza Evangélica Española basa su petición en un amplio comunicado, al que puedes acceder en su web, y que constituye todo un argumentario de odio hacia el colectivo LGTBI y sus reivindicaciones. Llega, por ejemplo, a comparar la ley a las disposiciones eugenésicas de la Alemania nazi; se opone a la creación de un Centro Nacional de la Memoria Histórica LGTBI, “algo que no se ha concedido a ningún otro colectivo discriminado históricamente”; rescata el término “ideología de género” asegurando que esta “se impone desde la escuela hasta la universidad”; menosprecia las tremendas dificultades a las que se enfrentan los menores trans y sus familias, asegurado que la propuesta “aborda el tratamiento hormonal cruzado de menores con una ligereza asombrosa” o defiende las infames “terapias” de aversión o reparadoras, que según los evangélicos españoles deberían denominarse de “restauración [sic]. Reproducimos textualmente esa vergonzante parte de texto:

(…) prohíbe expresamente que un homosexual o transexual pueda retornar a la concordancia con su sexo biológico, estableciendo severas sanciones para los profesionales que le presten ayuda, aún con el consentimiento del interesado (art. 94.4.c). Significativamente, en vez de denominar estas terapias “de restauración”, las denomina “de aversión”.

En definitiva: parece que los protestantes españoles (al menos dos de las entidades que los representan), quizá celosos del protagonismo de algunos obispos católicos especialmente hostiles a los derechos LGTBI, han decidido en esta ocasión adelantarse y liderar la ofensiva de odio. Una verdadera pena que en lugar de adoptar como modelo los avances inclusivos que las iglesias luteranas de mayor solidez teológica están haciendo en otras partes del mundo, justo cuando se cumplen 500 años del inicio de la Reforma protestante, opten por adherirse a la LGTBfobia de muchas de las iglesias evangélicas surgidas a partir de movimientos religiosos posteriores.

Fuente Dosmanzanas

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Justicia autoriza la inscripción de Lennon y abre la puerta a inscribir a todos los hijos de matrimonios de mujeres, recurran o no a reproducción asistida

Miércoles, 22 de febrero de 2017

img-20170216-wa0007-550x413Foto blog MoonMamas

La Direccion General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia ha fallado a favor de María José Torres y Brenda Kelleher, el matrimonio de mujeres al que el Registro Civil de Denia negó la inscripción de su tercer hijo por no aportar una proueba documental de cómo se había gestado, algo que jamás se le pide a las parejas de distinto sexo. Así lo han anunciado María José y Brenda en su blog, en el que además adelantan que la resolución, tal y como está redactada, abre las puertas a otros matrimonios de mujeres con hijos, con independencia de que hayan recurrido o no a técnicas de reproducción asistida.

Seguramente ya conocéis la historia: Lennon, tercer hijo del matrimonio, nació en junio en el Hospital de Denia (Alicante). Como primer obstáculo, la pareja se encontró con que el sistema telemático de inscripción en el Registro Civil no aceptaba la opción de dos madres. Por eso se acercaron al Ayuntamiento de Benidoleig, donde ahora residen (en su anterior localidad de residencia, Atzaneta del Maestrat, en Castellón, no tuvieron problemas para registrar a sus dos primeros hijos). Sin embargo, la funcionaria que les atendió las remitió al Registro Civil de Denia.

Allí se encontraron con la negativa del juez encargado, que consideró que para demostrar que María José también era la madre el matrimonio debía aportar un certificado o un informe de la clínica en la que Brenda, que en este caso fue la gestante, se había sometido a inseminación. Como consecuencia de la negativa, la unidad familiar pasó a tener dos libros de familia: uno de ellos, de las dos madres con los dos primeros hijos. Otro, solo de Brenda con el tercer hijo, con la consecuente desprotección que ello supone. Se da además la circunstancia de que Brenda es de nacionalidad irlandesa, con todos los problemas administrativos añadidos.

La situación era kafkiana, si se compara con lo sucede con parejas de distinto sexo, a las que cuando acuden a inscribir a su hijo al Registro no se les exige una prueba de ADN que demuestre que el marido es el padre y que la mujer no ha recurrido a otro varón para quedarse embarazada. Es por eso que María José y Brenda pusieron en marcha una petición en change.org que consiguió el respaldo de más de 100.000 firmas y que hace pocos días presentaron ante la propia Dirección General de Registros y Notariado.

Finalmente, la respuesta ha sido positiva, como la propia pareja narra en su blog, MoonMamas. Según explican, la resolución cita el artículo 44 de la Ley del Registro Civil de 2011 (según el cual “También constará como filiación matrimonial cuando la madre estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer y esta última manifestara que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge”). La resolución, en este caso, asegura que “cabe colegir que la intención del legislador ha sido facilitar la determinación de la filiación de los hijos nacidos en el marco de un matrimonio formado por mujeres, independientemente de que hayan recurrido o no a técnicas de reproducción asistida”.

En palabras de María José Torres, “ésto, como me ha dicho uno de los abogados que ha seguido de cerca nuestro caso, es un ladrillo en la historia de la igualdad LGTB en este país. Abre las puertas de otras opciones de embarazo que hasta ahora no eran una opción para las parejas de mujeres en España”. “Esto realmente era uno de nuestros mayores deseos cuando nos lanzamos a mover nuestra reivindicación y realmente nos llena de alegría que no solo se haya arreglado nuestra situación familiar sino que se haya abierto un nuevo camino para muchas otras mujeres y sus bebés“, añade. Si esto es así, se trata sin duda, de una novedad sobre cuyo desarrollo estaremos expectantes.

¡Nuestra enhorabuena a la pareja!

Fuente Dosmanzanas

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Más de 100.000 firmas para exigir la inscripción en igualdad de condiciones de Lennon, hijo de un matrimonio de mujeres

Viernes, 10 de febrero de 2017

matrimonio_lesbianasMás de cien mil firmas, recogidas a través de la plataforma change.org, han sido entregadas este lunes en la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia para pedir que Lennon, el tercer hijo de María José Torres y Brenda Kelleher, pueda ser inscrito como hijo de ambas. Algo que el Registro Civil de Denia se ha negado a hacer si Brenda no demuestra cómo se quedó embarazada. Una petición que jamás se hace a parejas de distinto sexo a la hora de inscribir a sus hijos.

Ya en octubre recogíamos la historia. Lennon, tercer hijo del matrimonio formado por María José y Brenda, nació el 30 de junio en el Hospital de Denia (Alicante). Como primer obstáculo, la pareja se encontró con que el sistema telemático de inscripción en el Registro Civil no aceptaba la opción de dos madres. Por eso se acercaron a las oficinas del Ayuntamiento de Benidoleig, la localidad en la que ahora residen (en su anterior localidad de residencia, Atzaneta del Maestrat, en Castellón, no tuvieron problemas para registrar a sus dos primeros hijos). Sin embargo, la funcionaria que les atendió no quiso hacer el trámite y y las envió al Registro Civil de Denia. Allí se encontraron con la negativa del juez encargado, que consideró que para demostrar que María José también era la madre el matrimonio debía aportar un certificado o un informe de la clínica en la que Brenda, que en este caso fue la gestante, se había sometido a inseminación. Algo que la pareja considera que viola su intimidad, motivo por el cual han recurrido la negativa.

La unidad familiar que conforman María José, Brenda y sus hijos está, en este momento, partida en dos. Tienen dos libros de familia: uno de ellos, de las dos madres con sus dos primeros hijos. Otro, de Brenda con el tercer hijo, que por el momento solo tiene reconocida una madre legal, con la consecuente desprotección que ello le supone. Se da además la circunstancia de que Brenda es de nacionalidad irlandesa, con todos los problemas administrativos añadidos. La pareja, por supuesto, se ha negado en redondo a iniciar un proceso de adopción de Lennon por parte de María José, la alternativa que les propusieron si no presentaban la documentación que acredite que Brenda se sometió a reproducción asistida.

La situación es kafkiana, si se compara con lo sucede con parejas de distinto sexo, a las que cuando acuden a inscribir a su hijo al Registro no se les exige una prueba de ADN que demuestre que el marido es el padre y que la mujer no ha recurrido a otro varón para quedarse embarazada. Se trata, pura y simplemente, de un ejercicio de discriminación por razón de orientación sexual. Ejercida en este caso, además, sobre un matrimonio, algo dificil de entender si se tiene en cuenta que el artículo 7.3 de la ley 14/2006 de Técnicas de Reproducción Humana Asistida estipula que Cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer, esta última podrá manifestar conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge”.

Es por eso que María José y Brenda pusieron en marcha la petición en change.org, que ya ha conseguido el respaldo de más de 100.000 firmas, que esta mañana han presentado ante la Dirección General de Registros y Notariado junto a representantes de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), que las están respaldando en el proceso. Esperamos que se resuelva pronto su caso y se marquen, de una vez por todas, unas directrices claras, no discriminatorias y de obligado cumplimiento para el registro de los hijos de familias homoparentales por parte de jueces y funcionarios, con independencia de sus opiniones o creencias.

Os dejamos con un vídeo, en el que la propia familia de María José y Brenda explica su historia:

Fuente Dosmanzanas

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Justicia adecuará la legislación para facilitar la inscripción de bebés nacidos por gestación subrogada

Lunes, 14 de julio de 2014

embarazoEste compromiso por parte del Ministerio pasa por agilizar la inscripción en el Registro Civil de estos bebés nacidos en el extranjero a través de los conocidos como ‘vientres de alquiler’.

La maternidad subrogada en España se encuentra actualmente en un limbo jurídico.

El Ministerio de Justicia se ha comprometido este miércoles a adecuar la legislación vigente para facilitar la inscripción en el Registro Civil de niños nacidos en el extranjero mediante la técnica de la maternidad subrogada, práctica conocida comúnmente como ‘vientres de alquiler‘.

Responsables del departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón han trasladado este compromiso a los representantes de la asociación Son nuestros hijos durante una reunión mantenida este miércoles después de que esta última denunciara la “dramática” situación a la que se enfrentan por no poder ser inscritos estos niños en el Registro Civil.

La maternidad subrogada se encuentra en un limbo jurídico puesto que la Ley española de Técnicas de Reproducción Humana Asistida de 2006 señala que será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación de sustitución.

Desde el Ministerio de Justicia se ha trasladado a la asociación que para hacer efectivo el trámite parlamentario se modificará el proyecto de ley de reforma del Registro Civil, que se enmarca en las propuestas de CORA (Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas), a fin de permitir la inscripción de los nacidos mediante gestación por sustitución.

Facilitar la inscripción en favor del menor

En el año 2010, la Dirección General de los Registros y del Notariado dictó una instrucción para fijar los criterios que determinaban las condiciones de acceso al Registro Civil español de los nacidos en el extranjero mediante estas técnicas. Sin embargo, dicha instrucción resultó anulada en la práctica por la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 6 de febrero que declaró que la ley de técnicas de reproducción española impide la inscripción de estos menores.

Según el Ministerio de Justicia, su compromiso con los afectados busca “aclarar” cualquier dudad sobre los procedimientos para esta inscripción que ya se reconocía en el proyecto aprobado hace un mes por el Gobierno.

Por otro lado, el departamento dirigido por Alberto Ruiz Gallardón adaptará la legislación española a lo establecido en una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, cuya resolución condenaba a Francia y reconocía el derecho de inscripción de un menor nacido a través de la técnica de gestación subrogada.

Para ratificar el compromiso con la asociación, el Ministerio de Justicia se ha comprometido a trabajar conjuntamente con esta asociación para que la nueva redacción del texto “se adapte lo mejor posible” al objetivo de la reforma ya realizada el pasado 13 de junio, que según señalan, “no es otro que facilitar esta inscripción en favor del menor de la forma más rápida posible”.

hijos_de_padres_gaysCelebran “con cautela” el anuncio de Justicia para volver a inscribir a bebés nacidos por gestación subrogada

Más de 84.000 firmas apoyan la campaña iniciada en Change.org para modificar la Ley del Registro Civil y permitir así la inscripción de niños nacidos en el extranjero por gestación subrogada.

“La sentencia del Tribunal Supremo dictada en febrero ha quedado en papel mojado”, explica el presidente de la asociación Son Nuestros Hijos, Antonio Vila Coro.

Desde la asociación ‘Son Nuestros Hijos’ (SNH) se han mostrado “satisfechos” ante el paso dado por el Ministerio de Justicia para permitir de nuevo la inscripción de los bebés nacidos por vientre subrogado nacidos en el extranjero. El pasado miércoles esta asociación se reunió con el subsecretario y el director general del Ministerio y su compromiso fue el de cambiar la ley a través de una enmienda y reanudar las inscripciones paralizadas como medida transitoria.

“Estamos eufóricos, toda la gente de nuestro entorno está celebrándolo. Había muchas parejas que estaban esperando para poder inscribir a sus hijos y cuyo proceso estaba paralizado o denegado en el peor de los casos, explica Antonio Vila-Coro, presidente de SNH. “La presión popular, las más de 84.000 firmas recogidas en Change.org y esta instrucción que va a dar el Ministerio a los consulados deja en papel mojado la sentencia dictada el pasado mes de febrero por el Tribunal Supremo en la que se aseguraba que nuestros hijos no podían ser inscritos como españoles”.

La campaña iniciada por SNH en la plataforma de recogida de firmas ya cuenta con más de 84.500 firmas conseguidas en menos de un mes. En ella, se solicita la modificación de la Ley de Registro Civil para permitir la inscripción de niños nacidos por gestación subrogada en el extranjero, y está dirigida tanto al Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Alfonso Alonso, como el Director General de los Registros y del Notariado Joaquín José Rodríguez Hernández y el propio Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

“Aún estamos a la espera de conocer la nueva propuesta de ley pero si todo va según lo previsto, esto revierte completamente la situación de indefensión en la que nos encontrábamos y nos deja en mejor situación porque hemos elevado la instrucción a rango de ley”, explica Vila-Coro. “El 10 de septiembre termina el plazo para introducir enmiendas a la ley, estaremos por tanto muy pendientes en ese proceso en el que la ley orgánica pase por el pleno del Congreso pero de momento creo que vamos por muy buen camino para que esto se gane”.

Además, en los próximos días la sala de lo civil del Tribunal Supremo analizará la sentencia publicada en febrero después de que la familia afectada haya interpuesto un expediente de nulidad de las actuaciones.

Fuente Cáscara Amarga (1, 2)

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La condena a Francia por no registrar tres niñas nacidas por gestación subrogada fuerza al Gobierno español a replantearse su política

Lunes, 7 de julio de 2014

1245799307492parejadnUna vez más ha tenido que ser la justicia europea la que ponga freno a un recorte de derechos promovido por un Gobierno español, aunque en este caso lo haya hecho de forma indirecta. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a Francia por no registrar a tres menores nacidas mediante gestación subrogada en Estados Unidos obliga al Gobierno español, que pretendía aprobar una reforma de la ley en el mismo sentido restrictivo, a replantearse su actitud.

Lo contábamos hace una semana. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos fallaba a favor de dos matrimonios franceses que tuvieron sus tres hijas mediante gestación subrogada, a las que Francia se negó a registrar por estar dicho procedimiento prohibido en su suelo pese a que las niñas habían nacido y estaban reconocidas como hijas de sus padres en Estados Unidos. El alto tribunal europeo consideró que esta negativa violaba el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege el derecho de las menores al respeto de su vida privada, socavando su identidad y produciéndoles un perjuicio. El tribunal fijó una indemnización a cada una de las menores de 5.000 euros e impuso al Estado francés la obligación de desembolsar 15.000 euros a las familias demandantes en concepto de costas.

Como ya explicábamos entonces, la sentencia admite que los estados puedan legislar como quieran las condiciones en las que permiten o no la gestación subrogada. En este sentido, el tribunal rechazó que la situación de las dos parejas de padres se pudiera considerar discriminatoria y centró su condena en cómo la negativa afectó a sus hijas. Y aquí la sentencia es clara al considerar que los estados ya no disponen de ese margen cuando de establecer la parentalidad de menores se trata, prevaleciendo el interés del menor y su derecho a la identidad.

En definitiva, el tribunal permite que los estados prohíban la gestación subrogada, pero no negar los derechos de filiación a los menores nacidos mediante este procedimiento en otro país que sí se los reconozca (Estados Unidos, en este caso).

El Gobierno español se replantea ahora su reforma

La casualidad quiso que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se conociera pocos días después de que el Gobierno español aprobara una reforma de los procedimientos de inscripción de los recién nacidos que deja en el limbo jurídico a los hijos nacidos mediante gestación subrogada, obligando a que al registrar a los hijos nacidos en el extranjero sea obligatorio consignar siempre “a la madre gestante”, imponiendo para cualquier otra situación la necesidad de un proceso judicial en España. Y en ese sentido, la reforma se produce pocos meses después de que la Sala Civil del Tribunal Supremo rechazara por 5 votos contra 4 el registro de los hijos que un matrimonio gay valenciano tuvo en California.

Todo ello a pesar de que en febrero de 2009 la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia regulaba mediante una orden estas inscripciones y reconocía la validez de la filiación otorgada en países extranjeros tras la correspondiente resolución judicial (tal y como se procede de hecho en Estados Unidos). El Supremo español, sin embargo, argumentó que la gestación subrogada es ilegal en España, y ofreció como única salida que el padre no biológico procediese a la adopción de los que desde hace ya más de cinco años son sus hijos. Una sentencia que por cierto está pendiente de un recurso de nulidad interpuesto por la asociación Son Nuestros Hijos, pero que combinada con la reforma promovida por el ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, dejaba un panorama absolutamente sombrío para numerosas familias.

Según El País, sin embargo, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya argumentación es precisamente la opuesta a la del Supremo español (aunque concordante con el voto particular de los cuatro jueces discrepantes, que consideraron que el bien del menor debe prevalecer) ha llevado a Justicia a replantearse su posición. “Estamos obligados a introducir modificaciones legales para ajustar nuestro ordenamiento jurídico a la interpretación de Estrasburgo, y lo haremos”, ha declarado al respecto el subsecretario del ministerio, Juan Bravo.

Esperemos que realmente sea así y se evite más sufrimiento innecesario a las familias que en España se encuentran hoy en una situación similar a las de las demandantes francesas. Aprovechamos para recordar que hay en marcha una petición en change.org para conseguir que las Cortes modifiquen el mencionado proyecto de ley a la que se puede acceder aquí y que lleva recogidas ya más de 73.000 firmas.

Fuente Dosmanzanas

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La justicia europea condena a Francia por no registrar a tres niñas concebidas mediante gestación subrogada en Estados Unidos

Sábado, 28 de junio de 2014

7771154114_une-femme-enceinte-le-19-mars-2011-photo-d-illustrationEl Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado a favor de dos matrimonios franceses que tuvieron tres hijas mediante gestación subrogada en Estados Unidos, a las que Francia se negó a registrar por estar dicho procedimiento prohibido en su suelo. El alto tribunal europeo considera que esta negativa ha violado el derecho de las menores al respeto de su vida privada, ha socavado su identidad y les ha producido un perjuicio. La sentencia llega justo cuando en España algunos tribunales avalan rechazar la inscripción de estos niños con argumentos similares a los del Estado francés y el gobierno del PP ha planteado un cambio legislativo que los dejaría absolutamente desprotegidos.

Dos matrimonios franceses (Dominique y Sylvie Mennesson y Francis y Monique Labassee) viajaron a Estados Unidos para tener hijos mediante el procedimiento de gestación subrogada debido a la esterilidad de las dos mujeres. Los Mennesson tuvieron gemelas (Valentina y Fiorella Mennesson, nacidas en California en el año 2000), mientras que los Labassee tuvieron una niña, Juliette Labassee, nacida en 2001 en Minnesota. En ambos casos la gestación se desarrolló en el vientre de otras mujeres, que aportaron también los óvulos (fecundados en ambos casos con el esperma de los dos padres). Cuando los dos matrimonios regresaron a Francia con las que en el país en el que fueron concebidas, se gestaron y nacieron eran sus hijas legales, el Estado francés se negó a inscribirlas al sospechar que los padres habían recurrido a la gestación subrogada, prohibida en Francia.

Cada una de las parejas intentó una estrategia jurídica distinta a la hora de proceder contra la negativa, pero fue indiferente. La justicia francesa bloqueó el registro de las niñas en los dos casos, y finalmente las dos familias se vieron obligados a recurrir a la justicia europea.

Ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por unanimidad de los jueces firmantes de la sentencia, consideran que en los dos casos analizados el Estado francés ha violado el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que consagra el derecho al respeto a la vida privada y familiar. En concreto, el alto tribunal estima que pese a que las autoridades francesas conocían que las tres niñas habían nacido como hijas legales de sus padres en Estados Unidos, les habían denegado la protección que la ley francesa ofrece, socavando la identidad de las menores en el seno de la sociedad francesa. El alto tribunal también fija que el Estado francés deberá indemnizar con 5.000 euros a cada una de las menores por el daño causado y le obliga además a desembolsar 15.000 euros a las familias demandantes en concepto de costas.

La sentencia hace un complicado juego de bolillos a la hora de argumentar la condena al Estado francés, al admitir que debe concederse un amplio margen a los estados para legislar como cada uno decida las condiciones en las que permiten o no la gestación subrogada, tema del que reconoce complejidades éticas y sobre el que no existe aún un amplio consenso. En este sentido, el tribunal rechaza que la situación de las dos parejas de padres se pudiera considerar discriminatoria, y centra su condena en cómo la decisión afectó a sus hijas. Aquí el tribunal es claro al considerar que el margen de los estados se reduce mucho cuando de establecer la parentalidad de menores se trata, debiendo prevalecer el interés del menor y su derecho a la identidad.

En definitiva, y en palabras sencillas: la Corte Europea de Derechos Humanos permite que los estados (Francia, en ese caso) puedan prohibir la gestación subrogada a sus ciudadanos, pero al negarles los derechos de filiación a los hijos que hayan nacido mediante este procedimiento en otro país que sí se los reconozca (Estados Unidos, en este caso) estima que lo que se está haciendo es vulnerar los derechos de los menores.

Una sentencia que llega en un momento clave en España

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se produce pocos días después de que el Gobierno español haya aprobado una reforma de los procedimientos de inscripción de los recién nacidos en el Registro Civil que deja en el más absoluto limbo jurídico a los hijos nacidos mediante gestación subrogada en el extranjero. Organizaciones LGTB y de padres de niños nacidos por este procedimiento exigen que el proyecto, que supone un claro retroceso sobre la situación actual -que tampoco es la óptima- sea modificado en su tramitación parlamentaria.

En este terreno llueve además sobre mojado, porque hace pocos meses la Sala Civil del Tribunal Supremo rechazaba, por 5 votos contra 4, el acceso al Registro Civil de los hijos que un matrimonio gay valenciano tuvo en California, y ello a pesar de que en febrero de 2009 la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia emitió una orden que regulaba estas inscripciones. El Supremo argumentó que el procedimiento de gestación subrogada es ilegal en España, y ofreció como única salida que el padre no biológico procediese a la adopción de los que desde hace más de cinco años son sus hijos. Esta sentencia está pendiente ahora mismo de un recurso de nulidad interpuesto por la asociación Son Nuestros Hijos.

Confiemos en que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sea tenida en cuenta en ambos casos y se evite así más sufrimiento innecesario a las familias que se encuentran actualmente en una situación similar a las de las demandantes francesas. Aprovechamos para recordar que hay en marcha una petición en change.org para conseguir que las Cortes modifiquen el mencionado proyecto de ley a la que se puede acceder aquí y que lleva recogidas ya más de 66.000 firmas.

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno promueve una reforma del Registro Civil que deja en un limbo legal a los hijos nacidos mediante gestación subrogada.

Lunes, 23 de junio de 2014

LIBRO_DE_FAMILIAEl Consejo de Ministros aprobó el pasado día 13 un proyecto de ley que entre otros aspectos reforma los procedimientos de inscripción de los recién nacidos en el Registro Civil. Tal y como está redactado, el proyecto deja en el más absoluto limbo jurídico a los hijos nacidos mediante gestación subrogada en el extranjero, una vía a la que cada vez recurren más parejas del mismo sexo para poder tener hijos. Organizaciones LGTB y de padres de niños nacidos por este procedimiento exigen que el proyecto, que supone un claro retroceso sobre la situación actual -que tampoco es la óptima- sea modificado en su tramitación parlamentaria.

El ”Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil” (que puedes descargar aquí) reforma a su vez la Ley del Registro Civil, cuyo artículo 44 apartado 7 quedaría redactado en los siguientes términos:

“En los casos de nacimiento fuera de España, cuyo régimen de filiación esté sujeto a la legislación extranjera, se consignará en todo caso la filiación materna correspondiente a la madre gestante, siendo necesaria para hacer constar la filiación paterna no matrimonial la declaración conforme del padre y de la madre sobre dicha filiación; si la madre estuviera casada y la legislación extranjera lo exigiera, se precisará la conformidad del marido respecto de tal filiación. En cualquier otro caso, para la inscripción en el Registro Civil de la filiación del nacido será necesario que haya sido declarada en una resolución judicial reconocida en España mediante un procedimiento de exequátur”.

Una redacción que prima por encima de cualquier otra consideración al modelo tradicional de familia y parentalidad, y que deja en una situación extremadamente complicada a las parejas españolas con hijos mediante gestación subrogada en el extranjero que aún no han podido inscribir. Y no solo a las parejas formadas por hombres gays, en las que solo el padre biológico sería inscrito como padre: a partir de que entre en vigor esta modificación tampoco podrían ser inscritas como madres las mujeres de parejas heterosexuales o de lesbianas que recurran a este procedimiento (algo que de facto sí era posible hasta ahora).

Así lo han denunciado organizaciones LGTB (como la FELGTB) y organizaciones de padres de hijos nacidos mediante gestación subrogada, como Son Nuestros Hijos, que han puesto en marcha una petición en la plataforma change.org para conseguir cambiar el proyecto de ley. “Sin registro no hay ciudadanía, y sin ciudadanía se les niega [a los niños nacidos mediante gestación subrogada] todos los derechos básicos que de ella se derivan. No podrán ser beneficiarios de la cobertura sanitaria de sus padres. No habrá prestaciones de maternidad ni paternidad para ser cuidados por sus padres, que tampoco podrán disfrutar de las deducciones en el IRPF ni tener descuentos por familia numerosa. Quedarán sin protección en caso de divorcio y sin derechos hereditarios en caso de quedar huérfanos. Noventa días después de volver a casa, pasarán a ser inmigrantes sin papeles en su propio país. Si han nacido en USA, su exención de visado como ciudadanos americanos expirará y sus padres no podrán conseguir un permiso de residencia para sus hijos, porque esa figura no existe”, reza la petición.

Un grave retroceso respecto a la situación actual

1245799307492parejadnLa inscripción en el Registro Civil de hijos nacidos mediante gestación subrogada en países en los que este procedimiento es legal es una cuestión problemática desde hace años, debido al vacío legal existente. Un vacío que el gobierno anterior quiso paliar con una instrucción dictada en octubre de 2010 por la Dirección General de Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, que fijaba los criterios para inscribir a estos niños y establecía como requisito la presentación de una resolución judicial del país de origen. Sin embargo, pese a existir esta instrucción, no han faltado tanto funcionarios como jueces que han intentado obstaculizar estas inscripciones.

Especialmente grave fue el fallo de la Sala Civil del Tribunal Supremo que hace pocos meses rechazaba, por 5 votos contra 4, el acceso al Registro Civil de los hijos que un matrimonio gay valenciano tuvo en California. La sentencia argumentó que este procedimiento es ilegal en España y ofreció como única salida que el padre no biológico proceda a la adopción de los que desde hace más de cinco años son sus hijos. Como explica Antonio Vila-Coro -presidente de Son Nuestros Hijos- en un artículo publicado esta semana en El Huffington Post, “tras conocer la noticia algunos cónsules españoles decidieron paralizar las inscripciones y remitir una consulta a la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia. Desde entonces el acceso a la ciudadanía española está cerrado para nuestros hijos”.

El nuevo proyecto de ley vendría a cubrir este vacío de una forma contraria a los intereses de las familias que han recurrido a la gestación subrogada, y muy especialmente de los menores, que quedarían en una situación de grave desprotección jurídica. Una reforma construida además desde una concepción conservadora de la maternidad, ajena a las nuevas realidades familiares y sociales. En opinión de Antonio Vila-Coro (según escribe en el mencionado artículo), “si algo positivo tenía la sentencia atroz del Supremo era que invitaba al legislador a legislar. Efectivamente en España existe un cierto vacío legal y la instrucción de 2010 es un mecanismo con muy poca solidez jurídica. Estos días el Gobierno tenía una oportunidad de oro (…) Sin embargo, del Consejo de Ministros sale un proyecto de ley que parece hecho para todo lo contrario. Parece diseñado por el sector más rancio y ultra-conservador para imponer el modelo católico de familia tradicional. Parece teñido de creencias religiosas contrarias al avance científico y el progreso social en reproducción asistida. ¿Qué está pasando en el Ministerio de Justicia? ¿Dónde está el PP que se decía liberal?”.

Puedes adherirte a la petición en change.org en favor de que se modifique el proyecto de ley pinchando aquí.

Fuente Dosmanzanas

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Grupos conservadores impulsan en EE.UU. leyes antigays en nombre de la religión.

Martes, 4 de marzo de 2014

odioLos grupos conservadores que esta semana sufrieron un revés en Arizona en su campaña por la “libertad religiosa”, continúan la brega con propuestas de leyes en al menos otros catorce estados de EE.UU. que permitirían la discriminación en la provisión de servicios, especialmente a los homosexuales.

Washington, 1 mar (EFE).- Los grupos conservadores que esta semana sufrieron un revés en Arizona en su campaña por la “libertad religiosa“, continúan la brega con propuestas de leyes en al menos otros catorce estados de EE.UU. que permitirían la discriminación en la provisión de servicios, especialmente a los homosexuales.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, terminó vetando el miércoles una ley aprobada por la mayoría republicana en ambas cámaras de la legislatura estatal y que proporcionaba una excepción por motivos religiosos a las leyes que prohíben la discriminación por razones como raza, género u orientación sexual.

La polémica tiene su origen en 2006. Cuando Vanessa Willock, una lesbiana, pidió a los fotógrafos Elane Eugenin y Jon, su esposo, en Albuquerque (Nuevo México), que tomaran imágenes de su boda, la pareja rehusó indicando que sólo cubrían “bodas tradicionales”, es decir entre un hombre y una mujer.

La pareja homosexual demandó al estudio fotográfico y el año pasado el Tribunal Supremo de ese estado validó el criterio de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo México según el cual la empresa violó las leyes de servicio al público.

Esto espoleó a ciertos grupos conservadores, en su mayoría cristianos evangélicos, que salieron en defensa de lo que entienden como su libertad religiosa.

Un estudio del Instituto de Investigación de Religión y Opinión Pública (PRRI) indicó esta semana que el 69 % de los blancos y el 59 % de los negros afiliados a iglesias cristianas evangélicas se oponen a los casamientos de homosexuales.

Por contraste, el 62 % de los blancos protestantes, el 58 % de los blancos católicos y el 56 % de los hispanos católicos aprueban esos casamientos.

La polémica alcanzó resonancia nacional semanas atrás justo cuando Estados Unidos y otros muchos países protestaban contra las leyes que penalizan la homosexualidad en Rusia.

El senador republicano de Arizona, Steve Yarbrough, uno de los tres patrocinadores de la legislación, afirmó que la iniciativa no apuntaba contra los homosexuales o cualquier otro grupo, sino que defendía la libertad religiosa de todos.

“Imagínese una empresa de banquetes propiedad de tres judíos, y que llega un cliente a encargar servicios de comida para una fiesta”, señaló Yarbrough. “El cliente pide que el menú incluya embutidos y otros productos de carne de cerdo, algo prohibido en la dieta kosher”. ¿Puede el cliente demandar a la empresa si no le sirve lo que pide?

En esta batalla en pro supuestamente de las creencias religiosas participan grupos como la Alianza para la Defensa de la Libertad, por la Fe y la Justicia; el Centro de Arizona para Políticas de Protección de la Familia y la Preservación de Nuestro Futuro, y el Centro de Ética y Política Pública, que tiene filiales en dieciocho estados de EEUU.

Un actor relevante en esta brega es el grupo Foco en la Familia, fundado por James Dobson -cofundador de la Alianza para la Defensa de la Libertad-, quien sostiene que si se legalizara el casamiento de homosexuales “nada impediría que, expandida así la noción de matrimonio, haya casamientos en grupo, o que los papás se casen con sus niñitas, o que un hombre se case con su burro”.

La Alianza tiene un presupuesto de más de 30 millones de dólares, y su portal en internet incluye una “Agenda de los homosexuales” según la cual el propósito de las personas de esa orientación es “diluir los fundamentos morales de la nación para que la homosexualidad se considere normal”.

De acuerdo con el PRRI, el 52 % de los blancos religiosos cree que las condiciones sociales en EE.UU. han empeorado desde 1950. En cambio, aproximadamente el 57 % de los negros y el 58 % de los hispanos opina que la cultura y el estilo de vida son mejores hoy que hace seis décadas.

Estos grupos conservadores han preparado los proyectos de ley y respaldan a los legisladores que los han propuesto, como la iniciativa en Alabama que “prohíbe que las escuelas públicas discriminen a un estudiante o su familia por sus puntos de vista religiosos o la expresión religiosa en las escuelas públicas”.

En Idaho una legislación propuesta prohibiría que el gobierno “niegue, revoque o suspenda una licencia profesional, ocupacional o comercial por acciones que invoquen el ejercicio o expresión de creencias religiosas sinceras”.

Hay iniciativas parecidas en Georgia, Kansas, Michigan, Misisipi, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Virginia y Virginia Occidental.

(Agencia EFE)

Fuente La Información

Budismo, Cristianismo (Iglesias), Homofobia/ Transfobia., Islam, Judaísmo , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

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