Se trata de Verónica Dessio, que tras una demanda judicial en 2010 había logrado autorización de un tribunal para casarse con su pareja antes de la sanción de la Ley. La Justicia ahora investiga si se trató de un femicidio

El miércoles 23 por la noche (algunas hipótesis indican que podría haber sido el jueves de madrugafa) la abogada y activista lesbiana Verónica Dessio, de 49 años, fue apuñalada hasta su muerte. Tenía un corte profundo en el cuello y heridas de arma blanca en el cuerpo. Carolina Pérez encontró a quien ahora es su ex pareja pero también, su amiga, en medio de un charco de sangre. La Justicia investiga ahora si se trató de un femicidio.

Según declaró ante la fiscal Ana Medina, de la UFI nro.1 –que lleva adelante el caso– la puerta de entrada no estaba forzada y en la casa no faltaba ningún objeto. En el quincho, además, tampoco se encontró el arma blanca que se utilizó para cometer el asesinato.Por otra parte, un vocero policial indicó que “los peritos que trabajaron en el lugar vieron que la propiedad de un vecino posee cámaras de seguridad, por lo que se pidió la filmación para su análisis”.

Ellas vivían en dos casas separadas en un mismo terreno sobre calle 5 bis, en las afueras de la ciudad, y compartían la tenencia de su hijo, de ocho años.

Activista lesbiana feminista, Verónica Dessio, de 49 años,  era una referencia ineludible en el ámbito jurídico de La Plata. Y es que además de su compromiso militante, esta abogada trabajaba desde hace décadas en la sede del Poder judicial, en la Mesa de Entradas de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires allí donde funciona la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Esas mismas escaleras por las que Verónica subía cada mañana, se transformaron en escenario para una amplia convocatoria que se realizó hoy a partir de las dos de la tarde para exigir el esclarecimiento del crimen. Llevada adelante por familiares, amigxs, compañerxs de trabajo y organizaciones sindicales, las consignas fueron #JusticiaporVeronica y #NiUnaMenos.

“Un papel no nos va a cambiar en lo cotidiano pero nos dará un lugar jurídico y nos garantizará derechos como a cualquier matrimonio”, le dijo Verónica a Clarín en mayo de 2010. Por entonces, ella y su pareja, Carolina López impulsaron un amparo ante el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata para que el registro civil les permitiera tomar un turno para unirse en matrimonio. Esta situación, inédita hasta entonces, convirtió el casamiento de Verónica y Carolina en el primero de la comunidad LGTBI+ en la provincia de Buenos Aires, poco antes de la sanción del matrimonio igualitario en nuestro país.

Después de nueve años de relación, Verónica Dessio y Carolina Pérez se casaron en junio de 2010 en La Plata y fueron el primer matrimonio entre mujeres en un Registro Civil bonaerense (Télam)

Este crimen muestra el reverso de la lucha por derechos. El asesinato pone en escena, una vez más, la deuda que tiene el poder judicial en cuanto a la necesaria incorporación de una perspectiva de género que atraviese tanto a los procesos como a quienes los llevan adelante. Y es que invisibilizar las asimetrías de poder inhibe la posibilidad de hacer justicia.

Sus compañerxs realizaron un acto para exigir justicia por lo que denuncian fue un crimen de odio. Mientras los investigadores buscan nuevos testigos y pistas que conduzcan a una hipótesis sobre la autoría del crimen, distintas entidades que representan a trabajadores del Poder Judicial se expresaron para pedir Justicia por la víctima. “Repudiamos el violento asesinato de la compañera judicial Verónica Dessio y nos sumamos al pedido de justicia. Nos solidarizamos con sus familiares, amigues y seres queridos”, publicaron en un comunicado en sus redes sociales desde la Departamental La Plata de la Asociación Judicial Bonaerense. “En medio de la conmoción por el terrible asesinato de la trabajadora judicial Verónica Dessio, nos solidarizamos con su familia y con todos sus seres queridos”, indicaron desde la organización Judiciales De Pie. “Exigimos el esclarecimiento de este terrible crimen. ¡Que su muerte no quede impune!”.

Desde la Secretaría de Género de la Asociación Judicial Bonaerense, Débora Bertone alertó sobre la posibilidad de que se trate de un crimen de odio. “Los avances en la investigación descartan un robo. Entonces la primera pregunta que aparece es por qué la mataron. La violencia del crimen no solo da lugar a un posible femicidio sino además, a un crimen odiante. Por eso ahora más que nunca reinvidicamos su compromiso LGTBI+, su feminismo, su lucha para que la justicia no fuera un espacio cerrado y patriarcal” .

También se expresó en ese sentido la agrupación La Celeste: “Tanto las causas como las o los autores de este hecho aberrante que nos conmociona a todos y todas, se encuentran bajo investigación. Exigimos el completo esclarecimiento de las circunstancias del caso y el castigo a los o las responsables”. Y agregaron: “Hacemos llegar nuestras condolencias en este momento tan doloroso a sus familiares y a sus compañeros y compañeras más cercanos”.

Valeria Ríos es amiga de Verónica. La conoció cuando empezó a trabajar en el poder judicial hace 13 años. Compartían oficina, tareas y cotidianidad. Actualmente, Verónica trabajaba en la Mesa de Entradas pero el cambio de sector no alteró el vínculo. “Ella era la voz autorizada cada vez que había que tratar un tema de derechos de mujeres o disidencias. Ella ponía el cuerpo en esa militancia, como se evidenció cuando se casó, adelantándose a la sanción del matrimonio igualitario”. Y agregó: “Nosotrxs somos trabajadorxs judiciales. Por eso más que nunca necesitamos y exigimos una respuesta que llegue con celeridad para el esclarecimiento del asesinato, un proceso judicial que no revictimice a la víctima y sentencias ejemplares pensadas con perspectiva de género”.

Fuente Infobae

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La Cámara de Apelaciones consideró que existen suficientes pruebas para mantener la situación procesal de los imputados.

La Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de los dos hombres acusados por el femicidio de la activista trans Diana Sacayán, cuyo cuerpo fue hallado el 13 de octubre en el departamento que habitaba en el barrio porteño de Flores. La investigación estuvo a cargo del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°4, Matías Di Lello, que trabajó en conjunto con la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y con la colaboración de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC).

El tribunal de alzada consideró que la descripción de los hechos vinculados al crimen “ha sido minuciosamente desarrollada en el auto en crisis y los elementos probatorios correctamente detallados por el instructor”. Los magistrados subrayaron que “tanto el ingreso como el egreso de dos individuos a la residencia particular de la víctima, entre la noche del 10 de octubre del corriente año y la madrugada del día siguiente, se encuentran acreditados con los dichos del empleado de vigilancia” y “providencialmente registrada por las cámaras de seguridad de la sucursal del ‘Banco P’ que se encuentra ubicada frente al inmueble y complementada por la video filmaciones captadas por los ‘domos’”.

El trabajo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal, que además respetó desde el inicio de la investigación los estándares de debida diligencia en casos de violencia de género, permitió identificar de manera rápida y efectiva a los presuntos responsables. Este caso se inscribió en la lógica de la persecución penal comunitaria, que implica trazar vínculos con los colectivos implicados en la investigación para escuchar sus demandas y trabajar de manera coordinada.

Por otro lado, los camaristas sostuvieron en su resolución que “no se encuentra acreditado aún con la suficiente claridad que Diana Sacayán hubiera tenido algún valor”, tal como había sido declarado por una testigo, por lo que revocaron ese tramo del auto y decretaron la falta de mérito para procesarlos o sobreseerlos por el delito de robo. El supuesto de que los dos hombres procesados por el femicidio también hubieran sustraído 20 mil pesos a la víctima surgió de la declaración de una testigo, quien refirió durante la instrucción que el sábado 10 de octubre alrededor del mediodía había entregado a Sacayán esa suma.

Fuente: Fiscales.gob.ar

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