Los procesados integran una organización que ataca a miembros de la comunidad homosexual, entre otros daños que hacen en la ciudad.

El juez Federal Santiago Inchausti procesó este fin de semana a ocho integrantes de una organización neonazi que atacó, provocó daños, amenazó y discriminó a integrantes de una ONG por la diversidad sexual en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

La justicia dictó prisión preventiva y se dispuso un embargo de un 1 millón de pesos a cada uno de los integrantes de la banda neonazi, según informó el sitio fiscales.gob.ar.

En línea con la hipótesis trazada por los fiscales Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik, Inchausti resolvió el procesamiento de “Oleksandr Levchenko, Alan Emanuel Olea, Gonzalo Paniagua, Nicolás Caputo, Franco Martín Pozas, Giuliano y Giordano Spagnolo”, y un menor de edad, los dos últimos sin prisión preventiva, por una serie de hechos violentos vinculados a supuestos de discriminación e imposición de una ideología.

Están acusados de haber actuado, en grupo o individualmente, en diversos episodios de violencia -que van desde pintadas, daños materiales, amenazas de muerte y fuertes golpizas-, cuyas víctimas no son elegidas al azar, sino bajo la reivindicación del nazismo y el uso y difusión de simbología vinculada a ello, cuestiones contempladas como actos discriminatorios en la ley 23.592.

La causa se inició a partir de una denuncia que da cuenta de una amenaza de muerte en la calle, en octubre de 2015. Tras las primeras medidas investigativas, se vislumbró la existencia de otros expedientes en trámite en la justicia provincial y federal que podrían abordar hechos similares.

Esto derivó en un pedido de los fiscales de investigar de modo conjunto los distintos expedientes -que fue respaldado y elevado por el fiscal de Distrito Daniel Adler- y la siguiente resolución de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que ordenó la conformación de una comisión de fiscales para tal fin, además de la colaboración de las unidades fiscales especializadas en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y en Ciber-delincuencia (UFECI).

De este modo, se solicitó la conexidad de cinco causas que estaban tramitando en Justicia Federal, y se pidió la inhibitoria de otros cinco expedientes que tramitaban ante los Tribunales provinciales.

Luego de las declaraciones indagatorias -a las que los acusados se negaron- y las rondas de reconocimientos, el procesamiento requerido por el Ministerio Público fue resuelto por el magistrado.

El juez ordenó dar intervención al INADI dado que “se observa del material fílmico y fotográfico reservado -sin perjuicio de la prueba que representa para estas actuaciones-, la presencia de varias personas -algunas probablemente menores de edad- para su análisis y tratamiento frente al peligro de propagación de conductas futuras”.

Según consta en la resolución, Olea, Paniagua, Caputo, los hermanos Spagnolo, Levchenko -alias “Rusito”-, Pozas y un menor de edad, han sido parte de una organización desde al menos el año 2013 mediante la cual han articulado, en conjunto o individualmente de acuerdo al caso, amenazas y causado lesiones físicas, así como daños materiales, movidos en función de las proclamas del grupo nazi al que pertenecían, conductas que encuentran su encuadre legal en el delito contemplado en el artículo 213 bis del Código Penal y Ley 23.592 artículos 2 y 3, en calidad de coautores.

Fuente: DyN, vía SentidoG

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La Cámara de Apelaciones consideró que existen suficientes pruebas para mantener la situación procesal de los imputados.

La Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de los dos hombres acusados por el femicidio de la activista trans Diana Sacayán, cuyo cuerpo fue hallado el 13 de octubre en el departamento que habitaba en el barrio porteño de Flores. La investigación estuvo a cargo del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°4, Matías Di Lello, que trabajó en conjunto con la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y con la colaboración de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC).

El tribunal de alzada consideró que la descripción de los hechos vinculados al crimen “ha sido minuciosamente desarrollada en el auto en crisis y los elementos probatorios correctamente detallados por el instructor”. Los magistrados subrayaron que “tanto el ingreso como el egreso de dos individuos a la residencia particular de la víctima, entre la noche del 10 de octubre del corriente año y la madrugada del día siguiente, se encuentran acreditados con los dichos del empleado de vigilancia” y “providencialmente registrada por las cámaras de seguridad de la sucursal del ‘Banco P’ que se encuentra ubicada frente al inmueble y complementada por la video filmaciones captadas por los ‘domos’”.

El trabajo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal, que además respetó desde el inicio de la investigación los estándares de debida diligencia en casos de violencia de género, permitió identificar de manera rápida y efectiva a los presuntos responsables. Este caso se inscribió en la lógica de la persecución penal comunitaria, que implica trazar vínculos con los colectivos implicados en la investigación para escuchar sus demandas y trabajar de manera coordinada.

Por otro lado, los camaristas sostuvieron en su resolución que “no se encuentra acreditado aún con la suficiente claridad que Diana Sacayán hubiera tenido algún valor”, tal como había sido declarado por una testigo, por lo que revocaron ese tramo del auto y decretaron la falta de mérito para procesarlos o sobreseerlos por el delito de robo. El supuesto de que los dos hombres procesados por el femicidio también hubieran sustraído 20 mil pesos a la víctima surgió de la declaración de una testigo, quien refirió durante la instrucción que el sábado 10 de octubre alrededor del mediodía había entregado a Sacayán esa suma.

Fuente: Fiscales.gob.ar

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