La justicia condenó a un influencer por discriminación en entornos digitales contra una mujer trans.

El ultraderechista Manuel Jorge Gorostiaga, conocido en las redes como Danann, ridiculizó y humilló a una mujer transgénero en redes sociales. Lo hizo el Día Internacional de la Visibilidad Trans. El influencer deberá pagar una multa y no podrá mencionar a la víctima en ninguna plataforma digital.

CIUDAD DE BUENOS AIRES, Argentina. En un fallo histórico, el influencer libertario Manuel Jorge Gorostiaga (@danannoficial en redes sociales) recibió una condena por discriminación. Se trata de la primera condena por discriminación en entornos digitales.

De acuerdo a lo difundido por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, el influencer deberá pagar una multa en efectivo. Además, se le impuso la prohibición de volver a nombrar o referirse a la víctima en cualquiera de sus plataformas o medio de alcance público.

El caso fue llevado a juicio por la fiscala Andrea Scanga, titular de la Fiscalía especializada en Discriminación del MPF CABA.

En la denuncia consta cómo el posteo del influencer condenado incitó a “comentarios agraviantes y descalificatorios hacia su persona y colectivo que representa”. También explica que en más de una ocasión tuvo miedo “de ser agredida en la calle por desconocidos.”

Un fallo que sienta precedentes

El comunicado emitido por el MPF, explica. “Es la primera condena a un influencer por discriminación. Para llegar a eso la fiscalía tuvo en cuenta que el nombrado, haciendo abuso de su derecho a la libertad de expresión, viralizó la imagen de una mujer trans con comentarios despectivos negándole su condición de mujer y su posibilidad de autodeterminación”.

La jueza Paula Nuñez Gelvez, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF) 21, condenó al imputado por la contravención de discriminación, según el artículo 71 del código contravencional.

“Es un fallo histórico muy importante porque sienta un precedente. Respecto de la respuesta de la justicia a la violencia y discriminación en las redes sociales”, dijo María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) e integrante de la comisión directiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).

“La Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo sobre libertad de expresión. Establece primero el principio de libertad de expresión. Pero después también dice que cuando estas expresiones lesionan los derechos o la reputación de terceros debe tener responsabilidades ulteriores fijadas por ley”, expresó Rachid. “Establece que no puede haber censura previa. Pero que si hay responsabilidades ulteriores, cuando esas expresiones lesionan derechos de terceros o la reputación de otra persona.”

En ese sentido, Rachid aclaró que en el ordenamiento jurídico de la Argentina hay legislación en donde se establecen las consecuencias de estas conductas. También que la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece el delito de injurias y calumnias cuando se lesionan derechos como el derecho a la no discriminación, o el derecho a la identidad de género.

🗣️ “Danann fue un agente de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, se llama en realidad Manuel Jorge Gorostiaga y hace abiertamente campaña por Milei y por Bullrich, posa con un Falcón verde, posa con armas”, @arilijalad en #ElPase

Miralo acá 👉 https://t.co/5hU6CbNt3d pic.twitter.com/VVs0nvCHaA

— El Destape Radio (@eldestape_radio) October 17, 2023

Discriminación a gran escala

De acuerdo a la presentación que se realizó, la publicación realizada por el influencer fue vista por 75 mil personas y tuvo más de 700 comentarios de odio al momento de la denuncia, en 2023.

Esto fue puesto en consideración por parte de la fiscalía, al igual que se trata de una persona que tiene al menos 4 millones de seguidores y hasta recibió el premio Martín Fierro “Influencer de Opinion”.

En ese sentido, la fiscala Scanga sostuvo que hasta el momento de la agresión la víctima tenía un perfil social desconocido y fue expuesta en forma masiva. Y que la conducta del agresor en redes, atentó contra derechos personales como el honor, la dignidad, su imagen, su derecho a autodeterminarse y su identidad de género. Destacó que el posteo fue un acto de discriminación no solo contra ella en particular, sino contra todo el colectivo trans.

Hoy se hizo justicia!
Un popular influencer fue condenado por la Justicia porteña, a través de la decisión de la Jueza Paula Viginia Nuñez Gelvez, por sus dichos discriminatorios y odiantes hacia las personas trans. La condena representa un antecedente único, esperando que (+) pic.twitter.com/IvHumgDAss

— Federación Argentina LGBT+ (@FALGBT) March 12, 2024

Un límite para la violencia

Rachid dijo que era importante destacar el trabajo que desarrolló la Fiscalía Especializada contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la coordinación de la fiscal Scanga y la participación del Instituto Contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires y la Defensoría LGBT.

“Desde el instituto emitimos dictámenes de opinión. En este caso participando en el juicio. Personalmente yo fui a declarar explicando cuál es el ordenamiento jurídico de la discriminación en Argentina”, manifestó Rachid. “También explicando por qué, qué efecto tienen este tipo de expresiones en la vida de las personas trans en nuestro país y en el mundo”.

Rachid resaltó por qué un fallo de estas características sienta precedente. “Explica también por qué constituyen violencia bajo distintos pretextos, entre ellos el de identidad de género. Es un fallo muy importante y esperamos que haya otros en el mismo sentido. Vamos a seguir trabajando para que haya un límite a tanta violencia y tanta discriminación en todos los ámbitos y esto incluye las redes sociales, por supuesto”.

Maby Sosa

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Delitos de Odio, FALGBT, INADI, Influencer, María Rachid, Personas LGTBIQ, Personas trans

Javier Mikel con su vocero Manuel Adorni (Instagram de Adorni)

Se consumó la infamia…

Es parte de la reducción estatal de Javier Milei. Desde el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo dijeron que no fueron notificados.

El vocero de la presidencia argentina, Manuel Adorni, anunció en su alocución matinal que el gobierno decidió cerrar el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) como parte de la reducción de la estructura estatal del gobierno de Javier Milei.

«Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política o se usan para generar empleo militante. El primero de ellos va a ser el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo”, dijo el portavoz. “No vamos a seguir financiando ni rosca política ni lugares donde haya favores políticos. No podemos hacer que la gente siga sosteniendo con sus impuestos a la política”, dijo.

Anuncios sin notificación

Presentes se comunicó con el INADI y dijeron que no habían sido notificados. «Incluso ayer en el Boletín Oficial salió el nombramiento de la nueva interventora María de los Ángeles Quiroga. De todas maneras es algo que esperábamos, quieren ese trofeo para la tribuna».

El cierre del INADI era uno de los puntos del proyecto “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

«El INADI es el espacio al que recurrimos las personas de la comunidad LGBTI+ ante las múltiples situaciones de discriminación que perduran en nuestro país, ya sea en ámbitos laborales, educativos, en otras instituciones o en la vía pública. Estas herramientas
empoderan a las personas a vivir libremente su sexualidad e identidad de género, categorías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», dijeron desde un comunicado de Orgullo y Lucha, la agrupación de organización LGBTI+.

Al Ministerio de Justicia

A las pocas horas del anuncio de Adorni, desde el Ministerio de Justicia emitieron un comunicado donde critican la eficiencia del INADI y anuncian que las tareas de «cuidar a toda persona que sufra cualquier tipo de discriminación, xenofobia y/o racismo» quedarán absorbidas por ese ministerio.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) fue creado en julio de 1995, a través de la ley 24.515. Fue luego del atentado a la mutual AMIA, que dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos. Su objetivo es “la elaboración de políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones para tal fin”, según se indica en el artículo 2 de la ley sancionada el 5 de julio de 1995.

Entre sus funciones, el INADI tiene la tarea de diseñar e impulsar campañas educativas que apunten al pluralismo social y cultural. También de la eliminación de actitudes discriminatorias, xenófóbicas o racistas, y la recepción y centralización de denuncias sobre conductas en este sentido.

Agencia Presentes

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, Homofobia/Transfobia, INADI, Javier Milei

Homenaje a les desaparecides LGBT+ por el Terrorismo de Estado, en la semana de la Memoria y aniversario del Golpe en Argentina.

BUENOS AIRES, Argentina. Más de 20 organizaciones de la diversidad sexual se encontraron este sábado en Buenos Aires para recordar a les 30 mil desaparecides por el Terrorismo de Estado en Argentina y a les 400 detenides desaparecides LGBTI+. El acto se realizó en la Plaza Carlos Jáuregui y convocó al activismo de la diversidad sexual y de los derechos humanos.

El abrazo de Nora y Norma

Nora Cortiñas y Norma Castillo. Foto: cobertura de Agustina Ramos

En el acto Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, se abrazó con Norma Castillo, militante histórica por los derechos humanos y de la comunidad LGBTIQ+. En 2010 Norma se unió con Ramona «Cachita» Arévalo, su gran amor, en el primer casamiento de mujeres de América Latina y el Caribe por vía judicial.

El homenaje contó con la presencia de las funcionarias Greta Pena, titular del INADI, y de la la subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de Géneros, Agustina Ponce. También participaron el acto Ernesto Gaya, de la Agrupación H.I.J.X.S – CABA, y las organizaciones que integran el Frente Orgullo y Lucha.

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Qué pasó con la represión a la diversidad

Hubo emoción, memoria, batucada, feria y un Pañuelazo para conmemorar a les 30000 desaparecides al cumplirse el 24 de marzo 47 años del Golpe de Estado en Argentina. Y se leyó el documento: “La dictadura no sólo implicó un autoritarismo político sino también moral. La represión al movimiento popular no excluyó la persecución a lesbianas, bisexuales, gays, maricas, travestis y trans como parte de los dispositivos de disciplinamiento de la sociedad. Pero esa represión a la diversidad no fue procesada socialmente ni formó parte de las causas judiciales por las violaciones a los Derechos Humanos, por eso reivindicando los históricos avances en materia de Memoria, Verdad y Justicia queremos visibilizar la historia de la violencia estatal contra las personas LGBTI+ que fuimos, somos y seremos parte de las luchas de nuestros pueblos”.

Desde Madrid, otro activista histórico Héctor Anabitarte participó a través de estas palabras: “Quisieron eliminar toda manifestación sexual que no fuera la impuesta por la tradición judeo-cristiana y su concepción heteropatriarcal de lo que debe ser una sociedad. Sabían muy bien que la sexualidad en sí misma es cuestionadora, es rupturista, es desestabilizadora y los administradores de la moral, de la culpa, no lo podían tolerar”, escribió. Y recordó: “Todos los derechos y entre ellos el derecho a disponer del propio cuerpo, lo único que verdaderamente nos pertenece. Como bien dijo la poeta lesbiana Alejandra Pizarnik: «Que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones».

Qué dice el documento que se leyó

El rabino Marshall Meyer (1930/1993) de la Comunidad Bet El, integrante de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP) en un encuentro con el histórico activista Carlos Jáuregui en 1985, sostuvo que la Comisión había detectado en su nómina de personas denunciadas como desaparecidas a cuatrocientos homosexuales. Si bien no habían desaparecido por ese motivo, el tratamiento recibido había sido especialmente sádico y violento. Como así también el de los detenidos judíos. Fue recién en el año 2011 que la CONADEP recibió la declaración de personas travestis y trans detenidas en centros clandestinos.

Desde el movimiento LGBTI+ queremos visibilizar la historia de lucha de nuestro movimiento, por eso reivindicamos al Frente de Liberación Homosexual (FLH) que nos convocaba a amar libremente en un país liberado. Al mismo tiempo reclamamos por el derecho a la verdad, a saber que paso con las personas LGBTI+ detenidas desaparecidas, a conocer sus historias militantes y que se visibilice la represión que sufrieron por su orientación sexual e identidad de género.

Durante el primer año del golpe, el Grupo Nuestro Mundo, antecesor del Frente de Liberación Homosexual,  – fundado entre otros por Héctor Anabitarte, delegado del sindicato de correos y militante Comunista – denunció ante los medios los arrestos arbitrarios que sufrían las personas LGBTI+. Y cómo se las obligaba a firmar declaraciones incriminatorias amparadas en edictos policiales como el “2 H”. También el escritor y activista del FLH, Néstor Perlongher (1981) realizó denuncias similares, en las que señaló la existencia de una “limpieza moral” a través de razias policiales y detenciones.

«Están dentro de lxs 30 mil»

Queremos visibilizar y reivindicar esas historias de militantes perseguidxs, que hoy sabemos tuvieron un tratamiento especialmente cruento por lo que ahora llamamos orientación sexual e identidad de género. No separamos sus historias personales de sus militancias políticas y sociales, están dentro de lxs 30.000.

En el inicio de la semana de la memoria, queremos expresarnos y abrazarnos para seguir defendiendo nuestra democracia que está cumpliendo 40 años ininterrumpidos. Y seguir construyendo con el ejemplo y la guìa de les 30 mil esa patria libre, justa, soberana y diversa que soñamos.

Aniversario del Golpe genocida

A 47 años del golpe genocida decimos:

¡Somos comunidad, orgullo y lucha!
¡Viva el FLH!
¡Son 30mil!
400 LGBTI+ Detenidxs Desaparecidxs, ¡Presentes!

Acompañamos a Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas e HIJOS. Sumando la bandera de la diversidad al histórico reclamo de Memoria, Verdad y Justicia.

Foto: Alejandro Reynoso

Alejandro Reynoso

Fuente Agencia Presentes

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Maby Sosa

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Homofobia/Transfobia, INADI, Josefina Flores, Lesbofobia, Marta Zelaya

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La investigación de Presentes revela que en Argentina existen organizaciones que ofertan técnicas para “orientar” la identidad sexual.

“Dios me mostró que la próxima vez que te alejes te va a agarrar sida y te vas a morir”. 

Leonel estaba por salir de la iglesia, ya cerca de la puerta, cuando escuchó que el pastor Cristian Méndez lo llamaba. Entonces, el pastor le dijo que dejara de “jugar con estar con un pie en el mundo y un pie en el camino de dios”. Y entonces lanzó esa frase, que parecía más una amenaza, o un mal augurio. Leonel tenía 15 años, hacía unos meses que había llegado al Centro Cristiano Dios es Amor. Quedó quieto, helado. Y pensó que era cierto, que debía cambiar.

Por unas semanas había dejado de ir a la iglesia por una “recaída”. “Te hacían sentir culpa si estabas con un chabón”, cuenta ahora, después de casi doce años. El pastor Méndez es evangélico pentecostal y aún dirige esa iglesia junto a la pastora Jorgelina Montero. En el último tiempo ganaron tantos adeptos que se mudaron a un lugar más grande, un predio que antes era un boliche bailable: Rodríguez 887, pleno centro de Tandil, una ciudad turística de las sierras en la provincia de Buenos Aires.

Lo primero que se ve al entrar en el edificio es un hall enorme, dos escaleras a los costados, arriba una especie de bandeja que ocupa la mitad del salón. En cada esquina, hay personal de seguridad vigilando que nadie se acerque al pastor y a los sitios vedados al público. La otra mitad de arriba está descubierta para que se pueda ver el escenario, donde ocurre la prédica, los gritos, los “exorcismos”.

Era 2011. Leonel tenía problemas en su casa, en la escuela, con su pareja. Buscaba refugio. Una amiga le dijo que ahí pasaban cosas raras, que tenía que ir. Lo recibieron con abrazos y mucha alegría, hasta que supieron más de él. Un día llevó a su novio ante el pastor, a una consejería, a solas. Quería ver si podía orar por ellos.

“Esta relación no es de dios”

El pastor Cristian Méndez y Jorgelina Montero

“Le comenté mi situación: ‘Él es mi pareja, estamos mal’. Yo de pendejito ingenuo e inocente, como lo había visto muy paz y amor, muy gente buena que aceptaba todo, me pensé que me iba a decir: ‘Bueno, está todo bien, voy a orar por ustedes, los voy a aconsejar’. Y no, el tipo agarró, abrió la biblia y dijo: ‘Esta relación no es de dios’, la biblia habla esto, esto y esto de la homosexualidad. Y le empezó a preguntar al que era mi pareja en ese momento si él había sido abusado de chico, cómo era su relación con su padre. Todas cosas que el pastor creía que podrían haber sido motivo de que él terminara siendo homosexual”.

Ese día se terminó la relación. Leonel les creyó: “Hacían exorcismo. Todo con imposición de manos. A los gritos. Lejos de dudarlo, me creí todo. Yo lo veía en las películas. Pensaba: él no quiere cambiar, no quiere dejar de ser gay. Le corté. Estuve semanas llorando, deprimido. Estaba haciendo el duelo para matar esa parte de mí, mis deseos, el volver a estar con un chico. Ellos le llaman morir a los deseos de la carne y el yo. Así que básicamente acepté lo que ellos me dijeron y entré en ese proceso”.

Tenía que dejar de mirar y hablar con chicos, alejarse de “las juntas”, de sus amistades, de su familia. Dejar de escuchar música que el pastor decía “mundana” (Arjona, Evanescence, The Rasmus). Entonces, alejado de todo, le quedaba muchísimo tiempo para servir en la iglesia. Empezó a manejar los micrófonos, y llegó hasta las redes sociales del pastor. También juntó cartón con otros chicos y se quedó jornadas enteras pintando el nuevo edificio. Sin ningún tipo de retribución económica.

Leonel lo supo nueve años después, cuando logró salir: en ese momento, siendo menor de edad, fue víctima de las “terapias de conversión”.

“Una “terapia de conversión” es cualquier esfuerzo sostenido en el tiempo que procure modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, con un fin predeterminado: siempre ir de la no heterosexualidad a la heterosexualidad. O impedir que una persona transicione, o si ya transicionó que detransicione”, explicó a Presentes Lucas Mendos, abogado, docente e investigador, especializado en derecho internacional de los derechos humanos y diversidad sexual y de género.

Presentes pudo confirmar que en Argentina siguen existiendo estas terapias que buscan “convertir” a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Sin embargo, ni el Estado nacional ni ninguna organización de derechos humanos ha sistematizado aún cuántas organizaciones las ejercen, cómo y a cuántas personas ya afectaron.

“Es muy poco lo que se sabe en la Argentina y lo que está documentado. Hay una cierta naturalización de esas cuestiones que pueden ser muy sutiles”, explicó a Presentes Ricardo Vallarino, Director Ejecutivo de la organización 100% Diversidad y Derechos.

Las llamadas terapias fueron nombradas por el relator LGBT de la ONU como Esfuerzos de Cambio de la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIEG).

Pablo Salum es el fundador de la Red Libre Mentes, y acompaña a víctimas y familiares de lo que llama organizaciones coercitivas (lo que comúnmente se conoce como “sectas”). Él mismo fue víctima de una. Según lo investigado por Salum, es muy variada la gama de camuflajes en que se esconden estas “terapias de conversión”: aparecen detrás de actividades populares como cultos, organizaciones o fundaciones, yoga, filosofía, seminarios multi-nivel, coaching, cursos de liderazgo, retiros espirituales, centros de artes marciales, culturales, terapéuticos para adicciones, ufología u ovnilogía y terapias alternativas, entre otras.

En la mayoría de los casos, dejan secuelas, perjuicios, trastornos, tanto físicos como psicológicos a sus adeptos, en distintos grados. A medida que fueron pasando los años, y las organizaciones LGBTIQ+ ganaron lugar, las personas y grupos que llevaban adelante estas terapias les fueron cambiando los nombres, y ya no se muestran abiertamente como “curadores de la homosexualidad”, sino que hablan, por ejemplo, de que te ayudan a “abandonar el estilo de vida degradado”.

La Ley de Salud Mental

Las leyes que regulan los servicios de salud mental en Argentina indican que una persona no puede ser diagnosticada en su salud mental exclusivamente sobre la base de su orientación sexual o identidad de género. Pero no son leyes que prohíban explícitamente las terapias de conversión. La Ley de Salud Mental fue sancionada y promulgada en el año 2010.

“Esto hace que a nivel institucional esté bastante difundido que no está legitimado cuestionar o asociar la identidad u orientación sexual o la expresión de género a una enfermedad, y por lo tanto no es susceptible de tratamiento”, explicó a Presentes, Ricardo Vallarino, Director Ejecutivo de la organización 100% Diversidad y Derechos.

Sin embargo, de acuerdo con el informe “Poniéndole límites al engaño. Estudio jurídico mundial sobre la regulación legal de las mal llamadas “terapias de conversión”, de ILGA Mundo: “Se puede argumentar que el hecho de que las “terapias de conversión” no se nombren explícitamente disminuye el efecto simbólico de la ley, ya que no hay un mensaje claro que condene estas prácticas”.

La muerte de Federico Gómez

Federico Gómez murió el 19 de enero de 2021 en la ciudad de Puerto Rico, provincia de Misiones. Su familia aseguró que había sido perseguido, hostigado y discriminado por miembros de los Testigos de Jehová donde él asistía, y que lo habían citado a una “audiencia judicial” para tratar su “conducta descarada”.

En marzo de 2021, 100% Diversidad y Derechos intervino en la causa judicial. Le pidió al juez Leonardo Manuel Balanda Gómez que “contemple como hipótesis de la investigación el prejuicio a su orientación sexual como elemento central del posible sometimiento a una terapia de conversión y la consecuente instigación al suicidio de la que podría haber sido víctima”.

También, le solicitaron que pida asistencia técnica a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres y personas LGBTI+ (UFEM) para coadyuvar en la instrucción de la causa.

“En Misiones salimos a denunciar. Estaba claro que había habido un hostigamiento por parte de su comunidad, lo habían citado por su llamado ‘estilo de vida’. Era un chico gay. Ellos eran Testigos de Jehová en el NEA”, contó Vallarino a Presentes.

En ese momento, el activista Jorge Víctor Ríos expresó en una nota publicada por 100% Diversidad y Derechos que “la muerte de Federico generó una conmoción en la comunidad LGBTI+ de esa provincia porque existe la posibilidad de que esté relacionada a su orientación sexual, ya que se dio en el marco de una denuncia de hostigamiento por su orientación sexual por parte de grupos religiosos”.

Otras situaciones que conocen desde la organización ocurren en ciertas comunidades evangelistas en la provincia de Chaco, que promueven abiertamente el estigma hacia las personas LGBT. La forma sutil de indicarlo es: “amar al pecador, pero no al pecado”.

“En muchos lugares continúa esta aproximación a decir: no al hostigamiento o violencia abierta, pero sí decir que las personas están equivocadas y la cura es el amor. Este es el discurso público que se ve, no se esconde. Dan a entender que hay algo erróneo. No dicen que es una enfermedad abiertamente, pero de alguna manera lo indican como una desviación moral o pecaminosa”, explicó Vallarino.

En esas comunidades, de acuerdo a lo registrado por 100% Diversidad y Derechos, es muy extendida la práctica de presionar: existen testimonios de parejas de lesbianas que fueron presionadas a separarse.

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Por Elena Corbalán

Fotos: Facebook Sharon Mendoza

Una mujer trans y un amigo fueron agredidos de forma verbal y física el domingo en la localidad de Tilcara, en Jujuy. El hecho se cometió en la vía pública. El joven agredido terminó inconsciente y tuvo que ser hospitalizado. Ya recibió el alta y sigue su recuperación en su casa.

Una de las víctimas del ataque fue Sharon Renata Mendoza, activista conocida en la zona, Embajadora de la Colectiva LGBT en la Quebrada. Sharon tiene 30 años y es, justamente, una de las animadoras de las acciones de visibilización de la diversidad en esa zona.

El ataque, que incluyó insultos, golpes de piña y piedrazos, se conoció a través de un comunicado de la delegación Jujuy del INADI, que repudió el “violento acto de homofobia en Tilcara”. El delegado en Jujuy, Walter Méndez, dijo a Presentes que hizo público este hecho para visibilizar y contribuir a “erradicar este tipo de cosas”.

Piedras y golpes en Tilcara

Sharon dijo a Presentes que en Tilcara –localidad que atrae a muchxs turistas en la Quebrada de Humahuaca– existe mucho machismo. Para ella es bastante habitual recibir insultos y comentarios violentos y dolorosos por su identidad de género. Pero esta vez se asustó mucho.

El domingo último poco antes de la medianoche, cuando caminaban por una calle transversal a la avenida Costanera en Tilcara, Sharon y su amigo fueron atacados por “tres jovencitos” que lxs insultaron. A ella, por ser una mujer trans, y a él, por acompañarla. Tras los insultos, lxs atacaron a golpes de puño y luego “nos corretearon” arrojándoles piedras “medio grandes”. Sharon logró esquivarlas pero su amigo recibió una en la cabeza y otra en la zona de las vértebras, y cayó desmayado. Los atacantes aprovecharon ese instante para huir.

“Fue cuando me asusté un poco más porque él no reaccionaba, no respiraba”. Sharon le hizo las maniobras de primeros auxilios. El joven volvió en sí, “pero se desmayaba todo el tiempo”. Aunque llamó a una ambulancia, esta asistencia no llegaba y finalmente “nos auxilió un vecino” que los llevó en su automóvil al hospital de Tilcara. El joven quedó internado hasta la tarde del día siguiente. Sharon, que tenía dolor en los hombros, donde había recibido los golpes, estimó que en su caso los impactos fueron atenuados porque llevaba una mantilla doblada que le cubría los hombros.

El lunes por la mañana las dos víctimas hicieron la denuncia penal en la Comisaría tilcareña. No reconocieron a sus agresores, pero Sharon presume que son residentes del Tilcara. “Yo creo que son de acá del pueblo nomás, pero no los reconocí. Solo les vi la cara y cómo estaban vestidos ya no sé”.

Otras formas de discriminar 

Aunque Sharon puso énfasis en afirmar que nunca antes había sufrido otro hecho de violencia similar, contó de otras formas de discriminación que viene sufriendo por ser una mujer trans.

Dice que hace poco le llegó su nuevo DNI, con el cambio de identidad de género. El trámite le demoró un año. Según la activista, en la delegación tilcareña del Registro Civil “le daban vueltas” y tuvo que viajar a la capital jujeña para destrabar el trámite.

Sharon es oriunda de Tilcara, ahora tiene 30 años de edad y lleva tres años y medio mostrándose de manera visible como ella se siente: una mujer. Cuenta que no tiene inconvenientes con su familia, pero le costó un poco. Dice que quizás porque hasta entonces era asidua concurrente a la Iglesia Católica, fe que mantiene. Sharon era la encargada de ocuparse de algunos elementos de la Iglesia como la vestimenta, por ejemplo, de la Virgen de Copacabana.

Discriminación naturalizada a LGBT+

Su respuesta a la pregunta acerca de si había sufrido agresiones antes por su identidad de género exhibe el grado de violencia que persiste en la sociedad norteña. Sharon dice: “No tanto, digamos, fueron así como insultos, bromas, como lo quieran tomar, pero nada serio porque nunca le tomo importancia porque a veces me pongo muy sensible y me duele lo que dicen”.

Tras la respuesta ella misma sostuvo que persiste “mucha discriminación” en Tilcara y está naturalizada hacia las personas que no se ciñen a la heteronorma. “Conozco a chicas que son más grandes que yo, que están acostumbradas a que las maltraten” y “da bronca porque a veces no se puede hacer nada porque ellas no quieren hacerlo. Creo que acá en el pueblo una ya se acostumbra a los hechos así. Yo, por ejemplo, nunca me acostumbré a los maltratos como persona de la diversidad”. Por eso se organizan marchas y otras acciones desde la diversidad sexual, dice, y “vamos haciendo visibilidad acá en el ambiente, pero no cambia mucho tampoco. Es el machismo”.

Marcha del Orgullo en Tilcara, Quebrada de Humahuaca.

En la capilla de la Virgen de Copacabana también recibía comentarios malintencionados, algunos insultos al pasar. Cuando decidió presentarse públicamente como se sentía, “se frenó un poco el insulto”.

“Con la decisión que tomé estoy bien, pero por ahí a veces el trato hacia mí ha cambiado acá en el pueblo. Yo sigo haciendo mi vida normal, trabajo, vuelvo a mi casa, mi vida normal, no molesto y no haga nada malo para los demás”. Sigue siendo creyente, pero no va a la Iglesia, “por respeto hacia la Virgen, porque me criaron con costumbres muy arraigadas, y yo aunque no esté en la Iglesia sigo manteniendo mi fe de católica”.

“Transfobia extrema“

En su comunicado, la Delegación Jujuy del INADI calificó este ataque como “un nuevo caso de transfobia extrema” en la provincia. Y además de repudiar “enérgicamente tales actitudes que van contra los derechos humanos más elementales de toda persona”, destacó que son un intensivo para que este organismo siga acompañando activamente las denuncias e impulsando que se las investigue y se actúe “con todo el peso de la ley sobre los agresores”.

“Desde nuestra institución acompañamos desde el primer momento y lo seguiremos haciendo, para asegurarnos que este caso no quede en el olvido y logremos que se identifique y sancione a los responsables”, añadió el INADI. Y señaló que el hecho de que se continúen “repitiendo estas situaciones nos demuestra qué lejos estamos de una convivencia ciudadana basada en el respeto a las diferencias y en la aceptación de las decisiones de cada persona”.

El INADI ofrece asesoramiento y acompañamiento a personas que sufran situaciones de discriminación, vía whatsapp, se pueden contactar a los números 1164921079 y 1161853968, todos los días, de 9 a 15. Las personas sordas pueden mandar video en LSA. También se encuentra disponible el mail de la delegación; jujuy@inadi.gob.ar.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Agresión, Argentina, Colectiva LGBT, Homofobia/ Transfobia, INADI, Jujuy, La Quebrada, Quebrada de Humahuaca, Sharon Renata Mendoza, Tío ara

General, Homofobia/ Transfobia. Alejandro Vieyra, Argentina, Azul, Federica Ciuro, Hernán Bertellys, INADI, José de San Martín, Marcha del Orgullo

Por María Eugenia Ludueña con colaboración de Hilo Violeta*

Un joven gay de 27 años denunció que el 1 de mayo fue golpeado y agredido por agentes homoodiantes de Infantería y por policías de la comisaría sexta de Río Gallegos (provincia de Santa Cruz. Contó que mientras estuvo alrededor de seis horas detenido, en el contexto de la pandemia, le quebraron un maxilar, le fisuraron las costillas y le dejaron hematomas en todo el cuerpo, burlándose de su orientación sexual. La denuncia está en el juzgado de instrucción número 1 a cargo de la jueza Marcela Quintana.

Jorge Astorga, la víctima, ayer denunció ante la delegación del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia) en Río Gallegos la violencia policial sufrida. La delegación local ya pidió la apertura del expediente y dijo a Presentes que está acompañando a la víctima. La discriminación hacia una orientación sexual disidente puede terminar agravando la pena de quienes ejercieron violencia institucional en dos fuerzas de seguridad: la Infantería y la policía.

La denuncia

Según relató Jorge Astorga, la víctima: “El 1 de mayo sufrí un abuso de poder de parte de la policía y de Infantería. Me encontraba acompañando a mi madre y me dirigía a mi domicilio a las 2:45 de la madrugada -estamos a cinco cuadras de distancia-. Infantería me paró, no me preguntó mi nombre ni el motivo de por qué circulaba a esa hora, y me hizo subir a la camioneta. Ahí adentro les pregunté por qué me detenían y uno de Infantería me respondió: “mirá cómo hablaste, trolo, maricón”. Empezaron los abusos: piñas, trompadas, y así fue todo el camino hasta la seccional 6ta. en el barrio Evita. Me bajaron de los pelos y me arrastraron por toda la comisaría hasta un sector de quinchos”.

Insultos y amenazas de violación

Jorge cuenta que en el camino perdió las zapatillas y las medias, y que la violencia continuó luego por parte de los agentes policiales. “Ahí había tres o cuatro policías de la comisaría, entre ellos una mujer. Siguieron patadas y trompadas, se reían de mí por ser gay, por cómo estaba vestido. Me denigraban por homosexual. Cuando llegué me sacaron los aritos y no me los devolvieron”. Jorge dice que al principio no quiso revelar su nombre hasta no saber el motivo de su detención. Pero en un momento, mientras seguía siendo “denigrado gente homofóbica, estaba sentado en una silla, llegó el jefe de turno y me dijo si iba a firmar papeles. Les dije que no, entonces uno de Infantería me tiró de la silla, me patearon en el suelo. Uno de ellos me presionaba los pies, otro en la espalda y otro me ahogada en el cuello con su borcego hasta dejarme sin aire. Accedí a decirles mi nombre y firmé los papeles, eran cuatro”.

Hasta hoy no sabe qué firmó. “No me mostraron. Pedí comunicarme con familiar y me lo negaron. Me repetían que yo no tenía derechos. Decían que yo había mirado muchas películas. Me negaron hasta el permiso para ir al baño, me decían que me hiciera encima. Me levantaron todo golpeado, y en el trayecto al al calabozo me amenazaban que me iban a llevar con otros presos para que me violen. Pensé que iba a suceder. Pero en el calabozo había dos personas detenidas por incumplir la cuarentena. Sólo estaban demoradas, las habían tratado bien”.

Jorge pasó la madrugada helada de Río Gallegos “descalzo y muerto de frío”. Sin poder creer lo que estaba viviendo. A las 9 y media de la mañana recuperó la libertad y se fue a su casa. “Me acosté a dormir y a la tarde fui al Hospital Regional de Río Gallegos. Me hicieron exámenes y placas que demuestran que tengo fractura maxilar y fisura en las costillas, aparte de hematomas en todo el cuerpo. Salí a las 2 de la mañana y me dirigí al Comando 101 a hacer mi denuncia. Me trataron muy mal y me dijeron que no tomaban denuncias, que tenía que volver adonde habían sucedido los hechos. Yo no quería cruzarme con el turno y revivir todo. Me armé de valor y de fuerza y fui. El jefe de turno no estaba al tanto de lo que había sucedido en el turno noche. No podía creer. Después fui a hablar con Jefatura y tampoco estaba al tanto. Así yo hubiera estado incumpliendo la cuarentena -aunque estaba fuera del horario estipulado, estaba acompañando a mi madre-. no era para que me dieran esa golpiza ni el trato que sufrí. Me dijeron que como mucho me correspondía un acta o demorarme”. Me sugirieron que esperara uno o dos meses, porque esto tarda un montón”.

El tiempo pasó y Jorge no recibió respuesta. “Esperaba alguna sanción o sumario para quienes están en esas fuerzas, pero siguen trabajando con total normalidad”.

Hoy el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz informó a través de un comunicado que el personal que intervino fue sumariado.

“Tomamos la denuncia administrativa y lo estamos acompañando. También estamos articulando con la Secretaría de Derechos Humanos para que pueda llevar adelante la denuncia penal. El INADI ya dio apertura al expediente”, dijo a Presentes Lucrecia Vivanco delegada de INADI en Santa Cruz. “Esto un hecho gravísimo donde se ponen de manifiesto prejuicios y discriminaciones de odio hacia las personas con orientaciones sexuales disidentes y nos encienden todas las alarmas. Es un acto de violencia institucional que nos parece inadmisible y que debe ser enérgicamente repudiado”.

Y agregó que “las intervenciones que hemos tenido del INADI en Santa Cruz en contexto de pandemia han tenido que ver con situaciones que vuelven a vulnerar a colectivos ya vulnerados y discriminados, como la diversidad sexual”.

Coronavirus y abusos policiales

“Más allá de este caso particular  que va sobre la orientación sexual, la policía de Santa Cruz viene teniendo actos violentos en toda la provincia. Hace poco tuvimos violencia en Pico Truncado, los últimos feminicidios están relacionados con agentes de la fuerza como parejas de las víctimas -dijo a Presentes Romina McNamara, integrante de PA.DE.HU (Patagonia por los Derechos Humanos), quien participa de la Mesa de Mujeres -una organización de Río Gallegos que nuclea a organizaciones diversas: barriales, sociales, sindicales y también pastorales-. “El tema de la pandemia les dio cierta autoridad en las calles y están cebados”.

Jorge dice que no le ha sido fácil salir a hablar. Lo impulsa lo mismo que a tantas víctimas: “Así como me pasó a mi, le debe pasar a mucha gente en el barrio, en la ciudad. Muchos nos callamos por miedo a represalias. Quiero que se haga justicia. Que las personas que estuvieron involucradas en ese turno se hagan cargo de lo que hicieron. Nunca me habia pasado nada de esto ni había sufrido discriminación. Que todavía pasen estas situaciones de homofobia y por parte de la policía me produce miedo. No es fácil hacer una denuncia y hablar. Pero hay que dejar de callarnos y que se haga justicia”.

*Esta nota contó con la colaboración de Noticias de la Patagonia Austral, programa de @FMUNPA 99.9, Radio Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y el Hilo Violeta, noticias con perspectiva de género de Radios Universitarias de Argentina nucleadas en ARUNA (Asociación de Radios Universitarias Argentinas). 

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Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. INADI, Santa Cruz

Por LG y MEL

Ilustración: Florencia Capella

Un informe del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia) advierte que en el contexto del aislamiento social obligatorio han recrudecido las conductas discriminatorias. Y señala que la discriminación -en especial por identidad de género- aumentó en cuarentena en las redes sociales. También en los medios de comunicación.

El trabajo, que se dio a conocer este mes, se basa en información relevada por el Observatorio contra la Discriminación y en la recepción de denuncias de la ciudadanía en las que se documentan situaciones de estigmatización y discriminación en redes sociales y medios. Y anticipa que en el Mapa Nacional de la Discriminación 2019 (aún en elaboración por parte del INADI), “se registra un alto nivel de percepción de las redes sociales/internet como un ámbito en el que se discrimina mucho o bastante”. El informe concluye con una serie de recomendaciones de cómo reaccionar a actos discriminatorios en redes sociales y cómo construir una comunicación responsable para erradicar esas expresiones.

El informe de INADI parte de la recepción de prácticas estigmatizantes y discriminatorias en redes sociales contra el colectivo LGBTTIQ+, “en particular contra la comunidad travesti y trans”. Y analiza que las prácticas discriminatorias en el uso de las TIC ́s (Tecnologías de la Información y la Comunicación)  provienen de tres grandes grupos: usuaries de redes sociales, personas vinculadas a la industria del entretenimiento (influencers) y medios de comunicación.

“Lo que notamos en general con el comienzo de cuarentena y el estar todes en las casas es que la actividad de redes sufrió un aumento y por ende la discriminación, se ven más comentarios y posteos de este tipo”, explica Karina Iummato, coordinadora de Investigaciones y Observatorios contra la Discriminación de la Dirección de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI. Agrega que no se atacan a nuevos colectivos sino que se perpetúan el LGBTodio y racismo, entre otros.

Desde el Observatorio están trabajando en una campaña audiovisual “para trabajar en qué es discurso social discriminatorio y en qué se manifiesta”. Iummato explica que esto no solo implica los contenidos de los comentarios sino cómo interactuamos con ellos: “Cuando uno pone ‘me gusta’ o comparte una publicación en donde se está discriminando, estigmatizando, hay un efecto en las personas y en los colectivos que lo sufren”.

Violencia en redes sociales

La navegación web aumentó un 70 % en cuarentena, señala el informe, basándose en datos públicos de la Consultora Kantar. Según la misma fuente, la participación en las redes sociales se incrementó en un 61 % sobre las tasas de uso normales y la visualización de televisión tradicional aumentó en un 63 %.

“Como resultado del incremento del uso de las redes sociales, también se registró un aumento de las prácticas discriminatorias, especialmente a través comentarios y de la difusión de “memes” estigmatizantes”, dice el informe del INADI.  Y puntualiza: “la identidad de género ocupa los primeros lugares como tipo de discriminación presente tanto en los comentarios como en las publicaciones”.

Y analiza un caso que tuvo gran impacto en las redes sociales: una transmisión donde el youtuber Yao Cabrera ridiculizó a la influencer trans Kiara Acosta, mostrando una foto de sus genitales. Cabrera cuenta con más de 6 millones de seguidores en Youtube y 3.4 millones en Instagram. Allí hizo comentarios ofensivos contra la identidad de Kiara. Apareció “disfrazado”, según dijo, con prendas femeninas y maquillaje, y luego mostró la foto.

La escritora y activista trans Barbie Di Rocco hizo la captura del video que estaba siendo visto por aproximadamente 70 mil usuarios y lo difundió en sus redes. Consultada por Agencia Presentes, Di Rocco resaltó lo dañino que resultan estos mensajes de odio para el colectivo travesti y trans. “Cuando vos influenciás a todo un grupo de jóvenes y les mostrás desde los 9 años que está bien reírse de una travesti, cargarla con un nombre de hombre, con su voz, es un retroceso total. Si a los 9 años te dicen todo eso, a los 20 te pegan un tiro”, explicó la escritora. Luego de denunciar este video y viralizarlo, también recibió todo tipo de agresiones transodiantes, en especial de un sector de usuarios menor de entre 9 y 12 años, el target de edad que consume los videos de Yao Cabrera.

El youtuber uruguayo, quien junto a un grupo de personas tiene otro canales en la red de videos con un público en su mayoría sub-18, ya ha tenido denuncias anteriormente que van desde intento de abuso hasta corrupción de menores.

Barbie Di Rocco (quien escribió libros que buscan concientizar en temas trans y VIH) realizó las denuncias ante el Inadi, el Ministerio Público Fiscal y las divisiones de Ciberdelitos. “Necesitamos visibilidad de las problemáticas trans”, explicó Di Rocco en relación a la situación del colectivo especialmente agravada en esta pandemia de Covid-19.

Qué hacer si nos exponen en redes

Difundir contenidos privados es las redes es una de las situaciones previstas en la ley penal como delitos informáticos. “A veces la gente no se reconoce como víctima pero si alguien te obliga a hacer, no hacer o a tolerar algo hay que denunciarlo”, explica Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina. En los casos en los que se sufre una extorsión o se expone material íntimo en redes se puede pedir a la red social que la baje, que active el protocolo conforme a estándares internacionales pero la denuncia, explica el especialista debe ser penal.

Muchas personas no saben qué se puede hacer respecto a estos delitos. Fuentes judiciales consultadas por Presentes también resaltaron la importancia de hacer la denuncia en cualquier órgano competente. Existen Fiscalías Especializadas en Delitos Informáticos. También se puede acudir a fiscalías de género. Todo depende del tipo de delito: si existen amenazas se puede acudir a la Justicia nacional. Uno de los problemas de la violencia en redes sociales es que suele quedar impune, o se ampara en la libertad de expresión. Para actos de discriminación, se puede realizar una denuncia no penal ante el INADI.

En casos de grooming –acoso virtual a menores de edad y adolescentes por parte de adultos- además de estas vías de denuncia suma la app Gapp que sirve para prevenir y denunciar casos de acoso y abuso sexual virtual contra niños y adolescentes en tiempo real.

Discursos de odio en los medios


El confinamiento por COVID-19 fue y es también un caldo de cultivo para noticias falsas, discursos de odio y mensajes discriminatorios contra distintos grupos en medios de comunicación de llegada masiva. “Lo observamos en nuestros monitoreos y también en la mayor recepción de denuncias tanto al Observatorio de la Discriminación en Radio y Tv (observatorioradioytelevision@inadi.gob.ar ) como al Observatorio de la Discriminación en Internet (observatoriointernet@inadi.gob.ar)”.

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Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Barbie Di Rocco, COVID-19, Discriminación, Grooming Argentina, Homofobia/Transfobia, INADI, Karina Iummato, Kiara Acosta, Yao Cabrera

Por Elena Corvalán, desde Jujuy

Delfina Antonella Díaz es una chica trans de 19 años que vive en Libertador General San Martín (la ciudad del Ingenio Ledesma), en la provincia de Jujuy, donde el domingo pasado fue detenida por cuatro policías, tres varones y una mujer. Lo hicieron, supuestamente, en el marco de las medidas de prohibición de circulación por el coronavirus. Según contó a Presentes, la llevaron a un descampado donde abusaron de ella diciendo que la iban a “hacer macho”. Luego uno la amenazó para que no hablara. Recién fue liberada al día siguiente. Y tras dominar el temor, se decidió a hacer la denuncia penal contra sus agresorxs.

Delfina Diaz tiene el acompañamiento de representantes de la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Derechos Sociales (ANDHES) y el Movimiento Ailen Chambi, que el viernes último denunciaron este hecho ante el Ministerio de Seguridad de la provincia y pidieron al gobierno de Jujuy que se inicie una investigación administrativa, se aparte de la fuerza a lxs policías involucradxs y se garantice la seguridad de la denunciante.

La agresión se cometió en los primeros minutos del lunes 13. La joven estaba junto a unas amigas en la vereda de una vivienda en el barrio Eva Perón, de Libertador. Hubo una intervención de la Comisaría Nº 39, por violación a la cuarentena por el coronavirus, con colaboración del Cuerpo de Infantería. Según contó Delfina, los policías “muy agresivamente” les dijeron que se levantaran y “comenzaron a tirar las sillas a la calle”, ella les recriminó la violencia e intentó meter las sillas en la casa, entonces uno de los policías la sujetó del cuello y la llevó a la patrulla.

Delfina pidió a sus amigas que avisaran a su madre. En esa circunstancia la “policía femenina me mete una piña en la cara diciéndome que me calle”, Delfina gritó, y “me volvió a pegar dos veces más” en la cara. La llevaron a la vuelta, al costado de un canal, donde hay un descampado que se usa como cancha. “Frenan y me comienzan a insultar, que ahora me van a volver macho, que soy un puto, me pegaban, me metían patadas en las piernas”. Le ordenaron bajarse el pantalón, Delfina se resistió, un policía le sacó el pantalón y comenzaron tocarla y a pegarle en sus genitales. Según cuenta Delfina, la mujer policía les dijo que la violaran con la cachiporra. En esas circunstancias, en medio de los golpes y el abuso sexual, Delfina fingió una convulsión.

“La enfermera me miraba y se reía”

Esto asustó a lxs policías y abandonaron los vejámenes y la llevaron a una dependencia del sistema de emergencias médicas SAME, la subieron a una ambulancia, donde Delfina reveló su estrategia para salvarse y relató la situación que había pasado. Sin embargo, “la enfermera me miraba y se reía, ‘no podés decir eso así, tan mentira’”, la retó. Luego habló con uno de los policías, “me miraban y se reían, y la enfermera anotó unas cosas”.

Tras eso la subieron de nuevo en la patrulla, pasaron por la Comisaría Seccional N° 39, Hugo Salomón Guerra, donde subieron a dos menores de edad y lxs trasladaron al Hospital Oscar Orías. Pero Delfina nunca fue bajada para que la revisara un médico. En cambio, en un momento quedó con uno de lxs cuatro policías agresorxs: “Él sube, me agarra del cuello y me dijo que si yo llegara a hablar, si llegaba a decir algo de lo que ellos me habían hecho, que ellos me iban a seguir haciendo lo mismo, me iban a llevar a la celda, me iban a meter con los presos y me iban a seguir pegando”, dijo Delfina a Presentes. Allí respondió con un insulto y recibió una bofetada en la boca. “Me dijo ‘ahora te vamos a hacer una causa por narcotráfico’”, y la llevaron a Toxicomanía.

Lxs policías denunciaron que en una riñonera que la joven llevaba encontraron una sustancia alucinógena. Delfina aseguró que esa riñonera le pertenecía a una amiga a la que le había pedido un poco antes, y aseguró que firmó el texto que lxs policías le acercaron porque “estaba tan mal” que ni lo leyó. Ya era cerca de las 4 de la mañana.

Las comisarías ocultaron información

“Al ratito llegó mi mamá. Ellos me pidieron que no gritara, que no diga nada. La escuchaba a mi mamá llorar afuera, diciendo que no le querían dar información de donde estaba yo”. Delfina relató que desde el momento de su detención su madre “estuvo buscando en todas las comisarías” y “en las ocho comisarías le ocultaron la información”.

La joven pasó la noche en la Comisaría N° 24 y recuperó la libertad recién a las 12.30 de ese lunes. “La verdad es que tenía miedo de hacer la denuncia”, pero “la tuve que hacer porque hoy me tocó a mí, mañana le puede pasar a otra persona, sea trans, sea chica, sea varón”, relató a Presentes. Añadió que es la segunda vez que sufre la violencia policial, la primera vez, hace unos tres años, la detuvieron junto a otras dos chicas trans y las obligaron a tener relaciones sexuales a la vista de un grupo de policías.

Intervención de organizaciones de ddhh

Cuando se conoció la denuncia de Delfina por la agresión del lunes, la joven recibió llamadas de organismos del Estado provincial, como el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género y organizaciones no gubernamentales como ANDHES y el Movimiento Ailen Chambi. También, del INADI y la Secretaría de la Derechos Humanos de la Nación.

Las abogadas Malka Manestar y Marina Vilte vienen acompañando a Delfina y a su madre desde que el hecho se hizo público. El viernes ambas presentaron la denuncia ante el Ministerio de Seguridad.

“Denunciamos la gravedad de cómo se dio la situación esta”, contó Manestar a Presentes. La abogada puso énfasis en el pedido de garantía de seguridad para Delfina Díaz. “Muchas veces cuando hay hechos de violencia institucional, las víctimas tienen miedo de denunciar por las represalias que pueda tener la Policía. En este caso entendemos que Delfina está siendo súper valiente en denunciar y por ese motivo también nosotras estamos decididas a acompañarla en todo lo que podamos, porque entendemos la gravedad de la denuncia que está haciendo, porque no solamente estamos hablando de la violencia institucional que se ha ejercido sobre ella, sino que también estamos hablando de una violencia de tipo sexual”, explicó.

Manestar y Vilte también pidieron que el gobierno de Jujuy “implemente políticas públicas destinadas a la formación de su personal, y más teniendo en cuenta que tenemos en vigencia Micaela, que evidentemente no se está aplicando, porque Delfina sufrió no solamente la violencia en el momento de su detención y todo lo que ello implicó (…), sino que también sufrió violencia institucional” porque no se le respetó su identidad autopercibida, “sino que se coloca el nombre que ella tiene en el DNI, y esto sabemos que es totalmente violatorio de su dignidad, del trato que se le tiene que dar”. Precisamente, la ley de identidad de género establece que a “la persona, independientemente que haya o no haya hecho el cambio de identidad, se le tiene que respetar su identidad autopercibida. Y ella permanentemente comenta esto que la trataban como él”, además de que el procedimiento fue realizado por policías varones, sostuvo Manestar.

Una causa contra la víctima

El jefe de la Policía de Jujuy, el comisario mayor Juan Segovia, dijo a Presentes que hay denuncias cruzadas. “Hay una causa judicial en principio en contra de esta chica”, se le atribuyen “una contravención por violación de la cuarentena y por ebriedad escandalosa” y también una causa penal por “un secuestro de sustancias también allí, en el lugar”, sostuvo. Añadió que por otro lado está la denuncia de Delfina Díaz contra los policías, en la que está interviniendo la Fiscalía Penal de San Pedro, y “nosotros también en la faz administrativa tenemos que adoptar medidas”, pero “nos tenemos que ajustar conforme se vaya expidiendo la justicia”. Añadió que a lxs cuatro policías, tres de Infantería y uno de la Comsiaría 39, se lxs están trasladando, “para evitar cualquier otra cuestión u otro inconveniente entre la chica esta y los policías, los estamos sacando de Libertador”.

Para Manestar, este hecho es la expresión de “la violencia histórica, estructural, sistemática que atraviesan las mujeres trans y que tiene que ver también con estas cuestiones discriminatorias, estigmatizantes y violentas que aún persisten en nuestra sociedad”.

Vilte, por su parte, consideró que esta “es una nueva oportunidad que tiene el Estado jujeño para dar una respuesta significativa que empiece a marcar una profundización en la garantía de los derechos de toda nuestra comunidad. Estamos en Jujuy muy golpeados a nivel institucional, a nivel justicia, pero creemos que es sumamente necesario que esto no quede en la nada, porque la comunidad, a lo largo de estos años ha conquistado un montón de derechos a nivel legal pero necesitamos este cambio cultural para que haya una igualdad real”.

Vilte coincidió en que en Jujuy existe una violencia estructural contra las disidencias. En ese contexto, cualquier demora o detención “tiene siempre en Jujuy la veta de que nunca se respeta la identidad de las personas trans sobre todo”.

Contexto de discriminación a personas LGBT

Como muestra de la violencia institucional imperante, la abogada contó que en el año de existencia del Movimiento Ailen Chambi, recibieron denuncias “respecto a detenciones arbitrarias o irregulares” y de “violencia institucional en otros ámbitos, por ejemplo, en cuanto a la registración de infancias trans, a la inscripción de comaternidades”. Dijo que hubo casos de niños que estaban anotados con una sola madre, “pudimos avanzar en tres casos de comaternidades irregulares, eran compañeras que estaban casadas, tenían la inscripción de matrimonio a su favor y no les inscribían a los hijos”. Incluso, “a partir de estos casos hemos tomado conocimiento que hasta el año pasado, estamos hablando de 2019, algunos registros civiles de Jujuy se negaban a casar a las compañeras”.

Vilte destacó que una de las motivaciones para acompañar a Delfina Díaz es la necesidad de que “Jujuy empiece a marcar precedentes”. “Lo único que hay a nivel institucional acá es un poco de asistencialismo, que no viene mal, pero que si no va acompañado de políticas públicas, del respeto a los derechos y las garantías de la comunidad, de poco sirven, porque después pasan estos casos de abusos, se naturalizan”, advirtió. En ese sentido interpretó que es necesario un trabajo “desde las instituciones”, porque, si no, “esto se va a seguir repitiendo porque se naturaliza la violencia”.

También el delegado del INADI en Jujuy, Walter Méndez, consideró “importante” que haya una articulación “con otras organizaciones y organismos de ddhh” para prevenir que no vuelva a suceder un hecho similar. “La gravedad de lo sucedido no se puede tolerar”, sostuvo ante la consulta de Presentes. Añadió que con ANDHES y el Movimiento Ailen Chambi están trabajando para exigir a la Policía “cuál sería el compromiso de la fuerza de seguridad para que eso no se repita”.

Por otro lado, el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, que poco antes del inicio de la cuarentena habilitó Centros de Atención Integral a la Diversidad, acompañó a Delfina en presentaciones formales que hizo en los Tribunales de la ciudad de San Pedro, a cuya jurisdicción corresponde Libertador. Desde el Consejo se indicó a Presentes que también brindarán asistencia psicológica y que la patrocinarán en una querella, si es que decide hacerla. El Consejo informó que en lo que lleva de funcionamiento de los Centros de Atención Integral, recibieron 160 llamados denunciando situaciones de violencia institucional o desamparo de integrantxs de la comunidad LGTTTBIQOA+.

Manestar, por su parte, destacó que en los controles por la pandemia ven “muchos hechos de abuso policial”. En este marco, lo que sufrió Delfina “tiene que ver con su condición de identidad de género, con que las mujeres trans sufren de manera sistemática violencia por parte de la fuerza, y también tiene que ver con que en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, el estado provincial al implementar políticas paliativas de corte totalmente punitivo represivo, como que agrava aún más la situación”.

Por otro lado, el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, que poco antes del inicio de la cuarentena habilitó Centros de Atención Integral a la Diversidad, acompañó a Delfina en presentaciones formales que hizo en los Tribunales de la ciudad de San Pedro, a cuya jurisdicción corresponde Libertador. Desde el Consejo se indicó a Presentes que también brindarán asistencia psicológica y que la patrocinarán en una querella, si es que decide hacerla. El Consejo informó que en lo que lleva de funcionamiento de los Centros de Atención Integral, recibieron 160 llamados denunciando situaciones de violencia institucional o desamparo de integrantxs de la comunidad LGTTTBIQOA+.

Manestar, por su parte, destacó que en los controles por la pandemia ven “muchos hechos de abuso policial”. En este marco, lo que sufrió Delfina “tiene que ver con su condición de identidad de género, con que las mujeres trans sufren de manera sistemática violencia por parte de la fuerza, y también tiene que ver con que en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, el estado provincial al implementar políticas paliativas de corte totalmente punitivo represivo, como que agrava aún más la situación”.

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Fuente Agencia Presentes

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Leo Bustamante

El domingo 8 de marzo cuando Leo Bustamante y su pareja Edgar fueron al restaurante It Italy del Nuevocentro Shopping de Nueva Córdoba pidieron ñoquis, tiramisú y una ensalada de fruta. Cuando les entregaron el ticket, éste decía: ‘ENSALADA DE FRUTA PARA LLEVAR PARA LOS PUTOS’. Leo subió a sus redes esto y se viralizó. Mientras realizan las denuncias correspondientes contaron a Presentes lo que vivieron.

“Se me nubla el pensamiento cuando intento creer que aún existe gente con tanta bronca y odio a un pibe común, como yo, que solo intentó comer ñoquis y ensalada de frutas. Es hora de replantearse la gente con la que nos rodeamos y ‘trabajamos’. Más empatía con el prójimo por favor”, escribió Leo en sus redes sociales.

En diálogo con medios locales, amplió: «Le dijimos a la chica que lea el ticket. No me voy a olvidar nunca su cara de ‘me quiero matar’». Agencia Presentes habló con Leo quien explicó: “Nos llamaron dos veces desde la empresa para disculparse. Estuve en contacto con directivos de la empresa y está todo bien aceptamos esas disculpas, por ahí se va de las manos del empleador quién tienen a cargo. Al margen que hayamos aceptado las disculpas la denuncia debe hacerse”.

Los jóvenes discriminados realizarán la denuncia en Defensa del Consumidor y explicaron a este medio que hoy formalizarán la denuncia en la sede cordobesa del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (Inadi). Presentes se comunicó con la empresa y desde allí dijeron que emitirán un comunicado en relación a lo sucedido.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Córdoba, Homofobia/Transfobia, INADI, It Italy, Leo Bustamante, Nueva Córdoba, Nuevocentro Shopping

Una chica trans fue brutalmente agredida al salir de un boliche en el municipio de Puerto Piray. La Policía Provincial, que según la denunciante estuvo presente durante los hechos, no intervino para detener la golpiza. Asegura que no es la primera vez que sucede.   

Por Alejandra Zani

Elamaá Luz salía del boliche Liberty en Puerto Piray, Misiones, cuando fue atacada por tres personas durante la madrugada del domingo 19 de enero. Mientras caminaba por la calle, la persiguieron y la insultaron. Cuando se detuvo para contestarles, un varón la sostuvo para que quedara inmovilizada mientras otras tres mujeres, a las que la agredida identifica como Griselda Ruiz Díaz, Zulema Ruiz Díaz y Karina Figueredo, la golpeaban. Según un comunicado de ATTTA Misiones, la policía provincial estaba presente “pero no hizo nada para detener la golpiza”.

“Esto venía desde adentro del boliche. Cuando fui al baño con mi amiga Natalia Martínez, estas chicas se acercaron a la puerta y empezaron a decirme que no podía entrar en ese baño, que yo tengo huevos y tengo que ir al baño de varones”, cuenta Elamaá Luz a Presentes. “Yo les contesté que no quería problemas y que quería terminar la noche bien”.

Pero al salir del boliche, cerca de las 5:30 de la madrugada, Elamaá y sus amigas volvieron a ser interceptadas por las agresoras. “Una de ellas quiso pegarle a Natalia. Yo me puse en el medio, Karina me agarró de la espalda y me empezaron a pegar entre dos. También estaba Pablo Mercado, que es sobrino del juez de paz de Puerto Piray, el mismo que me va a citar a declarar y otra vez el caso va a quedar en la nada”.

Elamaá declaró en la comisaría sin mucha confianza en que la denuncia fuera a prosperar. Ahí, cuenta, Karina se le acercó y la amenazó de muerte. “Me dijo que la próxima no me va a mandar a pegar, sino a pegar un tiro. La policía estuvo ahí todo el tiempo. Qué van a hacer, si no están capacitados. Cuando pasan por la calle en camioneta se burlan de mí o se ríen. Dos efectivos me acompañaron al doctor que no me quiso ni tocar, me preguntó qué me dolía y nada más, ni siquiera vio los golpes”, cuenta la denunciante. Tampoco le dieron una copia de su denuncia, a pesar de haberla pedido.

Tras su declaración, Elamaá no consiguió una orden de restricción, ni un botón antipánico, ni ninguna otra opción que garantizara su seguridad. “Quiero que esta denuncia sea penal, que llegue al INADI, que me den alguna solución. No es la primera vez que me pasa esto en Misiones”.

La Intervención del INADI

Tras lo ocurrido en Puerto Piray, y por primera vez en la provincia, la delegación Misiones del INADI viajará al departamento de Montecarlo para acompañar a Elamaá y para tomar su declaración. “El INADI siempre tuvo su sede en Posadas y nunca se movió. Si ella no se trasladaba, no podía hacer la denuncia, pero eso cambió con la nueva gestión y nuestra propuesta es viajar a Puerto Piray para que pueda efectuar la denuncia ante el INADI”, explica Silvia Risko, nueva delegada del Instituto en Misiones. “Jazmín no puede venir a Posadas porque no tiene recursos pero tampoco es su deber trasladarse. Somos nosotros los que tenemos que ir y estar con ella. Esa va a ser nuestra política de gestión”.

La tarea del INADI consiste en recepcionar la denuncia de Elamaá, enviarla a Buenos Aires, y esperar a que el gabinete jurídico de la Casa Central emita un dictamen. “Trataremos que el proceso sea lo más ágil posible. Una vez que eso suceda, ese dictamen podrá presentarse para reforzar la denuncia de Elamaá”, explica Risko.

Para la delegada del INADI en Misiones, lo sucedido en Puerto Piray deja en evidencia la falta de formación en perspectiva de género que hay en las instituciones del Estado. “Lo que más me preocupa es la acción de los policías, a quienes debería capacitarse. El Estado siempre va por detrás de los cambios sociales”. La posición de Risko se constituye como un precedente institucional y político muy fuerte en la provincia de Misiones ya que, según dijo

Nazarena Fleitas, coordinadora de ATTTA Misiones, es la primera vez que una delegada viaja al interior.

Una provincia transfóbica

“La transfobia en Misiones es terrible y en el interior es todavía peor”, explica Fleitas a Presentes. “Hay mucha discriminación por parte de la misma policía. A pesar de que hubo capacitación en género, el machismo de las instituciones está arraigado y al venir de un gobierno que no pone predisposición para que eso termine y que además lo oculta, estamos cada vez peor”.

Según expresa Fleitas, quince días atrás ATTTA Misiones recibió una denuncia por discriminación de otra compañera. “Tampoco es la primera vez que atacan a Elamaá. En un boliche en El Dorado, una vez, le pasó algo parecido. La golpearon y le pegaron con un ladrillo en la cara y la policía la dejó a la deriva”. En cuanto a Pablo Mercado, asegura Fleitas, estuvo presente en varios altercados pero, por ser el sobrino del juez de paz, siempre queda impune.

“Nosotros somos la única organización que trabaja con temas de género, pero no estamos con ningún estudio jurídico y no tenemos medios para viajar, así que estamos muy limitados. Como coordinadora, yo trato de orientar a las personas y de ponerlas en contacto con las entidades correspondientes para que puedan hacer los trámites”, explica.

Fuente Agencia Presentes

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Una pareja de hombres fue discriminada en el exclusivo balneario Ocean Club de Mar del Plata por protagonizar “escenas gays”. Se les prohibió el ingreso cuando quisieron regresar al día siguiente. Realizarán una protesta en Playa Grande el próximo 18 de enero. 

Este fin de semana en el exclusivo balneario marplatense Ocean Club, una pareja de hombres fue discriminada por haber protagonizado “escenas gays”. Gustavo Posati, Mariano Dominguez y su amigo Sebastián Grimaldi fueron impedidos de ingresar al club de Playa Grande cuando regresaron al día siguiente.

“El viernes 4 de enero fuimos a Ocean Club con Mariano, mi pareja, y con Sebastián, un amigo. Su papá es socio de la concesión privada que tiene el club en Playa Grande. Estuvimos todo el día tomando mate, escuchando música… Es un lugar privado que tiene el Ocean Club que es bastante elitista, pero estuvimos super tranquilos, realmente no pasó absolutamente nada fuera de lo común“, contó Gustavo en diálogo con SentidoG.

El problema surgió al día siguiente, cuando los jóvenes quisieron volver a ingresar al balneario. “La gente de Ocean Club se comunicó con el padre de Sebastián y le dijeron que solamente podía ir él sin invitados porque el día anterior habíamos estado haciendo ‘escenas gays’ y nos habíamos estado besando, lo cual no fue así. Nos habremos dado un beso, nos habremos dado la mano, pero nunca hubo una escena zarpada ni nos pusimos a chapar. No tenemos necesidad de ponernos a hacer ningún tipo de escena en la vía pública con mi pareja, vivimos juntos hace un año y medio. Y somos ambos adultos y super responsables, no somos desubicados ni mucho menos“, aclaró Gustavo respecto a las acusaciones de parte del club.

“Quisimos entrar igual y nos pararon en la puerta y nos dijeron que no podíamos ingresar. Pedimos una explicación y nos dijeron que una señora se había quejado de que el día anterior nos habíamos estado besando y que no podíamos hacer eso porque era un ‘lugar de familia’. Nosotros respondimos que estamos casi casados y que también somos familia, que el concepto de familia ya no es más el de mamá y papá solamente. Nos dijeron igualmente que no, que no podíamos entrar”. Finalmente Gustavo, Mariano y Sebastián pudieron ingresar al balneario y pasar el día tal como lo habían hecho el viernes. Sin embargo, ayer lunes 6 de enero se enteraron de que el club había decidido echar al padre de Sebastián. A continuación, Ocean Club cerró su cuenta de Instagram y borró todos los comentarios de repudio en sus redes sociales.

Luego del hecho, la pareja realizó las denuncias correspondientes: “Lo hablamos con una ONG de Mar del Plata, con el INADI y con gente del área de discriminación del gobierno de Mar de Plata”. Por otro lado, se llevará a cabo una protesta frente al Ocean Club para repudiar el hecho y pedir por “playas libres de discriminación”.

“La protesta que pensamos hacer se realizará el 18 de enero en el paseo de Playa Grande, enfrente de la concesión privada del Ocean Club donde vamos a reunirnos a las 14hs. Básicamente lo que vamos a pedir es que se respete el concepto de familia adaptado al año 2020 y que se hagan cumplir las leyes que tienen que ver con la discriminación y la igualdad de derechos para la comunidad LGBT”, concluyó Gustavo.

El Ocean Club siempre fue conocido por su impronta “exclusiva y tradicional”. En el momento de su reapertura a fines de los 90, Diego Videla quien fuese el presidente del club en ese momento, afirmó que el OC pretendía “ser un lugar de encuentro para un espectro amplio de gente, pero sin perder la exclusividad de un perfil empresarial con valores tradicionales“.

El recoleto balneario de Playa Grande también cuenta con un oscuro pasado. En los años 30, el abogado Wenceslao Paunero fue asesinado a balazos por el aristócrata Martín Cossio Salas Oroño, quién luego de cometer el crimen cumplió una “detención privilegiada”.

Fuente SentidoG

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Lucas Gargiulo, un joven transgénero de 24 años, denunció haber sido víctima de una violación el pasado miércoles mientras se dirigía a su casa en Tucumán, Argentina. El joven fue abordado por tres hombres que luego de quitarle sus pertinencias se armaron de una rama para agredirlo sexualmente.

De acuerdo con lo relatado por el joven, él les entregó su billetera sin ninguna resistencia; no obstante, los hombres lo golpearon y lo tiraron al piso para comenzar a quitar el resto de sus cosas; mientras lo jaloneaban le bajaron el pantalón y se percataron que era una persona transgénero, fue ahí cuando el ensañamiento se agudizó.

“Ellos pensaban que era gay y me gritaban ‘puto, te vamos a volver macho’, mientras me golpeaban. Cuando me bajaron los pantalones y se dieron cuenta que no tenía pene, empezaron a pegarme con más bronca, agarraron una rama que encontraron en la vereda y con eso me violaron”, relató el joven por medio de sus redes sociales. “Les digo de todo corazón que no se lo deseo a nadie, ni al peor de mis enemigos, porque te destroza el alma, te destroza la vida”, agregó.

El joven transgénero relató que a pocos metros de la agresión se encontraba un grupo de policías que pudieron escuchar el alboroto, pero no hicieron nada. Asimismo, relató que al acudir a la comisaría a levantar la denuncia los elementos de la policía no incluyeron la denuncia sexual.

“Los policías recibieron la denuncia sólo por robo y agresiones, no así bajo la figura de abuso. No pusieron nada, pero nada, de la violación”, indicó el joven. “Me mandaron a un médico forense en la Subjefatura de Policía, en la Chile y San Miguel, pero por las lesiones, no por la agresión sexual. Estuve dos horas esperando y recién me dijeron que el médico no iba a llegar, que venga a ver si lo encontraba a las seis de la tarde o que directamente fuera mañana“, contó.

Gargiulo afirmó que más allá del asalto y golpiza aún no puede superar la agresión sexual, alegando que aún no ha sido considerado por las autoridades.

Sin embargo, el titular de la comisaría, Juan Reinoso, aseguró que no recibieron reportes por violación: “Aparentemente, no denunció eso. Le hicimos la evaluación general y ginecológica y presenta lesiones corporales de un ataque… el informe realizado pasará por el departamento jurídico del hospital y después se enviará a la fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual” , explicó la encargada de realizar esta prueba en el Hospital Avellaneda, donde Lucas acude para su tratamiento hormonal.

“Cuando le conté a mi tía lo que había pasado, ella me dijo que si salía corriendo quizás me pegaban un tiro, o algo. Y la verdad hubiese preferido que me pegaran un tiro a que me siguieran violando. Es lo peor que me pasó en la vida“, cerró

Luego de que el caso se hiciera mediático el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) solicitó una reunión con el ministro de Seguridad de la Provincia, Claudio Maley. Para abordar el caso de este joven.

Fuente Desastre.mx/Dinamo

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En 2012 había recibido su DNI con su identidad de género autopercibida como mujer trans de manos de  la presidenta Cristina Fernández de Kirchner

El fallo histórico de la justicia argentina, que condenó al asesino de la activista trans Diana Sacayan por Travesticidio, ganó el premio Mallette del público, entregado por Women’s Link Worldwide. 

Diana Sacayán fue una de las impulsoras de la ley de identidad de género, la creadora del cupo laboral travesti-trans en la provincia de Buenos Aires, integrante del Programa de Diversidad Sexual del INADI, impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, secretaria de Asociación de Lesbianas, Gays y Bisexuales para América Latina (ILGA-LAC) y líder del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L).

Tenía 39 años cuando en 2015 Gabriel David Marino, de 25 años, la asesinó en su departamento de la Ciudad de Buenos Aires. Su cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, amordazado, con màs de veinte cortes en su cuerpo y tapada con un colchón.

En junio de este año, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Gabriel David Marino a prisión perpetua por el asesinato de Diana. En su su veredicto, el tribunal resaltó que se trató de un crimen de odio y que medió la violencia de género según los incisos 4 y 11 del artículo 80 del Código Penal. Por primera vez en la historia de la justicia argentina se utilizó la palabra Travesticidio en un fallo, lo que lo convirtió en histórico.

Para la organización que entrega Premios de Género y Justicia anualmente: “Esta sentencia marca un hito en la región para el avance de los derechos humanos de este grupo y le da visibilidad a estos atroces crímenes, cuya gravedad por mucho tiempo no ha sido reconocida como debería“.

AQUÍ puedes ver el histórico fallo.

Fuente Cáscara Amarga

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“Andate, putito, porque vas a cobrar”: el brutal ataque de patovicas en un bar de Ramallo, provincia de Buenos Aires. El joven de 22 años cursa en la UBA y fue atacado por tres empleados de seguridad del boliche “Mata Muá Bar”. Asegura que ocurrió luego de que lo discriminaran en reiteradas oportunidades a lo largo de la noche por ser gay.

El sábado por la noche, Federico Pasquali fue golpeado por tres empleados de seguridad del boliche Mata Mua de Ramallo, provincia de Buenos Aires y terminó hospitalizado con una sutura en el ojo, fractura de tabique y daños en la cavidad orbitaria. “Me sacaron del lugar y afuera me dijeron que ‘no querían putos’, que me fuera porque estaba molestando”, contó el joven a Presentes luego de presentar la denuncia en el Instituto Nacional Contra la Discriminación y el Racismo (Inadi).

Pasquali tiene 22 años y vive con su hermana en la Ciudad de Buenos Aires, donde estudia la carrera de Medicina. Este fin de semana había ido a su pueblo natal por el cumpleaños de un amigo y estaban festejando en el VIP del único bar-boliche del lugar. “Éramos un grupo diverso: había varios chicos gays, una chica trans, unas chicas lesbianas y también varixs heterosexuales”, cuenta el joven. Todo iba bien, según el relato que quedó registrado en la presentación hecha en el Inadi, hasta las 4.30: “Uno de los dueños llamó a mi amigo, que lo conoce porque había sido ‘tarjetero’ del bar, y le dijo: ‘Váyanse, que ahora empieza a llegar la gente linda’. Y mi amigo le dijo: “A vos no te molesta si somos o no somos lindos. A vos te molesta que hay una chica trans y que hay chicos besándose’. Y el dueño le dijo: ‘Bueno, quedate con cuatro o cinco, pero a los demás sacámelos porque me estás dando mala imagen’”.

“Los putos no tienen que estar acá”

Un rato después de esa advertencia, un empleado de seguridad se acercó a Federico y le dijo que tenía órdenes de sacarlo, mientras lo llevaba a la puerta. “Me sacaron a mí solo. En la puerta les pregunté por qué y me dijeron: ‘Puto de mierda, ándate de acá. Teníamos órdenes de sacarte porque estabas molestando. Los putos no tienen que estar acá’”. Federico entonces se alejó y le mandó un mensaje a una amiga que estaba adentro. Luego volvió e insistió con la pregunta: “Ahí el patovica me dijo: ‘A vos, puto de mierda, ya te dijimos que te vayas de acá’. Cuando me dijo eso, le tiré una piña; y ahí, ese me tiró al piso y me empezaron a pegar entre los tres mientras estaba en el suelo”. Según el joven, en la puerta había otras personas pero nadie intervino. Sólo su amiga, que ya había salido, pero que no pudo pararlos.

Frente al boliche, había un patrullero y los policías acudieron a la puerta: ahí esposaron a Federico y lo llevaron primero al Hospital José María Gomendio y después a la comisaría del pueblo. Allí, quedaron asentadas “denuncias recíprocas”. “Me trataron mejor en la comisaría que en el hospital, donde no me dejaron hablar con mi hermana, que quería verme. Y la enfermera me empezó a hacer preguntas como para querer decir que había tomado mucho o me había drogado. Y yo sólo había tomado un vaso de alcohol”.

Al día siguiente, Federico fue a ver al médico y lo internaron en observación para hacerle estudios y descartar daños internos.

La (no) respuesta del bar

Recién después de que la mamá de Federico, Graciela, denunciara la agresión homofóbica a su hijo, uno de los dueños Mata Mua Bar se contactó y preguntó cómo estaba Federico. Luego le pidió que sacara la publicación porque los afectaba “económicamente”. La mujer le dijo que se estaba ocupando de la salud de su hijo y les cortó. A las dos horas la volvieron a llamar para volver a pedirle que la bajara. Y al día siguiente otra vez: “Ahí ya fue en otro tono, que a mi mamá no le gustó y le dijo que hablara con su abogado”. No llamaron más.

Presentes envió mensajes a través de las redes sociales y del teléfono que figura en su página pero no recibió ninguna respuesta. El boliche publicó en su Facebook un posteo con consideraciones generales sobre la no discriminación pero nada dijo de cómo ocurrieron los hechos ni respondió a la denuncia.

“Nos sentimos profundamente entristecidos, la discriminación es un ataque a la esencia de la dignidad de las personas; dolidos y dañados por las calumnias recibidas. Atrás de este proyecto existen personas, familias y vecinos de esta comunidad, que nada tienen que ver con aquellos adjetivos que infructuosamente nos tratan de endilgar”, dice el comunicado que culmina con una cita de Martin Luther King y esta frase: “Estamos en contra de la violencia, estamos en contra de la discriminación, pero también en contra de la difamación”.

Federico, aunque vive en Buenos Aires, va habitualmente al boliche. “A mí nunca me había pasado nada, pero a otros chicos gays sí. No es la primera vez que hay un acto homofóbico ahí”.

Fuente SentidoG

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En 2012 había recibido su DNI con su identidad de género autopercibida como mujer trans de manos de  la presidenta Cristina Kirchner.

Diana Sacayan era una referente de la comunidad trans a la que mataron de 13 puñaladas. La Justicia condenó a Gabriel Marino (abajo a la derecha en la foto) por homicidio agravado por odio de género. 

En la primera condena por un travesticidio, la Justicia sentenció a un hombre a prisión perpetua por homicidio agravado por odio de género y violencia, por el crimen de la dirigente trans Diana Sacayán.

Sacayán fue asesinada de 13 puñaladas en su departamento del barrio porteño de Flores en octubre de 2015. El imputado, Gabriel David Marino (25), tenía un pedido de condena a prisión perpetua por travesticidio, tal como lo habían solicitado la fiscalía y las dos querellas, que agrupan a representantes de la familia de la víctima y al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

“Se espera una sentencia histórica, que el Poder Judicial reconozca que el asesinato de Diana fue un crimen de odio y por prejuicio a su identidad de género travesti y que este Poder Judicial se exprese por primera vez en la historia sobre la muerte de las travestis y reconozca que esto fue un travesticidio”, habían indicado en un comunicado de prensa.

El veredicto fue comunicado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4, integrado por los jueces Adolfo Calvete, Ivana Bloch y Julio César Báez.

La audiencia se transmitió por pantalla afuera de la sala, mientras que en la plaza Lavalle se realizaba una radio abierta y una transmisión en vivo para recordar a la víctima, impulsora de las leyes de Identidad de Género y de cupo laboral para las personas trans.

En la etapa de alegatos, el fiscal Ariel Yapur consideró a Marino responsable del “homicidio triplemente agravado por odio de género, por violencia de género y por el vínculo” de Sacayán (40) y señaló la “inmensa responsabilidad institucional” que posee la causa por la “dimensión de Diana como víctima” y por “el interés especial” que organizaciones internacionales tienen sobre el tema. “El caso de Diana es un caso testigo de las violencias contra las mujeres trans“, agregó sobre el asesinato de Sacayán, cometido entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de octubre de 2015.

Dos cámaras de seguridad cercanas al domicilio de la víctima ubican al imputado en el lugar del crimen. Una lo identifica cuando ingresó al edificio de Flores en el que vivía Diana, el 10 a la noche, y otra alrededor de las 4 del 11. En este último registro, se lo observa junto a otro hombre al que no se le ve la cara.

La representante de la familia de Sacayán, Luciana Sánchez, también consideró ante los jueces que éste fue un caso “fundacional” y que resaltó el “impacto” que tuvo en la comunidad, y suscribió la pena solicitada por la fiscalía.

En tanto, el abogado Ricardo Kassargian, querellante por el INADI, acompañó lo solicitado por sus colegas de la acusación y destacó en su alegato “el valor de las palabras”: “Si matan al padre, se habla de parricidio; si matan a un hijo, se habla de filicidio; al hermano, fraticidio… Entonces, cuando matan a una travesti por su condición de tal, se debe hablar de travesticidio“.

Durante la última audiencia, realizada el 7 de junio, el defensor oficial de Marino, Lucas Tassara, solicitó en primer lugar la absolución de su asistido, al cuestionar las pruebas presentadas por la acusación en relación, especialmente, a la hora de la muerte de Diana y la presencia de éste en el departamento en ese momento.

Fuente: Clarín, vía SentidoG

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El conductor ha sido suspendido durante 30 días por decisión de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) de Argentina.

Por Lucas Gutiérrez

“Encima de discapacitado, puto”, le dijo el chofer del interno 3004 de la línea 168, de la empresa Expreso San Isidro a Emanuel, un joven discapacitado que salía de la Fiesta Plop. “Yo a vos no te llevo a ningún lado”, agregó. Los pasajeros lo apoyaron y se plantaron al colectivero, quien cerró las puertas de la unidad impidiendo la salida de los pasajeros por más de 40 minutos hasta que intervino la policía.

Al salir de la Fiesta Plop, una conocida fiesta gay de Buenos Aires, a Emanuel Moyano no lo quisieron dejar subir al colectivo. “Encima de discapacitado, puto”, le dijo el chofer del interno 3004 de la línea 168, de la empresa Expreso San Isidro.

Cuando estaba por bajarse, los pasajeros lo apoyaron y se plantaron al colectivero. Acto seguido, el chofer cerró las puertas de la unidad impidiendo la salida por más de 40 minutos hasta que intervino la Policía: si no se bajaba Emanuel, no arrancaría. Según dijo a Presentes, ayer a la tarde presentó la denuncia en la Defensoría de la Ciudad. Desde la empresa San Isidro no quisieron hablar con este medio.

Emanuel, de 26 años, explicó que eran pasadas las 3 de la madrugada cuando subieron al colectivo, en la parada de Alvarez Thomas y Lacroze, en el barrio de Colegiales. Antes de ellos, subió una pareja heterosexual, pidió dos boletos y pagó utilizando una misma tarjeta SUBE. Cuando Emanuel pidió dos pasajes para él y su amigo con una misma SUBE, el chofer se negó. ¿Por qué no tenía la propia? Ante la pregunta, Emanuel le dijo que se había olvidado su carnet del certificado único de discapacidad (CUD) para poder viajar.

“Yo a vos no te llevo a ningún lado, andá a buscar otra SUBE o un carnet de mentira, si no tenés ni debes tener nada, mentiroso de mierda“, siguió diciendo el chofer en la parada frente a las inmediaciones de la conocida Fiesta Plop. “Discapacitado y encima puto. Vos no tenés nada, sino no estarías entrando acá enfrente”, repetía el conductor.

“¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Eso es tener poca información, un discapacitado no está solamente postrado. ¡Yo tengo derecho a salir! Sino me voy a morir, no por la enfermedad sino por depresión”, dijo a Presentes Emanuel.

“Estoy más discapacitado por la sociedad que por la enfermedad”

“La ley de discapacidad por la cual me dieron el carnet dice que yo no tengo por qué decirle a nadie qué enfermedad tengo”, explica Emanuel. El joven comenta que si bien su enfermedad, una enfermedad mixta del tejido conectivo, es de conocimiento público ya que es un caso que tuvo difusión en los medios por tratarse de una extraña y compleja situación, “estoy más discapacitado no por la enfermedad sino por la sociedad que me está matando. No estoy incluido en nada. Ni siquiera tengo la posibilidad de tener un buen trabajo”.

Al no bajarse Emanuel, el chofer de la línea 168 decidió cerrar las puertas no dejando bajar a nadie y quedándose estacionado. En su descargo en redes sociales, el joven cuenta que durante esos más de 40 minutos el conductor mantuvo encerrada incluso a una joven claustrofóbica. Esto también está narrado junto a los videos que acompañan el texto en Facebook.

Solidaridad

“Entre los pasajeros me regalaron siete tarjetas SUBE. Incluso una chica usando internet puso una a mi nombre”. Pero el chofer no accedía. “Por ser gay me quería bajar”, explica Emanuel. Hasta que no intervinieron varios policías la unidad no retomó su recorrido habitual.

Emanuel dice que al principio se iba a bajar del colectivo. “Le decía a mi amigo que nos bajemos, que la gente tiene que ir a trabajar”, pero la gente no quería que se bajara. “Al otro día de este hecho tuve ataques de epilepsia”, relata con una tonada que comparte su origen cordobés. “Sé que cualquier cosa me puede afectar, yo ya no quiero volver a estar en terapia intensiva”, explica Emanuel, quien tiene EMTC (enfermedad mixta del tejido conectivo), una enfermedad rara autoinmune que se manifiesta como tres enfermedades distintas: lupus, esclerodermia y polimiositis.

Agencia Presentes se comunicó con la empresa Expreso San Isidro, responsable de la línea de transportes 168. Desde la oficina de personal, un empleado que se negó a identificarse correctamente, informó que no hablarían con este medio.

¿Qué se hace en estos casos?

María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, explicó a Presentes que van a asesorar y acompañar a Emanuel respecto a las denuncias que puede hacer ante la justicia -civil y penal- y ante organismos como el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

“Vamos a abrir un expediente desde el cual vamos a citar a la empresa y al chofer. También vamos a pedir la intervención de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a quien le propondremos algunas líneas de trabajo para que estos hechos no se repitan ni en esta ni en ninguna otra línea de colectivos de corta ni larga distancia”, explica Rachid.

Visibilizar para que no se repita

Emanuel dice que dudó antes de visibilizar esta situación. “Al principio pensé que si yo hacía algo podía perjudicar a una familia, porque él seguro tiene una. Pero tantas veces me repitió ‘así como bajo a tantos acá (en la zona de la Fiesta Plop) ¿te pensás que no te voy a bajar a vos?’. Entonces si yo no hago algo esta situación va a seguir repitiéndose”, contó el joven.

Mientras en Argentina las cifras nos alertan del aumento de agresiones al colectivo LGBT+, Emanuel cuenta con testigos y ya está encaminado a realizar las denuncias pertinentes ante la justicia. “No me gustaría que esto le pase a otra persona”.

El conductor ha sido suspendido durante 30 días por decisión de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) de Argentina. Así lo ha dado a conocer el organismo a través de un comunicado, en el que explica que la sanción contra el conductor denunciado, Leonado Benítez, se tomó “por desconsideración a los pasajeros”. Del mismo modo, también han abierto una investigación sobre este caso de discriminación.

“Ante los hechos ocurridos el sábado pasado en el interno 3004 de la línea 168 y que son de público conocimiento, la CNRT suspendió de oficio la licencia profesional al conductor involucrado en los hechos. En este sentido, la normativa aplicada es la Resolución CNRT 28 de 2016 – Inciso I, considerando la conducta del conductor un acto de ofensa al pasajero”, afirma el comunicado, y amplía: “A partir de este momento, comienza una investigación que comprende evaluación psicofísica para determinar si el conductor se encuentra en condiciones de realizar su oficio de manera responsable. De acuerdo a los resultados que arroje dicha investigación, la sanción puede extenderse y agravarse, en caso de comprobarse los hechos citados”.

El episodio fue denunciado por la víctima, Emanuel Moyano, quien narró en su cuenta de Facebook los hechos ocurridos durante la madrugada del sábado pasado, cuando salía de un local de ambiente gay conocido como la Plop junto con un amigo.

Fuente Agencia Presentes/Agencias, vía SentidoG y Cáscara Amarga

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Un joven será sometido a juicio desde este lunes por el crimen de la líder de la comunidad trans Diana Sacayán, asesinada a puñaladas en octubre de 2015 en su departamento del barrio porteño de Flores, y por primera vez se aplicará la figura de “travesticidio” en la Capital Federal, informaron fuentes judiciales.

Un joven será sometido a juicio desde este lunes por el crimen de la líder de la comunidad trans Diana Sacayán, asesinada a puñaladas en octubre de 2015 en su departamento del barrio porteño de Flores, y por primera vez se aplicará la figura de “travesticidio” en la Capital Federal, informaron fuentes judiciales.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº4, que fijó otras dos audiencias para el 14 y 16 del mismo mes.

El fiscal de juicio será Ariel Yapur, mientras que en el banquillo de los acusados estará Gabriel David Marino (25), quien está detenido desde octubre de 2015 y a quien en noviembre pasado la Cámara de Casación le prorrogó la prisión preventiva por cuatro meses más.

Según las fuentes, este joven está imputado de los delitos de “homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado mediando violencia de género por odio a la identidad de género y con alevosía y robo”.

Esto significa que este será el primer juicio por un travesticidio en la Capital Federal, ya que hasta ahora sólo se realizaron dos, uno por el crimen de Natalia Sandoval (35) -en Mendoza– y otro por el de Vanesa Zabala (31) -en Santa Fe, pero en esos casos, si bien se aplicó pena de perpetua, no se aplicó el agravante de odio de género.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio realizado por los fiscales Matías Di Lello y Mariela Labozzetta, Marino, junto a otro hombre (que no se encuentra en esta etapa procesal) asesinaron a Sacayán (40) en el interior del departamento de la avenida Rivadavia al 6700 entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre de 2015.

El cuerpo fue hallado dos días después atado de pies y manos, y la autopsia reveló que la víctima presentaba 27 lesiones en su cuerpo, 13 de ellas producidas por un arma blanca, presumiblemente con un cuchillo de una hoja de 20 centímetros secuestrado en la escena del crimen.

Por su parte, Marino reconoció en su indagatoria que había conocido a Sacayán en el marco de un tratamiento por adicciones y que había tenido un par de encuentros sexuales con ella, pero negó haberla matado.

Según la versión del acusado, él llegó al departamento donde había otro hombre con el que la víctima habría discutido y en esas circunstancias, Sacayán habría sacado un cuchillo, que le fue arrebatado por esa otra persona que la apuñaló.

Para los fiscales que intervinieron en la etapa de instrucción, el contexto y el modo en el que se produjo el hecho permitieron suponer que el homicidio estuvo motivado “por su condición de mujer trans y por su calidad de miembro del equipo del Programa de Diversidad Sexual del INADI, impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA) y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL)“.

Los fiscales sostuvieron que Marino llamaba por teléfono a Sacayán, la contactaba por Facebook e iba seguido a su departamento, al tiempo que ella lo presentó a sus compañeras y amigas como su novio.

Para los acusadores, el imputado ingresó al círculo íntimo de la víctima durante el último mes de su vida y que esas circunstancias le facilitaron el acceso a la vivienda la noche del homicidio.

En cuanto a la acusación, fundada en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal que permite configurar un homicidio en femicidio, los fiscales explicaron que la identificación del género de una persona debe hacerse en función de su identidad de género.

Por ello, el término “mujer” incluye también a las personas travestis, transexuales o transgénero que tienen una identidad femenina.

En ese sentido, los fiscales consideraron que el inciso 11 abarca una modalidad específica de femicidio que es la llamada “travesticidio/transfemicidio” y es la que pretende visibilizar la particular violencia que sufren las travestis y mujeres trans.

Con respecto al odio, indicaron que el primer indicio para establecerlo es el alto grado de violencia con que los autores perpetraron el crimen y “los signos de ensañamiento que exceden claramente la mera intención de matar”.

Al respecto, recordaron que la víctima fue apuñalada, amordazada, atada de pies y manos, golpeada, con puños y objetos contundentes y hasta pateada.

Por último, los fiscales remarcaron que en la indagatoria del acusado se evidenciaron “prejuicios que albergaba hacia las personas travestis y homosexuales”.

Por su parte, el otro sospechoso fue detenido al igual que Marino el 28 de octubre de 2015 en el partido bonaerense de Morón, y se estima que será juzgado por el hecho en otro debate oral.

Fuente Ambito.com, vía SentidoG

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