Wilson Castañeda: «Los grupos antiderechos usan América Latina como laboratorio»

Entrevista al activista por los derechos humanos colombiano Wilson Castañeda, experto en procesos de paz y diversidad sexual, y director de la organización Caribe Afirmativo.
Fuente Agencia Presentes
29 de julio de 2024
Agustina Ramos
Edición: Ana Fornaro
El experto de la subcomisión de diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, Wilson Castañeda, trazó, en su paso por la Argentina, un diálogo entre lo que fue el Terrorismo de Estado y el conflicto armado colombiano. Para el politólogo y activista, ambos procesos “tienen en común que hicieron más difícil la vida de los grupos históricamente más marginados, como la de las personas LGBTIQ+”.
En el proceso de Paz que enfrenta Colombia desde 2016, para Castañeda “es muy importante leernos frente a un proceso de dictadura: qué significa construir un proceso de reparación integral, garantizando vida digna a las personas LGBT”.
Castañeda es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana y doctorando de esa misma universidad. También es director de la Corporación Caribe Afirmativo, una organización de defensa de los derechos LGBTI, y fue consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
“Compartimos dos realidades que, si bien son diferentes, tienen la misma estructura. La dictadura argentina y el conflicto armado colombiano tienen en común que hicieron más difícil la vida de los grupos históricamente más marginados. Tanto en Argentina como en Colombia, las personas LGBTIQ+ fueron victimizadas por la dictadura y el conflicto armado. Hicieron más difícil sus proyectos. Las sanciones morales que impuso tanto la dictadura como el conflicto armado terminaron generando sanción social a la diversidad sexual y de género”, analizó Castañeda.
En esta línea, el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata reconoció en marzo de este año por primera vez en la historia que ocho mujeres trans y travestis fueron víctimas de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar argentina (1976-1983). En los fundamentos de este fallo histórico, el Poder Judicial consideró que “el Terrorismo de Estado fue garante de un modelo sexo genérico hegemónico (…) en una cultura netamente patriarcal-occidental”. Las identidades trans y travestis fueron consideradas “subversivas” del modelo “occidental y cristiano” por lo que fueron perseguidas y violentadas especialmente.
Durante su paso por la Argentina, Presentes conversó con él sobre los puentes que se pueden tender entre ambos momentos históricos, los tipos de reparaciones necesarias para garantizar la no repetición y la avanzada de ultra derechas a nivel global.
– ¿Cómo empeoraron la vida de las personas LGBTIQ+, tanto la dictadura argentina como el conflicto armado colombiano?
– Las democracias están hechas para garantizar derechos. Una dictadura y un conflicto armado rompen la democracia, es decir ponen en jaque los derechos, y adicionalmente tienen un componente moral. Esto termina generando una afectación a los grupos poblacionales más invisibilizados. En el caso de las personas LGBTIQ+ esa calidad de vida, en un ejercicio comparado entre Argentina y Colombia, se puede ver en tres factores. En primer lugar, el aumento de violencia: asesinatos, feminicidios, travesticidios, amenazas, desplazamiento forzado, tortura, violencia sexual. Lo usan para desaparecer, controlar o eliminar las vidas de las personas LGBTIQ+.
El segundo asunto es que genera unas cadenas jerárquicas de acceso a recursos y allí no hay cabida para las personas LGBTIQ+. Entonces la pobreza, la habitabilidad de calle, el no participar en las políticas de distribución de bienes y servicios empieza a hacer que los renglones de pobreza y marginalidad sean ocupados por estos grupos. Y en tercer lugar, tanto las dictaduras como los conflictos armados ponen en jaque la vida digna de las personas LGBTIQ+ porque cierran espacios de participación. La dictadura en la última fase y el conflicto en su decadencia -cuando ya hay una sanción social-, reducen el tema de la eliminación de personas pero acuden al tema de la invisibilización. Entonces se cierran espacios de participación, se empieza a tener control social y político sobre los cuerpos. Por eso, reconstruir la democracia después de un conflicto armado o dictadura tiene su principal apuesta en darle visibilidad a los grupos poblacionales que históricamente fueron invisibilizados.
– ¿Cómo se piensa en Colombia el proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado?
– Nuestro proyecto de paz y nuestra ley de víctimas considera como los cuatro valores fundamentales de la justicia transicional a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, entendiendo que hay un vínculo entre uno y otros. En materia de reparación apelamos tanto a la reparación individual como a la reparación colectiva, la monetaria y la simbólica. La individual porque cada vida tiene que ser reparada en su mismidad. La colectiva porque el conflicto armado rompió procesos organizativos que deben recuperarse. La monetaria porque empobreció a la gente y hay que darle recursos para que acceda a servicios que mejoren su calidad de vida. Y la simbólica porque el conflicto armado impuso un proyecto moral y político homofóbico, transfóbico, misógino, patriarcal y machista.
Pero el mayor reto de la reparación en Colombia tiene que ver con proponer una reparación transformativa. El informe de la Comisión de la Verdad da cuenta que el conflicto armado hizo más difícil la vida de las personas LGBTIQ+. Entonces, el gran reto de la reparación es hacer cambios estructurales. Ir a la raíz de esas prácticas que son sociales, anteriores al conflicto armado. Y erradicar de raíz esas prácticas para que no vuelvan a ocurrir. De lo contrario, podemos firmar la paz, superar el conflicto, garantizar que los actores armados vuelvan a la civilidad, pero se va a seguir victimizando a las personas LGBT.
– ¿Cómo observás la avanzada de proyectos políticos de ultraderecha a nivel global y su impacto en América Latina?
– En los últimos años la derecha y el neoliberalismo han dejado constancia de que quieren desmantelar derechos, quieren reducir el Estado a su mínima expresión. Hoy es notorio en el mundo que las empresas y el capital están controlando la democracia. La agenda social pone en jaque sus proyectos de expansión. Hay una claridad que es que América Latina es hoy por hoy un escenario en el cual los grupos antiderechos están haciendo de él un laboratorio. Se trata de reducir el Estado social a la más mínima expresión y permitir que la empresa privada avance.
Les activistas Darío Aries, de Conurbanes por la Diversidad, Flor Guimaraes, de la organización La Casa de Lohana y Diana, Wilson Castañeda y la activista Greta Pena, de 100% Diversidad y Derechos, en la Facultad de Derecho
– ¿Cómo analizás la relación entre esta avanzada reaccionaria con la promoción de una agenda anti derechos?
Tenemos quienes están buscando que ese desmonte de derechos tenga el apoyo del pueblo. Crean discursos de odio para hacerle creer a la gente que el avance de nuestros derechos causa la crisis económica y material. Hoy la agenda antiderechos es agenda política. Se ha instalado el discurso anti derechos como una forma de gobernar, que eso no pasaba antes. Había gobiernos muy conservadores pero jamás usaban el discurso anti derechos para gobernar.
Se trata de una estrategia multinacional que escapa a los países. Los grupos antiderechos son grupos de estrategia regional. Tienen gente en Argentina, Brasil, Colombia, México, actúan en bloque y tienen grandes financiamientos que vienen del norte.Lo que está pasando hoy en Argentina tiene apoyos y redes de grupos antiderechos de otros países. que terminan jalonando inclusive en términos mediáticos. América Latina es la región más fácil donde los grupos antiderechos pueden desmantelar el estado social de derecho. Porque tenemos unas prácticas culturales y religiosas que nos unen. Los grupos antiderechos dicen que no se puede avanzar en derechos LGBT porque eso va a destruir la familia y la familia es un valor que nos une.
– ¿Cuáles son las estrategias que puede tener el activismo LGBT y la ciudadanía frente a este panorama?
Yo creo que las estrategias de la ciudadanía deben ser, primero, construir proyectos políticos que superen los gobiernos. El movimiento LGBT en Argentina actúa por el día a día. Creo que nos toca construir proyectos políticos de largo plazo que nos permitan consolidar las conquistas. También es necesario sumar cada vez más aliados. Nos hace mucho daño cuando actuamos en gueto.
Según el PNUD, Colombia es uno de los países que más garantiza los derechos de las personas LGBTIQ+ por la normativa que tiene. Sin embargo, también es uno de los países más violentos. Es algo muy frustrante. En este sentido, creo que las normas necesitan de cultura ciudadana para poder implementarlas. Nosotros en Colombia nos hemos dedicado a hacer incidencia en quien crea la norma. Pero no lo hemos hecho en quien finalmente materializa la norma, que es el señor de la tienda, del colegio, el vigilante, la inspectora, el policía de la calle.
Por otra parte creo que tenemos que ser más creativos en el lenguaje. A veces somos muy aburridos, muy racionales; tenemos que crear unos mecanismos que nos acerquen más a la gente. Los grupos anti derechos en eso nos han llevado ventaja porque son muy creativos: apelan a las emociones. Además, tenemos que exigir que la sociedad deje de ver lo nuestro como privilegios. Lo nuestro son derechos y los derechos no se ponen en jaque. Por último, no perder el optimismo, la alegría. Que no se nos olvide que resistimos a gobiernos horribles.
El Tribunal durante la lectura del veredicto, en marzo de 2024, La Plata.
Los delitos juzgados fueron cometidos durante la última dictadura militar en los centros clandestinos Pozo de Banfield; Pozo de Quilmes; El Infierno (Lanús, Avellaneda); y en la Brigada de Investigaciones San Justo, en la provincia de Buenos Aires. En el caso de las ocho víctimas travestis y trans, los delitos fueron en el Pozo de Banfield.
Julieta Alejandra González, el día de su declaración ante el Tribunal. Archivo de la Memoria Trans.
Desde hace años, la Fiscalía insiste en que si bien existían códigos contravencionales por los que personas travestis y trans eran detenidas, no fueron detenciones legales. “Las violencias a las que fueron sometidas son exactamente las mismas a las que fueron sometidas todas las personas en centros clandesrtinos durante el Terrorismo de Estado”, argumentó.
Marcela Viegas Pedro declaró en abril de 2023, acompañada por el equipo de Acompañamiento de Testigxs de la Secretaría de DDHH de la provincia.
Fabiana Gutiérrez, una de las víctimas que declaró en el juicio. Foto: Ariel Gutraich/Agencia Presentes
Ana Oberlin, abogada especializada en Derechos Humanos, Género y Derecho Penal, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y familiar de desaparecides, junto a una sobreviviente trans, en una charla sobre el juicio en el Bachillerato Popular Trans No Binarie Mocha Celis
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Integrantes de la Asociación civil Gondolín reclaman por una ley de reparación histórica.
Patricia Rivas, Luana Salvá y Umma Almiron durante la manifestación en pedido de una ley de reparación histórica.
Por primera vez en la historia, un juicio de lesa humanidad se enfocó en la declaración de cinco mujeres trans y travestis víctimas de la dictadura.
La primera en declarar fue Fabiana Gutiérrez. Lo hizo por videconferencia, desde Italia, adonde llegó huyendo de las violencias hace más de 40 años. Carla contó que era una adolescente cuando fue llevada al Pozo de Banfield.
Paola Leonor Alagastino fue la segunda testigo, también por videconferencia desde España. Contó que tenía 17 años cuando la llevaron de Camino de Cintura, la metieron adentro del baúl de un Falcon Blanco, en el invierno de 1977, y la llevaron a la Brigada de Bánfield, donde funcionó este centro clandestino.
Nora Cortiñas y Norma Castillo. Foto: cobertura de Agustina Ramos
Desde el movimiento LGBTI+ queremos visibilizar la historia de lucha de nuestro movimiento, por eso reivindicamos al Frente de Liberación Homosexual (FLH) que nos convocaba a amar libremente en un país liberado. Al mismo tiempo reclamamos por el derecho a la verdad, a saber que paso con las personas LGBTI+ detenidas desaparecidas, a conocer sus historias militantes y que se visibilice la represión que sufrieron por su orientación sexual e identidad de género.


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