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“Un pecado contra el Espíritu Santo”: Estos son los nombres de los jueces y forenses que más reprimieron a homosexuales durante el franquismo

Sábado, 29 de abril de 2023
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C0DA652B-7A7B-48FE-983D-B822CDA05A5A El magistrado del Tribunal Supremo Luis Vivas Marzal consideró —en sentencia pública— la homosexualidad como “un pecado contra el Espíritu Santo”

José Garralda Valcárcel: “El expedientado es homosexual, […] inmundo pináculo de la suprema ignominia humana […]”

“Hay aún mucho miedo a desvelar la verdad, y es algo que no puedo entender”

El Ministerio de Justicia recibió recientemente el visto bueno de Protección de Datos para publicar un ensayo en la que aparecen datos personales de jueces y forenses que reprimieron a homosexuales con la ley de peligrosidad social franquista. El autor lo tiene claro: “Si hubiesen censurado los nombres no hubiese autorizado su publicación”

 Por Pablo Romero

Todos tenemos derecho a conocer la verdad a través de documentos y sentencias públicas, como también tenemos derecho a la intimidad en el ámbito privado. Pero ¿tienen derecho jueces y forenses a ese anonimato en el desempeño de sus funciones? Es decir, ¿es importante saber si un magistrado del Tribunal Supremo considera —en sentencia pública— la homosexualidad como “un pecado contra el Espíritu Santo”?

La última obra del catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén Guillermo Portilla Contreras, editada por el Ministerio de Justicia, expone una larga lista de magistrados, juristas y forenses que contribuyeron a desarrollar y aplicar la dura normativa franquista de represión contra las personas homosexuales. A ellos se les condenaba no ya por haber practicado sexo con alguien del mismo género, sino simplemente por el hecho de existir.

Este volumen, titulado Derecho penal franquista y homosexualidad: del pecado y la aberración sexual al estado de peligrosidad (a la venta aquí), ha provocado que el propio ministerio pidiese un informe (PDF) a la Agencia de Protección de Datos (AEPD) por la cantidad de nombres que se proporcionan, pero en un informe bastante claro la agencia ha dictaminado que no hay ningún problema: la historia, en este caso, no se toca.

Llega así la primera monografía sobre derecho penal franquista y homosexualidad, una obra profundamente documentada que nombra a todos y cada uno de los cómplices de la dura represión dictatorial a los homosexuales.

Los principales nombres

La lista completa se puede encontrar en el libro. Pero de entre todos destacan nombres como el del juez Antonio Sabater Tomás, “gran artífice de la represión de homosexuales” desde los juzgados de Vagos y Maleantes de Cataluña y Baleares, “planteaba la experimentación para ‘curar’ homosexuales con hormonas o descargas, como en el campo nazi de Buchenwald“.

Junto al magistrado del Tribunal Supremo Luis Vivas Marzal —seguidor de la tesis de Himmler, que defiende la teoría del contagio—, ambos manifestaron abiertamente su cruzada contra la homosexualidad, no sólo en las sentencias sino en libros y entrevistas. De hecho, Vivas Marzal consideraba la homosexualidad como “un pecado contra el Espítitu Santo”.

También aparece el magistrado José Garralda Valcárcel, de los juzgados de Canarias, cuyas “sanciones y descalificaciones fueron humillantes“. Valga como ejemplo este extracto de una sentencia suya: “El expedientado es homosexual, […] inmundo pináculo de la suprema ignominia humana, el parasitarismo de la prostitución y de la liviandad, siendo siempre socialmente peligrosos, ya tengan o no tipicidad delictivas y ya se ejerciten respecto de mayores o menores de edad, descubierta o clandestinamente […] conceptuado psicópata sexual […] Pederasta activo y pasivo”. Etcétera.

Los informes de la Policía Nacional y de Guardia Civil del régimen franquista tampoco se quedaban cortos en cuanto al trato vejatorio a personas que, recordemos, sólo eran juzgados por ser acusados de homosexualidad. Por un simple rumor, en ocasiones: “Por ser propenso a la sodomía, por ser afeminado […]; de tendencias e inclinaciones a la sodomía, lo pone de manifiesto en sus acciones y gestos y en alguna ocasión, durante la noche, les fueron oídas conversaciones a él y a [omitido] que se referían a hombres guapos y hombres feos…”.

Mención aparte merecen los informes forenses que se aportaban en los procesos, cuajados de pseudociencia. Muchos de ellos estaban directamente inspirados por Valentín Pérez Argilés, catedrático de Medicina Legal y Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza, quien “abogó por el carácter patológico de la inversión”.

En muchos de esos “informes periciales” pseudocientíficos se determinaba que un sujerto era “homosexual pasivo” por detectarse, por ejemplo, “dilatación esfiterina y casi desaparición de pliegues” en su ano, o bien un “marcado amaneramiento […] un psiquismo deformado […] una constitución feminoide […] y una deformación de la personalidad psíquica común a casi todas las formas de perversión sexual”.

El lesbianismo era prácticamente invisible en la época de la dictadura; tal y como reconoce el autor de esta obra de investigación, “sólo se ha encontrado un caso de ‘lesbianismo’ condenado por estado peligroso de homosexualidad”. Fue en Sevilla.

El origen de la obra

“Yo llevaba cinco años trabajando en una obra sobre la represión de la homosexualidad durante el franquismo en todos los archivos de Vagos y Maleantes que había en España, cuando el Secretario de Estado de Justicia se puso en contacto conmigo para ver si podía elaborar un libro sobre el Derecho Penal bajo la dictadura franquista, sus bases ideológicas, el falangismo, el nacional catolicismo y sus protagonistas”, comenta a Público en conversación telefónica el propio Guillermo Portilla Contreras. “Es decir, la idea era escribir sobre todos los catedráticos de filosofía del Derecho, de Derecho Penal, de Derecho Político, etc, que legitimaron al régimen y gestaron la legislación penal de entonces; además, algunos se involucraron como jueces en los tribunales de excepción franquistas”, añade.

El catedrático contestó que primero quería terminar su investigación. “Como no tenía editorial, desde el Ministerio de Justicia se ofrecieron a publicarme este libro, que entregué el pasado diciembre”, afirma, y añade: “El pasado día 30 he entregado el otro volumen, sobre Derecho Penal bajo la dictadura”.

Los archivos, ese agujero negro

“El problema que aún tenemos en España es que cuando uno va a un archivo no es posible ver todos los documentos deseables, sino que hay que pasar por una serie de requisitos y burocracia“, lamenta el autor. “Por ejemplo, que hayan transcurrido 50 años desde la firma de un determinado documento, tal y como recoge la Ley de Patrimonio Histórico, y eso es un inconveniente”.

“Muchos se preguntan sobre la ‘moda’ de investigar el pasado, y la respuesta inmediata es que es imposible investigar hechos más recientes”, apunta, y añade: “De hecho, para esta investigación sobre represión de la homosexualidad, yo no he podido ir más allá del año 1969″.

En las primeras páginas de la obra se puede comprobar que los criterios para el acceso a los documentos varían de uno a otro archivo. “En algunos tienes a un guardia de seguridad mirando por encima del hombre, en otros te dejan ver hasta un año determinado, y en otros directamente no hay ningún expediente sobre homosexuales y han desaparecido parte de los correspondientes a la Guerra Civil”, comenta.

Por ejemplo, no queda ni rastro de los expedientes de los Juzgados de Vagos y Maleantes de Valencia, en gran parte debido a las “juntas de expurgo” de gobiernos anteriores. “Las comisiones de expurgo en la Comunidad Valenciana, un gobierno controlado durante muchos años por la derecha, han hecho lo que han querido en los últimos años y han tomado decisiones muy cuestionables“, señala Portilla.

En Zaragoza, lo que queda de información se encuentra “en el Archivo Municipal de La Muela sin acceso público”. Presuntamente. En cambio, otros archivos, como el de Barcelona, permiten un acceso mucho más abierto y colaborador. No en vano, el ayuntamiento de la ciudad trató de querellarse hace un año contra contra los jueces que encarcelaron a personas LGTBI durante la dictadura franquista, aunque sin éxito.

Por otro lado, los archivos militares “están abiertos una o dos horas al día para los investigadores”, lamenta el investigador. Precisamente esta misma semana, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, aseguró que el departamento “está en la apertura al máximo de los archivos militares”. “Es muy importante que la gente pueda acceder a los archivos para no repetir los mismos errores e incluso para no hablar con tanta ligereza como con la que se habla de las cosas”, dijo esta misma semana la ministra. Todo ello, año y medio después de destaparse que los archivos militares habían colocado un cerrojo a gran parte de su documentación ‘clasificada‘ amparándose en la Ley de Secretos Oficiales, vigente desde 1968. “Ése es el contexto de esta investigación”, resume Portilla.

El porqué de los nombres

“Yo he citado a todos los jueces que firmaron las sentencias, que son públicas”, alega el investigador, que agrega: “Al trabajar con los textos de las sentencias y con los informes de las prisiones, aparecen por supuesto los nombres no sólo de los jueces y magistrados, sino también de los forenses, algo fundamental en estos casos porque eran necesarios para condenar”.

“Los forenses determinaban si uno hombre era homosexual activo o pasivo por la formas de su ano y esto, además, determinaba su condena dado que se penaba sobre todo a los pasivos”, recuerda.

Las penas, que oscilaban entre los tres y los cinco años de internamiento, iban acompañadas de otros dos años de destierro y, además, tras ello se les imponía una ‘libertad vigilada’ a cargo de dos delegados seguían al homosexual por la calle, en teoría para ayudarles a encontrar trabajo. “Pero claro, era en realidad todo lo contrario”, asegura el catedrático. Porque además se identificaba la homosexualidad con la pederastia.

“Miedo a desvelar la verdad

“Yo estaba muy contento con la publicación de este libro, porque además contiene una importante parte de anexos donde aparecen los informes, y lo único que se ha borrado son los nombres de los homosexuales, de los condenados que en realidad eran las víctimas”, subraya.

“No obstante, a los pocos días el servicio de publicaciones me dijo que había un problema, la aparición de los nombres de los jueces, de los forenses…”, comenta, y añade: “Yo les dije que mi obra no era una novela, sino un ensayo, y trata sobre la represión franquista que yo puedo demostrar, con información que está en los archivos, con sus sentencias y las cartas entre los jueces, los catedráticos…; es decir, se trata de un análisis de datos objetivos”.

 Para Portilla, “se han cumplido todos los trámites, han pasado 50 años desde la firma del documento, la normativa no impedía la publicación de los nombres, pero el delegado de protección de datos había emitido un informe negativo”. “Pero yo les dije que no pensaba publicar un libro con esos nombres de jueces y forenses censurados“, asevera, “no se puede ocultar el nombre de estas personas responsables de esta represión porque es parte de la historia”.

Este catedrático lamenta que exista tan poca investigación sobre memoria histórica en el ámbito del Derecho Penal, y cree que hay mucha labor por hacer.

Pero también reconoce que hay muchos “hijos de” que hoy día “siguen ocupando determinados puestos…”. Y prefiere callar. “No sé, hay aún mucho miedo a desvelar la verdad, sobre todo quiénes fueron los protagonistas, y es algo que no puedo entender”, concluye.

Fuente Público

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Gobierno de España e Iglesia Católica colaborarán en políticas sociales, lucha contra la pobreza y acogida a refugiados

Jueves, 7 de junio de 2018
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cristianospsoe_560x280Asamblea Federal de Cristianos PSOE, celebrada el sábado en Ferraz

Pedro Sánchez quiere una Ley de Libertad Religiosa y hacer del Valle delos Caídos un memorial de las víctimas de la Guerra Civil.

La denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado no tiene el consenso para ser aprobada en esta legislatura 

(Jesús Bastante).- “Lo que a un cristiano le importa de un político no es que jure su cargo ante un crucifijo, sino sea honesto, construya bien común, e impulse politicas Mt 25. Tuve hambre y me diste de comer, fui extranjero y me acogiste”. Las palabras de Carlos García de Andoin, uno de los históricos referentes de los socialistas cristianos, sirven de marco para entender las prioridades del nuevo Gobierno en sus relaciones con la Iglesia: evitar la confrontación y apostar por la plena colaboración en políticas para los descartados.

En lo que toca específicamente el ámbito religioso, el Gobierno tiene cuatro ejes de actuación: la aprobación de una Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia; el cambio de embajador de España ante la Santa Sede; potenciar la subdirección de Asuntos Religiosos, que podría volver a convertirse en Dirección; y recuperar el protagonismo que tuvo en sus orígenes la Fundación Pluralismo y Convivencia. También,desencallar la situación del Valle de los Caídos, cumpliendo con la Ley de Memoria Histórica, y transformándolo en un Memorial de las Víctimas de la Guerra Civil.

Y es que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere eludir polémicas recurrentes, para las que además no hay consenso (ni tiempo) en una legislatura de salida. Así, aunque el ‘programa’ del hoy presidente sí hablaba claramente de la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado, el fin de la Religión como asignatura curricular o la autofinanciación de la Iglesia, lo cierto es que la apuesta del PSOE es la de colaborar “por el bien común”, tal y como también saludaba, en su carta de felicitación, el presidente del Episcopado, Ricardo Blázquez.

“Estamos en un momento de oportunidad para defender políticas que faciliten la vida de los más débiles y vulnerables, de los ‘descartados’ de los que habla el Papa Francisco”, sostiene Juan Carlos González, coordinador de la corrientes ‘Cristianos PSOE‘ que, curiosidades de la vida, celebró su Asamblea General el sábado pasado en Ferraz, mientras Pedro Sánchez prometía su cargo en Zarzuela. Por primera vez, sin crucifijo ni Biblia.

“Lo importante no son los gestos, sino que las iniciativas de este Gobierno vayan en favor de los más débiles, de los machacados por la crisis. Y las expectativas son óptimas”, subraya González. El comisionado por la infancia, la lucha contra la pobreza, el ingreso mínimo vital, cumplir con el cupo de refugiados… son algunos de los temas en los que PSOE e Iglesia pueden, y van a colaborar.

De hecho, la carta de Blázquez a Sánchez ha sido acogida por satisfacción en el PSOE, cuyos fontaneros destacan la “óptima relación” entre el presidente del Episcopado y Óscar Puente, portavoz de la Ejecutiva federal socialista. El cardenal y el alcalde de Valladolid son un puente para que la relación entre Iglesia y Gobierno sea más fluida, pese a la preocupación existente en el episcopado ante la posibilidad de que algunos socios del nuevo Ejecutivo planteen medidas laicistas, como la denuncia de los Acuerdos.

En lo que sí trabajará el nuevo Gobierno socialista será en rescatar la Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia que estuvo a punto de ser aprobada por el último Ejecutivo de Zapatero. “Una ley -en palabras del coordinador de Cristianos PSOE- que facilite la libertad de conciencia, la igualdad de trato y la separación entre el Estado y cualquier confesión religiosa”.

De hecho, durante la Asamblea Federal de este órgano, el secretario de Laicidad de la Ejecutiva del PSOE, Juan Manuel Rodríguez Uribes, destacaba que “tenemos una oportunidad para hacer una España mejor, más abierta,donde se establezca el respeto”, una sociedad donde “la laicidad como el gran valor no signifique la persecución de las creencias religiosas, sino el respeto a la conciencia individual de cada uno”.

Desde Cristianos PSOE recuerdan que “el PSOE debería tener una relación con el hecho religioso en positivo, teniendo en cuenta que el 71% de la población se dice católica, y un porcentaje amplio nos vota. Y creo que vamos en buena dirección”, apunta González.

Más allá de las relaciones del día a día, el Gobierno quisiera cambiar al recientemente nombrado embajador de España ante la Santa Sede, Gerardo Bugallo, dentro de los relevos de cargos ‘políticos’ en embajadas de cierta relevancia.

A su vez, y especialmente si Margarita Robles asume la cartera de Justicia, potenciar la subdirección de Asuntos Religiosos, que volvería a tener rango de Dirección General; y recuperar la función de la Fundación Pluralismo y Convivencia, una de las grandes apuestas del Gobierno Zapatero, como garante de la libertad religiosa y para fomentar la acción social y organizativa de las confesiones minoritarias, que cada vez tienen una mayor presencia en nuestra soiedad.

En definitiva: Pedro Sánchez, en sus meses al frente de Moncloa, no quiere quemar los puentes de diálogo con la Iglesia, sino potenciar la colaboraciónen aquellos aspectos, que no son pocos, que tienen en común, y en los que el Papa Francisco también parece implicarse: un modelo económico más justo, la apuesta por los más débiles y descartados, y la lucha contra la desigualdad. Un camino, como subrayaba Carlos García de Andoin, más cerca de ese Mateo 25 que, según Bergoglio, es el centro del Evangelio de Jesús.

Fuente Religión Digital

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