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Nacional-Catolicismo: Represión homosexual durante el Franquismo

Jueves, 4 de mayo de 2023
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f.elconfidencial.com_original_9ff_47e_6fa_9ff47e6fa9dd642b14384cdcaf64afdbPor Zoraida Jaime González

octubre 20, 2021

La conceptualización del homosexual como estigma y sujeto peligroso se aborda en las primeras décadas del siglo XX de la mano de importantes criminólogos, médicos y psiquiatras, que investigaban con métodos científicos el origen de esa “inversión sexual” y sus causas, y con ellas trataban de hallar una solución, fundamentalmente médica, para extirpar al responsable. Existían estudios criminológicos, como el de Constantino Bernaldo de Quirós, que vinculaba de forma explícita la prostitución y la homosexualidad a la peligrosidad social.

La figura más importante fue el médico y científico Gregorio Marañón, quien en su obra La evolución de la sexualidad y los estados intersexuales de la especie humana, publicada en 1929, escribió que no era cuestionable que los hombres y las mujeres homosexuales siguieran su instinto sexual de la misma manera que lo hacían los heterosexuales. Además, defendía que el aparato legal no debería de ocuparse de la homosexualidad, en primer lugar, porque se les eximía de culpabilidad a los homosexuales y, en segundo lugar, porque la desviación del instinto no debía de castigarse, sino ser tratada como asunto médico, ya que por esa desviación era diagnosticada como enfermedad (Mora Gaspar, 2019: 41).

Se constata que, en el marco de la República, sobre todo en los círculos intelectuales de la izquierda política, existió una progresiva tolerancia frente a la homosexualidad, que no llegó a garantizar la total normalización de las relaciones homoafectivas, pero sí colaboró a la visibilización del fenómeno coadyuvada particularmente por las vanguardias artísticas y la estética sexualmente ambigua del modernismo (Terradillos Basoco, 2020: 91).

Sin embargo, el ambiente de cierta tolerancia y libertad que se respiraba en los años de la Segunda República tuvo su fin tras la sublevación  o el “Alzamiento” del 18 de julio, que dio lugar a una sanguinaria contienda fratricida que duró desde 1936 hasta 1939 con la victoria del bando franquista en todo el territorio y abriendo paso a una de las etapas más oscuras de nuestra Historia reciente.

Franco-palio_2055704484_12003768_667x375La figura que, a partir de entonces, gobernó de manera autoritaria durante cuatro décadas fue Francisco Franco. La dictadura contó desde el primer momento con el máximo apoyo consensuado entre los tres pilares básicos que sustentaron el régimen durante toda su existencia. Una alianza articulada básicamente entre el Ejército, la Falange y la Iglesia Católica. Dicha tríada ofrece fidelidad a Franco y a sus políticas de antidemocracia y conservadurismo.

El estilo agresivo de la Falange y la moral tradicional de la Iglesia Católica se unieron para dar forma al esquema político-ideológico de la dictadura designado como “nacionalcatolicismo”. Así, los eclesiásticos, junto con las fuerzas armadas, obtienen el monopolio del poder, sobre todo en el ámbito educativo, utilizado como un instrumento crucial para “recatolizar” España. Así, toda la legislación laica sobre educación de la Segunda República fue revertida y sustituida por una legislación ultracatólica. La religión católica no sólo se hizo dueña de la enseñanza, sino que lo inundó absolutamente todo: las costumbres, la administración e incluso optaron a puestos políticos.

Entre los principales argumentos más extendidos por la moral religiosa se encontraba la idea de la familia tradicional como unidad esencial de la sociedad española. Una familia compuesta por un matrimonio patriarcal e indisoluble en la cual el hombre es el trabajador que sustenta a la familia, y la mujer se convierte en una herramienta de control del varón obligada a mantenerse en casa como una esclava al cuidado del marido y de los hijos. En este sentido, se desarrolla una política pronatalista orientada a la reproducción de familias y a la creación de súbditos para el régimen, que heredarán los principios ideológicos de la dictadura.

Debido a esta política pronatalista, determinadas medidas emprendidas por la II República tales como la aprobación del aborto y el divorcio fueron derogadas. En su lugar, se establecieron disposiciones legales para la defensa de la familia numerosa con la aprobación de un subsidio, cuya cuantía aumentaba en función del número de hijos nacidos dentro del matrimonio (Jurado Marín, 2014: 60-61). Por tanto, era inconcebible que los homosexuales tuviesen la oportunidad de formar una familia.

Como hemos comentado anteriormente, las mujeres españolas debían de asumir el papel de buenas amas de casa, esposas y madres. Para ello, no faltaron organizaciones y medios propagandísticos destinados al adoctrinamiento y a la educación de la mujer en los valores tradicionales, como lo fueron las Guías de la buena esposa, difundidas a partir de 1953. También tuvo un gran protagonismo la Sección Femenina.

Se creó también en 1941 el Patronato de Protección a la Mujer para regenerar a las mujeres descarriadas: delincuentes, mendigas, escapadas de casa, madres solteras, etc, quienes eran recluidas en centros dependientes del Patronato. Pero en el otro extremo, la dictadura castigaba brutalmente a estas mujeres “rojas”, que se convertían en objeto de escarnio público cuando eran paseadas en ropa interior con la cabeza rapada, y que eran encarceladas en la multitud de cárceles para mujeres donde fueron torturadas, obligadas a beber aceite de ricino lo cual causaba una gran molestia en el estómago, acosadas sexualmente, humilladas e incluso fusiladas.

7F1DC41D-EF00-438C-8EE3-CAC26328F45DFotograma de la película propagandística Rojo y negro (1942) en la que un soldado de uniforme porta la bandera falangista. Imagen: CEPICSA.

Esta cruda realidad se construyó sobre la base del machismo orgánico, una estructura ideológica y misógina que ensalzaba la virilidad y la masculinidad que no sólo se encontraba en los discursos políticos, sino que se difundió a través de la propaganda oficial en todas las esferas públicas. Por tanto, esta estructura que degradaba el status de las mujeres y de la feminidad puso en el punto de mira a aquellos varones que tenían un aspecto y una conducta afeminada, con especial atención al invertido, que se convertía en enemigo interno. Así, los hombres tenían que evitar amaneramientos y modular la voz haciendo predominar los tonos graves.

Cautelas similares se observaban respecto a los códigos de vestimenta, que obligaban a los hombres a llevar chaqueta y corbata, pudiendo ser multados si no vestían como un verdadero varón. Como hemos podido observar, el binarismo de género se convirtió en un elemento muy útil y explotable por la peroración franquista, que se construyó a partir de opuestos absolutos (Mora Gaspar, 2019: 40).

Estudios científicos y construcción ideológica acerca del homosexual

Debemos recordar la connivencia establecida entre la Iglesia Católica y la dictadura, a cuya comunión se unieron los psiquiatras y las instituciones jurídicas adheridas a la causa nacional. Cada una de estas instituciones colaboraron entre ellas en la fabricación de una ideología que sirvió al franquismo para justificar sus actos represivos y perpetuar su dominio. Los psiquiatras y psicólogos que se entregaron al sistema franquista realizaron una serie de estudios sobre la homosexualidad que contribuyó al argumento legitimante de la eliminación del enemigo político como personaje incompatible con el nuevo orden, por lo que no dudaron en etiquetar al homosexual de enfermo en unas ocasiones y de psicópata en otras (Terradillos Basoco, 2020: 71-74). Así, estos profesionales crearon conceptos y criterios sin un verdadero fundamento científico, los cuales se incrustaron en las normas de costumbre e inspiraron las leyes posteriores, las cuales calificaban y delimitaban las “anormalidades” de ciertas conductas.

7270CD35-2EC9-4C2F-AE08-8CDC8DB97059El psicópata Antonio Vallejo-Nájera

El principal psiquiatra del régimen que construyó este entramado ideológico fue Antonio Vallejo-Nájera, quien nada más estallar la Guerra civil se adhirió al bando franquista, y posteriormente se convirtió en el psiquiatra oficial del régimen. En la primera de sus obras más importantes, Higiene de la raza. La asexualización de los psicópatas (1934), ya desdeñaba de la siguiente manera: “aterra el estudio de estos casos monstruosos, infanticidas, violadores, homosexuales y pervertidos de todas las categorías, de manera que pierde poco la sociedad en privar del derecho a la paternidad a tales desechos de presidio” (Ramírez Pérez, 2018: 143).

Fue más allá en 1944 cuando publicó Psicología de los sexos, donde advirtió de los peligros patológicos de apartarse de los roles de género establecidos. Defendía que el destino biológico del género era uno e inmutable, que estaba ligado de manera esencial al sexo asignado al nacer, por lo que todo aquel que se salía de esa categoría de identidad, sería una desviación peligrosa que haría caer a los hombres y a las mujeres en el terreno de la perversión e inversión de los instintos. En tesis como estas, el psiquiatra dispuso claramente que los homosexuales quedaban definidos por su condición personal: la perversión, lo cual les convierte en sujetos peligrosos que deben ser castigados por la ley y no por la medicina (Terradillos Basoco: 69-70).

Su predecesor en dichas investigaciones fue el Catedrático de Medicina Legal y de Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza, Valentín Pérez Argilés, quien en 1959 publicó un Discurso sobre la homosexualidad, en un contexto de alarmante expansión homosexual. Argilés defendía también que la homosexualidad era una enfermedad, y además contagiosa, por lo que realizó innumerables estudios morfológicos, endocrinológicos y genéticos para poder aplicar la terapia más adecuada a una temprana edad.

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La noción de contagio renació de la mano de este famoso médico, por lo que su análisis convertía al homosexual en un sujeto muy peligroso que podía contaminar al resto de la sociedad, por lo que llegó a considerarse como un asunto de salud pública que debía ser resuelto por la jurisprudencia. Argilés defiende que hay que ayudar a los homosexuales a salir de su situación ignominiosa a través de la abstinencia, y para ello, se debe reprimir toda propaganda homosexual que pudiese llegar al país (Mora Gaspar: 43).

El Magistrado-Juez de los Tribunales de Vagos y Maleantes de Cataluña y Baleares, Antonio Sabater Tomás, dedicó buena parte de su carrera a explorar las causas de la peligrosidad homosexual y las posibilidades de mejora y refinamiento de sus condenas, lo cual expuso en su obra Gamberros, homosexuales, vagos y maleantes, publicado en 1962. Para él, el homosexual era aquella persona que no podía controlar sus instintos más profundos y ni siquiera quería domesticarlos, equiparándolo a un animal salvaje, ya que ese dominio de los impulsos era distintivo del ser humano.

Por tanto, Sabater Tomás propuso la idea de recrudecer la legislación preventiva contra la homosexualidad para que garantice la total separación de los homosexuales no sólo de la sociedad, sino del resto de presos, debido a la consideración del carácter contaminante de la homosexualidad, lo cual será aplicado en la ley de 1970. Luis Vivas Marzal, presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, pronunció el discurso donde exponía que concordaba con Sabater Tomás en que la ley existente de Vagos y Maleantes quedó obsoleta, con lo que una nueva ley debía actuar con firmeza (2019: 43-44).

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Montaje fotográfico realizado en la Central de Observación de la Dirección de Prisiones, donde se estudiaba y calisificaba a los reclusos. Imagen: Tusquets.

El inicio de la represión de las disidencias sexuales

Desde 1939 hasta 1954, no existió aún una ley que persiguiese específicamente a los homosexuales, pero el régimen sí que se valió de otras leyes y otros medios para castigar a aquellos que fuesen sospechosos. En 1944, se llevó a cabo la reforma del Código Penal de 1932, en la cual su artículo 431 no hacía alusión a la homosexualidad, pero incurrían penas para aquellos que cometiesen delitos de escándalo público, por lo que los actos homosexuales se consideraron delitos cuando salían del ámbito privado y tenían repercusión social. Por tanto, bastaba una delación de un vecino o conocido para que un homosexual fuera procesado, aunque realmente se hubiera realizado en privado, pero hubiese sido conocido de manera directa o indirecta. Por tanto, la legislación no castigó conductas específicas, sino que defendió a la sociedad contra comportamientos individuales considerados peligrosos (Ramírez Pérez, 2018: 136).

Otro instrumento que aprovecharon las autoridades franquistas para castigar a los homosexuales fue la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, que, aunque la ley no establecía aún la homosexualidad como delito, fue a comienzos de los cuarenta cuando los jueces comenzaron a utilizarla para reprimir lo que se denominó en la época las “desviaciones sexuales”, ya que su texto, como hemos comentado con anterioridad, establecía medidas de control, seguridad y prevención contra aquellos sectores marginales que practicaban actividades moralmente reprobables (Jurado Marín, 2014: 64-66). Leer más…

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“Un pecado contra el Espíritu Santo”: Estos son los nombres de los jueces y forenses que más reprimieron a homosexuales durante el franquismo

Sábado, 29 de abril de 2023
Comentarios desactivados en “Un pecado contra el Espíritu Santo”: Estos son los nombres de los jueces y forenses que más reprimieron a homosexuales durante el franquismo

C0DA652B-7A7B-48FE-983D-B822CDA05A5A El magistrado del Tribunal Supremo Luis Vivas Marzal consideró —en sentencia pública— la homosexualidad como “un pecado contra el Espíritu Santo”

José Garralda Valcárcel: “El expedientado es homosexual, […] inmundo pináculo de la suprema ignominia humana […]”

“Hay aún mucho miedo a desvelar la verdad, y es algo que no puedo entender”

El Ministerio de Justicia recibió recientemente el visto bueno de Protección de Datos para publicar un ensayo en la que aparecen datos personales de jueces y forenses que reprimieron a homosexuales con la ley de peligrosidad social franquista. El autor lo tiene claro: “Si hubiesen censurado los nombres no hubiese autorizado su publicación”

 Por Pablo Romero

Todos tenemos derecho a conocer la verdad a través de documentos y sentencias públicas, como también tenemos derecho a la intimidad en el ámbito privado. Pero ¿tienen derecho jueces y forenses a ese anonimato en el desempeño de sus funciones? Es decir, ¿es importante saber si un magistrado del Tribunal Supremo considera —en sentencia pública— la homosexualidad como “un pecado contra el Espíritu Santo”?

La última obra del catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén Guillermo Portilla Contreras, editada por el Ministerio de Justicia, expone una larga lista de magistrados, juristas y forenses que contribuyeron a desarrollar y aplicar la dura normativa franquista de represión contra las personas homosexuales. A ellos se les condenaba no ya por haber practicado sexo con alguien del mismo género, sino simplemente por el hecho de existir.

Este volumen, titulado Derecho penal franquista y homosexualidad: del pecado y la aberración sexual al estado de peligrosidad (a la venta aquí), ha provocado que el propio ministerio pidiese un informe (PDF) a la Agencia de Protección de Datos (AEPD) por la cantidad de nombres que se proporcionan, pero en un informe bastante claro la agencia ha dictaminado que no hay ningún problema: la historia, en este caso, no se toca.

Llega así la primera monografía sobre derecho penal franquista y homosexualidad, una obra profundamente documentada que nombra a todos y cada uno de los cómplices de la dura represión dictatorial a los homosexuales.

Los principales nombres

La lista completa se puede encontrar en el libro. Pero de entre todos destacan nombres como el del juez Antonio Sabater Tomás, “gran artífice de la represión de homosexuales” desde los juzgados de Vagos y Maleantes de Cataluña y Baleares, “planteaba la experimentación para ‘curar’ homosexuales con hormonas o descargas, como en el campo nazi de Buchenwald“.

Junto al magistrado del Tribunal Supremo Luis Vivas Marzal —seguidor de la tesis de Himmler, que defiende la teoría del contagio—, ambos manifestaron abiertamente su cruzada contra la homosexualidad, no sólo en las sentencias sino en libros y entrevistas. De hecho, Vivas Marzal consideraba la homosexualidad como “un pecado contra el Espítitu Santo”.

También aparece el magistrado José Garralda Valcárcel, de los juzgados de Canarias, cuyas “sanciones y descalificaciones fueron humillantes“. Valga como ejemplo este extracto de una sentencia suya: “El expedientado es homosexual, […] inmundo pináculo de la suprema ignominia humana, el parasitarismo de la prostitución y de la liviandad, siendo siempre socialmente peligrosos, ya tengan o no tipicidad delictivas y ya se ejerciten respecto de mayores o menores de edad, descubierta o clandestinamente […] conceptuado psicópata sexual […] Pederasta activo y pasivo”. Etcétera.

Los informes de la Policía Nacional y de Guardia Civil del régimen franquista tampoco se quedaban cortos en cuanto al trato vejatorio a personas que, recordemos, sólo eran juzgados por ser acusados de homosexualidad. Por un simple rumor, en ocasiones: “Por ser propenso a la sodomía, por ser afeminado […]; de tendencias e inclinaciones a la sodomía, lo pone de manifiesto en sus acciones y gestos y en alguna ocasión, durante la noche, les fueron oídas conversaciones a él y a [omitido] que se referían a hombres guapos y hombres feos…”.

Mención aparte merecen los informes forenses que se aportaban en los procesos, cuajados de pseudociencia. Muchos de ellos estaban directamente inspirados por Valentín Pérez Argilés, catedrático de Medicina Legal y Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza, quien “abogó por el carácter patológico de la inversión”.

En muchos de esos “informes periciales” pseudocientíficos se determinaba que un sujerto era “homosexual pasivo” por detectarse, por ejemplo, “dilatación esfiterina y casi desaparición de pliegues” en su ano, o bien un “marcado amaneramiento […] un psiquismo deformado […] una constitución feminoide […] y una deformación de la personalidad psíquica común a casi todas las formas de perversión sexual”.

El lesbianismo era prácticamente invisible en la época de la dictadura; tal y como reconoce el autor de esta obra de investigación, “sólo se ha encontrado un caso de ‘lesbianismo’ condenado por estado peligroso de homosexualidad”. Fue en Sevilla.

El origen de la obra

“Yo llevaba cinco años trabajando en una obra sobre la represión de la homosexualidad durante el franquismo en todos los archivos de Vagos y Maleantes que había en España, cuando el Secretario de Estado de Justicia se puso en contacto conmigo para ver si podía elaborar un libro sobre el Derecho Penal bajo la dictadura franquista, sus bases ideológicas, el falangismo, el nacional catolicismo y sus protagonistas”, comenta a Público en conversación telefónica el propio Guillermo Portilla Contreras. “Es decir, la idea era escribir sobre todos los catedráticos de filosofía del Derecho, de Derecho Penal, de Derecho Político, etc, que legitimaron al régimen y gestaron la legislación penal de entonces; además, algunos se involucraron como jueces en los tribunales de excepción franquistas”, añade.

El catedrático contestó que primero quería terminar su investigación. “Como no tenía editorial, desde el Ministerio de Justicia se ofrecieron a publicarme este libro, que entregué el pasado diciembre”, afirma, y añade: “El pasado día 30 he entregado el otro volumen, sobre Derecho Penal bajo la dictadura”.

Los archivos, ese agujero negro

“El problema que aún tenemos en España es que cuando uno va a un archivo no es posible ver todos los documentos deseables, sino que hay que pasar por una serie de requisitos y burocracia“, lamenta el autor. “Por ejemplo, que hayan transcurrido 50 años desde la firma de un determinado documento, tal y como recoge la Ley de Patrimonio Histórico, y eso es un inconveniente”.

“Muchos se preguntan sobre la ‘moda’ de investigar el pasado, y la respuesta inmediata es que es imposible investigar hechos más recientes”, apunta, y añade: “De hecho, para esta investigación sobre represión de la homosexualidad, yo no he podido ir más allá del año 1969″.

En las primeras páginas de la obra se puede comprobar que los criterios para el acceso a los documentos varían de uno a otro archivo. “En algunos tienes a un guardia de seguridad mirando por encima del hombre, en otros te dejan ver hasta un año determinado, y en otros directamente no hay ningún expediente sobre homosexuales y han desaparecido parte de los correspondientes a la Guerra Civil”, comenta.

Por ejemplo, no queda ni rastro de los expedientes de los Juzgados de Vagos y Maleantes de Valencia, en gran parte debido a las “juntas de expurgo” de gobiernos anteriores. “Las comisiones de expurgo en la Comunidad Valenciana, un gobierno controlado durante muchos años por la derecha, han hecho lo que han querido en los últimos años y han tomado decisiones muy cuestionables“, señala Portilla.

En Zaragoza, lo que queda de información se encuentra “en el Archivo Municipal de La Muela sin acceso público”. Presuntamente. En cambio, otros archivos, como el de Barcelona, permiten un acceso mucho más abierto y colaborador. No en vano, el ayuntamiento de la ciudad trató de querellarse hace un año contra contra los jueces que encarcelaron a personas LGTBI durante la dictadura franquista, aunque sin éxito.

Por otro lado, los archivos militares “están abiertos una o dos horas al día para los investigadores”, lamenta el investigador. Precisamente esta misma semana, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, aseguró que el departamento “está en la apertura al máximo de los archivos militares”. “Es muy importante que la gente pueda acceder a los archivos para no repetir los mismos errores e incluso para no hablar con tanta ligereza como con la que se habla de las cosas”, dijo esta misma semana la ministra. Todo ello, año y medio después de destaparse que los archivos militares habían colocado un cerrojo a gran parte de su documentación ‘clasificada‘ amparándose en la Ley de Secretos Oficiales, vigente desde 1968. “Ése es el contexto de esta investigación”, resume Portilla.

El porqué de los nombres

“Yo he citado a todos los jueces que firmaron las sentencias, que son públicas”, alega el investigador, que agrega: “Al trabajar con los textos de las sentencias y con los informes de las prisiones, aparecen por supuesto los nombres no sólo de los jueces y magistrados, sino también de los forenses, algo fundamental en estos casos porque eran necesarios para condenar”.

“Los forenses determinaban si uno hombre era homosexual activo o pasivo por la formas de su ano y esto, además, determinaba su condena dado que se penaba sobre todo a los pasivos”, recuerda.

Las penas, que oscilaban entre los tres y los cinco años de internamiento, iban acompañadas de otros dos años de destierro y, además, tras ello se les imponía una ‘libertad vigilada’ a cargo de dos delegados seguían al homosexual por la calle, en teoría para ayudarles a encontrar trabajo. “Pero claro, era en realidad todo lo contrario”, asegura el catedrático. Porque además se identificaba la homosexualidad con la pederastia.

“Miedo a desvelar la verdad

“Yo estaba muy contento con la publicación de este libro, porque además contiene una importante parte de anexos donde aparecen los informes, y lo único que se ha borrado son los nombres de los homosexuales, de los condenados que en realidad eran las víctimas”, subraya.

“No obstante, a los pocos días el servicio de publicaciones me dijo que había un problema, la aparición de los nombres de los jueces, de los forenses…”, comenta, y añade: “Yo les dije que mi obra no era una novela, sino un ensayo, y trata sobre la represión franquista que yo puedo demostrar, con información que está en los archivos, con sus sentencias y las cartas entre los jueces, los catedráticos…; es decir, se trata de un análisis de datos objetivos”.

 Para Portilla, “se han cumplido todos los trámites, han pasado 50 años desde la firma del documento, la normativa no impedía la publicación de los nombres, pero el delegado de protección de datos había emitido un informe negativo”. “Pero yo les dije que no pensaba publicar un libro con esos nombres de jueces y forenses censurados“, asevera, “no se puede ocultar el nombre de estas personas responsables de esta represión porque es parte de la historia”.

Este catedrático lamenta que exista tan poca investigación sobre memoria histórica en el ámbito del Derecho Penal, y cree que hay mucha labor por hacer.

Pero también reconoce que hay muchos “hijos de” que hoy día “siguen ocupando determinados puestos…”. Y prefiere callar. “No sé, hay aún mucho miedo a desvelar la verdad, sobre todo quiénes fueron los protagonistas, y es algo que no puedo entender”, concluye.

Fuente Público

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