Homenaje a las víctimas de la represión franquista en el cementerio de Tarragona RD/Agencias

El vicario general, presente en el homenaje a la represión de la dictadura

“Manifestamos nuestra proximidad hacia las víctimas, no sólo queremos decir que si nos hemos equivocado, pedir perdón, sino que podemos ayudar a esta recuperación de la memoria”

Año tras año, la fosa común mayor del cementerio de Tarragona acoge el homenaje a las 797 víctimas de la represión franquista al conjunto de la demarcación. El acto, organizado por la asociación de familiares de las víctimas, también ha contado con la presencia de diferentes autoridades

15.04.2024 | RD/Agencias

El Arzobispado de Tarragona ha pedido perdón por el papel de la Iglesia en el franquismo. Lo ha expresado el vicario Joan Àguila, en el homenaje anual a las víctimas de la represión franquista en el cementerio municipal.

Al mismo tiempo, la archidiócesis ha puesto a disposición de las familias el archivo de la institución. «Manifestamos nuestra proximidad hacia las víctimas, no sólo queremos decir que si nos hemos equivocado, pedir perdón, sino que podemos ayudar a esta recuperación de la memoria», ha afirmado.

Un gesto bien recibido por la asociación de familiares de las víctimas, que espera que otras instituciones eclesiásticas tomen ejemplo. Cerca de 200 personas han participado en el homenaje, que este año coincide con el 93.º aniversario de la proclamación de la II República.

El Arquebisbat de Tarragona pide perdón a las víctimas del franquismo por el papel de la iglesia. Tarragona recuerda a las víctimas de la dictura con un acto emotivo en el Cementiri.https://t.co/wKLfRfOTnL

— Diari de Tarragona (@diaridtarragona) April 14, 2024

Año tras año, la fosa común mayor del cementerio de Tarragona acoge el homenaje a las 797 víctimas de la represión franquista al conjunto de la demarcación. El acto, organizado por la asociación de familiares de las víctimas, también ha contado con la presencia de diferentes autoridades.

Este año, se ha sumado el vicario general del Arzobispado de Tarragona, Joan Àguila, quien ha aprovechado el turno de palabra para pedir disculpas en nombre de la institución eclesiástica por el papel de la Iglesia durante el franquismo. Según Àguila, la archidiócesis muestra así la voluntad «de transparencia, de abertura, de proximidad hacia la ciudadanía y de servicio a las personas que pasan por un momento doloroso» a raíz de las acciones del régimen franquista.

Aunque no es la primera vez que un representante del Arzobispado participa activamente en este homenaje, sí que es la primera vez que ha pedido disculpas públicamente a las familias por el papel de la institución durante este periodo histórico.

“Muy agradecidos“

Un gesto que se ha recibido positivamente por parte de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Represión Franquista en Tarragona. «La implicación de la Iglesia durante la dictadura ha estado muy presente, por lo tanto, como asociación estamos muy agradecidos que la Iglesia esté representada en un acto de homenaje a los represaliados por el franquismo; no creo que haya demasiados sitios donde pueda pasar eso», ha destacado a la presidenta de la entidad, Montserrat Giné.

@JanMagarolas:
“El Arquebisbat de Tarragona ha pedido perdón por el papel de la Iglesia durante el franquismo […] en el homenaje anual a las víctimas #RepressióFranquista […] @esglesiatgn ha puesto a disposición de las familias el archivo de la institución”

Un avenç important! https://t.co/B6IqDsdIMP

— Immolats per la Llibertat a Catalunya (@immolats_cat) April 14, 2024

En este contexto, Giné se ha mostrado esperanzada que otros arzobispados catalanes y españoles también se unan a esta tendencia y se pongan al lado de las víctimas.

Más allá de las palabras, Àguila ha puesto a disposición de los familiares el archivo de la institución, con la voluntad de permitir un ejercicio de recuperación de memoria democrática. Unos documentos que la entidad ha puesto en valor, tanto por su contenido como por la importancia de la archidiócesis donde se encuentran.

Aunque en esta ocasión, el arzobispo tarraconense no ha podido estar presente en el homenaje de este domingo por cuestiones de agenda, el vicario ha señalado que de cara el próximo año intentará tomar parte en el acto.

Fuente Religión Digital

General, Iglesia Católica Archidiócesis de Tarragona, Dictadura, Franquismo, II República Española, Joan Águila, Memoria Histórica, Represión, T@rragona

Por Zoraida Jaime González

octubre 20, 2021

La conceptualización del homosexual como estigma y sujeto peligroso se aborda en las primeras décadas del siglo XX de la mano de importantes criminólogos, médicos y psiquiatras, que investigaban con métodos científicos el origen de esa “inversión sexual” y sus causas, y con ellas trataban de hallar una solución, fundamentalmente médica, para extirpar al responsable. Existían estudios criminológicos, como el de Constantino Bernaldo de Quirós, que vinculaba de forma explícita la prostitución y la homosexualidad a la peligrosidad social.

La figura más importante fue el médico y científico Gregorio Marañón, quien en su obra La evolución de la sexualidad y los estados intersexuales de la especie humana, publicada en 1929, escribió que no era cuestionable que los hombres y las mujeres homosexuales siguieran su instinto sexual de la misma manera que lo hacían los heterosexuales. Además, defendía que el aparato legal no debería de ocuparse de la homosexualidad, en primer lugar, porque se les eximía de culpabilidad a los homosexuales y, en segundo lugar, porque la desviación del instinto no debía de castigarse, sino ser tratada como asunto médico, ya que por esa desviación era diagnosticada como enfermedad (Mora Gaspar, 2019: 41).

Se constata que, en el marco de la República, sobre todo en los círculos intelectuales de la izquierda política, existió una progresiva tolerancia frente a la homosexualidad, que no llegó a garantizar la total normalización de las relaciones homoafectivas, pero sí colaboró a la visibilización del fenómeno coadyuvada particularmente por las vanguardias artísticas y la estética sexualmente ambigua del modernismo (Terradillos Basoco, 2020: 91).

Sin embargo, el ambiente de cierta tolerancia y libertad que se respiraba en los años de la Segunda República tuvo su fin tras la sublevación  o el “Alzamiento” del 18 de julio, que dio lugar a una sanguinaria contienda fratricida que duró desde 1936 hasta 1939 con la victoria del bando franquista en todo el territorio y abriendo paso a una de las etapas más oscuras de nuestra Historia reciente.

La figura que, a partir de entonces, gobernó de manera autoritaria durante cuatro décadas fue Francisco Franco. La dictadura contó desde el primer momento con el máximo apoyo consensuado entre los tres pilares básicos que sustentaron el régimen durante toda su existencia. Una alianza articulada básicamente entre el Ejército, la Falange y la Iglesia Católica. Dicha tríada ofrece fidelidad a Franco y a sus políticas de antidemocracia y conservadurismo.

El estilo agresivo de la Falange y la moral tradicional de la Iglesia Católica se unieron para dar forma al esquema político-ideológico de la dictadura designado como “nacionalcatolicismo”. Así, los eclesiásticos, junto con las fuerzas armadas, obtienen el monopolio del poder, sobre todo en el ámbito educativo, utilizado como un instrumento crucial para “recatolizar” España. Así, toda la legislación laica sobre educación de la Segunda República fue revertida y sustituida por una legislación ultracatólica. La religión católica no sólo se hizo dueña de la enseñanza, sino que lo inundó absolutamente todo: las costumbres, la administración e incluso optaron a puestos políticos.

Entre los principales argumentos más extendidos por la moral religiosa se encontraba la idea de la familia tradicional como unidad esencial de la sociedad española. Una familia compuesta por un matrimonio patriarcal e indisoluble en la cual el hombre es el trabajador que sustenta a la familia, y la mujer se convierte en una herramienta de control del varón obligada a mantenerse en casa como una esclava al cuidado del marido y de los hijos. En este sentido, se desarrolla una política pronatalista orientada a la reproducción de familias y a la creación de súbditos para el régimen, que heredarán los principios ideológicos de la dictadura.

Debido a esta política pronatalista, determinadas medidas emprendidas por la II República tales como la aprobación del aborto y el divorcio fueron derogadas. En su lugar, se establecieron disposiciones legales para la defensa de la familia numerosa con la aprobación de un subsidio, cuya cuantía aumentaba en función del número de hijos nacidos dentro del matrimonio (Jurado Marín, 2014: 60-61). Por tanto, era inconcebible que los homosexuales tuviesen la oportunidad de formar una familia.

Como hemos comentado anteriormente, las mujeres españolas debían de asumir el papel de buenas amas de casa, esposas y madres. Para ello, no faltaron organizaciones y medios propagandísticos destinados al adoctrinamiento y a la educación de la mujer en los valores tradicionales, como lo fueron las Guías de la buena esposa, difundidas a partir de 1953. También tuvo un gran protagonismo la Sección Femenina.

Se creó también en 1941 el Patronato de Protección a la Mujer para regenerar a las mujeres descarriadas: delincuentes, mendigas, escapadas de casa, madres solteras, etc, quienes eran recluidas en centros dependientes del Patronato. Pero en el otro extremo, la dictadura castigaba brutalmente a estas mujeres “rojas”, que se convertían en objeto de escarnio público cuando eran paseadas en ropa interior con la cabeza rapada, y que eran encarceladas en la multitud de cárceles para mujeres donde fueron torturadas, obligadas a beber aceite de ricino lo cual causaba una gran molestia en el estómago, acosadas sexualmente, humilladas e incluso fusiladas.

Fotograma de la película propagandística Rojo y negro (1942) en la que un soldado de uniforme porta la bandera falangista. Imagen: CEPICSA.

Esta cruda realidad se construyó sobre la base del machismo orgánico, una estructura ideológica y misógina que ensalzaba la virilidad y la masculinidad que no sólo se encontraba en los discursos políticos, sino que se difundió a través de la propaganda oficial en todas las esferas públicas. Por tanto, esta estructura que degradaba el status de las mujeres y de la feminidad puso en el punto de mira a aquellos varones que tenían un aspecto y una conducta afeminada, con especial atención al invertido, que se convertía en enemigo interno. Así, los hombres tenían que evitar amaneramientos y modular la voz haciendo predominar los tonos graves.

Cautelas similares se observaban respecto a los códigos de vestimenta, que obligaban a los hombres a llevar chaqueta y corbata, pudiendo ser multados si no vestían como un verdadero varón. Como hemos podido observar, el binarismo de género se convirtió en un elemento muy útil y explotable por la peroración franquista, que se construyó a partir de opuestos absolutos (Mora Gaspar, 2019: 40).

Estudios científicos y construcción ideológica acerca del homosexual

Debemos recordar la connivencia establecida entre la Iglesia Católica y la dictadura, a cuya comunión se unieron los psiquiatras y las instituciones jurídicas adheridas a la causa nacional. Cada una de estas instituciones colaboraron entre ellas en la fabricación de una ideología que sirvió al franquismo para justificar sus actos represivos y perpetuar su dominio. Los psiquiatras y psicólogos que se entregaron al sistema franquista realizaron una serie de estudios sobre la homosexualidad que contribuyó al argumento legitimante de la eliminación del enemigo político como personaje incompatible con el nuevo orden, por lo que no dudaron en etiquetar al homosexual de enfermo en unas ocasiones y de psicópata en otras (Terradillos Basoco, 2020: 71-74). Así, estos profesionales crearon conceptos y criterios sin un verdadero fundamento científico, los cuales se incrustaron en las normas de costumbre e inspiraron las leyes posteriores, las cuales calificaban y delimitaban las “anormalidades” de ciertas conductas.

El psicópata Antonio Vallejo-Nájera

El principal psiquiatra del régimen que construyó este entramado ideológico fue Antonio Vallejo-Nájera, quien nada más estallar la Guerra civil se adhirió al bando franquista, y posteriormente se convirtió en el psiquiatra oficial del régimen. En la primera de sus obras más importantes, Higiene de la raza. La asexualización de los psicópatas (1934), ya desdeñaba de la siguiente manera: “aterra el estudio de estos casos monstruosos, infanticidas, violadores, homosexuales y pervertidos de todas las categorías, de manera que pierde poco la sociedad en privar del derecho a la paternidad a tales desechos de presidio” (Ramírez Pérez, 2018: 143).

Fue más allá en 1944 cuando publicó Psicología de los sexos, donde advirtió de los peligros patológicos de apartarse de los roles de género establecidos. Defendía que el destino biológico del género era uno e inmutable, que estaba ligado de manera esencial al sexo asignado al nacer, por lo que todo aquel que se salía de esa categoría de identidad, sería una desviación peligrosa que haría caer a los hombres y a las mujeres en el terreno de la perversión e inversión de los instintos. En tesis como estas, el psiquiatra dispuso claramente que los homosexuales quedaban definidos por su condición personal: la perversión, lo cual les convierte en sujetos peligrosos que deben ser castigados por la ley y no por la medicina (Terradillos Basoco: 69-70).

Su predecesor en dichas investigaciones fue el Catedrático de Medicina Legal y de Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza, Valentín Pérez Argilés, quien en 1959 publicó un Discurso sobre la homosexualidad, en un contexto de alarmante expansión homosexual. Argilés defendía también que la homosexualidad era una enfermedad, y además contagiosa, por lo que realizó innumerables estudios morfológicos, endocrinológicos y genéticos para poder aplicar la terapia más adecuada a una temprana edad.

La noción de contagio renació de la mano de este famoso médico, por lo que su análisis convertía al homosexual en un sujeto muy peligroso que podía contaminar al resto de la sociedad, por lo que llegó a considerarse como un asunto de salud pública que debía ser resuelto por la jurisprudencia. Argilés defiende que hay que ayudar a los homosexuales a salir de su situación ignominiosa a través de la abstinencia, y para ello, se debe reprimir toda propaganda homosexual que pudiese llegar al país (Mora Gaspar: 43).

El Magistrado-Juez de los Tribunales de Vagos y Maleantes de Cataluña y Baleares, Antonio Sabater Tomás, dedicó buena parte de su carrera a explorar las causas de la peligrosidad homosexual y las posibilidades de mejora y refinamiento de sus condenas, lo cual expuso en su obra Gamberros, homosexuales, vagos y maleantes, publicado en 1962. Para él, el homosexual era aquella persona que no podía controlar sus instintos más profundos y ni siquiera quería domesticarlos, equiparándolo a un animal salvaje, ya que ese dominio de los impulsos era distintivo del ser humano.

Por tanto, Sabater Tomás propuso la idea de recrudecer la legislación preventiva contra la homosexualidad para que garantice la total separación de los homosexuales no sólo de la sociedad, sino del resto de presos, debido a la consideración del carácter contaminante de la homosexualidad, lo cual será aplicado en la ley de 1970. Luis Vivas Marzal, presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, pronunció el discurso donde exponía que concordaba con Sabater Tomás en que la ley existente de Vagos y Maleantes quedó obsoleta, con lo que una nueva ley debía actuar con firmeza (2019: 43-44).

Montaje fotográfico realizado en la Central de Observación de la Dirección de Prisiones, donde se estudiaba y calisificaba a los reclusos. Imagen: Tusquets.

El inicio de la represión de las disidencias sexuales

Desde 1939 hasta 1954, no existió aún una ley que persiguiese específicamente a los homosexuales, pero el régimen sí que se valió de otras leyes y otros medios para castigar a aquellos que fuesen sospechosos. En 1944, se llevó a cabo la reforma del Código Penal de 1932, en la cual su artículo 431 no hacía alusión a la homosexualidad, pero incurrían penas para aquellos que cometiesen delitos de escándalo público, por lo que los actos homosexuales se consideraron delitos cuando salían del ámbito privado y tenían repercusión social. Por tanto, bastaba una delación de un vecino o conocido para que un homosexual fuera procesado, aunque realmente se hubiera realizado en privado, pero hubiese sido conocido de manera directa o indirecta. Por tanto, la legislación no castigó conductas específicas, sino que defendió a la sociedad contra comportamientos individuales considerados peligrosos (Ramírez Pérez, 2018: 136).

Otro instrumento que aprovecharon las autoridades franquistas para castigar a los homosexuales fue la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, que, aunque la ley no establecía aún la homosexualidad como delito, fue a comienzos de los cuarenta cuando los jueces comenzaron a utilizarla para reprimir lo que se denominó en la época las “desviaciones sexuales”, ya que su texto, como hemos comentado con anterioridad, establecía medidas de control, seguridad y prevención contra aquellos sectores marginales que practicaban actividades moralmente reprobables (Jurado Marín, 2014: 64-66). Leer más…

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Teresa Pla, en una imagen sin datar, y cuando adoptó el nombre de Florencio Pla, en una imagen cedida por la editorial Sembra. EDITORIAL SEMBRA

Por Ferran Bono

El libro de una familiar y una película rescatan la figura de un hombre humilde, víctima de la dictadura y los prejuicios, perseguido como un maqui asesino y humillado por intersexual

“¡Que vendrá la Pastora y te comerá!”. Esta amenaza y otras similares eran una forma de atemorizar a los niños que no querían irse a dormir. Aludían a un particular hombre del saco, un coco con nombre de mujer que infundía pánico durante el franquismo, sobre todo en las comarcas del norte de la Comunidad Valenciana y del sur de Cataluña. La dictadura lo convirtió en un mito tras unirse a los maquis. Fue una especie de monstruo, un asesino despiadado que nació con órganos sexuales femenino y masculino. La prensa de la época lo presentaba como “una mujer de entrañas de pedernal, con una siniestra historia de crímenes, cruel, monstruosa y con rasgos hombrunos”.

En realidad, la Pastora siempre se sintió hombre y así lo reveló cuando, acosado y humillado por la Guardia Civil, se pasó a la guerrilla, eligió el seudónimo de Durruti y se quitó las ropas de mujer. Tenía unos 30 años. Luego cambió su nombre original de Teresa por el de Florencio. Nacido en 1917 en Vallibona, pequeña población del interior montañoso de Castellón, fue bautizado como mujer “por las dudas sobre su sexo a causa de una malformación genital” y por evitarle el servicio militar y la posibilidad de ser llamado a filas tras las guerras de Cuba y de Marruecos, apunta el historiador Raül González Devís, en el prólogo de Florencio Pla, la Pastora. La dignitat robada (en catalán, en la editorial Sembra), de Elena Solanas.

Este es el último libro, y el primero de un familiar, destinado a rescatar a Florencio Pla Meseguer de las redes del mito creado por la dictadura. Fue una víctima de la represión franquista, de los prejuicios y de la ignorancia. Un hombre humilde que se quedó muy pronto huérfano y trabajó como pastor, principalmente, en las masías de la comarca de El Maestrat, algunas de las cuales proporcionaban suministros a los maquis. Allí actuaba la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, a la que se sumó en 1949 y perteneció durante casi 20 meses. “Él no tomó una decisión política. Se hizo guerrillero para sobrevivir”, explica Elena Solana, sobrina nieta y autora de la obra, que plasma su esfuerzo por recuperar la dignidad de su familia, empezando por su tío abuelo. “Mi abuela, que vivía con nosotros, nunca nos quiso hablar de su hermano; luego lo entendí todo”, afirmó Solanas, en la presentación del libro el pasado mes en Valencia.

La autora ha tejido una red de complicidades con asociaciones y entidades diversas, ha reconstruido la vida de Florencio Pla y ha hecho justicia con su familia. “Nos lo ocultaron. Nos hicieron creer que había muerto a finales de los ochenta y principios de los noventa, pero no era así. Murió en 2004. Y yo no lo conocí. Me han robado mi historia, mi familia. Por eso he luchado por recuperarla, por contar la verdad, por saber todo lo que pasó, a él y a mi familia, perseguida y represaliada por el franquismo solo por ser su familia. Cuando empecé el sufrimiento, entendí los silencios de antes que decidí a romper”, explica.

Elena Solanas (a la derecha), sobrina nieta de Florencio Pla, en el rodaje del documental ‘Valentes’, emitido por À punt.

Tras huir de su tierra y ocultarse en Andorra, siempre en las montañas, Florencio fue detenido y condenado a pena de muerte en 1961, acusado de hasta 29 asesinatos, y conmutada por 30 años de cárcel. Pasó 17 años en prisión hasta su indulto en 1977. Entonces se fue a vivir a la población valenciana de Olocau, con la familia de Mariano Vinuesa, un funcionario de prisiones con el que trabó amistad. Florencio intentó lleva una vida discreta sin perturbar a sus familiares. “Fue un hombre corriente, que tuvo que sobrevivir a condiciones muy adversas desde que nació y a una adscripción de género con la que no se identificaba”, que no cometió “los crímenes que se le imputaban”, señala el historiador, estudioso de la resistencia armada antifranquista.

El cineasta y guionista Marc Ortiz escuchaba la amenaza esa de que viene la Pastora siendo niño en la población tarraconense de La Sénia. Ahora dirigirá un largometraje de ficción sobre la historia de Florencio Pla, para el que se ha documentado con testimonios de personas que lo conocieron. La productora es Paloma Mora, la misma que produjo el documental sobre la Pastora de la serie Valentes que emitió la cadena autonómica valenciana À Punt hace cinco años, para el que se recabó el testimonio de su sobrina nieta.

 La población de Vallibona, donde nació Florencio Pla, en una imagen cedida por la editorial Sembra.

“Elena Solanas nos ayudó mucho y quedó contenta con el tratamiento. Estaba a la defensiva al principio por el amarillismo y sensacionalismo de antiguos trabajos”, apunta Mora. Así lo confirma en el libro la propia Solanas, que siempre se refiere a Florencio como hombre, tal y como él quería. La productora también resalta la ayuda de Montxo Armendáriz, que conoció a la Pastora durante la documentación para su película sobre los maquis El silencio roto, estrenada en 2001. El cineasta vasco ha sido script doctor o asesor de un guion del propio Ortiz, que ha sido seleccionado en el primer campus de verano organizado por la Academia del Cine con la colaboración de Netflix y el Ayuntamiento de Valencia. Los productores son Paloma Mora y Marc Muñoz.

Está previsto que el rodaje empiece el próximo mes de febrero. El equipo de la película, que ficciona partes de la vida de Florencio, se encuentra a la espera de que un conocido actor confirme su participación como protagonista. El proyecto, una coproducción con Colombia y Francia, ha sido bien recibido en festivales como Toronto y Berlín, y ha recibido la ayuda del Institut Valencià de Cultura. Los derechos de emisión han sido preadquiridos por TV-3 y À Punt. “La historia está interesando mucho, porque plantea una cuestión sobre la intersexualidad muy actual”, apunta Paloma Mora.

Calle dedicada a Florencio Pla en Vallibona, en una imagen cedida por Sembra

La película y el reciente libro se suman a los diversos trabajos de investigación histórica, literarios y periodísticos que, ya en democracia, han recuperado la memoria de Florencio Pla, entre otras víctimas de la dictadura franquista. La dramaturga Núria Vizcarro destacó en 2019 con su obra Instrucciones para no tener miedo si viene la Pastora, nominada a dos categorías de los Premios Max. La escritora Alicia Giménez Bartlett se inspiró en la Pastora para escribir la novela Donde nadie te encuentre, que ganó el Premio Nadal en 2011. En una entrevista publicada en 1988 en la revista El Temps, Florencio Pla explicaba que siempre se sintió hombre y su accidentada vida. “¿Y ha vuelto a Vallibona? [su pueblo natal]”, le preguntaba el periodista Miquel Alberola. “Sí, y tan malo que me ponen y el pueblo se volcó nada más llegar. Bajaron de todas las masías y hubo quien me besó la mano y todo. Claro, no me habían visto nunca de hombre”. Hoy, en Vallibona, con 75 habitantes, un paseo lleva el nombre de Florencio Pla, la Pastora.

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Ferran Bono

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El magistrado del Tribunal Supremo Luis Vivas Marzal consideró —en sentencia pública— la homosexualidad como “un pecado contra el Espíritu Santo”

José Garralda Valcárcel: “El expedientado es homosexual, […] inmundo pináculo de la suprema ignominia humana […]”

“Hay aún mucho miedo a desvelar la verdad, y es algo que no puedo entender”

El Ministerio de Justicia recibió recientemente el visto bueno de Protección de Datos para publicar un ensayo en la que aparecen datos personales de jueces y forenses que reprimieron a homosexuales con la ley de peligrosidad social franquista. El autor lo tiene claro: “Si hubiesen censurado los nombres no hubiese autorizado su publicación”

 Por Pablo Romero

Todos tenemos derecho a conocer la verdad a través de documentos y sentencias públicas, como también tenemos derecho a la intimidad en el ámbito privado. Pero ¿tienen derecho jueces y forenses a ese anonimato en el desempeño de sus funciones? Es decir, ¿es importante saber si un magistrado del Tribunal Supremo considera —en sentencia pública— la homosexualidad como “un pecado contra el Espíritu Santo”?

La última obra del catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén Guillermo Portilla Contreras, editada por el Ministerio de Justicia, expone una larga lista de magistrados, juristas y forenses que contribuyeron a desarrollar y aplicar la dura normativa franquista de represión contra las personas homosexuales. A ellos se les condenaba no ya por haber practicado sexo con alguien del mismo género, sino simplemente por el hecho de existir.

Este volumen, titulado ‘Derecho penal franquista y homosexualidad: del pecado y la aberración sexual al estado de peligrosidad‘ (a la venta aquí), ha provocado que el propio ministerio pidiese un informe (PDF) a la Agencia de Protección de Datos (AEPD) por la cantidad de nombres que se proporcionan, pero en un informe bastante claro la agencia ha dictaminado que no hay ningún problema: la historia, en este caso, no se toca.

Llega así la primera monografía sobre derecho penal franquista y homosexualidad, una obra profundamente documentada que nombra a todos y cada uno de los cómplices de la dura represión dictatorial a los homosexuales.

Los principales nombres

La lista completa se puede encontrar en el libro. Pero de entre todos destacan nombres como el del juez Antonio Sabater Tomás, “gran artífice de la represión de homosexuales” desde los juzgados de Vagos y Maleantes de Cataluña y Baleares, “planteaba la experimentación para ‘curar’ homosexuales con hormonas o descargas, como en el campo nazi de Buchenwald“.

Junto al magistrado del Tribunal Supremo Luis Vivas Marzal —seguidor de la tesis de Himmler, que defiende la teoría del contagio—, ambos manifestaron abiertamente su cruzada contra la homosexualidad, no sólo en las sentencias sino en libros y entrevistas. De hecho, Vivas Marzal consideraba la homosexualidad como “un pecado contra el Espítitu Santo”.

También aparece el magistrado José Garralda Valcárcel, de los juzgados de Canarias, cuyas “sanciones y descalificaciones fueron humillantes“. Valga como ejemplo este extracto de una sentencia suya: “El expedientado es homosexual, […] inmundo pináculo de la suprema ignominia humana, el parasitarismo de la prostitución y de la liviandad, siendo siempre socialmente peligrosos, ya tengan o no tipicidad delictivas y ya se ejerciten respecto de mayores o menores de edad, descubierta o clandestinamente […] conceptuado psicópata sexual […] Pederasta activo y pasivo”. Etcétera.

Los informes de la Policía Nacional y de Guardia Civil del régimen franquista tampoco se quedaban cortos en cuanto al trato vejatorio a personas que, recordemos, sólo eran juzgados por ser acusados de homosexualidad. Por un simple rumor, en ocasiones: “Por ser propenso a la sodomía, por ser afeminado […]; de tendencias e inclinaciones a la sodomía, lo pone de manifiesto en sus acciones y gestos y en alguna ocasión, durante la noche, les fueron oídas conversaciones a él y a [omitido] que se referían a hombres guapos y hombres feos…”.

Mención aparte merecen los informes forenses que se aportaban en los procesos, cuajados de pseudociencia. Muchos de ellos estaban directamente inspirados por Valentín Pérez Argilés, catedrático de Medicina Legal y Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza, quien “abogó por el carácter patológico de la inversión”.

En muchos de esos “informes periciales” pseudocientíficos se determinaba que un sujerto era “homosexual pasivo” por detectarse, por ejemplo, “dilatación esfiterina y casi desaparición de pliegues” en su ano, o bien un “marcado amaneramiento […] un psiquismo deformado […] una constitución feminoide […] y una deformación de la personalidad psíquica común a casi todas las formas de perversión sexual”.

El lesbianismo era prácticamente invisible en la época de la dictadura; tal y como reconoce el autor de esta obra de investigación, “sólo se ha encontrado un caso de ‘lesbianismo’ condenado por estado peligroso de homosexualidad”. Fue en Sevilla.

El origen de la obra

“Yo llevaba cinco años trabajando en una obra sobre la represión de la homosexualidad durante el franquismo en todos los archivos de Vagos y Maleantes que había en España, cuando el Secretario de Estado de Justicia se puso en contacto conmigo para ver si podía elaborar un libro sobre el Derecho Penal bajo la dictadura franquista, sus bases ideológicas, el falangismo, el nacional catolicismo y sus protagonistas”, comenta a Público en conversación telefónica el propio Guillermo Portilla Contreras. “Es decir, la idea era escribir sobre todos los catedráticos de filosofía del Derecho, de Derecho Penal, de Derecho Político, etc, que legitimaron al régimen y gestaron la legislación penal de entonces; además, algunos se involucraron como jueces en los tribunales de excepción franquistas”, añade.

El catedrático contestó que primero quería terminar su investigación. “Como no tenía editorial, desde el Ministerio de Justicia se ofrecieron a publicarme este libro, que entregué el pasado diciembre”, afirma, y añade: “El pasado día 30 he entregado el otro volumen, sobre Derecho Penal bajo la dictadura”.

Los archivos, ese agujero negro

“El problema que aún tenemos en España es que cuando uno va a un archivo no es posible ver todos los documentos deseables, sino que hay que pasar por una serie de requisitos y burocracia“, lamenta el autor. “Por ejemplo, que hayan transcurrido 50 años desde la firma de un determinado documento, tal y como recoge la Ley de Patrimonio Histórico, y eso es un inconveniente”.

“Muchos se preguntan sobre la ‘moda’ de investigar el pasado, y la respuesta inmediata es que es imposible investigar hechos más recientes”, apunta, y añade: “De hecho, para esta investigación sobre represión de la homosexualidad, yo no he podido ir más allá del año 1969″.

En las primeras páginas de la obra se puede comprobar que los criterios para el acceso a los documentos varían de uno a otro archivo. “En algunos tienes a un guardia de seguridad mirando por encima del hombre, en otros te dejan ver hasta un año determinado, y en otros directamente no hay ningún expediente sobre homosexuales y han desaparecido parte de los correspondientes a la Guerra Civil”, comenta.

Por ejemplo, no queda ni rastro de los expedientes de los Juzgados de Vagos y Maleantes de Valencia, en gran parte debido a las “juntas de expurgo” de gobiernos anteriores. “Las comisiones de expurgo en la Comunidad Valenciana, un gobierno controlado durante muchos años por la derecha, han hecho lo que han querido en los últimos años y han tomado decisiones muy cuestionables“, señala Portilla.

En Zaragoza, lo que queda de información se encuentra “en el Archivo Municipal de La Muela sin acceso público”. Presuntamente. En cambio, otros archivos, como el de Barcelona, permiten un acceso mucho más abierto y colaborador. No en vano, el ayuntamiento de la ciudad trató de querellarse hace un año contra contra los jueces que encarcelaron a personas LGTBI durante la dictadura franquista, aunque sin éxito.

Por otro lado, los archivos militares “están abiertos una o dos horas al día para los investigadores”, lamenta el investigador. Precisamente esta misma semana, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, aseguró que el departamento “está en la apertura al máximo de los archivos militares”. “Es muy importante que la gente pueda acceder a los archivos para no repetir los mismos errores e incluso para no hablar con tanta ligereza como con la que se habla de las cosas”, dijo esta misma semana la ministra. Todo ello, año y medio después de destaparse que los archivos militares habían colocado un cerrojo a gran parte de su documentación ‘clasificada‘ amparándose en la Ley de Secretos Oficiales, vigente desde 1968. “Ése es el contexto de esta investigación”, resume Portilla.

El porqué de los nombres

“Yo he citado a todos los jueces que firmaron las sentencias, que son públicas”, alega el investigador, que agrega: “Al trabajar con los textos de las sentencias y con los informes de las prisiones, aparecen por supuesto los nombres no sólo de los jueces y magistrados, sino también de los forenses, algo fundamental en estos casos porque eran necesarios para condenar”.

“Los forenses determinaban si uno hombre era homosexual activo o pasivo por la formas de su ano y esto, además, determinaba su condena dado que se penaba sobre todo a los pasivos”, recuerda.

Las penas, que oscilaban entre los tres y los cinco años de internamiento, iban acompañadas de otros dos años de destierro y, además, tras ello se les imponía una ‘libertad vigilada’ a cargo de dos delegados seguían al homosexual por la calle, en teoría para ayudarles a encontrar trabajo. “Pero claro, era en realidad todo lo contrario”, asegura el catedrático. Porque además se identificaba la homosexualidad con la pederastia.

“Miedo a desvelar la verdad“

“Yo estaba muy contento con la publicación de este libro, porque además contiene una importante parte de anexos donde aparecen los informes, y lo único que se ha borrado son los nombres de los homosexuales, de los condenados que en realidad eran las víctimas”, subraya.

“No obstante, a los pocos días el servicio de publicaciones me dijo que había un problema, la aparición de los nombres de los jueces, de los forenses…”, comenta, y añade: “Yo les dije que mi obra no era una novela, sino un ensayo, y trata sobre la represión franquista que yo puedo demostrar, con información que está en los archivos, con sus sentencias y las cartas entre los jueces, los catedráticos…; es decir, se trata de un análisis de datos objetivos”.

 Para Portilla, “se han cumplido todos los trámites, han pasado 50 años desde la firma del documento, la normativa no impedía la publicación de los nombres, pero el delegado de protección de datos había emitido un informe negativo”. “Pero yo les dije que no pensaba publicar un libro con esos nombres de jueces y forenses censurados“, asevera, “no se puede ocultar el nombre de estas personas responsables de esta represión porque es parte de la historia”.

Este catedrático lamenta que exista tan poca investigación sobre memoria histórica en el ámbito del Derecho Penal, y cree que hay mucha labor por hacer.

Pero también reconoce que hay muchos “hijos de” que hoy día “siguen ocupando determinados puestos…”. Y prefiere callar. “No sé, hay aún mucho miedo a desvelar la verdad, sobre todo quiénes fueron los protagonistas, y es algo que no puedo entender”, concluye.

Fuente Público

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica 'Derecho penal franquista y homosexualidad: del pecado y la aberración sexual al estado de peligrosidad', Antonio Sabater Tomás, España, Franquismo, Homofobia/Transfobia, Jueces, Luis Vivas Marzal, Margarita Robles, Ministerio de Justicia, Nacionalcatolicismo, Valentín Pérez Argilés

Día Internacional de la Memoria Trans (20 de noviembre)

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) celebró el pasado miércoles, con la colaboración del Parlamento de Canarias, un acto, con motivo del Día Internacional de la Memoria Trans, para visibilizar la realidad que vivieron estas personas durante el franquismo y las repercusiones que estas discriminaciones tienen en el presente. Así, durante su intervención, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, ha denunciado que “las personas trans que están llegando a la tercera edad sufrieron durante su juventud constantes detenciones y una brutal discriminación social y laboral que les ha impedido cotizar y, por tanto, acceder en la actualidad a una pensión que les permita mantenerse”.

En este sentido, la coordinadora del grupo de Políticas Trans, Marcos Ventura, ha recordado que, durante la dictadura, ser LGTBI estaba penado por la ley de peligrosidad social del régimen franquista, lo que originó múltiples detenciones y humillaciones al colectivo. Ventura ha puesto de manifiesto que “las personas trans, sobre todo las mujeres, que eran más visibles, eran arrestadas con frecuencia y apartadas de cualquier espacio ya fuera lúdico o laboral”.

“Estas mujeres fueron víctimas de múltiples violencias y, en la mayoría de los casos, solo pudieron recurrir al mundo del espectáculo o al del trabajo sexual para subsistir”, ha denunciado. Pero, tal y como ha evidenciado, “no se trata solo de un tema del pasado, puesto que, en la actualidad, el 80% de las personas trans sigue en situación de desempleo”.

Por este motivo, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, ha reclamado la aprobación urgente de una Ley Estatal LGTBI que permita eliminar la transfobia a través de la educación, promueva medidas concretas para fomentar la inserción laboral de este colectivo y garantice el derecho de autodeterminación para todas las personas, entre otras medidas. Además, ha manifestado que “las personas trans deben ser consideradas un colectivo en riesgo de exclusión ya que sufren elevadas tasas de discriminación y violencia”.

Así, ha recordado que, según estudios de FELGTB, más del 40% de las personas trans ha sido víctima de algún tipo de violencia en el último año y casi el 60% de quienes tienen entre 16 y 24 años ha sufrido transfobia en el ámbito escolar.

Ser trans durante la dictadura y la transición

Durante el encuentro, tres mujeres trans han ofrecido su testimonio para compartir cómo vivieron su adolescencia y su juventud. Así, Montse, que actualmente tiene 61 años, ha contado que se visibilizó como mujer a los 15 y que su juventud fue muy dura ya que, “no podía ni siquiera salir con amigas porque por cualquier cosa nos llevaban a comisaría”. “Nos pegaban y maltrataban y a veces tenía que esconderme en un zaguán para que no me encontraran”, ha explicado.

Sin embargo, según relata, la peor discriminación que sufrió fue la laboral, ya que nadie la contrataba por su condición de persona trans. “Solo he podido cotizar 12 años y medio y ahora no tendré derecho a una pensión por no llegar a un mínimo de 15 años trabajados. No es que no quisiera trabajar, es que nadie me contrataba y al final me vi obligada a recurrir al trabajo sexual”, ha denunciado. “Ahora ya te dejan caminar por la calle, pero nos siguen poniendo etiquetas, siguen sin mirarnos como a personas y siguen sin querer contratarnos”, ha lamentado.

Miryam tiene 60 años y es natural de Zaragoza. Según ha relatado, siempre ha estado expuesta a una doble discriminación por su condición de persona trans y por ser de raza gitana. “Desde que era muy pequeñita era evidente que yo era una niña y siempre he recibido el apoyo de mi familia. Esto me hizo muy fuerte”, explica. Este empoderamiento hizo que, pese al bullying que sufrió durante sus estudios universitarios, a los 17 años, Miryam fuera una de las personas que encabezó la manifestación en favor de los derechos del colectivo en 1977 en Barcelona.

Sin embargo, perdió la cuenta del número de veces que ingresó en comisaría como consecuencia de las redadas en cines o clubs donde se reunía con sus amistades a escondidas porque, según cuenta, “no podíamos estar en ningún sitio”. Una vez llegó a estar 15 días en prisión soportando insultos y vejaciones fruto de la transfobia y la xenofobia. “No te da vergüenza ser gitano y maricón” le decían. Ha podido trabajar como cocinera, pero siempre, en puestos que no impliquen estar de cara al público.

Marcela tenía 20 años cuando murió el dictador y ha recordado con rabia todas las veces que la encarcelaron simplemente por juntarse con sus amigas en un bar. “Me pasaba unos 15 días al mes en prisión, tal vez más. Una vez, incluso me volvieron a detener el mismo día que salí de la cárcel solo por bajar a la plaza donde se reunía mi gente después de pasar por casa”, ha relatado.

Cada vez que la detenían, la norma dictaba que tenía que pasar 72 horas detenida, pero, según ha explicado, había veces que el tiempo se prolongaba porque se alegaba “sospecha” de haber cometido un delito y así, podían retenerla el tiempo que quisieran. Además, según cuenta, era frecuente que acusaran falsamente a las mujeres trans de cometer robos y varias de sus amigas tuvieron que enfrentarse a juicios sin haber cometido delito alguno.

Durante el acto, el experto en memoria histórica LGTBI, Víctor Ramírez, ha explicado que, las disidencias de género, además de ser duramente reprimidas durante la dictadura franquista a través de leyes penales, fueron obviadas en la agenda de la Transición. Además, según el experto, la memoria histórica de las personas trans se enfrenta a la dificultad de trasponer los conceptos identitarios actuales a épocas pasadas. “Las siglas LGTBI son difíciles de aplicar a épocas históricas como la dictadura franquista, para la cual toda disidencia sexual o de género estaba englobada dentro del término de “homosexualidad”, de ahí la importancia de recuperar la memoria a través de los testimonios orales”, ha declarado.

El acto también ha contado con la participación del director general de Igualdad de Trato y Diversidad del Gobierno de España, Ignacio Sola; el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos y la viceconsejera de Igualdad y Diversidad de Canarias, Silvia Jaén.

Fuente FELGTB

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“Denunciado por compañeros de sotana”  

“En su primer destino conoció a gentes sin nada y con mucha hambre que vivían apiñadas penosamente y abandonadas en cuevas junto a las tapias de un convento de frailes”

“Las cartillas de racionamiento, la comida, las escuelas… Impulsó con brío lo más elemental”

“A la hora de formalizar la salida, el Obispo quiso que firmara un papel –ha sido siempre la táctica de la jerarquía- en el que ‘yo reconocía que era un vicioso pecador contra el sexto y noveno mandamientos y pedía a mi madre la Santa Iglesia de Roma, que me perdonara'”

30.09.2019 | Baltasar Bueno

A Luis Francisco Marco Benlloch le mandaron con 24 años a Museros, su primer destino, a reemplazar provisionalmente al cura que se había muerto. El franquismo navegaba a toda máquina y lo controlaba todo, no daba puntada sin hilo. Allí conoció les Coves de Massamagrell, gentes sin nada y con mucha hambre que vivían apiñadas penosamente y abandonadas en cuevas junto a las tapias de un convento de frailes, principalmente gitanos. Aquella realidad le congeló el corazón y también el alma.

Escribió al arzobispo Olaechea dándole cuenta de lo que había visto y pidiendo cura de almas para aquella gente, el prelado, navarro de origen, erigió una parroquia, Nuestra Señora del Rosario, y le nombró párroco fundador a pelo, sin casa abadía ni nada, una simple y ruinosa ermita le serviría de templo parroquial. Se llevó su tienda de campaña de boy scout y durmió la primera noche en la puerta del ermitorio. De madrugada un gitanillo le despertó para que acudiera a atender a unos heridos resultantes de una pelea entre calós a navaja limpia. Poco pudo hacer, estaban en situación irreversible y uno a uno les dio la absolución “en peligro de muerte”.

No había nada en aquel núcleo poblacional y comenzó por lo más básico, lo existencial. Las cartillas de racionamiento, la comida, las escuelas, impulsó con brío lo más elemental para la dignidad humana. Al tiempo, comenzó a formar una comunidad cristiana que fue una iglesia vida, de los pobres, pero viva. Sus prédicas no eran las tópicas de común uso en las iglesias de su tiempo, que suelen seguir siendo las mismas de ahora en muchos lugares.

“Luis Marco se negó a firmar aquella mentira, tomó el papel y lo hizo trizas”

Pronto fue acusado de rojo, de comunista, denunciado por compañeros de sotana y por autoridades. A Olaechea le llegaban las quejas, pero le entendía. El arzobispo solía ir a Jefatura de Policía a sacar detenidos de la brigada política-social y solía enfrentarse a Franco, que le respetaba, incluso quiso congraciarse con él nombrándole Consejero del Reino.

Por el contrario, el obispo auxiliar, González Moralejo, lo atosigaba, perseguía, abroncaba, le hacía la vida imposible, le llamaba a cada queja, y al final logró expulsarle del clero y de la Diócesis. Fue un golpe duro para él. Terminaba con esa acción un periplo por diferentes pueblos en los que cuando llegaba era llamado al cuartelillo de la Guardia Civil donde ya había llegado su ficha policial urgida por su superior y advertido de lo que debía y no hacer entre sus parroquianos.

El obispo auxiliar al final consiguió lo que quería: “Vete a tu casa. No te quiero de cura en esta Diócesis, y no consentiré que vayas a ninguna otra, por bien de la Iglesia”. Fue muy duro aquel momento para él y su familia. El Concilio Vaticano II había concluido. “Espero que al espíritu del Concilio no le pase como a mí y lo tiren de su casa”, pensó. A la hora de formalizar la salida, el Obispo quiso que firmara un papel –ha sido siempre la táctica de la jerarquía- en el que “yo reconocía que era un vicioso pecador contra el sexto y noveno mandamientos y pedía a mi madre la Santa Iglesia de Roma, que me perdonara y fuera comprensiva conmigo y, en consecuencia, me liberara de la obligación del celibato y de la carga del sacerdocio, por bien de mi alma y de la Santa Madre Iglesia”.

Luis Marco se negó a firmar aquella mentira, tomó el papel y lo hizo trizas. Fue desterrado del territorio eclesiástico valenciano. Comenzó a rehacer su vida por lo civil, siempre perseguido por la sombra de Moralejo. Trabajo que encontraba, informe negativo contra él que llegaba y era despedido. Estudios que intentaba hacer, comenzados se le hacía desistir por presiones del Obispo. Se encontró, eso sí, con gente maravillosa que le apoyó, el profesor y sacerdote Agustín Andreu, le pasó trabajos de traducción en los que se necesitaba saber griego, hebrero, francés, inglés, alemán y latín, lenguas que dominaba desde su época de estudiante. Sigue siendo un gran latinista.

 Quiso hacer Magisterio y opositar, y de nuevo la garra de Moralejo cayó sobre él, sólo que le salió una mujer valiente y respondona, republicana y de izquierda, de gran fama internacional como pedagoga, que le plantó cara al Obispo y le dijo que no iba a consentir interfiriera en sus obligaciones y responsabilidades. Así Marco pudo ser Maestro Nacional y ganarse el pan dignamente como un civil, con el suplemento molestoso de que pueblo al que era mandado siempre le tocaba acudir a dar explicaciones al comandante de puesto de la Guardia Civil, que ya había sido alertada.

Casó con María Dulce, enfermera, que fue y es su bálsamo y ángel de la guardia, tuvo cuatro hijos y al final su fe y constancia –nunca ha abandonado la Iglesia- le llevó a un precioso paraíso aquí en la tierra, Marines Nuevo, donde ejerció el magisterio con sus grandes cualidades humanas e intelectuales.

“Nunca he abandonado la Iglesia, la Iglesia ha sido uno de mis grandes amores de toda la vida. Hoy me considero miembro de la Iglesia del silencio. La Iglesia, desgraciadamente instalada en el mundo de los privilegios y el poder no se adapta a ser la Iglesia libre y pobre, cuya única fuerza sea el Espíritu Santo. Necesita el poder económico y social y declara enemigo a quien no piensa así. Para mí, miembro vivo de la Iglesia del silencio todo esto son signos positivos, porque anuncian que todos los poderes de la Iglesia se vienen abajo. Así quedará la Iglesia de los pobres creyentes, que será solidaria con los más débiles del mundo, la que buscará servir a la humanidad y no servirse de ella para dominarla”, escribe en un libro titulado “Don Dico, cura de barrio: La Iglesia de los pobres”, en el que detalla lo más fuerte de lo que le ha ocurrido en su vida a causa del Evangelio, un libro digno de una película, de una obra de teatro o de un novelón. Aparte ha escrito otros cinco libros, variaciones sobre el mismo tema. Igual que su esposa, una delicadísima y brillante poetisa.

Dice Marco que la Iglesia “necesita el poder económico y social y declara enemigo a quien no piensa así“

Le conocí en su época de profesor de latín, vigoroso, vitalista, hombre de profunda fe en Dios. Le he visto estos días en su casa de Marines, a la que he llegado sin avisar. Sigue igual, con su mismo nivel intensísimo de fe en Dios, y también en los hombres, y en la radicalidad del Evangelio. Con su gran sentido del humor, signo de su enorme inteligencia, todo ello a pesar de lo que ha sufrido, del infierno que su propia Iglesia le ha montado. Con sus 83 años y los tres ictus que también ha superado. De verdad, una vida digna de ser llevada al cine, que nunca podría reflejar la dureza de su sufridísima experiencia humana, de su amor por la gente pobre y necesitada, desnutrida y sin los mínimos vitales de subsistencia. Un hombre de Dios machacado como lo fueron todos los grandes profetas de la Biblia.

Fuente Religión Digital

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Del cardenal Segura a la exhumación de Franco y su posible entierro en la catedral de La Almudena

¿Está perdiendo la jerarquía una ocasión de oro para desmarcarse de su vinculación histórica?

“El Gobierno tiene la llave en sus manos, porque los intereses particulares siempre están sometidos a un bien mayor: el común y público, el respeto a las víctimas, la dignidad de la ciudadanía y de la democracia”

(Evaristo Villar).- La exhumación de los restos de Franco ha tocado a la Iglesia católica. La Conferencia Episcopal Española oficialmente sigue guardando silencio y la diócesis de Madrid se ha puesto de perfil.

La pregunta que se hace mucha gente es si la jerarquía católica no está perdiendo una ocasión de oro para desmarcarse de su vinculación histórica con el franquismo y romper con los nostálgicos que pretenden mantenerla “atada y bien atada” a un pasado nada edificante.

I. La Iglesia católica en el franquismo. Sometimiento y utilización mutua

Un juicio que da qué pensar. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, refiriéndose al comportamiento de la jerarquía católica con referencia a su pasado franquista, se expresaba, meses atrás, en estos términos: “ha facilitado la beatificación de sus mártires en la Guerra Civil y ha mantenido un terrible silencio acerca de su colaboración con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Así como haber participado y formado parte de una terrible dictadura”. (La Vanguardia 18/03/2018). Esto da qué pensar.

Enfrentamiento con la República. La hostilidad de la jerarquía católica contra la II República es sobradamente conocida. Desde el 14 de abril de 1931, proclamación de la República y abandono del país del rey Alfonso XIII, hasta el 18 de julio de 1936, golpe militar, la jerarquía mantuvo un recio enfrentamiento con la nueva clase política integrada por socialistas y pequeño burgueses que sustituyeron al antiguo régimen.

Alineados al bloque opositor de derechas, -formado por Comunión Tradicionalista (Requetés), Renovación Española (nostálgicos de la monarquía) y Falange Española-, un grupo de obispos, liderados por el cardenal SEGURA, primado de España, e Isidro GOMÁ, -obispo de Tarazona y luego sustituto de Segura en la diócesis primada de Toledo-, mantuvo un duro enfrentamiento con el Gobierno de la República. Discrepando de la misma orientación de Roma, los jerarcas españoles vieron en el Gobierno republicano un decidido empeño por quebrar el vínculo, que ellos consideraban “natural”, entre el pueblo y la religión católica. Y, consiguientemente, se aliaron con el grupo opositor.

Testigo de esta alianza fue la Carta pastoral del 1 de mayo de 1931 del cardenal Segura llamando a la movilización masiva contra el Gobierno republicano. Motivo por el cual perdió la diócesis de Toledo y se ganó la expulsión del país.

Cabe señalar, por lo que supone para alimentación del conflicto, la aprobación por la Cortes Constituyentes, el 9 de diciembre de 1931, de la Constitución de la II República. En este importante documento se establece que “el Estado no tiene religión oficial” (art 3); que “no podrán ser fundamentos de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las religiosas” (art. 25); que “una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del clero” (art. 26); y que “la enseñanza será laica” (art.48).

Fusión con el franquismo. Apenas iniciada la guerra, el 30 de septiembre de 1936, Enrique PLA I DENIEL, obispo de Salamanca, publicó su famosa carta pastoral Las dos ciudades, donde define la guerra como “una cruzada por la religión, por la patria y por la civilización”. Pocos días después “entregó su pectoral, su anillo y un donativo a la suscripción nacional y su palacio episcopal a Franco que lo utilizó de Cuartel General durante su estancia en Salamanca” (José María García de Tuñón Aza, Pla y Deniel el obispo de la cruzada, en el Catoblepas 115:9 (2011).

Por su parte, el cardenal Gomá, con el beneplácito de Franco, organizó en este mismo año 1936, una colecta entre los católicos españoles con el fin de reconstruir los templos y lugares de culto destruidos o saqueados en las zonas liberadas por el ejército nacional. Además de la aportación económica, la colecta suponía para el bando golpista una buena propaganda hacia los católicos europeos que, desde los estragos causados por la Legión Cóndor en Durango y Guernica, no estaban viendo con buenos ojos que se pretendiera cubrir “con una máscara de Guerra santa lo que, en realidad, estaba siendo una guerra de exterminio”.

Preocupado por esta mala imagen en el exterior, Franco se reunió en Burgos el 10 de mayo de 1937 con el cardenal Gomá para reclamar del episcopado español que pusiera “la verdad en su punto” y se la diera a conocer al episcopado mundial. A los pocos días, el cardenal, junto con el borrador de una carta, pedía a los obispos “leerlo con toda detención” y responder “cuanto antes” para “dar autorizadamente nuestro criterio sobre el movimiento nacional y, especialmente, reprimir y contrarrestar las opiniones y propagandas adversas que, hasta en un gran sector de prensa católica, han contribuido a formar en el extranjero una atmósfera totalmente adversa al mismo”. La carta, apoyada por todo el episcopado español, no fue, sin embargo, firmada por el cardenal de Tarragona, VIDAL I BARRAQUER, ni por el obispo de Vitoria, Mateo MÚGICA. Ambos tuvieron que emprender luego el camino del exilio.

La causa de la guerra, para esta Carta Colectiva, no fue el golpe de Estado. El motivo hay que buscarlo en los legisladores de 1931 y en el poder ejecutivo que “se empeñaron en torcer bruscamente la ruta de nuestra historia en un sentido totalmente contrario a la naturaleza y exigencias del espíritu nacional, y especialmente opuesto al sentido religioso predominante en el país”.

Alfonso ÁLVAREZ BOLADO, reconocido investigador del nacionalcatolicismo, destaca las tres limitaciones mayores que, a su juicio, afloran en este texto del episcopado: su trivialización del conflicto social latente, dada la tradicional vinculación de la jerarquía católica con las derechas políticas; su simplificación del problema vasco y su disimulo de la represión franquista, debido a su complicidad con el bando golpista (Jesús López Sáez, Memoria histórica. ¿Cruzada o locura, p 34).

Desde estos breves datos, resulta difícil no advertir complicidad entre la jerarquía católica y el bando militar franquista. Complicidad que se irá profundizando posteriormente en la gestión de la paz, impuesta con violencia, durante 40 años.
De la fusión a la utilización mutua. La tragedia no acabó con el final de la guerra. Decenas de miles de “rojos”, en virtud de la Causa General, fueron fusilados, presos, desaparecidos o exiliados. Durante casi 30 años -entre el Decreto del 26 de abril de 1940, que persigue “los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja” y el Decreto-Ley 10/1969, que considera ya prescritos los delitos anteriores al 1 de abril de 1939- se sometió a la población vencida al silencio y a trabajos forzados, a la cárcel y la muerte.

Tampoco faltó la comedia, como en la introducción del general bajo palio en la Iglesia. El 20 de mayo de 1939, un día después del desfile de la victoria y en un acto cargado de simbolismo, Franco se acercó a la Iglesia de Santa Bárbara en Madrid para entregar su espada vencedora al Cristo de Lepanto. A la puerta lo recibe el obispo de la capital, Leopoldo EIJO Y GARAY, y le ofrece agua bendita en hisopo de plata. Luego, al son del himno nacional, es introducido en el templo y llevado bajo palio por miembros de su gobierno hasta el presbiterio, donde desenfunda su espada victoriosa y la ofrece al Santo Cristo. Inmediatamente después, cae de rodillas ante el cardenal Gomá, que lo bendice y ambos se funden en un abrazo. ¡Glorioso final para un sainete, si no fuera tan escandalosamente irreverente! La unión del trono y el altar en pocas ocasiones ha brillado con tanta magnificencia.

El abrazo final, con el que se cierra la estrecha colaboración durante la guerra civil, abre la puerta a la restauración típica de la confesionalidad del Estado durante el nacionalcatolicismo.

Así se declara oficialmente en dos documentos, de indudable valor, emanados durante la dictadura. El Foro de los Españoles del 17 de julio de 1945 donde se proclama que “La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado Español, gozará de la protección oficial. Nadie será molestado por sus creencias ni el ejercicio privado de su culto. No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la Religión Católica” (art. 6º). Y esto mismo es ratificado posteriormente y de forma más solemne en el apartado II de la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento del 17 de mayo de 1958: “La Nación española considera timbre de honor el acatamiento de la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación”. Esto por parte del Estado.

Por parte de la Iglesia católica desde la clave meramente sociológica se puede concluir, siguiendo a Rafael DÍAZ-SALAZAR, que la fusión entre la cultura política del franquismo y la cultura religiosa del nacionalcatolicismo se apoyaron mutuamente y ambas salieron beneficiadas en sus propósitos. Las relaciones institucionales entre la iglesia y la dictadura, a pesar de los conflictos religiosos deslegitimadores en la década de los setenta, se legitimaron mutuamente; la percepción que un colectivo tenía del otro posibilitó que el régimen se sirviera políticamente de la religión como de “un factor básico” para construir y preservar su orden social, y la iglesia jerárquica para que religiosamente se sirviera de la política franquista como “soporte” de su proyecto de recatolización de España, roto por el proyecto laico de la II República; y estratégicamente, si el régimen franquista utilizó a la institución religiosa “para socializar y someter políticamente al pueblo”, la religión utilizó al poder político para la socialización religiosa del nacionalcatolicismo. (Rafael Díaz-Salazar, Nuevo socialismo y cristianos de izquierda, p.17 y ss.).

II. Desde los datos que iluminan el pasado al problema que oscurece el presente

El conflicto surgido en estos días a propósito de la exhumación de los restos de Franco de Cualgamuros y su inhumación en una sepultura privada en la cripta de la Almudena ha puesto en jaque al Gobierno y a la misma Iglesia. Se ha dicho que es una jugada maestra de la familia del dictador -a la que la sociedad española nada tiene que agradecer-. El Gobierno tiene la llave en sus manos, porque los intereses particulares siempre están sometidos a un bien mayor: el común y público, el respeto a las víctimas, la dignidad de la ciudadanía y de la democracia.

Y la Iglesia católica, ¿nada tiene que ver en este asunto? El cardenal arzobispo de Madrid -máximo responsable de la diócesis y de la catedral de la Almudena donde “hay una propiedad de Franco” y la familia quiere inhumar sus restos- se ha desentendido públicamente como si nada tuviera que ver en este asunto. Ante la reiterada pregunta de los medios, se ha limitado a repetir con pequeñas variantes los mismos argumentos: que “la Iglesia acoge a todas las personas”; que, “como cualquier cristiano (Franco) tiene derecho a enterrarse donde ellos (sus familiares) crean conveniente”; y que, en consecuencia, “no es un problema de la Iglesia, sino del Gobierno y de la familia”.

Con este tipo de evasiones, a mi juicio, se trivializa el problema, se absolutiza la propiedad privada, y se acaba normalizando cristianamente al dictador.

1ª Se trivializa el problema cuando se afirma que en la inhumación del dictador en la Almudena nada tiene que ver la Iglesia. Yo más bien creo que, como propietaria, la iglesia tiene mucho que decir. Y no solo contra la supuesta identidad cristiana de Franco, ni por la división que este asunto está causando ya entre los fieles católicos. De mayor peso es el “escándalo público” que dará al mundo la Iglesia católica al estar custodiando en su recinto los huesos de un sujeto que, además de los crímenes de lesa humanidad de los que es responsable, representa justamente valores contrarios a la democracia y a la reconciliación que ella misma predica. No se puede trivializar de este modo un tema tan grave que cae bajo la fortísima denuncia del escándalo que hacen todas las versiones del Evangelio (Mc 9). Desentenderse de él supone pérdida de memoria, sacrilegio y hasta el desprecio por las víctimas -muchas de ellas católicas: seglares, sacerdotes, religiosos y religiosas-. La jerarquía católica haría bien en aprovechar este momento para hacer justicia y reconciliarse con la verdad de la historia.

2ª En segundo lugar, se está absolutizando la propiedad privada contra la Doctrina Social que la Iglesia oficialmente profesa. Una línea bien importante de la argumentación del arzobispo Osoro se apoya tácitamente sobre el carácter absoluto de la propiedad privada. ¿Qué puede decir la Doctrina Social de la Iglesia al respecto?

La respuesta es contundente y clara. Desde los Santos Padres, pasando por Santo Tomás y la escolástica hasta llegar al siglo XX -con la Gaudium et Spes del Vaticano II-, mayoritariamente diría que se trata de una postura desafortunada y en nada acorde con la tradición mantenido durante siglos. Cuando hay litigio entre el interés común y el particular la suerte cae sobre el primero; cuando se trata de la alternativa entre el destino común de los bienes y la propiedad privada la opción es siempre en favor de la primera alternativa.

Una tumba en propiedad en la Almudena es evidente que tiene unos derechos. Pero, por estar enclavada en un espacio público (iglesia con culto público), estos derechos están supeditados a otros de mayor rango, los comunes y universales. Los clásicos, refiriéndose a los derechos que acompañan a la propiedad privada, afirman rotundamente que no son “exigidos por la naturaleza ni por la ley de Dios”, sino que nacen del derecho positivo o “ad gentes” (como los llama Santo Tomás). Y, en consecuencia, serán legítimos siempre que respeten y respondan al destino originario de los bienes “que es común a todos”.

Por si no fuera suficiente, la doctrina Social de la Iglesia, siguiendo a los clásicos, todavía pone en manos del cardenal Osoro otra herramienta importante. Se trata de la “epikeia” o la capacidad hermenéutica que el legislador deja al buen criterio del intérprete para liberarse del dominio de la letra -cuando la gravedad del caso o el interés público lo requieren- y ser más fiel al espíritu de la ley.

3ª Normalización cristiana del dictador. Visto objetivamente, “por sus frutos los conoceréis” (Mt 7,16), Franco no puede ser tratado “como cualquier cristiano”. No se puede normalizar cristianamente la conducta de un general golpista; que desencadenó un guerra fratricida contra la legalidad establecida en la que murieron violentamente cientos de miles de personas; que, finalizada la guerra, siguió con las ejecuciones de los vencidos, las desapariciones y expulsiones; que, fruto del odio, sembró el terror y el genocidio durante 40 años de dictadura. Quien así actuó no fue un cristiano normal, por más que estuviera bautizado, entrara bajo palio en las iglesias, y convirtieran su guerra en un “cruzada”.

La conducta de una figura así es justamente la contraria de la moral cristiana. Los primeros seguidores de Jesús de Nazaret entendieron perfectamente que el mandato que de él habían recibido no era la imposición por la práctica sistemática de la violencia. Muchos de ellos perdieron la vida por negarse a integrar las legiones del Emperador. Entendieron perfectamente que lo de Jesús era justamente lo contrario, el amor convivencial del que son testigos los evangelios: “Os doy un mandato nuevo: que os améis unos a otros; igual que yo os he amado, también vosotros amaos unos a otros” (Jn 13, 34). Un amor que llega hasta los mismos enemigos: “A vosotros los que me escucháis os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian” (Lc 6,27).

General, Iglesia Católica Dictadura, Francisco Franco, Franquismo, Iglesia Católica

Desde luego que la caída del caballo del Franquismo al independentismo ha sido que ser durísima… Leído en su blog

“En España hemos tenido casi cuarenta años de escuela franquista, y han dejado huella”

“Menéndez-Reigada y Enrique Herrera exultarían desde sus sepulcros al ver el nuevo trono de Franco”

“Entrerrar a Franco en la Almudena sería cambiar un mausoleo por otro también solemne, oficial y más a domicilio de los fanáticos”

José Arregi ¿Franco en la catedral de La Almudena?

Antonio Aradillas: La ‘exclaustración’ de La Almudena por el ‘caso Franco’

(Hilari Raguer osb historiador).- Es un hecho, nos guste o no, que hay un franquismo vergonzante enquistado en la sociedad española, y de paso en la Iglesia española. Las condenas públicas en la constitución y la legislación no han podido exterminarlo del todo y poner de veras España en la línea de los estados plenamente democráticos que han proscrito el nazismo y el fascismo derrotados en 1945 y prohibido el enaltecimiento de sus caudillos.

Maurice Duverger, que fue mi profesor de ciencias políticas en un curso de doctorado en la Sorbona en 1960-1961 (y cuyas obras hizo editar y comentaba en Barcelona el profesor Manuel Jiménez de Parga, para que sus alumnos supieran cómo funciona una democracia, por si algún día la alcanzábamos), decía que las ideas políticas que difícilmente se cambiarán en el resto de la vida nos las inculcan en la escuela primaria hablando de la historia nacional, porque es entonces cuando se nos dice quiénes son los buenos y quiénes los malos. Esto, en Francia, donde hay una potente escuela republicana y apenas tentaciones fascistoides. En España hemos tenido casi cuarenta años de escuela franquista, y han dejado huella.

Ejemplos contundentes del nacionalcatolicismo que imperaba en la escuela franquista son el Catecismo patriótico español de Menéndez-Reigada (1938, reeditado por Península, Barcelona 2003) y España es mi madre, de Enrique Herrera Oria S.J. (1938, reeditado también por Península, Barcelona 2008; ambos con prólogo mío).

La imposición de semejantes libros de texto iba acompañada de la campaña de depuración de maestros y profesores, iniciada por el ministro de Educación Pedro Sáinz Rodríguez, para borrar la obra educativa de la República. Menéndez-Reigada y Herrera Oria canonizan a Franco en vida e identifican el deber de amar a la patria, enseñanza tradicional de la Iglesia, con el amor a Franco y la obediencia a su régimen dictatorial.

Franco – dice Menéndez-Reigada – es “como la encarnación de la patria y ha recibido de Dios el poder de gobernarnos”. Ambos autores describen una historia de España delirante, que culmina en la cruzada. La obra de Herrera Oria es muy extensa; su libro quinto lleva el título de Mueran los traidores. ¡Arriba España!

España – dice- es algo muy grande; si algunos extranjeros hablan mal de ella es por envidia. El castellano “habrá de ser la lengua de la civilización del futuro, porque el inglés y el francés, que podrían compartir esta función, son lenguas tan desgastadas que se encuentran al borde de su disolución completa”.

En esta cuestión ambas obras, tan patrioteras y pretendidamente españolísimas, imitan el catecismo de Napoleón, que inculcaba a los niños franceses el amor a Napoleón y la obligación en conciencia de obedecerle, pagar los impuestos y prestar el servicio militar, e imponía la celebración obligatoria de san Napoleón el 15 de agosto, suplantando nada menos que la solemnidad de la Asunción.

La Iglesia española se ha mostrado muy prudente al admitir que Franco sea exhumado del Valle, pero no lo sería tanto si lo deja enterrar en la Almudena, sobre todo si no es en un nicho corriente sino en un monumento. Sería cambiar un mausoleo por otro también solemne, oficial y más a domicilio de los fanáticos. Menéndez-Reigada y Enrique Herrera exultarían desde sus sepulcros al ver el nuevo trono de Franco.

Fuente Religión Digital

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Parte de nuestra memoria histórica, historia de persecución y sufrimiento… Una razón más para sacar a Franco de su mausoleo del Valle de los Caídos …

Octavio García nació en 1931 en Las Palmas de Gran Canaria, en el seno de una familia humilde.

En 1953, con 22 años, fue detenido tras una denuncia y, sin juicio alguno, por la Ley de Vagos y Maleantes. Los motivos de su condena: ser homosexual, corruptor de menores y por escándalo en la vía pública.

La apertura de la colonia de Tefía, le convirtió en uno de los primeros presos que cumplió condena en ella. El paso por la prisión lo dejó marcado de por vida. Tras su salida se fue de Canarias y sólo hasta hace unos años fue capaz de contar su historia.

Octavio García llegó en 1954 al actual El Castillo (Antigua) a bordo de El Correíllo. “No había ni muelle”, recordaba en 2012 para una entrevista para el Archivo de la Memoria Histórica, en la que colaboró el colectivo LGTB Gama. En el momento de la grabación habían pasado casi 60 años, pero Octavio se acordaba perfectamente de la “humillación” a la que se sometió a los presos que llegaron desde Gran Canaria a cumplir pena en el campo de concentración majorero de Tefía (Puerto del Rosario), en su caso “única y exclusivamente por maricón” según sus propias palabras.

El campo acogía, así, a “parásitos y sujetos indeseables que torpemente dañan la convivencia humana; rufianes y proxenetas; mendigos profesionales; ebrios y toxicómanos habituales y demás personas que con su irregular o anormal conducta fueren merecedores de esta saludable y enérgica sanción social”, categoría en la que se englobaba a los seis gais que pasaron por la granja.

El ahora acogedor albergue era en plena época franquista un aciago edificio donde se sometía a duros trabajos a los reclusos, picando piedra o trabajando en las gavias, “inhóspitas, improductivas”, privados de cuestiones básicas como el propio alimento. “Allí se entraba con 80 kilos y se salía con 45”, explica Víctor Ramírez, investigador y expresidente de Gama, que ha participado en el proyecto de Memoria Histórica de Canarias.

El centro era dirigido con mano de hierro por un excarmelita que instauró un auténtico régimen de terror, peor que un campo de concentración, en palabras de Octavio García. La crueldad de los administradores, sobre todo en la primera época, con este excarmelita al frente del centro, llegaba a extremos de retener los paquetes de comida que enviaban los familiares y entregarlos cuando los víveres estaban ya podridos.

Su trabajo allí consistía en acarrear agua de un pozo, ya que el centro carecía de agua corriente, picar piedra de una cantera de piedra de cal y levantar gavias y muros, todo ello bajo el sol inclemente de la isla y la rigurosa vigilancia de los funcionarios. Cualquier mínimo motivo era suficiente para recibir una paliza.

Sin embargo, para Octavio García, que se libró de los trabajos forzados por sus conocimientos de la religión católica al ser él mismo un devoto creyente y fue elegido para instruir al resto de presos, lo más doloroso fue que lo acusaran de corrupción de menores y pederastia pasiva. Una terrible y falsa calumnia que ha pesado sobre él toda su vida. “¡Corruptor de menores y escándalo en la vía pública! ¡No he sido ladrón, ni maleante, ni mala persona! El único motivo para ser detenido era ser maricón”, explicó a Víctor Ramírez, que en su documentado artículo Los homosexuales durante el franquismo: vagos, maleantes y peligrosos indica que Octavio enfatiza el insulto, “la palabra que lo ha definido durante toda su vida, la única con la que, al final, se siente identificado”, asegura el investigador.

Octavio pasó 16 meses en la bautizada como granja agrícola penitenciaria, en cumplimiento de la ley de vagos y maleantes, promulgada durante la II República y donde el Franquismo encontró el hueco para incluir a los homosexuales en un período de 12 años, hasta 1966. Por Tefía pasaron unas 90 personas, la mayoría reclusos comunes que se acogían a la reducción de pena (cada día de estancia contaba por dos).

Estos fueron los meses que le tocó vivir al que hoy se ha convertido en un símbolo del movimiento LGTBI y que volvió al centro en 2004, para recibir un homenaje del colectivo majorero Altihay. “Recuerdo que llegó taciturno, como avergonzado y casi escondido en sus gafas y su bufanda”, dice Ramírez, que participó en el encuentro. “Pero pronto se dio cuenta de que estaba entre amigos, de que todos estábamos allí para escuchar su testimonio y recompensarle de alguna manera”, concluye.

En el año 2009 el Gobierno español aprobó la concesión de indemnizaciones a las personas homosexuales o transexuales que hubieran sido encarceladas durante el franquismo. Octavio García recibió 12.000 euros por sus dieciséis meses de cautiverio.

La Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía cerró por Orden del Ministerio de Justicia de 21 de julio de 1966. La persecución de homosexuales y transexuales se prolongó hasta 1979, cuando se derogó la ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Esta situación impidió que los presos se beneficiaran de las dos amnistías de la transición. Sus historiales policiales tampoco fueron limpiados, por lo que las fichas siguieron reflejando los antecedentes de homosexualidad.

Ayudó también que el actual albergue no le recordara en nada al lugar en el que él había vivido. “Ahora es un palacio. Antes se dormía con las ventanas abiertas, con aquel viento entrando a todas horas, con una manta picona en aquel colchón, que no era ni colchón”, contaba Octavio en la entrevista para Memoria Histórica. “Los funcionarios creían que humillándonos de esa manera eso se nos iba a quitar. Y eso no se quita, es una cosa nuestra, de nuestro interior”, relata.

Su muerte ha causado un fuerte impacto en la comunidad LGTB canaria y española… Así lo informaba la parlamentaria socialista y también canaria, como Octavio, en su página de Twitter:

Muere Octavio García, represaliado en el campo d concentración y colonia penitenciaria agrícola franquista de Tefía, #Fuerteventura, por su orientación sexual, bajo la Ley de Vagos y Maleantes #DEP 🌈❤️❤️❤️ https://t.co/sVD55xVw0f vía @ondaftv #Fuerteventura

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 21 de agosto de 2018

Y lo recordaba entrañablemente Uge Sangil, también canaria y presidenta de la FELGTB:

Se ha ido Octavio García, uno de los presos que durante el franquismo cumplieron condena en la colonia agrícola de Tefía, Fuerteventura. Gracias por compartir tu historia en la que amar fue tu único delito. Ve feliz hacia el arcoíris y que tu mirada llena de amor te acompañe. pic.twitter.com/1xiMtLE5Aq

— Uge Sangil (@USangil) 20 de agosto de 2018

El artista Javi Larrauri quiso contar su historia en ‘Testigos de un tiempo maldito’, una muestra con la que pretendía denunciar lo que vivieron, recordar que no sólo por política se sufría en el Franquismo. Dramas como el de Octavio García le conmovieron especialmente. En el documental que elaboró Larrauri con sus testimonios cuenta que algunos de sus compañeros intentaron huir, incapaces de soportar más, en una misión suicida para una isla sitiada. A Octavio García lo detuvieron en Las Palmas y le sometieron al escarnio público que las autoridades había ideado para los que eran como él: tras raparles la cabeza, les subían a un camión y les ‘paseaban’ por los pueblos para que les insultasen sus vecinos.

Ayer le recordaba con cariño:

Te arrancaron la juventud en el campo de concentración franquista de Tefía por el único motivo de ser gay, pero no pudieron quitarte la dignidad que mantuviste firme hasta el final.
Que la tierra te sea leve, querido Octavio. pic.twitter.com/9wm6cfHJ2p

— Javi Larrauri (@javilarrauri) 21 de agosto de 2018

La disidencia sexual durante el franquismo recibió un crudo castigo. Sin compasión. Una historia invisible, de dolor latente que Octavio García sufrió en primera persona. García se ha convertido en el símbolo tanto para el movimiento de la memoria histórica como para el movimiento LGBT nacional. Desde el colectivo ALTIHAY FUERTEVENTURA han expresado sus condolencias, “Te recordaremos siempre en Tefia aquel día en que lleno de Dignidad, Generosidad y Orgullo te armaste de valor y mencionaste el nombre y los apellidos de todos los que vivieron contigo aquel infierno”. Y el Colectivo Gamá le recordaba con sus propias palabras:

“Quiero contar todo esto para que se sepa, […] lo que fue la homosexualidad, cómo la reprimían, cómo pretendían reprimirla”
Octavio es nuestra #memoriahistórica y aunque falleció ayer seguirá siéndolo #LeydeMemoriaARV #FrancoEsVerano @FELGTB

📽️ https://t.co/TdZj0qXNZO pic.twitter.com/p6i98MKMr7

— colectivo Gamá LGTB (@GamaLgtb) 21 de agosto de 2018

Testigo de un tiempo maldito, Descanse en Paz, Octavio.

Fuente Onda Fuerteventura/Diario de Fuerteventura/Twitter

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Contra los responsables franquistas de los abusos al colectivo homosexual “ante la pasividad institucional del Estado”.

El Ayuntamiento de Barcelona presentará una querella contra los “responsables de los abusos del colectivo homosexual durante el tardofranquismo“, según ha anunciado el teniente de alcalde Jaume Asens.

En rueda de prensa tras el II Encuentro de la Red de Ciudades contra la Impunidad Franquista, Asens ha anunciado que el ayuntamiento se querellará contra los responsables de los abusos al colectivo homosexual “ante la pasividad institucional del Estado”.

El teniente del alcalde, sin embargo, no ha querido precisar los detalles de la querella y se ha limitado a anunciar que se presentará en las próximas semanas.

“Hoy era el entorno adecuado para explicar la continuidad de nuestro compromiso, pero todavía no los detalles”, ha dicho Asens.

Barcelona ha cogido hoy el relevo a Pamplona como ciudad presidenta de la Red de Ciudades contra la Impunidad Franquista, lo que, según Asens, es un “orgullo” para la capital catalana.

El teniente de alcalde ha explicado que la ciudad se ha marcado como objetivo “unir la Red de Ciudades contra la Impunidad Franquista” con la red de ciudades bombardeadas para “hacer un frente común”.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha asegurado que “no podría haber mejor relevo” que Barcelona, “donde también la represión se cebó de manera cruel”, ha dicho.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

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Museo Extremeño de Arte Contemporáneo, antigua cárcel de homosexuales EFE

Cerca de un millar de homosexuales pasaron por prisión entre 1970 y 1979 por la ley de Peligrosidad Social

El régimen marcó dos centros, el de Huelva (para los que consideraba “activos”) y Badajoz (para “pasivos”)

Tiene grabado a fuego aquel 5 de junio de 1976. Nada más salir Antoni hacía una parada en una tasca de Badajoz para tomarse un vermú. Un aperitivo con sabor a libertad porque con 18 años recién cumplidos acababa de abandonar la cárcel de homosexuales en la que había estado recluso dos meses.

A Antoni lo encerraron por ser homosexual, tal como quedó constancia en su ficha policial y en la condena que le llevó a recorrer varios penales de presos comunes para acabar en Extremadura.  En 1954 se criminalizó al homosexual incluyéndole en la Ley de Vagos y Maleantes, una norma que fue sustituida en 1970 por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, en vigor hasta bien entrada la democracia. Fue con esta norma con la que se habilitaron cárceles específicas para “rehabilitarlos”. Marcaron  dos centros penitenciarios, el de Huelva (para lo que consideraban homosexuales “activos”) y Badajoz (para “pasivos”).

 En la ficha de Antoni de la época se recoge que su delito era ser “homosexual”

Ocurrió en un régimen que, aunque agonizante, seguía reprimiendo las libertades. Esa es la realidad que cientos de españoles vivieron en su piel al final de la dictadura. Aunque muerto el dictador las cosas no fueron mucho mejor, teniendo en cuenta por ejemplo que Antoni salió libre en el 76.

La cárcel es hoy el  Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC). Allí el modo de redimirlos consistía en hacerles coser balones. Narra este testigo vivo de la represión que era un lugar vejatorio, donde eran humillados mientras los funcionarios “miraban para otro lado” ante los abusos. Había delincuentes comunes que se declaraban homosexuales pensando que así recibirían un régimen penitenciario más laxo. “La mayoría de los homosexuales nos cuidábamos, teníamos que tener bastante cuidado”. Era bastante desagradable verse rodeado de ladrones o asesinos y el miedo a ser agredidos siempre estaba.

Antoni declaró su homosexualidad a su madre con 17 años y ella, que no lo entendió, pidió ayuda a la familia. Fue una monja cercana la que lo denunció. La policía vino a por él de madrugada y tras un periplo por los penales de Valencia y Carabanchel acabó en Badajoz.

Hace años que creó junto a más víctimas la Asociación Expresos Sociales y comenta con voz segura que aquello forma parte del pasado. “Lo superé porque llevamos años trabajando para devolver la dignidad a los compañeros, desarrollando una labor extraordinaria. Podemos decir que estamos resarcidos económicamente y moralmente”.

Ha regresado cada vez que ha podido a la ciudad que le vio preso porque siente a Badajoz como su segunda casa, ya que también fue la primera que los reconoció como víctimas del franquismo por su orientación sexual.

“Aniquilar lo diferente”

Como sistema represivo que era, el franquismo apostaba por reprimir la diferencia según explica  José María Núñez, presidente de Fundación Triángulo Extremadura. Un régimen que funcionaba mejor desde la estructura tradicional organizada y donde todo lo diferente dificultaba su modelo y era controlado. Una manera de aniquilar lo diferente con grandes dosis de maldad, con violencia y sentencias condenatorias sin  juicio previo.

La Ley de Peligrosidad Social establecía penas que iban desde multas hasta cinco años de internamiento en cárceles

Una idea parecida traslada Javier Ugarte Pérez, activista doctor en Filosofía, que en sus estudios sobre la represión franquista concluye que cualquier modelo ajeno a la familia numerosa tradicional y católica (donde la pareja se dedicaba a engendrar) no encajaba en el ideal.

De hecho detalla que la detención no era una cuestión metafísica por ser homosexual, sino por tener relaciones homosexuales. Tras la Guerra Civil hay una destrucción económica, demográfica y moral a las que acompaña la llegada de un modelo de ‘nacional catolicismo’, allá por los años 50.

No fueron cifras enormes, si se tiene en cuenta que hubo hasta 50.000 fichados por homosexuales, de los que 4.000 fueron expedientados.

Comenta también  José Manuel Corbacho, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, cómo la legislación franquista permitía medidas “preventivas” contra este colectivo LGTBI y tratamientos de electrochoques para erradicar lo considerado como una enfermedad. Han documentado casos de suicidios y numerosas violaciones.

La ley de Peligrosidad añade en el 70 la novedad de especializar dos cárceles ya existentes, aunque en la Modelo de Barcelona, Valencia y Carabanchel también se habilitaron módulos para recluir a este tipo de presos. Según ha documentado el periodista Fernando Olmeda en ‘El látigo y la pluma’ (2004) cerca de un millar de homosexuales pasaron por prisión entre 1970 y 1979 en virtud de la ley de Peligrosidad Social.

Los presos se dividían según sus tendencias: los “pasivos”, a Badajoz, y los “activos” a Huelva

El perfil social de los encarcelados 

Un elemento básico de análisis para el experto Javier Ugarte es el perfil social de las personas recluidas. Aunque algunos eran ‘pillados’ in fraganti en una pensión o en unos baños púbicos, hay otros que fueron denunciados como es el caso de Antoni.

En su mayoría eran gente humilde, de las clases más bajas y normalmente solteros (aquellos que no encajaban en el modelo demográfico de familia católica). Gente con poca instrucción y herramientas legales para su defensa, y que además tenían que enfrentarse a un doble estigma: al de la calle y el de dentro de las cárceles.

Porque estos presos, a diferencia de los políticos, no contaban con una red de apoyo y solidaridad fuera, sino que eran repudiados y tratados como inmorales o desvergonzados. En algún caso se les practicó el electroshock, pero tampoco era lo frecuente en las cárceles porque ello requería de un psiquiatra y de medios continuados para tratarles, y el régimen no estaba por la labor.

Estos tratamientos se aplicaban más bien en consultas privadas, donde llegaban los homosexuales por voluntad propia o de la mano de sus familiares. Y eran terapias que no reprimían el deseo sexual, sino que creaban impotencia en quienes lo sufrían, cuenta Ugalde Ugalde.

Puede considerarse que dentro de la escala de presos, los homosexuales pertenecían a uno de los eslabones más bajos, víctimas de violaciones y humillaciones. Además, se quedaban con los antecedentes penales una vez liberados, cuando en la época no era rara la obligación de presentar el certificado de antecedentes para trabajar.

Reconocimientos

En el verano de 1979 aún se podía detener a gente por “travestismo” y “prostitución homosexual“. Paulatinamente los artículos referidos a las personas LTGB se fueron dejando de aplicar gracias a las luchas de los grupos pioneros como el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria (MHAR) o el Movimiento Español de Liberación Homosexual, según la información que ha recopilado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura.

Hace ya 18 años que Fundación Triángulo pidió con éxito a la Asamblea de Extremadura que instara al Gobierno central a resarcir a las víctimas LGTBI del franquismo, y a la eliminación de la ficha policial de estas personas. José María Núñez, de Triángulo, incide en que su apuesta fue por eliminar las fichas del registro policial, pero que se conservaran como un elemento vivo de la memoria histórica. Algo que generó debate dentro del propio colectivo de gais, lesbiabas, bixesuales y transexuales.

Con la creación de la Asociación de Expresos Sociales, Antoni y el resto de compañeros también lucharon por el reconocimiento moral y económico como víctimas de la represión. “Porque la libertad se conquista luchando, y porque animo a todas las compañeras y compañeros a seguir haciéndolo”, expresa enérgico.

Con el gobierno socialista de Zapatero lograron que se les asignara una indemnización, que han llegado a lograr 165 personas. Aunque el Estado, según critica, no aceptó asignarles una pensión vitalicia con el fondo de cuatro millones asignados para este fin. Finalmente calcula que no han sigo gastados más de 500.000 euros, mientras que hay hoy víctimas de entonces que sobreviven con 400 euros.

Otra de las cuestiones que pone en duda, según las informaciones a las que ha tenido acceso, es que su ficha haya desaparecido de manos de la policía.

Fuente El Diario.es

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También se pide información sobre los religiosos perseguidos o torturados por el régimen

La magistrada ha dirigido un exhorto a todos los arzobispados españoles

La jueza argentina María Servini de Cubría ha envaido un exhorto al Estado Vaticano reclamando toda la información disponible en sus archivos sobre el papel de la Iglesia, española y romana, durante el Franquismo.

La juez ha solicitado a la Santa Sede que aporte toda la información “relativa a las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado español entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977“, el período que abarca la investigación de la jueza.

Al Vaticano también se le solicitan explicaciones sobre “los religiosos católicos que fueron objeto de persecución, sanciones, cárcel y torturas“ durante la dictadura del general Franco (1939-1975).

Ante la imposibilidad de que la justicia española investigara los crímenes del franquismo, familiares de las víctimas presentaron una querella ante tribunales argentinos alegando que esos delitos por ser de lesa humanidad pueden ser perseguidos por cualquier sistema judicial bajo el principio de la jurisdicción universal. La justicia argentina aceptó la querella el 14 de abril de 2010.

La magistrada siguió actuando y emitió los mismos requerimientos hechos al Vaticano a 14 arzobispados españoles, a través de los juzgados correspondientes: Barcelona, Burgos, Granada, Madrid, Badajoz, Oviedo, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

En consonancia con los pedidos de la querella, Servini libró exhortos a cuatro juzgados de Barcelona y Tarragona (noroeste del país) para que soliciten al Gobierno provincial de la Generalitat de Cataluña “que haga uso de todos los recursos disponibles para la identificación de los restos ya exhumados de posibles represaliados y cotejen las huellas genéticas obtenidas con los perfiles genéticos de las personas que buscan a sus familiares“.

El dictamen de la jueza se basó en la denuncia de tres testigos sobre “la presencia de restos de seres humanos, presuntamente víctimas de asesinatos, que tuvieron lugar en Cataluña en escenarios diversos de la Guerra Civil Española y posterior dictadura, durante el período comprendido entre 1936 y 1977”.

La querella resalta que “ante los casos de desapariciones forzadas” que han denunciado familiares de las víctimas, la Generalitat “no ha procedido hasta ahora a establecer sistemáticamente la correspondencia entre los vivos y los muertos” aunque “cuenta con plenas competencias” para identificar a los desaparecidos.

Por ello, los abogados sugieren avanzar en la investigación a través del Laboratorio de Genética Forense en la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona, que posee un banco de ADN con material genético de familias que buscan a sus seres queridos.

Los tres querellantes elaboraron un listado sobre los posibles emplazamientos de los restos de sus familiares en Cataluña, “principalmente en dependencias diversas bajo la custodia del Gobierno catalán“, que incluyen laboratorios de universidades catalanas y “diversas empresas privadas de antropología y arqueología, contratadas por la administración catalana”.

Fuente Religión Digital

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Parte de nuestra historia que no podemos olvidar nunca y que los más jóvenes deben de conocer para impedir que vuelva a repetirse… La Historia, con mayúsculas, nos demuestra que los Derechos nunca están seguros… hay que defenderlos a diario…

Tras su exitoso paso por numerosos festivales cinematográficos LGTB, el documental ‘Testigos de un tiempo maldito’ de Javier Larrauri será exhibido y complementado por una exposición de retratos gratuita que acogerá el Centro Cívico Riu de Santa Coloma de Gramenet del 8 al 29 de abril

En 2010 el artista y fotógrafo Javier Larrauri inició una búsqueda por todos los rincones de España para conocer las historias de los y las supervivientes LGTB de las leyes franquistas de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad Social.

El documental ‘Testigos de un tiempo maldito’ fue el resultado que dos años más tarde obtuvo de su comprometido y necesario proyecto que recupera la memoria de aquellas personas que fueron represaliadas por el régimen a causa de su orientación o indentidad de género.

Porque es de merecido recuerdo que hasta diciembre de 1978 ser homosexual era delito en España -a no ser que pertenecieras a alguna familia cercana al poder dictatorial- pues las minorías sexuales y de género que vivían al márgen de las represivas máximas del nacionalcatolicismo eran acusadas de ser partícipes de la insurrección civil.

Estas ”graves faltas” contra la autoridad totalitaria eran duramente castigadas con penas de cárcel o la reclusión en campos de concentración donde realizaban trabajos forzados que les llevaban incluso al suicidio. Algo que incidió de manera repugnantemente específica en las mujeres lesbianas y transexuales.

Después de girar por numerosos festivales LGTB de todo el mundo y ser reconocido en La Paz, Madrid, Buenos Aires, algunos de ellos, ‘Testigos de un tiempo maldito’ aterriza en el Centro Cívico Riu de Santa Coloma de Gramenet del 8 al 29 de abril donde se podrá visitar de manera gratuita.

A través de una serie de retratos acompañados de pequeños textos biográficos, Javi Larrauri nos invita a conocer el espinado recorrido vital de los protagonistas del documental, poniendo en perspectiva la represión que sufrieron en los años más lamentables y negros de la Historia del España.

Vídeo: Tráiler de ‘Testigos de un tiempo maldito’

‘Testigos de un tiempo maldito’

Dónde: Centro Cívico Riu (c/Lluís Companys, 9. Santa Coloma de Gramenet. Barcelona)

Cuándo: Del 8 al 29 de abril (el documental se exhibe el día 8 y la exposición se inaugura el día 9 a las 19:00 horas)

Horario: De lunes a jueves de 16:00 a 21:00 y viernes de 16:00 a 18:00

Precio: Gratuito

+información: gramenet.cat, javilarrauri.com

Fuente: javilarrauri.com / Redacción chueca

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En el año 2013 las organizaciones ALDARTE (Centro de atención a gays, lesbianas y transexuales), y EHGAM (Euskal Herriko Gay Askapen Mugimendua) se pusieron a la tarea de recopilar el testimonio de hombres y mujeres que conocieron y vivieron en el contexto franquista su homosexualidad.

Sin embargo, siendo conscientes y sabedores de que las dinámicas sociales no entienden de períodos históricos cerrados, en este trabajo de recuperación de nuestra Memoria Histórica, no se han limitado los testimonios al período franquista estricto sino que se alargan también a los primeros años de la transición.

Para esta recopilación de historias de vida se ha contado con el testimonio de un grupo de mujeres y hombres con edades, orígenes y acervo cultural más o menos similares, y más o menos dispares. Las entrevistas fueron realizadas entre septiembre de 2013 y enero de 2014 en Bizkaia y en Gipuzkoa.

El resultado ha sido el libro “Miradas atrevidas: historias de vida y amor lésbico y gay durante el franquismo y la transición en Euskadi”, que presenta 13 historias de vida, a través de las cuales conoceremos de primera mano la importancia que tenían las miradas, el uso de apodos, cómo eran las bomboneras o determinados cines, los primeros pasos que se dieron para crear organizaciones…

La versión digital del libro puede descargarse libremente aquí.

Igualmente en Youtube puede accederse a un documental que, con el mismo título, recoge los testimonios de algunas de las personas entrevistadas:

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Y si vives o has vivido en Euskadi y quieres contar tu historia puedes pinchar aquí.

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Testimonio de aquellos que fueron perseguidos, e incluso tuvieron que pagar con la pena de prisión, el hecho de ser gay o lesbiana. Aquellos a quienes el franquismo aplicaba la ley de vagos y maleantes, y luego la de peligrosidad social. Muerto el dictador, para ellos y ellas no hubo ni idulto ni amnistía, y tuvieron que esperar hasta 1979 para que se derogaran las leyes que les repremían.

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Antonio Gutiérrez Dorado, frente a la antigua cárcel de Sevilla. / Foto: Luis Serrano.

Leemos en El Diario:

Arranca el proyecto de investigación La represión de la disidencia sexual en Andalucía durante el franquismo y la transición, coordinado desde la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

La homosexualidad sufrió persecución política y social durante décadas e, incluso, la aplicación de supuestos criterios médicos para facilitar su cura.

Testimonios traen un contexto marcado por la moral impuesta desde la iglesia católica, teorías nazis y condenas a prisión, torturas, violaciones, prostitución, electroshock, lobotomías… con nombres propios como Vallejo-Nájera, López Ibor y Carrero Blanco.

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El yugo contra la homosexualidad en la prisión de Huelva.

Averiguar cómo fue la represión del colectivo LGTB durante el franquismo en Andalucía. Este es el principal objetivo del proyecto de investigación puesto en marcha por un grupo de profesores de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), en colaboración con el Grupo de Memoria Histórica del sindicato CGT-A. “Pretendemos que esta investigación no se quede en el ámbito académico y sirva de denuncia y concienciación social de la violencia a la que se ha visto y se ve sometido el colectivo LGTBI. El reconocimiento de los derechos de ciudadanía de estos grupos pasa por la recuperación de su memoria“, sostiene Rafael Cáceres, uno de los profesores de la UPO implicados en la investigación, que lleva por nombre La represión de la disidencia sexual en Andalucía durante el Franquismo y la Transición.

El proyecto surgió hace un año dentro de un grupo de investigación interdisciplinar dedicado al estudio de las sexualidades en España y Latinoamérica (LIESS), en el que “convergen” investigadores interesados en el ámbito de las sexualidades y activistas del movimiento memorialista. “Nos dimos cuenta que existía una escasez de trabajos académicos sobre la memoria histórica de los castigados por su condición sexual durante el franquismo y la transición; y que el concepto represaliado se venía aplicando de forma exclusiva a militantes de organizaciones políticas, olvidando que la represión que se ejerció sobre los hombres y las mujeres que mantienen relaciones sexuales con personas del mismo sexo tiene un carácter netamente político, como también lo tiene su marginación y sus estrategias de resistencia, independientemente de su grado de conciencia“, explica Cáceres. Junto a él, participan en el proyecto los antropólogos Ángel del Río y José María Valcuende, la profesora de la Universidad de Sevilla Assumpta Sabuco, los psicólogos David Alarcón y María Marco, y los trabajadores sociales Juan Blanco y Nuria Cordero.

Aunque la investigación está aún en una fase inicial, sus responsables se han visto sorprendidos por la ”falta de concienciación de la ciudadanía” sobre el tema. “Puede ser que lo más visible de la represión franquista sobre los disidentes sexuales sean los encarcelamientos de homosexuales y transexuales pero resulta igualmente escalofriante la violencia ejercida sobre muchas mujeres en los psiquiátricos donde eran tratadas como enfermas mentales. Y que con frecuencia fuesen las propias familias las que las denunciaran“, manifiesta Cáceres.

Cáceres señala que les está resultando “especialmente complicado” encontrar personas “dispuestas a sacar a la luz sus vivencias ya que el estigma que pesa todavía sobre la población homosexual es muy fuerte y muchos prefieren olvidar“. Sin embargo, apunta que “es aún más complicado tratar de encontrar testimonios de lesbianas por la invisibilidad que tenían y siguen teniendo“.

Sobre el momento que actualmente vive España en materia de derechos LGTB, Cáceres dice que “queda mucho camino por recorrer” y que “el matrimonio homosexual no es ningún punto final en el reconocimiento de los derechos LGTBI“. Por otro lado, hace hincapié en el papel de la educación como instrumento de normalización de la homosexualidad. “Continúa siendo un tema tabú en la educación de los padres y una asignatura pendiente en las escuelas“, recuerda.

El proyecto arrancará el próximo miércoles 26 de febrero con un acto de presentación que tendrá lugar en el Centro Cívico La Ranilla de Sevilla (antigua cárcel de Sevilla, C/Mariano Benlliure s/n). En él participarán Antonio Gutiérrez Dorado, vicepresidente de la asociación Ex-Presos Sociales, y  Antonio Campillo, presidente de la asociación Adriano Antinoo. El objetivo del evento es dar a conocer el proyecto y recoger todas las aportaciones y sugerencias de los participantes.

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“Nuestros derechos no se venden“: manifestantes llenan la Puerta del Sol contra la reforma de Ayuso de la ley trans y LGTBI

Ayuso señala al colectivo LGTBI+.Por Cristina Fallarás

“Ni un paso atrás” o “Los derechos trans son derechos humanos”. Son algunos de los cánticos que se han escuchado durante las protestas del colectivo LGTBI+ contra la reducción de derechos) a la comunidad —así lo aseguran los asistentes a la concentración— que prevé imponer, mediante reformas legislativas Isabel Díaz Ayuso. Durante la manifestación, que se ha ubicado en la Puerta del Sol y ha congregado a unas 1.200 personas (según cifras de la Delegación del Gobierno), los asistentes han pedido la dimisión de la presidenta popular de la Comunidad de Madrid.

En concreto, las leyes que Ayuso prevé reformar, tal y como expuso la semana pasada en la Asamblea de Madrid, son las de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación (la ley trans madrileña) por Razón de Orientación e Identidad Sexual.

La concentración se ha desarrollado entre mensajes contrarios a la gestión de la líder conservadora como “DEP la libertad en la Comunidad de Madrid” o “¡Ayuso, no te queremos!”. Entre los asistentes, una treintena de asociaciones LGTBIQ+ y políticos madrileños como la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre; la senadora de la misma formación Carla Antonelli; la portavoz del PSOE en el Consistorio madrileño, Reyes Maroto; o Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, que ha resumido así el momento que atraviesan, en sus palabras, los derechos LGTBI+ en Madrid: «Cuesta mucho esfuerzo conseguir avances y muy poco perderlos».

“La derogación de estos artículos, que abordan temas esenciales como la educación, la atención sanitaria, el deporte y la visibilidad, representa un ataque directo a los avances logrados en la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género”, han señalado desde la asociación Arcópoli y ha recogido Europa Press.

“No hay libertad sin igualdad”. La concentración en Sol contra los recortes en la ley trans y LGTBI autonómica planeados por Ayuso, en este momento. 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ #NiUnPasoAtrás pic.twitter.com/waWU4PXyaS

— Julio César Ortega (@JC_Ortega_) November 13, 2023

En suma, la Comunidad LGTBI+ considera un “atentado” los planes de Ayuso y así lo ha expresado en la Puerta del Sol. La explicación que dio el Partido Popular para justificar las reformas se resume, en este caso según la Agencia EFE, en dos ideas. La primera, “dar mayor claridad y seguridad jurídica” a la norma y, la segunda, eliminar algunos aspectos vigentes como “la inversión de la carga de prueba”.

El objetivo de las protestas es, tal y como ha declarado a EFE Miguel Ángel Fernández, portavoz de ‘Ni un paso atrás’, la organización que ha hecho las veces de maestra de ceremonias durante esta tarde de lunes, es «lograr que la ley no cambie». En esa línea, Íñigo Errejón (Más Madrid), que también ha hecho acto de presencia en la manifestación, ha aseverado que no se consentirá “ni un solo ataque contra las personas trans, porque si no son libres ellos, no somos libres nadie”.

Madrid dice: ¡Basta ya!

Somos un ciudad referencia en las libertades LGTBIQ+ y Trans 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 y no vamos a consentir que nos lleven al pasado.

Le pido al señor Almeida que, por una vez, no sea cómplice de Ayuso y que no consienta este retroceso en derechos pic.twitter.com/sbUxm6HDpT

— Reyes Maroto (@MarotoReyes) November 13, 2023

Maestre, por su parte, ha vinculado las reformas de las leyes LGTBI+ y trans que emprenderá, salvo sorpresa, Ayuso con las que se están llevando a cabo en contra de la ley de amnistía y en las que están participando grupos de extrema derecha. «No es una casualidad”, ha sentenciado. Al contrario, la política cree que responden “al programa político de la derecha, el programa del odio”.

Hoy, con @Rita_Maestre, @EduardoFRub, @Jimegongo y @Alicia_Torija_L, en la manifestación unitaria de colectivos TRANS y LGTBI de la Comunidad de Madrid, con quien se redactaron las leyes en 2016, contra la derogación de la práctica totalidad de las leyes TRANS y LGTBI, desde… pic.twitter.com/hK0BtObjmt

— Carla Antonelli / 🏳️‍⚧️☂️ (@CarlaAntonelli) November 13, 2023

Reclaman al Defensor del Pueblo y a Sánchez

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha avanzado que enviará una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a Más Madrid y al PSOE para que presenten un recurso en el Tribunal Constitucional (TC) contra la “derogación” de la Ley Trans en la Comunidad de Madrid.

“Su propuesta va en contra de un colectivo vulnerable. Me parece ya descabellado porque ella está obligada a cumplir y a implementar la ley trans. Hoy venimos a decirle públicamente que nos va a tener enfrente y que usaremos todas las herramientas jurídicas que tendremos para contestarla”, ha subrayado Cambrollé.

La derogación de Ayuso de la ley trans: un guiño a la ultraderecha más que una reforma legal real

La propuesta de ley deroga el derecho al reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada y patologiza las identidades trans.Por María Martínez Collado

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha registrado la derogación parcial de la ley transy la ley de protección integral contra la LGTBfobia de la Comunidad de Madrid. Aprovechando el ruido mediático que ha generado la ley de amnistía, la presidenta autonómica presentó el pasado viernes ambas proposiciones de ley que suponen profundizar en la vulneración de los derechos del colectivo en la región.

El Ejecutivo tiene previsto aprobar la supresión de varios artículos de las normas vigentes por la vía de urgencia, con el objetivo de que salga adelante con la mayoría absoluta del PP antes de que finalice el año. Cabe recordar que ambas leyes fueron aprobadas durante el Gobierno de Cristina Cifuentes y que Vox llevaba pidiendo su derogación desde 2019. Ahora, sin requerir ya del apoyo de la extrema derecha, Ayuso hará efectiva su promesa electoral de la que hizo bandera en la campaña del pasado 28M.

En concreto, la proposición para modificar la ley trans elimina la prohibición de las terapias de conversión para las personas trans y establece que para que un menor trans pueda iniciar su tratamiento debe disponer de un informe médico. Esto es, deroga el derecho al reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada y patologiza las identidades trans.

Por otra parte, la modificación de la ley LGTB+ suprime todos los apartados correspondientes a los planes educativos y el fomento de la no discriminación y elimina el plan contra el acoso en los centros educativos, así como el Consejo LGTB+ o el Centro de documentación y memoria histórica LGTB+.

Fuentes del Ministerio de Igualdad consultadas por Público aseguran que “en ningún caso es una reforma necesaria” para adecuarse a la Ley 4/2023 para la igualdad trans y LGTB+, “por supuesto nada urgente, y, de facto, va a tener poca incidencia real”. “Lo que la presidenta no dice en su anuncio es que la mayoría de las cuestiones que suprime son ya de obligado cumplimiento e implementación por parte de las comunidades, tengan estas o no sus propias leyes” porque están legisladas en la ley trans estatal, insisten desde el gabinete que dirige Irene Montero.

“Una ley de ámbito autonómico puede ir más allá y facilitar el desarrollo de la estatal, pero determinadas cuestiones que pretende entorpecer (el ámbito educativo sería, tal vez, el más significativo) queda meridianamente claro que deben ser cumplidas por su Gobierno. No deja de ser una operación propagandística en la que utiliza a uno de los sectores más vulnerados de la sociedad que nada tiene que ver con los intereses de la comunidad que preside”, añaden en Igualdad.

Desde la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé advierte en declaraciones para Público de que la propuesta de Ayuso es “antagónica”, no solo a los principios de la ley estatal, sino también a los “dictámenes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que en 2018 aprobó su despatologización”, las directrices de la Asociación Americana de Psiquiatría o el marco de la Unión Europea.

“Querer seguir imponiendo las terapias de conversión es algo monstruoso, una tortura, es inconstitucional y ellos deben saberlo. Todo esto no deja de ser una provocación más de una señora con delirios fascistas que no se decide entre la moderación o mimetizarse con el discurso de la ultraderecha”, ha criticado Cambrollé.

Tras conocer sus intenciones, la Plataforma Trans ha pedido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha anunciado que intentará “por todas las vías defender los derechos humanos”. A este respecto, Cambrollé hace una llamada al Gobierno, a la Asamblea de Madrid y al Defensor del Pueblo para que, una vez aprobado el nuevo marco legal, presenten un recurso de inconstitucionalidad.

“Vamos a escribir a cada institución que pueda frenar este retroceso que nos puede trasladar a los peores tiempos del franquismo. Asimismo, vamos a pedir amparo en el Consejo de Europa y vamos a hablar con organizaciones internacionales como Human Rights Watch”, ha declarado la activista.

En la misma línea, Carla Antonelli ha explicado que desde Más Madrid tomarán “todas las medidas legales” que estén en su mano. “Es un acto de cobardía, de populismo, donde se ensaña con los más débiles. Se puede meter con gente de su tamaño, no con los niños y niñas trans, con personas trans discriminadas”, ha expresado.

¿Cómo afectará al día a día de las personas trans?

Teniendo en cuenta que existe el amparo de la ley trans estatal, la pregunta que ahora se nos sugiere es en qué medida puede una ley autonómica oponerse a esta. Y, sobre todo, cómo afectará a la cotidianidad de las personas trans y LGTB+. Saúl Castro, abogado especialista en derechos LGTB+, advierte de que es una cuestión compleja sobre la que “conviene tener en cuenta el contexto del que venimos”. A su juicio, el plan de Ayuso es «la confirmación de una discriminación, de unos principios, que ya venían siendo aplicados en la Comunidad de Madrid».

Así, por ejemplo, respecto a las terapias de conversión, Castro señala que, aunque lleven prohibidas desde 2016, hasta ahora “el Gobierno autonómico deliberadamente no ha sancionado ninguna de estas de estas prácticas, a pesar de que se pueden haber interpuesto en torno a una quincena de denuncias”.

En cualquier caso, “las terapias de conversión están tipificadas en la ley trans estatal como una infracción administrativa y en todo lo que no regule la normativa autonómica sí que se debe aplicar la regulación de la normativa estatal”, apunta Castro. Por lo que, de excluirse de la normativa específica de Madrid, como se prevé, “en teoría siguen estando prohibidas de forma genérica por la ley trans marco. Así que no debería de haber mayor problema”.

Si se atiende a la vuelta de la patologización, Castro insiste en que “en la Comunidad de Madrid se seguía sometiendo a este tipo de requisitos, de informes y de diagnósticos” a las personas trans que querían iniciar un tratamiento, pese a lo que establecía la ley aprobada con Cifuentes. “Ahora va a ocurrir lo mismo, pero lo dejan por escrito. Materialmente, nada va a cambiar”, lamenta.

De aquí en adelante, si no mueven ficha el Gobierno, los diputados o el Defensor del Pueblo denunciando la situación ante el Tribunal Constitucional, explica Casto, serán las propias familias, los propios menores, quienes tengan que ocuparse de interponer un recurso administrativo, con el gasto y proceso que ello implica, para demostrar que estas derogaciones son contrarias a la ley estatal y poder ejercer sus derechos. “Tal y como ya pasaba”, dice.

Lo mismo ocurre con el Consejo LGTB+ o el Centro de documentación y memoria histórica LGTB+. “Llevamos siete años con unas leyes que sobre el papel sonaban muy bien, pero no se han aplicado. Esto es pues eso lo que decías antes una confirmación de que esa inactividad no ha supuesto nada”, argumenta el abogado.

En cuanto a otro de los puntos que más preocupan, la eliminación de la inversión de la carga de la prueba (que obliga al acusado de discriminar a personas trans a demostrar su inocencia), el jurista sostiene que se trata de un principio “reconocido por el Tribunal Constitucional de manera uniforme y por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que es como se tiene que proceder en los casos en los que existe cualquier tipo de discriminación”.

A su vez, en España esta acepción está reglada por las Leyes procesales y reguladores de Procedimientos Administrativos y por la llamada ley Zerolo. Por lo que “el hecho de que se elimine el artículo en el que se establece la inversión de la carga de la prueba en los procedimientos incoados sobre la base de la ley LGTBI madrileña no va a tener ningún efecto porque esto se regula por leyes estatales”, afirma el experto.

Fuente Agencias/Público

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La Universidad de Granada despide a José María Castillo, “maestro de generaciones, ciudadano fiel a sus compromisos y amigo de tantos“

Juan Cejudo: “Castillo nos ha iluminado con su teología abierta”

José María Castillo, el gran teólogo de la teología popular, por Julio Millán Medina

¿Qué hubiera dicho José María Castillo?, por Jesús Lozano Pino

Para ti, José María Castillo, por Faustino Vilabrille

Leído en su blog:

Ante la muerte de un teólogo del pueblo

Un pintor habría utilizado para retratarlo colores pálidos para trazar suavemente un rostro entre frágil e inteligente, solitario y cordial, humilde y respondón

Un rasgo de sus comienzos nos emociona especialmente, su confesión de que de niño fue pastor literal de ovejas

Sobre el sustrato de una psicología frágil y sensible, como él mismo confiesa que es la suya, eso ha supuesto tener que afrontar muchas noches oscuras, incomprensiones, soledad e incluso tener que superar en varias ocasiones la depresión

“El motor de lo que hago y deseo seguir haciendo, hasta el final de mis días, es la experiencia de Jesús, el Señor de mi vida, tal como lo he encontrado en el Evangelio.”

Adolfo Nicolás, al despedirse, le dijo: “Reza mucho por la Iglesia; porque más bajo de lo que ha caído, ya no puede caer”

“Ahora, que hemos entrado, en picado, en la crisis de la Religión y de Dios, empezamos a tomar conciencia de que al Dios trascendente solamente podemos conocerlo en la humanización de Dios, tal como lo vemos y lo palpamos en el Evangelio, en la vida y en las obras de Jesús.”

Acaso nunca habría podido imaginar José María Castillo, como ha sucedido a otros teólogos oficialmente proscritos, que un papa llegara a leer sus libros, llamarle personalmente y revalidar su trabajo de conciencia profética en la Iglesia.

12.11.2023 Pedro Miguel Lamet

Espiritualidad Adolfo Nicolás, Compañía de Jesús, Evangelio, José María Castillo, Papa Francisco, Teología Popular

D.Fernando de los Ríos en un Mitin en Granada (1933). Archivo fotográfico de la Fundación Fernando de los Ríos.

Presentación en la Embajada de España ante la Santa Sede del libro de Carlos García de Andoin

El pasado jueves 5 de octubre, con el foco informativo puesto en el Sínodo de la Sinodalidad, pasó desapercibido en Roma un significativo acto, la presentación en la Embajada de España ante la Santa Sede del libro de Carlos García de Andoin, ‘Fernando de los Ríos. La construcción del Estado laico’

Con la Embajadora Isabel Celáa como anfitriona del acto y el salón lleno tomaron la palabra el cardenal de Barcelona Juan José Omella, el profesor de La Sapienza, Stefano Cecanti, y el autor del libro, Carlos García de Andoin

La Embajadora resaltó el perfil político de Fernando de los Ríos y de la idoneidad del lugar para presentar un libro que trataba sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Destacó  la cercanía y amistad del ministro con el escritor y dramaturgo Federico García Lorca.

“Este político socialista republicano, atribuye a la religión su propia orientación política”

14.10.2023

El pasado jueves 5 de octubre, con el foco informativo puesto en el Sínodo de la Sinodalidad, pasó desapercibido en Roma un significativo acto, la presentación en la Embajada de España ante la Santa Sede del libro de Carlos García de Andoin, ‘Fernando de los Ríos. La construcción del Estado laico’.

Con la Embajadora Isabel Celáa como anfitriona del acto y el salón lleno tomaron la palabra el cardenal de Barcelona Juan José Omella, el profesor de La Sapienza, Stefano Cecanti, y el autor del libro, Carlos García de Andoin.

La Embajadora resaltó el perfil político de Fernando de los Ríos, su procedencia de la Institución Libre de Enseñanza y la importante obra educadora llevada a cabo por la Segunda República. La idoneidad del lugar para presentar un libro que trataba sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Por último, también destacó la cercanía y amistad del ministro con el escritor y dramaturgo Federico García Lorca, alumno suyo a quien siempre protegió y apoyó. Ensalzando el valor de la obra que se presentaba, dio la palabra a los intervinientes en la mesa.

De izda a dcha:La embajadora Isabel Celáa, el cardenal arzobispo de Barcelona y Presidente de la CEE, Juan José Omella, el autor Carlos García de Andoin y el profesor de la Universidad de La Sapienza Stefano Cecanti

Tomó la palabra el cardenal Juan José Omella, quien destacó el perfil religioso de Fernando de los Ríos.

De los Ríos, cristiano erasmista, por el cardenal Omella.

Su autodenominación como “cristiano erasmista”. Parece ser una anécdota socorrida, que, De los Ríos, tras la guerra civil, al rellenar el formulario ante las autoridades de inmigración, al preguntársele por su religión, se identifica como “cristiano erasmista”. Pero parece más que un sucedido. Muchos amigos le identifican públicamente así (Prieto, García Lorca, Jiménez de Asúa…) y él mismo escribe y reflexiona sobre el erasmismo en España. Parece ser expresión de su admiración hacia un movimiento seguidor de Erasmo y de su cristianismo evangélico, culto, ético y espiritual.

De izda a decha: Stefano Cecanti, Isabel Celáa, Juan José Omella y Carlos García de Andoin.

La importancia de lo que llama la “emoción religiosa”. Refleja lo que para él es principalmente la religión, una visión antiintelectual y antidogmática. En el libro se cita un artículo de la Semana Santa de 1917, “En torno a la emoción religiosa” donde escribe que, para él, “el acto religioso nace en la máxima intimidad y recato; con él vienen a la vida las emociones que fecundizan los más hondos deseos del ideal” (1997c: 19). Es una visión que une experiencia religiosa y moral: “la sed de lo infinito es una llama que va quemando todo cuanto halla en el interior tocado de mancilla y se quema, además, a sí misma; antes de hacerlo influye en la vida, exaltando el amor a la virtud, a la perfección concreta” (1997c: 20). Va a mencionar expresamente la oración con bellas palabras en las que resuena la religiosidad popular andaluza: “la oración es el momento lírico supremo, por esto es lo individual por excelencia y el plano en que vive la emoción religiosa. La oración es el vehículo verbal de nuestra sed de lo absoluto, la saeta construida por la razón para calmar las solicitaciones angustiosas del sentimiento; la oración es antidogmática precisamente por ser lírica” (1997c: 20).

Fernando de los Ríos con su hija Laura, que casaría con Francisco García Lorca, hermano de Federico.

Me ha llamado la atención también la influencia de su educación religiosa familiar. Su madre, Doña Fernanda Urruti, que rezaba a diario el Kempis, llevaba a sus hijos con un “sentido de cristianismo primitivo” a visitar y ayudar a las familias pobres de Ronda. Así lo expresa el propio De los Ríos: “desde niño nos enseñó a mis hermanos y a mí que teníamos que ocuparnos de la vida de la familia de unos cuantos pobres; y me recuerdo a mí mismo visitando la casa de esos pobres, preguntándoles por sus necesidades y yendo a mi casa muchas veces compungido y dolorido y sin poder contener los sollozos por la miseria que había visto, y a la que yo procuraba poner remedio mediante la dadivosa actitud de mi madre” (1997d: 222-223). El libro recoge que cuando en 1980 traen los restos de De los Ríos de Nueva York, donde sufrió el exilio, al cementerio civil de Madrid, su hija Laura se refirió al “fondo profundamente religioso” de su padre y a la influencia en él de su madre “esencia de cristiana vieja”.

Asimismo, la centralidad que da a la educación cristiana de su hija. Escribiendo en 1926 una carta desde Nueva York a su mujer Gloria, le dice “Di a mi hija de mi alma que no deje de escribirme […] que no olvide mis ruegos, que cultive su corazón y su alma religiosa meditando el Evangelio, que lea el Padre Nuestro y el sermón de la montaña y haga todas las noches su examen de conciencia; que piense en Dios como el ser perfecto a quien debemos imitar embelleciendo moralmente todos los días nuestra propia vida y llevando el bien a cuantos podamos”.

“Este político socialista republicano, atribuye a la religión su propia orientación política”

No puedo dejar de anotar el papel que este político socialista republicano, atribuye a la religión su propia orientación política. Dice que el contacto con la miseria por solidaridad con familias jornaleras pobres en la Ronda de abajo “me ha hecho tanto bien en la vida –perdóneseme esta pública confesión por vez primera- que creo que ha sido lo que determinó incluso mi posición socialista una vez que llegué a la edad adulta” (De los Ríos, 1997d: 223).

Fernando de los Ríos, Pablo Iglesias (fundador del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores) y Julián Besteiro, en Celorio, Asturias (1921)

El cardenal Omella se detuvo en la relación que mantuvieron De los Ríos y el cardenal de Tarragona, Vidal i Barraquer, en aras a un acuerdo de conciliación entre el Gobierno repubñicano y la Iglesia que finalmente fracasó con el articulado de la Constitución, de carácter eliminatorio para con la Iglesia.

Finalmente recordó que la Constitución de 1978 había conseguido llegar a los acuerdos que no fueron posibles en la II República, principalmente en materia de educación y de financiación.

Fernando de los Ríos: un vencedor póstumo, por el profesor Ceccanti

En este volumen tan extenso, el politólogo y teólogo vasco Carlos García de Andoin describe esencialmente al humanista y socialista reformista Fernando de los Ríos (1879-1949) como precursor del equilibrio entre libertad religiosa y laicidad que se ha logrado con la Constitución de 1978, superando el confesionalismo tradicional que había tenido su última expresión en el franquismo pero también la postura unilateral de separación hostil de la Constitución de la Segunda República de 1931, respecto a la que luego había sucumbido.

De los Ríos se unió al PSOE en 1919 y, por tanto, estuvo involucrado en las difíciles consecuencias políticas de la Revolución Rusa con respecto a las orientaciones de los Partidos Socialistas, atrapado entre el llamado al nuevo movimiento comunista y los impulsos maximalistas y reformistas. Contribuyó a evitar que la mayoría se deslizara hacia posiciones comunistas, también gracias a un revelador encuentro directo con Lenin, quien devaluó radicalmente el valor de la libertad en su presencia, “Libertad, ¿para qué?” (pág. 50 del volumen que retoma la historia autobiográfica y que deja claro hasta qué punto los bolcheviques deseaban ab initio el resultado autocrático). Ya fue elegido diputado en 1920 y 1923, y luego nuevamente en 1931. Fue uno de los líderes socialistas que, coherentemente con su propio reformismo, en un partido muy dividido (ver pág. 55), lucharon exitosamente a favor de una colaboración gubernamental con los republicanos contra el aislamiento identitario, llegando a ser ministro de Justicia en el gobierno provisional de Alcalà Zamora y luego nuevamente en el posterior gobierno de Azaña, antes de pasar a Instrucción pública en 1932.

El punto clave de su acción política, que describe el volumen, es su papel como Ministro en la elaboración de los artículos sobre laicidad y libertad religiosa de la Constitución de 1931. De los Ríos, quien personalmente tenía una actitud compleja de laicismo, por así decirlo, religioso , separado de la Iglesia católica, pero con un cristianismo con rasgos modernistas, fascinado sobre todo por las minorías religiosas (se define como “cristiano erasmista“) y, por un lado, muy firme en la libertad de culto y en la separación entre Estado y religiones, a favor del concepto de “Estado aconfesional“, que rompía decisivamente con el pasado, pero al mismo tiempo era partidario de una forma de reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia católica, también en nombre de la necesidad de que la nueva República “incorpore a los católicos ante el riesgo de explosión” de aquella experiencia democrática, como señala en la introducción el constitucionalista y político Gustavo Suárez Pertierra (p. 29).

La tesis de De Andoin, resumida en el Prólogo, es la que ve a De los Ríos como un precursor de la combinación laicismo-libertad (y por tanto cooperación) que se estableció en la Constitución de 1978 frente a la de libertad-coacción (y por tanto hostilidad). que se afirmó a pesar de sí mismo en 1931 (p. 30) y que no fue la menor causa del fracaso de la República (p. 58). Leer más…

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