Más del 70% experimentó problemas psicológicos debido a la discriminación o los delitos, a un punto que el 31,8% intentó suicidarse o tuvo ideas suicidas, al 20,6% le quedaron marcas en el cuerpo y el 33,9% vivió problemas sexuales. Los dramáticos abusos; que en su casi totalidad no se denuncian; son parte del primer estudio desarrollado por la Subsecretaría de Prevención del Delito junto al Movilh y otros colectivos.
La Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Organización Trans de Rancagua e Iguales lanzaron hoy la primera encuesta estatal sobre la discriminación y violencia que afecta a las personas LGBTIQ+ en razón de su orientación sexual o identidad de género.
Se trata del sondeo “más grande y representativo emprendido por el Estado, en alianza con la sociedad civil, pues fueron encuestadas un total de 3.271 personas. Valoramos que la Subsecretaría de Prevención del Delito, con Katherine Martorell a la cabeza, impulsara esta iniciativa. Los resultados son dramáticos, pues reflejan de manera clara y contundente el drama y la vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+ en Chile y la necesidad de implementar con urgencia medidas contra la discriminación”, dijo el vocero del Movilh, Óscar Rementería, cuya organización atiende en más del 92% de las denuncias por homofobia o transfobia conocidas en el país.
Añadió que “esperamos que todos los ministerios del Gobierno, así como los poderes Legislativo y Ejecutivo, tomen nota de estos tristes y dolorosos resultados e implementen políticas públicas y leyes para prevenir y erradicar la discriminación y los delitos. Aquí la reforma a la Ley Zamudio, que tramita el Senado, es de suma relevancia. Esperamos y exigimos que esta reforma contemple una institucionalidad anti-discriminatoria”.
Del mismo modo “llamamos a las personas LGBTIQ+ a denunciar los atropellos, a perder el miedo. Esto porque apenas el 4,3% denuncia la discriminación y solo el 9,2% reporta los delitos. Es decir, que la casi totalidad de quienes ven vulnerados sus derechos, no tienen ninguna posibilidad de alcanzar justicia, lo cual es gravísimo y preocupante”.
El “Estudio exploratorio de discriminación y violencia hacia las personas LGBTIQ+” fue aplicado entre los pasados 14 de octubre y 15 de diciembre, siendo el instrumento diseñado por la SPD y el Movilh, con el apoyo de la Organización Trans de Rancagua e Iguales.
Del total de personas encuestadas, el 57,5% tiene entre 18 y 30 años; el 23,1%, entre 15 y 17 años; el 11,4%, entre 31 y 40 años; y el 7,9%, más de 41 años.
El 41.9% de los encuestados es hombre; el 58%, mujer y el 0,1%, intersex. En cuanto a la orientación sexual, el 31,5% se declaró gay; el 30,4%, bisexual; el 18,2%, lesbiana; el 11% heterosexual; y el 9%, bisexual. En tanto, la identidad de género del 57,6% es cisgénero; seguido por “otros” (17,7%); no binarios (17,4%) y trans (7,3%)
Discriminación a personas LGBTIQ+
En torno a la percepción de la discriminación, el 71,8% cree que en Chile los derechos de las personas LGBTIQ+ se respetan “poco”; el 25%, “algo” y el 3,1%, “mucho”, cifras explicadas por los graves episodios de homo/transfobia vividos a nivel individual.
En efecto, el 89.3% ha sufrido discriminación al menos una vez en su vida y el 64,4% experimentó lo mismo en el último año. Al considerar exclusivamente a las personas trans, las cifras son de 94,1% y 85,5%, en forma respectiva.
A lo largo de su vida el 76.9% fue discriminado/a con insultos; seguido por gritos y hostigamientos (64,5%); imposiciones para cambiar de apariencia (48.7%); falta de respeto a la identidad de género (28.8%); sanciones por expresar la orientación sexual o identidad de género (22,9%); expulsión o negación de entrada a algún lugar (18.5%); obligación para someterse a pruebas o test de VIH o ITS (7,3%); negación o obstáculos para registrar la identidad de género (4,5%); negación de entrega de retrovirales (1,2%) y dificultades para ejercer el derecho a voto (0.9%). Además, y al considerar exclusivamente a personas trans, al 61,9% las ridiculizaron llamándolas en voz alta por su nombre legal y al 9,2% le negaron la entrega de reemplazo hormonal.
En tanto, en el último año la discriminación se expresó en insultos (49,1%); gritos u hostigamientos (35%); obligación para cambiar de apariencia (26,2%); falta de respeto a la identidad de género (18,4%); sanciones por la expresión de la identidad de género o la orientación sexual (7,8%); expulsión o prohibición de entrada a algún lugar (6,6%); obligación para someterse a pruebas de VIH o ITS (2,9%); negación o dificultad para el registro de la identidad (2,4%); negación para la entrega de retrovirales (0,7%); obstáculos para ejercer el derecho a voto (0,4%). En el mismo período, al 45,2% de las personas trans las ridiculizaron llamándolas en voz alta por su nombre legal y al 5,9% le negaron la entrega de reemplazo hormonal.
Las diferentes formas de discriminación ocurrieron en espacios públicos como calles y parques (53,4%); en el hogar (44,7%); en redes sociales (41,2%); en espacios educativos (38%); en casa de familiares (29,8%); en el transporte público (21,7%); en el barrio (19,1%); en espacios religiosos o lugares de culto (18,7%); en espacios comerciales (18,4%); en instituciones públicas (12,6%); en el lugar de trabajo (12,3%); en carabineros (10,3%); en el servicio público de salud (8,5%); en un club, discoteca o bar (7.6%); en protestas o manifestaciones (6,5%); en servicios o empresas privadas (5,6%); en servicios privado de salud (5,3%); al arrendar o comprar un producto o servicio (5,3%); en un servicio privado de transporte (4,2%); en gimnasios o centros deportivos (2,5%); en un evento LGBTIQ+ (1,9%); en club, pub o discoteca para LGBTIQ+ (1,8%); en instituciones financieras (1,7%); en la PDI (1,4%) y en instituciones penitenciarias (0,6%).
Los principales responsables de la discriminación en el último año fueron desconocidos (57.9%); familia nuclear (44,1%); familia extendida (30.6%); compañeros de estudios (25.7%); miembros de comunidades religiosas (25,7%); directores, docentes, auxiliares (23%); amigos o conocidos (19.6%); funcionarios de carabineros (11,7%); grupos anti-LGBTIQ+ (11,2%); funcionarios públicos (11%), compañeros de trabajo (8.9%), personal de salud (8.7%), jefes/as (8.2%); pareja o ex pareja (7.2%); familiares de (ex) pareja (5,9%); funcionario privado (5,5%); clientes o pacientes (4.4%), personas LGBTIQ+ (3.9%), miembros de las Fuerzas Armadas (3,8%) y funcionarios de la PDI (1,7%).
En concordancia, el 36% cree que donde más las personas LGBTIQ+ enfrentan discriminación es en los espacios públicos (calles o parques), seguidos por la familia nuclear (padre, padre, hermanos) con el 15.6%; el ámbito educacional (14,8%), lugares religiosos o de culto (9.8%); en la familia extendida (abuelos, tíos sobrinos) con el 8.6%; en el campo laboral (7,8%); en instituciones de seguridad pública (3,9%); en servicios de salud pública (2,3%); en el barrio (0,4%); en medios de transporte (0,4%) y en comercio o servicios privados (0.4%).
Tras los episodios de la discriminación el 75% sintió miedo, ansiedad o angustia, seguido por auto-represión para expresarse libremente (70,5%); problemas para concentrarse, recordar detalles o tomar decisiones (32,5%); ideas suicidas o intento de suicidio (31,8%); problemas para dormir (30,7%); dejar de vestirse o maquillarse de la manera como gusta (30,1%); aislamiento del resto de la sociedad (29%); dejar de salir (29%); dejar de ver a familiares o amigos (27.3%) y dejar de participar en actividades que gustan (27.1%).
Pese a todo, apenas el 4,3% reportó o denunció la discriminación. El 31,5% no denunció porque consideró que lo ocurrido no era “lo suficientemente grave”; el 22.9% porque estima que la policía no hubiera hecho nada; el 11% porque no cree que sirva de algo; el 9.3% porque desconocía cómo o donde denunciar; el 9,1% para mantener en reserva su orientación sexual o identidad de género; el 5,1% por miedo a más discriminación; el 4,1% porque no pudo identificar a los agresores, el 3.7% porque le daba vergüenza; y el 3,2% por miedo a represalias.
Victimización en personas LGBTIQ+
En torno a la victimización, el 62,3% ha sufrido de delitos al menos una vez en su vida y el 49,3% en el ultimo año. Al considerar exclusivamente a la población no binaria, las cifras son de 73.9% y 54,9%, en forma respectiva, mientras en el caso de las personas trans el 61,9% fue víctima de delitos al menos una vez en su vida y el 62,8% en el último año.
A lo largo de su vida el 38,2% fue víctima de delitos cibernéticos, como hostigamientos en redes sociales, seguido por amenazas físicas (33,7%); amenazas sexuales (19,9%); ataques físicos (19,6%); ataque sexual (18,5%); asalto con violencia, amenaza o intimidación (16,3%); terapias o violaciones correctivas (8,8%), daños a la vivienda (2,6%) y daños a vehículo (2%).
En tanto, en el último año el 22,2% sufrió delitos cibernéticos; el 10,9% recibió amenazas físicas y el 5,5%, amenazas sexuales; el 4,2% fue asaltado con violencia o intimidación; el 4% fue atacado físicamente; el 3,6% fue atacado sexualmente; el 2% fue víctima de terapias o violaciones correctivas; al 1,2% le dañaron su vivienda y al 0,8% su automóvil.
En el último año los delitos ocurrieron en espacios públicos (30,6%), seguido por redes sociales (17.2%); en el hogar (12,5%); en el barrio (12,5%); en el transporte público (12,4%); en recintos educativos (10%); en espacios comerciales (7%); en hogar de familiares (6,3%); en carabineros (5,7%); en espacios religiosos o de culto (5,1%); en clubes, discotecas o bares (4,7%); en instituciones públicas (3,3%); en servicios públicos de salud (2,8%); en el trabajo (2,7%); en una protesta o manifestación (2,5%); en servicio privado de salud (1,6%); en servicios de transporte privado (1,6%); en club, discoteca o bares para LGBTQ+ (1,3%); en servicios o empresas privadas (1,2%); en la PDI (1,1%); en gimnasios o centros deportivos (1%); en un evento LGBTIQ+ (0.8%); al arrendar o comprar un producto o servicio (0.8%) y en instituciones penitenciarias (0,5%) y financieras (0,4%).
Los responsables de estos abusos fueron desconocidos (75%), seguidos por amigos o conocidos (18,5%); grupos Anti-LGBTIQ+ (17.3%); compañeros/as de estudio (17.2%); miembros de comunidades religiosas (11.5%), familia nuclear (10,2%); (ex) pareja (6,9%); familia extendida (6,8%), carabineros (6,8%); personas LGBTIQ+ (6%); familiares de (ex) pareja (4,2%); compañeros de trabajo (3,3%); funcionarios/as públicos (3,3%); directores, docentes o auxiliares (2,8%); miembros de las Fuerzas Armadas (2,7%); personal de salud (2,4%); funcionarios de la PDI (1,3%); funcionario privado (1,3%); clientes o pacientes (1,2%) y jefes/as (1,2%).
Los/as encuestados/as reportaron además consecuencias psicológicas, físicas o sexuales debido a los delitos que sufrieron.
En el primer caso, el 78.1% sintió angustia, miedo o ansiedad; el 53,4% reprimió la expresión de su identidad en algunos lugares; el 43% tuvo problemas para dormir; el 37,4% dejó de salir y el 36.9% se aisló del resto de la sociedad. En el segundo caso, al 20.6% le quedaron marcas visibles como moretones, rasguños o hematomas; al 11,7%, cicatrices; al 11% “otras lesiones” y el 4% torceduras, fracturas o dislocación. Por último, el 33,9% quedó con problemas sexuales, como dificultades para sentir placer o realizar el acto sexual; seguido por “heridas en los genitales” (8%); contagio de una ITS (6%) e infecciones del tracto urinario de manera frecuente (4%).
Con todo, solo el 9,2% reportó o denunció los delitos de los cuales fue víctima, El 28.6% no denunció porque le daba vergüenza; el 16,9% porque no sabía qué podía hacerlo o dónde; el 8,7% porque “la policía o los tribunales no hubieran hecho nada”; el 7,7% porque “me daba miedo ser discriminado/a”; el 7.1% porque “no pude identificar a mis agresores”; el 6,4% porque “no creo que denunciar sirva de algo”; el 5.2% para mantener en reserva su orientación sexual o identidad de género y el 4.7% por “miedo a represalias”.
Apertura y visibilidad LGBTIQ+
Finalmente la encuesta arrojó que el 71.5% acepta su orientación sexual o identidad de género, cifra que se eleva al 80,5% en el caso de los gays, seguido por lesbianas (76,5%); otros (69,2%), pansexuales (65,5%), no binarios (63,3%), trans (63%) y bisexuales (61,7%).
Sin embargo, solo el 31,8% se siente libre de expresar su orientación sexual o identidad de género, cifra que es del 36,3% en el caso de los gays; seguidos por trans (33,9%), lesbianas (33,7%); pansexuales (28.9%), no binarios (27,9%) y bisexuales (20,8%).
Con todo, el 58.6% se declara “algo” satisfecho con su vida; el 30% “mucho” y el 11,4% “poco o nada”.
Fuente MOVILH
General, Homofobia/ Transfobia.
Discriminación, Fundación Iguales, Katherine Martorell, Organización Trans de Rancagua, Subsecretaria de Prevención del Delito (SPD)
“Les quiero decir que cuiden la libertad”, dijo Jorge Droguette, una de las personas que organizó la primera protesta 50 años atrás.
El artículo propagandístico apoya la opción de “Rechazo” a la nueva Constitución por la que se votará en Chile el próximo 4 de septiembre.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy que carabineros “abandonó el resguardo policial”
En tal sentido, el Movilh calificó de “abusivo y burlesco que durante la marcha un vehículo policial se vistiera con los colores LGBTIQ, en circunstancias que los atropellos homo/transfóbicos de Carabineros no cesan y jamás han sancionado a los responsables. Carabineros sabe que el año pasado ocupó el tercer lugar en el Ranking de la Homo/Transfobia, y aún así irrumpió en la marcha con una falsa imagen de apertura y pro derechos humanos”.
“Mientras Carabineros no resuelva y sancione estos y otros 123 abusos que les hemos reportado y prevenga nuevos atropellos, seguirán siendo una institución homo/transfóbica. Lejos de usurpar de manera ilegítima y abusiva los colores LGBTIQA+., deben resguardar que ningún policial abuse de los derechos humanos de las personas en razón de la orientación sexual o identidad de género, así como a sancionar a los responsables, en vez de protegerlos como ha ocurrido hasta ahora”, finalizó el Movilh.
La idea es que una pareja del mismo sexo pueda elegir cuál de sus integrantes tomará las licencias pre y post natales, igualando derechos para quienes no gestan. La iniciativa es también respaldada por el Movilh, Iguales y el comunicador Francisco Saavedra.
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