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Chile: Presentan indicación para crear una Defensoría contra la Discriminación

Lunes, 26 de junio de 2023
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discriminacion-Iglesia_2118098202_13567520_660x371La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputadas y Diputados  en el marco de la reforma a la Ley Zamudio. La indicación de los congresistas Hirsh (PAH), Olivera (IND), Pizarro (PC) y Soto (PS)  fue festejado por el Movilh

A solo dos días de presentarse en el Senado un proyecto de reforma constitucional que crea una Defensoría contra la Discriminación, cuatro diputados/as presentaron una indicación a la Ley Zamudio que persigue similar fin, siendo la iniciativa festejada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

La indicación ingresó a la Comisión de DDHH y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados por los/as congresistas Tomás Hirchs (PAH), Érika Olivera (IND) y Lorena Pizarro (PC) Leonardo Soto (PS), quienes buscan que el marco de la reforma a la Ley Zamudio se cree la Defensoría contra la Discriminación.

A la Defensoría, añade la indicación, “le corresponde el impulso, difusión, promoción y protección del derecho a la no discriminación, así como la creación de políticas públicas y coordinar medidas concretas, sean preventivas o reparativas contra las discriminaciones, tanto en el ámbito público como el privado.  Asimismo, tendrá la coordinación de las políticas públicas relacionadas con los demás poderes públicos”

La Defensoría contra la Discriminación “funcionará como una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio”, señala la propuesta legal para añadir que “un reglamento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos determinará su composición y organización, considerando al menos un Directorio y un Consejo Consultivo”

“Se contemplará en el estatuto regulatorio de la Defensoría mecanismos para proteger el derecho a la no discriminación en sus diferentes manifestaciones, y al menos, por raza, etnia, nacionalidad, religión o creencias, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, condiciones de salud, sin perjuicio de las demás condiciones no mencionadas expresamente pero que impliquen un menoscabo de la dignidad humana”, señala la indicación

“Felicitamos a los congresistas que han dado este paso y esperamos que el Gobierno patrocine la indicación, pues la institucionalidad requiere de ese respaldo para su decidido avance en la Cámara”, dijo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, desde el Congreso Nacional, donde ha estado monitoreando la reforma a la Ley Zamudio.

“Esta ha sido una semana de buenas noticias para la Institucionalidad Anti-discriminatoria, pues el lunes pasado la senadora Ximena Rincón presentó una  propuesta que reforma la Constitución para crear la Defensoría contra la Discriminación. El Gobierno debe tomar nota de este proyectos de ley y de la indicación y contribuir a que Chile cuente con la institucionalidad contra las exclusiones, ya sea patrocinando lo existente o  presentando una iniciativa propia que podría fusionarse con las ya presentada”, finalizó Jiménez.

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Fuente MOVILH

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Chile: presentan proyecto de reforma constitucional que crea una Defensoría contra la Discriminación y Gobierno confirma que presentará proyecto de ley para crear una institucionalidad antidiscriminatoria

Viernes, 23 de junio de 2023
Comentarios desactivados en Chile: presentan proyecto de reforma constitucional que crea una Defensoría contra la Discriminación y Gobierno confirma que presentará proyecto de ley para crear una institucionalidad antidiscriminatoria

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Iniciativa encabezada por la senadora Rincón fue presentada junto a la diputada Olivera, el Movilh la Fundación Iguales, la Liga Chilena contra el Párkinson, la ONG de Migrantes Tepuy y la Fundación para la Solidaridad Panchito Mandefua.

Tras meses de trabajo conjunto con el Movilh y otras organizaciones sociales, la senadora Ximena Rincón y la diputada Érika Olivera presentaron hoy un proyecto de reforma constitucional que crea una Defensoría contra la Discriminación, definida como “una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio”.

“Hay que trabajar en el proyecto que se está tramitando para reformar la ley antidiscriminación y ahora en la reforma constitucional que crea la Defensoría contra la Discriminación (…) Todos y todas debemos entender que las personas por el derecho de ser personas merecen un trato igualitario y sin discriminación”, señaló Rincón (Demócratas).

El proyecto de ley en cuestión añade al artículo 19 de la Constitución “el derecho a la protección contra toda forma de discriminación arbitraria o que no se base en criterios objetivos. Ante la confluencia de más de un elemento susceptible de discriminación arbitraria, los poderes públicos atenderán a cada una de ellas en su actuación”

Para tales efectos, establece “una Defensoría contra la Discriminación, como una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto la prevención, promoción y protección, del derecho a la no discriminación, así como la creación de políticas públicas,  implementación y coordinación de medidas concretas, así como la supervigilancia y fiscalización de ellas, sean preventivas o reparativas contra las discriminaciones, tanto en el ámbito público como el privado”.

Añade que una ley “determinará su composición y organización” de la Defensoría “considerando al menos un Directorio y un Consejo Consultivo; sus funciones y atribuciones; relación, colaboración y coordinación con los demás poderes del Estado, órganos públicos o privados, especialmente en la mejora de la política pública en la materia; derecho de petición y mecanismos judiciales de tutela general o específica; presencia regional o municipal de la Defensoría; composición y atribuciones del Directorio y elección de su Presidenta o Presidente; composición y atribuciones del Consejo Consultivo con representación de las organizaciones de la sociedad civil contra los diferentes tipos de discriminaciones”.

Tal ley deberá surgir de un proyecto que presente el Presidente de la República, luego de aprobarse la reforma constitucional

“Tanto en el proceso de elaboración del proyecto de ley, como en su tramitación legislativa, se tendrá en consideración y se oirán las observaciones de una mesa técnica permanente con representantes de organizaciones de la sociedad civil contra las discriminaciones, que el Presidente conformará al efecto. En el proyecto de ley (…) se contemplará un estatuto regulatorio de la Defensoría para proteger el derecho a la no discriminación en sus diferentes manifestaciones, y al menos, por raza, etnia, nacionalidad, religión o creencias, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, condiciones de salud, sin perjuicio de las demás condiciones no mencionadas expresamente pero que impliquen un menoscabo de la dignidad humana”, apunta un artículo transitorio de la reforma constitucional.

Junto con valorar «esta valiosa iniciativa de la senadora Rincón que atiende las necesidades y el sentir de las personas discriminadas», el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que “desde el 2012 venimos demandando al Estado, y a diversos gobiernos, dotar a Chile de una institucionalidad antidiscriminatoria que brinde asistencia a personas que sufren abusos o delitos en razón de su raza, sexo, nacionalidad, orientación sexual e identidad de genero; entre otras categorías, así como para que genere  campañas y estadísticas sobre las exclusiones arbitrarias y armonice y sistematice las diferentes leyes o políticas públicas que prohíben la discriminación, pues en la actualidad no hay coordinaciones. Hoy, por primera vez, damos un paso decisivo en tal sentido, presentando el primer proyecto de ley sobre la materia”.

Añadió que “desde asumido el actual gobierno le hemos pedido su patrocinio a una institucionalidad antidiscriminatoria en el marco de la reforma a la Ley Zamudio que en la actualidad tramita el Congreso Nacional. Dado que ello no ocurrió, y no hemos recibido respuesta, esperamos que el Gobierno asuma este proyecto de ley que presentamos como una gran oportunidad para responder a tal demanda. Llamamos al Gobierno a dar suma urgencia a la tramitación del proyecto de ley que hoy presentamos”, apuntó Jiménez.

En la ocasión también respaldaron la reforma constitucional representantes de la Fundación Iguales, María José Cumplido; de la Liga Chilena contra el Párkinson; de la ONG de Migrantes Tepuy, Mary Montesinos,  y de  la Fundación para la Solidaridad Panchito Mandefua, Alejandro Aragort.

El proyecto de reforma constitucional también cuenta con los respaldos de los senadores Pedro Araya (IND), Sebastián Keitel (Evópoli),  Ximena Órdenes (IND), Ricardo Lagos Weber (PPD), “quienes expresaron su apoyo a la creación de una Defensoría contra la Discriminación en conversaciones que sostuvimos con ellos/as”, apuntó el Movilh.

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Gobierno confirma que presentará proyecto de ley para crear una institucionalidad antidiscriminatoria

Así lo señaló el ministro de Justicia y DDHH, Luis Cordero Vega, en reunión con el Movilh, organismo que festejó el anuncio.

El Ministro de Justicia y DDHH, Luis Cordero Vega, confirmó hoy en cita con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) que el Gobierno del presidente Gabriel Boric presentará un proyecto de ley para crear una institucionalidad antidiscriminatoria, una demanda que dicho organismo LGBTIQ+ viene impulsado hace una década.

En la cita Cordero Vega señaló que el Gobierno espera anunciar próximamente detalles de la iniciativa y la fecha cuando el proyecto de ley ingresará a trámite en el Congreso Nacional, precisando que la iniciativa buscará proteger a todos los sectores discriminados o históricamente desaventajados. Del mismo modo, el Jefe de Cartera anunció que la institucionalidad quedará radicada en la Subsecretaría de Derechos Humanos, que en la actualidad encabeza Xavier Altamirano.

“Estamos muy felices con esta información, pues implica que vamos avanzando decididamente en la creación de la institucionalidad. Agradecemos la disposición del ministro para recibirnos, así como por confirmarnos un aspecto en torno al cual había mucha incertidumbre y nebulosa”, dijo las vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, quien junto al activista Rolando Jiménez y al encargado de DDHH de la organización LGBTIQ+, Ramón Gómez, participó de de la reunión.

Zúñiga añadió que “frente a nuestra inquietud de que la Institucionalidad cuente con alguna autonomía, de manera que su quehacer no dependa de la autoridad del turno, el Ministro nos precisó que la Subsecretaría de Derechos Humanos está analizando mecanismos que garanticen cierta independencia del órgano contra la discriminación, lo cual valoramos”

Del mismo modo el ministro señaló que, al igual que el pasado y porque le corresponde por mandato legal, “la Subsecretaría de DDHH seguirá abordando temáticas LGBTIQA+ en beneficio de la igualdad y la no discriminación”, dijo Zúñiga.

“Si el Gobierno anuncia la fecha de ingreso del proyecto de ley en los próximos días, habrá sin duda una especial valoración, pues significará que en la XXIII Marcha del Orgullo del próxima 24 de junio no saldremos solo a demandar la institucionalidad, sino también a festejar el avance que registre tal demanda”, finalizó Zúñiga.

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Presidente Boric cede a presiones de la ultraderecha y le quita la suma urgencia al proyecto de ley que establece el Día Nacional de la Visibilidad Lésbica

Lunes, 20 de marzo de 2023
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file_20221230131709A solo dos días de haberle dado la suma urgencia. Además anunció que cambiará la fecha decidida por los movimientos LGBTIQA+ para conmemorar la Visibilidad Lésbica,  pues coincide con el Día Nacional de la Bandera. Esto luego de que la ultraderecha calificara como una afrenta la coincidencia de fechas.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) calificó de “totalmente irresponsable y vergonzoso”, que el Gobierno quitara hoy la suma urgencia a la tramitación del proyecto de Ley que Establece al 9 de julio como el Día Nacional de la Visibilidad Lésbica, señalando que su medida “demuestra que el Ejecutivo ha cedido a las presiones de los sectores más duros de la derecha”.

En efecto, y a solo dos días de darle suma urgencia a la tramitación, el presidente Boric retiró la medida, mientras que la ministra secretaria general de la Presidencia Ana Lya Uriarte, anunció otro cambio. Dijo que se modificará la fecha del Proyecto de ley de la Visibilidad Lésbica,  pues el 9 de julio coincide con el Día de la Bandera Nacional y la Batalla de la Concepción

“Hay una colisión de fechas y en ese sentido no será posible tramitar en el mismo día dos fechas que representan distintos motivos de conmemoración”, sostuvo Uriarte.

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, dijo que “esta postura del gobierno es totalmente irresponsable, así como un burla contra las mujeres de la diversidad. Haber puesto urgencia al proyecto de ley para quitársela a solo dos días, es de una liviandad extrema, que explicita una improvisación  repudiable con los derechos humanos de un sector de la sociedad. Si la intención era analizar en mayor detalle el proyecto de ley, no se justifica que le hubiese dado urgencia y luego se la quite”

Añadió que “el presidente Boric y el Gobierno deben una explicación clara, convincente y respetuosa a las diversidades sexuales y de género. Que ahora pretendan cambiar el 9 de julio, por otra fecha, tampoco es excusa para quitar la suma urgencia. Si se busca otro día, ese debe ser parte de la discusión parlamentaria y de los aportes que al respecto puedan hacer los movimientos sociales”.

Apuntó que, en todo caso, “el  9 de julio recuerda el primer ataque de odio que se tiene registro contra una mujer lesbiana en Chile, Mónica Briones, y esa fecha, no puede cambiarse. Es y seguirá siendo la fecha que las mujeres diversas conmemoremos el Día de la Visibilidad Lésbica. Que el Gobierno señale ahora que cambiará la fecha, implica además que tampoco sabía cuál era el Día de la Bandera. Esto es ridículo, absurdo”

“Este Gobierno ha cedido a las presiones de la extrema derecha, que consideran una afrenta que el Día de la Bandera coincida con el Día de la Visibilidad Lésbica. En vez de  aprovechar la coincidencia de fechas para contribuir a ampliar y potenciar el debate sobre los derechos de las mujeres,  el Ejecutivo ha optado por quitarle urgencia al proyecto y cambiar el día, escuchando a la extrema derecha y no a los movimientos sociales de las diversidades sexuales y de género”, finalizó Zúñiga.

En efecto, ayer el diputado UDI,  Christian Labbé, criticó el anuncio  de la suma urgencia señalando que el 9 de julio es el día «el juramento a la bandera, donde los soldados de Chile juran rendir la vida no solo por todos los chilenos, sino también por usted, señor Presidente, así que empiece a respetar a las Fuerzas Armadas, de Orden».

WhatsApp-Image-2021-07-09-at-12.52.37-PMEl Movilh había aplaudido la urgencia y espera que el Ejecutivo dé un paso más allá generando políticas públicas públicas focalizadas para mujeres de la diversidad y patrocinando la creación de una institucionalidad estatal anti-discriminatoria en el marco de la reforma a la ley Zamudio que tramita el Congreso Nacional

El presidente de la República, Gabriel Boric, dio ayer suma urgencia a la tramitación del proyecto de ley que establece en Chile el Día Nacional de la Visibilidad Lésbica, paso que fue festejado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

La iniciativa que declara al 9 de julio como el de la Visibilidad Lésbica  fue ingresada el 13 de julio  del 2022 a la  Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara con el fin de “afirmar la existencia lesbiana, rescatando y preservando la memoria LGTBIQ+ en Chile, en contra de los crímenes de odio en pos de rendir homenaje a todas aquellas víctimas de la violencia lesboodiante”.

Se recoge esta fecha sindicada como el día en que fue descubierto el cuerpo de la escultora Mónica Briones Puccio en pleno centro de Santiago, luego de ser asesinada a golpes una noche de intenso temporal en 1984. Mónica era una lesbiana que no ocultaba su orientación sexoafectiva y era parte del grupo de amigas y activistas que fundó la primera agrupación lésbica en el país, Ayuquelén (en mapudungun “sentirse bien”) un año antes de su crimen, en 1983”, explicó la propuesta que cuenta con el respaldo de Rompiendo El Silencio.

La iniciativa fue presentada por las diputadas Mónica Arce (IND), María Francisca Bello (CS),  Karol Cariola (PC), Camila Musante (IND), Érika Olivera (IND), Marcela Riquelme (IND), Marisela Santibáñez (PC), Emilia Schneider (Comunes), Consuelo Veloso (RD) y  Éricka Ñanco (RD).

“Valoramos que el Gobierno dé urgencia a la tramitación de este proyecto de ley, en especial al considerar que desde el 2002 a la fecha 2.262 mujeres lesbianas, bisexuales y trans han denunciado abusos en razón de su orientación sexual o identidad de género”, señaló la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga

Añadió que “estos anuncios deben ir acompañados de políticas públicas, El año año pasado se registraron 356 atropellos contra las mujeres diversas. Sin embargo, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género colaboró para hacer justicia o ayudar a las víctimas apenas en el 4% de los casos. De ahí que sea urgente la generación de políticas públicas focalizadas y no excluyentes que se hagan cargo de los atropellos que sufren las mujeres en razón de su orientación sexual o identidad de género”.

“Igual de relevante es que el Ejecutivo patrocine la creación de una institucionalidad antidiscriminatoria estatal y autónoma en el marco de la reforma a la Ley Zamudio, la demanda actual más antigua de los movimientos LGBTIQA+ que es de gran relevancia para prevenir las exclusiones y brindar ayuda concreta a las víctima de la homo/lesbo/transfobia”, finalizó Zúñiga

Rechazos lesbofóbicos

La suma urgencia al proyecto de ley fue rechazada por sectores lesbofóbicos.

“Primero se sacan la bandera del traste y luego el presidente pone suma urgencia para establecer el «día de la visibilidad lésbica» para el 9 de julio, que es el día de la bandera. Sin desmerecer a nadie pero, presidente; la bandera no se toca! Un mínimo de respeto!”, señaló el diputado republicano Johannes Kaiser, a lo que su colega de partido, el congresista Cristian Araya, añadió con ironía la frase “las prioridades del Gobierno·

«Gabriel, las prioridades (urgencia) son: seguridad, salud, educación, crecimiento económico, trabajo y un largo etc. NO su visibilidad lésbica. Cada día peor, Sr. Pdte»., añadió también por Twitter el diputado Leonidas Romero (Ind)

“Estos congresistas no están preocupados por los sectores vulnerables, ni por el bien común. Solo los moviliza su odiosidad a las personas con orientaciones sexuales o identidad de género diversas, siendo esa, paradojalmente, su prioridad”, replicó el Movilh.

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Presentan proyecto para derogar el artículo 365 del Código Penal, la ley más homofóbica y antigua de Chile

Miércoles, 8 de julio de 2020
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carolina-marzan-movilhLa iniciativa, impulsada por la diputada Marzán y el Movilh, cuenta con patrocinio parlamentario transversal y busca igualar la edad de consentimiento sexual de homosexuales y heterosexuales. En la actualidad la primera está fijada en 18 años y la segunda en 14 años.

 Con respaldo parlamentario transversal, la diputada Carolina Marzán (PPD, en la fotografía) y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)  presentaron un proyecto de ley que deroga el artículo 365 del Código Penal para equiparar así la edad de consentimiento sexual de parejas de igual y de  distinto sexo.

Junto a Marzán patrocinaron la iniciativa los/as diputados/as Gabriel Boric (PCS), Maya Fernández (PS), Pamela Jiles (PRV), Sebastián Keitel (RN), Erika Olivera (RN), Andrea Parra (PPD), René Saffirio (Ind), Leonardo Soto (PS) y Matías Walker (DC).

El artículo 365 establece que “el que accediere carnalmente a un menor de dieciocho años de su mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro, será penado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio”

El dirigente del Movilh, Ramón Gómez, explicó que tal artículo, vigente desde 1874, “es un funesto resabio de la norma que penalizaba la homosexualidad y las relaciones homosexuales entre adultos. En la actualidad estigmatiza y daña la dignidad de jóvenes homo/bisexuales, pues solo en razón de su orientación sexual, y de ninguna otra consideración,  se considera a sus relaciones como un delito”.

En efecto,  el artículo 365 fija en 18 años la edad de consentimiento sexual para parejas del mismo sexo, en circunstancias que para heterosexuales en 14 años.

“Así, por ejemplo, se estigmatiza a jóvenes de 18 ó 19 años que tienen relaciones homosexuales con otros de 16 ó 17 años, lo que no aplica a la juventud heterosexual.  Es una abierta discriminación que el propio Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha pedido a Chile derogar. Más aún, Chile se comprometió a eliminar este artículo en un Acuerdo de Solución Amistosa firmado ante la Comisión Interamericana de DDHH”, señaló Gómez.

El dirigente añadió que “la vigencia del artículo 365 del Código Penal es además una de las razones porque Chile figura en los últimos lugares de la OCDE en cuanto a respeto a los derechos humanos de las personas LGBTI”.

En el proyecto de ley se establece que “es evidente que el tipo penal del artículo 365 no obedece sino a una consideración moral decimonónica, puesto que no confluye con la regulación de ninguna manera; no es armónico con la regulación de los delitos sexuales vigentes en nuestro ordenamiento, porque en realidad a los menores de 17 años y mayores de 14 no les reconoce ningún ámbito de libertad sexual cuando de relaciones homosexuales se trata, lo que es un error porque es dolosamente discriminatorio”.

Es “necesario proscribir del sistema penal cualquier consideración ideológica (o, incluso, moral) que tienda a la tipificación de un delito, toda vez que los criterios no responden a la certeza intersubjetiva de lo que la sociedad estima un interés objeto de tutela penal, mas solo una oportunidad legislativa sustentada en oportunidad, represión y discriminación”, añadió

“En el ordenamiento jurídico el derecho penal es un medio de control social toda vez que, en su esencia, se orienta a que ciertas conductas socialmente indeseables se eviten bajo la amenaza de la imposición de una sanción o pena para aquel o aquella que las realice.  (…) Sin embargo, no podemos comprender este sistema de normas de manera aislada, sino como un medio de control inserto en un sistema más amplio, en que diversas organizaciones son cruciales en la internalización de dichos valores como primordiales y que deben ser objeto de protección, con una amplitud tal, que abarca desde el núcleo familiar hasta instancias educativas formales o no”, finalizó el proyecto de ley.

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