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Iniciativa encabezada por la senadora Rincón fue presentada junto a la diputada Olivera, el Movilh la Fundación Iguales, la Liga Chilena contra el Párkinson, la ONG de Migrantes Tepuy y la Fundación para la Solidaridad Panchito Mandefua.

Tras meses de trabajo conjunto con el Movilh y otras organizaciones sociales, la senadora Ximena Rincón y la diputada Érika Olivera presentaron hoy un proyecto de reforma constitucional que crea una Defensoría contra la Discriminación, definida como “una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio”.

“Hay que trabajar en el proyecto que se está tramitando para reformar la ley antidiscriminación y ahora en la reforma constitucional que crea la Defensoría contra la Discriminación (…) Todos y todas debemos entender que las personas por el derecho de ser personas merecen un trato igualitario y sin discriminación”, señaló Rincón (Demócratas).

El proyecto de ley en cuestión añade al artículo 19 de la Constitución “el derecho a la protección contra toda forma de discriminación arbitraria o que no se base en criterios objetivos. Ante la confluencia de más de un elemento susceptible de discriminación arbitraria, los poderes públicos atenderán a cada una de ellas en su actuación”

Para tales efectos, establece “una Defensoría contra la Discriminación, como una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto la prevención, promoción y protección, del derecho a la no discriminación, así como la creación de políticas públicas,  implementación y coordinación de medidas concretas, así como la supervigilancia y fiscalización de ellas, sean preventivas o reparativas contra las discriminaciones, tanto en el ámbito público como el privado”.

Añade que una ley “determinará su composición y organización” de la Defensoría “considerando al menos un Directorio y un Consejo Consultivo; sus funciones y atribuciones; relación, colaboración y coordinación con los demás poderes del Estado, órganos públicos o privados, especialmente en la mejora de la política pública en la materia; derecho de petición y mecanismos judiciales de tutela general o específica; presencia regional o municipal de la Defensoría; composición y atribuciones del Directorio y elección de su Presidenta o Presidente; composición y atribuciones del Consejo Consultivo con representación de las organizaciones de la sociedad civil contra los diferentes tipos de discriminaciones”.

Tal ley deberá surgir de un proyecto que presente el Presidente de la República, luego de aprobarse la reforma constitucional

“Tanto en el proceso de elaboración del proyecto de ley, como en su tramitación legislativa, se tendrá en consideración y se oirán las observaciones de una mesa técnica permanente con representantes de organizaciones de la sociedad civil contra las discriminaciones, que el Presidente conformará al efecto. En el proyecto de ley (…) se contemplará un estatuto regulatorio de la Defensoría para proteger el derecho a la no discriminación en sus diferentes manifestaciones, y al menos, por raza, etnia, nacionalidad, religión o creencias, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, condiciones de salud, sin perjuicio de las demás condiciones no mencionadas expresamente pero que impliquen un menoscabo de la dignidad humana”, apunta un artículo transitorio de la reforma constitucional.

Junto con valorar «esta valiosa iniciativa de la senadora Rincón que atiende las necesidades y el sentir de las personas discriminadas», el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que “desde el 2012 venimos demandando al Estado, y a diversos gobiernos, dotar a Chile de una institucionalidad antidiscriminatoria que brinde asistencia a personas que sufren abusos o delitos en razón de su raza, sexo, nacionalidad, orientación sexual e identidad de genero; entre otras categorías, así como para que genere  campañas y estadísticas sobre las exclusiones arbitrarias y armonice y sistematice las diferentes leyes o políticas públicas que prohíben la discriminación, pues en la actualidad no hay coordinaciones. Hoy, por primera vez, damos un paso decisivo en tal sentido, presentando el primer proyecto de ley sobre la materia”.

Añadió que “desde asumido el actual gobierno le hemos pedido su patrocinio a una institucionalidad antidiscriminatoria en el marco de la reforma a la Ley Zamudio que en la actualidad tramita el Congreso Nacional. Dado que ello no ocurrió, y no hemos recibido respuesta, esperamos que el Gobierno asuma este proyecto de ley que presentamos como una gran oportunidad para responder a tal demanda. Llamamos al Gobierno a dar suma urgencia a la tramitación del proyecto de ley que hoy presentamos”, apuntó Jiménez.

En la ocasión también respaldaron la reforma constitucional representantes de la Fundación Iguales, María José Cumplido; de la Liga Chilena contra el Párkinson; de la ONG de Migrantes Tepuy, Mary Montesinos,  y de  la Fundación para la Solidaridad Panchito Mandefua, Alejandro Aragort.

El proyecto de reforma constitucional también cuenta con los respaldos de los senadores Pedro Araya (IND), Sebastián Keitel (Evópoli),  Ximena Órdenes (IND), Ricardo Lagos Weber (PPD), “quienes expresaron su apoyo a la creación de una Defensoría contra la Discriminación en conversaciones que sostuvimos con ellos/as”, apuntó el Movilh.

Gobierno confirma que presentará proyecto de ley para crear una institucionalidad antidiscriminatoria

Así lo señaló el ministro de Justicia y DDHH, Luis Cordero Vega, en reunión con el Movilh, organismo que festejó el anuncio.

El Ministro de Justicia y DDHH, Luis Cordero Vega, confirmó hoy en cita con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) que el Gobierno del presidente Gabriel Boric presentará un proyecto de ley para crear una institucionalidad antidiscriminatoria, una demanda que dicho organismo LGBTIQ+ viene impulsado hace una década.

En la cita Cordero Vega señaló que el Gobierno espera anunciar próximamente detalles de la iniciativa y la fecha cuando el proyecto de ley ingresará a trámite en el Congreso Nacional, precisando que la iniciativa buscará proteger a todos los sectores discriminados o históricamente desaventajados. Del mismo modo, el Jefe de Cartera anunció que la institucionalidad quedará radicada en la Subsecretaría de Derechos Humanos, que en la actualidad encabeza Xavier Altamirano.

“Estamos muy felices con esta información, pues implica que vamos avanzando decididamente en la creación de la institucionalidad. Agradecemos la disposición del ministro para recibirnos, así como por confirmarnos un aspecto en torno al cual había mucha incertidumbre y nebulosa”, dijo las vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, quien junto al activista Rolando Jiménez y al encargado de DDHH de la organización LGBTIQ+, Ramón Gómez, participó de de la reunión.

Zúñiga añadió que “frente a nuestra inquietud de que la Institucionalidad cuente con alguna autonomía, de manera que su quehacer no dependa de la autoridad del turno, el Ministro nos precisó que la Subsecretaría de Derechos Humanos está analizando mecanismos que garanticen cierta independencia del órgano contra la discriminación, lo cual valoramos”

Del mismo modo el ministro señaló que, al igual que el pasado y porque le corresponde por mandato legal, “la Subsecretaría de DDHH seguirá abordando temáticas LGBTIQA+ en beneficio de la igualdad y la no discriminación”, dijo Zúñiga.

“Si el Gobierno anuncia la fecha de ingreso del proyecto de ley en los próximos días, habrá sin duda una especial valoración, pues significará que en la XXIII Marcha del Orgullo del próxima 24 de junio no saldremos solo a demandar la institucionalidad, sino también a festejar el avance que registre tal demanda”, finalizó Zúñiga.

Fuente MOVILH (1, 2)H

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