«Crece en las instituciones municipales y en la sociedad el racismo y la xenofobia a causa de la presencia de Vox en los organismos institucionales de la Comunidad Autónoma y del seguimiento de su política racista por parte del PP»

El Partido Popular se ha plegado a las exigencias de Vox, tanto en el gobierno de la Comunidad de Murcia como en el Ayuntamiento de Jumilla. Para su apoyo a los presupuestos, Vox ha exigido al PP, como condición necesaria e irrenunciable, que prohíba a los musulmanes seguir celebrando en el polideportivo municipal sus fiestas del final del Ramadán y del Cordero, que llevan celebrando varios años sin incidente alguno, en plena armonía, con el respeto del vecindario y pagando los cánones establecidos por el Ayuntamiento. El PP ha cedido a las exigencias de Vox y el Ayuntamiento ha prohibido la realización de dichas fiestas en el polideportivo municipal. Y Vox se ha apuntado el éxito.

Cristianismo (Iglesias), General, Islam Aporofobia, Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII, Jumilla, Murcia, PP, Racismo, VOX

Musulmanes, en una mezquita haciendo la plegaria

Esto es puro Fascismo no sólo xenófobo y racista, sino un miserable ataque a la Libertad Religiosa que profesan muchos españoles que pagan sus impuestos y contraviene la propia Constitución Española que tanto dicen defender estos impresentables ultraderechistas de PP/VOX. No desconocen la Historia, pero odian la convivencia que Cristianismo, Islam y Judaísmo puedan revivir… Y, tristemente la verdad reside en que al PP le importa bien poco los derechos de sus ciudadanos vendiendo su dignidad por un plato de lentejas… para aprobar sus presupuestos…

Para reivindicar, según Vox, «el respeto y la protección de las tradiciones propias del pueblo español«

PP y Vox han aprobado en Jumilla (Murcia) la «primera medida» en España que impide llevar a cabo celebraciones islámicas en lugares públicos

La moción sobre la defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas fue presentada por Vox en el pleno correspondiente al mes de julio

Vox reivindicó «el respeto y la protección de las tradiciones propias del pueblo español en el espacio público frente al avance de costumbres ajenas impulsadas por políticas de cesión ideológica, electoralismo o presión económica«

Los musulmanes de Murcia tras el veto de PP y Vox a los actos islámicos en Jumilla: “Es discriminación pura y dura”

Los obispos, contra el veto del PP y Vox a las celebraciones musulmanas: «Una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas«. La CEE se une a las protestas emanadas desde la Comisión Islámica de España

El Gobierno vigilará los discursos de odio tras la moción de PP y Vox contra los actos islámicos en Jumilla

El PP de Feijóo evita cuestionar el veto a los actos islámicos en Jumilla

Historia de un blanqueo: así retocó el PP la moción de Vox contra los actos islámicos en Jumilla para poder aprobarla

(pincha en la imagen para ampliarla)

La Constitución Española dice:

Artículo 16

1. 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

   2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

   3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

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La alcaldesa de Jumilla Severa González (que hace honor a su nombre) y su escudero de VOX  Juan Agustín Carrillo, quien le permite seguir gobernando.

07.08.2025 | RD/EP

PP y Vox han aprobado en Jumilla (Murcia) la «primera medida» en España que impide llevar a cabo celebraciones islámicas en lugares públicos. Así lo ha puesto de manifiesto Vox Murcia en un mensaje en la red social X, donde ha celebrado que Jumilla ha hecho «historia«, al ser «la primera medida en España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos«.

En concreto, según refleja la página web del Ayuntamiento de Jumilla, la moción sobre la defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas fue presentada por Vox en el pleno correspondiente al mes de julio.

Esta moción recibió una enmienda de modificación del PP que se centraba únicamente en las competencias municipales para este fin y fue aprobada con 10 votos a favor de los ‘populares‘, la abstención de Vox y el rechazo de PSOE e IU-Podemos-AV.

Así, Vox reivindicó «el respeto y la protección de las tradiciones propias del pueblo español en el espacio público frente al avance de costumbres ajenas impulsadas por políticas de cesión ideológica, electoralismo o presión económica«.

Según informa ‘Siete días Jumilla‘, los socialistas apuntaron que «el Ayuntamiento debe ser de todos, al margen de creencias«, y calificaron la moción y enmienda de «xenófoba y sectaria«. Mientras, el secretario general del PSOE en Murcia, Francisco Lucas Ayala, ha acusado al PP de «vulnerar» los valores constitucionales y poner «en riesgo» la convivencia, «solo por aferrarse al poder«. «No han aprendido nada de lo ocurrido en Torre Pacheco. Siguen alimentando el odio y provocando una fractura social de consecuencias imprevisibles. El PP vulnera los valores constitucionales y pone en riesgo la convivencia, solo por aferrarse al poder», ha indicado en un mensaje en la misma red social.

En esta misma línea, IU-Podemos-Av rechazaron la moción «por vergonzosa e ignominiosa, por racista y por fomentar discriminación y odio hacia personas por su origen«. Además, alegaron que «presenta las diferencias culturales como un problema, al tiempo que desde los barrios se trabaja para fomentar la convivencia y la interculturalidad en el municipio«.

Igualmente, el secretario de comunicación de los morados en la Región, Víctor Egío, ha calificado este acuerdo de «aberración y disparate xenófobo«. También ha recordado que «los espacios públicos son de todos: de los cristianos, de los musulmanes, de los budistas y de los que se identifican con ninguna religión«.

Podemos llevará a la Fiscalía la moción

Desde Podemos llevarán a la Fiscalía «este nuevo disparate del Partido Popular y de Vox«. «Es un paso más en la deriva xenófoba y racista no ya tanto de Vox, que nos tiene acostumbrados -continuaba-, sino del Partido Popular, que en la Región de Murcia compra todas sus políticas«. «El Partido Popular de López Miras, a día de hoy, no se diferencia en nada de esa ultraderecha racista«, ha declarado Egío.

También la coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, ha advertido de que esta decisión es «inconstitucional« y que «atenta frontalmente» contra el artículo 16 de la Constitución, que garantiza la libertad religiosa. «Se trata de un acto de racismo islamofóbico y de odio, disfrazado de reglamento administrativo. No lo vamos a permitir«, ha expuesto.

En este sentido, Luna ha afeado al PP que haya elegido ser «cómplice» del «fascismo«, al negociar «la dignidad» de Jumilla «a cambio de seguir gobernando a cualquier precio.» «La Región de Murcia no puede convertirse en el campo de pruebas del autoritarismo reaccionario«, ha destacado.

IU-Verdes,la formación de izquierdas ha asegurado que estudiará la vía jurídica «más adecuada» para impugnar la medida por vulneración de derechos fundamentales y no descarta acudir al Defensor del Pueblo y al Tribunal Constitucional «si fuera necesario«. Además, ha exigido al Gobierno de España y a la Delegación del Gobierno en Murcia que se posicionen «ante esta deriva claramente inconstitucional y racista«.

Por su parte, el representante de Vox en el Ayuntamiento de Jumilla, Juan Agustín Carrillo Navarro, ha asegurado en un mensaje en la red social X tras la aprobación de la moción que «¡España es y será siempre tierra de raíces cristianas!«.

También valoró tras el pleno la defensa de las tradiciones españolas frente a la «constante ofensiva ideológica de la izquierda» por imponer costumbres ajenas. «A partir de ya no se va a volver a celebrar el fin del Ramadán o el rezo del cordero«, subrayó.

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“Discriminación pura y dura”

“Lo que ha pasado en Jumilla me parece inaceptable”, ha afirmado este miércoles Sabah Yacoubi, presidenta de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de Murcia (ATIM), para quien “prohibir las fiestas religiosas islámicas en espacios públicos no es una simple decisión administrativa, es discriminación pura y dura que vulnera la Constitución y los acuerdos que el propio Estado firmó con la Comisión Islámica en 1992”.

Para Yacoubi, “hablar de actividades ajenas a la identidad del pueblo es falso y peligroso. ¿Desde cuándo se cuestiona que las procesiones de Semana Santa usen las calles? ¿Quién decide qué es la identidad del pueblo?”, ha dicho al tiempo que ha recordado que en Jumilla viven más de 1.500 musulmanes que pagan impuestos y forman parte de la comunidad. “Tienen el mismo derecho que cualquiera a usar los espacios públicos para sus celebraciones”.

La activista marroquí ha apuntado que el Islam sí forma parte de España, “negarlo es negar casi ocho siglos de historia; el legado andalusí está en nuestra cultura, lengua, arquitectura y tradiciones y pretender borrarlo es revisionismo que solo busca sembrar odio”.

Para Yacoubi, “lo más preocupante es que este tipo de decisiones no son hechos aislados, lo que vemos en Jumilla sigue una pauta que ya hemos visto en otros lugares de la Región de Murcia, como en Torre Pacheco, donde también se ensayan discursos y políticas islamófobas bajo el paraguas de una supuesta defensa de lo nuestro”. En su opinión, “es un experimento político de exclusión, un laboratorio de racismo institucional, y lo que hoy se permite en Jumilla puede ser la antesala de lo que se intente aplicar mañana en otros pueblos y ciudades de España si no se frena a tiempo”.

En la misma línea, Monir Binjilon, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), ha señalado que “los musulmanes de la Región de Murcia nos sentimos muy decepcionados”. “No entendemos cómo los políticos de este país quieren derrumbar toda la lucha por la defensa de las libertades religiosas y los derechos fundamentales recogidos en la Constitución”. Para Binjilon, se está cometiendo un delito “grave”, que consiste en obstaculizar la libertad religiosa. “Solo podemos calificarlo de racismo, e islamofobia”, ha considerado.

“Nos habría dado igual si se fueran a prohibir todos los símbolos y actos religiosos de todas las confesiones”, pero el foco está en el Islam, “y en nuestra comunidad”. El presidente de la FEERI ha reconocido que durante los recientes altercados en Torre Pachecho en contra de la población migrante marroquí “hemos sentido miedo, y ha sido gracias a algunas ideologías que quieren romper la sociedad y que hablan de identidad española, pero tienen realmente una crisis de identidad y no se quieren enterar de que el Islam forma una parte muy importante del legado de este país”.

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Los obispos, contra el veto del PP y Vox a las celebraciones musulmanas: «Una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas»

La CEE se une a las protestas emanadas desde la Comisión Islámica de España

07.08.2025 José Lorenzo

Fuente Religión Digital/elDiario.es

Cristianismo (Iglesias), General, Islam Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de Murcia, Comisión Islámica de España, Conferencia Episcopal Española (CEE), Declaración de los Derechos Humanos, España, Francisco Lucas Ayala, Islam, Islamofobia, IU-Podemos-AV, Juan Agustín Carrillo Navarro, Jumilla, Monir Binjilon, Murcia, Penélope Luna, PP, PP/VOX, PSOE, Sabah Yacoubi, Víctor Egío, VOX, Walid Habbal

Así comienza la oración que Jesús enseñó a los apóstoles (Lc 11:1-4), cuando éstos le pidieron que les enseñara a rezar, como el Bautista lo hizo con sus discípulos.

Jesús comienza su oración llamando a Dios: Padre nuestro. No, Padre mío. Y es que el Padrenuestro es esencialmente una oración comunitaria, nunca una oración individual. Por eso decimos Padre nuestro. De aquí que de la paternidad de Dios, nace, necesariamente, la fraternidad de los unos con los otros. Porque no es posible rezar a un mismo Padre, sin que nos reconozcamos hermanos todos los que nos dirigimos al mismo Dios.

¿Cómo rezará el Padrenuestro el presidente Putin, cuando en Ucrania está masacrando a sus hermanos, hijos de un mismo Padre? Cuando está asesinando a los hijos del Padre, al cual él reza.

¿Cómo rezará el Padrenuestro (porque seguro que lo reza), el presidente Trump, cuando, por una parte juró su cargo sobre la Biblia y por la otra, está criminalizando y persiguiendo a los inmigrantes, intentado hacer deportaciones masivas de las personas que llama “ilegales” y que son hijos de un mismo Padre?

¿Cómo rezarán el Padrenuestro los que, a través de las redes sociales, incitan a la violencia contra los inmigrantes, hijos de un mismo Padre?

¿Cómo rezarán el Padrenuestro los dirigentes de la derecha española, que desprecian y señalan a los inmigrantes “irregulares” y de una manera especial a los menores no acompañados?

¿Cómo rezarán el Padrenuestro los grupos violentos que agreden a sus hermanos en Torre Pacheco, haciendo daño a los hijos de un mismo Padre?

¿Cómo rezarán el Padrenuestro los que han incendiado mezquitas (como la de Piera) o lugares de culto de los musulmanes, haciéndolo, seguramente, invocando el nombre de Dios y la “defensa” de España?

¿Cómo rezará el Padrenuestro el presidente del País Valenciano y sus consellers, que con su acción negligente durante la Dana del pasado 29 de octubre, no evitaron la muerte de 228 hermanos suyos, valencianos también, ahogados por la desidia y la parálisis de un gobierno que, de haber avisado a tiempo, habría evitado la  muerte 228 personas, hijas de un mismo Padre?

¿Cómo rezará el Padrenuestro el concejal del PP de mi pueblo, que escribió en las redes sociales: “Cada día entran ilegalmente a nuestro país personas que no vienen a sumar, vienen a hacer daño”? (Levante, 1 de julio de 2025).

Cuando rezamos el Padrenuestro estamos invocando a un mismo Padre y por eso mismo, estamos reconociendo a los demás, como a hermanos. De aquí que el Padrenuestro nos urge a la fraternidad, a descubrir en los demás a unos hermanos. No a unos enemigos, ni a unos que vienen a “hacer daño”, como dicen de sus hermanos inmigrantes, los que después “devotamente”, e hipócritamente rezan el Padrenuestro.

Decía Plauto (254-184 aC), que “el hombre es un lobo para el hombre”. Y los filósofos de la sospecha decían: “El otro es el infierno”. Los cristianos Putin, Trump, los políticos que criminalizan a los que llaman “inmigrantes irregulares”, los salvajes que incendian mezquitas o agreden a las personas “sin papeles” que vienen de otros países, ¿ven a estas personas como enemigas? ¿Cómo pueden rezar el Padrenuestro, con sinceridad, despreciando y criminalizando a sus propios hermanos?

En su competición con VOX, para ver quién es más racista, el señor Feijóo ha pedido la deportación “inmediata” de cualquier inmigrante irregular que delinca. “Debemos ser contundentes”, ha expresado el señor Feijóo. (El Mundo, 16 de julio de 2025). El presidente del PP habría de empezar a ser contundente con los políticos de su partido condenados recientemente por la Audiencia de València, por fraude, prevaricación y malversación, como lo han sido dos exalcaldes del PP, uno de Enguera y otro de Requena (La Veu del País Valencià, 16 de julio de 2025). Pero claro, estos exalcaldes no eran inmigrantes y por eso el señor Feijóo no será contundente con ellos.

San Juan, en su primera carta, nos dice: “El que dice que está en la luz y odia a su hermano, todavía está en la tiniebla” (1Jn 2:9). Y también: “Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos” ya que “todo aquel que odia a su hermano, es un homicida” (1Jn 3:14-15).

El Padrenuestro nos evita que caigamos en la aporofobia, que como la definió la profesora Adela Cortina, es “el rechazo, la aversión, el miedo y el desprecio hacia el pobre”. Simplemente por el hecho de ser pobre, ya que el racismo (normalmente), no se manifiesta en los futbolistas que llegan de Latinoamérica o de África, que no solamente no sufren ningún rechazo, sino que son aplaudidos y admirados. Tampoco hay ningún problema con el color de la piel, con los turistas que llegan con las carteras llenas de dinero. El único problema que encuentran los racistas es con los inmigrantes pobres.

Aquellos que, llenos de odio, quieren expulsar a los inmigrantes “ilegales”, criminalizándolos, los que incendian mezquitas o los que incitan al odio y agreden a los extranjeros, demuestran su hipocresía cuando rezan el Padrenuestro, porque rezan esta oración sin reconocer como hermanos a todos los hijos de Dios. A todos éstos, más les valdría no rezar el Padrenuestro, porque odiando a sus hermanos inmigrantes, rezan hipócritamente la oración del Señor, ya que no reconocen como a hermanos a los inmigrantes que vienen a nuestro país, no a hacer daño (como dicen algunos), sino a buscar una vida más digna.

Josep Miquel Bausset

Fuente Religión Digital

Biblia, Espiritualidad Cristianismo, Dios, Evangelio, Jesús, Padre Nuestro, PP, Racismo, Ultraderecha, VOX, Xenofobia

Foto del Congreso de los Diputados, 2021.

Y los obispos como Munilla, que envió a  algunos curas a Valencia a realizar determinados “talleres”… están de los nervios… se les va el negocio:

Todos los grupos parlamentarios, excepto VOX, votan a favor de la tramitación de la norma

La proposición de ley presentada por el PSOE, pretende introducir estas prácticas en el Código Penal y considerarlas un delito que se castigue con penas de seis meses a dos años de cárcel

«Sigue habiendo familias, curas, pastores de sectas o ‘coaches’ que venden la misma mentira: que la diversidad sexual y de género se puede extirpar con sesiones de rezo, descargas eléctricas o medicamentos. (…) Lo hacen impunemente, muchas veces escondidos tras asociaciones religiosas y sectas«, sostiene el PSOE, impulsor de la medida

Tanto el BNG, como Podemos, Bildu y ERC han coincidido en calificar como «tortura» estas terapias de conversión, mientras que el PNV ha hablado de «aberración» que solo causa daño y trauma y Sumar de «prácticas que atentan contra la dignidad de las personas«

María de la Cabeza Ruiz, de Vox, ha indicado que la propuesta legislativa es «una auténtica aberración» para «mandar a la cárcel a personas inocentes» y supone un ataque a la libertad individual, de pensamiento y religiosa»

25.06.2025 | RD/Agencias

El Congreso de los Diputados ha admitido este martes a trámite la proposición de ley orgánica del PSOE para castigar con penas de cárcel las terapias de conversión de la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género.

La Cámara Baja comenzará a trabajar en esta norma después de que todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, hayan votado a favor de su tramitación.

La proposición de ley pretende introducir estas prácticas en el Código Penal y considerarlas un delito que se castigue con penas de seis meses a dos años de cárcel.

El diputado socialista Víctor Gutiérrez ha denunciado que estas terapias constituyen «una de las peores formas de violencia que una persona puede sufrir, que es ser obligado a odiarse, ser torturado física o psicológicamente para que le arranquen su orientación o identidad de encima«.

Sigue habiendo familias, curas, pastores de sectas o ‘coaches’ que venden la misma mentira: que la diversidad sexual y de género se puede extirpar con sesiones de rezo, descargas eléctricas o medicamentos. (…) Lo hacen impunemente, muchas veces escondidos tras asociaciones religiosas y sectas«, ha sostenido el socialista en el pleno del Congreso.

Apoyo de todos los partidos, excepto Vox

Tanto el BNG, como Podemos, Bildu y ERC han coincidido en calificar como «tortura« estas terapias de conversión, mientras que el PNV ha hablado de «aberración» que solo causa daño y trauma y Sumar de «prácticas que atentan contra la dignidad de las personas«.

El Congreso admite a trámite una ley del PSOE que castigará con penas de hasta dos años de prisión a quien practique terapias de conversión sexual a personas LGTBIQ+ https://t.co/7N5xbwuCQo pic.twitter.com/iSyIfCThcl

— Europa Press (@europapress) June 24, 2025

Desde el PP, Jaime Miguel De los Santos ha asegurado que cuando defienden los derechos del colectivo LGTBI están defendiendo los derechos de una sociedad justa: «En eso estamos todos unidos, por más que la izquierda esté empeñada en levantar muros«, ha dicho sin pizca de autocrítica cuando el único muro levantado es el de su presidenta y jefa Isabel Ayuso quien cercenó la Ley LGTBI de la Comunidad de Madrid permitiendo dichas terapias, lo que ha tenido que frenar el Tribunal Constitucional. Pero eso debe de ser pecata minuta para alguien conocido exclusivamente por llevar los bolsos de la esposa del expresidente Mariano Rajoy y por la violencia y grosería en sus intervenciones parlamentarias.

Por su parte, destilando una miserable LGTBIfobia, María de la Cabeza Ruiz, de Vox, ha indicado que la propuesta legislativa es «una auténtica aberración« para «mandar a la cárcel a personas inocentes» y supone un ataque a la libertad individual, de pensamiento y religiosa.

Se contemplan penas de cárcel en determinados casos

La proposición de ley que ha sido admitida a trámite contempla penas de cárcel de seis meses a dos años para quien «aplique o practique sobre una persona actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión, ya sean psicológicos, físicos, farmacológicos o de cualquier otra naturaleza, destinados a modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género, con afectación de su integridad corporal o su salud física o mental o con menoscabo grave de su integridad moral«.

️ Aprobamos en el Congreso iniciar el camino para que las terapias de conversión sean DELITO en España.

Fuimos el único partido que lo incluyó en su programa electoral y hoy cumplimos con ese compromiso.

️‍ Qué ORGULLO poder trabajar para hacer este país un poquito mejor. pic.twitter.com/mqy0WmhlJz

— Víctor Gutiérrez (@victorg91) June 24, 2025

En el caso de que la víctima sea menor de edad, se emplee la violencia o una situación de superioridad, o bien el culpable pertenezca a una organización u asociación, o bien la práctica se realice con fines lucrativos, se propone que la pena se imponga en su mitad superior.

Asimismo, plantea que la pena incluya la inhabilitación especial de tres a cinco años para las profesiones u oficios educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre.

Si la responsable de los delitos cometidos es una persona jurídica, se impondrá una multa de seis meses a dos años e incluso su disolución, la suspensión de sus actividades o la clausura de sus locales durante un periodo de tiempo, así como la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas.

Fuente Religión Digital/Agencias

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras o de conversión, Bildu, ERC, María de la Cabeza Ruiz, PNV, Podemos, PP, PSOE, Sumar, VOX

El ex presidente Zapatero cuestiona a la CEE a los 20 años de la aprobación del matrimonio gay: «¿Por qué no pidieron elecciones en los 40 años de la dictadura de Franco al que llevaron bajo palio?”

«Los obispos, curiosamente, han vuelto a salir 20 años después a pedir elecciones otra vez. Han salido a pedir elecciones«, afirma el ex presidente

«Hace 20 años una parte de esta sociedad con la hiprocresia que le caracteriza salió a la calle para insultarnos porque íbamos a acabar con la familia»

Sánchez recuerda la oposición del PP y la Iglesia al matrimonio homosexual: “Nos habrían llamado ‘wokes’”

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha cerrado el acto de conmemoración del 20 aniversario de la ley que permite las bodas entre personas del mismo sexo, al que también ha asistido José Luis Rodríguez Zapatero

23.06.2025

Pedro Sánchez, Ana Redondo , José Luis Rodríguez Zapatero y la presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, participaron en una emotiva jornada celebrada en el Museo del Traje, que reivindicó el valor histórico del “sí” al matrimonio igualitario, homenajeó a quienes lo hicieron posible y reafirmó el compromiso común frente a los discursos de odio y los intentos de retroceso en derechos

Pedro Sánchez, Ana Redondo , José Luis Rodríguez Zapatero y la presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, participaron en una emotiva jornada celebrada en el Museo del Traje, que reivindicó el valor histórico del “sí” al matrimonio igualitario, homenajeó a quienes lo hicieron posible y reafirmó el compromiso común frente a los discursos de odio y los intentos de retroceso en derechos.

Madrid, 23 de junio de 2025 – El Ministerio de Igualdad y la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) han conmemorado este lunes el vigésimo aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario en España con el acto institucional “Sí histórico: un país con derechos, un país con orgullo”, celebrado en el Museo del Traje de Madrid. La jornada, conducida por la periodista Ares Teixidó, ha reunido a representantes del Gobierno como el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo Gobierno aprobó la reforma del Código Civil que posibilitó las bodas entre personas del mismo sexo, organizaciones de la sociedad civil y activistas históricos en un encuentro marcado por la memoria, el reconocimiento y el compromiso compartido con la defensa de los derechos del colectivo. Zapatero y Sánchez han recordado la campaña conservadora que se desplegó contra el texto, con la convocatoria de manifestaciones mutitudinarias a las que asistían miembros de la Iglesia y del PP.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha inaugurado el acto conmemorativo recordando el profundo valor simbólico y político del 20º aniversario del matrimonio igualitario, “una decisión política valiente que transformó vidas y situó a España como un referente internacional en derechos LGTBI+”. Ha reivindicado el legado de Pedro Zerolo, “que soñó con una España más digna, decente e igualitaria, en la que cualquiera pudiera disfrutar de su libertad con plenos derechos”, y ha subrayado que ese sueño se hizo realidad hace dos décadas. “En estos 20 años, más de 75.000 familias han podido desarrollar su proyecto vital, ser completamente libres e iguales, porque España dio un salto histórico, un salto en el ‘sí quiero’ a ser más democrática, más libre”, ha afirmado.

Redondo ha subrayado que la ley fue un avance sin ambages ni letra pequeña, plenamente igualitario, que benefició incluso a quienes entonces la rechazaron. “Esa es la grandeza de los derechos: que todas las personas los disfrutamos”. Frente a la actual ofensiva de discursos reaccionarios, ha llamado a reforzar el compromiso con la igualdad: “La internacional del odio ha volcado su rencor sobre la diversidad, porque sabe que una sociedad diversa es más difícil de someter. Por eso debemos ser un dique de contención frente a la ola reaccionaria que amenaza con devolvernos al armario. Pero no vamos a tolerar ni un paso atrás. Porque sí seguimos queriendo una España libre, diversa e igualitaria”.

Por su parte, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha puesto en valor la alianza histórica entre el movimiento civil y las instituciones progresistas que hizo posible esta conquista. “Celebramos el vigésimo aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario como un hito histórico y un símbolo de justicia, igualdad y democracia. Fue el inicio de un nuevo tejido social que por fin abrazaba la diversidad y la dignidad de todas las personas”, ha declarado. Iglesias ha recordado que “hace 20 años, ese ‘sí histórico’ supuso un reconocimiento fundamental: ‘Te veo. Existes. Eres digna’. Un cambio legal pequeño en palabras, pero enorme en derechos y esperanza para miles de personas”. Asimismo, ha advertido que, pese al amplio respaldo social que existe hoy en España hacia estos derechos, “no podemos bajar la guardia”. “Los avances conseguidos deben protegerse y ampliarse frente a la amenaza del odio y el retroceso. Por eso, desde la Federación reafirmamos nuestro compromiso firme de no dar ni un paso atrás. Este es un camino que debemos recorrer, con memoria, valentía y solidaridad”, ha subrayado.

Uno de los momentos más emotivos del acto ha sido la intervención del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, impulsor de la reforma del Código Civil que reconoció por primera vez en España el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. José Luis Rodríguez Zapatero ha participado en una mesa redonda junto a Beatriz Gimeno, que en aquel momento era presidenta de la Federación Estatal LGTBI (FELGTBI+), Guillem Montoro, primer concejal trans en el Ayuntamiento de Paiporta, y Abi Power, actriz y creadora de contenido. El acto ha sido celebrado en el Museo del Traje de Madrid bajo el título Un país con derechos, un país con orgullo.

Zapatero recordó el momento en el que defendió en el Congreso la ley y dijo que ha sido el único momento en su carrera política en que estuvieron a punto de saltársele las lágrimas en la tribuna de la Cámara Baja. Rememoró aquel día con emoción: “Este acto me produce tres sentimientos: emoción, memoria política —esencial en la democracia—, y también esperanza”, ha comenzado Zapatero. Ha recordado aquel 30 de junio de 2005 como “el único día en el Congreso en que estuve a punto de que las lágrimas se me vertieran, un día marcado por los besos, las lágrimas sinceras, los abrazos, la victoria del amor, de la libertad”.

En este sentido, Zapatero ha reivindicado el cumplimiento de una deuda histórica con la memoria de este país, recordando que “hace 20 años, una parte de esta sociedad, con hipocresía y falta de dignidad que le caracteriza, nos insultó, salió a la calle, se negó a reconocer esa igualdad”. Frente a ello, ha celebrado que “la sociedad española escogió a todas las familias, a la diversidad, al amor”, y ha concluido con un mensaje de esperanza: “porque el amor se impone al odio, y porque la libertad es el único destino de la democracia”. “A mí me acusaron de ser más o menos el diablo porque iba a acabar con las familias; había muchos obispos, de la mano del PP, nunca vi tantos obispos en mi vida. Obispos que curiosamente 20 años después han vuelto a salir a pedir elecciones”, ha lamentado el expresidente en un acto sobre el matrimonio igualitario.

Además, Zapatero ha recordado la votación de aquella ley histórica, el rechazo del PP y la “hipocresía y la falta de dignidad” de esa oposición.

Además, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha cargado este lunes contra la Conferencia Episcopal Española (CEE) y ha preguntado por qué los obispos no pidieron elecciones en los cuarenta años de la dictadura de Franco. «Los obispos, curiosamente, han vuelto a salir 20 años después a pedir elecciones otra vez. Han salido a pedir elecciones. Y yo pensaba: la Conferencia Episcopal ¿por qué no pidió elecciones en los 40 años de la dictadura de Franco al que llevaron bajo palio?«, ha preguntado entre aplausos del público.

La clausura del acto ha corrido a cargo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha recordado emocionado a Carlos y Emilio, la primera pareja que contrajo matrimonio tras la aprobación de la ley. “Hace 20 años, Carlos y Emilio se dieron el ‘sí quiero’. Ellos fueron la primera pareja que pudo hacerlo en España. Pero una relación como la suya tuvo que esperar hasta tres décadas. No porque no estuvieran preparados, sencillamente porque no podían. Era nuestro país quien no estaba a su altura. Y no lo estuvo hasta ese 30 de junio de 2005 en el que España se convirtió en un país más libre y más justo. Ese día no solo ganó el amor: ganó la libertad”, ha afirmado. Sánchez ha reivindicado aquella conquista como unacto de valentía colectiva: “No ha sido fácil. España fue el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario y el primero en reconocer a estas parejas el derecho de adopción. E, incluso con escándalo, fuimos valientes como sociedad”.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rememorado también la resistencia social y política que hubo frente al avance de derechos, la férrea oposición que desplegó el Partido Popular, la Iglesia y otros sectores conservadores contra el matrimonio entre personas del mismo sexo: “Duele recordar las manifestaciones de una minoría de miedo al cambio que llenó de gritos y de miedo las calles. En aquel momento nos habrían llamado wokes si existiera el término y en su lugar nos llamaron amenaza, aberración y error histórico, en definitiva, acusaron a quienes apoyaron esta conquista de romper la familia”. Pero, con firmeza, ha concluido: “Hoy, 20 años después, podemos mirar a los ojos del pasado y decir que no se rompió nada; al contrario, se fortaleció nuestra sociedad, ensanchamos el significado de las familias. Y lo hicimos tanto que hoy quienes han venido después pueden amar libremente, pueden casarse, pueden formar la familia que sus padres y madres negaron a otros pero que ahora no podrían negarles a ellos”, ha añadido. Para Sánchez, este aniversario es “un acto de orgullo, de memoria y también de agradecimiento”, y un recordatorio de que la libertad conquistada entonces sigue llena de contenido hoy.

El presidente ha recordado a Pedro Zerolo, pieza clave en la consecución del matrimonio igualitario, y a los diputados que votaron a favor de la norma en el Congreso y ha hecho referencia a la ola ultra que a nivel global tiene en los derechos LGTBI una de sus dianas: “Este país ya eligió avanzar y no vamos a permitir que lo devuelvan al armario, al silencio y al miedo”. En este sentido, Sánchez ha nombrado a Hungría, que se enfrenta a la prohibición del Orgullo dictada por el presidente Víktor Orbán. “España no es Hungría, pero las calles de Madrid sí serán las de Budapest. Este Orgullo reivindicamos todo lo que nos queda por conquistar aquí pero también salimos por todos aquellos que no pueden alzar la voz en sus países”.

Sánchez ha nombrado también la proposición de ley que el PSOE ha registrado en el Congreso para llevar al Código Penal las terapias de conversión y castigar su promoción con penas de cárcel. Actualmente las terapias de conversión están vetadas en España en virtud de la Ley Trans aprobada en 2023, que contempla multas de hasta 150.000 euros para quienes las lleven a cabo o promocionen. El pasado enero el Ministerio de Igualdad anunció que estaba estudiando la posibilidad convertirlas en delito después de abrir expediente a siete diócesis españolas tras la denuncia de la Asociación contra las Terapias de Conversión.

El coloquio ha generado así un espacio de diálogo emotivo y comprometido entre generaciones, en el que se compartieron vivencias, aprendizajes y desafíos actuales. La conversación ha servido para evidenciar el valor de la transmisión de la memoria y la urgencia de seguir defendiendo los derechos del colectivo desde la acción política y el activismo.

Con este acto institucional, el Ministerio de Igualdad y la Federación Estatal LGTBI+ han querido rendir homenaje a todas las personas que hicieron posible el matrimonio igualitario, recordar el valor transformador de esa conquista y reafirmar el compromiso con la igualdad como pilar fundamental de la democracia. Veinte años después, el “sí histórico” sigue resonando con fuerza en una sociedad que, frente a cualquier intento de retroceso, responde con más derechos, más inclusión y más orgullo.

Fuente FELGTBI+/Religión Digital/elDiario.es

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La alcaldesa con Carlos Mazón, Presidente de la Generalitat Valenciana alias el del  Ventorro (228 fallecidos por la DANA)

Bronca en el pleno del Ayuntamiento por la orden de la regidora de volver a votar una moción de los socialistas contra la LGTBIfobia tras el regreso de ambos socios ultra

El pleno de mayo del Ayuntamiento de Valencia ha vivido este martes momentos de tensión a cuenta de la votación de una moción, en la que el PSPV condenaba los cambios “regresivos” de PP y Vox en la ley trans valenciana, que se votaba la mañana del miércoles 28 de mayo en el Parlamento valenciano. Sorpresivamente, la iniciativa de la oposición ha salido adelante por la ausencia de dos de los cuatro concejales de Vox, que se habían salido del hemiciclo, concretamente de los investigados por delitos de odio y corrupción Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero firmes apoyos de la alcaldesa.

La moción socialista pide el compromiso del Ayuntamiento de Valencia con la defensa de los derechos humanos del colectivo LGTBI, especialmente de las personas transexuales, y condena la “modificación regresiva de la ley trans que pretenden aprobar PP y Vox en el Parlamento autonómico” en su sesión de mañana miércoles.

Después del debate de la moción ha llegado la votación pero dos ediles de Vox se habían ausentado del hemiciclo. Cuando el PP se ha dado cuenta ya se había votado la moción socialista, que ha salido adelante por mayoría. Entonces Catalá ha ordenado repetirla con los dos ediles ya dentro de nuevo, lo que es, claramente ILEGAL. Pero los dos grupos de la oposición se han levantado de sus escaños y han ido a protestar al secretario municipal, llamando “tramposa” a la primera edil. A pesar de la bronca, Catalá ha sometido a votación la moción de Compromís, en la que también se pedía el rechazo a los cambios, pero ha decaído porque para entonces PP y Vox sí contaban con mayoría de votos.

En un momento tenso, el secretario municipal ha interrumpido el pleno para aclarar la situación y a la vuelta del receso ha descartado la votación repetida por Catalá de la moción socialista, así que se ha dado por válida.

El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Borja Monzó, ha lamentado la “actitud bochornosa y antidemocrática” de Catalá después de intentar repetir, en contra del reglamento municipal, la votación de su moción.

Votación de la moción del PSPV sobre LGTBIfobia en el pleno municipal de Valencia de este martes. (Ayuntamiento de València)

Después de un receso de 10 minutos ante las quejas de la oposición, se ha retomado el pleno donde el secretario municipal ha explicado que no se podía dar por buena la repetición y, por tanto, quedaba anulada la segunda votación. Es decir, que la moción de los socialistas que condena los cambios de la ley trans que pretende aprobar el Consell de Carlos Mazón, el del Ventorro, ha sido definitivamente aprobada por el pleno municipal.

El socialista Sanjuan ha exigido que este “intento ilegal” de repetir la votación quedase registrado en el acta del pleno. “Hoy María José Catalá ha tratado de que se repita una votación que ya había tenido lugar en el pleno y ha tratado de hacerlo porque en esa votación los socialistas exigíamos que mañana vote en contra de las enmiendas tránsfobas de Vox en su condición de diputada. Esa votación ya se había producido y como había dos miembros de su gobierno que estaban fuera, la ha perdido y ha hecho que se repitan esas votaciones de manera ilegal. Tanto es así que el secretario ha tenido que parar el pleno y ella se lo ha llevado 20 minutos a su despacho para tratar de intimidarlo”, denuncia el portavoz.

No obstante, ha continuado el responsable socialista, “esa votación ha sido válida. Y por eso mañana Catalá tendrá que decidir si respeta o no lo que su pleno le ha mandatado como alcaldesa. Si vota que no a las enmiendas tránsfobas de Vox o si va a demostrar el poco talante democrático que ha demostrado hoy, donde cuando pierde una votación trata que se repita hasta que gane. Y de hecho, ni siquiera quería que todo esto constara en el acta como hemos exigido los socialistas porque sabe que lo que ha cometido es una irregularidad y que incluso puede tener consecuencias y responsabilidades para ella”, ha finalizado.

Durante el debate de las mociones, la concejala de Compromís Luisa Notario ha lamentado que “el PP, de la mano de Vox, ha empezado la mayor campaña de recortes en derechos que tendrán consecuencias en la vida de las personas”, y ha criticado que se vaya a dejar a las personas trans “en situación de vulnerabilidad”.

Al inicio del debate de este punto, han intervenido miembros de los colectivos Lambda, Samarucs y la asociación Chrysallis, que han denunciado que la votación de la modificación de la ley de mañana en las Cortes supone “un ataque directo a los derechos de las personas trans, introduce terapias de conversión ilegales, institucionaliza el derecho a discriminar y la convierte en un apartheid trans”, han expuesto en sus intervenciones.

Fuente Agencias

General, Homofobia/ Transfobia. Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuán, Carlos Mazón, Cecilia Herrero, Compromís, Homofobia/Transfobia, Juan Manuel Badenas, Ley Trans Valenciana, Luisa Notario, María José Catalá, PP, PSPV(PSOE), VOX

La Federación alerta de que el ataque coordinado de PP y Vox en la Comunitat Valenciana es un grave retroceso en derechos fundamentales y respalda la concentración convocada por Lambda y Chrysallis frente a les Corts

Madrid, 13 de mayo de 2025. – La Federación Estatal LGTBI+ denuncia públicamente el intento de PP y Vox de modificar la Ley Trans Valenciana mediante enmiendas introducidas en la Ley de Acompañamiento, que suponen un retroceso inaceptable en derechos conquistados por las personas trans en la Comunitat Valenciana.

Estas enmiendas, que se votarán el mismo día 15 de mayo, eliminarían derechos fundamentales como el reconocimiento del género sentido de las personas trans, especialmente en el ámbito educativo, deportivo y sanitario. Además, permitirían prácticas encubiertas similares a las denominadas “terapias de conversión”, eliminarían la inversión de la carga de la prueba en casos de discriminación, y suprimirían herramientas clave para la protección y acompañamiento de las personas trans.

“Lo que se está planteando en la Comunitat Valenciana no es una reforma técnica, es un ataque político y premeditado contra la dignidad de las personas trans. Estamos ante una operación de desmantelamiento de derechos en toda regla”, ha declarado Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+.

Ni un paso atrás en derechos

En este sentido, la Federación muestra todo su apoyo a la concentración convocada por Lambda y Chrysallis este miércoles, 15 de mayo, a las 09:00 horas, frente a les Corts Valencianes, e invita a toda la ciudadanía a sumarse a esta movilización en defensa de los derechos humanos. “Esta ofensiva legislativa no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia que busca imponer un modelo excluyente desde gobiernos autonómicos sostenidos por la ultraderecha. Hoy es València, pero estas políticas anti-derechos se están replicando en otros territorios. Por eso debemos responder desde todo el Estado”, ha añadido Iglesias.

Por ello, desde la Federación Estatal LGTBI+ exigen la retirada inmediata de las enmiendas presentadas por PP y Vox, la convocatoria urgente de los Consejos Consultivos Trans y LGTBI+ en la Comunitat Valenciana, y la comparecencia pública de la consellera Susana Camarero para rendir cuentas sobre este ataque legislativo. “No vamos a permitir que se legisle y normalice el odio. Las leyes trans y LGTBI+ son fruto de décadas de lucha y consenso social. No daremos ni un paso atrás”, ha concluido Iglesias.

Fuente FELGTBI+

General, Homofobia/ Transfobia. Chrysallis, Comunidad Valenciana, Homofobia/Transfobia, LAMBDA, Ley Trans Valenciana, Personas LGTBIQ, Personas trans, PP, Susana Camarero, VOX

“Por estar bien las madres matan a sus hijos en el vientre”

El PSOE ha pedido explicaciones a la alcaldesa mientras el Gobierno municipal dice que sólo iban invitados

El sacerdote Pedro César Carrillo, nacido en Alcantarilla y actual Párroco de San Pedro Apóstol de San Pedro del Pinatar, fue el encargado de dar el pregón con motivo de las fiestas en honor a la Virgen de Salud de éste municipio, que se celebran este mes de mayo. Durante su intervención atacó directamente a la mujer.

Carrillo criticó la mayor presencia de la mujer en los ámbitos sociales en los años 60 y aprovechó para atacar la revolución sexual, la «autosuficiencia y no necesidad del hombre», el aborto o el uso de la píldora anticonceptiva.

«Somos un pueblo enfermo», insistió el sacerdote en varias ocasiones para citar varias encíclicas papales de los años 60 y relacionar «cualquier tipo de homicidios» con la «eutanasia, el aborto o el suicidio».

«No me refiero a las enfermedades físicas, […] sino a otras enfermedades, llamémoslas espirituales o morales«, ha remarcado el sacerdote.

El PSOE en el Ayuntamiento de Alcantarilla ha presentado una queja formal a la nueva alcaldesa, Paqui Terol, quien estuvo presente en este acto celebrado en Centro Cultural Infanta Elena el pasado sábado. Lara Hernández, portavoz de los socialistas, señala que es un discurso con un contenido «profundamente ideológico, en el que se vertieron afirmaciones explícitas y muy graves contra los avances sociales de la mujer, el uso de anticonceptivos o los modelos de familia no tradicionales«.

Los socialistas consideran que estos mensajes «suponen una agresión ideológica directa hacia nuestros concejales presentes y hacia una parte significativa de la ciudadanía, vulnerando principios básicos de igualdad, pluralidad y respeto institucional«.

Además, Hernández lamenta que la alcaldesa, «recién investida y que se ha declarado públicamente defensora de la igualdad entre hombres y mujeres, no se pronunciara ni mostrara el más mínimo rechazo ante este discurso, incurriendo en una grave incoherencia con los valores que dice defender«.

Fuentes del Ayuntamiento han asegurado que «el acto lo organiza la Hermandad de la Virgen de la Salud todos los años a primeros de mayo. Lo preside el Hermano Mayor. La alcaldesa y el párroco de la Iglesia de San Pedro estaban como invitados, así como los concejales del Ayuntamiento y otras autoridades civiles y militares».

Además, inciden en que el Ayuntamiento «no decide ni el pregonero ni las distinciones que otorgan ninguna de las organizaciones religiosas, culturales, sociales ni de cualquier otro tipo«.

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La ministra de Igualdad lamenta las palabras «machistas y contrarias a Francisco» del cura de Murcia

Redondo: «Este sacerdote desconoce lo que es esencial en cualquier religión»

«Le recomendaría a este sacerdote que lea las encíclicas del Papa Francisco, especialmente Fratelli Tutti y Dilexit Nos, en las que apela a la igual dignidad entre todos los seres humanos para que puedan desarrollar en libertad su proyecto de vida»

El sacerdote arremetió contra la píldora anticonceptiva, el aborto y también criticó «la mayor presencia de la mujer en los ambientes laboral y sociopolítico«, durante el pregón de las fiestas alcántarillenses

06.05.2025 | RD/Ep

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, opina que las palabras del sacerdote Pedro César Carrillo, en las que se ha referido al aborto y a la presencia laboral y social de las mujeres, son «machistas, claramente contrarias a dos encíclicas del Papa Francisco«.

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Alcantarilla, Hermandad de la Virgen de la Salud, Iglesia Católica, Lara Hernández, Misoginia, Murcia, Paqui Terol, Pedro César Carrillo, PP, PSOE

El Tribunal Constitucional se prepara para comenzar la deliberación en su pleno de la próxima semana sobre la ley trans estatal, sustentado en un proyecto de sentencia que respalda mayoritariamente dicha legislación, la cual fue aprobada hace dos años. Si el borrador avanza, el tribunal brindaría un respaldo amplio a la ley, especialmente en lo que respecta a la regulación del cambio de sexo en los registros, basado únicamente en la voluntad de la persona, sin restricciones.

La tramitación de esta ley suscitó tensiones y un intenso debate dentro del movimiento feminista, así como entre los grupos parlamentarios y en el Gobierno (particularmente entre Podemos y el PSOE). Este conflicto culminó con la salida del Gobierno de la entonces ministra Carmen Calvo, opuesta a la norma, y afectó la posición de la ministra Irene Montero. El principal punto de contención fue la autodeterminación de género: permitir que una persona cambie su nombre y sexo en el DNI simplemente por su decisión. El PP argumentó en su recurso que este enfoque de la ley trans genera inseguridad jurídica.

La ponencia de la sentencia argumenta que la ley “solo contempla la rectificación de la mención registral del sexo de una persona cuando esta manifieste su disconformidad con el sexo que le fue asignado al nacer”. La equiparación de derechos entre las mujeres que ejercen ese derecho y aquellas que se sienten identificadas con el sexo asignado al nacer —se añade en el texto— “viene exigida por el reconocimiento del derecho a no ser discriminado por razón de la condición trans de la persona y no puede analizarse, con carácter general, como una discriminación contra las mujeres, ya que estamos, en todos los casos, ante mujeres, por mucho que unas sean mujeres trans y otras no”.

Se ha indicado que el análisis de la ley para garantizar la igualdad de las personas trans y los derechos de las personas LGTBIQ+ requerirá más de un pleno. Así, los magistrados anticipan que en esta primera discusión no habrá votación, manteniendo la impugnación pendiente hasta que se alcance un mayor consenso.

Fuentes del propio Constitucional han señalado que en los contactos preliminares se han manifestado reservas dentro del sector progresista del tribunal —específicamente de las magistradas María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán— respecto al borrador creado por el ponente, el magistrado Juan Carlos Campo, quien forma parte del mismo grupo que cuenta con siete miembros. Estas reservas, así como la probable resistencia de los magistrados del bloque conservador, que también suman siete, podrían dificultar la aprobación de la resolución.

Los informes sugieren que es posible reestablecer la unidad en el grupo progresista mediante matizaciones al proyecto de sentencia que no impacten el núcleo de la ley. La propuesta del ponente solo impugna como inconstitucionales dos apartados de la ley trans que incluyen sanciones consideradas excesivas en casos de discriminación por identidad sexual.

El recurso presentado por el PP es rechazado en todos los demás puntos; sin embargo, se aclara cómo debe aplicarse el artículo que prohíbe la modificación genital en menores de 12 años, “salvo en aquellos casos en que las recomendaciones médicas lo exijan para proteger la salud de la persona”.

La ponencia del magistrado Juan Carlos Campo menciona en distintos pasajes que la función del Constitucional es verificar la conformidad de las normas con la Constitución, sin emitir juicios sobre alternativas que el legislador podría haber considerado para proteger los derechos fundamentales. “Una vez que el legislador ha decidido un procedimiento particular para la rectificación registral del sexo a fin de garantizar el derecho a la intimidad y la dignidad de las personas trans, así como su libre desarrollo personal —se señala en la ponencia—, no se debe restar el valor práctico a ese procedimiento negando la eficacia jurídica a la rectificación registral de la mención de sexo de la persona”.

Carácter gradual y progresivo

El proyecto de resolución aplica este principio en el tratamiento que la ley ofrece a los menores. “El legislador —sostiene la ponencia— ha considerado el carácter gradual y progresivo con el que los menores adquieren madurez y capacidad de discernimiento, estableciendo tres regímenes distintos para la rectificación registral del sexo dependiendo de la edad”. Estos regímenes afectan a “los mayores de doce y menores de catorce años; mayores de catorce y menores de dieciséis años; y mayores de dieciséis años”.

El texto enfatiza que “las garantías en el procedimiento de cada uno de estos tres supuestos, así como las medidas de apoyo y acompañamiento para los menores son más amplias cuanto menor sea su edad, reconociendo que una menor edad implica menor capacidad para entender las consecuencias de decisiones complejas y mayores necesidades de protección”.

“Aunque otras opciones regulatorias pudieran también ajustarse a nuestra constitución —argumenta el proyecto de resolución—, las precauciones que introduce la ley son bastante adecuadas para mantener el principio de seguridad jurídica, especialmente considerando la relevancia secundaria de este principio frente a la garantía de la dignidad y el libre desarrollo personal de las personas trans y su derecho a la intimidad”.

En resumen, la ponencia coincide con la posición de la Abogacía del Estado, que se opuso al recurso y solicitó su desestimación, argumentando que la ley “no presenta vicios de inconstitucionalidad según lo que alegan los recurrentes” y que, por el contrario, responde a “una decisión legislativa que no puede considerarse inconstitucional, a pesar de que otras alternativas pudieran lograr los mismos objetivos dentro del marco constitucional vigente”.

Fuente El País

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Elaborado con datos de la agencia 40dB por la Federación Estatal LGTBI+

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha revelado este jueves las conclusiones de su informe Estado LGTBI+ 2025 que desvela que la población LGTBI+ se moviliza en los procesos electorales cuando sus derechos están en juego. Y es que, según los datos sobre el recuerdo de voto de población LGTBI+ en las pasadas elecciones europeas, un 19% del colectivo afirma haberse abstenido, frente al 53% de abstención registrada oficialmente en el conjunto de la población.

Según la responsable de Investigación, Formación y Calidad de la organización, María Rodríguez, estos datos demuestran que el colectivo LGTBI+ “es uno de los grupos de población más conscientes de la necesidad de ver reconocidos sus derechos y de defenderlos y que pudo suponer el muro de contención frente a los movimientos ultras en las pasadas elecciones”.  “Según la investigación las personas LGTBI+, en su gran mayoría, están dispuestas a votar de manera decidida y consciente, especialmente cuando su igualdad está en juego”, declara.

El informe, elaborado con datos de la agencia 40dB en exclusiva para la Federación Estatal LGTBI+, muestra que la mayoría de las personas LGTBI+ están comprometidas con los partidos que apuestan por sus derechos. Casi el 60% del colectivo (57,4%) vota a partidos progresistas, frente al 40% de la población general que vota a estos mismos partidos.

Además, según la investigación, que compara datos de intención de voto y ubicación ideológica de los tres últimos años, en 2023, el 38% de las personas LGTBI+ se ubicaba ideológicamente hacia la izquierda (sin contar a las personas de centro), mientras que, en 2025, esta cifra asciende al 45%, lo que revela una tendencia hacia la izquierda. Por otra parte, casi 1 de cada 10 personas LGTBI+ que votaron al PP el pasado 23J votarían ahora a partidos progresistas.

 El apoyo a los partidos progresistas no es gratuito

Así, el vicepresidente de la Federación Estatal LGTBI+, David Armenteros, declara que “en los últimos años, los ataques a nuestras realidades se han intensificado, las agresiones físicas y verbales han aumentado y los movimientos ultraconservadores siguen ganando terreno. Sin embargo, en los datos vemos que, cuando la violencia y el odio se sienten más cerca, el colectivo LGTBI+ refuerza su compromiso con aquellos que defienden la igualdad”, declara Armenteros.

No obstante, explica que “este apoyo no es gratuito”. “Por eso, es fundamental que los partidos que reciben nuestra confianza actúen con firmeza y determinación. No basta con que incluyan sus compromisos con la diversidad LGTBI+ en sus discursos o programas electorales, ni con que nos prometan avances.  Tienen que actuar, legislando y consolidando derechos”, asegura.  “En el contexto actual, es más importante que nunca que quienes han recibido nuestro apoyo garanticen la protección y el cumplimiento de la legislación que blinda nuestros derechos”, defiende.

“Por eso, reivindicamos que se vigile el cumplimiento del Real Decreto que obliga a las empresas a adoptar medidas que garanticen la igualdad LGTBI+ y la no discriminación; la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables y el desarrollo e implementación de la Ley LGTBI+ en materia de Educación, derechos familiares, Sanidad, Migraciones y lucha contra la violencia”, reivindica.

Nota de prensa. 2025- Informe voto LGTBI+ (1)

Fuente FELGTBI+

Algunos datos:

Un 57,4% de los votantes LGTBI+ se inclina por opciones políticas de izquierda, como PSOE, Sumar y Podemos, según el estudio Estado LGTBI+ 2025, realizado por 40dB por encargo de la Federación Estatal LGTBI+ (Felgtbi+). Si solo votaran las personas del colectivo, los socialistas recibirían casi el 38,4% de los votos, lo que les otorgaría 178 escaños, superando en dos escaños la mayoría absoluta. Esta cifra refleja un aumento de cuatro puntos con respecto al año anterior y de diez en comparación con 2023. En contraste, el PP atrae al 19,7%, lo que significa una caída cercana a cinco puntos desde la última encuesta. Sumar y Podemos juntos alcanzan el 19% de apoyo, mientras que el populismo ultraderechista convence a aproximadamente el 12% (11,8) de votantes LGTBI+, lo que representa un aumento aproximado de cuatro puntos y podría otorgar un escaño a los populistas radicales de SALF. Este aumento se asocia a un cambio de votos desde el PP hacia la extrema derecha, según la Felgtbi+.

El estudio, basado en 800 entrevistas realizadas entre finales de febrero y principios de marzo, muestra que la comunidad LGTBI+ se moviliza más en elecciones donde se discuten sus derechos. En las últimas elecciones europeas, la abstención del colectivo fue del 19%, menos de la mitad que la del resto de la población, donde la abstención fue del 53%. Estos datos indican que el colectivo puede actuar como un «muro de contención» frente a la ultraderecha. María Rodríguez, responsable de Investigación en la Felgtbi+, señaló que las personas LGTBI+ son conscientes de la necesidad de defender sus derechos, lo que se refleja en el hecho de que un 51,5% de ellos planea votar, en comparación con el 42,3% de la población general.

La atención de la extrema derecha hacia las personas LGTBI+, especialmente a la comunidad trans, puede ser un factor que impulse esta movilización. Gracia Trujillo, experta en sociología, argumentó que estar bajo el enfoque de la ultraderecha fortalece la conciencia de lucha por los derechos conquistados.

El estudio también revela que el apoyo a partidos de izquierda es significativamente mayor entre los votantes LGTBI+ (más del 57%) en comparación con la población general (aproximadamente 40%). Casi la mitad de los encuestados LGTBI+ (47,1%) se identifica con la izquierda, lo que representa un aumento de cinco puntos en comparación con 2023. En contraste, uno de cada cuatro (25,1%) se identifica con la derecha, dos puntos menos que hace dos años. La asociación del Partido Popular con Vox, que ha comenzado a cuestionar las leyes LGTBI+ en ciertas regiones, podría estar detrás de la caída en la identificación con la derecha.

A pesar de todo, sorprende que el apoyo a formaciones de extrema derecha ha crecido casi cuatro puntos, alcanzando casi el 12% dentro del colectivo. Esto se atribuye a que no todos los miembros LGTBI+ comparten la misma ideología, y las decisiones de voto pueden estar influenciadas por factores como el estatus económico o la herencia familiar. El vicepresidente de la Felgtbi+ considera que, dado el contexto de crecimiento de la extrema derecha a nivel global, un apoyo del 12% entre las personas LGTBI+ en España es un dato positivo dentro de un colectivo muy diverso.

Armenteros remarcó la importancia de que los partidos que reciben el apoyo del colectivo actúen de manera firme y decidida, no solo prometiendo avances, sino legislando y garantizando la protección de los derechos LGTBI+. Recientemente, el Ministerio de Igualdad lanzó su Estrategia Estatal para la Igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI+, que se desarrollará en los próximos cuatro años y busca avanzar en la protección de los derechos LGTBI+.

Fuente Cromosomax

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El objetivo del partido de extrema derecha es que se retroceda en derechos para las personas LGTBI+, alineándose con Trump

Vox ha comenzado a presentar una serie de propuestas en siete parlamentos regionales que buscan derogar las leyes LGTBI+ y trans. Así, en comunidades como Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia, todas gobernadas por el PP, se han presentado seis de estas proposiciones. En Cantabria, la cámara regional, con el apoyo del PP, aprobó un veto a la participación de mujeres trans en el deporte de élite. José Antonio Fúster, portavoz de Vox, afirmó que sería interesante ver si el PP engaña a quienes les han votado.

Desde su anuncio, estas propuestas han seguido un discurso similar. Acusan a Feijóo, presidente del PP, de no cumplir con su programa electoral en Murcia, y utilizan argumentos como la protección de la infancia en Extremadura, la supuesta eliminación de las mujeres en La Rioja, y critican la ideología de género en Castilla-La Mancha. El PSOE en Castilla-La Mancha planea rechazar la propuesta, mientras se observa atentamente la reacción del PP.

La estrategia de Vox busca tensar la relación entre la dirección nacional del PP y sus líderes regionales, muchos de los cuales enfrentan dificultades para aprobar nuevos presupuestos. Por ello, su necesidad de negociar con Vox es evidente si quieren avanzar en sus cuentas.  En Murcia, Vox sugirió que su apoyo a los presupuestos dependería de eliminar la financiación de políticas para personas LGTBI+. A pesar de las críticas, el PP se opuso a derogar la ley LGTBI+, argumentando que no se alinea con las necesidades de la sociedad murciana, sino que responde a un conflicto político que pone en riesgo los derechos de las personas.

Un episodio similar se vivió en la Asamblea de Madrid, donde Vox instó a derogar la ley trans madrileña, también impulsada por el PP en 2016. A pesar de tener una mayoría absoluta, el PP se opuso, tras un intenso debate.

Vox abre una ofensiva contra las leyes LGTBIQ+ autonómicas en un desafío al PP

El objetivo de vox es que se retroceda en derechos para las personas LGTBI+, alineándose con Trump. https://t.co/o3StL6dYIo

— Fundación Triángulo (@FTriangulo) February 27, 2025

En España existen 19 leyes autonomicas que protegen a las personas LGTBI+, con 12 enfocadas en este colectivo y siete en la realidad trans. Las primeras normas fueron aprobadas en 2012 y la última a nivel nacional en 2022, que busca garantizar los derechos de las personas trans y LGTBI.

La diputada conservadora Mónica Lavín señaló que el PP ha alertado sobre los peligros de las leyes que consideran sectarias, incluyendo la ley trans nacional, que según afirman, desprotege a la infancia. Criticó la falta de coherencia de Vox, que sólo busca desmantelar una ley justa que ellos mismos apoyaron hace un año.

Carla Antonelli, diputada por Más Madrid, respondió con firmeza, acusando a Vox de fomentar el odio y de querer borrar a las personas trans de la sociedad. Su discurso ha resonado ampliamente, destacando que las personas trans no volverán a los márgenes.

Se espera que este tipo de polémicas y debates continúen en otros parlamentos, conforme se vayan presentando las propuestas de Vox. Durante el debate en la Asamblea de Madrid, Fúster instó a los populares a derogar la ley autonómica, insinuando que la ambición personal de Ayuso podría interferir en la promesa de Feijóo de eliminar la ley trans nacional.

Fuente El País

General, Homofobia/ Transfobia. Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Derechos LGTBIQ+, Extrema derecha, Extremadura, Homofobia/Transfobia, La Rioja, Madrid, Murcia, Personas LGTBIQ, PP, PSOE, Sumar, VOX

También pide castigar con la misma pena «a quienes remitan a una persona a que un tercero le practique ECOSIEG, la fuercen a recibir estas prácticas o consientan la práctica de ECOSIEG en un entorno bajo su supervisión«

El PP en la Asamblea de Madrid ha negado que se estén llevando a cabo «terapias de conversión» hacia personas del colectivo LGTBI y ha recordado que son «tortura» y están prohibidas por ley, mientras que la izquierda ha alertado de su promoción desde algunas diócesis madrileñas

14.02.2025 | RD/Ep

La Asociación ‘No es terapia‘ ha pedido una ley para «castigar» de uno a cuatro años de cárcel la práctica de «terapias de conversión» para personas LGTBI+ y garantizar la protección de las víctimas.

Según la propuesta de la asociación, a la que ha tenido acceso Europa Press, pide añadir al artículo 175 del Código Penal que la persona que practique Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG) sobre otra persona sea castigada con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses.

También pide castigar con la misma pena «a quienes remitan a una persona a que un tercero le practique ECOSIEG, la fuercen a recibir estas prácticas o consientan la práctica de ECOSIEG en un entorno bajo su supervisión«. En el caso de que esta conductas se cometan contra menores de edad o contra personas «especialmente vulnerables«, insta a que se imponga «la pena superior en grado«.

En este sentido, según se desprende de la propuesta de proposición de ley de la asociación, las «terapias de conversión» no incluyen las prácticas y cualquier otro tipo de asesoramiento o acompañamiento que no pretenda «modificar, forzar, anular, o suprimir la orientación sexual, la identidad sexual y/o de género, o la expresión de género«.

En cuanto al consentimiento de una víctima de ECOSIEG, o de sus representantes legales, esta quiere que sea «irrelevante» para la responsabilidad criminal de dicha conducta.

En el caso de que las víctimas de las «terapias de conversión» careciesen en el año anterior al de la solicitud de rentas superiores, en cómputo anual, al salario mínimo interprofesional, quiere que reciban una ayuda económica equivalente a seis meses de subsidio por desempleo.

Igualmente, si la víctima tiene personas a cargo, su importe podrá alcanzar el de un período equivalente al de dieciocho meses de subsidio, o de veinticuatro meses si esta o alguno de los familiares convivientes tiene reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33%.

Por otro lado, solicita que las administraciones públicas promuevan el acceso prioritario de las víctimas y denunciantes al parque público de vivienda y a los programas de ayuda de acceso a la vivienda.

En la propuesta, ‘No es terapia‘ también insta a los poderes públicos a realizar estudios y encuestas sobre la situación de las personas LGTBI. El objetivo es «profundizar en la naturaleza y el alcance de las principales situaciones de discriminación que les afectan y registrar su evolución a lo largo del tiempo«.

En esta misma línea, pide aprobar y desarrollar «protocolos y buenas prácticas» que «faciliten la identificación temprana y garanticen la protección de las personas que puedan estar siendo sometidas a ECOSIEG o a otro tipo de violencia específica que sufren las personas LGTBI«.

Respecto a las infracciones, propone que las muy graves sean sancionadas con multa de 10.001 a 150.000 euros. Entre estas, se encuentra la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública por un período de hasta tres años y el cese en la actividad económica o profesional desarrollada por la persona infractora por un término máximo de tres años.

La Asociación prevé registrar el martes 18 de febrero la propuesta de proposición de ley en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de Sumar, BNG, ERC y Podemos. «Este es un paso histórico para acabar con la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas. Hasta la fecha, a pesar de llevar casi diez años prohibidas en España las terapias de conversión a personas LGTBI, no se ha investigado ni sancionado a ninguna de todas las organizaciones que No Es Terapia documenta y denuncia. La Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI no fue capaz de corregir esto, sino que ha contribuido a la impunidad«, ha asegurado.

La Asociación Española contra las Terapias de Conversión ‘No es terapia‘, denunció en enero que en siete diócesis españolas se estaban impartiendo cursos de conversión sexual para personas LGTBI+.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad trabaja en un informe para valorar modificar el Código Penal y convertir las terapias de conversión en delito. Así lo indicó en enero después de un encuentro entre la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el presidente de la de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.

Creen que ser gay, lesbiana, trans o bisexual se puede curar.

El Partido Popular acaba de votar en contra de prohibir las terapias de conversión. pic.twitter.com/cHzYEEjqYW

— Manuela Bergerot (@manuelabergerot) February 13, 2025

Por otro lado, el PP en la Asamblea de Madrid ha negado que se estén llevando a cabo «terapias de conversión» hacia personas del colectivo LGTBI y ha recordado que son «tortura» y están prohibidas por ley, mientras que la izquierda ha alertado de su promoción desde algunas diócesis madrileñas.

Así lo han debatido en el seno del Pleno de la Asamblea de Madrid, donde han abordado una Proposición No de Ley (PNL) de Más Madrid, que ha contado con el voto en contra de PP y Vox, en la que pedían poner a disposición de las posibles víctimas todos los recursos e instar al Gobierno a realizar las modificaciones necesarias para que las terapias de conversión pasen a ser delitos.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, Mónica Lavin ha pedido a la izquierda que no dé lecciones y ha indicado que en este asunto «no hay debate» porque las «terapias de conversión» están prohibidas en España.

Mi intervención de hoy en la Asamblea de Madrid a propósito de la iniciativa de Más Madrid sobre las terapias de conversión: la izquierda hace guerra civilismo a costa de la libertad religiosa y de conciencia, instrumentalizando la condición sexual; justo en una de las regiones… pic.twitter.com/xsmBBMuOdL

— Mónica Lavín (@mnica_lavin) February 13, 2025

«En cambio, sí son una realidad, por cierto, la ablación femenina, la venta de niñas para casarlas, el prohibirles que estudien, o el borrarles de las competiciones deportivas. Y nada de esto ocurre, ni dentro, ni por culpa de la Iglesia Católica, pero ustedes nunca tienen tiempo para denunciarlo. Saben que es falso e ilegal que con nuestra reforma de la ley trans despenalizábamos las terapias de conversión«, ha defendido.

La encargada de presentar esta propuesta de Más Madrid ha sido la diputada Jimena González, quien ha asegurado que en al menos tres diócesis de la región, Getafe, Alcalá y Madrid, están teniendo lugar «presuntamente, eventos de promoción de las terapias de conversión de los sexualidad». «Aleja cualquier sombra de dudas sobre el hecho de que estas mal llamadas terapias de conversión están sucediendo hoy, aquí«, ha asegurado.

Además, ha cargado contra lo que son «auténticas torturas destinadas a modificar o suprimir la sexualidad o la identidad de género de las personas LGTBIQ+, mediante violencia psicológica, física y médica«.

‼️ El PP de Ayuso se une a Vox y rechaza una iniciativa contra las terapias de conversión del colectivo LGTBI https://t.co/42cBPF7xpl Por @gallaup

— elDiario.es (@eldiarioes) February 13, 2025

«Están sometidas a extorsiones, chantajes emocionales y amenazas por parte muchas veces de sus propios padres, que casi nunca denuncian porque denunciar que han sido sometidos a estas prácticas puede suponer denunciar a sus propios padres que les obligaron a acudir a ellas. O porque denunciar puede suponer denunciar al sacerdote que conocen desde niños«, ha trasladado.

En la misma línea, el parlamentario socialista Santiago Rivero ha criticado que los grupos de la derecha se vanaglorien de su «racismo, xenofobia y transfobia«. «En pleno siglo XXI deberíamos estar todas y todos de acuerdo, salvo los escaños que están por allá arriba, en que este tipo de prácticas son torturas. Y si estamos de acuerdo en que este tipo de prácticas son torturas, aquí se acabó el debate«, ha expresado.

Por el contrario, la diputada de Vox Belén González ha criticado que la izquierda pretenda imponer un «control total de la opinión y la anulación de cualquier alternativa que no encaje en su relato«.

«Esta iniciativa no solo evidencia su desprecio de la libertad, sino que también refleja la ausencia de empatía y compasión, la frialdad con la que ignoran el sufrimiento ajeno y la falta de humanidad en su manera de concebir el mundo. ¿Cuántas personas, en momentos de incertidumbre y confusión, habrían necesitado una mano amiga en lugar de un dogma impuesto?«, se ha preguntado.

Fuente Religión Digital

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica "Terapias" reparadoras o de conversión, Ana Redondo, Archidiócesis de Madrid, Artículo 175 del Código Penal, Asamblea de Madrid, Belén González, Conferencia Episcopal Española, Diócesis de Alcalá de Henares, Diócesis de Getafe, Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG), Homofobia/Transfobia, Isabel Díaz Ayuso, Jimena González, Luis Argüello, Más Madrid, Ministerio de Igualdad, No es Terapia, Personas LGTBIQ, PP, PSM (PSOE), Santiago Rivero, VOX

Masiva manifestación por los derechos LGTBI+ en Madrid: “Quieren devolvernos al armario: no lo vamos a consentir”

La manifestación ha transcurrido por el centro de Madrid en un ambiente entre festivo y reivindicativo que reclama frenar el auge de los mensajes de odio desde las aulas o el fin de la invasión israelí en Gaza

Cientos de miles de personas asistieron este sábado en Madrid a la Manifestación Estatal del Orgullo LGBTIQ+, culminando una programación festiva y reivindicativa que comenzó a las 19.00 desde Atocha y recorrió el centro de la ciudad hasta Colón. Delegación del Gobierno cifra la asistencia a la marcha en 300.000 personas, mientras la organización la Madrid  la cifraba en un millón de personas.

Los convocantes reclaman una educación en diversidad como «herramienta fundamental» para combatir la LGTBIfobia y, además, han pedido el fin de la guerra en Palestina.

#OrgulloRTVE | Minutos antes de que comience la marcha del #Orgullo2024, interviene @USangil, presidenta de la FELGTBI

🗣️ «El Orgullo es la puerta de la casa donde cabemos todas, todos y todes»https://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/bF18p6eTNp

— RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 6, 2024

Lideraba el desfile una pancarta con el lema Educación, Derechos y Paz: Orgullo que transforma. La pancarta principal ha partido de la glorieta de Carlos V y ha recorrido el paseo del Prado hasta la Plaza de Colón a ritmo de ‘Las babys’, de Aitana, ‘La potra salvaje‘, de Isabel Aaiún, y ‘Yo quiero bailar’, de Sonia y Selena. Además, a la llegada de la marcha a Cibeles se han escuchado gritos de «no somos condones, ni copas ni tacones«, en alusión a la campaña del Orgullo del Ayuntamiento de Madrid.

La Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) y el colectivo LGTBI de Madrid (COGAM), organizadores de la marcha, han celebrado también el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la Ley Trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid, así como el acuerdo del Ejecutivo con sindicatos y patronal para los derechos laborales del colectivo. Según la organización, en la marcha están representadas casi  un centenar de entidades sociales que luchan por los derechos del  colectivo y participan un total de 51 carrozas.

En cuanto a la participación política, a la marcha han asistido cinco ministros: la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; y el del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha estado presente en la carroza que por primera vez este departamento ha llevado a la manifestación.

Uge Sangil y Ronny de la Cruz

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, ha agradecido la presencia de miembros del Gobierno en la marcha y ha aprovechado para reclamar un pacto de Estado contra los discursos de odio en las instituciones. «Nadie nunca más nos va a meter en cárceles, nadie nunca más no nos va a meter en el armario», ha afirmado Sangil, que ha hecho mención especial a personas LGTBI con discapacidad, de raza gitana o migrantes.

El Gobierno y el PP se han comprometido este sábado en la celebración de la manifestación Orgullo LGTBI a avanzar en un pacto de Estado contra los discursos de odio, una reivindicación que han vuelto a hacer las organizaciones convocantes de la marcha. Los convocantes también han arremetido contra las leyes trans y de protección de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid, que han sido recurridas ante el Constitucional por el Gobierno y que han quedado en suspenso mientras el tribunal de garantías los resuelve. Ronny de la Cruz, presidente del Colectivo LGTBI de Madrid (COGAM), ha subrayado que aunque hoy es un día de celebración -«celebrando ese recurso de inconstitucionalidad contra las leyes de Madrid que pretenden cercenar los derechos de las personas trans y del colectivo LGTBI en Madrid»-, lo es también de reivindicación, para reclamar «diversidad en las aulas» y escuelas «libres de homofobia, bifobia o transfobia«.

Ana Redondo y Reyes Maroto

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (PSOE), que ha hecho hincapié en la necesidad de evitar retroceder en derechos. “Hay una ola de ultraderecha y represión que quiere devolvernos al armario. No vamos a consentirlo”, ha asegurado Redondo. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha denunciado en la  manifestación del Orgullo de Madrid que en «algunas» comunidades  autónomas «se banaliza, se frivoliza con los estereotipos y se  pretende dar un paso atrás en los derechos conquistados». «Todo esto que hemos conquistado, que el Partido Socialista  orgulloso y obrero español ha avanzado, puede darse la vuelta con  facilidad. Lo estamos viendo en algunas comunidades autónomas como en  esta Madrid, en algunos ayuntamientos como este, el Ayuntamiento de  Madrid, donde se banaliza, se frivoliza con los estereotipos y se  pretende dar un paso atrás en los derechos conquistados», ha  asegurado Redondo en declaraciones a los medios antes de participar  en la manifestación del Orgullo de Madrid.  En este sentido, Redondo ha recordado el recurso de  inconstitucionalidad del Gobierno a la Comunidad de Madrid, que ha  dicho que pretende «recortar derechos» y devolver a la sociedad «a la  caverna».  «Seguiremos haciendo que esta sociedad avance en derechos,  seguiremos siendo ese referente internacional que ahora somos y que  queremos seguir siéndolo«, ha apuntado.  La titular de Igualdad ha celebrado el Orgullo y ha  reivindicado «una sociedad libre, abierta y con derechos para  todos».  «Y hoy disfrutamos de una sociedad más abierta, más libre, una  sociedad diversa. Lo diverso es lo humano y, por lo tanto, este  partido hoy se enorgullece de haber hecho un cambio muy importante  para esta sociedad», ha afirmado la ministra, quien ha recordado a figuras importantes del socialismo y los derechos LGTBI como Pedro Zerolo, cuyo retrato presidía en encuentro, y que también da nombre al espacio donde se ha celebrado. También ha habido palabras de reconocimiento por su trabajo en favor de los derechos del colectivo para el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero (cuyo gobierno aprobó la ley de matrimonio igualitario, precisamente por el empeño de Zerolo) y las exministras Bibiana Aído y Leire Pajín.

Yolanda Díaz, Fernando Grande Marlaska, Uge Sangil y Víctor Gutiérrez

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz (Sumar), también presente, ha acusado a los gobiernos del PP y Vox de “atacar a las personas LGTBI+” en las comunidades donde gobiernan. “Cuando las personas LGTBI+ ganan derechos, todas, todos y todes ganamos derechos”. «Sigamos ganando derechos y libertades y que sigamos siendo una referencia en todo el mundo. Pero quiero recordar que los gobiernos del Partido Popular y de Vox están vulnerando los derechos y libertades fundamentales de las personas LGTBI, por ejemplo, en Madrid. Por tanto, es muy necesario que salgamos hoy a las calles, que recordemos que hay que seguir luchando por estos derechos y que hay que destacar que actualmente España es un país referente en el mundo en la defensa de los derechos de las personas LGTBI+«

Fernando Grande-Marlaska también ha destacado que el informe sobre delitos de odio conocido esta semana muestra que en 2023 crecieron un 21%, y que los ataques en ámbitos de la orientación sexual e identidad de género son los segundos más frecuentes, por detrás del racismo y xenofobia. «Que no nos digan que está todo conseguido, mientras en una parte de España un chico o una chica no puedan expresarse con tranquilidad en su entorno laboral, familiar o social como ocurre todavía en 2024, tendremos que seguir peleando, luchando y recordando que tenemos mucho por hacer«, ha subrayado.

También ha asistido por el PSOE, el secretario de Políticas LGTBI, Víctor Gutiérrez y Reyes Maroto, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, la eurodiputada de Sumar Estrella Galán; y la vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, Esther Gil de Reboleño. De Podemos, acudieron Irene Montero, Ione Belarra, e Isa Serra.

El secretario de Políticas LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, ha reivindicado la importancia del Orgullo de Madrid, ante la » reaccionaria» y «ultraderechista«, que ha dicho que se está  viviendo en Europa. También ha lamentado la falta de apoyo del PP, «ya no solamente  con cosas simbólicas que deberían estar superadas, como desplegar una  bandera en el ayuntamiento o en la Comunidad de Madrid, cosa que se  niegan a hacer rotundamente tanto Almeida como Ayuso, sino con cosas  con contenido, como ha sido el primer retroceso en material LGTBI que  no podemos olvidar, que se ha producido aquí en la Comunidad de  Madrid».

La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Madrid, Reyes Maroto, ha dado la bienvenida a todas las personas que participan este sábado en la manifestación estatal Orgullo LGTBI.  «En estos días, Madrid se convierte en una ciudad de libertad, de  derechos y de diversidad. Desde el Grupo Municipal Socialista y el  PSOE de Madrid, no vamos a consentir que los gobiernos del PP, que no  nos representan, recorten derechos y libertades. Salimos a las calles  para defender a todos aquellos que no tienen voz, para decir que nos  sentimos orgullosos de nuestra ciudad y para repudiar la postura del  Partido Popular que, una vez más, ha retratado con clichés  vergonzosos al colectivo LGTBIQ+. Esto no es Madrid. Madrid es el  orgullo, la diversidad y la acogida», ha afirmado.

La portavoz ha expresado su «firme oposición» a cualquier  retroceso en derechos, señalando que la política debe representar a  todos los ciudadanos. «No vamos a consentir retrocesos, ni por parte  de la ultraderecha, ni de un Partido Popular que se abraza cada vez  más a estos movimientos reaccionarios. Hoy salimos con más fuerza que  nunca para decir que Madrid seguirá avanzando y no retrocederemos ni  un paso atrás», ha enfatizado.

En cuanto a la reciente sentencia relacionada con una agresión en  Barcelona, en la que un individuo amenazó a un joven diciendo «te voy  a hacer heterosexual a golpes«, la edil ha subrayado el respeto a las  decisiones judiciales, pero también la necesidad de un mayor amparo  para las víctimas de delitos de odio.  «Respetamos todas las sentencias, pero creemos que muchas  personas necesitan que la justicia les proteja. El incremento de  delitos de odio, como ha señalado Arcópolis, debe ser enfrentado con  leyes progresistas y una interpretación judicial que favorezca a las  víctimas», ha afirmado.

La socialista también ha llamado a las personas amenazadas o violentadas para que alcen la voz y denuncien. «Hoy es un día de  reivindicación y todos los días debemos salir con orgullo a la calle.  Las leyes que se aprueban en el Parlamento apoyan a las víctimas y  esperamos que las futuras sentencias también lo hagan. España debe  seguir siendo un ejemplo de libertad y diversidad, y la justicia debe  avanzar en esta dirección», ha finalizado.

«Yo pertenezco a una generación en la que salir del armario fue un proceso muy complejo y complicado«, ha señalado el coordinador general de IU, Antonio Maíllo. «Salimos del armario y no queremos entrar otra vez en el armario», ha agregado, antes de advertir, de una especie de «salida inversa del armario con gente reaccionaria que no aguanta que haya otras personas que amemos y vivamos como sentimos«. El líder de IU ha asegurado además que su formación va a estar en primera línea de defensa de los derechos conquistados.

Por su parte, los ‘populares‘ han enviado una representación de la formación encabezada por la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Políticas sociales del Partido Popular, Ana Alós, y el secretario de Cultura y portavoz de Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos.

Carla Antonelli, primera senadora trans:

«Aquí estamos un año más con un lema grandioso, poderosísimo…».#OrgulloRTVE

‘Saca tu Orgullo’: ⭕️https://t.co/dJUQqNmxdm pic.twitter.com/hB7U9WphYV

— La 2 (@la2_tve) July 6, 2024

Las mujeres trans siempre han estado al pie del cañón en la lucha por la igualdad de derechos. Con el paso de los años, han ganado presencia, aunque su figura siempre ha sido marginada, machacada. En la actualidad están, para bien o para mal, en boca de todos. Cincuenta y cinco años después de los disturbios de Stonewall, una Ley Trans de por medio, distintas movilizaciones y el alzamiento de un movimiento feminista trans-excluyente, RTVE.es reflexiona con Elsa Ruiz sobre la situación actual de las mujeres trans.

España es el segundo país del mundo con mayor porcentaje de población LGTBIQ+, según una encuesta de IPSOS con datos de personas mayores de edad de 30 países. El inicio de la lucha por los derechos del colectivo LGTBIQ+ tuvo lugar un 28 de junio de 1969 tras los disturbios de Stonewall (Nueva York) y, desde entonces, se conmemora el Día del Orgullo en esta fecha. Con motivo de esta efeméride, en VerificaRTVE desmontamos bulos, falsedades y narrativas desinformativas que circulan en redes sociales contra las personas representadas en cada una de las siglas que conforman la comunidad LGTBIQ+.

Cuando se trata de encontrar trabajo, la formación, la experiencia o el talento pasan a un segundo plano para las personas trans. Casi la mitad ha sufrido algún tipo de discriminación en el trabajo. La actitud de las empresas es crucial para un colectivo muy castigado por el paro. Algunos de ellos han hablado este sábado con nuestros compañeros del Telediario.

Las banderas, pancartas y la voz de quienes marchan hoy por el Orgullo llenan El Paseo del Prado de proclamas en favor de la diversidad y el respeto a la comunidad. Se escuchan proclamas como “Mis derechos no se negocian” o “ni en un paso atrás en los derechos trans. “Eduquemos en la paz y la diversidad Estamos aquí para que las generaciones que vienen, que  estén educadas en la diversidad y evitar lo que ocurre en la calle con ese bullying y esa discriminación a personas del colectivo”, afirma Diego, de LGTBI Castilla-La Mancha

Según la organización, en la marcha han estado representadas casi un centenar de entidades sociales que luchan por los derechos del colectivo y han participado un total de 51 carrozas.

Pasadas las 21.00, la cabecera de la marcha llegó a Colón, donde se leyó un manifiesto centrado en la educación y la implementación completa de la ley trans y la ley de Igualdad de Trato.

«No hay orgullo sin reivindicación», han asegurado los organizadores de la manifestación al comenzar a leer el manifiesto de este año, en el que han pedido «educación«. «Levantamos la voz por una educación verdaderamente inclusiva, que sea para todas, todos y todes». También han exigido la eliminación del pin parental.

Un momento de la lectura del manifiesto del #Orgullo2024#OrgulloRTVE

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— La 2 (@la2_tve) July 6, 2024

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Con información e imágenes de RTVE, El País, El Diario y Público

General, Historia LGTBI Ana Alós, Ana Redondo, Antonio Maíllo, COGAM, FELGTBI+, Fernando Grande-Marlaska, IU, Jaime de los Santos, Madrid, Mensajes de Odio, Orgullo, PP, PSOE, Reyes Maroto, Ronny de la Cruz, Sumar, Víctor Gutiérrez, VOX, Yolanda Díaz

En los últimos días, se han llevado a cabo diversos actos en Aragón para combatir la LGTBIfobia, enfatizando la necesidad de educar y formar a los jóvenes. Estas agresiones, lejos de disminuir, están aumentando en algunas áreas debido a los discursos de odio que promueven especialmente sectores de la ultraderecha desde las instituciones.

El Observatorio Privado de Evaluación de las Políticas Públicas LGTBI de Aragón ha manifestado su inquietud por el futuro de los avances logrados en la región, ahora amenazados bajo el gobierno de Jorge Azcón. Lorenzo González, director del observatorio, señaló con preocupación la incertidumbre que rodea a las leyes aragonesas trans y LGTBI aprobadas en 2018, las cuales contaron con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas presentes en las Cortes de Aragón.

González destacó tres motivos de alarma para la comunidad LGTBI en Aragón. El primero radica en las declaraciones del presidente Azcón en el parlamento, donde indicó la intención de su gobierno de modificar la ley trans aragonesa, especialmente en lo relativo a los protocolos clínicos para personas trans.

El segundo motivo de preocupación es la reciente aprobación de una Proposición no de Ley sobre la libertad de educación, promovida por Susana Gaspar (PP) y Fermín Civiac (Vox). Esta propuesta, que solo contó con el apoyo de sus respectivos grupos, aboga por la implementación del pin parental en Aragón y ha sido rechazada por el resto de los grupos parlamentarios en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades de las Cortes. Paralelamente, el tripartito PP-Vox-PAR no ha avanzado en el diseño y desarrollo del Plan Integral sobre Educación y Diversidad LGTBI, tal como lo exigen las leyes aragonesas.

El tercer indicio de la posible inestabilidad de las políticas LGTBI en Aragón es la ausencia de una hoja de ruta clara o un plan de acción definido para implementar la normativa vigente. Este patrón de incertidumbre recuerda a la Comunidad de Madrid, que comenzó con una postura similar durante los gobiernos de Cristina Cifuentes y, en 2023, con el gobierno de Díaz Ayuso, reformó y recortó sus propias leyes trans y LGTBI, siendo la única región en España en dar un paso atrás en este ámbito.

En conclusión, el Observatorio LGTBI de Aragón resalta la necesidad de permanecer vigilantes y activos ante las posibles modificaciones y recortes en las políticas de diversidad e inclusión que podrían revertir los avances logrados en los últimos años. La educación y la formación siguen siendo fundamentales para combatir la LGTBIfobia y proteger los derechos de la comunidad LGTBI en Aragón.

Fuente Cadena SER

General, Homofobia/ Transfobia. Aragón, Fermín Civiac, Homofobia/Transfobia, Observatorio LGTBI de Aragón, PAR, PP, Proposición no de Ley sobre la libertad de educación, Susana Gaspar, VOX

20 años de lobby ultra a lomos de particulares

La entidad, ligada según un informe de la Conferencia Episcopal a El Yunque, aumenta sus ingresos a golpe de campaña: primero contra las mujeres y el colectivo LGTBI, finalmente contra la eutanasia y la ley de Educación, y maneja ya cuatro millones al año en donaciones individuales

La irrupción de Vox en las instituciones ha permitido la entrada de HazteOir o Abogados Cristianos en el Congreso de los Diputados y en cámaras autonómicas y municipales, aunque también han tenido sus desavenencias

20.04.2024 | Daniel Sánchez Caballero / Jesús Bastante

(elDiario.es).- HazteOir crece y crece. La organización ultracatólica y antiabortista dirigida por Ignacio Arsuaga ha cuadruplicado sus ingresos en ocho años y ya maneja cuatro millones de euros anuales, según sus propias cuentas. El grueso de la subida presupuestaria se ha dado en las aportaciones regulares que realizan sus simpatizantes, que se han multiplicado por 13 en el periodo analizado. Las puntuales solo se han más que duplicado.

El crecimiento de HazteOir –que alcanzó el culmen de su popularidad logrando sacar a centenares de miles de personas, incluidas una veintena de obispos, para protestar contra la ley del matrimonio igualitario, la reforma de la ley del Aborto o Educación para la Ciudadanía– no ha sido lineal, sostenido en el tiempo. Aunque los ingresos, tanto globales como desglosados, tienden a subir en general, no lo hacen cada ejercicio ni de manera regular

La organización se aprovechó de que el PP del exministro Jorge Fernández Díaz la declaró de utilidad pública para impulsar su crecimiento; sin embargo, que en 2019 el Gobierno socialista le quitara esa condición no pareció afectar a sus cuentas. elDiario.es se ha puesto en contacto con HazteOir para pedir detalles de las cuentas, pero no ha obtenido respuesta.

Como se observa en el siguiente gráfico, la evolución de los ingresos va a tirones: subida fuerte en 2016 y 2017, tres ejercicios estables, subida fuerte en 2020 y otros tres años sin grandes alteraciones hasta 2022, último ejercicio del que hay cuentas y que de hecho presenta las cifras más flojas de los últimos tres.

Fuente CitizenGo. Creado con Datawrapper

Las grandes subidas económicas de HazteOir se dan cuando la organización es más agresiva, cuando se hacen visibles en protestas contra algo. En 2016 y 2017, años en los que elevó su recaudación un 61% y un 34%, respectivamente, fueron los de la campaña contra las mujeres y el colectivo LGTBI.

Una campaña que tuvo su momento álgido con los autobuses tránsfobos, que empezaron paseando por Madrid y llegaron hasta Nueva York. Correlación o causalidad, entre esos dos ejercicios pasaron de ingresar 1,1 millones anuales a 2,5 millones. También empezaron a solidificar su base: la mayoría (porcentual) del incremento recaudatorio llegó por la vía de las aportaciones regulares, la gente que se queda y paga cada mes. Esta partida pasó de 15.470 euros anuales en 2015 a 579.519 euros en 2017 (una subida del 3.646%).

La campaña del autobús –que llevaba el lema “si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo”– le dio proyección a HazteOir, pero también le enfrentó con el Ayuntamiento de Madrid, que la acabó prohibiendo. A partir de ahí, y coincidiendo con que perdió el favor –y la financiación para realizar actos– del PP de la Comunidad de Madrid, la organización adoptó una especie de perfil bajo, que se vio reflejado en el estancamiento de los ingresos.

El siguiente gran impulso llegó en 2020, cuando HazteOir volvió a dispararse. Ese ejercicio elevó su recaudación total un 70% hasta instalarse ya por encima de los cuatro millones anuales, de nuevo a lomos de los habituales, que triplicaron sus aportaciones mensuales. Ese fue el año en que se debatió y aprobó la Lomloe, nueva ley de Educación conocida como ley Celaá, y se empezó a hablar de la de Eutanasia, que se aprobaría al siguiente.

Buena parte de la sociedad conservadora se echó a la calle contra ambas normas de la mano del PP. En un principio arrancó como una protesta del sector educativo y familiar conservador, pero HazteOir fue fagocitando el movimiento hasta hacerse con él. De nuevo hubo autobús, esta vez contra la ministra de Educación que daba nombre a la ley, a la que compararon con Hitler.

20 años de lobby ultracatólico

HazteOir.org es una organización que funciona al estilo de los lobbies norteamericanos y que surgió en 2001 como consecuencia de los movimientos ciudadanos que pedían que se promovieran más políticas de apoyo a la familia durante el Gobierno de Aznar. Concluido este, pasó a ser, de facto, el principal grupo opositor al primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y de ahí a oponerse con todo el ruido posible a las medidas más progresistas de los Gobiernos del PSOE en los últimos años.

Liderados por Ignacio Arsuaga (sobrino de Rodrigo Rato), la organización –actualmente subsumida dentro de la plataforma europea CitizenGo– logró aglutinar a buena parte del catolicismo más radical, convirtiéndose en un aparato de propaganda de las ideas más ultraconservadoras a lo largo de estas dos últimas décadas. Una función que, en los últimos tiempos, ha querido retomar la asociación Abogados Cristianos.

Apoyados por el cardenal Rouco Varela, HazteOir logró liderar el movimiento educativo católico en España, entrando en los círculos de liderazgo del PP, primero, y posteriormente de Vox, con una posición radical en lo tocante a la defensa de la vida, el matrimonio tradicional y contra la igualdad hombre-mujer. Las organizaciones de Arsuaga y Santiago Abascal siempre han ido de la mano. La irrupción de Vox en las instituciones ha permitido la entrada de HazteOir o Abogados Cristianos en el Congreso de los Diputados, en cámaras autonómicas y municipales, aunque también han tenido sus desavenencias cuando el partido ultra ha actuado a la manera de la “derechita cobarde”, según HO.

Fuente Religión Digital

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Abogados Cristianos, Antonio María Rouco Varela, CitizenGO, El Yunque, Extrema derecha, HazteOir, Homofobia/Transfobia, Ignacio Arsuaga, Isabel Celáa, Jorge Fernández Díaz, José Luis Rodriguez Zapatero, José María Aznar, PP, PSOE, Rodrigo Rato, Santiago Abascal, Ultracatólicos, VOX

Representantes sociales han señalado el pasado lunes 29 de enero, que los discursos de odio emanan en delito y han pedido «políticas reales de prevención» en el acto Discursos de Odio, un riesgo para la democracia, celebrado en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados. Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Sumar han apuntado que este tipo de mensajes pertenecen a «unas siglas determinadas«.

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Con un acto inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo

“Es fundamental frenar los discursos de odio ya que construyen una sociedad intolerante”

“Fomentan la desigualdad que lleva a una vulneración de derechos”

El PSOE apunta a «hombres blancos» entre 26 y 40 años

Las ONG firmantes del Pacto Social contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables y los grupos parlamentarios PP, PSOE, Sumar y Podemos han dado, este lunes (29 de enero), los primeros pasos de trabajo institucional para la creación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio que proteja a los colectivos en situación de vulnerabilidad del odio que se vierte desde las instituciones públicas y las redes sociales.

En el acto, inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo, han intervenido representantes de la Federación Estatal LGTBI+; CCOO, CESIDA, SEDOAC y Fundación Secretariado Gitano, así como de PP, PSOE, Podemos y Sumar. Durante sus intervenciones, los colectivos sociales han contado en primera persona el impacto sobre los grupos vulnerables de los discursos de odio y los partidos políticos han debatido sobre cómo abordar políticamente la lucha contra estos discursos.

La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo, que ha apuntado que la acción contra los discursos de odio «no puede quedarse en un mero ejercicio de control y eliminación de los episodios puntuales que surjan«, sino que «debe tener el calado suficiente para llegar a la raíz de un problema complejo y estructural«, así como «una vocación transformadora y de permanencia«.

Además, ha recalcado la importancia de «asegurar la protección y la reparación del daño de la víctima«. En este punto, ha indicado que es preciso «perseverar en la construcción de una cultura y un discurso de paz, de no discriminación«.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió el pasado jueves 25 de enero en la comisión de Igualdad, que se celebró en el Congreso, un «acuerdo de país» contra los discursos de odio hacia las personas y colectivos «más vulnerables«. «Un acuerdo para reforzar el consenso social y político de rechazo a los discursos de odio hacia los distintos grupos en situación de vulnerabilidad social que informe y proteja a las víctimas de la discriminación«, matizó. De esta forma, se daría cumplimiento al acuerdo de coalición suscrito entre PSOE y Sumar, que recogía la firma de un pacto de Estado, similar al de la violencia de género.

En este sentido, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, ha recordado que “es fundamental frenar los discursos de odio ya que construyen una sociedad intolerante, con más violencia, con más odio, una sociedad mucho peor, en la que no queremos vivir.”. “Se trata de mensajes que atentan directamente contra los valores democráticos y contra los derechos humanos. Perjudican seriamente la cohesión social y la calidad de vida de muchas personas. Son el odio por el odio”, denuncia, y ha pedido «compromiso» a los grupos parlamentarios, así como «políticas reales de prevención del discurso de odio» y «que se pongan a trabajar ya», que «no demoren». Además, ha destacado la necesidad de un Pacto de Estado para las personas LGTBI, que «defienda» la «dignidad» y la «salud» del colectivo.

Por su parte, Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, ha subrayado que las discriminaciones estructurales «se pueden combatir desde las leyes cuando el tejido social se escucha por el Parlamento y por los gobiernos». En esta línea, ha señalado que «sólo colectivamente se transforma la sociedad«. En todo caso, ha apuntado que se tiene que intervenir, no solamente en los medios de comunicación y en las grandes empresas digitales, sino también «en el consenso de los gobiernos y quien puede legislar».“Es fundamental erradicar el odio del espacio público e incidir, además, especialmente en los entornos laborales”. Así, ha añadido que “los discursos de odio se traducen en discriminaciones en el acceso al empleo y situaciones de acoso y violencia en los trabajos que es imprescindible combatir”.

Asimismo, Carmen Martín, secretaria de Cesida, advierte de la necesidad de este Pacto, “ya que los discursos de odio no solo fomentan la serofobia, xenofobia, homofobia y transfobia, sino que también fomentan la desigualdad que lleva a una vulneración de derechos y, por lo tanto, afecta a la calidad de vida de estas personas”.

En la misma línea se ha manifestado la tesorera de la Asociación de Mujeres Empleadas de Hogar y Cuidados (SEDOAC), Edith Espinola, quien ha recalcado que este tipo de mensajes «generan muchísimo dolor, angustia, baja autoestima«. Asimismo, ha criticado los estereotipos que sufren los migrantes en España. «No es igual venir de la comunidad musulmana que venir de África y mucho menos venir de América Latina. Si somos latinos, generalmente estamos en bandas latinas, que se utiliza muchísimo como arma arrojadiza para decir que somos malos, que venimos en oleadas a violar y matar mujeres españolas o europeas», ha afirmado

Igualmente, José Santos, periodista del área de comunicación de la Fundación Secretariado Gitano, ha advertido sobre el impacto que tienen estos discursos en las personas que pertenecen a grupos tradicionalmente discriminados, contra los que se dirigen. “Estos mensajes, como puede ser el caso del discurso antigitano, parten de unos estereotipos arraigados en la sociedad y tienen unas consecuencias concretas en las personas, que se traducen en vulneraciones de derechos en nuestro día a día”, ha declarado. Ha centrado su discurso en el lenguaje, en la manera que tiene la sociedad y los medios de comunicación de dirigirse al pueblo gitano. En este punto, ha denunciado que a esta parte de la población se la «deshumaniza«, se la compara «con animales«, se dice que es «una plaga«, e incluso que debería de haber sido «exterminada» en la Segunda Guerra Mundial en las cámaras de gas. También ha criticado que cada vez hay más insultos y cada vez se incita más a la violencia.

Asimismo, ha intervenido por el Grupo Parlamentario Socialista la diputada Sonia Guerra, que ha manifestado que la línea que diferencia el discurso de odio y el delito de odio es «demasiado sutil». «En el momento en el que hay discurso, hay delito, y en el momento en el que hay delito, hay odio«, ha afirmado. Igualmente, ha explicado que este tipo de mensajes «nacen a partir de una ideología política», de «unas siglas determinadas«, que «está presente a nivel internacional y a nivel mundial». Además, ha añadido que «mayoritariamente son racistas» y de «orientación e identidad sexual» y que pertenecen a «hombres blancos» con una edad comprendida entre los 26 y los 40 años. En este sentido, ha pedido hacer «un gran pacto social y político» y que se luche «contra el fascismo y contra los discursos de odio».

Por Sumar, Tesh Sidi ha explicado que los discursos de odio se dan «por un avance de la extrema derecha en toda Europa, en todo el mundo». Igualmente, ha pedido hacer «mucha pedagogía» y que, si se vulnera un derecho, es «fundamental» que «todos» vayan «con ese derecho», o no vamos.

Aunque estaba prevista su presencia  “disculparon” su ausencia la representante de Podemos Noemí Santana y del PP Jaime De los Santos.

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«Discursos de Odio. Un riesgo para la democracia» 

Es fundamental identificar  el papel de los que promueven estos discursos y el  de actores sociales y políticos en la lucha contra los discursos de odio.

Los discursos de odio son la causa. Los delitos de odio, la consecuencia. Por eso, promovemos el Pacto de Estado contra los Discursos de Odio.

Fuente FELGTBI+/Infolibre/Agencias

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Juanma Poyato, alcalde de Zuheros (Córdoba).

«Me informan de que no puedo ser pregonero porque he contraído matrimonio con otro hombre«, asegura Juanma Poyato, regidor de Zuheros, en la provincia de Córdoba.

Poyato ha explicado  que hace un año le propusieron ser pregonero para este año pero que cuando le comunicaron al párroco su estado actual, casado con un hombre, «me prohibieron serlo«.

Poyato ha hecho pública esta decisión del párroco de Cabra a través de la red social Facebook donde ha asegurado que, a pesar de que estar en 2024, «existen mentes retrógradas, que por haber querido ser feliz, por haber firmado con mi pareja la felicidad, a día de hoy hay gente que no quiere mirar más allá», afirmó en la red social.

Juanma Poyato, alcalde de Zuheros (Córdoba), un municipio de 641 habitantes enclavado en la comarca de la Subbética a 76 kilómetros de la capital, considera que ha sufrido un caso de «homofobia» y «humillación» después de que la Hermandad del Rocío de Cabra y la Iglesia Católica decidieran vetarle como pregonero, para lo que había sido designado, solo después de haberse casado con su pareja, según denuncia.

Poyato (PSOE), ha asegurado que en enero del año 2023 le confirmaron desde la Hermandad que iba a ser el pregonero para el año 2024. Todo estaba en orden, él estaba pensando qué decir, pero que cuando le comunicaron al párroco su estado actual, casado con un hombre, «me prohibieron serlo«. En diciembre pasado lo llamaron, asegura, y le dijeron que había un «problema«. ¿Qué problema? Que en agosto de 2023 se casó con su pareja, afirma.

«Me informan de que no puedo ser pregonero porque he contraído matrimonio con otro hombre«, asegura. El pregonero, en su lugar, será este año el alcalde de Cabra, Fernando Priego, del PP.

Por el momento, ni el presidente de la hermandad ni el obispado de Córdoba han dado ninguna explicación acerca de este veto.

«Esto no entra en cabeza ninguna en los tiempos que estamos. No he hecho nada malo. He firmado ser feliz. No me he metido con nadie ni me voy a meter con nadie. El respeto ante todo. Fui elegido [para ser pregonero] y que ahora me digas que no… Es ya más la decepción que el dolor», lamenta el alcalde.

Poyato ha enviado una carta de queja a la hermandad, a la que pertenece desde «hace más de 20 años». En la misiva, el alcalde de Zuheros expresa su decepción: «No puedo estar más disconforme con esta actitud. No solo me han hecho daño a mi como hermano, sino que con este acto también dañáis los corazones de mucha gente, que son y piensan como yo, y que el amor hacia otra persona del mismo sexo no les hace ser menos digna de pregonar un sentimiento».

«Mi pregunta es… ¿Soy menos hermano por ser homosexual? ¿Al contraer matrimonio con mi pareja he perdido la fe y el amor por mi Virgen del Rocío? O quizás al contraer matrimonio con un hombre ¿he perdido todos mis derechos a ser católico?», plantea Poyato.

«La respuesta –se responde– a todas estas preguntas es obviamente un NO rotundo… Por lo cual no concibo, en pleno año 2024, que estas cosas sigan ocurriendo, tanto en hermandades donde creía que era uno más de la familia como en la iglesia que rige esta hermandad«.

El alcalde de Zuheros recuerda también a la hermandad que el papa Francisco manifestó en fechas recientes que «se puede entender la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo, sin convalidar oficialmente su status «. Aunque podría hacer más, para Poyato el papa sí está «dando pasitos«.

En conversación con este periódico, el alcalde afirma que ha decidido hacer público su caso porque no es de recibo y que no comparte esa forma de ver la vida: «Me pensé mucho hacerlo público, pero he decidido que sí, que la gente sepa que hay gente retrógrada que sigue pensando de estar forma».

El alcalde de Zuheros comentó que «ojalá algún día sepan ver más allá de dónde quieren ver y comprobar que la felicidad se puede disfrutar de muchas formas, sin dejar de ser cristiano. Esta decisión no cambiará nada mi vida rociera. Mi devoción por mi Virgen del Rocío siempre será la del primer camino rociero que hice y ella nos cobijará bajo su manto a todos por siempre», afirmó Juanma Poyato.

Fuente Agencias

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El 22 de diciembre se cumple un año de la aprobación en el Congreso de la Ley Estatal LGTBI+

Fuente FELGTBI+

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Es una auténtica Hija de Fruta, como le gusta decir a ella… y nos preguntamos dónde están ahora los niñatos ( del arrastrado de Javier Maroto ya no nos extraña nada…) de #YoSoyGayydelPP .

El PP saca adelante las modificaciones legales que merman derechos del colectivo con la oposición de Más Madrid y PSOE y el apoyo de Vox

 Tras aprobarse los presupuestos para 2024, laAsamblea de Madrid ha tramitado la votación de las reformas de las leyes trans y LGTBI, con las que el Gobierno de Ayuso modifica las normas aprobadas en 2016 y que suponen el primer retroceso en derechos para el colectivo. La ley se ha tramitado por la vía de urgencia con el objetivo de que se aprobase lo antes posible.

En medio del debate público sobre los derechos del colectivo LGTBI después de que Vox los haya cuestionado en todos aquellos parlamentos y ayuntamientos donde ha llegado el poder, Ayuso se suma a esta agenda ideológica con su mayoría absoluta –sin necesidad de la extrema derecha– que este viernes ha apoyado ambas modificaciones legales.

En la ley trans, se elimina el concepto identidad de género, se marca que los menores deberán pasar por un examen de pediatras antes de recibir tratamiento y se explicita que la atención psicológica o las valoraciones psiquiátricas no serán muestra de discriminación. En educación se eliminan los contenidos relativos a las personas trans de los currículos.

En el artículo 23 de la ley de 2016, aprobada con consenso incluso con los votos del PP, se especifica que debe respetarse “la imagen física del alumnado trans” y de la “libre elección de su indumentaria”. El PP ha añadido una condición que trata de ponerle fin: “sin menoscabo del debido respeto al resto de alumnos y las normas del centro educativo”. La norma que pasa este vienes a mejor vida recogía el derecho de las personas trans “las instalaciones” de los centros educativos “de acuerdo con su identidad de género, incluyendo los aseos y los vestuarios”. Con la modificación del PP se reescribe: “si realizan actividades diferenciadas por sexo, se garantizarán las necesidades del alumno transexual, sin menoscabo de los derechos y la intimidad de los demás alumnos, especialmente de las chicas” y deja en manos de la dirección del centro el uso de las instalaciones.

La proposición de ley mantiene la prohibición de las terapias de conversión excepto en el caso de las personas trans.

En el caso de la ley ante la LGTBIfobia se retocan aspectos sanitarios, organismos como el Consejo LGTBI de la Comunidad o el régimen sancionador. Una de las partes centrales de la reforma es el ámbito educativo, que concentra cinco de los veinte artículos derogados, entre ellos el que ataja el acoso escolar. En concreto, se elimina el plan contra el acoso a los alumnos LGTBI sale de los currículos en los centros educativos. Tampoco medios de comunicación públicos, es decir Telemadrid y Onda Madrid, tendrán que contribuir a dar visibilidad a la diversidad sexual.

Ayuso ya lo avisó cuando fue investida presidenta el pasado mes de junio: una de sus primeras medidas en la nueva legislatura sería modificar las leyes trans y LGTBI autonómicas enmendando el mandato de Cristina Cifuentes, unas leyes que la propia Ayuso apoyó.

Indignación de los colectivos Lgtbi+ por la supresión de sus derechos en Madrid

La plataforma ‘Ni un paso atrás’, que agrupa a las entidades Lgtbiaq+ de Madrid, ha expresado su rechazo y su indignación por la reforma legislativa que ha aprobado este viernes la Asamblea de Madrid con los votos del PP y el apoyo de Vox, y que supone la derogación de las leyes Lgtbi y trans autonómicas de 2016.

En un comunicado, la plataforma ha calificado este día como “un día para la infamia” y ha acusado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de “consumar” el “retroceso en derechos” de las personas Lgtbi+ en la región. Según la plataforma, esta decisión es “sin precedentes” en la historia democrática de España y afecta a “una parte vulnerable de la población”.

La plataforma ha criticado que la reforma legislativa elimina la obligación de evaluar el impacto en diversidad de las normas autonómicas, el Consejo Lgtbi, el Centro de documentación y memoria histórica Lgtbi y la visibilidad de las personas Lgtbi y sus celebraciones. Además, ha denunciado que la reforma deja abierta la posibilidad de practicar terapias de aversión o reconversión, que son rechazadas por la comunidad científica y social.

Fuente Agencias/El Diario

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El PP de Madrid lleva a la práctica las ideas que la ultraderecha defendió en la última campaña y en sus pactos de gobierno, y reforma normas autonómicas para no “confundir” la protección de las personas LGTBI con “alguna ideología” o luchar contra la “imposición de doctrinas”

Marta Borraz

“Porque hay discriminación”. La presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso, defendía así la ley contra la LGTBIfobia de la comunidad frente a la que después se convertiría en diputada de Vox, Carla Toscano. Era 2016, Madrid acababa de aprobar la norma, la extrema derecha no estaba en las instituciones y entonces era presidenta Cristina Cifuentes. Las cosas hoy son diferentes. Ayuso preside la comunidad y tras flirtear desde 2019 con la idea de reformar la ley para contentar a Vox, que se lo ha exigido reiteradamente, no ha sido hasta ahora, que cuenta con mayoría absoluta, cuando ha decidido iniciar el proceso.

El grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid acaba de registrar este viernes dos proposiciones de ley que previsiblemente se aprobarán antes de que termine el año y que modifican el paquete legislativo con el que desde 2016 cuenta la región: la conocida como ley trans y la de protección contra la LGTBIfobia. El trámite, iniciado por la vía de urgencia, ha indignado a la oposición y a los colectivos LGTBI, que se han agrupado en la plataforma Ni un paso atrás, y se concentraron este lunes (día 13 de noviembre) en la Puerta del Sol para denunciar lo que a su juicio es un “retroceso legislativo”.

El paso dado por el PP de Ayuso se convierte en el primero de los anunciados por las derechas en un contexto de aumento de poder autonómico y municipal que ha puesto al colectivo LGTBI en la diana. La diversidad tuvo un papel clave en los pactos de gobierno entre PP y Vox tras las elecciones y acabó cristalizando en cuestiones como la retirada de las banderas arcoíris de los edificios municipales por exigencia de la ultraderecha, los vetos a los símbolos o la promesa de derogación o reforma de las leyes autonómicas, además de en Madrid, en Aragón o Baleares, donde aún no han iniciado el proceso.

En otras comunidades, los populares compraron el veto parental, una de las medidas estrella de la extrema derecha destinada a impedir charlas LGTBI, feministas o de educación afectivo sexual en los centros educativos y que todavía no han amagado con implantar en ningún territorio. Todo ello revestido de la retórica habitual que ha ganado fuerza en los últimos años, con la que hay quienes equiparan el avance en derechos al “adoctrinamiento ideológico” de la sociedad, especialmente de las niñas, niños y adolescentes en las aulas.

En la Región de Murcia, donde más lejos ha llegado la implantación del veto parental, el Gobierno regional, en manos de PP y Vox, eliminó las siglas LGTBI de la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad en enero de este año, aunque el pacto no nombra (ni para bien ni para mal) a las personas LGTBI. En la Comunitat Valenciana, el punto 29 del acuerdo que hizo presidente con el apoyo de la ultraderecha al popular Carlos Mazón se comprometía a reforzar la inspección educativa para “sacar la ideología de las aulas y permitir que los padres elijan la educación de sus hijos”.

La retórica de la “ideologización”

Es este mismo el marco que replica la norma que está empezando a tramitar el PP madrileño para reformar la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual. Así, la exposición de motivos asegura que la ley, aprobada hace siete años con la abstención de los populares, contenía elementos que “podían socavar la igualdad” o “confundir” la protección de algunas personas “con alguna ideología concreta que pudiera monopolizar el debate público, el académico, los medios, las artes, y se erigiera en una visión monopolística y excluyente”.

El texto califica de “excesos” algunos preceptos y afirma que la reforma “busca evitar” que la no discriminación “se convierta en un instrumento de ‘ingeniería social’ que confunda ciertas doctrinas de parte con los derechos fundamentales”, además de corregir aspectos que “ya sea de buena fe o motivos por el afán de imponer ciertas doctrinas conocidas como ‘de género’ acaban conculcando derechos fundamentales”. En el fondo, late el discurso de la “ideología de género”, que no es nuevo ni inocente, sino que lleva siendo usado internacionalmente desde principios de los 2000 por sectores ultracatólicos para socavar los derechos de las mujeres y personas LGTBI.

El Gobierno madrileño defiende, además, que las normas deben adaptarse a la Ley Trans estatal que entró en vigor el pasado mes de marzo y, según han asegurado varios miembros del Ejecutivo estos últimos días, las reformas buscan otorgar peso a los “profesionales cualificados y personas especializadas” en detrimento de los colectivos LGTBI, ya que, según ha declarado Ayuso, “se había creado un mundo paralelo para lobbies”.

Para las organizaciones LGTBI, los textos suponen un retroceso que tendrá como efecto “la desprotección e invisibilización” de las personas LGTBI y especialmente de las personas trans, cree Luis Fernando Rosales, coordinador de Arcópoli. Además, la carga simbólica de la reforma la han señalado todos los colectivos. Y es que en ella se defiende que viene a “corregir” aspectos de la actual normativa que podrían “conculcar” derechos como “la libertad de expresión y de prensa, la libertad de cátedra y educativa o la presunción de inocencia”. “Lo que esconde esta narrativa es intentar convencer a la ciudadanía de que no estamos hablando de derechos humanos sino de ideología”, explica Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI.

La autodeterminación, de “dudosa constitucionalidad”

Entre otras cosas, la reforma de la conocida como ley trans (Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación) elimina el concepto de identidad de género, que sustituye por “sexualidad” o “condición sexual” y también el reconocimiento del “derecho a la identidad de género libremente manifestada” que sí contempla ahora la norma.

Ya en la exposición de motivos, la reforma apunta a que la autodeterminación de género, en la que se basa la Ley Trans estatal para que las personas trans puedan modificar su sexo legal, es de “muy dudosa constitucionalidad” ya que es “ajeno a la Ciencia y al Derecho” y cuya introducción “va en detrimento de la seguridad jurídica”. Si ahora la ley trans autonómica reconoce que “en ningún caso” las personas trans deberán ser obligadas a acreditar su identidad “mediante informe médico o psicológico”, la reforma elimina esta frase para incorporar que se “tomarán en consideración los informes de los servicios médicos”.

Aunque está por ver qué efectos concretos tendrán estas modificaciones teniendo en cuenta que ahora sí ya existe un paraguas estatal, un cambio inmediato en el ámbito sanitario, que depende de las comunidades, es que los menores trans solo podrán acceder al tratamiento médico tras ser atendidos “por un profesional de la salud mental” y necesitarán un informe médico favorable “imprescindible” si tienen dos o más enfermedades mentales al mismo tiempo.

Las dos proposiciones de ley registradas paralelamente coinciden en algunos puntos: ambas derogan el régimen sancionador, por lo que en Madrid pasará a regir únicamente el estatal; eliminan el fomento de contenidos en pos del respeto a la identidad de género de los medios de comunicación y también acaban con la inversión de la carga de la prueba, una excepción común en el derecho anti discriminatorio que implica que en procedimientos civiles, administrativos o laborales, nunca penales, es la parte demandada la que debe demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad.

Para Saúl Castro, abogado especializado en derechos LGTBI, los efectos de unas y otras medidas difieren. La inversión de la carga de la prueba “fue establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional” y venía a ser “una reiteración” porque se trata “de una práctica jurisdiccional asentada” que ya está establecida en la llamada Ley Zerolo y en la Ley Trans. Lo que sí considera “más grave” es la eliminación del régimen sancionador porque la normativa estatal “fue muy tibia” en este sentido “y contempla muchas menos infracciones” contra el colectivo LGTBI.

Sin Consejo LGTBI ni centro de memoria histórica

La reforma propuesta por los populares deroga el artículo que obliga a la creación del Consejo LGTBI y del centro de memoria histórica LGTBI, además de diluir las medidas de apoyo y reconocimiento institucional y las del ámbito educativo, el preferido por la extrema derecha en su cruzada antiLGTBI. Entre otras cosas, suprime la inclusión en el currículo de contenidos en diversidad –aunque los incorpora la Ley Trans estatal– la previsión de que las bibliotecas cuenten con un fondo LGTBI o el compromiso de que los poderes públicos conmemoren el 17 de mayo como día contra la LGTBIfobia e instalen la bandera arcoíris en las sedes institucionales.

Aun así, el efecto real sobre los derechos de la población es limitado para Castro. No porque no sea “un recorte gravísimo” sobre el papel, sino porque “las leyes no se estaban implementando o lo estaban haciendo de forma incorrecta”. El abogado define el paso dado por el grupo popular como “una materialización de un incumplimiento reiterado” y muestra sus dudas sobre cómo va a convivir la nueva legislación con la Ley Trans o la Ley Zerolo porque “puede haber preceptos que entren en conflicto”. Para Sangil, es especialmente perjudicial “que se eliminen las referencias a trabajar la diversidad en las aulas” porque implicará una rebaja de estos contenidos.

En el ámbito del deporte también hay algún cambio. En línea con las reivindicaciones que un sector del feminismo contrario a la autodeterminación de género ha enarbolado en los últimos años, la reforma de la ley trans madrileña mantiene la promoción de las personas trans en igualdad en el deporte y añade “sin menoscabo de los derechos de los demás participantes, y en especial del deporte femenino en todas sus categorías”, un precepto que repite en las demás medidas.

Este ha sido celebrado por la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, una de las plataformas contrarias a la Ley Trans más activas, como un “aspecto muy positivo” así como “la limitación de las intervenciones del transactivismo en el ámbito educativo” o la “eliminación de contenidos educativos acientíficos”, pero la organización pide más y reclama, entre otras cosas, que los adolescentes menores de edad no puedan acceder a tratamientos médicos o que en las residencias de mayores u hospitales no se permita el uso de instalaciones según la identidad de género.

Fuente El Diario

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