Evitar la “ingeniería social” y los “excesos”: Ayuso lidera el discurso ultra que justifica los recortes en las leyes LGTBI
El PP de Madrid lleva a la práctica las ideas que la ultraderecha defendió en la última campaña y en sus pactos de gobierno, y reforma normas autonómicas para no “confundir” la protección de las personas LGTBI con “alguna ideología” o luchar contra la “imposición de doctrinas”
Marta Borraz
“Porque hay discriminación”. La presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso, defendía así la ley contra la LGTBIfobia de la comunidad frente a la que después se convertiría en diputada de Vox, Carla Toscano. Era 2016, Madrid acababa de aprobar la norma, la extrema derecha no estaba en las instituciones y entonces era presidenta Cristina Cifuentes. Las cosas hoy son diferentes. Ayuso preside la comunidad y tras flirtear desde 2019 con la idea de reformar la ley para contentar a Vox, que se lo ha exigido reiteradamente, no ha sido hasta ahora, que cuenta con mayoría absoluta, cuando ha decidido iniciar el proceso.
El grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid acaba de registrar este viernes dos proposiciones de ley que previsiblemente se aprobarán antes de que termine el año y que modifican el paquete legislativo con el que desde 2016 cuenta la región: la conocida como ley trans y la de protección contra la LGTBIfobia. El trámite, iniciado por la vía de urgencia, ha indignado a la oposición y a los colectivos LGTBI, que se han agrupado en la plataforma Ni un paso atrás, y se concentraron este lunes (día 13 de noviembre) en la Puerta del Sol para denunciar lo que a su juicio es un “retroceso legislativo”.
El paso dado por el PP de Ayuso se convierte en el primero de los anunciados por las derechas en un contexto de aumento de poder autonómico y municipal que ha puesto al colectivo LGTBI en la diana. La diversidad tuvo un papel clave en los pactos de gobierno entre PP y Vox tras las elecciones y acabó cristalizando en cuestiones como la retirada de las banderas arcoíris de los edificios municipales por exigencia de la ultraderecha, los vetos a los símbolos o la promesa de derogación o reforma de las leyes autonómicas, además de en Madrid, en Aragón o Baleares, donde aún no han iniciado el proceso.
En otras comunidades, los populares compraron el veto parental, una de las medidas estrella de la extrema derecha destinada a impedir charlas LGTBI, feministas o de educación afectivo sexual en los centros educativos y que todavía no han amagado con implantar en ningún territorio. Todo ello revestido de la retórica habitual que ha ganado fuerza en los últimos años, con la que hay quienes equiparan el avance en derechos al “adoctrinamiento ideológico” de la sociedad, especialmente de las niñas, niños y adolescentes en las aulas.
En la Región de Murcia, donde más lejos ha llegado la implantación del veto parental, el Gobierno regional, en manos de PP y Vox, eliminó las siglas LGTBI de la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad en enero de este año, aunque el pacto no nombra (ni para bien ni para mal) a las personas LGTBI. En la Comunitat Valenciana, el punto 29 del acuerdo que hizo presidente con el apoyo de la ultraderecha al popular Carlos Mazón se comprometía a reforzar la inspección educativa para “sacar la ideología de las aulas y permitir que los padres elijan la educación de sus hijos”.
La retórica de la “ideologización”
Es este mismo el marco que replica la norma que está empezando a tramitar el PP madrileño para reformar la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual. Así, la exposición de motivos asegura que la ley, aprobada hace siete años con la abstención de los populares, contenía elementos que “podían socavar la igualdad” o “confundir” la protección de algunas personas “con alguna ideología concreta que pudiera monopolizar el debate público, el académico, los medios, las artes, y se erigiera en una visión monopolística y excluyente”.
El texto califica de “excesos” algunos preceptos y afirma que la reforma “busca evitar” que la no discriminación “se convierta en un instrumento de ‘ingeniería social’ que confunda ciertas doctrinas de parte con los derechos fundamentales”, además de corregir aspectos que “ya sea de buena fe o motivos por el afán de imponer ciertas doctrinas conocidas como ‘de género’ acaban conculcando derechos fundamentales”. En el fondo, late el discurso de la “ideología de género”, que no es nuevo ni inocente, sino que lleva siendo usado internacionalmente desde principios de los 2000 por sectores ultracatólicos para socavar los derechos de las mujeres y personas LGTBI.
El Gobierno madrileño defiende, además, que las normas deben adaptarse a la Ley Trans estatal que entró en vigor el pasado mes de marzo y, según han asegurado varios miembros del Ejecutivo estos últimos días, las reformas buscan otorgar peso a los “profesionales cualificados y personas especializadas” en detrimento de los colectivos LGTBI, ya que, según ha declarado Ayuso, “se había creado un mundo paralelo para lobbies”.
Para las organizaciones LGTBI, los textos suponen un retroceso que tendrá como efecto “la desprotección e invisibilización” de las personas LGTBI y especialmente de las personas trans, cree Luis Fernando Rosales, coordinador de Arcópoli. Además, la carga simbólica de la reforma la han señalado todos los colectivos. Y es que en ella se defiende que viene a “corregir” aspectos de la actual normativa que podrían “conculcar” derechos como “la libertad de expresión y de prensa, la libertad de cátedra y educativa o la presunción de inocencia”. “Lo que esconde esta narrativa es intentar convencer a la ciudadanía de que no estamos hablando de derechos humanos sino de ideología”, explica Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI.
La autodeterminación, de “dudosa constitucionalidad”
Entre otras cosas, la reforma de la conocida como ley trans (Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación) elimina el concepto de identidad de género, que sustituye por “sexualidad” o “condición sexual” y también el reconocimiento del “derecho a la identidad de género libremente manifestada” que sí contempla ahora la norma.
Ya en la exposición de motivos, la reforma apunta a que la autodeterminación de género, en la que se basa la Ley Trans estatal para que las personas trans puedan modificar su sexo legal, es de “muy dudosa constitucionalidad” ya que es “ajeno a la Ciencia y al Derecho” y cuya introducción “va en detrimento de la seguridad jurídica”. Si ahora la ley trans autonómica reconoce que “en ningún caso” las personas trans deberán ser obligadas a acreditar su identidad “mediante informe médico o psicológico”, la reforma elimina esta frase para incorporar que se “tomarán en consideración los informes de los servicios médicos”.
Aunque está por ver qué efectos concretos tendrán estas modificaciones teniendo en cuenta que ahora sí ya existe un paraguas estatal, un cambio inmediato en el ámbito sanitario, que depende de las comunidades, es que los menores trans solo podrán acceder al tratamiento médico tras ser atendidos “por un profesional de la salud mental” y necesitarán un informe médico favorable “imprescindible” si tienen dos o más enfermedades mentales al mismo tiempo.
Las dos proposiciones de ley registradas paralelamente coinciden en algunos puntos: ambas derogan el régimen sancionador, por lo que en Madrid pasará a regir únicamente el estatal; eliminan el fomento de contenidos en pos del respeto a la identidad de género de los medios de comunicación y también acaban con la inversión de la carga de la prueba, una excepción común en el derecho anti discriminatorio que implica que en procedimientos civiles, administrativos o laborales, nunca penales, es la parte demandada la que debe demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad.
Para Saúl Castro, abogado especializado en derechos LGTBI, los efectos de unas y otras medidas difieren. La inversión de la carga de la prueba “fue establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional” y venía a ser “una reiteración” porque se trata “de una práctica jurisdiccional asentada” que ya está establecida en la llamada Ley Zerolo y en la Ley Trans. Lo que sí considera “más grave” es la eliminación del régimen sancionador porque la normativa estatal “fue muy tibia” en este sentido “y contempla muchas menos infracciones” contra el colectivo LGTBI.
Sin Consejo LGTBI ni centro de memoria histórica
La reforma propuesta por los populares deroga el artículo que obliga a la creación del Consejo LGTBI y del centro de memoria histórica LGTBI, además de diluir las medidas de apoyo y reconocimiento institucional y las del ámbito educativo, el preferido por la extrema derecha en su cruzada antiLGTBI. Entre otras cosas, suprime la inclusión en el currículo de contenidos en diversidad –aunque los incorpora la Ley Trans estatal– la previsión de que las bibliotecas cuenten con un fondo LGTBI o el compromiso de que los poderes públicos conmemoren el 17 de mayo como día contra la LGTBIfobia e instalen la bandera arcoíris en las sedes institucionales.
Aun así, el efecto real sobre los derechos de la población es limitado para Castro. No porque no sea “un recorte gravísimo” sobre el papel, sino porque “las leyes no se estaban implementando o lo estaban haciendo de forma incorrecta”. El abogado define el paso dado por el grupo popular como “una materialización de un incumplimiento reiterado” y muestra sus dudas sobre cómo va a convivir la nueva legislación con la Ley Trans o la Ley Zerolo porque “puede haber preceptos que entren en conflicto”. Para Sangil, es especialmente perjudicial “que se eliminen las referencias a trabajar la diversidad en las aulas” porque implicará una rebaja de estos contenidos.
En el ámbito del deporte también hay algún cambio. En línea con las reivindicaciones que un sector del feminismo contrario a la autodeterminación de género ha enarbolado en los últimos años, la reforma de la ley trans madrileña mantiene la promoción de las personas trans en igualdad en el deporte y añade “sin menoscabo de los derechos de los demás participantes, y en especial del deporte femenino en todas sus categorías”, un precepto que repite en las demás medidas.
Este ha sido celebrado por la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, una de las plataformas contrarias a la Ley Trans más activas, como un “aspecto muy positivo” así como “la limitación de las intervenciones del transactivismo en el ámbito educativo” o la “eliminación de contenidos educativos acientíficos”, pero la organización pide más y reclama, entre otras cosas, que los adolescentes menores de edad no puedan acceder a tratamientos médicos o que en las residencias de mayores u hospitales no se permita el uso de instalaciones según la identidad de género.
Fuente El Diario
La concejal almeriense Manuela Antequera ha compartido en su perfil de Facebook una imagen en la que se compara el adoctrinamiento nazi con las actividades educativas para inculcar valores de respeto e igualdad hacia el colectivo LGTBI.
El exconcejal Ramon Isidro, en una imagen captada recientemente por À Punt.
Fotografía del avatar con la bandera LGTBI de la Policía Local colocada por Castro (Twitter)
Por Uge Sangil, Presidenta de la Federación Estatal LGTBI+
La alcaldesa Carmen Pérez Tejedor (PP) y el concejal de Cultura Javier Ruiz (VOX)
La pastora evangélica Yadira Maestre junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde José Luis Rodríguez Almeida y el Presidente del PP Alberto Núñez Feijoo durante el acto del PP celebrado en Madrid.
El Código Ético de los evangélicos españoles señala que los representantes de este organismo “no deberán desempeñar actividad política pública ni realizar propaganda política, con el fin de que no se produzca confusión entre la labor desempeñada en FEREDE y la mencionada actividad política”
“Este señor, junto a otros vecinos, no solo nos están haciendo la vida imposible, sino que además agredieron a Jose, una persona de nuestro equipo. He tomado la decisión de publicar esto, para pedir ayuda, ya que ni la Policía Local, ni la Policía Nacional ni el Ayuntamiento nos ayudan”.
Así se pronuncian los responsables del restaurante Wakame, ubicado en la calle Muro de Santa Ana 3, en un post publicado la semana pasada en su perfil de Instagram, donde adjuntaron un vídeo grabado por las cámaras de seguridad en el que se aprecia a un individuo abalanzándose sobre uno de los empleados del local al que agarró del cuello. Los hechos, sin embargo, se produjeron el pasado mes de abril, y al parecer tras las mismos se interpuso denuncia en el juzgado.
Según la publicación en la mencionada red social, los responsables del local añaden que vienen sufriendo todo tipo de problemas: “Insultos, tirarnos cosas a la terraza y dar vueltas observando cada persona que entra y sale. Pero todo se queda corto a la cantidad de multas y denuncias que nos llegan cada semana supuestamente por el sonido del local, cuando hicimos una instalación de mucho dinero para insonorizar todo el local y no molestar a los vecinos. Quieren hundirnos el negocio. Tan solo queremos respeto, y que dejen trabajar a nuestro equipo, y a nuestra drag. Queremos volver a la normalidad y trabajar a gusto. Por cierto, el hombre le repitió en varias ocasiones ”maricón e mierda“.
Según reveló este martes el PSPV, el agresor sería Ramón Isidro, exconcejal durante la etapa de Rita Barberá como alcaldesa y tío de Francisco Camps, con quien este diario se puso en contacto este martes para recabar su versión de los hechos, sin obtener respuesta.
El concejal del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuán, exigió a la alcaldesa de València, María José Catalá, que investigue “los hechos gravísimos que han ocurrido en un restaurante del centro de Valencia donde una persona ha cometido una agresión homófoba y presuntamente esta persona se trata de un exconcejal del propio Partido Popular”.
Sanjuán que, quiso enviar “un mensaje de apoyo a la persona agredida y a los propietarios del local que sienten acosados”, se pronunció en estos términos al valorar las imágenes difundidas tanto por los propietarios del local como por la televisión pública valenciana À Punt en las que “puede observarse al exconcejal del PP Ramón Isidro”.
Isidro fue teniente de alcalde de Rita Barberá, con quien además estuvo al frente de las áreas de Patrimonio y Gestión Patrimonial, Descentralización y Participación Ciudadana, Residuos Sólidos, Sanidad, Ciclo Integral del Agua y Licencias de Actividad. También fue presidente del PP de Ciutat Vella entre 2009 y 2013, presidente de la EMTRE entre 2007 y 2012 o Jefe de Gabinete de la Conselleria de Cultura de 1997 a 1998, entre otros cargos.
“Esto no puede conllevar impunidad, no puede conllevar que se tapen estos hechos y València no puede convertirse en un sitio donde hay personas que creen que pueden ejercer la discriminación y la violencia”, advirtió Sanjuán quien afirmó que, si el PP “no quiere dejar ninguna sombra de duda de que está tratando de proteger a una persona afín, tiene que investigar estos hechos y condenarlos rotundamente”.
El portavoz adjunto del grupo socialista remarcó que el PP “tiene que investigar la agresión ante la que guardan silencio más si cabe cuando todo apunta a que presuntamente ha sido cometida por un exconcejal y dirigente del PP”. “Que presuntamente un miembro del PP haya cometido estos hechos no puede conllevar impunidad y lo que está siendo atronador es el silencio del PP y de la señora Catalá”, apuntó Sanjuán quien exigió “transparencia y contundencia”.
Preguntados al respecto por esta redacción, tanto desde alcaldía como desde la Policía Local de València declinaron este martes hacer declaraciones al respecto, así como aportar información adicional.
Fuente El Diario