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La Rioja aprueba la Ley Trans con los votos del PSOE, IU y el Grupo Mixto (Podemos).

Jueves, 24 de febrero de 2022

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En un momento en el que el discurso de odio contra las personas trans gana presencia política y mediática y amenaza con paralizar los necesarios avances legislativos en la materia, resulta reconfortante poder dar una noticia como esta: el Parlamento de La Rioja aprobó el pasado viernes, 18 de febrero, la Ley regional de igualdad, reconocimiento a la identidad y expresión de género y derechos de las personas trans y sus familiares. Lo hizo con el voto favorable de PSOE, Podemos e IU y con la oposición de PP y Ciudadanos. Nuestra enhorabuena a las personas trans de La Rioja y a sus familias.

El pleno del Parlamento de La Rioja ha aprobado el pasado viernes día 18, la Ley Trans durante un pleno monográfico que se ha celebrado en la Cámara riojana.La Rioja deja así atrás el pequeño grupo de comunidades sin ninguna ley específica que proteja a las personas del colectivo LGTBI y entre las que aún se cuentan Castilla y León, Castilla-La Mancha y Asturias. La Ley, que se ha votado en varios puntos por separado, ha contado con los votos a favor del PSOE y el Grupo Mixto mientras que Cs y PP han mostrado su abstención o rechazo en varios de los artículos.

En concreto, el texto a debatir era la Proposición de ley de igualdad, reconocimiento a la identidad y expresión de género y derechos de las personas trans y sus familiares en la Comunidad Autónoma de La Rioja. La diputada socialista, Nuria del Río, ha sido la encargada de relatar, en primer lugar, la tramitación de esta Proposición de Ley que comenzó en noviembre de 2019. Durante el debate, además, han estado presentes numerosas personas y miembros de colectivos LGTBI.

La Rioja era una de las pocas comunidades autónomas que no disponía todavía de un marco regulatorio propio para proteger a las personas trans contra la discriminación en el ámbito autonómico, y ello pese a que en la anterior legislatura pudo haberse ya conseguido, después de que en 2015 el PP perdiese la mayoría absoluta en el Parlamento de La Rioja. En 2017, los entonces grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Podemos, que contaban con mayoría suficiente para haberla aprobado, presentaron una proposición de ley en ese sentido, consensuada además con los principales colectivos LGTBI de la región. Las maniobras dilatorias del PP, que lamentablemente contaron con la calculada complicidad de Ciudadanos, hicieron imposible que se cumplieran los plazos (los populares solicitaron un informe al Consejo Consultivo de La Rioja. PP y Ciudadanos se negaron a que dicho trámite se realizara por vía de urgencia, lo que finalmente impidió que la proposición pudiese ser aprobada). «El descrédito de las instituciones es consecuencia de actitudes como estas, en las que el trabajo de toda una legislatura se tira a la basura por 10 días, y encima queriendo»se lamentaba entonces el colectivo Marea Arcoíris.

La nueva Ley Trans riojana, aprobada con los votos de PSOE, IU y Podemos, comenzó, por lo tanto,  su andadura en la anterior legislatura, con el popular José Ignacio Ceniceros como presidente regional. Fue el Partido Socialista el que presentó esta iniciativa, que, tal y como explica Henar Moreno, diputada por Izquierda Unida y una de las impulsoras de la ley, fue bloqueada por el Partido Popular hasta agotar la legislatura. Una vez arrancada la nueva legislatura, con la socialista Concha Andreu a la cabeza, la ley volvió a iniciar su trámite parlamentario y se aprobó su toma en consideración en 2020, aunque no ha sido hasta este 2022 que ha llegado hasta el Pleno autonómico para su aprobación definitiva.

En las elecciones autonómicas de mayo de 2019, la izquierda conseguía por primera vez en 25 años la mayoría en el Parlamento de La Rioja. Y los grupos parlamentarios socialista y mixto (compuesto por dos diputadas de IU y Podemos) registraban en noviembre de ese año, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans, la misma proposición de ley integral trans que no pudo aprobarse antes de las elecciones. Por fin, casi dos años y medio y una pandemia después y pese a las presiones del lobby transexcluyente, la proposición de ley es una realidad, con la oposición del PP (comprensible, dada su postura tradicional en materia LGTBI) y de Ciudadanos (menos comprensible) y el voto favorable de PSOE, IU y Podemos. Especial empeño han puesto en ello las diputadas Ana Santos, del PSOE, y Henar Moreno, de IU.

Moreno explicaba que la sintonía con el PSOE riojano en la tramitación de esta ley ha sido “fantástica” . Por su parte desde la Agrupación de apoyo a personas trans, no binarias y agénero de La Rioja (ARTRA) destacan, que pese a los permanentes retrasos “y más allá de pequeños roces, hemos visto apoyo”. Desde este colectivo destacan la figura de Ana Santos, exconsejera socialista de Servicios Sociales del gobierno riojano, de quien destacan que “ha estado al pie del cañón y debe ser citada”. Santos, de hecho, aseveró que esta nueva norma supondrá “abrir la puerta a una realidad que ha sido ignorada siempre en esta comunidad: la realidad trans” y ha recordado que “ha sido una lucha muy larga y con muchas dificultades, es el tercer intento de que salga adelante” y que esta ley supone “devolver la dignidad a las personas trans y que estén amparadas por las leyes y las instituciones”.

Durante la sesión, Moreno ha recordado algunas de las cifras que afectan a este colectivo, como que “más del 80% de los menores y adolescentes trans han pensado en suicidarse, más del 40% lo intentaron y el 8% lo consiguió”. “El 85% de las personas trans encuentran muchísimas dificultades para encontrar un empleo o están en situación de desempleo, el 58% ha sufrido algún tipo de discriminación, agresión o acoso en su ámbito laboral, el 43% del alumnado LGTBI ha sufrido acoso escolar y más del 60% ha sufrido algún tipo de agresión LGTBIfóbica a través de las redes sociales”.

Tras ella ha sido el turno de Belinda León, de Ciudadanos, que en una polémica intervención y después de “reivindicar los derechos trans”, ha anunciado que votarían en contra por “no ajustarse a la realidad” y por haberse tramitado y redactado en exclusiva entre el PSOE, IU y Podemos, lo que ha concluido con la bancada socialista llevándose las manos a la cabeza.

Por el Grupo Popular, el diputado Jesús Pérez Ligero ha criticado que “la exposición de motivos es completamente ideológica y acota incluso la denominación de trans confundiendo el sexo con el género”. Además, ha afeado, “aplica un determinado punto de vista y pone incluso sanciones a las personas que no están de acuerdo con algo y que son relativas a la libertad de expresión”. El PP también ve “incongruencias” en la Ley riojana, sobre todo en lo relacionado con los menores. Además, ha señalado el diputado ‘popular’ “habría que esperar a ver qué ocurre con la Ley estatal pero los socialistas hacen oídos sordos incluso a los suyos mientras mantengan el “sillón caliente”. Incluso ha afirmado que  “se legisla sobre sentimientos pero sin datos de lo que está pasando en otros países que llevan mucho camino por delante y que ahora ven problemas”. y que “trata de imponer un modelo a dedo que puede generar situaciones irreversibles”. Toda ley en defensa de los derechos trans debe contar con la máxima seguridad jurídica y con el consenso no solo de los legisladores sino también de los sanitario.

Por último, por el PSOE, Ana Santos ha comenzado su intervención celebrando que “a la tercera va la vencida” y recordando que “la sexualidad no entiende de ideologías, ni de clases sociales, ni de culturas, ni de religiones”“Hoy estoy emocionada y orgullosa de ocupar un escaño, haber sido ponente de esta Ley y haber contribuido a su defensa y, a pesar de todas las dificultades del camino, hoy se apruebe porque supone un avance en derechos humanos. Estas conquistas son importantes“, ha afirmado.

También durante su intervención ha lamentado que esta ley no haya salido adelante por unanimidad. “Si fue posible lograr un acuerdo por unanimidad en nuestra reciente reforma del Estatuto de Autonomía, en su artículo 15, donde se recogía el derecho de toda persona a expresar su identidad de género ¿Porqué no íbamos a lograr un acuerdo a la hora de hacer ese derecho efectivo?”.

A pesar de la “tardanza” en aprobar esta Ley, la diputada socialista, Ana Santos, ha querido recordar que “no ha sido fácil llegar hasta aquí” porque se ha producido una “verdadera carrera de obstáculos”. A pesar de que la derecha “ha hecho todo lo posible para que esta Ley no viera la luz”, ha querido recordar que la transexualidad “no entiende de ideologías. Nos hubiera gustado que esta Ley se hubiera aprobado por unanimidad”. Por todo ello, ha indicado, “no voy a permitir que nadie empañe lo que hoy es un buen día” a pesar de que el PP y a Cs “se quieran amparar en razones formales, lo cierto es que se han respetado los tiempos y ellos han sido los responsables de que no se aprobase esta Ley en otras dos ocasiones anteriores. Levantarse de una comisión y no apoyar el dictamen es escurrir el bulto, no es una cuestión de tiempo sino de voluntad”. Ante ello, ha finalizado, “hoy se abre un camino de esperanza en La Rioja. Habrá un futuro en el que podamos vivir respetando nuestras diferencias y en donde sea más importante amar que estigmatizar. Hoy con esta Ley abrimos un camino y tiramos las puertas para que nadie vuelva a meterse en un armario”.

Y ha concluido recordando al grupo parlamentario de Ciudadanos que “todas sus enmiendas, salvo tres que ya estaban recogidas por el texto, fueron aceptadas en el seno de la comisión” que ha trabajado el articulado.

Una ley en defensa de los derechos de las personas trans

La nueva ley (cuyo texto completo puedes consultar aquí) reconoce el principio de autodeterminación de género y garantiza a las personas trans y a las personas intersexuales una serie de derechos fundamentales en los ámbitos sanitario, educativo, laboral y deportivo, poniendo punto final a la patologización de las identidades trans en todas aquellas esferas que dependen del ámbito competencial autonómico e instaurando un régimen sancionador contra las acciones discriminatorias.

La Ley Trans de La Rioja pretende ser un texto transversal que atraviese distintas realidades diarias de las personas trans en el ámbito sanitario, educativo, deportivo y laboral poniendo el foco en la denominada “autodeterminación de género”.

Esta ley supone dejar atrás aspectos patologizantes, como el requerimiento de certificados médicos de “disforia de género” para poder acceder a los tratamientos de transición, poniendo a disposición de los riojanos un procedimiento efectivo para la autodeterminación de género que por primera vez no deberá contar con el consentimiento familiar para los mayores de 16 años. Esta autodeterminación de género afectará al deporte no profesional —pues el Gobierno autonómico carece de competencias para la regulación del deporte profesional—, al ámbito educativo y sanitario.

También pretende garantizar el acceso desde la sanidad pública a los tratamientos hormonales y de transición para las personas trans; un punto que desde Izquierda Unida destacan como fundamental porque en el pasado el suministro de este tipo de tratamientos no ha estado garantizado por el desabastecimiento, “llegando incluso a revertir el proceso por la interrupción del tratamiento, con todo lo que ello supone”.

Asimismo la ley tratará de garantizar los derechos de las personas trans en el ámbito laboral mediante un detallado régimen sancionador que impida la discriminación de las personas trans y mediante diversas políticas activas de empleo con las que reducir la brecha de paro a la que este colectivo se enfrenta históricamente. En este aspecto, Henar Moreno destaca que la ley no es realmente novedosa en cuanto a las fórmulas que se emplean en la lucha contra la discriminación, sino que vienen fuertemente inspiradas por las fórmulas ya probadas en la lucha contra la discriminación y la violencia de género.

Otros aspectos que se destacan en la ley son que la comunidad educativa vele “para que sea un espacio de igualdad y tolerancia, libre de presión, aversión o discriminación por identidad”; el tratamiento por el género y nombre sentido de las personas trans en todos los ámbitos administrativos y el tratamiento igualitario de las personas trans en los medios de comunicación.

La aprobación de la ley integral trans riojana ha sido recibida con alegría tanto por los colectivos LGTBI riojanos, como Marea Arcoíris o Gylda, como por destacadas figuras del activismo trans en España, como Mar Cambrollé o Carla Antonelli:

Ante la aprobación de la Ley Trans riojana, la presidenta de la Federación de Plataformas Trans de España, Mar Cambrollé, ha celebrado “este día como un día histórico para La Rioja” y ha calificado la aprobación de esta ley como “una de las asignaturas pendientes de la democracia” y considera que la aprobación de esta ley manda “un mensaje directo al estado en la urgente tramitación de una ley estatal trans”. También ha destacado que esto se produce en un momento clave en el que “el avance de la ultraderecha pone en peligro el progreso en derechos de las personas LGTBI” y considera que es imprescindible blindar estos derechos como se ha hecho en La Rioja, “como un cordón sanitario contra la ultraderecha”.

Para ARTRA este texto legal supone “afianzar y rellenar huecos en el cumplimiento de nuestros derechos humanos fundamentales y constitucionales”. Sin embargo, tanto desde este colectivo como desde Marea Arcoiris Rioja lamentan que esta ley deje fuera a las personas no binarias y recuerdan que “en muchas ocasiones son las que más sufren maltrato físico y psicológico, abusos y violaciones; sin embargo parece que no existan”.

Fuente Agencias

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Los derechos trans ya son ley en La Rioja

Esta ley supone un gran avance para el colectivo LGTBI+, equiparando a La Rioja con otras CCAA con legislaciones más avanzadas en esta área.

En los próximos meses se implementarán los nuevos protocolos y se impulsará la creación de un Centro LGTBI+ y una Comisión LGTBI+.

La Comunidad Autónoma de La Rioja da un gran paso en la conquista de los derechos del colectivo LGTBI+, especialmente de las personas trans, con la aprobación de la Proposición de Ley de igualdad, reconocimiento a la identidad y expresión de género y derechos de las personas trans y sus familiares. Este viernes, el pleno del Parlamento de La Rioja ha aprobado la Ley Trans, que ha contado con el apoyo y aval de diferentes ejes sociales, sindicales, y políticos de la región. Leer más…

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Una mayoría abrumadora de votantes del PSOE apoya la «ley trans»

Viernes, 28 de enero de 2022

F10B38FB-005C-4677-9C90-A63E81622121Una mayoría de españoles está a favor de la conocida popularmente como «ley trans», la iniciativa del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos para aprobar un paquete legislativo que reconozca la libre autodeterminación de género de las personas trans y consagre a nivel estatal una serie de garantías contra la discriminación de las personas LGTBI. Así lo pone de manifiesto la encuesta publicada los pasados 8 y 9 de enero por el diario El País y realizada por la empresa 40 dB. Una lectura detenida de los datos, que son de acceso público, arroja además que el apoyo es muy mayoritario entre los votantes del PSOE. Algo que no debería sorprender, pero que contrasta con la movilización ejercida por el sector transexcluyente de los cuadros de dicho partido.

La noticia que el pasado 9 de enero destacaba El País era que, de acuerdo a los resultados de la encuesta, el 56,5 % de los españoles apoya la «ley trans» (un 27,6% la valora «muy bien», mientras que un 28,9% la valora «bien». Un 19,1% la ve «regular», un 8,1% la ve «mal» y un 10,9% la ve «muy mal». El País también destacaba como comentario adicional que casi un tercio de los que se declaran votantes del PP también la apoyan. En efecto, el porcentaje de votantes del PP que la ven «muy bien» o «bien» suma el 31,5%.

Desde dosmanzanas hemos querido conocer la opinión de otros votantes, y en concreto de los votantes del PSOE, dada la intensa movilización ejercida por el sector transexcluyente de los cuadros de dicho partido, que culminó en junio de 2020 con la distribución de un argumentario interno, firmado por los que entonces eran cuatro de sus secretarios, que se oponía abiertamente al principio de autodeterminación de género y defendía, de forma indirecta, la patologización de las identidades trans mantenida en la ley de identidad de género de 2007.

Es cierto que dichas posiciones han retrocedido tras el último Congreso del PSOE, celebrado el pasado mes de octubre, que incluyó finalmente entre sus resoluciones el apoyo expreso al anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, asegurando de forma explícita que «desde el PSOE hacemos nuestras las reivindicaciones de las personas trans con esta futura legislación que aborda la libre manifestación de la propia identidad sexual y apoya la inscripción registral del sexo declarado con plenas garantías jurídicas, para acabar con la exclusión y con las dificultades administrativas actuales, protegiendo especialmente a menores, y despatologizando el proceso, tal y como desde el PSOE siempre hemos defendido». Pero también es cierto que el PSOE ha promovido a Carmen Calvo, firmante del ya mencionado documento transexcluyente en calidad de secretaria de Igualdad del PSOE (cargo que ya no ocupa) a la presidencia de la Comisión de Igualdad del Congreso, lo que no resulta precisamente tranquilizador.

Un 75,3% de votantes socialistas, a favor

Pues bien, resulta que un abrumador 75,3% del electorado socialista, siempre según la encuesta de El País, apoya la «ley trans». En concreto, al 37,7% le parece «muy bien», mientras que al 37,6% le parece «bien». De las fuerzas políticas de las que se da información en este apartado, solo los votantes de Unidas Podemos tiene una opinión más favorable: el 79,6% de ellos la apoya (al 51% le parece «muy bien», mientras que al 28,6% le parece «bien»). Por detrás se situan los votantes de Ciudadanos (el 56% de ellos apoya la ley, sumando a los que la ven «muy bien» y «bien»), del PP y finalmente de Vox (solo un 19,7% de los votantes de la la formación de extrema derecha ven la ley «muy bien» o «bien», frente al 43,3% que la ve «muy mal»).

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Confiemos en que estos datos hagan avanzar de una vez el trámite parlamentario de un paquete legislativo que, ya sea en forma de dos leyes separadas o de una sola refundida, solo el empeño transexcluyente, y no precisamente del PP o de Vox, ha mantenido en suspenso desde hace años. Ya desde las elecciones generales de 2015 el Congreso de los Diputados cuenta con una mayoría parlamentaria que en teoría apoya los postulados del actual anteproyecto de ley. Mariano Rajoy, de hecho, dejó de ser presidente del Gobierno en junio de 2018 tras una moción de censura apoyada por una sólida mayoría. Han pasado casi siete años y ninguno de los intentos de superar el anacrónico marco legislativo español en materia trans y LGTBI ha tenido éxito. Tampoco, de momento, el derivado del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. ¿Ocurrirá en 2022?

Fuente Dosmanzanas

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La extrema derecha busca que Madrid sea el primer lugar de Europa occidental que aprueba en pleno siglo XXI un retroceso legislativo en la protección contra la discriminación de las personas LGTBI

Lunes, 6 de diciembre de 2021

33921_asamblea-madrid-bandera-arcoirisLa acción erosiva de la extrema derecha y de los movimientos ultraconservadores contra el avance de los derechos de las personas LGTBI continúa. La nueva batalla se libra en la Comunidad de Madrid, donde Vox ha presentado una proposición de ley «de igualdad y no discriminación» que en caso de ser aprobado derogaría las leyes ya existentes en la Comunidad de Madrid de protección contra la LGTBIfobia y de identidad y expresión de género. Sería la primera vez en lo que llevamos de siglo que se produce un retroceso legslativo explícito en la protección contra la discriminación de las personas LGTBI en el ámbito de Europa occidental, de ahí su importancia.

Las leyes que la extrema derecha pretende derogar en Madrid, si el gobernante Partido Popular lo permite (recordemos que, una vez desaparecido Ciudadanos del ámbito regional tras las últimas elecciones, el PP de Isabel Díaz Ayuso y Vox suman mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid) son la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, aprobada en julio de 2016 con el voto de todos los grupos representados entonces en la cámara autonómica (incluido el grupo popular de la época) y la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, aprobada en marzo de 2016 con el voto favorable de PSOE, Podemos y Ciudadanos y la entonces abstención del grupo popular.

FFr6ZsRXMAgwUhYEste es el texto de la Ley que se debatirá el 16.

Una derogación que Vox había puesto como condición para dar su apoyo a los presupuestos generales presentados por Isabel Díaz Ayuso, pero que aparentemente quedó fuera del pacto presupuestario dado a conocer públicamente hace unos días por las dos formaciones. Este viernes, sin embagro, saltaba la sorpresa, cuando el diputado de Más Madrid en la Asamblea regional Eduardo Fernández Rubiño daba a conocer en Twitter que el próximo 16 de diciembre sería votada en pleno la adminsión a trámite de la propuesta de derogación:

Está por ver qué sucederá el próximo día 16, puesto que ya en varias ocasiones en que ha sido preguntada por la materia, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado abierta a negociar con Vox la modificación del articulado de ambas leyes, aunque nunca ha hablado abiertamente de derogarlas. Desde el PP, por otra parte, han evitado anticipar el sentido de su voto, al menos hasta el momento. En este sentido, cabe señalar que la toma en consideración del proyecto no supone su aprobación, sino el inicio de su trámite parlamentario. No sería de extrañar, dada la conocida habilidad propagandística de la presidenta Ayuso, que la toma en consideración fuese aprobada para así contentar al electorado más reaccionario y favorecer el apoyo definitivo de Vox a sus presupuestos para luego pasar a una fase de ambigüedad calculada durante la tramitación parlamentaria en la que el desenlace definitivo lo definieran las prospecciones demoscópicas de Díaz Ayuso.

FFw_OPoXoAoEtyrEl día 15 todes a llenar Sol #NiUnPasoAtrás

En este sentido, cabe señalar, para anticipar la dirección hacia la cual la extrema derecha intentará derivar el debate, que si finalmente fuese aprobada íntegramente la proposición de ley presentada por Vox, las dos leyes derogadas, caracterizadas por un elevado grado de concreción en la definición de los sujetos protegidos y en las medidas enunciadas, serían sustituidas por un listado genérico de vaguedades que dejan fuera las medidas o acciones afirmativas contempladas específicamente en materia LGTBI a nivel educativo, sanitario o laboral. Especialmente dañado se vería el colectivo trans, que perdería por ejemplo el derecho expreso a una asistencia sanitaria integral acorde a su identidad de género y a disponer de documentación administrativa según su identidad con independencia de su estatus registral (en este sentido es un mal presagio el apoyo a la iniciativa de Vox que desde algunas cuentas afines al activimo transexcluyente se ha manifestado ya). Pero también desaparecerían, por mencionar solo algunos ejemplos, la prohibición de las pseudoterapias de conversión, la prohibición de las cirugías de mutilación a personas intersex y toda una serie de medidas destinadas a prevenir el acoso escolar o la discriminación laboral por LGTBIfobia.

Pase lo que pase, y sobre todo si el PP no rechaza la proposición de forma clara, nos encontramos ante un gravísimo precedente, ya que en caso de que la legislación antidiscriminatoria fuese derogada, o simplemente rebajada, nos encontraríamos, al menos en nuestro conocimiento, ante la primera vez en lo que llevamos de siglo XXI que se produce un retroceso legislativo en la protección de las personas LGTBI en el ámbito de Europa occidental (Hungría, Polonia o Rusia aparte).

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno devuelve a las mujeres sin pareja masculina la prestación de reproducción asistida en la sanidad pública y la amplía a las personas trans con capacidad de gestar

Lunes, 15 de noviembre de 2021

reproducción-asistida-300x153El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha incorporado de forma expresa el acceso a la reproducción humana asistida en el Sistema Nacional de Salud a las mujeres sin pareja masculina, a las que el Gobierno del PP dejó sin esta prestación en 2014, y ha incluido de forma expresa a las personas trans con capacidad de gestar. Aunque esta medida forma parte del anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, actualmente en tramitación, el Ministerio de Sanidad ha emitido una orden ministerial que la recupera de inmediato. 

La orden ministerial fue firmada el pasado viernes por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en un acto que tuvo lugar en la sede del Ministerio y en el que estuvo presente, entre otras personalidades, la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más, (FELGTBI+), Uge Sangil. También inervino telemáticamente la activista trans y exdiputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli. Según las estimaciones del ministerio, unas 8.500 mujeres y personas trans con capacidad de gestar se verán beneficiadas del acceso a estas técnicas dentro del Sistema Nacional de Salud.

La exclusión expresa de las parejas de mujeres y de las mujeres solas (fuese cual fuese su orientación sexual) del derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública fue decidida en 2013 por el entonces Gobierno del PP cuando revisó la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (es decir, la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública). Aunque la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida permite el acceso de todas las mujeres a estas técnicas, su cobertura dentro del Sistema Nacional de Salud estaba limitada a aquellas situaciones en las que existiera «un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida». Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas era lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de lesbianas o de mujeres solteras, lesbianas o heterosexuales, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo hasta entonces (especial interés al respecto tiene la polémica que rodeó en 2011 la exclusión de dos mujeres lesbianas en Asturias, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad dio luego la razón a una de las mujeres, al considerar que fue objeto de discriminación).

Con Mariano Rajoy al frente del gobierno, el Ministerio de Sanidad decidió impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aunque sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponen que las mujeres sin pareja masculina quedan excluidas de la prestación. Conviene recordar que en su momento la ministra Ana Mato llegó a afirmar que «la falta de varón no es un problema médico». La orden ministerial fue emitida el 31 de octubre de 2014. Una situación que la sustitución de Ana Mato por Alfonso Alonso, un político más amable y supuestamente gay-friendly, no cambió.

Es cierto que a lo largo de estos años se han sucedido las discusiones jurídicas sobre el alcance de la orden del PP y las comunidades autónomas han actuado de forma diversa. En 2015, de hecho, solo dos años después de la exclusión, una sentencia judicial condenaba a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por discriminar a una pareja de mujeres en su acceso a la prestación de reproducción asistida en la sanidad pública. Numerosas leyes autonómicas de protección de los derechos LGTBI se han aprobado desde entonces recuperando dicha prestación, entre ellas la de la propia Comunidad de Madrid. Pero el gesto del Gobierno de Pedro Sánchez elimina ambiguedades, extiende el derecho a todo el territorio nacional de forma indiscutible y elimina importantes ambiguedades, como la que sufrían las personas trans con capacidad de gestar (ya sean hombres o personas no binarias y al margen de cual sea su identidad legalmente reconocida).

Fuente Dosmanzanas

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“Queriendo dañar al Papa, los políticos criticadores dañan lo que ‘dicen’ que defienden”, por

Sábado, 9 de octubre de 2021

9488B2B5-B719-4FF7-8397-F7D2D9E31909De su blog Teología sin censura:

“¿Han leído Vds. algo, siquiera algo, de Fray Bartolomé de las Casas?”

“Las críticas que determinados dirigentes políticos le vienen haciendo al Papa Francisco, sobre todo a quienes más daño les están haciendo es a los propios políticos, a su credibilidad, su honestidad”

“Nadie duda que España le dio un giro decisivo, para bien, a toda América. Pero, si defendemos lo que acabo de decir, ¿nos vamos a callar la cantidad de sufrimientos, esclavitudes, latrocinios y humillaciones que todo aquello llevó consigo durante siglos?”

“¿Han leído Vds. algo, siquiera algo, de lo que Fray Bartolomé de las Casas tuvo el atrevimiento (y la libertad) de informar al Emperador Carlos V sobre las atrocidades que se cometieron… Todo esto está documentado”

“¿Es que no ven que queriendo dañar al Papa, lo que más dañan es lo que Vds. mismos dicen que defienden?”

Esta es la carta del Papa por el bicentenario de México

La derecha política y mediática arremete contra el “Papa antiespañol” por menos de lo que dijeron sus predecesores

“Tenemos un Papa tonto”

Casado se suma a Ayuso y Aznar contra el Papa: “España no tiene que pedir perdón a México”

Los obispos, “perplejos“, piden a Ayuso y a VOX que lean la carta del Papa sobre México: “Es apenas un folio”

El PSOE no entra en el “debate estéril” de las disculpas del Papa por los “pecados” de la Iglesia en la conquista.

Las críticas que, desde hace algunos días, determinados dirigentes políticos le vienen haciendo al Papa Francisco, no sólo ni principalmente dañan la imagen pública del Papa, sino que sobre todo a quienes más daño les están haciendo es a los propios políticos, a su credibilidad, su honestidad y la causa que defienden los políticos criticadores de un hombre ejemplar como es el caso del Padre Jorge Mario Bergoglio.

Nadie duda que España le dio un giro decisivo, para bien, a toda América. ¿Para qué vamos a repetir y ponderar lo que ya todos sabemos y lo sabemos de sobra? Pero, si defendemos lo que acabo de decir – y hay que defenderlo -, ¿nos vamos a callar la cantidad de sufrimientos, esclavitudes, latrocinios y humillaciones que todo aquello llevó consigo durante siglos?

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¿Han leído Vds. algo, siquiera algo, de lo que Fray Bartolomé de las Casas tuvo el atrevimiento (y la libertad) de informar al Emperador Carlos V sobre las atrocidades que se cometieron… ¿para qué? Para que los esclavos, que se llamaban “piezas de Indias” cuando eran metidos, pesados y embarcados, para que los que sobrevivían, trabajaran hasta la muerte. Todo esto está documentado. ¿No es mejor callárselo, en lugar de utilizarlo, ¿para qué? ¿para dañar al Papa?

¿No se dan cuenta que lo que dañan es el Evangelio, que el Papa Francisco hace patente cuando acoge, ante todo, a niños, a enfermos, ancianos y a la gente más desamparada? ¿Es que no ven que queriendo dañar al Papa, lo que más dañan es lo que Vds. mismos dicen que defienden?

Fuente Religión Digital

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El Parlamento Europeo vota, con la abstención del PP español, una resolución favorable a que los derechos de las parejas del mismo sexo sean respetados por igual en toda la Unión

Jueves, 16 de septiembre de 2021

Parlamento-EuropeoEl pleno del Parlamento Europeo ha aprobado, por 367 votos a favor, 161 en contra y 123 abstenciones una resolución sobre los derechos de las personas LGBTIQ que pide que las parejas del mismo sexo tengan sus derechos, incluido el de libre circulación, asegurados en todo el territorio de la Unión Europea. Por lo que se refiere a los eurodiputados españoles, los representantes del PP se han abstenido, mientas que los de Vox han votado en contra. El resto de eurodiputados españoles presentes en el pleno han votado a favor. Puedes descargar aquí el detalle de lo que han votado los eurodiputados de cada grupo.

Cabe señalar que la posición del PP es autónoma dentro del grupo popular europeo, que ha votado dividido.  De hecho, 53 eurodiputados populares de otros países han votado a favor.

Entre los considerandos que han motivado la resolución, el pleno del Parlamento Europeo reconoce que, a pesar de las directivas que reconocen el derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, existe un temor fundado a que no se reconozcan los derechos de las parejas del mismo sexo y sus familias a la luz de algunas decisiones políticas adoptadas en países como Polonia o Hungría.

En ese sentido, y «considerando que no existen normas de la Unión relativas al reconocimiento mutuo de las sentencias sobre parentalidad entre los Estados miembros ni tampoco disposiciones de la Unión destinadas a resolver los conflictos a este respecto; que algunos Estados miembros no reconocen los matrimonios homosexuales celebrados en otros Estados miembros a ningún efecto jurídico nacional salvo el del permiso de residencia; que algunos Estados miembros que autorizan los matrimonios homosexuales muestran reticencias a reconocer las parejas de hecho homosexuales registradas en otros Estados miembros; que en algunos Estados miembros puede negarse a las parejas homosexuales con hijos a ser reconocidas legalmente como padres conjuntos de sus hijos» y «que a menudo se niega a los padres transgénero el reconocimiento de su género legal en otros Estados, lo que se traduce en que las autoridades fronterizas no los reconocen como padres de sus propios hijos», el pleno del Parlamento Europeo (reproducimos textualmente):

  • Acoge con satisfacción la primera estrategia de igualdad LGBTIQ para 2020-2025, adoptada por la Comisión Europea el 12 de noviembre de 2020 (COM (2020) 0698), dos de cuyas acciones clave son una iniciativa legislativa destinada a proteger los derechos de las familias arcoíris y una actualización de las directrices de 2009 sobre la libre circulación de aquí a 2022;
  • Expresa su más profunda preocupación por la discriminación que sufren las familias arcoíris y sus hijos en la Unión y por el hecho de que se les prive de sus derechos por motivos de orientación sexual, identidad de género o características sexuales de los padres o parejas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que combatan esta discriminación y eliminen los obstáculos a los que se enfrentan a la hora de ejercer el derecho fundamental a la libre circulación dentro de la Unión;
  • Subraya la necesidad de trabajar en pro del pleno disfrute de los derechos fundamentales por parte de las personas LGBTIQ en todos los Estados miembros de la Unión, y recuerda que las instituciones de la Unión y los Estados miembros tienen por consiguiente el deber de defenderlos y protegerlos de conformidad con los Tratados y la Carta, así como con el Derecho internacional;
  • Insiste en que la Unión debe adoptar un enfoque común para el reconocimiento de los matrimonios y las uniones homosexuales; pide específicamente a los Estados miembros que introduzcan legislación pertinente para garantizar el pleno respeto del derecho a la vida privada y familiar sin discriminación y a la libre circulación de todas las familias, incluidas medidas para facilitar el reconocimiento del género legal de los progenitores transgénero;
  • Recuerda que el Derecho de la Unión prevalece sobre cualquier tipo de legislación nacional, incluso sobre disposiciones constitucionales en contrario, y que, por lo tanto, los Estados miembros no pueden invocar ninguna prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo ni la protección constitucional de la ‘moral’ o el ‘orden público’ para obstaculizar el derecho fundamental a la libre circulación de las personas dentro de la Unión vulnerando los derechos de las familias de arcoíris que se instalan en su territorio;
  • Condena con la máxima firmeza el que la propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual , de 2 de julio de 2008, no haya sido todavía aprobada; pide al Consejo que la apruebe; destaca que este bloqueo transmite una pobre imagen de las instituciones de la Unión, a saber, que cierran los ojos a los casos de grave discriminación que se registran en los Estados miembros de la Unión y que toleran que se reproduzcan;
  • Pide a la Comisión que garantice que todos los Estados miembros de la Unión respeten la continuidad jurídica de los lazos de familia de los miembros de las familias arcoíris que se desplacen a su territorio desde otro Estado miembro de la Unión como mínimo en todas las circunstancias en que así lo exige el Convenio Europeo de Derechos Humanos;
  • Pide a la Comisión que proponga legislación que obligue a todos los Estados miembros a reconocer, a efectos de sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales, a los adultos mencionados en un certificado de nacimiento expedido en otro Estado miembro como padres legales del niño, independientemente del sexo legal o del estado civil de los citados adultos, y que exija a todos los Estados miembros que reconozcan, a efectos de sus respectivos ordenamientos jurídicos, los matrimonios o las uniones registradas celebradas en otro Estado miembro en todas las situaciones en las que los cónyuges o las miembros de las uniones registradas tengan derecho a la igualdad de trato con arreglo a la jurisprudencia del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos); Hace hincapié en la importancia del reconocimiento de los certificados de nacimiento en todos los Estados miembros, independientemente del sexo de los padres, ya que esto garantizaría que los niños no se conviertan en apátridas cuando se trasladen a otro Estado miembro;
  • Apoya el compromiso de la Comisión de proponer una iniciativa legislativa con el objetivo de ampliar la lista de ‘delitos de la UE’ a los delitos de odio y la incitación al odio, también cuando estén dirigidos a personas LGBTIQ, así como la propuesta sobre el reconocimiento mutuo de la parentalidad y las posibles medidas para apoyar el reconocimiento mutuo de las uniones homosexuales en todos los Estados miembros; pide a las próximas presidencias del Consejo que incluyan estas cuestiones prioritarias en sus agendas;
  • Pide a la Comisión que adopte medidas concretas para garantizar la libre circulación de todas las familias, incluidas las arcoíris, en consonancia con la sentencia recaída en el asunto Coman y Hamilton , que afirma que el término «cónyuge» utilizado en la Directiva sobre la libre circulación también es aplicable a las parejas homosexuales; pide a la Comisión que examine si los Estados miembros cumplen la sentencia Coman y Hamilton y que adopte medidas de ejecución, en virtud del artículo 258 del TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) contra quienes la incumplen; pide a la Comisión que adopte medidas de ejecución contra Rumanía por su continuo incumplimiento de esta sentencia y la falta de vías de recurso que obligaron al demandante a recurrir al TEDH para obtener reparación;
  • Pide a la Comisión que en sus próximas directrices sobre la libre circulación incluya una aclaración para garantizar que la Directiva 2000/78/CE se interprete, a la luz de las sentencias Maruko, Römer y Hay del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) y de la sentencia Taddeucci y McCall del TEDH, en el sentido de que exige a los Estados miembros que prohíban toda discriminación contra las parejas homosexuales en el empleo, la formación profesional o cualquier otro ámbito incluido en el ámbito de aplicación material de la Directiva;
  • Pide a la Comisión que presente una propuesta de revisión del artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38/CE, en particular para suprimir la condición ‘si la legislación del Estado miembro de acogida otorga a las uniones registradas un trato equivalente a los matrimonios’, de manera que se respete el artículo 21 de la Carta;
  • Pide a la Comisión que, en sus próximas directrices sobre la libre circulación y al objeto de garantizar la correcta aplicación de la legislación en materia de libre circulación, inste a los Estados miembros a que apliquen de forma coherente la Directiva 2004/38/CE sin discriminación entre los beneficiarios de la misma, como por ejemplo entre parejas heterosexuales y homosexuales, aclarando que toda referencia a una ‘pareja’, un ‘progenitor’, un ‘padre’, un ‘hijo’, un ‘descendiente directo’ o un ‘ascendiente directo’ debe entenderse como inclusiva de las familias arcoíris, de manera que se garantice que, cuando estas ejerzan su derechos a la libre circulación en la Unión, disfruten de los mismos derechos de reagrupación familiar que las familias constituidas por parejas heterosexuales, y que la valoración de las circunstancias personales de la pareja que efectúen los Estados miembros para ‘facilitar’ la admisión en su territorio del compañero no registrado del ciudadano de la Unión no adolezca de discriminación alguna basada en la orientación sexual;
  • Pide a la Comisión que aborde la discriminación sufrida por la comunidad LGBTIQ en Polonia y Hungría con el fin de instar a los Estados miembros a aplicar y respetar correctamente la legislación de la UE en este ámbito; pide al Consejo que reanude los debates sobre los procedimientos contra Polonia y Hungría en virtud del artículo 7 del TUE, inclusive sobre los derechos de las personas LGBTIQ; recuerda su posición de 17 de septiembre de 2020 y pide a la Comisión que haga pleno uso de los instrumentos de que dispone para hacer frente al claro riesgo de grave vulneración por parte de Polonia y Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión, en particular de los procedimientos de infracción acelerados y de las demandas de medidas provisionales ante el Tribunal de Justicia, así como de los instrumentos presupuestarios; pide a la Comisión que informe con regularidad al Parlamento y lo asocie estrechamente al proceso;
  • Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros.

Fuente Dosmanzanas

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El acuerdo con Vox para reintroducir en las aulas la censura parental fue uno de los detonantes de la fracasada moción de censura en la Región de Murcia

Miércoles, 17 de marzo de 2021

s-l300Tras conocerse la presentación de una moción de censura para desplazar al PP de Gobierno de Murcia, el líder regional de los socialistas, Diego Conesa, destacaba que el mal llamado «PIN parental», al que también se oponían desde Ciudadanos, había sido una de las claves del movimiento, junto a la «falta de transparencia en la gestión» y la «corrupción del escándalo de las vacunas». Las maniobras posteriores del PP, que se ha asegurado el apoyo de tres diputados tránsfugas de Ciudadanos a cambio de incorporarlos al Gobierno regional, han dado al traste con el intento de desplazar a los populares del Gobierno regional y anular la influencia de Vox. 

La Región de Murcia se despertaba la mañana del pasado miércoles con el registro de una moción de censura del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) y Ciudadanos contra el popular Fernando López Miras, que desde las elecciones de 2018 gobernaba en coalición con el propio Ciudadanos con apoyo externo de Vox, la formación de extrema derecha. El motivo era la tensión creciente en el seno del gobierno entre populares y naranjas, motivado por el reciente escándalo de la vacunación contra la covid-19 de la cúpula de Sanidad (así como del concejal Felipe Coello, ya dimitido, en el Ayuntamiento de Murcia), las denuncias cruzadas en el consistorio de la capital entre los populares y el concejal de Ciudadanos Mario Gómez con acusaciones de espionaje y corrupción de por medio y, finalmente, el nuevo acercamiento del PP a la extrema derecha de Vox en materia educativa que, como adelantábamos en febrero, supondrá previsiblemente la reintroducción del la censura parental en las aulas a cambio de su voto favorable a los Presupuestos autonómicos de 2021. Un acuerdo entre PP y Vox que se confirmaba días después.

Pese a que todas eran cuestiones de peso para la formación naranja, el partido Ciudadanos se había opuesto a volver a implantar la medida estrella de la extrema derecha en las aulas. Un giro significativo, dado que aunque el partido naranja siempre se había sentido incómodo con la medida, en la práctica la había tolerado. Es necesario recordar, de hecho, que hasta que la justicia la suspendió cautelarmente la medida llegó a estar vigente en la región mientras la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, Isabel Franco, también ejercía como vicepresidenta única de la comunidad autónoma. Franco es, precisamente, una de las tres tránsfugas de Ciudadanos que finalmente han dado al traste con la posibilidad de cambio al frente del Gobierno de Murcia.

El que más rotundamente indicó que el retorno de la censura parental a la Región de Murcia supuso un acelerador del intento de moción de censura fue el líder de los socialistas en la Región de Murcia, Diego Conesa. El secretario general de los socialistas murcianos manifestaba la mañana del 10 de marzo en el programa de televisión Al Rojo Vivo que «el PP es un juguete roto en manos de la ultraderecha. Queriendo de nuevo reavivar los fantasmas de la censura educativa con el pin parental han acelerado este proceso y esta toma de decisiones».

En cualquier caso, el Gobierno central ya ha anunciado que volverá a recurrir la censura parental denunciando ante los tribunales a todas las comunidades autónomas que la apliquen, sean la Región de Murcia, Andalucía o Madrid, otras dos comunidades en las que Vox, desde su posición de fuerza en los parlamentos regionales, exige la aplicación de la medida (hasta ahora este recurso solo había sido necesario en Murcia). Además, según informa Fuensanta Carreres en el diario La Verdad de Murcia, la censura parental quedará sin efectividad tras la aplicación en el currículo de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE, también conocida como «Ley Celaá»). Sin embargo, en la Región de Murcia al menos modificaría la naturaleza de las charlas que históricamente venía impartiendo el colectivo No Te Prives, ya que los contenidos de educación afectivo-sexual pasarían a ser impartidos por los profesores y no por los profesionales de la asociación.

Moción de censura condenada al fracaso

Por lo que se refiere a la moción de censura contra López Miras, está queda condenada al fracaso tras la maniobra del PP asegurándose el apoyo de tres tránsfugas de Ciudadanos, a los que a cambio incorpora al Gobierno (dos son nuevos consejeros, la tercera es Isabel Franco, que sigue como vicepresidenta). Los naranjas perderán así, muy probablemente para siempre, la posibilidad de presidir por primera vez una comunidad autónoma (la candidata era la hasta pocos días consejera de Empresa, Ana Martínez Vidal). Habrá que ver qué pasa, eso sí, con los municipios que entraban también en el pacto inicial entre el PSRM y Ciudadanos, y donde los naranjas han gobernado hasta ahora con el PP habiendo sido los socialistas la opción más votada en las pasadas elecciones: Murcia, Caravaca de la Cruz, Ceutí, Fuente Álamo y Pliego, que pasarían a ser regidos por los socialistas.

 Fuente Dosmanzanas

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El «autobús del odio» de HazteOír vuelve a circular por las calles de Madrid

Miércoles, 10 de marzo de 2021

La organización ultraderechista Hazte Oír vuelve a la carga con su autobús del odio. Al igual que en ocasiones anteriores, los ultras han centrado su crítica en el colectivo LGTBI y el feminismo. Se ha visto su autobús transfóbico en las calles de Madrid con sus habituales consignas.

 

Cabe destacar que el mensaje “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirá siéndolo”, podrían ser constitutivo de los delitos tipificados en el artículo 510.1 a) y 510.2.A) del Código Penal. Se trata de los delitos que penan a “quienes provocaren al odio” y a aquellos que lo hicieran “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”.

La organización ultraconservadora HazteOír ha vuelto a fletar su ya conocido autobús del odio, que de nuevo ha circulado por las calles de Madrid con los habituales lemas contra los menores trans y sus familias, ahora HazteOír ha incorporado un ataque a la Ley Trans contemplada en el acuerdo de gobierno firmado en su momento entre los socialistas y Unidas Podemos.

Al tristememente conocido «los niños tiene pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen», el autobús de HazteOír suma el lema #StopLeyTrans, ya popularizado por el activismo transexcluyente.

Fuente Agencias

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El Gobierno de la Región de Murcia anuncia que trabaja en la recuperación de la censura parental

Jueves, 25 de febrero de 2021

escuela-gay-300x225«El Consejero de Presidencia y Hacienda ha ratificado por escrito a Vox la voluntad y el compromiso «indudable» del Ejecutivo murciano de aplicar la censura parental, medida estrella de la formación de extrema derecha, y le ha transmitido que ya se trabaja en la modificación de los decretos que impiden su aplicación.

El Gobierno de la Región de Murcia vuelve a hacer un guiño a Vox (la fuerza más votada en las últimas elecciones generales en la región) poniendo en el punto de mira a la educación en valores y al colectivo LGTBI+. Mediante un documento escrito, el consejero de Presidencia y Hacienda ha asegurado a la formación de extrema derecha  que ya se trabaja en regular la autorización de los padres para charlas en centros educativos. Este documento es un informe del grado de cumplimiento del acuerdo alcanzado por PP, Ciudadanos y Vox para aprobar los Presupuestos de 2020 de la Comunidad Autónoma. Ahora, con la negociación para la aprobación de los Presupuestos de 2021 en marcha, el Gobierno regional parece apretar el acelerador para contar con los votos de la extrema derecha, a la cual necesita si el resto de la oposición se opone a las cuentas.

Según el diario La Verdad, el documento confirma que está en marcha la modificación de los tres decretos que establecen el currículo de Primaria, Secundaria y Bachillerato. El eufemismo que utilizan desde el Gobierno de San Esteban para aplicar la censura parental es «aumentar la colaboración y participación de las familias en la toma de decisiones relativas a los procesos educativos de sus hijos». El texto añade que se busca «adoptar las medidas adecuadas para garantizar que la enseñanza de los contenidos curriculares deba estar presidida por la objetividad, la neutralidad, el respeto, el pluralismo y el uso de criterios científicos», términos ambiguos y que, según la interpretación del texto, podrían validar o denegar una misma actividad en el aula.

Según indica también el texto, la Consejería de Educación no ha recibido durante el curso pasado ninguna reclamación de alumnos, padres o docentes, en cuanto a la idoneidad o no de actividades complementarias. Este periodo realmente solo correspondería a los meses de septiembre de 2019 a marzo de 2020, periodo en el que hubo actividad presencial en las aulas.

Hay que recordar, en este sentido, que la pandemia por coronavirus azotó a España justo después de que el Ministerio de Educación llevara a los tribunales al Ejecutivo autonómico al implantar la censura parental, una medida que permite a los padres homófobos impedir que sus hijos acudan a charlas sobre diversidad afectivo-sexual, principalmente impartidas por profesionales del colectivo LGTBI de la Región de Murcia, No Te Prives. Una medida que se aplaudió desde los sectores más reaccionarios y contrarios al avance de los derechos de las personas LGTBI+. A continuación, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspendió de forma cautelar su implantación. Una vez finalizado el curso escolar 2019-2020, el alto tribunal murciano archivó el recurso contra la censura parental al haber expirado el ámbito temporal de aplicación de la medida. Sin embargo, con la vuelta a una relativa normalidad en las aulas y la aparente sensación de que la presencialidad va a continuar durante el vigente curso 2020-2021, resucitan las exigencias de la extrema derecha para implantar la que desde el inicio de la legislatura regional ha sido su medida estrella. La censura parental, recordemos, fue una de las pocas condiciones que acordó la extrema derecha con el Partido Popular y Ciudadanos para apoyar los Presupuestos de la comunidad (de hecho es la primera medida que se enumera en el documento rubricado por las tres formaciones).

De confirmarse la noticia, es de prever que el Gobierno de España active de nuevo la vía judicial contra la medida. También es esperable que, pase lo que pase, el discurso de la extrema derecha, de nuevo protagonista de la agenda política y mediática, continúe intentando socavar la profesionalidad del personal que imparte estas charlas, creando de nuevo un conflicto que no existía y legitimando el discurso de odio contra el alumnado, colectivos y la población LGTB+ en general.

Fuente Dosmanzanas

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PP y Ciudadanos aprueban el “pin parental” de Vox en Andalucía

Lunes, 15 de febrero de 2021

Pin-Parental-Pacto-Andalucía-enero-2019

 La consejería de Educación está dirigida por Javier Imbroda, de Ciudadanos

El pin parental evitará que se enseñe derechos humanos, como los de las personas #LGTBI, en las aulas andaluzas

El consejero andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y el portavoz de Vox en el Parlamento autonómico, Alejandro Hernández, han firmado este miércoles un acuerdo para impulsar los “cambios normativos” para que los padres puedan decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias en los colegios, el llamado “pin parental”.

Este acuerdo, al que ha tenido acceso Efe, se ha firmado el mismo día en el que el pleno del Parlamento ha convalidado, con el apoyo de Vox al PP y Ciudadanos, coaligados en el Gobierno andaluz, el decreto-ley que modifica el proceso de escolarización y adapta la admisión del alumnado a la reforma educativa del Gobierno, que se aplicará en el próximo curso 2021-2022.

El objetivo de este acuerdo, es “salvaguardar la libertad y la participación de los padres en la actividad educativa y sin menoscabo de las potestades del personal docente”.

La Consejería, liderada por Imbroda, que pertenece a Ciudadanos, se compromete a impulsar, antes de que finalice el periodo de sesiones que ha comenzado hoy, “los cambios normativos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo”.

Et8RCvdXYAUru-vAboga por establecer “un sistema transparente de información a los padre a través del cual se impulse la implicación de las familias en la educación de los hijos y el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias, siempre con absoluto respeto a los preceptos consagrados en la Constitución Española”.

Fuentes de la Consejería de Educación han manifestado que es un “acuerdo para, como ya dijo el consejero en su momento, trabajar en mejorar la transparencia y facilitar el acceso a la información previa del proyecto del centro educativo a las familias”. “Es decir, implementar mecanismos para que los padres conozcan el plan de centro y las actividades que se llevarán a cabo. Se trata exclusivamente de mejorar la información y la transparencia, no de implementar una autorización expresa”, han dicho.

Fuente Agencias

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Cantabria aprueba su ley de derechos LGTBI con el único voto en contra de Vox

Miércoles, 4 de noviembre de 2020

imag2.phpLa norma, que ha salido adelante con 53 enmiendas planteadas, ha sido calificada por distintos grupos parlamentarios como un “primer paso” hacia la igualdad y la lucha contra la discriminación del colectivo LGTBI.

Buenas noticias que nos llegan desde Cantabria, donde El Pleno del Parlamento regional ha aprobado este lunes la Ley de Cantabria de Garantía de Derechos de Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) con el apoyo de todos los grupos de la Cámara excepto Vox, que ha votado en contra porque, a su juicio, la ve “innecesaria”, considera que “atenta contra derechos fundamentales” y se “introduce” en el ámbito privado de las personas.

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes la ley LGTBI autonómica con el voto a favor de PRC, PP, PSOE y Ciudadanos, que han destacado el consenso alcanzado para dar “este primer paso” hacia la igualdad y la lucha contra la discriminación de esos colectivos, y el único rechazo de Vox, que la ha tachado de “ideológica” y que considera que solo busca generar “discordia“.

Esta ley, ha atravesado numerosas vicisitudes y costado varios años aprobar. En 2017 se presentó el primer anteproyecto, se ha aprobado dos veces en Consejo de Gobierno y, finalmente,  se ha aprobado tras dos trámites parlamentarios.

Por parte del Gobierno, su portavoz, el vicepresidente y consejero de Igualdad, Pablo Zuloaga (PSOE), ha presentado esta ley como una “conquista social” que, según ha asegurado durante su exposición en el Pleno, recoge “muchas” de las reivindicaciones del colectivo LGTBI y que supone un “paso adelante” en la “mejora de la convivencia en Cantabria”. Zuloaga ha reivindicado la necesidad de esta ley, que ha enmarcado en el compromiso del Ejecutivo regional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y que representa un “paso adelante” en la mejora del modelo de convivencia en Cantabria, que acerca a la región a una sociedad más justa.se ha felicitado de la “amplia mayoría” con la que se aprueba esta norma y ha opinado que se trata de un día “de orgullo y para el orgullo”.

“Hoy es un día de orgullo. De orgullo por que debemos al colectivo LGTBI un reconocimiento y protección a su participación plena en la ciudadanía”, ha subrayado Zuloaga, quien ha recordado que fue el PSOE el que impulsó esta ley, que no pudo salir adelante en la pasada legislatura, y que ha agradecido a los colectivos implicados y a los grupos parlamentarios su trabajo intenso para lograr un acuerdo.

Tanto el Gobierno como los cuatro grupos parlamentarios que han dicho ‘sí’ a esta norma consideran que se trata de una “buena ley”, que contribuye a una Cantabria “mejor”, “más libre, segura, diversa y rica”. También, a diferencia de Vox, consideran que es “necesaria”, incluso “más que nunca”, como han defendido alguno de ellos, porque “en la calle hay mucha LGTBIfobia”.

En la misma línea, los diputados Emilia Aguirre (PRC), César Pascual (PP), Noelia Cobo (PSOE) y Diego Marañón (Cs) ha incidido en la necesidad de una ley que, han subrayado, es una ley “para todos” los cántabros ya que no solo busca garantizar la “igualdad legal” del colectivo LGTBI sino generar una “transformación de los marcos culturales” que es lo que, según han señalado varios de los grupos, llevará a una igualdad real, pero que, según han precisado, “no representa el final, sino el principio”, por lo que han reclamado la implicación de las instituciones y de toda la sociedad cántabra en la lucha contra la discriminación de los colectivos LGTBI. Han coincidido en que la norma “no es la solución a todos los problemas” ni una “meta” sino solo un “paso adelante” para “mejorar la convivencia” y la “cohesión social” en la comunidad y han advertido que ahora se abre una “nueva etapa” con retos para garantizar la aplicación de esta norma y sacar adelante las políticas que la materialicen.

Todos los grupos que han votado a favor se han felicitado del “amplio consenso” que se ha alcanzado con esta ley y han resaltado el trabajo realizado durante la tramitación parlamentaria por cuatro partidos con “formas de pensar diferente” (PRC, PP, PSOE y Cs) en pos de un “objetivo común”, que era lograr esta “buena ley”. Para ello, se han introducido en la ley 53 enmiendas que han llegado ya aprobadas por PP, PRC, PSOE y Cs a este debate final.

De esta felicitación los grupos solo han excluido a Vox, al que algunos de ellos, como Cs, han reprochado su falta de trabajo y de “tolerancia”. “Mientras el resto de los grupos hacían su trabajo, Vox no hacía absolutamente nada”, le ha afeado el diputado de Cs Diego Marañón al grupo mixto-Vox.

El único voto en contra ha llegado de Vox, cuyo diputado Armando Blanco ha argumentado esta decisión en que se trata de una ley “innecesaria”, que tiene, a su juicio, como “único objetivo” el de “crear víctimas” para eliminar derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española como el de que los padres puedan educar a sus hijos conforme a sus valores.

Y es que, en opinión de Vox, cuando el resto de partidos “señalan con el dedo” a las personas gays, lesbianas, heterosexuales o transexuales “buscan fomentar la división de los españoles”; “generar desigualdad y discordia social”; “atentar contra la libertad de las familias” y contra “la libertad de educación”; “alimentar la falsa ideología de genero”, y “atentar contra la libertad de pensamiento”.

Este argumento ha tenido la respuesta del resto de grupos, que le han replicado que el objetivo de esta ley es la igualdad y los derechos de los colectivos afectados y que le han reprochado a este partido que se ha quedado solo “dando la espalda” a los cántabros. La diputada regionalista Emi Aguirre ha defendido que “las víctimas existen” -nos la crea la ley- y hay que “defenderlas”. Por su parte, el PSOE ha acusado a Vox de tener unos “discursos medievales”.

La aprobación de esta ley llega más de tres años después de que el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) aprobara en 2017 su anteproyecto. De hecho, tras este anteproyecto hubo que esperar hasta octubre de 2018 para que se aprobara en el seno del Consejo de Gobierno -el mismo bipartito PRC-PSOE- como proyecto de ley para iniciar su tramitación parlamentaria.

Acabó la legislatura sin aprobar dicha ley, poe las trabas que Cs y PRC impusieron, tras lo que el texto volvió al Gobierno, que en noviembre de 2019 lo volvió a aprobar por segunda vez como proyecto de ley. De esta forma, se volvió a iniciar de nuevo la tramitación parlamentaria -la segunda- que, esta vez sí, ha acabado casi otro año después con la aprobación de la ley.

La ley de Cantabria de garantía de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, transgénero, bisexuales e intersexuales y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género está compuesta por un título, un preámbulo, 58 artículos, una disposición adicional, otra derogatoria, tres disposiciones finales y una exposición de motivos, y pretende garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de las personas LGTBI y promover el desarrollo de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género o cualquier otra forma de expresión o vivencia de la sexualidad en Cantabria.

El texto recoge medidas para amparar a todas las personas víctimas de discriminaciones y agresiones por identidad u orientación sexual en cualquier ámbito, incluyendo para ello un catálogo de sanciones e infracciones.

También, a través de esta ley, se crea el Consejo Cántabro LGTBI como órgano consultivo y “plural” que buscará “dar voz” a todo el colectivo y “no solo a una asociación”

La norma ha salido adelante con 53 enmiendas planteadas por los distintos grupos parlamentarios al texto inicial aprobado por el Gobierno de Cantabria y que llegó al Parlamento regional.

Izquierda Unida, formación que no tiene representación en el Parlamento cántabro, ha manifestado su apoyo a la ley «como punto de partida para ampliar derechos», en la línea en que se viene manifestando Alega, la asociación que lucha en Cantabria por los derechos de estas personas. En una nota de prensa, el partido ha reivindicado el trabajo de años del colectivo para arrancar una norma «de mínimos» para igualar a todas las personas.

La coordinadora autonómica Leticia Martínez ha mostrado su satisfacción por el logro alcanzado «por fin» en Cantabria, «tras los bloqueos» a la norma en la legislatura pasada «por parte de todos los partidos del Parlamento». «A partir de hoy, Cantabria garantizará más derechos dotando a una parte de la población, históricamente estigmatizada, maltratada y con consecuencias peores, de los mismos derechos que cualquier otra persona», ha mantenido.

UGT, por su parte, ha felicitado a la Asociación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Alega) por «su constante esfuerzo por ver en Cantabria por fin una Ley LGTBI propia, tras cuatro años de trabajo y reuniones en dos legislaturas políticas».

El sindicato subraya que apoya la nueva Ley LGTBI cántabra «aunque sea una normativa legal de mínimos y confirme que aún queda mucho camino por recorrer porque todo queda en medidas futuribles pero sin compromisos cerrados». A sus ojos, esta ley «es mejor que nada» ya que «al menos garantiza unos derechos ante futuras políticas que no lleven por bandera el respeto a los derechos de los demás, aunque parece que surge más por cubrir el expediente que por una preocupación real en el colectivo LGTBI».

De todos modos, el sindicato celebra que, «de una vez por todas, se prohíban las terapias de aversión y advierte que el colectivo trans sigue siendo el más vulnerable por la patologización al que se le somete».

Fuente Agencias

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El PP vota junto a Vox en el Ayuntamiento de Madrid en contra de ayudar a familias LGTBI y formar a profesores en la diversidad

Jueves, 30 de julio de 2020

186707_D9Gz5cnW4AAdd9OEl alcalde Almeida y el portavoz voxasuno Ortega Smith, firmando el acuerdo de gobierno

El Partido Popular, nada sospechoso de ir contra el colectivo LGTB+  se alía con Vox, nada sospechoso de fomentar la LGTBfobia y vota contra varias propuestas de apoyo a personas y familias LGTBI en el Ayuntamiento de Madrid. El PP sigue siendo un partido más LGTBfóbico que menos.

El pasado miércoles en el Ayuntamiento de Madrid se presentó, de la mano de la concejala socialista Maite Pacheco, una propuesta que incluía 11 medidas para ayudar a personas y familias LGTBI. Entre esas medidas había programas específicos de atención a familias LGTBI, la formación del profesorado en materia de diversidad, implantar el Plan de Convivencia Escolar para personas LGTBI, protocolos de asesoramiento al alumnado, instar a las instituciones a romper estereotipos con mujeres LGTBI o incluso el compromiso de impulsar la Ley Estatal LGTBI.  5 medidas de las 11 que presentó Pacheco. Y son justamente las 5 contra las que votó el Partido Popular. Los de la ultraderecha, por su parte, votaron en contra de todas.

Sin embargo, todas las medidas fueron aprobadas porque el PSOE, Más Madrid y Ciudadanos votaron a favor.

Pacheco defendió el paquete de medidas asegurando que aunque la ciudad de Madrid es un “referente en derechos LGTBI“, aún existe la necesidad de “seguir luchando por los derechos de este colectivo“, que “no tienen los mismos derechos” que las personas heterosexuales. “Hay personas que no pueden ser ellas mismas en el colegio, en el trabajo… hay niños perdidos en un mar de dudas o sufren bullying que les lleva al suicidio“.

VOX votó en contra… no por casualidad son los que fomentan el Bullying LGTBfóbico paseando autobuses

“A los que somos heterosexuales nos dejan besar en la calle, bailar agarrados sin tener miedo de expresarnos y es lo que queremos para todas y todos”, añadió Pacheco, “pero desde que este gobierno está en Madrid todos los símbolos han ido cayendo poco a poco“. Como, por ejemplo, la placa homenaje a La Veneno. Que se “cayó” poco después de inaugurarla y nadie la ha vuelto a poner en su sitio todavía.

Desde Ciudadanos habló Pepe Aniorte, que es delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, que recordó que a día de hoy aún hay 69 países en los que es ilegal ser homosexual y 14 en los que se nos condena a muerte. “Entre otros Irán y Arabia Saudí“. No sabemos si con esos comentarios Aniorte apuntaba a VOX (financiados por ex-terroristas iraníes, comprobado) o a la Casa Real (muy amiga de los saudíes).

Desde Más Madrid su portavoz, Rita Maestre, no se olvidó de que PP y Cs “gobiernan gracias y con los votos retrógados y homófobos de esas personas que se sientan ahí“, señalando a VOX.   Y añadió que si hoy día hablamos de Orgullo es “porque, durante décadas, personas, colectivos y asociaciones, primero en la clandestinidad, han trabajado para avanzar en derechos civiles. Esa lucha nos ha traído aquí hoy, para que las personas LGTBI tengan derechos. Es la lucha de las situaciones cotidianas que se siguen viviendo hoy.

También lamentó que “la mitad de adolescentes trans han intentado suicidarse” y recordó la enorme dificultad que le supone a este colectivo encontrar trabajo y que en Madrid aún hay personas que “defienden terapias de conversión“.

Desde el PP… lo de siempre: su concejal José Fernández afirmó que ya está la izquierda “manipulando causas” y “llevándolas a su terreno”, porque “solo se puede ser como ustedes quieren que sean“.Y afirmar esto es LGTBfobia porque es mentira y blanquea la LGTBfobia al convertir los derechos humanos del colectivo en algo que se puede debatir o “manipular”.

Y no es así.   No es que la izquierda se apropie de la causa LGTBI, es que la derecha conservadora (y neofascista) nunca nos ha apoyado y, si lo hace es porque algo buscan*.

Fuente la SuperQueer

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Carina Mejías, que en su época en el PP defendió con orgullo las políticas homófobas de los populares, abandona ahora Ciudadanos

Martes, 12 de mayo de 2020

carinamejias05-7217Carina Mejías, una de las personalidades más destacadas de Ciudadanos en Cataluña, ha abandonado la formación naranja tras su reciente giro a posiciones más moderadas de la mano de su nueva líder, Inés Arrimadas. Ciudadanos «pierde» de esta forma a una política que en su momento destacó por su defensa de las políticas homófobas del PP, y cuyo fichaje criticamos en su momento. Justo es que ahora destaquemos su marcha.

Como en su momento destacamos, antes de integrarse en Ciudadanos y ser candidata de este partido a la alcaldía de Barcelona, Carina Mejías fue portavoz del grupo popular en el Parlamento catalán. Lo fue en una época en la que los populares se oponían con fuerza a la equiparación de los derechos de las personas LGTBI, muy singularmente en Cataluña, una posición con la que Mejías parecía encontrarse especialmente cómoda. En una carta dirigida en 2007 a Josep Miró i Ardèvol, presidente de la organización ultraconservadora E-Cristians, Carina Mejías presumía de las acciones que el PP había llevado a cabo contra la decisión de la Generalitat de Catalunya (entonces gobernada por una coalición de fuerzas de izquierda presidida por el socialista José Montilla) de convertirse en miembro asociado de la ILGA o como protesta contra un festival de cine LGTBI que según Mejías «utilizaba» en su publicidad la fotografía de un menor.

El motivo de la carta de Mejías no era otro que el de defender al PP de la época como el partido que más frontalmente se oponía a los derechos LGTBI, después de que el presidente de E-Cristians mostrase su preferencia por Unió Democràtica de Catalunya. Mejías le recordaba a Miró i Ardèvol que el entonces presidente de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, tenía «inclinación a pactar con el PSOE, el partido impulsor de leyes que legalizan el matrimonio homosexual, regulan el matrimonio express, reduciéndolo a un simple papeleo, o no tienen pudor a dar su apoyo incondicional a la LOE, la Ley de Educación que incluye la asignatura de ‘educación para la ciudadanía`’, legitimando así el adoctrinamiento moral de nuestros hijos»«El Partido Popular defendió el voto en contra de todas las iniciativas legislativas enunciadas por ser contrarias a sus principios ideológicos, inspirados en el humanismo cristiano, y a sus convicciones morales, y fue capaz de soportar con entereza durísimas descalificaciones por ello. Por eso nadie, podrá jamás cuestionar nuestra firmeza y nuestro compromiso», añadía Mejías.

Años después, tras su incorporación a Ciudadanos, Carina Mejías era preguntada de nuevo sobre la materia en Osoigo.com. «Siempre he sido partidaria del reconocimiento de los efectos jurídicos de las uniones entre personas del mismo sexo. Además, tras la contundente sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la norma de 2005 se reconoció como plenamente legal y constitucional una realidad social», respondía entonces Mejías. Muy parecida respuesta daba al diario El País. «Hay una ley en vigor y estamos a favor de que se reconozcan los efectos de las uniones de las personas con el mismo sexo», repetía. Pese a su conversión al más puro estilo Pablo de Tarso, resulta curioso con Mejías evitaba todavía el uso de la palabra «matrimonio» en su respuesta e insistía en el concepto «uniones».

Carina Mejías fue concejala del Ayuntamiento de Barcelona y posteriormente diputada de Ciudadanos en el Parlamento catalán y finalmente en el Congreso de los Diputados (dejó de serlo el pasado diciembre). Hace pocos días anunciaba su abandono de la formación naranja después del giro hacia posiciones más moderadas protagonizado por su nueva líder, Inés Arrimadas. Un giro materializado en el acuerdo con Pedro Sánchez, por el cual Ciudadanos apoyó la última prórroga del estado de alarma por el coronavirus solicitada por el Gobierno a cambio de la aceptación de algunas de sus propuestas. «He solicitado mi baja como militante de Ciudadanos. La decisión tomada ayer, me resulta imposible de compartir, después de estos meses tan difíciles y de una gestión de consecuencias tan devastadoras para todos los españoles y he decidido no mantener mi militancia en el partido», se justificaba Mejías en Twitter.

Una marcha de la que, por qué no decirlo, nos congratulamos. No nos consta que Carina Mejías se ha significado en materia LGTBI durante su vida política dentro de la formación naranja como sí lo hizo cuando militaba en el PP, pero siempre nos parecerá una buena noticia la desaparición de la primera línea política de personas que han defendido en el pasado políticas contrarias a nuestros derechos sin pedir perdón por ello. No está de más recordar, por mencionar uno de los ejemplos que recogía la carta de Mejías al presidente de E-Cristians, la furibunda campaña de los sectores más conservadores de la sociedad catalana del momento contra la decisión de la Generalitat presidida por José Montilla de ingresar en ILGA, a la que el PP no dudó en sumarse en sede parlamentaria cuando Mejías era su portavoz.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspende cautelarmente la aplicación del veto parental

Lunes, 16 de marzo de 2020

Vox-renunciara-cualquier-facilitar-Murcia_EDIIMA20190711_0862_4Los dos partidos del Gobierno (Ciudadanos y PP)  acercando posturas con Vox  EFE

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha acordado suspender, de manera cautelar y mientras dura la tramitación del recurso interpuesto por el Ministerio de Educación, la ejecución del mal llamado «PIN parental» por parte del Gobierno murciano. Una medida que desde hace años vienen reclamando organizaciones ultraconservadoras como HazteOír, que el Gobierno de Murcia ha hecho suya y que autoriza a los padres a prohibir que sus hijos acudan a charlas educativas sobre diversidad y contra la LGTBIfobia.

Mucho se ha escrito sobre el «PIN» o veto parental, una medida que, ya antes de que la polémica saltara a primer plano de la actualidad nacional, el Gobierno murciano había implementado el pasado mes de agosto a través de una instrucción de la Consejería de Educación, que ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que fuesen a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria debían ser comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos tenían que dar su autorización expresa. Semanas más tarde, en el marco de las negociaciones presupuestarias entre PP, Ciudadanos y Vox, las tres formaciones que dan sostén al Gobierno de Murcia (aunque la formación de extrema derecha no forma parte del mismo), acordaron darle mayor rango normativo.

Fue entonces cuando el debate se hizo extensivo al nivel nacional, a pesar de que como hemos dicho la medida ya se encontraba en vigor desde el inicio del curso, y el Gobierno de España tomó cartas en el asunto. El Ministerio de Educación, a cuyo frente se encuentra Isabel Celáa, dio en enero un plazo de un mes a la Consejería de Educación de Murcia a que retirara las instrucciones a los centros. El Gobierno murciano hizo caso omiso y en febrero presentó un recurso por la vía contencioso-administrativa. El Gobierno español considera que la normativa educativa prescribe que son los docentes, en el marco de la autonomía pedagógica de los centros educativos, quienes tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido en los currículos correspondientes. Por otra parte, considera que el veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a  este tipo de actividades supondría una «objeción de conciencia encubierta» que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española. El Ministerio entiende además que el veto parental colisiona con el derecho constitucional fundamental a la educación, además de contravenir diversos tratados internacionales ratificados por España, la legislación sobre la violencia de género y la normativa específica en materia LGTBI.

De hecho, se da la circunstancia de que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de dicha norma.

Las instrucciones del Gobierno murciano, suspendidas cautelarmente

Ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha decidido suspender cautelarmente las instrucciones de la Consejería murciana de Educación hasta decidir sobre el recurso del Ministerio de Educación. El tribunal, conviene aclarar, no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión: la suspensión tiene lugar ya que «puesto que las instrucciones impugnadas despliegan sus efectos durante el presente curso escolar, y este concluye a finales de junio (…) una eventual sentencia estimatoria podría quedar carente de virtualidad».

A ello se une que el alto tribunal murciano no considera que la suspensión suponga un riesgo para el derecho de los padres a intervenir en la educación de sus hijos ya reconocido por las leyes, estimando que ya «existen mecanismos suficientes, en principio, para que los padres expresen su no conformidad y que sean valoradas las concretas razones de la misma, lo que es algo distinto de la autorización para cada actividad».

El auto de suspensión cautelar no es firme y contra el mismo se puede interponer recursos de reposición. Estaremos atento a cómo evolucionan los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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La Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso critica la ley LGTB

Miércoles, 12 de febrero de 2020

diaz_ayusoAyuso afirma que la «progresía tirana» y Ciudadanos no dejarían derogar artículos de las leyes LGTB

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, reconoció este lunes su incomodidad como política “liberal” con determinados puntos de la ley en defensa del colectivo LGTBI que impulsó el Gobierno de Cristina Cifuentes, también del PP, como la inversión de la carga de la prueba cuando se denuncie discriminación, de modo que sea el denunciado quien deba demostrar que la acusación es falsa.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, descarta derogar artículos de las leyes de LGTB porque la “progresía tirana” y Ciudadanos no lo permitirían y, por tanto, no hay mayoría suficiente para poder hacerlo. “Olvídate”, respondió Díaz Ayuso durante una entrevista en Es Radio, cuando el entrevistador, Federico Jiménez Losantos, le preguntó si cambiaría la ley. “Es difícil que se cambie”, admitió la presidenta sobre una de las exigencias iniciales de Vox para apoyar su investidura, a la que finalmente renunció el partido de extrema derecha. “No tenemos mayoría”, recordó Díaz Ayuso, que depende de los votos de Cs y Vox.

La dirigente regional ha declarado que esas normativas, aprobadas bajo el mandato de la ex presidenta Cristina Cifuentes, tenían “una filosofía de partida que no era negativa” pero por el camino “se fueron imponiendo los colectivos que siempre politizan absolutamente todo”. “Cuando estos colectivos se hicieron tan fuertes en estas leyes lo que consiguieron es hacer un flaco favor porque ahora muchas familias a su vez lo sienten como una agresión, y eso es lógico”.

Díaz Ayuso cree que la “progresía tirana” ha ganado la batalla del relato sobre las leyes LGTB, aunque entiende que haya familias que se puedan preocupar por cómo “se han cocinado” dichas normativas y que las sientan como “una agresión”.

“Está todo tan politizado, está todo tan en los extremos, Cs no lo querría nunca”, añadió sobre su socio de Gobierno. Y remató: “Si yo hablo de modificar puntos, porque no es muy liberal lo de la inversión de la carga de la prueba, ya te llevan al extremo de que eres un homófobo. Y pasa con el aborto, y pasa con la eutanasia…, son señuelos que nos van poniendo. La izquierda cada vez se va convirtiendo más en tirana en España”.

No obstante, Ayuso ha asegurado que para que estas asociaciones den estas charlas en los colegios de la Comunidad de Madrid tienen que solicitarlo, que aceptarlo el colegio y también cada padre. Además, cada vez que los alumnos están en ellas también hay un profesor presente. La presidenta madrileña ha admitido que “depende” de la charla en cuestión para que le gusten personalmente y que se lo pensaría antes de llevar a sus hijos a las mismas. En su opinión, lo importante es poder elegir. “Ya se han dado casos de colegios que no han permitido a las asociaciones entrar a dar estas charlas y que tuvieron toda la campaña de la izquierda mediática en contra. La Comunidad se puso de parte de estos colegios y no entraron las asociaciones. Eso es real. Por eso no hay quejas“, ha concluido.

Ignacio Aguado, de Cs, su socio gubernamental, ofreció una visión muy diferente, recordando, además, que es portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y que por lo tanto hablaba como tal. “En el acuerdo de Gobierno no hay ningún punto que hable de derogar leyes, y menos la LGTBI, que salió por unanimidad”, contrapuso el vicepresidente regional.

“El PP votó a favor, y por tanto no entiendo que ahora se quieran dar pasos atrás”, añadió sobre una votación de la que se ausentaron diputados populares. ( David Pérez, destacado por su animosidad contra el colectivo LGTB en su labor como alcalde de Alcorcón. Fue uno de los dos diputados que se ausentaron de la votación de la ley contra la LGTBfobia de Madrid, que fue respaldada por la unanimidad de todos los presentes). Y finalizó: “Desde luego, no está en la agenda política de este Gobierno. Y en el ámbito de partido, no votaremos a favor de ninguna modificación o recorte que suponga dar pasos atrás en materia de derechos civiles o libertades individuales”.

Fuente Agencias

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PP y Ciudadanos retiran los ‘bancos arcoíris’ de Oviedo instalados por el anterior Gobierno municipal

Lunes, 27 de enero de 2020

3E21B877-66A9-4C18-B8CC-D3B37FD6774BComo ya habíamos anunciado hace unos días, el Ayuntamiento de Oviedo, gobernado actualmente por PP y Ciudadanos, ha comenzado a retirar los bancos con los colores del arcoíris —pintados así por el anterior gobierno municipal como gesto simbólico hacia la comunidad LGTBI— que lucían de esa forma en la Plaza de la Escandalera desde 2017. Alfredo Canteli, actual alcalde de Oviedo, aseguraba hace unos días que la medida obedece a una actuación para reformar parcialmente el emplazamiento y eliminar ciertas barreras arquitectónicas, y afirma sin titubeos que su equipo está retirando los citados bancos con la intención de «repararlos, pintarlos y ponerlos decentes».

El Ayuntamiento de Oviedo estuvo gobernado hasta hace unos meses por una coalición entre PSOE, Somos Oviedo e Izquierda Unida. En junio de 2017, con motivo de la celebración del Orgullo, el Consistorio decidió pintar con los colores del arcoíris cinco bancos situados en la Plaza de la Escandalera. El gesto, que según el equipo de gobierno tuvo una «buenísima acogida tanto por la ciudadanía de Oviedo como por los turistas», no fue bien recibido por algunos. De hecho, tan solo unos días después de que los pintasen de esa manera, varios vándalos encapuchados los pintaron de rojigualda (los colores de la bandera de España) utilizando pintura en espray.

El mismo gobierno municipal progresista llegó a dar orden de no señalizar las bodas que se llevasen a cabo en el Consistorio según el sexo de sus contrayentes. La medida, que ha sido impulsada por la vicealcaldesa y actual alcaldesa en funciones, Ana Taboada (Somos Oviedo) persigue poner fin a la práctica, que según el nuevo equipo de gobierno se realizaba hasta entonces, de «avisar» con antelación a los concejales de cuándo una boda era entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, parece que no corren buenos tiempos para las personas LGTBI de la capital de Asturias. El nuevo equipo del Ayuntamiento de Oviedo, gobernado actualmente por el Partido Popular y Cuidadanos, inició el pasado lunes la retirada de los bancos que lucían los colores de la diversidad, supuestamente dentro de una actuación para reformar parcialmente el emplazamiento y eliminar ciertas barreras arquitectónicas. Según el Consistorio, el plan «incluirá la sustitución de los bancos por otros ergonómicos, con más altura y apoyabrazos, acordes al modelo de mobiliario urbano que se instala en la actualidad».

Alfredo Canteli, actual alcalde de Oviedo, ha supervisado personalmente las obras y ha aprovechado la visita para comentar que los bancos que ahora serán reemplazados serán pintados de otro color e instalados en otros puntos de la ciudad. «Alguien los puso, yo no rechisté, y alguien los quita y espero que se respeten las decisiones del gobierno actual […]. [Vamos a] Repararlos, pintarlos y ponerlos decentes», señaló hace unos días.

La retirada de los bancos ha generado el rechazo de los dos partidos de la oposición municipal, PSOE y Somos Oviedo, que hace poco celebraron en la Plaza de la Escandalera varias concentraciones en defensa de la permanencia del mobiliario como signo de apoyo al colectivo LGTBI. «Es una medida ideológica», señalan a dosmanzanas fuentes de Somos Oviedo. «Primero trataron de taparlo diciendo que se haría una reforma para hacer más accesible la plaza, después que los bancos están obsoletos y se cambiarían por otros más ergonómicos, y esta semana ya lo admiten abiertamente. El alcalde ha dicho ‘ellos los ponen, nosotros los quitamos’».

Por desgracia, cada vez resultan más frecuentes (y también menos sorprendentes) este tipo de gestos por parte de PP y, sobre todo, Ciudadanos. Pese a sus titubeantes inicios en la materia, la formación naranja supo evolucionar y en varias comunidades autónomas ha trabajado en favor del avance de los derechos LGTBI, en la que hay personas LGTBI visibles y seguro que comprometidas con sus derechos. Pero hay evidencias que resulta injusto negar. No se puede querer acudir al Orgullo un día y, al siguiente, llegar a un acuerdo en Murcia con PP y Vox para normalizar lo que el partido de extrema derecha denomina «PIN parental», es decir, la obligatoriedad de que los alumnos cuenten con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir a charlas contra la LGTBIfobia.

Fuente Dosmanzas

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Del bloqueo de leyes LGTB al pin parental: Las medidas contra el colectivo de los gobiernos de PP y Ciudadanos

Jueves, 23 de enero de 2020

3A50B67E-845A-4A4A-82D5-0ECE0F415F2FHay partidos políticos a los que la sombra de la homofobia les ha perseguido siempre. Y no es que sean sombras ficticias, son reales, y las han provocado ellos mismos, son sus actos, con sus votos, con sus decisiones…

El historial homófobo del PP da para un libro. Y, aunque Ciudadanos siga indignado porque en el pasado Orgullo LGTB de Madrid no se les recibiera con aplausos, el suyo empieza a dar para otro. Especialmente desde que Ciudadanos gobierna en coalición con el PP (y VOX) en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos.

Vamos a repasar todas esas veces que el PP y Cs están legislando en contra del colectivo LGTB en apenas seis meses de gobiernos.

1. El Pin Parental

Es la última medida aprobada por este gobierno de azules y naranjas, pero una de las más escandalosas. Ha ocurrido en Murcia. Para garantizar su apoyo a los presupuestos, VOX pidió al gobierno en coalición de PP y CS implantar un pin parental en los colegios. ¿Qué significa esto? Que los padres podrán censurar parte del programa educativo al poder decidir que sus hijos acudan o no a charlas sobre diversidad LGTBI, racismo o feminismo en los centros educativos. Y PP y Cs han accedido a incluir esta medida en su legislatura.

Hay que decir que el Gobierno de Murcia ha incluído en su composición una consejería LGTB y VOX renunció a pedir la revisión de la ley LGTB para apoyar la investidura… pero finalmente sí se han salido con la suya en el caso del pin parental. El Ministerio de Educación ya ha anunciado que lo recurrirá.

pinparental

2. Tumban la Ley de Igualdad y Derechos LGTBI en Castilla y León

Ocurrió el pasado mes de noviembre. Las cortes de Castilla y León votaba la tramitación de una proposición de ley de igualdad y derechos del colectivo LGTBI. La propuesta venía de la legislatura anterior, en la que fue apoyada por todos los grupos menos el PP, pero no terminó sus trámites de aprobación. En esta nueva legislatura, y en citada votación de noviembre, PP, Cs y VOX votaron en contra de dicha ley, lo que impidió que saliera aprobada. La excusa en esta ocasión fue que van a redactar una ley mejor, cuyo borrador ya ha sido presentado y los colectivos han rechazado porque, entre otras cosas, no protege a los niños del acoso escolar ni protege a las personas transexuales.

En contrapartida, y para ser lo más justos posible, en Madrid, donde también gobierna una coalición de los mismos partidos, PP y Cs se han comprometido a mantener la ley LGTB, negando la mayor a VOX que exigía su retirada. De hecho, y al amparo de esa ley, ya han interpuesto una multa de 20.000 euros a una «psicóloga» que «curaba la homosexualidad».

3. Retirada del protocolo de acompañamiento a alumnos trans en Castilla y León

No salimos de Castilla y León, porque allí, en diciembre, se anunció la retirada del «protocolo de atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de transexualidad y alumnado con expresión de género no normativa» elaborado por la Junta de Castilla y León. Esta retirada se produzco a instancias de asociaciones ultracatólicas, que presentaron una demanda ante la consejería, y esta fue admitida. Hay que decir que, mientras HazteOir celebró y confirmó esta noticia, y al tiempo que FECyLGTB+ la denunciaba, la Consejería afirmó que el protocolo se seguía aplicando. Lo que se teme desde los colectivos es que se atiendan los casos en el presente curso, ya comenzado, pero que el protocolo haya quedado suspendido de facto al no existir una ley que exija su cumplimiento.

4. Adiós a las farolas arcoiris en Granada

Quizás comparado con las medidas anteriores, comentar esto pueda parecer cosa menor… pero no lo es. Son detalles de visibilidad y apoyo muy importante. La noticia saltó el pasado mes de diciembre, cuando el gobierno del Ayuntamiento de Granada, de nuevo una coalición entre Ciudadanos y el Partido Popular, repintó los semáforos arcoiris que el anterior consistorio pintó en la zona de Puerta Real y Gran Vía.

5. Adiós a los bancos arcoiris en Oviedo

Algo similar a lo anterior ocurrirá en breve en Oviedo. La zona de Escandela tiene, desde hace 4 años, varios bancos pintados con la bandera LGTB. Se pintaron durante las celebraciones del Orgullo de 2017 y se mantuvieron, como símbolo de convivencia y visibilidad al colectivo. En diciembre, el Ayuntamiento (una coalición de PP y Cs), anunció que se eliminarían, dentro de un proyecto de reforma de la zona que no cuenta con mantenerlos pintados de arcoiris.

6. El desplazamiento de la bandera LGTB en el Ayuntamiento de Madrid.

Fue el chasco del día. Cuando muchos esperaban que el Ayuntamiento de Madrid amaneciera el pasado 28 de junio con la bandera LGTB en su fachada como muestra de apoyo al colectivo, lo que se encontraron fue una bandera más pequeña y desplazada a un lateral del edificio. En el lugar que habitualmente ocupaba en años anteriores la bandera arcoiris, amaneció ese día una gran bandera de España. Este gesto fue considerado un guiño a VOX y un desplante al colectivo. A pesar de eso, los monumentos sí estuvieron iluminados con la bandera LGTB durante los días de Orgullo y la bandera, aunque pequeña y desplazada, se mantuvo desplegada.

Mucho nos tememos que seguiremos actualizando este post en el futuro inmediato….

Fuente AmbienteG

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«Esto es imparable»: HazteOír felicita al Gobierno de Murcia por la implantación del «PIN parental» y anticipa denuncias contra centros educativos y activistas que impartan talleres

Sábado, 18 de enero de 2020

8EABC1CE-6370-4D8F-8CB9-1239246F481BLa organización ultraconservadora HazteOír se ha felicitado públicamente por el acuerdo alcanzado por PP, Ciudadanos y Vox en la Región de Murcia para consolidar lo que Vox y HazteOír denominan «PIN parental» y que no es otra cosa que la necesidad de que los alumnos nos cuenten con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir, por ejemplo, a charlas contra la LGTBIfobia que formen parte de las actividades complementarias del centro educativo. Una medida que el Gobierno murciano ya implementó el pasado mes de agosto a través de una instrucción de la Consejería de Educación. Es más, HazteOír amenaza con acudir a los tribunales contra los centros en los que se impartan este tipo de actividades y contra los activistas que participen en las mismas.

A través de un comunicado, HazteOír asegura que «va a apoyar a los padres que quieran acudir a los tribunales para defender su derecho a educar a sus hijos frente a los activistas LGTBI, las feministas supremacistas y los ideólogos de género. Y los niños tienen el derecho fundamental de no ser manipulados ni sometidos a experimentos ideológicos [sic]».

«El ejecutivo murciano ya ha anunciado que va a introducir el PIN Parental en los centros escolares. Es una excelente noticia que esperamos se traduzca en un decreto legislativo en los próximos meses. Esto es imparable: los padres ya no están dispuestos a aguantar ni un minuto más a los adoctrinadores que se cuelan en las aulas para explicar a los niños feminismo radical, ideología de género y educación afectivo- sexual a medida de la izquierda», añade la portavoz de la organización, Teresa García-Noblejas.

Pero además de defender la medida y felicitar al Gobierno de Murcia, HazteOír da un paso más y anuncia su intención tanto de seguir publicando los datos de los colegios «en los que se adoctrina» como de acudir a los tribunales si estos no ceden a su chantaje y suspenden las charlas o talleres contra la LGTBIfobia. «Ahora, cada vez que nos llega la denuncia de un caso de adoctrinamiento de género en un colegio o instituto, enviamos una carta al director del centro advirtiéndole de que han vulnerado un derecho fundamental de los padres. Si el adoctrinamiento persiste nuestra intención es invitar a los padres a acudir a los tribunales y, por supuesto, apoyarles para que puedan llevar a cabo las actuaciones jurídicas que procedan. Por ejemplo, denunciar al activista que ha impartido el taller, al director del centro educativo y al consejero de educación como responsable último», expresa el comunicado.

Fuente Dosmanzanas

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Murcia: PP, Ciudadanos y Vox acuerdan que los padres LGTBfobos puedan negarse a que sus hijos asistan a charlas educativas sobre diversidad

Jueves, 16 de enero de 2020

Vox-renunciara-cualquier-facilitar-Murcia_EDIIMA20190711_0862_4Los dos partidos del Gobierno (Ciudadanos y PP)  acercan posturas con Vox para cerrar los presupuestos EFE

La traición, sobre todo, de Ciudadanos, es escandalosa. Se han entregado a VOX y los ultracatólicos… Y luego se extrañan de ser mal recibidos en la manifestación del Orgullo. Defienden los vientres de alquiler pero se despreocupan luego de los niños/as… ¡Cuánta hipocresía!

Malas noticias las que nos llegan desde la Región de Murcia PP, Ciudadanos y Vox han llegado a un acuerdo para reforzar a nivel normativo lo que el partido de extrema derecha denomina «PIN parental», es decir, la obligatoriedad de que los alumnos cuenten con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir a charlas contra la LGTBIfobia. Una medida que lleva meses en vigor, pero a la que ahora se dará mayor cobertura normativa.

Colectivos como No Te Prives vienen impartiendo este tipo de charlas desde hace años, siempre después de que los centros lo soliciten, con objeto de prevenir el acoso por orientación sexual o o identidad de género y fomentar el respeto a la diversidad. En abril de 2018, de hecho, la Consejería de Educación anunciaba que más de 1.300 alumnos recibirían este tipo de formación en el marco de un programa organizado por la propia Consejería en colaboración con No te Prives. Un anuncio que provocó la inmediata movilización del «Foro de la Familia», que consiguió de la consejera la promesa de que la asistencia a estas charlas quedarían supeditadas a la autorización paterna (en su momento nos hicimos eco de ello). La medida no se llegó a implementar formalmente, pero tras las pasadas elecciones autonómicas, en las que el PP, Ciudadanos y Vox conformaron una mayoría parlamentaria que dio el gobierno a una coalición de los dos primeros (Ciudadanos rechazó la opción de conformar una mayoría alternativa con el PSOE) por fin se materializó. En una resolución del pasado mes de agosto de la secretaría general de la Consejería de Educación se ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que fuesen a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria debían ser comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos tenían que dar su autorización expresa.

La decisión del Gobierno murciano fue muy contestada en su momento por la oposición, que destacó que la resolución contravenía el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de educación primaria en la Región de Murcia, y que establece que las actividades complementarias son obligatorias, salvo aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen de una aportación económica. El sindicato Comisiones Obreras, por su parte, interpuso recurso de alzada contra la resolución. Es por eso que ahora PP, Ciudadanos y Vox han acordado, en el contexto de la negociación de los presupuestos de la región, reforzar la medida a nivel normativo, tal y como ha confirmado el consejero murciano de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán. Todo apunta, según recoge el diario La Verdad, a que la trampa dialéctica que en esta ocasión usarán PP y Ciudadanos para teatralizar su «distancia» con Vox será huir de la expresión «PIN parental», tan del agrado de la extrema derecha y de colectivos ultraconservadores como HazteOír. «Más allá de como lo llamemos, sea ‘pin parental’ o formulario de autorización expresa para actividades complementarias, en lo que sí hay un consenso entre los tres partidos es en que haya libertad por parte de los padres de poder autorizar o no a sus hijos cuando imparte una charla alguien que es ajeno al centro, con independencia de los que se dé», ha declarado Celdrán.

La ley regional contra la LGTBIfobia, papel mojado

Por supuesto, ni la resolución del pasado agosto ni lo que se ha adelantado del acuerdo sobre este punto entre los tres partidos de la derecha murciana menciona en ningún momento las siglas LGTBI, pero a nadie se le oculta que su objeto no es otro que el de desnaturalizar las charlas contra la LGTBIfobia, dando así cumplimiento a las exigencias de Vox.

Se da la curiosa circunstancia de que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia  (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de dicha norma.

Volvemos a insistir, como venimos haciendo desde que en diciembre de 2018 Vox irrumpiera en el Parlamento andaluz y se convirtiera, apenas un año más tarde, en la tercera fuerza política de España: el problema no es tanto el programa concreto de la formación de extrema derecha (que por el momento no puede imponer en su totalidad) como la consolidación de una agenda marcada por sus demandas. Su blanqueamiento por parte de numerosos medios de comunicación y la actitud de PP y Ciudadanos, que no han tenido el más mínimo impedimento moral a la hora de apoyarse en ellos en diversas comunidades y numerosos ayuntamientos, colocan al colectivo LGTBI, y especialmente a sus grupos más vulnerables (como los menores, en este caso) en una situación complicada. Medidas como el «PIN parental» contribuyen a crear un clima hostil al alumnado LGTBI, hacia los que puedan ser percibidos como pertenecientes al colectivo sin serlo, o a los hijos de parejas homoparentales. También supone el empoderamiento de los elementos más reaccionarios de la comunidad educativa. Confiemos en que desde el Gobierno de España y desde el Congreso de los Diputados se ejerza suficiente contrapeso.

Fuente Dosmanzanas

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Concentración LGTB en la Escandalera de Oviedo (Asturias) para luchar por los «bancoiris»

Martes, 14 de enero de 2020

dos«No son solo los bancos arcoíris, es un gesto que se une a otro»

«No queremos que Oviedo vuelva a ser una ciudad en blanco y negro»

Este pasado sábado se produjo una concentración en Oviedo por la retirada de los colores LGTB en los bancos de la capital asturiana. El acto tuvo lugar en la Plaza de la Escandalera de Oviedo.

En la convocatoria se exigía la inmediata vuelta de los colores del arcoíris a los bancos, para devolver la visibilidad del colectivo siempre discriminado. “La ciudad da una imagen de bienvenida adecuada a visitantes y turistas que entienden que Oviedo no es solo una ciudad con historia y patrimonio sino también con una ciudadanía cohesionada donde se recibe con los brazos abiertos a todo el mundo”, indicaron desde las plataformas que organizaron la marcha.

También opinan que el hecho de retirar ‘estos colores’, obedece a los intentos de la ultraderecha de ir quitando este espacio, no solo a colectivos y plataformas LGTB sino a otros colectivos que también han usado ese espacio en el pasado para protestar.

Cerca de 300 personas se han concentrado este sábado en la Escandalera de Oviedo para reclamar al actual equipo de Gobierno local, formado por PP y Ciudadanos, que se conserven los bancos arcoíris y que la céntrica plaza siga acogiendo reivindicaciones sociales.

Las asociaciones LGTB Bujarra, Disex, Kaleide y Xega convocaron la concentración de protesta contra la retirada de los bancos arcoíris, a la que se han sumado representantes de los grupos municipales como Marisa Ponga y Diego Valiño del PSOE  y Ana Taboada de Somos Oviedo, así como miembros de IU y diversos colectivos junto a ciudadanos anónimos. Como portavoz actuó Marián Lago, de Disex, y fue una de las encargadas de leer el manifiesto, que se hizo en castellano y en asturiano. En declaraciones a los medios, Lago incidió en que los bancos han contribuido a dar «visibilidad» a los colectivos LGTB y se han convertido en símbolo de «convivencia» durante los cuatro años que llevan pintados.

«Ya no es cosa sólo de los bancos, es que se trata de un gesto que se une a otro.Ya el primer gesto que realizó el actual gobierno en contra del colectivo LGTBI fue situar la bandera el día del orgullo en la fachada de enfrente en lugar de en la del propio Ayuntamiento. Ahora, quieren desterrar los bancos. Son dos gestos negativos que vienen precisamente del teniente de alcalde, que dice que no hay que mirar tanto los gestos sino las acciones, y ya han tenido dos gestos y ninguna acción, lo que dice mucho de parte de ellos», explica Marián Lago, presidenta de Disex.

Ante la falta de concreción sobre la fecha prevista para la retirada de los bancos anunciada por el Gobierno local de PP y Cs, los colectivos no descartan continuar con movilizaciones que eviten que la medida se materialice y Oviedo «vuelva a ser una ciudad en blanco y negro».

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Esta manifestación se une a otras concentraciones que ya se han venido celebrando por parte de diferentes organizaciones desde que el alcalde asegurase que los bancos iban a ser eliminados. A pesar de esa contundencia del mensaje de Canteli, este tipo de citas seguirán organizándose, aunando la fuerza de todas las asociaciones LGTBI asturianas, ya que «se está viendo un ataque frontal hacia los derechos de las personas LGTBI por parte de los partidos de la derecha», asegura Lago. Y a pesar de que el trasfondo de la manifestación es mucho más profundo, también se habló de los «bancoíris».

Además, alertan del riesgo de que la remodelación de la plaza no solo implique la retirada de los bancos arcoíris sino que pretenda ir más allá y se busque que la Escandalera «deje de ser un espacio para las reivindicaciones sociales». De este modo, en el manifiesto preguntan al Gobierno local «qué políticas han realizado en este tiempo» para la defensa de las minorías, al tiempo que rechazan los argumentos sobre el mal estado de los bancos arcoíris «cuando en el parque San Francisco hay bancos aún más antiguos, o en la Losa, o en muchos otros parques de Oviedo que sí muestran un deterioro evidente». Los colectivos creen que la excusa del gobierno ovetense es muy pobre, ya que «aseguran que están deteriorados, pero al mismo tiempo dicen que quieren ponerlos en La Losa. No sé si es que La Losa es una plaza de segunda para ellos o cuál es el motivo», cuestiona la presidenta de Disex. .

Para los convocantes, tras la supuesta «medida estética» de su retirada «subyace la falta de proyectos, iniciativas y apoyos al colectivo LGTB». La concentración se desarrolló durante más de una hora con la ambientación de una banda de música que interpretó canciones como ‘A quién le importa’, ‘Soy de Verdicio’ o ‘Bella Ciao’, entre otras. Además de la doble lectura del manifiesto en castellano y asturiano, la iniciativa contó con la pintada de una bandera arcoíris en un gran lienzo situado en el suelo de la plaza, con las mismas dimensiones que la bandera de España colocada por el Ejecutivo municipal en las inmediaciones de la Escandalera.

Fuente El Comercio/ La Voz de Asturias/ 20Minutos

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