“Nuestros derechos no se venden“: manifestantes llenan la Puerta del Sol contra la reforma de Ayuso de la ley trans y LGTBI
Ayuso señala al colectivo LGTBI+.Por Cristina Fallarás
“Ni un paso atrás” o “Los derechos trans son derechos humanos”. Son algunos de los cánticos que se han escuchado durante las protestas del colectivo LGTBI+ contra la reducción de derechos) a la comunidad —así lo aseguran los asistentes a la concentración— que prevé imponer, mediante reformas legislativas Isabel Díaz Ayuso. Durante la manifestación, que se ha ubicado en la Puerta del Sol y ha congregado a unas 1.200 personas (según cifras de la Delegación del Gobierno), los asistentes han pedido la dimisión de la presidenta popular de la Comunidad de Madrid.
En concreto, las leyes que Ayuso prevé reformar, tal y como expuso la semana pasada en la Asamblea de Madrid, son las de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación (la ley trans madrileña) por Razón de Orientación e Identidad Sexual.
La concentración se ha desarrollado entre mensajes contrarios a la gestión de la líder conservadora como “DEP la libertad en la Comunidad de Madrid” o “¡Ayuso, no te queremos!”. Entre los asistentes, una treintena de asociaciones LGTBIQ+ y políticos madrileños como la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre; la senadora de la misma formación Carla Antonelli; la portavoz del PSOE en el Consistorio madrileño, Reyes Maroto; o Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, que ha resumido así el momento que atraviesan, en sus palabras, los derechos LGTBI+ en Madrid: «Cuesta mucho esfuerzo conseguir avances y muy poco perderlos».
“La derogación de estos artículos, que abordan temas esenciales como la educación, la atención sanitaria, el deporte y la visibilidad, representa un ataque directo a los avances logrados en la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género”, han señalado desde la asociación Arcópoli y ha recogido Europa Press.
En suma, la Comunidad LGTBI+ considera un “atentado” los planes de Ayuso y así lo ha expresado en la Puerta del Sol. La explicación que dio el Partido Popular para justificar las reformas se resume, en este caso según la Agencia EFE, en dos ideas. La primera, “dar mayor claridad y seguridad jurídica” a la norma y, la segunda, eliminar algunos aspectos vigentes como “la inversión de la carga de prueba”.
El objetivo de las protestas es, tal y como ha declarado a EFE Miguel Ángel Fernández, portavoz de ‘Ni un paso atrás’, la organización que ha hecho las veces de maestra de ceremonias durante esta tarde de lunes, es «lograr que la ley no cambie». En esa línea, Íñigo Errejón (Más Madrid), que también ha hecho acto de presencia en la manifestación, ha aseverado que no se consentirá “ni un solo ataque contra las personas trans, porque si no son libres ellos, no somos libres nadie”.
Maestre, por su parte, ha vinculado las reformas de las leyes LGTBI+ y trans que emprenderá, salvo sorpresa, Ayuso con las que se están llevando a cabo en contra de la ley de amnistía y en las que están participando grupos de extrema derecha. «No es una casualidad”, ha sentenciado. Al contrario, la política cree que responden “al programa político de la derecha, el programa del odio”.
Reclaman al Defensor del Pueblo y a Sánchez
En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha avanzado que enviará una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a Más Madrid y al PSOE para que presenten un recurso en el Tribunal Constitucional (TC) contra la “derogación” de la Ley Trans en la Comunidad de Madrid.
“Su propuesta va en contra de un colectivo vulnerable. Me parece ya descabellado porque ella está obligada a cumplir y a implementar la ley trans. Hoy venimos a decirle públicamente que nos va a tener enfrente y que usaremos todas las herramientas jurídicas que tendremos para contestarla”, ha subrayado Cambrollé.
La derogación de Ayuso de la ley trans: un guiño a la ultraderecha más que una reforma legal real
La propuesta de ley deroga el derecho al reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada y patologiza las identidades trans.Por María Martínez Collado
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha registrado la derogación parcial de la ley transy la ley de protección integral contra la LGTBfobia de la Comunidad de Madrid. Aprovechando el ruido mediático que ha generado la ley de amnistía, la presidenta autonómica presentó el pasado viernes ambas proposiciones de ley que suponen profundizar en la vulneración de los derechos del colectivo en la región.
El Ejecutivo tiene previsto aprobar la supresión de varios artículos de las normas vigentes por la vía de urgencia, con el objetivo de que salga adelante con la mayoría absoluta del PP antes de que finalice el año. Cabe recordar que ambas leyes fueron aprobadas durante el Gobierno de Cristina Cifuentes y que Vox llevaba pidiendo su derogación desde 2019. Ahora, sin requerir ya del apoyo de la extrema derecha, Ayuso hará efectiva su promesa electoral de la que hizo bandera en la campaña del pasado 28M.
En concreto, la proposición para modificar la ley trans elimina la prohibición de las terapias de conversión para las personas trans y establece que para que un menor trans pueda iniciar su tratamiento debe disponer de un informe médico. Esto es, deroga el derecho al reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada y patologiza las identidades trans.
Por otra parte, la modificación de la ley LGTB+ suprime todos los apartados correspondientes a los planes educativos y el fomento de la no discriminación y elimina el plan contra el acoso en los centros educativos, así como el Consejo LGTB+ o el Centro de documentación y memoria histórica LGTB+.
Fuentes del Ministerio de Igualdad consultadas por Público aseguran que “en ningún caso es una reforma necesaria” para adecuarse a la Ley 4/2023 para la igualdad trans y LGTB+, “por supuesto nada urgente, y, de facto, va a tener poca incidencia real”. “Lo que la presidenta no dice en su anuncio es que la mayoría de las cuestiones que suprime son ya de obligado cumplimiento e implementación por parte de las comunidades, tengan estas o no sus propias leyes” porque están legisladas en la ley trans estatal, insisten desde el gabinete que dirige Irene Montero.
“Una ley de ámbito autonómico puede ir más allá y facilitar el desarrollo de la estatal, pero determinadas cuestiones que pretende entorpecer (el ámbito educativo sería, tal vez, el más significativo) queda meridianamente claro que deben ser cumplidas por su Gobierno. No deja de ser una operación propagandística en la que utiliza a uno de los sectores más vulnerados de la sociedad que nada tiene que ver con los intereses de la comunidad que preside”, añaden en Igualdad.
Desde la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé advierte en declaraciones para Público de que la propuesta de Ayuso es “antagónica”, no solo a los principios de la ley estatal, sino también a los “dictámenes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que en 2018 aprobó su despatologización”, las directrices de la Asociación Americana de Psiquiatría o el marco de la Unión Europea.
“Querer seguir imponiendo las terapias de conversión es algo monstruoso, una tortura, es inconstitucional y ellos deben saberlo. Todo esto no deja de ser una provocación más de una señora con delirios fascistas que no se decide entre la moderación o mimetizarse con el discurso de la ultraderecha”, ha criticado Cambrollé.
Tras conocer sus intenciones, la Plataforma Trans ha pedido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha anunciado que intentará “por todas las vías defender los derechos humanos”. A este respecto, Cambrollé hace una llamada al Gobierno, a la Asamblea de Madrid y al Defensor del Pueblo para que, una vez aprobado el nuevo marco legal, presenten un recurso de inconstitucionalidad.
“Vamos a escribir a cada institución que pueda frenar este retroceso que nos puede trasladar a los peores tiempos del franquismo. Asimismo, vamos a pedir amparo en el Consejo de Europa y vamos a hablar con organizaciones internacionales como Human Rights Watch”, ha declarado la activista.
En la misma línea, Carla Antonelli ha explicado que desde Más Madrid tomarán “todas las medidas legales” que estén en su mano. “Es un acto de cobardía, de populismo, donde se ensaña con los más débiles. Se puede meter con gente de su tamaño, no con los niños y niñas trans, con personas trans discriminadas”, ha expresado.
¿Cómo afectará al día a día de las personas trans?
Teniendo en cuenta que existe el amparo de la ley trans estatal, la pregunta que ahora se nos sugiere es en qué medida puede una ley autonómica oponerse a esta. Y, sobre todo, cómo afectará a la cotidianidad de las personas trans y LGTB+. Saúl Castro, abogado especialista en derechos LGTB+, advierte de que es una cuestión compleja sobre la que “conviene tener en cuenta el contexto del que venimos”. A su juicio, el plan de Ayuso es «la confirmación de una discriminación, de unos principios, que ya venían siendo aplicados en la Comunidad de Madrid».
Así, por ejemplo, respecto a las terapias de conversión, Castro señala que, aunque lleven prohibidas desde 2016, hasta ahora “el Gobierno autonómico deliberadamente no ha sancionado ninguna de estas de estas prácticas, a pesar de que se pueden haber interpuesto en torno a una quincena de denuncias”.
En cualquier caso, “las terapias de conversión están tipificadas en la ley trans estatal como una infracción administrativa y en todo lo que no regule la normativa autonómica sí que se debe aplicar la regulación de la normativa estatal”, apunta Castro. Por lo que, de excluirse de la normativa específica de Madrid, como se prevé, “en teoría siguen estando prohibidas de forma genérica por la ley trans marco. Así que no debería de haber mayor problema”.
Si se atiende a la vuelta de la patologización, Castro insiste en que “en la Comunidad de Madrid se seguía sometiendo a este tipo de requisitos, de informes y de diagnósticos” a las personas trans que querían iniciar un tratamiento, pese a lo que establecía la ley aprobada con Cifuentes. “Ahora va a ocurrir lo mismo, pero lo dejan por escrito. Materialmente, nada va a cambiar”, lamenta.
De aquí en adelante, si no mueven ficha el Gobierno, los diputados o el Defensor del Pueblo denunciando la situación ante el Tribunal Constitucional, explica Casto, serán las propias familias, los propios menores, quienes tengan que ocuparse de interponer un recurso administrativo, con el gasto y proceso que ello implica, para demostrar que estas derogaciones son contrarias a la ley estatal y poder ejercer sus derechos. “Tal y como ya pasaba”, dice.
Lo mismo ocurre con el Consejo LGTB+ o el Centro de documentación y memoria histórica LGTB+. “Llevamos siete años con unas leyes que sobre el papel sonaban muy bien, pero no se han aplicado. Esto es pues eso lo que decías antes una confirmación de que esa inactividad no ha supuesto nada”, argumenta el abogado.
En cuanto a otro de los puntos que más preocupan, la eliminación de la inversión de la carga de la prueba (que obliga al acusado de discriminar a personas trans a demostrar su inocencia), el jurista sostiene que se trata de un principio “reconocido por el Tribunal Constitucional de manera uniforme y por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que es como se tiene que proceder en los casos en los que existe cualquier tipo de discriminación”.
A su vez, en España esta acepción está reglada por las Leyes procesales y reguladores de Procedimientos Administrativos y por la llamada ley Zerolo. Por lo que “el hecho de que se elimine el artículo en el que se establece la inversión de la carga de la prueba en los procedimientos incoados sobre la base de la ley LGTBI madrileña no va a tener ningún efecto porque esto se regula por leyes estatales”, afirma el experto.
Fuente Agencias/Público
General, Homofobia/ Transfobia.
Arcópoli, Carla Antonelli, Derechos LGTBIQ+, Eduardo Rubiño, Homofobia/Transfobia, Iñigo Errejón, Mar Cambrollé, Más Madrid, Miguel Ángel Fernández, PP, PSOE, Reyes Maroto, Rita Maestre, VOX
“Este señor, junto a otros vecinos, no solo nos están haciendo la vida imposible, sino que además agredieron a Jose, una persona de nuestro equipo. He tomado la decisión de publicar esto, para pedir ayuda, ya que ni la Policía Local, ni la Policía Nacional ni el Ayuntamiento nos ayudan”.
Así se pronuncian los responsables del restaurante Wakame, ubicado en la calle Muro de Santa Ana 3, en un post publicado la semana pasada en su perfil de Instagram, donde adjuntaron un vídeo grabado por las cámaras de seguridad en el que se aprecia a un individuo abalanzándose sobre uno de los empleados del local al que agarró del cuello. Los hechos, sin embargo, se produjeron el pasado mes de abril, y al parecer tras las mismos se interpuso denuncia en el juzgado.
Según la publicación en la mencionada red social, los responsables del local añaden que vienen sufriendo todo tipo de problemas: “Insultos, tirarnos cosas a la terraza y dar vueltas observando cada persona que entra y sale. Pero todo se queda corto a la cantidad de multas y denuncias que nos llegan cada semana supuestamente por el sonido del local, cuando hicimos una instalación de mucho dinero para insonorizar todo el local y no molestar a los vecinos. Quieren hundirnos el negocio. Tan solo queremos respeto, y que dejen trabajar a nuestro equipo, y a nuestra drag. Queremos volver a la normalidad y trabajar a gusto. Por cierto, el hombre le repitió en varias ocasiones ”maricón e mierda“.
Según reveló este martes el PSPV, el agresor sería Ramón Isidro, exconcejal durante la etapa de Rita Barberá como alcaldesa y tío de Francisco Camps, con quien este diario se puso en contacto este martes para recabar su versión de los hechos, sin obtener respuesta.
El concejal del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuán, exigió a la alcaldesa de València, María José Catalá, que investigue “los hechos gravísimos que han ocurrido en un restaurante del centro de Valencia donde una persona ha cometido una agresión homófoba y presuntamente esta persona se trata de un exconcejal del propio Partido Popular”.
Sanjuán que, quiso enviar “un mensaje de apoyo a la persona agredida y a los propietarios del local que sienten acosados”, se pronunció en estos términos al valorar las imágenes difundidas tanto por los propietarios del local como por la televisión pública valenciana À Punt en las que “puede observarse al exconcejal del PP Ramón Isidro”.
Isidro fue teniente de alcalde de Rita Barberá, con quien además estuvo al frente de las áreas de Patrimonio y Gestión Patrimonial, Descentralización y Participación Ciudadana, Residuos Sólidos, Sanidad, Ciclo Integral del Agua y Licencias de Actividad. También fue presidente del PP de Ciutat Vella entre 2009 y 2013, presidente de la EMTRE entre 2007 y 2012 o Jefe de Gabinete de la Conselleria de Cultura de 1997 a 1998, entre otros cargos.
“Esto no puede conllevar impunidad, no puede conllevar que se tapen estos hechos y València no puede convertirse en un sitio donde hay personas que creen que pueden ejercer la discriminación y la violencia”, advirtió Sanjuán quien afirmó que, si el PP “no quiere dejar ninguna sombra de duda de que está tratando de proteger a una persona afín, tiene que investigar estos hechos y condenarlos rotundamente”.
El portavoz adjunto del grupo socialista remarcó que el PP “tiene que investigar la agresión ante la que guardan silencio más si cabe cuando todo apunta a que presuntamente ha sido cometida por un exconcejal y dirigente del PP”. “Que presuntamente un miembro del PP haya cometido estos hechos no puede conllevar impunidad y lo que está siendo atronador es el silencio del PP y de la señora Catalá”, apuntó Sanjuán quien exigió “transparencia y contundencia”.
Preguntados al respecto por esta redacción, tanto desde alcaldía como desde la Policía Local de València declinaron este martes hacer declaraciones al respecto, así como aportar información adicional.
Fuente El Diario