Representantes sociales han señalado el pasado lunes 29 de enero, que los discursos de odio emanan en delito y han pedido “políticas reales de prevención” en el acto Discursos de Odio, un riesgo para la democracia, celebrado en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados. Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Sumar han apuntado que este tipo de mensajes pertenecen a “unas siglas determinadas“.

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Con un acto inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo

“Es fundamental frenar los discursos de odio ya que construyen una sociedad intolerante”

“Fomentan la desigualdad que lleva a una vulneración de derechos”

El PSOE apunta a “hombres blancos” entre 26 y 40 años

Las ONG firmantes del Pacto Social contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables y los grupos parlamentarios PP, PSOE, Sumar y Podemos han dado, este lunes (29 de enero), los primeros pasos de trabajo institucional para la creación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio que proteja a los colectivos en situación de vulnerabilidad del odio que se vierte desde las instituciones públicas y las redes sociales.

En el acto, inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo, han intervenido representantes de la Federación Estatal LGTBI+; CCOO, CESIDA, SEDOAC y Fundación Secretariado Gitano, así como de PP, PSOE, Podemos y Sumar. Durante sus intervenciones, los colectivos sociales han contado en primera persona el impacto sobre los grupos vulnerables de los discursos de odio y los partidos políticos han debatido sobre cómo abordar políticamente la lucha contra estos discursos.

La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo, que ha apuntado que la acción contra los discursos de odio “no puede quedarse en un mero ejercicio de control y eliminación de los episodios puntuales que surjan“, sino que “debe tener el calado suficiente para llegar a la raíz de un problema complejo y estructural“, así como “una vocación transformadora y de permanencia“.

Además, ha recalcado la importancia de “asegurar la protección y la reparación del daño de la víctima“. En este punto, ha indicado que es preciso “perseverar en la construcción de una cultura y un discurso de paz, de no discriminación“.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió el pasado jueves 25 de enero en la comisión de Igualdad, que se celebró en el Congreso, un “acuerdo de país” contra los discursos de odio hacia las personas y colectivos “más vulnerables“. “Un acuerdo para reforzar el consenso social y político de rechazo a los discursos de odio hacia los distintos grupos en situación de vulnerabilidad social que informe y proteja a las víctimas de la discriminación“, matizó. De esta forma, se daría cumplimiento al acuerdo de coalición suscrito entre PSOE y Sumar, que recogía la firma de un pacto de Estado, similar al de la violencia de género.

En este sentido, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, ha recordado que “es fundamental frenar los discursos de odio ya que construyen una sociedad intolerante, con más violencia, con más odio, una sociedad mucho peor, en la que no queremos vivir.”. “Se trata de mensajes que atentan directamente contra los valores democráticos y contra los derechos humanos. Perjudican seriamente la cohesión social y la calidad de vida de muchas personas. Son el odio por el odio”, denuncia, y ha pedido “compromiso” a los grupos parlamentarios, así como “políticas reales de prevención del discurso de odio” y “que se pongan a trabajar ya”, que “no demoren”. Además, ha destacado la necesidad de un Pacto de Estado para las personas LGTBI, que “defienda” la “dignidad” y la “salud” del colectivo.

Por su parte, Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, ha subrayado que las discriminaciones estructurales “se pueden combatir desde las leyes cuando el tejido social se escucha por el Parlamento y por los gobiernos”. En esta línea, ha señalado que “sólo colectivamente se transforma la sociedad“. En todo caso, ha apuntado que se tiene que intervenir, no solamente en los medios de comunicación y en las grandes empresas digitales, sino también “en el consenso de los gobiernos y quien puede legislar”.“Es fundamental erradicar el odio del espacio público e incidir, además, especialmente en los entornos laborales”. Así, ha añadido que “los discursos de odio se traducen en discriminaciones en el acceso al empleo y situaciones de acoso y violencia en los trabajos que es imprescindible combatir”.

Asimismo, Carmen Martín, secretaria de Cesida, advierte de la necesidad de este Pacto, “ya que los discursos de odio no solo fomentan la serofobia, xenofobia, homofobia y transfobia, sino que también fomentan la desigualdad que lleva a una vulneración de derechos y, por lo tanto, afecta a la calidad de vida de estas personas”.

En la misma línea se ha manifestado la tesorera de la Asociación de Mujeres Empleadas de Hogar y Cuidados (SEDOAC), Edith Espinola, quien ha recalcado que este tipo de mensajes “generan muchísimo dolor, angustia, baja autoestima“. Asimismo, ha criticado los estereotipos que sufren los migrantes en España. “No es igual venir de la comunidad musulmana que venir de África y mucho menos venir de América Latina. Si somos latinos, generalmente estamos en bandas latinas, que se utiliza muchísimo como arma arrojadiza para decir que somos malos, que venimos en oleadas a violar y matar mujeres españolas o europeas”, ha afirmado

Igualmente, José Santos, periodista del área de comunicación de la Fundación Secretariado Gitano, ha advertido sobre el impacto que tienen estos discursos en las personas que pertenecen a grupos tradicionalmente discriminados, contra los que se dirigen. “Estos mensajes, como puede ser el caso del discurso antigitano, parten de unos estereotipos arraigados en la sociedad y tienen unas consecuencias concretas en las personas, que se traducen en vulneraciones de derechos en nuestro día a día”, ha declarado. Ha centrado su discurso en el lenguaje, en la manera que tiene la sociedad y los medios de comunicación de dirigirse al pueblo gitano. En este punto, ha denunciado que a esta parte de la población se la “deshumaniza“, se la compara “con animales“, se dice que es “una plaga“, e incluso que debería de haber sido “exterminada” en la Segunda Guerra Mundial en las cámaras de gas. También ha criticado que cada vez hay más insultos y cada vez se incita más a la violencia.

Asimismo, ha intervenido por el Grupo Parlamentario Socialista la diputada Sonia Guerra, que ha manifestado que la línea que diferencia el discurso de odio y el delito de odio es “demasiado sutil”. “En el momento en el que hay discurso, hay delito, y en el momento en el que hay delito, hay odio“, ha afirmado. Igualmente, ha explicado que este tipo de mensajes “nacen a partir de una ideología política”, de “unas siglas determinadas“, que “está presente a nivel internacional y a nivel mundial”. Además, ha añadido que “mayoritariamente son racistas” y de “orientación e identidad sexual” y que pertenecen a “hombres blancos” con una edad comprendida entre los 26 y los 40 años. En este sentido, ha pedido hacer “un gran pacto social y político” y que se luche “contra el fascismo y contra los discursos de odio”.

Por Sumar, Tesh Sidi ha explicado que los discursos de odio se dan “por un avance de la extrema derecha en toda Europa, en todo el mundo”. Igualmente, ha pedido hacer “mucha pedagogía” y que, si se vulnera un derecho, es “fundamental” que “todos” vayan “con ese derecho”, o no vamos.

Aunque estaba prevista su presencia  “disculparon” su ausencia la representante de Podemos Noemí Santana y del PP Jaime De los Santos.

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«Discursos de Odio. Un riesgo para la democracia» 

Es fundamental identificar  el papel de los que promueven estos discursos y el  de actores sociales y políticos en la lucha contra los discursos de odio.

Los discursos de odio son la causa. Los delitos de odio, la consecuencia. Por eso, promovemos el Pacto de Estado contra los Discursos de Odio.

Fuente FELGTBI+/Infolibre/Agencias

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El PSOE ha presentado en el Congreso una iniciativa con la que busca que el Gobierno promueva una campaña contra la LGTBIfobia en el deporte en general y, especialmente, en el fútbol, y a tal fin plantea que se interrumpan durante cinco minutos los partidos o eventos deportivos cuando se registren gritos o actitudes homófobas.

Los socialistas justifican la presentación de esta proposición no de ley ante la “gran hostilidad” que aseguran que existe en el deporte en general, particularmente en el fútbol, hacia la presencia personas LGTBI visibles entre la afición, los equipos técnicos, directivos y deportivos. “A través de ésta iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista manifiesta, en el día internacional contra la LGTBIfobia en el deporte, su claro compromiso con las personas LGTBI que siguen sufriendo discriminación a la hora de practicar deporte en nuestro país”, señala Juan Luis Soto

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley para la erradicación de la LGTBIfobia en el ámbito deportivo, especialmente en el fútbol. Esta iniciativa tiene como principal objetivo poner en marcha una campaña para promocionar el deporte inclusivo, y ganar el espacio, la visibilidad, la aceptación y el respeto al colectivo LGTBI.

La iniciativa insta al Gobierno a incluir en el “Protocolo de actuación para el restablecimiento de la normalidad en competiciones, pruebas o espectáculos deportivos”, la suspensión durante cinco minutos de la competición, prueba o espectáculo deportivo, cuando se produzcan actos intolerantes contra la comunidad LGTBI, racismo o violencia contra las mujeres. Por otra parte, también insta al Ejecutivo a instaurar cursos hacia el personal directivo, técnico y deportivo, con el objetivo de fomentar el respeto a la diversidad y a la realidad de las personas LGTBI.

‘Fuera de juego’, un documental sobre la homofobia en el fútbol español

El portavoz de Deportes del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Luis Soto, ha explicado que a través de ésta iniciativa, “el grupo parlamentario socialista manifiesta, en el día internacional contra la LGTBIfobia en el deporte, su claro compromiso con las personas LGTBI que siguen sufriendo discriminación a la hora de practicar deporte en nuestro país”. “A día de hoy todavía siguen existiendo situaciones de discriminación en el ámbito deportivo, como por ejemplo las situaciones vividas por el árbitro de fútbol Jesús Tomillero, quién al hacer pública su homosexualidad, fue objeto de insultos, agresiones y amenazas de muerte; o el activista y vicepresidente de COGAM, y jugador de un equipo LGTB del club GMadrid Sport, Santiago Rivero, el cual el pasado 8 de febrero sufrió insultos por parte de algunos integrantes de la grada”, ha añadido el diputado.

Soto ha insistido en que el compromiso de los socialistas no solo es denunciar los comportamientos LGTBIfóbicos en el deporte, sino también “luchar contra los estereotipos y roles de género que se asocian a ciertos deportes, erradicar cualquier tipo de  violencia, y garantizar la práctica deportiva de todas las personas LGTBI protegiendo sus derechos e intimidad”.

¡Por fin! El @PSOE propone detener las competiciones en caso de que existan comportamientos LGTBIfóbicos

🙌🏼¡Qué gran iniciativa! No podemos seguir tolerando este tipo de actos en espacios deportivos
Ante la LGTBIfobia, TOLERANCIA 0

¡Gracias PSOE! 🌹 https://t.co/jL7Juomth2

— Víctor Gutiérrez (@victorg91) March 5, 2021

Sensibilización y formación contra la  LGTBIfobia

En la exposición de motivos de la proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Socialista sostiene que a pesar de los avances que se han producido en los últimos años en materia de igualdad de las personas LGTBI, “esta diversidad sexual, que tanto las leyes como la mayor parte de la sociedad española asumen sin mayor problema, no se visibiliza en el ámbito deportivo”, y subraya que “en pleno siglo XXI, la orientación sexual no heterosexual o la participación de las personas transexuales sigue siendo un tema tabú en el deporte en general y en el fútbol en particular”.

“El objeto de esta proposición no de Ley es instar al Consejo Superior de Deportes a que lleve a cabo una campaña de sensibilización, formación y de lucha contra la LGTBIfobia”, destacan los socialistas en la exposición de motivos de la iniciativa. Asimismo, también proponen que dicha campaña de sensibilización incluya también la lucha contra el racismo, la xenofobia y la violencia por razones de odio. En concreto, sugiere modificar el Protocolo de actuación para el restablecimiento de la normalidad en competiciones, pruebas o espectáculos deportivos al que se refiere el artículo 15.2 de la Ley contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.  Ese artículo señala que el árbitro o juez deportivo podrá suspender provisionalmente el evento deportivo cuando existan conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes, y los socialistas quieren que también se incluya en esa relación actos conductas “intolerantes” contra la comunidad LGTBI o la violencia contra las mujeres”.

Grupo Parlamentario Socialista

La proposición del PSOE también emplaza al Gobierno a fomentar, en el marco de sus competencias, cursos hacia personal directivo, técnico y deportivo, de respeto a la diversidad y, en general y a la realidad de las personas LGTBI en particular, al modo de los que imparte la asociación Deporte y Diversidad en la Comunidad de Madrid.

En concreto, reseñan que los estudios sobre la población LGTBI revelan que al menos el 6% de la población europea se considera miembro de este colectivo, lo que, según sus cálculos, supondría que “en España alrededor de 1,3 millones de personas LGTBI practicarían deporte y 270 de los 4.453 deportistas de alto nivel que tenía catalogados el Consejo Superior de Deportes en 2017 pertenecerían a este colectivo”.

Y, por disciplinas, calculan que habría “algo más de 42.000 futbolistas LGTBI federados”, según los datos oficiales de 2016, entre los cuales 142 lo harían como profesionales. Sin embargo, lamentan que “muy pocos” deportistas han reconocido pertenecer a este colectivo.

Actualmente no se conoce ningún futbolista profesional que haya salido del armario, algo por lo que algunos futbolistas como el jugador del Arsenal Héctor Bellerin ya han protestado: “Es imposible que un futbolista se declare homosexual”.

Fuente Agencias/PSOE

General, Historia LGTBI Congreso de los Diputdos, Consejo Superior de Deportes, Deporte, España, Grupo Parlamentario Socialista, Homofobia/Transfobia, Juan Luis Soto, Proposición No de Ley, PSOE

La diputada Carla Antonelli denuncia que “no han ejecutado ni el 50 % de lo que establece la norma”, aprobada hace un año.

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Carla Antonelli ha preguntado esta mañana al Gobierno, en la Comisión de Políticas Sociales y Familia, si va a realizar alguna campaña de sensibilización para combatir los prejuicios y la violencia contra las personas transexuales, como prevé el artículo 10.3, de medidas contra la transfobia, de la Ley Integral de Transexualidad de la Comunidad de Madrid, en vigor desde el 27 de abril del 2016.

“Ustedes no han ejecutado ni el 50% de Ley, ni en protocolos, ni en elaboración de estudios, ni en la creación del comité consultivo”, denunció la diputada socialista que añadió que, además, el Ejecutivo regional ni “se ha molestado en llamar a los colectivos para su creación”. Por eso pide su aplicación porque “la pedagogía y la visibilización son herramientas fundamentales contra la discriminación”.

Antonelli ha calificado de “vergüenza absoluta” que no se haya hecho “absolutamente nada” en cuanto a “campañas de sensibilización para obtener el respeto efectivo de la identidad de género de las personas transexuales”, ya que se cuenta con medios “como Telemadrid, o los espacios de Metro Madrid, donde no supondrían ningún coste”.

A la diputada socialista le preocupa igualmente que se diera “por cumplido en este punto” con una campaña contra la LGTBIfóbia el año pasado, “mostrando un desconocimiento profundo sobre la identidad sexual y/o expresión de género de las personas trans”.

Durante la intervención, la diputada socialista ha dejado patente su desconcierto al escuchar al director general de Servicios Sociales e Integración Social decir que esas campañas ya estaban cubiertas con la propia celebración del World Pride, evidenciando así una vez más su “falta de compromiso y su dejadez de funciones, en cuanto al cumplimiento de la ley”. Y recuerda que la Asamblea de Madrid ha aprobado “dos leyes diferentes: la integral de transexualidad y otra contra la LGTBIfóbia”.

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha registrado más de 50 preguntas por cada artículo de esta ley, y “continuaremos así hasta que se hagan efectivos”, según ha explicado Antonelli. “Ya me dirá usted a mí, de qué nos vale tener la Ley más avanzada de España si luego tenemos un Gobierno irresponsable e insensible que no aplica las leyes de obligado cumplimiento”.

Fuente Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, Comunidad de Madrid, Grupo Parlamentario Socialista, PSOE

El PSOE pide modificar la Ley para facilitar el cambio registral de sexo y nombre de las personas trans

La iniciativa pide eliminar la exigencia de informes o tratamientos médicos y el límite legal de 18 años para que los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo.

La Plataforma por los Derechos Trans ha aplaudido esta medida pero matizan varias deficiencias en el sistema actual que ven necesario abordar urgentemente.

El grupo socialista del Congreso ha registrado este lunes una propuesta de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. La iniciativa fue presentada por la diputada socialista Dolores Galovart, que estuvo acompañada de Carla Antonelli, también diputada socialista (en la Asamblea de Madrid, en su caso) e histórica activista trans. El objetivo de la propuesta, entre otros: despatologizar la transexualidad y extender el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad.

La Proposición de Ley, tal y como ha sido presentada por el grupo socialista (descargar PDF), elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serían necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Los socialistas proponen que la solicitud de rectificación de la mención de sexo en el Registro Civil “no precise de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada” y que “no se podrá condicionar, en ningún caso a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Además, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años “podrán efectuar la solicitud por sí mismos”, mientras que los menores de esa edad “podrán hacerlo a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, “los menores de edad podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal y resolverá un juez, teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Dolores Galovart ha resaltado que hoy “el PSOE da un paso adelante en la defensa de los derechos civiles” y ha recordado que hace diez años, ya lo hizo con la Ley 3/2007. “Ahora lo volvemos a hacer otra vez. Queremos que el derecho a la identificación sexual sea un verdadero derecho y para eso que no tenga condicionantes por la edad, ni por razón de requisitos externos que tenga que dar otra persona” y subrayó que “la transexualidad no es una enfermedad es una normalidad y la identidad sexual no se diagnostica porque es un derecho”.

La iniciativa pone de manifiesto que “la rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de la personas, a efectos de que no resulte discordante con su sexo registral” También se pide que se facilite el cambio de género y nombre en la tarjeta de residencia de los inmigrantes transexuales. En ese sentido, Carla Antonelli, por su parte, ha señalado que “hoy es un día histórico que pondrá a España, de nuevo a la vanguardia, igual que en 2007 que supuso dar un gran paso hacia adelante al legislar para que no fuera necesaria la cirugía genital para tener un cambio de partida de nacimiento”. Además, Antonelli ha explicado que la ley registrada hoy, “despatologiza completamente la transexualidad desde la propia autodeterminación de la persona; se elimina cualquier requisito médico o quirúrgico y se incluye a las y los menores transexuales”. Igualmente añadió que con ello, “a partir de los 16 años se podrá sacar el cambio registral sin ningún tipo de autorización y además, incluimos la tarjeta de residencia y permiso de trabajo a las personas transexuales extranjeras”.

La diputada de la Asamblea de Madrid reiteró que “seguimos avanzando y comprometidos con el derecho de las personas transexuales y del colectivo LGTB” y expresó que se siente “muy orgullosa de que el PSOE, como era su deber, apueste por reformar esta ley, con los mismos puntos demandados por el colectivo de transexuales” y recordó que este año, el 15 de marzo se cumple el décimo aniversario de esta histórica ley.

En este contexto, la Plataforma por los Derechos Trans ha celebrado esta Proposición de Ley, reclamando el consenso y apoyo a la misma por parte de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, lamentan “que el grupo parlamentario socialista no haya contado con la opinión y la voz de la Plataforma por los Derechos Trans, ya que la misma representa a más del 80% del tejido asociativo trans del estado español”, aseguran.

Asimismo, desde esta plataforma también remarcan que este paso “no es suficiente” y consideran necesario que se aborde urgentemente “una Ley Trans Estatal, que garantice el acceso a los servicios públicos sin discriminaciones, en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía; y un protocolo de atención sanitaria de proximidad, sin segregación, fundamentado en el principio de autodeterminación del género y de despatologización de las identidades trans, pudiendo acceder a nuestras necesidades médicas y quirúrgicas en igualdad de trato que el resto de la ciudadanía”. También reivindican en el plano educativo que los centros “respeten la identidad sentida por la persona, que la realidad de la transexualidad aparezca en los libros de texto, como otras diversidades, así como medidas de acción positiva en el empleo”.

“Las personas trans necesitamos una ley específica que de respuesta integral a la situación de desigualdad social que a día de hoy, después de 39 años de aprobada la constitución, se enfrentan más de 46.000 ciudadanas y ciudadanos españoles, de los que más de 4.600 son menores”, declara Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans. “El apoyo institucional y político es una necesidad para reparar tantos años de discriminación estructural, para que nunca más se vuelvan a vulnerar los derechos de estas personas”, ha añadido.

Para los socialistas se trata de “superar de una vez por todas una legislación que conceptúa el cambio de la identidad sexual y la expresión de género como una enfermedad, como un trastorno y como un problema individual”. Además, para el GPS, “resulta imprescindible lograr de manera definitiva la despatologización de las identidades trans, enfocándolas desde la perspectiva de la diversidad de género, eliminando para siempre las exigencias de informes o tratamientos médicos”, y “que se reconozca verdaderamente el derecho a la identidad sexual o expresión de género autopercibida y libremente determinada por cada persona”, se afirma en la iniciativa.

Por otro lado, con esta reforma “se reconoce de manera definitiva que los menores transexuales tienen derecho a desarrollarse libremente durante su infancia y su adolescencia conforme a la identidad sexual y expresión de género sentida, poniendo fin a la inseguridad jurídica que se está generando para ellos por las resoluciones contradictorias que se están dictando por los diferentes Registros Civiles”. Igualmente –se añade– “se aprovecha esta reforma para reconocer expresamente como beneficiarios y beneficiarias de esta Ley a las personas intersexuales a las que en el momento del nacimiento en la inscripción registral se les asignó un sexo no concordante con el propio sexo sentido”.

Finalmente, “se evita la discriminación de las personas extranjeras con residencia en nuestro país, posibilitando que los documentos que aquí se expidan para ello respeten su identidad sexual”.

Una ley ya envejecida

Diez años tras los cuales la ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Malta y Noruega (dos países que además reconocen ese derecho también a los menores) o de Irlanda, Dinamarca. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

La actual composición del Congreso, por otra parte, no debería hacer difícil la reforma de la ley. Ya el pasado mes de octubre la Comisión de Igualdad del Congreso aprobaba, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que prefirió abstenerse, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a modificar la legislación. La proposición, que fue presentada por Ciudadanos y recibió aportaciones de PSOE y Unidos Podemos, pedía eliminar tanto el límite legal de 18 años para que así los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo como la exigencia de un diagnóstico y tratamiento médico.

En la actual coyuntura política española, aunque el PP se opusiera frontalmente a una reforma de este tipo, si las fuerzas que aprobaron esta proposición fuesen capaces de ponerse de acuerdo una reforma así podría ser aprobada en el Congreso y superar un hipotético veto del Senado. Sería complicado, además, que el Gobierno hiciese uso de la prerrogativa que el artículo 134.6 de la Constitución Española le otorga: tener que dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, prerrogativa que según los analistas el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Está por ver qué sucedería en este caso, en el que parece difícil argumentar que la reforma vaya a suponer un aumento del gasto. El hecho de que el PP se abstuviese y no votase en contra hace pensar que la oposición en este caso podría no ser tan frontal.

Por lo pronto el grupo socialista ha dado el primer paso. Veremos qué sucede en próximas semanas.

Fuente Agencias, vía Cáscara amarga/Dosmanzanas

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Puri Causapié y Manuela Carmena

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha indicado que mientras la Delegación del Gobierno dice al Ayuntamiento de Madrid que “no es competente para luchar contra los delitos de odio”, estos se producen, algo contra lo que todos deben luchar.

 Causapié ha pedido este martes a la Delegación del Gobierno que actúe “con más contundencia” contra las agresiones homófobas, Esta demanda se ha producido en el Pleno municipal de este martes, en el que se ha referido a la última agresión a dos jóvenes gais en la capital el pasado lunes. “No queremos que Madrid deje de ser una ciudad libre y que se convierta en una ciudad en la que dé miedo caminar por la calle”, ha indicado la portavoz socialista.

La asociación Arcópoli denunció una nueva agresión homófoba, la más grave en lo que va de año, que tuvo lugar este lunes por la noche en pleno barrio de Chueca, donde una pareja golpeó en la cabeza con un objeto metálico a dos amigos cuando salían de un local de ambiente gay.

El suceso tuvo lugar en el cruce de las calles Hortaleza y Augusto Figueroa la madrugada del lunes 11, cuando una pareja de acercó a ellos y sólo apreciaron escuchar una ‘panda de gais’ y empezaron a recibir golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo. Uno de ellos recibió un golpe en el cráneo con un objeto metálico y perdió el conocimiento.

La ley, aprobada el pasado 17 de marzo en el Pleno de la Asamblea de Madrid, no puede entrar en vigor hasta el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Carla Antonelli

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Socialista denuncia el “preocupante” retraso de la publicación de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad de Madrid en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid tras su aprobación gracias a los votos a favor del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos y Ciudadanos, y con la abstención del Partido Popular.

Según la diputada socialista Carla Antonelli, “el gobierno de Cristina Cifuentes no se está caracterizando por la agilidad de sus publicaciones cuando son iniciativas que no han contado con su apoyo, pero en este caso la situación comienza a preocupar, ya que el viernes día 15 de abril ya fue publicada la norma para la modificación de la Ley de Suelo, votada el mismo día 17 de marzo junto a la Ley Integral de Transexualidad”.

El pasado jueves 21 de abril, el Boletín de la Asamblea de Madrid ha vuelto a publicar la ley con “rectificación de errores”, con lo cual se puede iniciar una dilación en el tiempo que pretenda convertirla en un bucle interminable para su publicación en el Boletín de la Comunidad de Madrid.

La Ley Integral de Transexualidad, una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista durante dos legislaturas y que no pudo ver la luz debido al voto en contra del Partido Popular de Esperanza Aguirre y, posteriormente, de Ignacio González, finalmente sí fue posible en la presente legislatura gracias al trabajo conjunto del PSOE-M, Ciudadanos y Podemos, y desde el consenso con los colectivos transexuales de la Comunidad de Madrid.

La Ley no entrará en vigor hasta el día siguiente de que sea publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad, de ahí el inmenso malestar por parte de los colectivos transexuales madrileños ya que son días sumados a todos los años de discriminación y condena al ostracismo social.

La diputada y activista transexual ha afirmado: “Exigimos al Ejecutivo de Cristina Cifuentes que publique esta Ley de forma inmediata. Básicamente por dos razones, la primera porque se trata de una crueldad absolutamente innecesaria que pase un solo día más donde se vulneren los derechos de las personas transexuales debido a la dejadez de funciones del Gobierno Regional y la segunda, porque está obligada de por ley como Presidenta de la Comunidad de Madrid a dar cumplimiento a las normas que emanan del Legislativo; ya que en el caso contrario se conculca la obligación a la que se está sujeta por derecho”.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista han registrado una pregunta parlamentaria al objeto de saber cuál es el motivo del retraso de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Fuente Agencias/Cáscara Amarga

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