La Ley de Igualdad LGTBI de ámbito estatal debe también ser aprobada a la mayor brevedad

Buenas noticias las que nos llegan desde el parlamento andaluz, que anteayer aprobó por unanimidad una Proposición de Ley que garantiza los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. Esto supone un gran paso “en el camino hacia la conquista de la igualdad real”, en palabras de Jesús Generelo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales.

FELGTB, organización de la que partió el texto original de la Proposición de Ley de Igualdad LGTBI que está en trámite en el Congreso de los Diputados, reclama que este nuevo paso, fruto del acuerdo entre todos los grupos políticos, sirva de ejemplo y evidencie la necesidad de que una legislación a nivel estatal sea aprobada con la mayor diligencia.

El texto conjunto, que sustituye propuestas anteriores promovidas de forma independiente por estos grupos, establece la creación del Consejo Andaluz de Participación del colectivo Lgtbi, órgano de consulta, asesoramiento, representación y participación que se encargará, entre otras funciones, de evaluar el desarrollo de las políticas en la materia y de elaborar un informe anual.

Además, incluye un régimen sancionador para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y reparar a las víctimas. Se distingue entre infracciones leves, graves y muy graves, con multas de hasta 120.000 euros y que irán acompañadas de la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública.

En el ámbito sanitario se incorporan los derechos de los menores transexuales ya recogidos en el Proceso Asistencial Integrado que Salud desarrolla desde enero. Respecto a los menores intersexuales, el sistema sanitario público velará para que las prácticas de modificación genital en recién nacidos no atiendan únicamente a criterios quirúrgicos.

En cuanto a la inserción social, la ley establece medidas dirigidas a víctimas de violencia y a personas en situación o riesgo de vulnerabilidad y exclusión social, además de otras específicas de apoyo y mediación a menores y jóvenes.

En materia educativa, se refuerzan las medidas de lucha contra el acoso escolar por motivos de orientación o diversidad sexual. En el ámbito laboral, la principal novedad es la incorporación de criterios de igualdad de oportunidades en las convocatorias de ayudas y subvenciones de fomento del empleo.

Comunicado de la FELGTB

“La aprobación ayer de la Proposición de Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía supone una gran noticia en el camino hacia la conquista de la igualdad real”, ha declarado Jesús Generelo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales.

Con la andaluza, ya son 7 las comunidades autónomas que cuentan con una legislación específica para la protección de las personas LGTBI, lo que equivale a más de 26 millones de personas en el conjunto del país. FELGTB considera que no tiene sentido que haya protección solo en los ámbitos competenciales autonómicos, pero no en los estatales. “Es preciso asegurar la estructuración territorial, las diferencias en cuanto a disfrute de derechos constitucionales básicos entre territorios son intolerables”, ha añadido Generelo.

La organización, de la que partió el texto original de la Proposición de Ley de Igualdad LGTBI que está en trámite en el Congreso de los Diputados, reclama que este nuevo paso, fruto del acuerdo entre todos los grupos políticos, sirva de ejemplo y evidencie la necesidad de que una legislación a nivel estatal sea aprobada con la mayor diligencia.

“Exigimos coherencia de los partidos. No tiene ningún sentido que en Extremadura el Gobierno del Partido Popular promoviese una gran ley LGTBI, en Andalucía apoye una ley equivalente votando a favor y, sin embargo, en España se estuvieran y plantearan una enmienda a la totalidad, a pesar de su compromiso por escrito que suscribieron con FELGTB en el contexto de la manifestación del WorldPride y en el que aseguraron que darían su respaldo a la propuesta promovida por el movimiento LGTB”, explica Generelo.

FELGTB considera que es inaceptable que la tramitación de la Ley de Igualdad LGTBI continúe postergándose. Desde que el 19 de septiembre en el Pleno del Congreso de los Diputados votase a favor de su toma en consideración, ya ha sido ampliado su periodo de enmiendas en 9 ocasiones. “Cada día de retraso supone una oportunidad perdida para acabar con el sufrimiento de miles de personas que son discriminadas por su orientación sexual o su identidad o expresión de género; hecho especialmente preocupante si tenemos en cuenta que estamos hablando de menores de edad o de personas que sufren otro tipo de discriminaciones, como las personas mayores, con discapacidad o las que buscan protección internacional, entre otras”.

Fuente FELGTB/AmbienteG

General, Historia LGTBI Andalucía, Consejo Andaluz de Participación del colectivo Lgtbi, FELGTB, Historia LGTBI, Jesús Generelo, Ley de Igualdad LGTBI, Proposición de Ley

El PSOE pide modificar la Ley para facilitar el cambio registral de sexo y nombre de las personas trans

La iniciativa pide eliminar la exigencia de informes o tratamientos médicos y el límite legal de 18 años para que los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo.

La Plataforma por los Derechos Trans ha aplaudido esta medida pero matizan varias deficiencias en el sistema actual que ven necesario abordar urgentemente.

El grupo socialista del Congreso ha registrado este lunes una propuesta de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. La iniciativa fue presentada por la diputada socialista Dolores Galovart, que estuvo acompañada de Carla Antonelli, también diputada socialista (en la Asamblea de Madrid, en su caso) e histórica activista trans. El objetivo de la propuesta, entre otros: despatologizar la transexualidad y extender el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad.

La Proposición de Ley, tal y como ha sido presentada por el grupo socialista (descargar PDF), elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serían necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Los socialistas proponen que la solicitud de rectificación de la mención de sexo en el Registro Civil “no precise de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada” y que “no se podrá condicionar, en ningún caso a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Además, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años “podrán efectuar la solicitud por sí mismos”, mientras que los menores de esa edad “podrán hacerlo a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, “los menores de edad podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal y resolverá un juez, teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Dolores Galovart ha resaltado que hoy “el PSOE da un paso adelante en la defensa de los derechos civiles” y ha recordado que hace diez años, ya lo hizo con la Ley 3/2007. “Ahora lo volvemos a hacer otra vez. Queremos que el derecho a la identificación sexual sea un verdadero derecho y para eso que no tenga condicionantes por la edad, ni por razón de requisitos externos que tenga que dar otra persona” y subrayó que “la transexualidad no es una enfermedad es una normalidad y la identidad sexual no se diagnostica porque es un derecho”.

La iniciativa pone de manifiesto que “la rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de la personas, a efectos de que no resulte discordante con su sexo registral” También se pide que se facilite el cambio de género y nombre en la tarjeta de residencia de los inmigrantes transexuales. En ese sentido, Carla Antonelli, por su parte, ha señalado que “hoy es un día histórico que pondrá a España, de nuevo a la vanguardia, igual que en 2007 que supuso dar un gran paso hacia adelante al legislar para que no fuera necesaria la cirugía genital para tener un cambio de partida de nacimiento”. Además, Antonelli ha explicado que la ley registrada hoy, “despatologiza completamente la transexualidad desde la propia autodeterminación de la persona; se elimina cualquier requisito médico o quirúrgico y se incluye a las y los menores transexuales”. Igualmente añadió que con ello, “a partir de los 16 años se podrá sacar el cambio registral sin ningún tipo de autorización y además, incluimos la tarjeta de residencia y permiso de trabajo a las personas transexuales extranjeras”.

La diputada de la Asamblea de Madrid reiteró que “seguimos avanzando y comprometidos con el derecho de las personas transexuales y del colectivo LGTB” y expresó que se siente “muy orgullosa de que el PSOE, como era su deber, apueste por reformar esta ley, con los mismos puntos demandados por el colectivo de transexuales” y recordó que este año, el 15 de marzo se cumple el décimo aniversario de esta histórica ley.

En este contexto, la Plataforma por los Derechos Trans ha celebrado esta Proposición de Ley, reclamando el consenso y apoyo a la misma por parte de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, lamentan “que el grupo parlamentario socialista no haya contado con la opinión y la voz de la Plataforma por los Derechos Trans, ya que la misma representa a más del 80% del tejido asociativo trans del estado español”, aseguran.

Asimismo, desde esta plataforma también remarcan que este paso “no es suficiente” y consideran necesario que se aborde urgentemente “una Ley Trans Estatal, que garantice el acceso a los servicios públicos sin discriminaciones, en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía; y un protocolo de atención sanitaria de proximidad, sin segregación, fundamentado en el principio de autodeterminación del género y de despatologización de las identidades trans, pudiendo acceder a nuestras necesidades médicas y quirúrgicas en igualdad de trato que el resto de la ciudadanía”. También reivindican en el plano educativo que los centros “respeten la identidad sentida por la persona, que la realidad de la transexualidad aparezca en los libros de texto, como otras diversidades, así como medidas de acción positiva en el empleo”.

“Las personas trans necesitamos una ley específica que de respuesta integral a la situación de desigualdad social que a día de hoy, después de 39 años de aprobada la constitución, se enfrentan más de 46.000 ciudadanas y ciudadanos españoles, de los que más de 4.600 son menores”, declara Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans. “El apoyo institucional y político es una necesidad para reparar tantos años de discriminación estructural, para que nunca más se vuelvan a vulnerar los derechos de estas personas”, ha añadido.

Para los socialistas se trata de “superar de una vez por todas una legislación que conceptúa el cambio de la identidad sexual y la expresión de género como una enfermedad, como un trastorno y como un problema individual”. Además, para el GPS, “resulta imprescindible lograr de manera definitiva la despatologización de las identidades trans, enfocándolas desde la perspectiva de la diversidad de género, eliminando para siempre las exigencias de informes o tratamientos médicos”, y “que se reconozca verdaderamente el derecho a la identidad sexual o expresión de género autopercibida y libremente determinada por cada persona”, se afirma en la iniciativa.

Por otro lado, con esta reforma “se reconoce de manera definitiva que los menores transexuales tienen derecho a desarrollarse libremente durante su infancia y su adolescencia conforme a la identidad sexual y expresión de género sentida, poniendo fin a la inseguridad jurídica que se está generando para ellos por las resoluciones contradictorias que se están dictando por los diferentes Registros Civiles”. Igualmente –se añade– “se aprovecha esta reforma para reconocer expresamente como beneficiarios y beneficiarias de esta Ley a las personas intersexuales a las que en el momento del nacimiento en la inscripción registral se les asignó un sexo no concordante con el propio sexo sentido”.

Finalmente, “se evita la discriminación de las personas extranjeras con residencia en nuestro país, posibilitando que los documentos que aquí se expidan para ello respeten su identidad sexual”.

Una ley ya envejecida

Diez años tras los cuales la ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Malta y Noruega (dos países que además reconocen ese derecho también a los menores) o de Irlanda, Dinamarca. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

La actual composición del Congreso, por otra parte, no debería hacer difícil la reforma de la ley. Ya el pasado mes de octubre la Comisión de Igualdad del Congreso aprobaba, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que prefirió abstenerse, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a modificar la legislación. La proposición, que fue presentada por Ciudadanos y recibió aportaciones de PSOE y Unidos Podemos, pedía eliminar tanto el límite legal de 18 años para que así los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo como la exigencia de un diagnóstico y tratamiento médico.

En la actual coyuntura política española, aunque el PP se opusiera frontalmente a una reforma de este tipo, si las fuerzas que aprobaron esta proposición fuesen capaces de ponerse de acuerdo una reforma así podría ser aprobada en el Congreso y superar un hipotético veto del Senado. Sería complicado, además, que el Gobierno hiciese uso de la prerrogativa que el artículo 134.6 de la Constitución Española le otorga: tener que dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, prerrogativa que según los analistas el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Está por ver qué sucedería en este caso, en el que parece difícil argumentar que la reforma vaya a suponer un aumento del gasto. El hecho de que el PP se abstuviese y no votase en contra hace pensar que la oposición en este caso podría no ser tan frontal.

Por lo pronto el grupo socialista ha dado el primer paso. Veremos qué sucede en próximas semanas.

Fuente Agencias, vía Cáscara amarga/Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Argentina, Cambio registral del nombre, Carla Antonelli, Ciudadanos, Congreso de los Diputados, Dinamarca, Discriminación, Dolores Galovart, Escocia, España, Grupo Parlamentario Socialista, Irlanda, Malta, Mar Cambrollé, Menores, Niñas transexuales, Niños transexuales, Noruega, Plataforma por los Derechos Trans, Portugal, PP, Proposición de Ley, PSOE, Registro civil, Transexuales, Transexualidad, Unidos Podemos

Según esta entidad, el proyecto “impide el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones” y, además, afectaría a todas las áreas de la vida social, tanto dentro del ámbito público como privado, y a todos los grupos sociales.

El Instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB) ha denunciado ante la Oficina de defensa de los derechos del menor la Proposición de Ley (PNL) para garantizar los derechos de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, al considerar que éste “vulnera derechos de los menores al quererlos adoctrinar en ideologías y teorías socialmente controvertidas”.

Y ello, añaden desde el IPFB, “hasta el punto de regular, con el pretexto de la igualdad, aspectos de la vida de los niños hasta niveles inimaginables como es el caso de los ocios infantiles“, además de “establecer de forma obligatoria talleres de educación sexual, de diversidad sexual e ideología de género al margen de la opinión, voluntad y convicciones de los padres”.

La entidad critica además que la PNL tiene un capítulo educativo en el que “se obliga a incorporar en los contenidos transversales de todo el alumnado, en los currículos, en los materiales de tutoría y en el proyecto educativo del centro, la ideología de género, la realidad LGBT, la diversidad afectivo-sexual y los diferentes modelos de familia”.

“Intenta legislar para invertir grandes sumas de dinero público en producciones culturales, series, programas con especial énfasis en la orientación a niños y jóvenes, para la promoción de la homosexualidad y la ideología de género”, recalca.

“Contemplan todo tipo de ayudas y subvenciones para impulsar, promocionar y favorecer espectáculos infantiles y juveniles que incorporen registros positivos sobre la diversidad afectivo sexual y la identidad de género”, añaden desde el Instituto, aseverando que se establece asimismo “la formación de escuelas de padres para ideologizar en los mismos contenidos“.

Para ello, recalcan, se contemplan programas de información a las familias para divulgar las distintas realidades afectivo-sexuales y los distintos modelos familiares favoreciendo en los centros escolares la realización de actividades específicas relacionadas con los derechos LGBTI (jornadas, fiestas, publicaciones y proyecciones), cuando “el precepto constitucional de igualdad y no discriminación inspira ya disposiciones legales en múltiples materias“.

A juicio del IPFB, “en el fondo, tras la aparente búsqueda de la igualdad de trato, se esconde un engaño: crear los instrumentos jurídicos para que desde el Estado se puedan prohibir y sancionar las opiniones y conductas que discrepen de la ideología de género o no acepten sus exigencias en la vida social lo que lleva a la manipulación y adoctrinamiento de menores”. “Por eso, la ley es un ataque contra la libertad de todos y en particular a los derechos del menor“, sentencia.

Fuente Europa Press

General, Homofobia/ Transfobia. Baleares, Homosexualidad, Illes Balears, Instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB), Proposición de Ley