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Arranca el trabajo institucional para lograr un Pacto de Estado frente a los Discursos de Odio contra grupos vulnerables

Miércoles, 7 de febrero de 2024
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Representantes sociales han señalado el pasado lunes 29 de enero, que los discursos de odio emanan en delito y han pedido “políticas reales de prevención” en el acto Discursos de Odio, un riesgo para la democracia, celebrado en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados. Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Sumar han apuntado que este tipo de mensajes pertenecen a “unas siglas determinadas“.

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Con un acto inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo

“Es fundamental frenar los discursos de odio ya que construyen una sociedad intolerante”

“Fomentan la desigualdad que lleva a una vulneración de derechos”

El PSOE apunta a “hombres blancos” entre 26 y 40 años

Las ONG firmantes del Pacto Social contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables y los grupos parlamentarios PP, PSOE, Sumar y Podemos han dado, este lunes (29 de enero), los primeros pasos de trabajo institucional para la creación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio que proteja a los colectivos en situación de vulnerabilidad del odio que se vierte desde las instituciones públicas y las redes sociales.

IMG_2776En el acto, inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo, han intervenido representantes de la Federación Estatal LGTBI+; CCOO, CESIDA, SEDOAC y Fundación Secretariado Gitano, así como de PP, PSOE, Podemos y Sumar. Durante sus intervenciones, los colectivos sociales han contado en primera persona el impacto sobre los grupos vulnerables de los discursos de odio y los partidos políticos han debatido sobre cómo abordar políticamente la lucha contra estos discursos.

La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo, que ha apuntado que la acción contra los discursos de odio “no puede quedarse en un mero ejercicio de control y eliminación de los episodios puntuales que surjan“, sino que “debe tener el calado suficiente para llegar a la raíz de un problema complejo y estructural“, así como “una vocación transformadora y de permanencia“.

Además, ha recalcado la importancia de “asegurar la protección y la reparación del daño de la víctima. En este punto, ha indicado que es preciso “perseverar en la construcción de una cultura y un discurso de paz, de no discriminación“.

IMG_2778La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió el pasado jueves 25 de enero en la comisión de Igualdad, que se celebró en el Congreso, un “acuerdo de país” contra los discursos de odio hacia las personas y colectivos “más vulnerables“. “Un acuerdo para reforzar el consenso social y político de rechazo a los discursos de odio hacia los distintos grupos en situación de vulnerabilidad social que informe y proteja a las víctimas de la discriminación“, matizó. De esta forma, se daría cumplimiento al acuerdo de coalición suscrito entre PSOE y Sumar, que recogía la firma de un pacto de Estado, similar al de la violencia de género.

IMG_2775En este sentido, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, ha recordado que “es fundamental frenar los discursos de odio ya que construyen una sociedad intolerante, con más violencia, con más odio, una sociedad mucho peor, en la que no queremos vivir.”. “Se trata de mensajes que atentan directamente contra los valores democráticos y contra los derechos humanos. Perjudican seriamente la cohesión social y la calidad de vida de muchas personas. Son el odio por el odio”, denuncia, y ha pedido “compromiso” a los grupos parlamentarios, así como “políticas reales de prevención del discurso de odio” y “que se pongan a trabajar ya”, que “no demoren”. Además, ha destacado la necesidad de un Pacto de Estado para las personas LGTBI, que “defienda” la “dignidad” y la “salud” del colectivo.

IMG_2783Por su parte, Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, ha subrayado que las discriminaciones estructurales “se pueden combatir desde las leyes cuando el tejido social se escucha por el Parlamento y por los gobiernos”. En esta línea, ha señalado que “sólo colectivamente se transforma la sociedad“. En todo caso, ha apuntado que se tiene que intervenir, no solamente en los medios de comunicación y en las grandes empresas digitales, sino también “en el consenso de los gobiernos y quien puede legislar”.“Es fundamental erradicar el odio del espacio público e incidir, además, especialmente en los entornos laborales”. Así, ha añadido que “los discursos de odio se traducen en discriminaciones en el acceso al empleo y situaciones de acoso y violencia en los trabajos que es imprescindible combatir”.

IMG_2782Asimismo, Carmen Martín, secretaria de Cesida, advierte de la necesidad de este Pacto, “ya que los discursos de odio no solo fomentan la serofobia, xenofobia, homofobia y transfobia, sino que también fomentan la desigualdad que lleva a una vulneración de derechos y, por lo tanto, afecta a la calidad de vida de estas personas”.

En la misma línea se ha manifestado la tesorera de la Asociación de Mujeres Empleadas de Hogar y Cuidados (SEDOAC), Edith Espinola, quien ha recalcado que este tipo de mensajes “generan muchísimo dolor, angustia, baja autoestima“. Asimismo, ha criticado los estereotipos que sufren los migrantes en España. “No es igual venir de IMG_2781la comunidad musulmana que venir de África y mucho menos venir de América Latina. Si somos latinos, generalmente estamos en bandas latinas, que se utiliza muchísimo como arma arrojadiza para decir que somos malos, que venimos en oleadas a violar y matar mujeres españolas o europeas”, ha afirmado

Igualmente, José Santos, periodista del área de comunicación de la Fundación Secretariado Gitano, ha advertido sobre el impacto que tienen estos discursos en las personas que pertenecen a grupos tradicionalmente discriminados, contra los que se dirigen. “Estos mensajes, como puede ser el caso del discurso antigitano, parten de unos estereotipos arraigados en la sociedad y tienen unas consecuencias concretas en las IMG_2773personas, que se traducen en vulneraciones de derechos en nuestro día a día”, ha declarado. Ha centrado su discurso en el lenguaje, en la manera que tiene la sociedad y los medios de comunicación de dirigirse al pueblo gitano. En este punto, ha denunciado que a esta parte de la población se la “deshumaniza“, se la compara “con animales“, se dice que es “una plaga“, e incluso que debería de haber sido “exterminada” en la Segunda Guerra Mundial en las cámaras de gas. También ha criticado que cada vez hay más insultos y cada vez se incita más a la violencia.

Asimismo, ha intervenido por el Grupo Parlamentario Socialista la diputada Sonia Guerra, que ha manifestado que la línea que diferencia el discurso de odio y el delito de odio es IMG_2779“demasiado sutil”. “En el momento en el que hay discurso, hay delito, y en el momento en el que hay delito, hay odio, ha afirmado. Igualmente, ha explicado que este tipo de mensajes nacen a partir de una ideología política”, de “unas siglas determinadas“, que “está presente a nivel internacional y a nivel mundial”. Además, ha añadido que “mayoritariamente son racistas” y de “orientación e identidad sexual” y que pertenecen a “hombres blancos” con una edad comprendida entre los 26 y los 40 años. En este sentido, ha pedido hacer “un gran pacto social y político” y que se luche “contra el fascismo y contra los discursos de odio”.

IMG_2780Por Sumar, Tesh Sidi ha explicado que los discursos de odio se dan “por un avance de la extrema derecha en toda Europa, en todo el mundo”. Igualmente, ha pedido hacer mucha pedagogía” y que, si se vulnera un derecho, es “fundamental” que “todos” vayan “con ese derecho”, o no vamos.

Aunque estaba prevista su presencia  “disculparon” su ausencia la representante de Podemos Noemí Santana y del PP Jaime De los Santos.

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«Discursos de Odio. Un riesgo para la democracia» 

Es fundamental identificar  el papel de los que promueven estos discursos y el  de actores sociales y políticos en la lucha contra los discursos de odio.

Los discursos de odio son la causa. Los delitos de odio, la consecuencia. Por eso, promovemos el Pacto de Estado contra los Discursos de Odio.

Fuente FELGTBI+/Infolibre/Agencias

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La Federación Estatal LGTBI+, Triángulo y Chrysallis piden al Gobierno que implemente la Ley LGTBI+ para blindar derechos

Sábado, 23 de diciembre de 2023
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El 22 de diciembre se cumple un año de la aprobación en el Congreso de la Ley Estatal LGTBI+

La Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), Fundación Triángulo y la Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans* Chrysallis defienden que, “hoy más que nunca, es necesario el despliegue completo de la Ley Estatal LGTBI+ en sus diversos aspectos, registrales, administrativos, estratégicos, educativos, sanitarios o laborales para frenar el odio”.

Así lo reivindican públicamente al Gobierno de España, las tres organizaciones que negociaron el desbloqueo de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, en el primer aniversario de su aprobación en el Congreso.

Ante los intentos del Partido Popular de Feijóo y sus socios de Vox de eliminar los derechos del colectivo LGTBI+ en los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas que gobiernan, las tres organizaciones impulsoras recuerdan que la legislación aprobada hoy hace un año es un límite estatal claro. “Debe reglamentarse, desarrollarse e implementarse a máximos para servir de dique de contención ante los discursos y políticas del odio que están promoviendo PP y Vox”, defienden.

Algunos ejemplos de las políticas del PP y Vox son la censura de libros y obras de teatro con contenido LGTBI+; el quitar la bandera LGTBI+ de los consistorios; la eliminación de las subvenciones a toda asociación LGTBI+ y el intento de mutilar las leyes trans y LGTBI+ de Madrid. Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha eliminado de las leyes autonómicas madrileñas la educación en diversidad sexual y la formación contra el acoso escolar LGTBIfóbico; ha despenalizado las terapias de conversión contra personas trans y ha socavado la libre determinación de las personas trans que garantiza la ley estatal, especialmente en el caso de los menores.

“En la anterior legislatura luchamos para tener un dique de contención contra el odio”

A juicio de Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, “la ley estatal debe reglamentarse e implementarse a máximos, porque en la anterior legislatura luchamos para tener un dique de contención contra el odio. En la Comunidad de Madrid estamos viendo como el PP de Feijóo intenta recuperar las terapias de conversión a las personas trans y eliminar los contenidos educativos para prevenir el acoso escolar LGTBIfóbico. Pero la Ley estatal nos protege. Y si la señora Ayuso se niega a cumplirla, le pedimos al Gobierno que la haga cumplir porque nos asiste tanto la ley, como la razón contra el odio. No vamos a dar ni un paso atrás”.

Por su parte, José María Núñez, presidente de Fundación Triángulo, ha indicado que “la pasada legislatura convirtió en ley estatal, con una amplia mayoría parlamentaria, la protección de los derechos de las personas LGBTI, y en especial la atención integral a las personas Trans. El Gobierno debe desplegar en esta legislatura, y en lo que competa a los gobiernos de las diferentes autonomías, una política pública ambiciosa en materia de diversidad sexual y de género. Es una cuestión de justicia social y la mejor manera de combatir los discursos de odio que proliferan desde Vox y que, de manera implícita, respaldan muchos gobiernos del PP. No todos, pero sí la mayoría.

“No existe inseguridad jurídica, ni se criminaliza a profesional alguno”

Asimismo, Encarni Bonilla, presidenta de Chrysallis ha asegurado que “la Ley 4/2023 ha sentado las bases y ha dado legitimidad a las reivindicaciones históricas sobre autodeterminación de las personas trans”. Las 14 leyes LGTBI autonómicas existentes regulan los derechos en algunas de las competencias derivadas que tienen las CCAA, principalmente en educación y sanidad.

“No es cierto que haya que adaptarlas a la ley estatal, no son el resultado de ingeniería social de género, sino del diálogo histórico entre el colectivo LGTBI y los diferentes gobiernos regionales de derechas y de izquierdas. Tampoco existe inseguridad jurídica, ni se criminaliza a profesional alguno. El Partido Popular está cayendo en una peligrosa dinámica blanqueando los discursos de odio y fomentando la violencia contra un colectivo vulnerable. Instamos al Gobierno de la nación a que actúe como garante de los derechos humanos del colectivo LGTBI, con especial atención a la infancia y la juventud trans”, ha defendido.

Fuente FELGTBI+

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Evitar la “ingeniería social” y los “excesos”: Ayuso lidera el discurso ultra que justifica los recortes en las leyes LGTBI

Jueves, 23 de noviembre de 2023
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la-presidenta-de-la-comunidad-de-madrid-isabel-diaz-ayuso_4_800x450El PP de Madrid lleva a la práctica las ideas que la ultraderecha defendió en la última campaña y en sus pactos de gobierno, y reforma normas autonómicas para no “confundir” la protección de las personas LGTBI con “alguna ideología” o luchar contra la “imposición de doctrinas”

Marta Borraz

Porque hay discriminación”. La presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso, defendía así la ley contra la LGTBIfobia de la comunidad frente a la que después se convertiría en diputada de Vox, Carla Toscano. Era 2016, Madrid acababa de aprobar la norma, la extrema derecha no estaba en las instituciones y entonces era presidenta Cristina Cifuentes. Las cosas hoy son diferentes. Ayuso preside la comunidad y tras flirtear desde 2019 con la idea de reformar la ley para contentar a Vox, que se lo ha exigido reiteradamente, no ha sido hasta ahora, que cuenta con mayoría absoluta, cuando ha decidido iniciar el proceso.

El grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid acaba de registrar este viernes dos proposiciones de ley que previsiblemente se aprobarán antes de que termine el año y que modifican el paquete legislativo con el que desde 2016 cuenta la región: la conocida como ley trans y la de protección contra la LGTBIfobia. El trámite, iniciado por la vía de urgencia, ha indignado a la oposición y a los colectivos LGTBI, que se han agrupado en la plataforma Ni un paso atrás, y se concentraron este lunes (día 13 de noviembre) en la Puerta del Sol para denunciar lo que a su juicio es un “retroceso legislativo”.

El paso dado por el PP de Ayuso se convierte en el primero de los anunciados por las derechas en un contexto de aumento de poder autonómico y municipal que ha puesto al colectivo LGTBI en la diana. La diversidad tuvo un papel clave en los pactos de gobierno entre PP y Vox tras las elecciones y acabó cristalizando en cuestiones como la retirada de las banderas arcoíris de los edificios municipales por exigencia de la ultraderecha, los vetos a los símbolos o la promesa de derogación o reforma de las leyes autonómicas, además de en Madrid, en Aragón o Baleares, donde aún no han iniciado el proceso.

En otras comunidades, los populares compraron el veto parental, una de las medidas estrella de la extrema derecha destinada a impedir charlas LGTBI, feministas o de educación afectivo sexual en los centros educativos y que todavía no han amagado con implantar en ningún territorio. Todo ello revestido de la retórica habitual que ha ganado fuerza en los últimos años, con la que hay quienes equiparan el avance en derechos al “adoctrinamiento ideológico” de la sociedad, especialmente de las niñas, niños y adolescentes en las aulas.

En la Región de Murcia, donde más lejos ha llegado la implantación del veto parental, el Gobierno regional, en manos de PP y Vox, eliminó las siglas LGTBI de la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad en enero de este año, aunque el pacto no nombra (ni para bien ni para mal) a las personas LGTBI. En la Comunitat Valenciana, el punto 29 del acuerdo que hizo presidente con el apoyo de la ultraderecha al popular Carlos Mazón se comprometía a reforzar la inspección educativa para “sacar la ideología de las aulas y permitir que los padres elijan la educación de sus hijos”.

La retórica de la “ideologización

Es este mismo el marco que replica la norma que está empezando a tramitar el PP madrileño para reformar la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual. Así, la exposición de motivos asegura que la ley, aprobada hace siete años con la abstención de los populares, contenía elementos que “podían socavar la igualdad” o “confundir” la protección de algunas personas “con alguna ideología concreta que pudiera monopolizar el debate público, el académico, los medios, las artes, y se erigiera en una visión monopolística y excluyente”.

El texto califica de “excesos” algunos preceptos y afirma que la reforma “busca evitar” que la no discriminación “se convierta en un instrumento de ‘ingeniería social’ que confunda ciertas doctrinas de parte con los derechos fundamentales”, además de corregir aspectos que “ya sea de buena fe o motivos por el afán de imponer ciertas doctrinas conocidas como ‘de género’ acaban conculcando derechos fundamentales”. En el fondo, late el discurso de la “ideología de género”, que no es nuevo ni inocente, sino que lleva siendo usado internacionalmente desde principios de los 2000 por sectores ultracatólicos para socavar los derechos de las mujeres y personas LGTBI.

El Gobierno madrileño defiende, además, que las normas deben adaptarse a la Ley Trans estatal que entró en vigor el pasado mes de marzo y, según han asegurado varios miembros del Ejecutivo estos últimos días, las reformas buscan otorgar peso a los “profesionales cualificados y personas especializadas” en detrimento de los colectivos LGTBI, ya que, según ha declarado Ayuso, “se había creado un mundo paralelo para lobbies”.

Para las organizaciones LGTBI, los textos suponen un retroceso que tendrá como efecto “la desprotección e invisibilización” de las personas LGTBI y especialmente de las personas trans, cree Luis Fernando Rosales, coordinador de Arcópoli. Además, la carga simbólica de la reforma la han señalado todos los colectivos. Y es que en ella se defiende que viene a “corregir” aspectos de la actual normativa que podrían “conculcar” derechos como “la libertad de expresión y de prensa, la libertad de cátedra y educativa o la presunción de inocencia”. “Lo que esconde esta narrativa es intentar convencer a la ciudadanía de que no estamos hablando de derechos humanos sino de ideología”, explica Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI.

La autodeterminación, de “dudosa constitucionalidad”

Entre otras cosas, la reforma de la conocida como ley trans (Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación) elimina el concepto de identidad de género, que sustituye por “sexualidad” o “condición sexual” y también el reconocimiento del “derecho a la identidad de género libremente manifestada” que sí contempla ahora la norma.

Ya en la exposición de motivos, la reforma apunta a que la autodeterminación de género, en la que se basa la Ley Trans estatal para que las personas trans puedan modificar su sexo legal, es de “muy dudosa constitucionalidad” ya que es “ajeno a la Ciencia y al Derecho” y cuya introducción “va en detrimento de la seguridad jurídica”. Si ahora la ley trans autonómica reconoce que “en ningún caso” las personas trans deberán ser obligadas a acreditar su identidad “mediante informe médico o psicológico”, la reforma elimina esta frase para incorporar que se “tomarán en consideración los informes de los servicios médicos”.

Aunque está por ver qué efectos concretos tendrán estas modificaciones teniendo en cuenta que ahora sí ya existe un paraguas estatal, un cambio inmediato en el ámbito sanitario, que depende de las comunidades, es que los menores trans solo podrán acceder al tratamiento médico tras ser atendidos “por un profesional de la salud mental” y necesitarán un informe médico favorable “imprescindible” si tienen dos o más enfermedades mentales al mismo tiempo.

Las dos proposiciones de ley registradas paralelamente coinciden en algunos puntos: ambas derogan el régimen sancionador, por lo que en Madrid pasará a regir únicamente el estatal; eliminan el fomento de contenidos en pos del respeto a la identidad de género de los medios de comunicación y también acaban con la inversión de la carga de la prueba, una excepción común en el derecho anti discriminatorio que implica que en procedimientos civiles, administrativos o laborales, nunca penales, es la parte demandada la que debe demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad.

Para Saúl Castro, abogado especializado en derechos LGTBI, los efectos de unas y otras medidas difieren. La inversión de la carga de la prueba “fue establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional” y venía a ser “una reiteración” porque se trata “de una práctica jurisdiccional asentada” que ya está establecida en la llamada Ley Zerolo y en la Ley Trans. Lo que sí considera “más grave” es la eliminación del régimen sancionador porque la normativa estatal “fue muy tibia” en este sentido “y contempla muchas menos infracciones” contra el colectivo LGTBI.

Sin Consejo LGTBI ni centro de memoria histórica

La reforma propuesta por los populares deroga el artículo que obliga a la creación del Consejo LGTBI y del centro de memoria histórica LGTBI, además de diluir las medidas de apoyo y reconocimiento institucional y las del ámbito educativo, el preferido por la extrema derecha en su cruzada antiLGTBI. Entre otras cosas, suprime la inclusión en el currículo de contenidos en diversidad –aunque los incorpora la Ley Trans estatal– la previsión de que las bibliotecas cuenten con un fondo LGTBI o el compromiso de que los poderes públicos conmemoren el 17 de mayo como día contra la LGTBIfobia e instalen la bandera arcoíris en las sedes institucionales.

Aun así, el efecto real sobre los derechos de la población es limitado para Castro. No porque no sea “un recorte gravísimo” sobre el papel, sino porque “las leyes no se estaban implementando o lo estaban haciendo de forma incorrecta”. El abogado define el paso dado por el grupo popular como “una materialización de un incumplimiento reiterado” y muestra sus dudas sobre cómo va a convivir la nueva legislación con la Ley Trans o la Ley Zerolo porque “puede haber preceptos que entren en conflicto”. Para Sangil, es especialmente perjudicial “que se eliminen las referencias a trabajar la diversidad en las aulas” porque implicará una rebaja de estos contenidos.

En el ámbito del deporte también hay algún cambio. En línea con las reivindicaciones que un sector del feminismo contrario a la autodeterminación de género ha enarbolado en los últimos años, la reforma de la ley trans madrileña mantiene la promoción de las personas trans en igualdad en el deporte y añade “sin menoscabo de los derechos de los demás participantes, y en especial del deporte femenino en todas sus categorías”, un precepto que repite en las demás medidas.

Este ha sido celebrado por la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, una de las plataformas contrarias a la Ley Trans más activas, como un “aspecto muy positivo” así como “la limitación de las intervenciones del transactivismo en el ámbito educativo” o la “eliminación de contenidos educativos acientíficos”, pero la organización pide más y reclama, entre otras cosas, que los adolescentes menores de edad no puedan acceder a tratamientos médicos o que en las residencias de mayores u hospitales no se permita el uso de instalaciones según la identidad de género.

Fuente El Diario

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El PP de Ayuso registra una ley que deroga los derechos de las personas trans y LGTBI en Madrid

Sábado, 11 de noviembre de 2023
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IMG_3764La proposición de ley mantiene la prohibición de las terapias de conversión excepto en el caso de las personas trans. La norma, registrada este viernes, se tramitará por la vía de urgencia para que esté aprobadas antes de que finalice el año sin que la oposición pueda presentar enmiendas

 

Isabel Díaz Ayuso ya lo avisó cuando fue investida presidenta el pasado mes de junio: una de sus primeras medidas en la nueva legislatura sería modificar las leyes trans y LGTBI autonómicas aprobadas durante el mandato de Cristina Cifuentes. El grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid ha registrado este viernes dos proposiciones de ley para modificar la ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual  en la Comunidad de Madrid, que de facto supone recortar los derechos para el colectivo. Desde Más Madrid lo califican de “retroceso legislativo”.

En concreto, la proposición de ley mantiene la prohibición de las terapias de conversión excepto en el caso de las personas trans. Además, se suprime el plan contra el acoso a los alumnos LGTBI en los colegios y se elimina la formación del profesorado y los contenidos dirigidos a mostrar la realidad LGTBI. También desparece el consejo LGBTI.

La ley se aprobará por la vía de urgencia con el objetivo de que salga adelante con la mayoría absoluta del PP antes de que finalice el año. Este mecanismo impide que los grupos de la oposición puedan presentar enmiendas a la norma. La tramitación de urgencia responde, aseguran desde el grupo popular, a la necesidad de “adaptar la actual ley a la normativa estatal, corregir determinados aspectos de la misma y garantizar la necesaria protección de los derechos fundamentales y de la igualdad efectiva ante la ley de todos los ciudadanos”.

La realidad, sin embargo, es que con la modificación se recortan derechos. Entre otros objetivos, las modificaciones en la ley trans buscan “corregir algunos aspectos, ya fueran de buena fe o movidos por el afán de imponer ciertas doctrinas conocidas como ‘de género’, que acababan conculcando derechos como la libertad de expresión y de prensa, y la libertad de cátedra y educativa de los artículos 20 y 27 de la Constitución Española, o la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución”.

En detalle, alude a la inversión de la carga de la prueba, así como la ‘discriminación por error’, que, explican, es una variante de facto de la “falta de presunción de inocencia y contraria al espíritu y la letra de nuestras leyes”. “Además de la muy dudosa constitucionalidad del concepto de ‘autodeterminación de género’, ajeno a la Ciencia y al Derecho, y cuya introducción va en detrimento de la seguridad jurídica de cada uno de los propios afectados, así como de la sociedad entera”, indica el texto.

En medio del debate público sobre los derechos del colectivo LGTBI después de que Vox los haya cuestionado en todos aquellos parlamentos y ayuntamientos donde ha llegado el poder, Ayuso se suma a esta agenda ideológica con su mayoría absoluta –sin necesidad de la extrema derecha–.

La líder de Más Madrid en la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha acusado este viernes a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de “meter por la puerta de atrás” la “derogación” de la Ley Trans y ha advertido que las modificaciones que pretende el PP en la región supone “el primer retroceso en derechos LGTBI en décadas”.

“Una reforma que le quita los derechos a las personas trans, que les quita el reconocimiento y que además las patologiza”, ha recalcado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, y todo ello, ha lamentado García, “en un contexto de auge de los ataques a las personas trans”.

La portavoz de Más Madrid ha acusado a Ayuso de “allanar el terreno a los comportamientos violentos” con una reforma “que es de facto una derogación camuflada”. “Supone un retroceso y sobre todo va a suponer la primera vez en décadas que la Comunidad de Madrid va hacia atrás, va atrás en el reconocimiento legislativo de las personas trans y las personas LGTBI”, ha defendido.

También ha salido a criticar la proposición de ley la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha recordado que la Comunidad de Madrid tiene la obligación de cumplir la normativa estatal. “Ayuso despliega su agenda reaccionaria. Que no olvide que está obligada a cumplir la ley”, ha apuntado la ministra.

La vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, también ha reaccionado a la medida del PP de Madrid asegurando que en las elecciones generales del 23 de julio “la comunidad LGTBI se movilizó por sus derechos”. “Es nuestro compromiso defenderla. Habrá un Pacto de Estado a favor de los derechos y libertades LGTBI en toda España”, ha avisado Díaz.

“El PP vuelve a situarse en la historia del lado de la LGTBIfobia. Son peores que Vox”, ha señalado Santiago Rivero, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, a través de sus redes sociales. “Necesitamos defender nuestros derechos de esta ofensiva que nos quiere volver a llevar a los armarios. Tienen cero legitimidad para hablar de igualdad”, ha agregado.

La mayoría absoluta que el PP tiene en la Cámara de la Asamblea garantiza que ambas iniciativas de reforma prosperen. Cuando lo hagan, la ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, conocida como ley LGTBI, pasará a llamarse formalmente ley de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas transexuales e intersexuales de la Comunidad de Madrid. Mientras, la ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid será llamará ley de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid.

A continuación se indican las principales modificaciones, en formato de derogación, que plantean en el texto registrado por los populares para ambas leyes:

Ley 2/2016, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación

– Deroga el reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada, al igual que al libre desarrollo de su personalidad y a ser tratado de conformidad a su identidad de género.

 – Elimina la protección de documentación administrativa en la que rezaba la seguridad de que “en todos y cada uno de los casos y procedimientos en los que participe la Comunidad de Madrid, se obrará teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género”.

– Se quita de la norma que el contenido educativo contemple la no discriminación por la identidad y expresión de género, y las acciones de los centros educativos para proteger contra el acoso, con la derogación del artículo 24.

– Los medios de comunicación de titularidad autonómica ya no tendrán que fomentar “la concienciación, divulgación y transmisión de la inclusión social y el respeto a la identidad y expresión de género”.

– Se elimina la evaluación de impacto de las normas del Ejecutivo sobre la identidad de género y la inversión de la carga de la prueba.

Ley 3/2016, de Protección integral contra la LGTBIfobia y Ley Protección contra al LGTBIFobia

– La norma pasa a denominarse “Ley de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid”

– Se deroga la creación del Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid y se elimina la contribución de las instituciones y los poderes públicos madrileños a la visibilidad de las personas LGTBI en Madrid.

– También se eliminan todos los apartados correspondientes a los planes educativos y el fomento de la no discriminación, al igual que a la revisión de currículos educativos.

– Las organizaciones LGTBI con experiencia en la materia ya no impartirá a los profesionales de los centros educativos la formación necesaria para garantizar que el derecho a la educación de los menores de edad LGTBI.

Fuente Agencias

 

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Lo cristiano es sumar.

Martes, 5 de noviembre de 2019
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el-sexo-y-los-curasFelicidades. Un cura que por el motivo que sea, decide dejar de ejercer como presbítero, ya no es visto y tratado como un enemigo de la Iglesia. Ya no es maldito. Sino que –según las nuevas prescripciones de la Iglesia– se le ve como un hermano al que se acoge y se le brindan todas las oportunidades de seguir siendo miembro activo de la comunidad: como profesor, catequista, colaborador…

Es fenomenal ese cambio: de ser una especie de “traidor”, pasa a ser miembro activo positivo.

No hay enemigos, no hay fracasados, no hay personas a las que ver de lejos y tratar como “huidos”. Son personas que han optado por un servicio distinto y que pueden seguir aportando todos sus dones a la comunidad.

Me encanta el que éste sea un nuevo talante. Cuando una persona toma sus decisiones vitales, no hay que verlo como enemigo, sino como compañero, desde otros baremos. Qué bien si acertamos a aprovechar sus cualidades para el bien de la comunidad.

Y esto marca un estilo de actuar a todos los niveles. Que nunca unas leyes, unas costumbres, unas normas, una forma de pensar priven a la comunidad de unos servicios. Con la riqueza tan enorme que suponen los conocimientos, las aptitudes y los saberes que ya tienen.

Se ve que vamos dando pasos serios en la mentalidad y en la práctica de la Iglesia. Hace falta otro empuje y caminar hacia casados –hombres y mujeres– que puedan servir a la comunidad como presbíteros y sacerdotes.

Por lo menos el gesto de no privar de servicios a los que deciden dejar ese ministerio.

Conozco –sobre todo en el mundo de los frailes–, personas que, después de dejar la orden, han estado y siguen trabajando fenomenalmente en sus colegios y sus obras. E incluso, cuando se ha dado el hecho de sacerdotes que han salido por cuestión de fe, han seguido ofreciendo sus valores, su amistad, su familia y su casa a los antiguos amigos y a la parroquia.

En definitiva, se trata de potenciar la suma, todo lo que les ayude a ellos y a los demás. Sumar y aceptarnos.

Gerardo Villar

Fuente Fe Adulta

Espiritualidad, Iglesia Católica , ,

Recordatorio

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