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El PP de Ayuso registra una ley que deroga los derechos de las personas trans y LGTBI en Madrid

Sábado, 11 de noviembre de 2023

IMG_3764La proposición de ley mantiene la prohibición de las terapias de conversión excepto en el caso de las personas trans. La norma, registrada este viernes, se tramitará por la vía de urgencia para que esté aprobadas antes de que finalice el año sin que la oposición pueda presentar enmiendas

 

Isabel Díaz Ayuso ya lo avisó cuando fue investida presidenta el pasado mes de junio: una de sus primeras medidas en la nueva legislatura sería modificar las leyes trans y LGTBI autonómicas aprobadas durante el mandato de Cristina Cifuentes. El grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid ha registrado este viernes dos proposiciones de ley para modificar la ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual  en la Comunidad de Madrid, que de facto supone recortar los derechos para el colectivo. Desde Más Madrid lo califican de “retroceso legislativo”.

En concreto, la proposición de ley mantiene la prohibición de las terapias de conversión excepto en el caso de las personas trans. Además, se suprime el plan contra el acoso a los alumnos LGTBI en los colegios y se elimina la formación del profesorado y los contenidos dirigidos a mostrar la realidad LGTBI. También desparece el consejo LGBTI.

La ley se aprobará por la vía de urgencia con el objetivo de que salga adelante con la mayoría absoluta del PP antes de que finalice el año. Este mecanismo impide que los grupos de la oposición puedan presentar enmiendas a la norma. La tramitación de urgencia responde, aseguran desde el grupo popular, a la necesidad de “adaptar la actual ley a la normativa estatal, corregir determinados aspectos de la misma y garantizar la necesaria protección de los derechos fundamentales y de la igualdad efectiva ante la ley de todos los ciudadanos”.

La realidad, sin embargo, es que con la modificación se recortan derechos. Entre otros objetivos, las modificaciones en la ley trans buscan “corregir algunos aspectos, ya fueran de buena fe o movidos por el afán de imponer ciertas doctrinas conocidas como ‘de género’, que acababan conculcando derechos como la libertad de expresión y de prensa, y la libertad de cátedra y educativa de los artículos 20 y 27 de la Constitución Española, o la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución”.

En detalle, alude a la inversión de la carga de la prueba, así como la ‘discriminación por error’, que, explican, es una variante de facto de la “falta de presunción de inocencia y contraria al espíritu y la letra de nuestras leyes”. “Además de la muy dudosa constitucionalidad del concepto de ‘autodeterminación de género’, ajeno a la Ciencia y al Derecho, y cuya introducción va en detrimento de la seguridad jurídica de cada uno de los propios afectados, así como de la sociedad entera”, indica el texto.

En medio del debate público sobre los derechos del colectivo LGTBI después de que Vox los haya cuestionado en todos aquellos parlamentos y ayuntamientos donde ha llegado el poder, Ayuso se suma a esta agenda ideológica con su mayoría absoluta –sin necesidad de la extrema derecha–.

La líder de Más Madrid en la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha acusado este viernes a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de “meter por la puerta de atrás” la “derogación” de la Ley Trans y ha advertido que las modificaciones que pretende el PP en la región supone “el primer retroceso en derechos LGTBI en décadas”.

“Una reforma que le quita los derechos a las personas trans, que les quita el reconocimiento y que además las patologiza”, ha recalcado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, y todo ello, ha lamentado García, “en un contexto de auge de los ataques a las personas trans”.

La portavoz de Más Madrid ha acusado a Ayuso de “allanar el terreno a los comportamientos violentos” con una reforma “que es de facto una derogación camuflada”. “Supone un retroceso y sobre todo va a suponer la primera vez en décadas que la Comunidad de Madrid va hacia atrás, va atrás en el reconocimiento legislativo de las personas trans y las personas LGTBI”, ha defendido.

También ha salido a criticar la proposición de ley la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha recordado que la Comunidad de Madrid tiene la obligación de cumplir la normativa estatal. “Ayuso despliega su agenda reaccionaria. Que no olvide que está obligada a cumplir la ley”, ha apuntado la ministra.

La vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, también ha reaccionado a la medida del PP de Madrid asegurando que en las elecciones generales del 23 de julio “la comunidad LGTBI se movilizó por sus derechos”. “Es nuestro compromiso defenderla. Habrá un Pacto de Estado a favor de los derechos y libertades LGTBI en toda España”, ha avisado Díaz.

“El PP vuelve a situarse en la historia del lado de la LGTBIfobia. Son peores que Vox”, ha señalado Santiago Rivero, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, a través de sus redes sociales. “Necesitamos defender nuestros derechos de esta ofensiva que nos quiere volver a llevar a los armarios. Tienen cero legitimidad para hablar de igualdad”, ha agregado.

La mayoría absoluta que el PP tiene en la Cámara de la Asamblea garantiza que ambas iniciativas de reforma prosperen. Cuando lo hagan, la ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, conocida como ley LGTBI, pasará a llamarse formalmente ley de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas transexuales e intersexuales de la Comunidad de Madrid. Mientras, la ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid será llamará ley de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid.

A continuación se indican las principales modificaciones, en formato de derogación, que plantean en el texto registrado por los populares para ambas leyes:

Ley 2/2016, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación

– Deroga el reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada, al igual que al libre desarrollo de su personalidad y a ser tratado de conformidad a su identidad de género.

 – Elimina la protección de documentación administrativa en la que rezaba la seguridad de que “en todos y cada uno de los casos y procedimientos en los que participe la Comunidad de Madrid, se obrará teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género”.

– Se quita de la norma que el contenido educativo contemple la no discriminación por la identidad y expresión de género, y las acciones de los centros educativos para proteger contra el acoso, con la derogación del artículo 24.

– Los medios de comunicación de titularidad autonómica ya no tendrán que fomentar “la concienciación, divulgación y transmisión de la inclusión social y el respeto a la identidad y expresión de género”.

– Se elimina la evaluación de impacto de las normas del Ejecutivo sobre la identidad de género y la inversión de la carga de la prueba.

Ley 3/2016, de Protección integral contra la LGTBIfobia y Ley Protección contra al LGTBIFobia

– La norma pasa a denominarse “Ley de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid”

– Se deroga la creación del Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid y se elimina la contribución de las instituciones y los poderes públicos madrileños a la visibilidad de las personas LGTBI en Madrid.

– También se eliminan todos los apartados correspondientes a los planes educativos y el fomento de la no discriminación, al igual que a la revisión de currículos educativos.

– Las organizaciones LGTBI con experiencia en la materia ya no impartirá a los profesionales de los centros educativos la formación necesaria para garantizar que el derecho a la educación de los menores de edad LGTBI.

Fuente Agencias

 

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