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El 10% de la población española pertenecen al colectivo LGTBi pero solo un 38% se atreve a decirlo

Viernes, 28 de junio de 2019

acto-lgtbMA-minLa Asociación Mujeres Avenir convocó el acto “El Colectivo LGTBi: Contexto Profesional y Marco Legal” con ocasión de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT.

La Asociación de Amistad Hispano-Francesa Mujeres Avenir trabaja activamente en el cambio social, cuyo fin más inmediato es poner punto y final a todas las manifestaciones de intolerancia y de discriminación laboral por razones de homofobia con las que todavía se convive en la actualidad.

Dña. María Luisa de Contes, Presidenta de Mujeres Avenir y Secretaria General de Renault en España presentó el acto y reivindicó “la necesaria lucha que hoy más que nunca debemos de protagonizar desde las empresas y desde la sociedad para evitar un retroceso en los derechos”. También recordó que “hoy no somos muchas las que estamos realizando un acto público para luchar contra la discriminación LGTBi; para nosotros es tan importante hablar del problema que vivimos como hacerlo visible en la sociedad, y parece que hoy hay más miedo que en años anteriores”

Este retroceso puede venir provocado por los últimos cambios políticos que ha vivido y está viviendo España desde los municipios a las autonomías, con la incorporación en las áreas de poder de personas que rechazan la defensa de los derechos de todos y todas, por razón de su diversidad”.

“Las PYMES y multinacionales ocultan la realidad del entorno laboral español, donde un porcentaje de entre un 6% y un 10% de los profesionales tienen una condición LGTBi, que hoy no se atreven a mostrar públicamente y las empresas tampoco quieren hacer visible, nos dicen que en sus plantillas esa realidad no existe y el índice es cero.  La realidad es muy diferente, siguen insistiendo en ocultarla y nosotras luchamos por normalizarlo. La igualdad no se negocia y no admite retrocesos”, concluyó María Luisa de Contes.

El acto fue inaugurado por D. Ignacio Sola Barleycorn, Director General de Igualdad de Trato y Diversidad del Gobierno de España, que incidió en la importancia de normalizar la identidad de las personas: “no puede ser impedimento u obstáculo para el correcto desarrollo personal y profesional su condición LGTBi. Una sociedad justa y cohesionada se basa en la no discriminación, en no recortar los derechos de las personas, los derechos de toda la sociedad”.

Dña. Laura Pérez, socia del despacho Pérez-Llorca y experta en Derecho de la Diversidad, incidió en la necesidad de un marco legal de la diversidad en las empresas y para ello marcó una serie de medidas imprescindibles para erradicar la discriminación, desde la formación, la utilización de un lenguaje inclusivo y el fomento de la visibilidad de esta realidad.

Para esta profesional, “es muy importante realizar en paralelo un diagnóstico de la empresa, comprobar que no hay discriminación, crear códigos éticos de conducta con los valores de la empresa, negociar protocolos de acoso e informar a los empleados y directivos de posibles actos injustificados y sus consecuencias”.

Dña. Marta Fernández, fundadora de LesWorking -primera red profesional internacional para mujeres lesbianas- y codirectora general de la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBT en España; recordó que vivimos en un país que oculta la diversidad, “En España se estima que el 10% de la población pertenecen al colectivo LGTBi, pero solo un 38% de este colectivo se atreven a mostrar su realidad en sus empresas, se ocultan por miedo a las posibles represalias”.

Para esta profesional el futuro no pinta mejor: “las nuevas generaciones tienen más miedos y son muy pocos los que se atreven a salir del armario en su entorno profesional, en sus primeros años laborales,  por miedo a discriminaciones e incluso el despido”.

Los estudios han demostrado que las empresas que hacen visible y normalizan la diversidad aumentan la retención de talento entre todos los colectivos y mejoran la productividad hasta en un 20%, razones más que suficientes para que las empresas aplique ya nuevos procesos de normalización”, concluyó Marta Fernández.

Dña. Carla Antonelli, parlamentaria autonómica y reconocida activista defensora de los derechos LGTBi, se lamentó de que “hemos perdido una generación completa de personas trans, se han quedado por el camino por leyes que las impedían estudiar, donde solo les quedaba como medio de vida la venta de su cuerpo o el espectáculo y en las que el SIDA se cebó con ellas. Aquellas que lo sortearon, acabaron en muchos casos buscando una salida en el suicidio, abandonadas por sus familias y por toda la sociedad”

Solo hemos quedado las supervivientes, que afortunadamente vemos como, desde hace no muchos años, la realidad está cambiando para las trans; hoy podemos estudiar e incluso llegar a puestos de responsabilidad, pero aún son casos aislados”.

En nuestro colectivo la tasa de paro supera el 60%, a causa de décadas de información sesgada que ha inducido a esta terrible discriminación, pero ahora estamos en lucha para que ninguna renuncie a uno solo de nuestros derechos adquiridos”, concluyó Carla Antonelli.

D. Ramón Martínez Rodríguez, profesor de Filología de la Universidad Complutense de Madrid y activista LGTBi, expresó que en 2018 ha habido 319 victimas de homofobia en la Comunidad de Madrid, casi una al día, pero hay muchos más casos de personas que no se atreven a denunciar, y esto ha de cambiar”.

Pensamos que es solo en la enseñanza privada donde hay prejuicios a la hora de dar visibilidad a un profesor o un alumno LGTBi, pero en las instituciones públicas la situación no es mucho mejor. Hoy hay muchas familias que siguen pensando que un profesor LGTBi es una mala influencia para sus hijos, nuestro trabajo es convertir al colectivo LGTBi en algo cotidiano y cercano”, concluyó Ramón Martínez.

El acto fue moderado por Dña. Marta Blázquez, Vicepresidenta de Faconauto y miembro de la Junta Directiva de Mujeres Avenir, que recordó a los asistentes el compromiso que tenemos todos y todas por conseguir una sociedad más justa, talentosa y feliz. Para Marta Blázquez,el conocimiento en profundidad de los problemas que vivimos es fundamental, y debemos entender que nuestra sociedad no se compone exclusivamente de hombres y mujeres, hay muchas más tonalidades”.

Este importante evento sobre integración se celebró gracias a la colaboración y el patrocinio de Sodexo, Grupo Renault con Mobilize para la Inclusión y Bodegas Licinia.

Como es habitual en los eventos organizados por la Asociación, al finalizar el acto se realizó un cóctel donde ponentes y asistentes continuaron intercambiando posiciones sobre aquellos temas que fueron debatidos a lo largo de la jornada.

Fuente Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

El Gobierno de España acuerda eliminar el VIH como motivo de exclusión para el acceso a cualquier empleo público

Sábado, 1 de diciembre de 2018

whatsapp-image-2018-11-30-at-13-29-16Isabel Celáa, ministra de Educación y Portavoz del ejecutivo socialista.

CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo aplauden la medida aprobada por el Consejo de Ministros de revisar todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes en la actualidad para el acceso a cualquier empleo público

Madrid, 30 de noviembre de 2018.- Las organizaciones sociales CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo  en un comunicado conjunto han calificado el día de hoy como un momento histórico para el reconocimiento de los derechos laborales de las personas con VIH en España sin ningún tipo de discriminación. El Gobierno español, mediante acuerdo del Consejo de Ministros celebrado esta mañana, ha acordado la revisión de todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes en la actualidad para el acceso a cualquier empleo público.

Los cuadros actuales, vinculados fundamentalmente con los Cuerpos y las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, cuentan con una antigüedad entre 10 y 30 años y contemplan la exclusión de personas con VIH y otras enfermedades, a pesar de que existen numerosas evidencias científicas que avalan la capacidad de estos colectivos para realizar las funciones inherentes a estos puestos de trabajo. En el caso concreto de las personas con VIH, el Acuerdo plantea la “eliminación del VIH de cualquier cuadro de exclusión médica vinculada con todo el empleo público, tanto en el ámbito civil como militar”.

CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo señalan que aunque desde las organizaciones sociales reivindicábamos una medida dirigida a garantizar el derecho de las personas con VIH a poder acceder a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, este Acuerdo también interpela a otras ocupaciones sobre las que la opinión pública tiene dudas en cuanto a si una persona con VIH puede desempeñarlas, como las relacionadas con profesiones sanitarias, de manipulación de alimentos o de atención al público. Por tanto, se trata de una declaración rotunda, que no deja lugar a dudas sobre el derecho de las personas con VIH para acceder a cualquier ocupación o función pública de acuerdo a sus competencias profesionales, sin que el VIH sea, por sí solo, un impedimento para ello.

Para el presidente de CESIDA, Ramón Espacio, “Nunca tuvo sentido discriminar a las personas con VIH para desempeñar cualquier tipo de ocupación, pero mucho menos sentido tiene en la actualidad tras los importantes avances médicos que se han producido durante las últimas dos décadas”. Gracias a estos avances, se han producido importantes cambios tanto en la mejora del estado de salud como en la esperanza de vida de las personas con VIH.

“Consideramos que este acuerdo puede suponer el comienzo de una nueva época en la promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso y mantenimiento del empleo para los y las trabajadoras con el VIH, después de muchos años en los que podríamos considerar la respuesta al VIH en España como un éxito en el ámbito médico y clínico pero un fracaso en cuanto a la imagen social existente sobre esta enfermedad y sobre las personas afectadas por la misma”, señala Espacio.

Julio Gómez, director de Trabajando en Positivo, comenta que “recibimos este acuerdo con una gran satisfacción por el importante impacto que tiene para el reconocimiento de los derechos laborales de todas las personas con VIH, especialmente para aquellas que quieren desarrollar su trayectoria profesional en el ámbito público y que hasta ahora se encontraban con impedimentos no acordes a la evidencia científica. Además, es una buena noticia que recibimos el día previo a conmemorar el Día Mundial del Sida, como reconocimiento a nuestra labor -y a la de las diversas entidades sociales y sindicales con las que hemos compartido esfuerzos- a la hora de generar cambios sociales, políticos y legislativos con el fin de mejorar la vida de las personas con VIH”

Para Juan Diego Ramos, coordinador del grupo de VIH de FELGTB “se abre nueva época en la que también tendrá un especial protagonismo el reciente Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH, presentado esta misma semana por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social como una iniciativa que incluye medidas para favorecer la igualdad de oportunidades para las personas con VIH en los ámbitos laboral, sanitario, educativo, de servicios sociales o jurídicos, de vivienda o de prestaciones y seguros”.

No obstante, las tres organizaciones sociales quieren hacer hincapié en que el trabajo en este sentido no ha terminado aún, puesto que la aprobación del acuerdo no significará automáticamente que cambien las ideas y actitudes hasta ahora existentes hacia las personas con VIH. Por ello, se deberá continuar trabajando para conseguir que el reconocimiento de los derechos laborales de las personas con VIH, que se recoge en el acuerdo del Consejo de Ministros de hoy, se traslade con igual rotundidad al resto de partes implicadas en la función pública.

Finalmente las organizaciones de VIH esperan que este Acuerdo sirva como precedente para modificar otras referencias normativas existentes en España que limitan el acceso de las personas con VIH a determinadas ocupaciones, tales como el Real Decreto 2487/1998, que no admite como apta para el desempeño de servicios de seguridad privada a ninguna persona con el VIH, independientemente del estadio de la enfermedad o  los decretos de las comunidades autónomas, que excluye para el ejercicio de la profesión de taxista a aquellas personas que padezcan una enfermedad infecto-contagiosa, entre otros.

Adecuar la norma al conocimiento científico

Cabe señalar, como hemos hecho en anteriores entradas referidas al tema (la última hace escasas semanas, cuando recogimos la decisión de la Generalitat Valenciana de actualizar su cuadro de exclusiones para acceder a la Policía Local), que acabar con la discriminación de las personas con VIH en el acceso a determinados empleos no es un gesto voluntarista, sino que simple y llanamente supone adecuar una norma anacrónica a la evidencia científica.

Los propios especialistas médicos así lo han venido reclamado desde hace años. Diferentes organizaciones vinculadas al VIH lo reclamaron también de forma repetida a anteriores gobiernos, recordando tanto la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como los estudios científicos e informes de diferentes organizaciones especializadas en el VIH establecen que, en la mayor parte de las ocupaciones y puestos de trabajo, incluidas todas las que tienen que ver con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, vivir con el VIH no supone ningún perjuicio para el desempeño de las mismas ni hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH. El propio Ministerio de Sanidad había recomendado revisar los cuadros de exclusiones.

En definitiva, una medida que llega con retraso, pero de la que nos felicitamos. Esperamos ahora que se plasme cuanto antes «negro sobre blanco» y que además, como han pedido también las organizaciones antes mencionadas, que sirva como precedente para modificar otras referencias normativas existentes en España que siguen limitando el acceso de las personas con VIH a determinadas ocupaciones, «tales como el Real Decreto 2487/1998, que no admite como apta para el desempeño de servicios de seguridad privada a ninguna persona con el VIH, independientemente del estadio de la enfermedad, o los decretos de las comunidades autónomas, que excluye para el ejercicio de la profesión de taxista a aquellas personas quepadezcan una enfermedad infecto-contagiosa, entre otros».

Fuente FELGTB/D0smanzanas/Cristianos Gays

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El nuevo protocolo de la Iglesia española no incluirá reparaciones económicas para las víctimas y el Gobierno español pide a la Iglesia que aclare los “repugnantes” casos de abusos

Sábado, 20 de octubre de 2018

abusosEl texto no incluye reparación económica a las víctimas, algo que los supervivientes consideran imprescindible

Se prohibirá quedarse a solas con un menor, y nunca a puerta cerrada, y se limitarán las muestras públicas de afecto

El pasado martes, la Iglesia católica española anunció que constituirá una comisión que redactará una nueva normativa para la prevención y protección contra los abusos sexuales a menores dentro de esta institución y que revisará sus protocolos de actuación ante estos casos.

Las nuevas normas sustituirán a los protocolos de actuación elaborados en 2010 conforme a la legislación española y al ordenamiento canónico que orientan a obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas sobre cómo proceder en caso de detectar agresiones o abusos sexuales cometidos con menores o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos.

La creación de esta comisión ha estado rodeada de polémica, ya que al frente de la misma estará el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, que fue duramente criticado por su actuación ante un caso de abusos sexuales ocurrido en su diócesis.

(Jesús Bastante).- La responsabilidad de valorar, verificar o confirmar el abuso no corresponde al comunicante, sino a los servicios especializados. El nuevo protocolo en el que trabaja la Iglesia española obligará a todos aquellos que tengan contacto con menores a denunciar cualquier indicio de abusos ante la Justicia, pero no establecerá la obligación de indemnizar a las víctimas.

“Nuestra obligación como Diócesis es notificar los indicios detectados y la comunicación de los datos que nos han ofrecido. No es necesario tener la certeza de que el menor está siendo abusado se lee en un documento que servirá de base al nuevo texto normativo, que está elaborando la ‘Comisión Antipederastia‘ que, presidida por el polémico obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, ya ha empezado a trabajar.

“Deberá ser el Obispado quien notifique a los servicios especializados esta información (Institución de protección de menores) y al Ministerio Fiscal”, se lee en el futuro texto, que subraya que, independentemente de lo que pueda suceder en un juicio canónico, en el ámbito civil la Iglesia no tiene capacidad de juzgar, pero sí obligación de “notificar los indicios detectados y la comunicación de los datos que nos han ofrecido” ante las autoridades competentes.

El documento, según han confirmado a RD miembros de la citada comisión, se basará en el texto que recientemente aprobó la diócesis de Astorga, y que ya están implementando otros obispados, como el de Sigüenza. Este diario ha tenido acceso a este último, un texto de 16 páginas que detalla qué deben hacer los agentes eclesiales para prevenir los abusos, detectarlos y denunciarlos. El texto, sin embargo, no dice nada de la reparación económica a las víctimas y la restauración de su honor, algo que los supervivientes de abusos consideran imprescindible.

Prevenir, detectar y denunciar

“El documento está orientado a prevenir y, en su caso, a detectar y denunciar, así como a actuar con rapidez y firmeza ante el abuso sexual perpetrado por cualquier persona implicada en las actividades pastorales (…), informando sobre las leyes civiles y eclesiásticas actualmente vigentes sobre este asunto”, apunta el documento.

En este sentido, el protocolo establece una serie de obligaciones, morales y legales, tras el conocimiento de un caso de abusos. En este sentido, por primera vez, la Iglesia reconoce que la notificación es una obligación legal para todos los ciudadanos, especialmente para los profesionales que trabajan con menores de edad”.

Así, los responsables que conozcan un supuesto caso de abusos estarán obligados a “notificar, transmitir la información”, que se debe hacer al Obispado. “En un segundo nivel, igualmente imprescindible -añade el protocolo-, deberá ser el Obispado quien notifique a los servicios especializados esta información (Institución de protección de menores) y al Ministerio Fiscal”.

En este punto, el avance es evidente respecto al actual protocolo, vigente desde 2010 pero que no se dio a conocer hasta que este diario lo publicó en 2015. Al tiempo, la Iglesia estará obligada a informar inmediatamente a los padres de la denuncia recibida por parte del menor, recabar su información sobre los indicadores, la sospecha o la revelación de su hijo/a ante un posible abuso y acordar con ellos la estrategia y actuaciones a partir de ese momento”.

Es importante, recalca el protocolo, “poner por escrito lo que acabamos de oír: tras el encuentro con el niño, y ante los padres, es importante que tomemos notas de lo que acaba de contarnos lo más pronto posible, reflejando el día y la hora, recogiendo lo que recordemos literalmente de su discurso, escribiendo sus palabras y explicando si mostró algún comportamiento relevante al decirlo”. Y hacerlo con tranquilidad, escuchando al menor y ofreciéndole confianza, sin mostrar dudas ante su relato.

Rechazo expreso a cualquier tipo de abuso sexual

En lo tocante a la prevención, el futuro protocolo de la Iglesia española considerará “obligatorio” un certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales que demuestre que no han sido condenados por delitos relativos al trato con menores, y la firma de un documento escrito, en el que “se manifestará de forma expresa” el rechazo a todo tipo de abuso sexual, el conocimiento de la doctrina de la Iglesia sobre el particular y que “si cometen cualquier acto de abusos de menores lo hacen engañando y traicionando la voluntad de la Iglesia, siendo responsables de los mismos única y exclusivamente quien los realice.

Del mismo modo, el protocolo incluirá hasta 16 “aspectos preventivos” para el trato con menores. Entre ellos, “llevar a cabo las muestras físicas de afecto con mesura y respeto”; evitar quedarse a solas mucho tiempo con un menor”, y “nunca con la puerta cerrada”; incorporar espacios con “puertas de cristales transparentes o cristaleras” en los despachos de sacerdotes, formadores y animadores de menores o, en su defecto, dejar la puerta abierta cuando se habla con un menor en un despacho o habitación”.

Las medidas también incluyen “informar a los padres de una situación inusual en la que se va a estar o se ha estado a solas con un menor, o cuando se va a tener o se ha tenido un contacto físico relevante por razones sanitarias o disciplinarias”, y “prohibir absolutamente juegos, bromas o castigos que puedan tener connotación sexual, evitando cualquier tipo de conductas que impliquen o sugieran desnudarse o besarse.

Del mismo modo, también se prohíbe el castigo físico, las novatadas “que puedan llevar consigo actos vejatorios, denigrantes o sexistas“. Respecto a salidas, convivencias o campamentos, el protocolo subraya que nunca un adulto debe compartir habitaciones de hotel o tiendas de campaña” con menores, ni entrar en vestuarios, baños o duchas cuando éstos estén.

No enamorarse, ni deja que lo haga el menor

Es motivo de cese inmediato en la actividad pastoral cualquier relación sentimental, consentida o no, de un adulto con menores de edad, monaguillos/ as, miembros de grupos de catequesis, de otros grupos infantiles o juveniles de parroquia o colegio”, añade el protocolo, que apunta que, en el caso de que algún menor se enamore de un sacerdote, catequista, profesor o monitor, éste “en ningún momento debe responder o insinuarse positivamente a ese tipo de afecto, sino establecer de forma inequívoca y con buenas maneras los límites adecuados de comportamiento, relación y aprecio”.

Finalmente, el protocolo impide “realizar tomas privadas de imágenes de menores, y si se hacen en el desarrollo de actividades pastorales”, y si se hacen se informará a los padres, “no se hará exhibición ni difusión pública o privada sin el consentimiento de éstos y se guardarán en un archivo único del que será responsable la parroquia o centro educativo diocesano”.

***

Por otra parte, por el momento el Gobierno de Pedro Sánchez no investigará los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica, pero sí pide a la Conferencia Episcopal que “aclare” estos “repugnantes” delitos, que además han tenido una repercusión “tan grave” sobre las víctimas.

Lo ha dicho la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha expresado la solidaridad del Ejecutivo con todas las víctimas de abusos.

Todos los delitos son repugnantes y el de la pederastia lo es aún más y además el lugar donde supuestamente se produce lo hace aún más repugnante”, ha aseverado Celaá tras ser preguntada por si el Gobierno va a encargar algún informe sobre los abusos de la Iglesia católica pidiendo datos a la Conferencia Episcopal Española.

“Con todo respeto a la Iglesia, que es una institución, y a los católicos y católicas, hemos de decir que efectivamente queremos que se aclaren todos los delitos ocurridos por la repercusión tan grave que han tenido sobre las víctimas”, ha afirmado.

Celaá ha señalado, no obstante, que no corresponde al Gobierno la persecución del delito, sino a los tribunales “y por tanto serán los tribunales de justicia los que hayan de hacer esa labor”

Fuente Religión Digital

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El gobierno español recupera la reproducción asistida para solteras y lesbianas

Jueves, 21 de junio de 2018

30938268-437d-4139-9047-4bb9721758c7Carmen Montón es la nueva ministra de Sanidad del gobierno de España. Todos estábamos expectantes por saber cuáles serían sus primeras medidas y sobre todo ver si recuperaría la reproducción asistida para mujeres solteras y parejas de lesbianas, servicio que hizo desaparecer el reciente gobierno del Partido Popular alegando, en la voz de la anterior ministra Ana Mato, que “la falta de varón no es un problema médico”. Solo las mujeres con problemas probados de fertilidad tenían acceso desde entonces a este método de gestación, aunque algunas Comunidades Autónomas presididas por otros partidos se revelaron a la medida y se negaron a cambiar su legislación. Felices hemos escuchado a Montón explicarle ayer a los periodistas de La Sexta que por supuesto recuperaría esta medida. De nuevo, no depende de dónde residas en España para tener acceso o no a la R.A.

Mi compromiso es recuperar todos los derechos arrebatados”, son las palabras con que Montón, refiriéndose también a la sanidad universal -con o sin papeles- y la eliminación de los copagos en farmacia de los pensionistas, confirmó que solteras y/o lesbianas volveríamos a tener un acceso gratuito a la maternidad.

Desde que el pasado viernes 1 de junio Mariano Rajoy se despidierafuera de su cargo como presidente del Gobierno tras 6 años y medio en La Moncloa, el gobierno presidido por Pedro Sánchez traía el primer gobierno con más mujeres que hombres de la historia de España y también el más visible. Con 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención, el Partido Socialista ganaba una moción de censura y formaba un gobierno con dos ministros homosexuales y visibles, Grande Marlaska y el ya dimitido Maxim Huerta, y con Francisco Polo, también homosexual y exdirector de Change.org al que premiamos en nuestro último Festival, como secretario de estado de Agenda Digital

Fuente Oveja Rosa

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La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, única católica en el primer Gobierno Sánchez

Viernes, 8 de junio de 2018

celaa-kzzh-u502143910338zid-624x385diario-vascoPolítica Social, Medio Ambiente y Acogida a Refugiados, ejes de la colaboración Iglesia Ejecutivo

Los obispos ven con buenos ojos la llegada de Pedro Duque y la ministra de Sanidad, Carmen Montón

(Jesús Bastante).- Los obispos españoles han acogido con prudencia y expectativas al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Un Ejecutivo con rostro femenino, compuesto por profesionales en su sector… y con una sola católica practicante: la titular de Educación, Isabel Celáa, que además será portavoz del Gobierno.

Mientras Pedro Sánchez ultimaba su Gobierno, la cúpula de la Conferencia Episcopal se encontraba en Roma,celebrando su Convención Anual. Ayer mismo, el Papa saludaba, al término de la audiencia de los miércoles, tanto al presidente del Episcopado, Ricardo Blázquez, como a su secretario general, José María Gil Tamayo. Oficialmente, la CEE no ha valorado la composición del Gobierno ni la situación en el país tras la moción de censura, aunque la carta que Blázquez dirigió a Sánchez sí denotaba una mano tendida para trabajar por el bien común“.

El primer Ejecutivo de Sánchez, como apuntó el propio presidente durante su presentación, quiere un Gobierno “paritario, integrador, abierto al mundo, anclado en la Unión Europea, comprometido socialmente y altamente cualificado“. Un Ejecutivo que podría avalar buena parte de las tesis contra la pobreza que, en su día, apuntó Cáritas Española y que le valieron la descalificación pública del ya ex ministro Montoro.

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(Pincha sobre la fotografía para ampliarla)

La realidad de la sociedad española también se ha impuesto en un Gobierno, y en un partido (el PSOE), cuya mitad de electorado es católica, pero que ha abandonado la práctica y la doctrina tradicional. Así, el único miembro del Ejecutivo declarado católico, y practicante, es la titular de Educación, la vasca Isabel Celáa. Según El Correo, Celáa, que estudió en el colegio Sagrado Corazón de Bilbao, asume sin problemas su militancia de izquierdas con su condición de católica practicante.

En ámbitos valencianos, se destaca la excelente relación que, durante su etapa como arzobispo de la capital del Turia, mantuvieron Carlos Osoro y la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, que a buen seguro retomarán en Madrid.

Este es uno de los pocos puentes directos que, a día de hoy, conservan Iglesia y Ejecutivo. Aunque entre los cargos intermedios, aseguran fuentes bien informadas, el diálogo se mantendrá como hasta ahora, e incluso podría mejorar en ámbitos relacionados con la lucha contra la desigualdad social, la cooperación internacional o la acogida a los refugiados.

Del otro lado, la preocupación por el medio ambiente coincide en sus puntos esenciales de con las preocupaciones del Papa Francisco, plasmadas en Laudato Si. En este sentido, tanto el nombramiento del astronauta Pedro Duque (Ciencia, Innovación y Universidades), que tuvo la oportunidad de hablar con Bergoglio hace unos años, y que en una reciente entrevista en Radio Vaticana saludaba la encíclica verde papal, puesto que Francisco “convence a mucha más gente de que tenemos un equilibrio en la Tierra que no es tan sólido como pensábamos”; como el de Teresa Ribera (Transición Ecológica), una de las mayores críticas del cambio climático.

Fuente Religión Digital

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Por primera vez España tiene un gabinete feminista y dos ministros gays visibles…

Viernes, 8 de junio de 2018

-PUN2.jpg de Producción ABC-640x0-noticias-perfil-de-twitter-maxim-huertaFernando Grande-Marlaska y Màxim Huerta, designados como ministros de Interior y Cultura y Deporte, respectivamente, son abiertamente homosexuales y han abanderado los derechos del colectivo LGBTIQ. 

Tras la conformación del equipo de trabajo que lo acompañará en el año y medio de gestión, el mandatario español, Pedro Sánchez, ha tuiteado que “el nuevo Gobierno de España es el reflejo de lo mejor de la sociedad a la que aspira a servir. Una sociedad paritaria, abierta, comprometida e intergeneracional. Un Gobierno progresista, modernizador y europeísta preparado para afrontar los desafíos del siglo XXI”.

 

Así lo ha llevado a la práctica con la designación de un gabinete integrado en su mayoría por mujeres. En 11 de los 17 Ministerios estarán al frente mujeres, incluidos el área económica.

El presidente del Gobierno español ha asegurado que el equipo que trabajará junto a él es “fiel reflejo” del movimiento feminista que brotó en España a partir del 8 de marzo de este año. Para el mandatario ese evento marcó un antes y un después en la sociedad española. Asimismo, ha hecho énfasis en que está comprometido con la igualdad.

Dejando claro su compromiso con las causas sociales y con la diversidad, Pedro Sánchez se pone a la vanguardia al incluir en su Gobierno a dos destacadas figuras defensoras de los derechos del colectivo LGBTIQ. En el Ministerio de Interior nombró al reconocido juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska y en la cartera de Cultura y Deporte designó al periodista y escritor Màxim Huerta, ambos abiertamente gays.

Este es el nuevo Gabinete

Estas son las 17 personas que acompañarán al mandatario Pedro Sánchez en su Gobierno:

Ministro del Interior: Fernando Grande-Marlaska, juez, 55 años

Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: Josep Borrell, ingeniero aeronáutico, 71 años

Ministra de Economía y Empresa: Nadia Calviño, economista, 49 años

Ministra de Justicia: Dolores Delgado, fiscal, 55 años

Ministra de Defensa: Margarita Robles, jueza, 61 años

Ministra de Hacienda: María Jesús Montero, licenciada en Medicina, 52 años

Ministro de Fomento: José Luis Ábalos, profesor de primaria, 58 años

Ministra de Educación, Formación Profesional y portavoz del gobierno: Isabel Celaá, licenciada en Filología Inglesa, Filosofía y Derecho, 69 años

Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades: Pedro Duque, astronauta, 55 años

Ministro de Cultura y Deporte: Màxim Huerta, escritor, 47 años

Ministra de Política Territorial y Función Pública: Meritxell Batet, profesora de Derecho Constitucional, 45 años

Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social: Magdalena Valerio,licenciada en Derecho, 58 años

Ministra de Industria, Comercio y Turismo: Reyes Maroto, economista, 44 años

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: Luis Planas, licenciado en Derecho, 65 años

Ministra para la Transición Ecológica: Teresa Ribera, licenciada en Derecho, 49 años

Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: Carmen Montón, licenciada en Medicina, 42 años

Vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad: Carmen Calvo, profesora de Derecho Constitucional, 60 años.

Fuente Universogay

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Al Gobierno de España… del PP, no le interesan los festivales de cine LGTB

Lunes, 21 de mayo de 2018
cine-lgtb-cartelPor Marta Marquez

Hace ya tiempo que ni Zinegoak ni Lesgaicinemad tenían subvenciones por parte del Gobierno pero aún nos quedaba el Fire!!. Ahora podemos decir que el Gobierno ha quitado las ayudas a los festivales de cine LGTB. El Ministerio de Cultura ha denegado la subvención del ‘Fire!!‘ de Barcelona, la última muestra audiovisual LGTB en España que contaba con apoyo del Ministerio de Cultura.

 

Antoine Leonetti, coorganizador de ‘Fire!!‘ ha contado cómo el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) ha sacado de las listas al único Festival que contaba con algo de ayuda; una pequeña ayuda que, desde luego, no da para mucho pero sí para hacer un poco más digno un festival internacional.

Barcelona era la última muestra apoyada por el ICAA. Sin nuestra subvención, y con Madrid y Bilbao fuera del reparto, no existe un festival de cine LGTB en España apoyado por el Ejecutivo.

 

Según el Ministerio de Cultura: el ICAA no concederá ayudas a los festivales en las que su contenido sea dirigido al público LGTB.

Ninguno de los tres solicitantes —Fire!!, LesGaiCineMad y Zinegoak de Bilbao– resultaron beneficiarios de ayuda al tener una puntuación inferior a 65 puntos. Más de 30 festivales de diferentes temáticas y formatos se quedaron sin recibir ayuda por no superar el corte de puntuación referido en 2017. Hay que poner de manifiesto que existe una fragmentación de festivales con esta temática, (Cataluña, Madrid y País Vasco) que perjudica su acceso a estas ayudas. En este sentido, ayudaría a la obtención de la subvención la existencia de un festival de ámbito nacional y con un impacto mediático, social y en el sector más potente.

 

Según palabras de el productor del LesGaiCineMad, Gerjo Pérez, los grandes festivales como San Sebastián, Valladolid, Málaga o Sitges también “están fragmentados” y, sin embargo, continúan recibiendo apoyo del Ministerio.

Se trata de una política de premiar a los grandes eventos de alfombra roja, que es necesaria, claro, pero estamos olvidando a muestras que fomentan la pequeña producción y fomentan nuevas audiencias, que es lo que pide el Gobierno.

 

Antoine y Gerjo (os dejamos sus comentarios en este orden) han remarcado que sus festivales sobreviven gracias al trabajo de muchas personas voluntarias. Trabajo por el que otras personas cobran y que ellas hacen por “amor al arte”, nunca mejor dicho.

Somos festivales consolidados, con más de 20 años a nuestras espaldas. Aunque pequeñas, las ayudas permiten costear parte de la infraestructura, pagar a la gente y dignificar los eventos. La decisión de restringir las ayudas a los grandes festivales es política.

Proyectamos películas que difícilmente pasarán por el circuito comercial. Y por un tema de visibilidad del colectivo LGTB. 

 

Fuente Oveja Rosa

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Respaldo “absoluto” de partidos políticos en la manifestación del World Pride en Madrid… Y la Falange inunda las calles de carteles y pegatinas LGTBfóbicas…

Sábado, 1 de julio de 2017

orgullo_madrid_copyActualizado: 01/07/2017 a las 11:42

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El lema de la cabecera será ‘Por los derechos LGTBI en todo el mundo’ y habrá una segunda pancarta con la proclama ‘Despatologización Trans ¡Ya!’.

Por primera vez, el Partido Popular estará en la cabecera, representado por Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP. 

La manifestación del WorldPride tendrá lugar el 1 de julio en Madrid. Dará comienzo a las 17.00 horas y transcurrirá desde Atocha hasta Colón. La pancarta de cabecera, que partirá concretamente del Paseo del Prado (a la altura del Jardín Botánico, frente al CaixaForum Madrid), llevará por lema ‘Por los derechos LGTBI en todo el mundo’, y, dada la gran afluencia de representantes del ámbito político, sindical y social que se esperan, habrá una segunda pancarta de cabecera con el lema ‘Despatologización Trans ¡Ya!’.

Está previsto que el último grupo a pie salga de Atocha a las 19.30 horas. Inmediatamente después, la policía desplegará las vallas para que las carrozas empiecen a salir, previsiblemente sobre las 20.15 horas. Se prevé que la última carroza llegue a Colón sobre las 1.00 horas. El discurso de la alcaldesa de Madrid, el representante de la Comunidad de Madrid y las personas representantes de los colectivos tendrá lugar en el escenario de Colón a partir de las 19.30 o 20.00 horas. También se dará lectura al manifiesto, que se realizará entre diferentes personas LGTB.

La manifestación del Orgullo LGTBI tiene carácter local y estatal. COGAM es la organización responsable de la invitación de los representantes de ámbito local y autonómico, mientras que FELGTB se encarga de los representantes de ámbito estatal. En esta ocasión y por primera vez en España, la manifestación también tendrá carácter mundial, hecho que llevará a contar con personalidades de varios países e instituciones internacionales.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), como organización convocante junto con COGAM de la manifestación del Orgullo LGTB de Madrid, ha invitado a la cabecera de la manifestación del Orgullo Mundial a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones de ámbito estatal, da a conocer las personas que estarán mañana en la pancarta de cabecera. Encabezando la manifestación estarán Jesús Generelo, presidente de FELGTB; Jesús Grande, presidente de COGAM; y Juan Carlos Alonso, coordinador general del WorldPride Madrid.

 Por primera vez, el Partido Popular estará en la cabecera, representado por Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP. También estarán Pablo Iglesias, secretario general de Podemos; Albert Rivera, presidente de Ciudadanos; Mónica Silvana, secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad CEF del PSOE; y Xavi Domenech, coordinador General de En Comú; Ricardo Sixto, por parte de Izquierda Unida; y Juan López de Uralde, coportavoz federal de Equo.

También está confirmada la presencia de José Álvarez, secretario general de UGT, y Unai Sordo, en el que será su primer acto como nuevo secretario general de CCOO.

Como instituciones, en representación del Gobierno de España estará Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Asimismo, está confirmada la presencia de Celia Mayer, responsable del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid; Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid; y Beatriz Becerra, vicepresidenta de la subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo.

En la cabecera de la manifestación del Orgullo Mundial también estarán representantes de distintas organizaciones sociales, como Estrella Rodríguez, presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Elena Rodríguez, directora de la Plataforma del Tercer Sector; Luis Cayo, presidente de CERMI; Concha Díez, presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas; Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional; Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano; Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia; Daniel Anibal García, secretario de organización de COCEMFE; Toni Poveda, gerente de CESIDA; Paloma Favieras, coordinadora jurídica de CEAR; Santiago Villanueva, miembro de la ejecutiva de Plena Inclusión; entre otras organizaciones españolas. También habrá varios representantes de Interpride y EPOA, organizaciones internacionales concesionarias del WorldPride y EuroPride respectivamente.

Fuente Cáscara Amarga

Las Juventudes Falangistas inundan Madrid de carteles y pegatinas LGTBfóbicas durante la celebración del World Pride 2017.

En los últimos días ha habido varias agresiones LGTBfóbicas por parte de grupos neonazis en pleno centro de Madrid.

Quienes acudan a Madrid al World Pride. El Orgullo LGTB Mundial. y paseen por sus calles viviendo la felicidad, la alegría, la diversidad, el respeto  se encontrarán todo lleno de banderas arcoiris y de carteles como éste:

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O  que te vuelvas a casa con un regalo homófobo:

Como denuncian decenas de personas en Twitter y como demuestran las varias agresiones neonazis que ya ha habido durante el World Pride en Madrid, las Juventudes Falangistas se han lanzado a la calle a difundir el odio y a colgar posters y pegatinas LGTBfóbicas.

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Que a lo mejor estas cosas pasan porque aunque Madrid es una ciudad lgtbfriendly alguien en el gobierno no se está tomando en serio la defensa del colectivo LGTB, de la libertad y de la diversidad y se está teniendo mucha manga ancha con ciertos discursos de odio que no deberían tener lugar en una sociedad pretendidamente moderna como la nuestra.

Claro que entonces viene el delegado del Gobierno en Murcia y te autoriza una manifestación neonazi el mismo día de la manifestación del Orgullo, y cuando los neonazis agreden a los manifestantes del Orgullo la policía identifica a los agredidos y escolta a los agresores.

Estamos celebrando el Orgullo y es justamente en estos días cuando más tenemos que luchar, más unidos tenemos que estar y más cara hemos de plantar frente al odio. (Y el “love is love” es un mensaje muy bonito, pero el “denuncia y a la cárcel” lo es más.)

Da igual que algunos políticos no hagan lo que tienen que hacer. La ley está de nuestro lado. Si sufres una agresión, te acosan en la calle, te reparten uno de esos carteles homófobos o te pegan una pegatina como las que están circulando por Madrid, ponte en contacto con el Observatorio contra la Homofobia.

Fuente EstoyBailando, por Jordi García

Menos mal que hay otras personas, católicas, con cabeza… y podemos ver esta imagen junto a la Basílica del Cristo de Medinaceli.

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Joan Cardona, el chico gay condenado por abusar de una mujer, entra en prisión

Miércoles, 26 de abril de 2017

420.pngDesde hace tiempo te venimos hablando del caso de Joan Cardona, el chico gay condenado en 2014 por abusar sexualmente de una chica en el portal de su casa, que no sólo tenía coartada y pudo demostrar que estaba en otro sitio en el momento del delito; sino que además ha sido condenado únicamente por el testimonio (en ocasiones contradictorio) de la víctima.

Joan ingresó el pasado martes por la tarde en el Centro Penitenciario Lledoners, a 70 kilómetros de Barcelona, donde tendrá que cumplir una pena de tres años después de haber agotado todas las vías posibles para evitarla. A principios de febrero el Gobierno le denegó la petición de indulto parcial (se mantenía la pena pero no tenía que entrar en prisión), petición que no fue de indulto total porque para ello Joan tenía que reconocer estar arrepentido del delito y él siempre ha mantenido su inocencia.

El caso de Joan es bastante esperpéntico y no se comprende que la justicia española pueda enviar a la cárcel a alguien teniendo como única prueba el testimonio de la víctima; algo que, sinceramente da bastante miedo. Como se explica en la petición en Change.org que se creó para exigir que el Tribunal Constitucional valorara detenidamente la sentencia, el 19 de noviembre de 2012 una chica sufrió una agresión sexual en el portal de su casa a manos de un chico que llegó en motó, forcejeó con ella, le realizó tocamientos por encima de la ropa y luego huyó en esa misma moto.

Días más tarde la chica reconoció a su agresor como cliente del supermercado en el que ella trabajaba. El chico al que reconoció fue Joan. Por parte de la acusación las únicas pruebas que se pudieron aportar fueron el testimonio de la víctima y el de un compañero de trabajo que corroboró, únicamente, que Joan era cliente habitual del supermercado. La descripción que la chica realizó de su agresor, además, no sólo no se correspondía con la fisonomía de Joan sino que además aseguraba que el agresor llegó en moto (Joan ni tiene ni sabe conducir una moto), llevaba un casco blanco (Joan no tiene un casco blanco) y cazadora de cuero negra (que tampoco la tiene).

Pero lo más sorprendente es que la defensa de Joan pudo demostrar, con testimonios jurados de su hermana y el novio de ésta, que en el momento de los hechos Joan estaba cenando en casa con ellos. Además aportaron el registro de aparcamiento de una bicicleta municipal cerca de su casa antes de que sucediera la agresión y también se le hizo llegar al juez el registro de una conversación que Joan mantuvo poco después con su novio a través de Facebook con la que demostraban no sólo que Joan no podía estar en dos sitios al mismo tiempo sino que, además, es homosexual.

El juez desestimó todas las pruebas de la defensa y, basándose únicamente en el testimonio de la víctima de la agresión, condenó a Joan a tres años de prisión y le impuso una orden de alejamiento que le obligó a tener que abandonar su casa y su barrio.

Hay que recordar, por cierto, que en la primera sentencia el juez no sólo dijo que le daba igual que Joan hubiera demostrado que no tenía una moto porque “podría haberla tomado prestada” (como señalaron Mafia Rosa en un artículo hace unos meses, el caso de Joan está lleno de “podrías”); sino que además no dudó en mostrar una homofobia galopante al asegurar que la orientación sexual de Joan era irrelevante y pudo perfectamente haber sentido el impulso de abusar de una mujer porque “En el ámbito de las tendencias sexuales las posibilidades son múltiples“. Es decir, como dijo el propio Joan: “cuando eres heterosexual no hay ninguna duda, pero cuando eres homosexual lo tienes que demostrar“.

Lo peor de este caso es que, basándonos en la débil sentencia emitida por el juez, en este caso hay dos víctimas: la agredida, que no sólo fue asaltada y sufrió el intento de violación sino que además no ha recibido justicia porque el sistema judicial no ha hecho bien su trabajo; y Joan, que sin comerlo ni beberlo se ha visto metido en este despropósito. Y no olvidemos que, si Joan es inocente (y, sinceramente, todo apunta a que lo es) el verdadero culpable sigue en libertad y probablemente repitiendo el delito. Cierto es que el caso de Joan ha pasado por varios tribunales y eso podría hacer pensar que hay una parte de la historia que los jueces conocen y nosotros no; pero no podemos descartar que las revisiones que se hayan hecho del caso haya sido superficiales y no se haya ido al detalle para no perjudicar al juez que, con estos datos en la mano, no ha emitido una sentencia justa.

Está claro que en este caso Joan no fue inocente hasta que se demostrara lo contrario, porque a pesar de haber podido acreditar su inocencia el juez decidió que era culpable a pesar de todo.

Fuente | Menorca.info, vía EstoyBailando

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El Gobierno de España se niega a revisar la exclusión de las personas con VIH en las ofertas de empleo público

Miércoles, 1 de febrero de 2017

1478160800_238306_1478248845_noticia_fotogramaGobierno de España

Desde 2014, FSC-CCOO, FELGTB, Cesida y Trabajando en Positivo han solicitado en cuatro ocasiones una reunión con la Secretaría de Estado de Función Pública para eliminar las exclusiones médicas no justificadas en el empleo público sin obtener respuesta.

Según el programa “Clínica Legal” de la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA), el 35% de las 93 consultas recibidas el año pasado hacían referencia a situaciones de discriminación en las ofertas de trabajo de empleo público, especialmente las de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. El principal motivo se encuentra en las exclusiones médicas que figuran en las bases de algunas oposiciones como las del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Guardia Civil, Cuerpos Militares o Policía Nacional y que de forma indirecta sirven para excluir a personas con VIH.

Asimismo, según los escritos emitidos por la Subdirección General de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública se sobrevalora el riesgo de transmisión del virus argumentando que “las funciones de las personas que trabajan en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado conllevan la posibilidad de mayor riesgo de contagio del VIH y justifican suficientemente el establecimiento de un criterio de acceso distinto al que pueda utilizarse con relación a otros cuerpos de la Administración”.

Con el fin de abordar y valorar esta situación, que demuestra el desconocimiento por parte de la Dirección General de la Función Pública de los avances que ha habido respecto al tratamiento y la transmisión del VIH, la organización sindical Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO y tres organizaciones civiles vinculadas al VIH: CESIDA, Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y Trabajando en Positivo, han solicitado recientemente por carta una reunión con esta Dirección General, siendo la cuarta ocasión desde 2014 en la que este hecho se produce sin haber tenido una respuesta positiva hasta el momento.

En la carta, se vuelve a recordar que tanto la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo,  como los avances y estudios científicos de organizaciones especializadas, establecen que, en la mayor parte de las ocupaciones y puestos de trabajo, incluidas todas las que tienen que ver con Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, vivir con el VIH no supone ningún perjuicio para el desempeño de las mismas ni hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH.  Asimismo, señalan que el Gobierno debe ser ejemplarizante en eliminar cualquier discriminación y estigma que todavía se da entre las personas con el VIH en el ámbito laboral, de forma que las empresas puedan establecer medidas antidiscriminatorias.

Según Diego Valor, “el estigma y la discriminación se convierten en un importante obstáculo para la respuesta al VIH, más cuando ésta proviene de los propios organismos públicos, que deberían ser los primeros en dar ejemplo y favorecer la normalización del VIH”.

Por su parte, según Julio Gómez, de Trabajando en Positivo, señala que “tras la constitución del nuevo Gobierno y el nombramiento de la nueva Secretaria de Estado, consideramos prioritaria esta reunión con el fin de valorar la modificación y la adaptación de la normativa o reglamentos que dan cabida a estas exclusiones injustificadas, para adecuarlos a lo establecido por los acuerdos internacionales y nacionales que establecen una normativa en contra de la discriminación laboral de las personas con el VIH”.

Fuente: FELGTB, vía EstoyBailando

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Arcópoli expresa su profundo malestar por el posible recurso de inconstitucionalidad a la Ley Trans de Madrid planteado por el gobierno central

Sábado, 30 de julio de 2016

logo-de-arcopoliA continuación reproducimos íntegramente la nota de prensa de Arcópoli con fecha 28 de Julio de 2016.

El gobierno de España ha iniciado los trámites para presentar un recurso al Tribunal Constitucional relativo a la Ley de Transexualidad de la Comunidad de Madrid aprobada en Madrid

El Gobierno de Mariano Rajoy considera que dos de los artículos de la ley trans invaden sus competencias. Los artículos 7 y 48. El primero es relativo a la expedición de documentos acordes a la identidad de género de las personas solicitantes y el segundo artículo trata sobre la inversión de la carga de la prueba en procedimientos de competencia autonómica.

Siguiendo el procedimiento habitual, se ha creado una comisión bilateral entre el Gobierno de España representado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y por parte del Gobierno Regional el Consejero de Presidencia, que intentarán llegar a un acuerdo para evitar que tenga que ser el Tribunal Constitucional quien se pronuncie.

Desde Arcópoli estamos decepcionados con el Gobierno de Rajoy que parece querer utilizar las instituciones a su antojo al amenazar con interponer un recurso de nuevo en un tema recurrente, pues con la aprobación de las distintas leyes trans autonómicas siempre se han abierto comisiones bilaterales para tratar estos aspectos dando la razón a los gobiernos autonómicos. Da la impresión de que su objetivo es solamente retrasar la igualdad, como hizo el PP con el recurso contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, dichos artículos ya están presenten en Leyes anteriores y se consideran constitucionales, concretamente el artículo 7 está presente en la ley de Transexualidad andaluza y el 48 es una copia casi exacta del de la Ley LGTB Extremeña, que no podemos olvidar que fue propuesta por el gobierno autonómico, presidido por el Partido Popular de Extremadura.

Yago Blando, coordinador general de Arcópoli ha dicho que “la interposición de un recurso a esta ley es un ataque hacia el colectivo transexual ya que esta ley pretendía salvar una discriminación histórica hacia el colectivo, discriminación presente cada día incluso con agresiones físicas muy duras. La inversión de la carga de la prueba es una reivindicación imprescindible para poder animar a denunciar, que las y los transexuales por regla general, aceptan en silencio los ataques.” Yago espera que el Gobierno de Cristina Cifuentes defienda con contundencia la ley aprobada por la Asamblea de Madrid, máximo representante de la ciudadanía madrileña. También ha aprovechado para pedir al futuro gobierno de España que apruebe una Ley de Transexualidad de ámbito nacional y otra de no discriminación al colectivo LGTB en las competencias estatales.

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El obispado de Huelva rechaza que una hermandad local tenga un “hermano mayor” gay y casado con otro hombre

Viernes, 3 de junio de 2016

Benito-junto-simpecado-hermandad-Emigrantes_EDIIMA20160601_0877_18 huelva7Mons. José Vilaplana Blasco Obispo de Huelva se niega –verbalmente– a aceptar a un chico gay como Hermano Mayor.

Fundación Triángulo Andalucía considera inaceptable la discriminación del Hermano Mayor de la Hermandad de Emigrantes

Nuevo episodio de discriminación en una institución vinculada a la Iglesia católica en Andalucía. La Hermandad del Rocío de Emigrantes de Huelva no tendrá como hermano mayor a Benito Sueiro, que tras quedar vacante el puesto había decidido dar el paso después de formar parte durante más de quince años de la hermandad: el obispado lo ha rechazado por ser gay y estar casado con otro hombre. Un rechazo que le habría sido comunicado verbalmente a la hermandad antes de que esta pudiera presentar una petición formal. Fundación Triángulo Andalucía ha denunciado lo que considera una discriminación intolerable.

Según informa Viva Huelva, Sueiro contaba con el visto bueno tanto del director espiritual de la Hermandad del Rocío de Emigrantes como de su Junta de Gobierno, pero al conocer el obispado que el candidato estaba casado con otro hombre transmitió a la hermandad su negativa, de forma que la petición ni siquiera fue presentada oficialmente. De hecho, siempre según el periódico onubense, al ni siquiera existir esta petición oficial el obispado ha preferido no pronunciarse.

Fundación Triángulo Andalucía vuelve a exigir una Ley de igualdad social LGBT Andaluza y Estatal como herramienta para poder luchar contra la discriminación.

Según se ha publicado en diversos medios de comunicación la Hermandad de Inmigrantes, sin Hermano Mayor desde hace años mostró su conformidad porque B.S. pudiera ser su Hermano Mayor. B.S. es hermano desde hace 15 años de esta veterana hermandad y durante El Rocio de este año mostró sus ganas de llevar la dirección de la Hermandad.

Desde Fundación Triángulo Andalucía consideramos inaceptable que el Obispado de Huelva con Monseñor José Vilaplana Blasco a la cabeza, se consideren con capacidad para discriminar a una persona por razón de Orientación Sexual. El artículo 14 de la Constitución Española y el articulo 35 del Estatuto de Autonomía de Andalucía dicen claramente que eso no es posible.

“La curia de la iglesia católica sigue pensando que su normativa la rige la Ciudad del Vaticano y no es así, la normas de convivencia en España y en Andalucía las decide el pueblo español a través las Cortes Generales y el Parlamento de Andalucía” expresa Raúl González Presidente de la Fundación Triángulo.

Por su parte Alivia Villalba, coordinadora de Familias Guays de Fundación Triángulo Andalucía añade “Su modelo de familia es tan estrecho conceptualmente que cualquier dia se quedarán solo ellos dentro de él y el resto del país estará fuera”. Y esto parece que va siendo así, esto días fue publicada por el INE la estadística en la que el 42.5% de los nacidos lo hace ya fuera del matrimonio y una cantidad más marginal lo hace dentro del matrimonio católico.

Instamos a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a actuar contundentemente cuando se corroboren los hechos y a no mirar para otro lado como si la iglesia católica tuviera bula en nuestro ordenamiento y conveniencia.

Por eso es tan importante asistir a las manifestaciones como la que llevamos convocando en Huelva desde hace 11 años y que la Fundación Triángulo Andalucía vuelve a convocar el 22 de junio en el centro de Huelva. “Este año más que nunca” concluye Verónica Dominguez miembro de juventud de la Fundación Triángulo Andalucía.

Actualizado (Miércoles, 01 de Junio de 2016 12:31)

Fuente Fundación Triángulo

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Lanzan una campaña para pedir a Gobierno, Junta y Ayuntamiento una condena al obispo de Córdoba

Jueves, 7 de enero de 2016

obispo_18785_1El video de este individuo, me niego a llamarle obispo, no tiene desperdicio, sobre odo cuando habla acerca de que el varón ha de ser muy varón y la mujer muy mujer… que uno aporta la autoridad  y la protección y la otra el calor del hogar… Lo dicho, repugnante… Y Francisco mirando para otro lado…

Iniciativa a través de Change.org

Por tildar de “aquelarre químico” la fecundación artificial

“Atribuyo estas declaraciones en exclusiva a D. Demetrio Fernández y, en ningún caso, al pensamiento general de los católicos, ni mucho menos a los principios de amor, paz, solidaridad y tolerancia que promulga el humanismo cristiano”

El pasado 24 de diciembre de 2015, D. Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, en una carta titulada Navidad y familia afirmaba que “el hijo tiene derecho a proceder de una relación de amor entre sus padres, y nunca como fruto de un aquelarre químico de laboratorio. En la misma misiva comentaba que “todo tipo de fecundación artificial rompe esa armonía de la creación por la que los hijos vienen al mundo como personas, fruto de una relación personal de amor entre los esposos” https://goo.gl/0hNFWl

Alrededor de un millar de personas han firmado ya en una iniciativa promovida en change.org para pedir a las distintas instituciones, como Ayuntamiento de Córdoba, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno central, que “asuman su responsabilidad como garantes” de los derechos de niños y lleven a sus plenos y parlamentos las declaraciones del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, que ha calificado como “aquelarre químico de laboratorio” la utilización de cualquier tipo de técnica de reproducción asistida.

En este sentido, según se recoge en la iniciativa ciudadana en dicha web, los firmantes solicitan a las instituciones que evalúen dichas declaraciones, se posicionen ante ellas y deriven las acciones que los representantes públicos “estimen oportunas realizar para evitar ataques injustificados a las personas y, muy especialmente, a los menores”.

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El iniciador de la iniciativa, David Lozano, afirma:

… En primer lugar, atribuyo estas declaraciones en exclusiva a D. Demetrio Fernández y, en ningún caso, al pensamiento general de los católicos, ni mucho menos a los principios de amor, paz, solidaridad y tolerancia que promulga el humanismo cristiano, pues aun estando la Iglesia Católica en contra de la reproducción asistida, estas declaraciones van más allá de ese posicionamiento y suponen un ataque directo al corazón de muchas familias a las que el Obispo parece querer condenar.

En segundo lugar, y creo que puedo decir esto en nombre de tod@s l@s papás y mamás que tanto hemos sufrido hasta por fin tener a nuestr@s hij@s gracias a la reproducción asistida, no hay mayor acto de amor que planificar de forma consciente la llegada de un/a hijo/a a una familia cuando, por alguna circunstancia, no puede llegar a través del ‘abrazo amoroso’. Aunque la posición de la Iglesia Católica sea contraria a la reproducción asistida, no creo que haya muchos cristianos que encuentren adecuado el uso de la palabra ‘aquelarre’, que incluye en su definición una ‘supuesta intervención del demonio para sus prácticas mágicas o surpesticiosas’, para calificar a una técnica médica basada en el conocimiento racional y que ha llenado de felicidad y dicha a millones de familias en todo el mundo.

En cualquier caso, y más allá de las convicciones ideológicas de cada persona o de los principios morales de una confesión religiosa, España y, por tanto, sus Administraciones Públicas han de garantizar la defensa de la sociedad a la que representan y, por ello, están obligadas a tomar las medidas necesarias para proteger a l@s niñ@s de toda forma de discriminación.

La Constitución Española protege a todas las personas independientemente de su procedencia y España es Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, el tratado internacional más importante en esta materia. En concreto, en su artículo 16 se menciona que “ningún niño será objeto de ataques ilegales a su honra y a su reputación” y que, igualmente, “el niño tiene derecho a la protección de la ley contra estas injerencias o ataques”.

Por todo ello, como firmante de este escrito entiendo que calificar el modo de concepción del menor como “aquelarre químico de laboratorio” e insinuar que la única forma de procedencia que da la categoría de ‘persona’ es la proveniente de la “relación personal entre los esposos”, es motivo de discriminación de los menores en función del origen de su concepción. Por tanto, solicitamos que tanto el Ayuntamiento de Córdoba, como la Diputación Provincial de Córdoba, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central asuman su responsabilidad como garantes de los Derechos de niños y niñas y lleven a sus plenos y parlamentos estas declaraciones de D. Demetrio Fernández para evaluarlas, posicionarse ante ellas y derivar las acciones que nuestros representantes públicos estimen oportunas realizar para evitar ataques injustificados a las personas y, muy especialmente, a los menores.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) pidió la semana pasada al Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía que “realicen un posicionamiento institucional público de rechazo” ante el documento Navidad y familia del obispo, Demetrio Fernández, con contenido “discriminatorio” sobre la reproducción asistida, así como que valoren las posibles medidas que respecto al mismo puedan llevar a cabo en el marco de sus respectivas competencias.

En concreto, el obispo destacó, en relación con la familia, que “la unión complementaria de los esposos los convierte en administradores de la vida”, de tal forma que, “del abrazo amoroso de los esposos proceden los hijos” y “nunca como fruto de un aquelarre químico de laboratorio”, según recogía su carta de hace unas semanas.

Estas declaraciones del obispo, además de la iniciativa desarrollada por Apdh, han recibido las críticas de algunos dirigentes, como la propia alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, o el diputado electo por el PSOE Antonio Hurtado. La regidora lamentó que en una sociedad del siglo XXI se produzcan “declaraciones de ese tipo, que además van dirigidas a familias para las que no es fácil tener la imposibilidad de ser padre o madre“. A su juicio, este tipo de opiniones “no se pueden entender en una sociedad moderna como la actual”, donde “todos los elementos de la investigación médica están haciendo posibles cosas que antes eran completamente imposibles”. “Eso tiene que tener su encaje en esta sociedad”, apostilló la regidora, que aseguró que no comparte “en absoluto” las declaraciones, aunque las puede “respetar”. Mientras, Hurtado dijo sentir vergüenza ajena de las palabras de Demetrio Fernández”, al que pidió “respeto a la Ley y al derecho de igualdad”.

Fuente Religión Digital

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Cuatro de cada diez delitos en España están relacionados con la homofobia o la transfobia

Sábado, 24 de octubre de 2015

AbrazarDiversidadUna nueva guía del Gobierno de España para combatir la LGTBfobia en las aulas destaca que casi la mitad de los jóvenes LGTB que han sufrido acoso escolar ha pensado alguna vez en suicidarse.

La directora del Instituto de la Mujer, Rosa Urbón, ha presentado este lunes una guía de actuación para detectar y combatir la homofobia y la transfobia en las aulas que aspira a ser una herramienta para erradicar las agresiones por razón de orientación sexual que tres de cada cuatro jóvenes de 15 a 29 años han presenciado alguna vez en su centro educativo.

El documento, “Abrazar la diversidad: propuestas para una educación libre de homofobia y transfobia”, ha sido coordinado por José Ignacio Pichardo, de la Universidad Complutense de Madrid y parte de que si bien “el rechazo a la diversidad sexual es minoritario entre los jóvenes y entre la población en general”, los estudios muestran que más del seis por ciento de ellos han presenciado alguna vez una “paliza” a una persona motivada por homofobia.

En la presentación de la guía, Urbón ha recordado también que cuatro de cada diez delitos que se producen en España están relacionados con la homofobia o la transfobia y que, además, tres de cada cuatro jóvenes de entre 15 y 29 años han sido testigos de agresiones homófobas en sus centros educativos.

Por eso, incorpora una Guía de Acción para reforzar la prevención, la detección y la actuación frente a situaciones de discriminación en los centros educativos por cuestión de orientación sexual con 30 recomendaciones generales y una serie de tips particulares dirigidas a toda la comunidad educativa.

Asimismo, contiene una lista de 61 indicadores para detectar casos de acoso escolar por homofobia o transfobia organizados atendiendo a la diversidad de relaciones entre las partes: autoridades, personal docente, alumnado y familiares. Otros 16 indicadores permiten identificar si los centros educativos son o no espacios que favorecen el respeto a la diveridad sexual, familiar y de identidad de género.

Plantea además como medida expresa, la introducción de la educación en diversidad sexual en los documentos oficiales del centro, así como la puesta en marcha de material informativo sobre las realidades de los grupos LGBT y un protocolo de intervención para actuar en caso de que se detecte un caso de discriminación o fobia,

Según ha explicado Urbón, establece como fases la “notificación, investigación, valoración, intervención y seguimiento”, implicando al cuerpo docente del centro, a los alumnos y a los familiares, éstos especialmente durante las dos últimas etapas. Además, establece medidas educativas de actuación con el alumnado implicado en una situación de acoso, incluso con la familia si es necesario.

“Se trata, en definitiva, de un documento que bebe de buenas prácticas asentadas en países como Bélgica o Canadá, donde se siguen propuestas que abordan de modo integral el acoso por homofobia y transfobia, y en diferentes comunidades autónomas. Prácticas que demuestran que es posible llevar a cabo acciones concretas en todos los niveles, dentro de la comunidad educativa”, explica el Instituto de la Mujer.

Fuente Cáscara Amarga

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La camerunesa retenida en Barajas Christelle Nangnou obtiene el permiso de estancia tras la orden de Rajoy, obligado porla reacción social

Jueves, 16 de abril de 2015

552ea18ce244cUna excelente noticia que premia la presión social y el trabajo de las asociaciones LGTB, ONG,s y partidos de la oposición que han conseguido arrancar del Gobierno la seguridad de Christelle…

Entre la documentación aportada por Christelle para solicitar el asilo se encuentra un recorte de periódico que titulaba: “Se busca a la líder de grupo de lesbianas”.

Más de 61.000 personas pedían la concesión de asilo a través de la petición que ha creado la FELGTB en Change.org.

Tras 24 días de internamiento en la sala de “no admitidos” de la Terminal 1 del Aeropuerto de Barajas, Christelle Nangnou, la ciudadana de Camerún perseguida por ser lesbiana, ha conseguido una autorización de entrada y estancia en España por motivos humanitarios. Así lo ha hecho público el Ministerio del Interior. Tras cuatro negativas por parte del Gobierno Español para la concesión de ese indulto, Christelle ha conseguido el visto bueno para no tener que ser deportada a Camerún. Su petición de asilo estaba respaldada además por más de 61.000 personas que habían firmado la campaña iniciada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales en la plataforma de recogidas de firmas Change.org.

Una palabra del presidente del Gobierno español ha sido suficiente para acabar con el calvario de la camerunesa Christelle Nangnou, perseguida en su país por ser lesbiana y retenida en el aeropuerto de Barajas desde hace 23 días en Barajas después de que España rechazara su petición de asilo.

Este mismo miércoles Nangnou ha obtenido un permiso de estancia por razón humanitaria, por lo que saldrá de Barajas en torno a las ocho de la tarde rumbo a un recurso de acogida de una ONG especializada, según informa Europa Press.

El permiso ha sido concedida después de que el presidente del Gobierno anunciara durante su intervención en el pleno del Congreso que había dado “instrucciones” para que se resolviera la situación de la mujer.

En un primer momento, la solicitud de asilo de Nangnou fue denegada y se ordenó su salida del país. Entonces pidió a la Audiencia Nacional que paralizase la deportación, pero ésta tampoco atendió su demanda y, finalmente, recurrió al Tribunal de Estrasburgo, que detuvo el proceso cautelarmente, y se pronunciará previsiblemente el viernes.

Representantes de los grupos parlamentarios del PSOE, Amaiur, Izquierda Plural, PNV, CiU, UPyD y ERC han mantenido este miércoles una reunión en la Subdirección General de la Policía con responsables de la Oficina de Asilo y Refugio y expertos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) para buscar una solución, y han determinado que se acoja a la posibilidad de una autorización de entrada y estancia en España por motivos humanitarios, trámite que han encomendado a CEAR. “Ha sido una negociación buena y técnicamente se ha visto cuál era la solución. Se ha hecho con la ley de la mano”, ha detallado a Europa Press la diputada socialista Delia Blanco, que encabezaba la expedición. Ha destacado además el buen hacer tanto de Interior como de los comisarios de Barajas, así como el “papel sustancial” de CEAR en este proceso.

 La responsable del Servicio Jurídico de esta ONG, Paloma Favieres, ha concretado que la organización se ha hecho cargo de presentar un escrito ante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para solicitar que se autorice la entrada en España de la joven por razones humanitarias en el marco de la Ley de Extranjería. Se trata de la fórmula recogida en el artículo 25, según el cual “se podrá autorizar la entrada en España de los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en los párrafos anteriores cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por España“.

Con esta autorización puede dejar el aeropuerto de Barajas y entrar en alguno de los recursos de acogida de las ONG que reciben a extranjeros en situación de vulnerabilidad. Aunque en principio no podría acceder al sistema de protección para solicitantes de asilo, ya que la petición le fue denegada, fuentes humanitarias consultadas explican que se ha buscado la fórmula para poder darle primera acogida. La autorización de estancia tendrá vigencia en tanto la Audiencia Nacional decide sobre el recurso que Christelle presentó contra la denegación de su solicitud de asilo, proceso que podría prolongarse más de un año, conforme los términos que ha planteado CEAR en su escrito. Durante este tiempo, ella podrá permanecer legalmente en el país, aunque no trabajar.

Tras la reunión con responsables de Interior, la comisión de parlamentarios ha acudido a la Comisaría de Barajas donde han podido visitar a la joven camerunesa “en la zona de inadmitidos del aeropuerto” y comentarle los últimos avances en su caso, conforme ha explicado Blanco. “La joven se ha quedado más tranquila de lo que estaba. Está cansada pero en buena situación”, ha subrayado la socialista, al mismo tiempo que ha resaltado que, gracias a este caso, “se crea un precedente muy importante porque por razones de orientación sexual una persona es acogida en España“.

Cabe felicitarse, sin duda, por el éxito conseguido en el caso de Christelle Nangdou tras la movilización social de los últimos tres días. Rubén López, vocal de la FELGTB, se mostraba satisfecho y esperaba ”que el caso de Christelle sirva como referente para casos similares tras innumerables casos rechazado en idénticas circunstancias”. “En cuestión de tres días más de 61.000 personas han querido alzar su voz para pedir la concesión de asilo de Christelle. Sabemos que Christelle está muy agradecida por todo ese apoyo. Ha sido fundamental la colaboración ciudadana para ejercer la presión necesaria”, explica el director de Change.org en España, Francisco Polo. Según fuentes cercanas al caso, la autorización de estancia tendrá vigencia mientras la Audiencia Nacional decide sobre el recurso que Christelle presentó contra la denegación de asilo. Lo sucedido, sin embargo, pone de manifestó una realidad sombría: la de la vergonzante actuación del Ministerio del Interior a la hora de conceder el asilo a personas LGTB perseguidas, derecho reconocido por la legislación española desde 2009. El de Christelle no es el primer caso que trasciende (ya en 2013 Interior denegó el asilo a otra mujer lesbiana de Camerún y expulsó a una ciudadana de Panamá que había sufrido malos tratos en su país debido a su condición transexual, pese a contar con informes favorables al asilo tanto por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados como de CEAR) pero nos tememos que ha habido muchos otros que ni siquiera han tenido eco mediático. Las razones para felicitarse, por tanto, son limitadas.

El secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, había solicitado este martes al Gobierno que se replantease la decisión adoptada por la Oficina de Asilo y Refugio y concediera el asilo a la activista de derechos humanos camerunesa Christelle Nangnou, perseguida en su país por ser lesbiana.

Para Zerolo, según informa el PSOE, “es inaceptable que las autoridades españolas exijan pruebas de una situación conocida mundialmente y condenada en reiteradas ocasiones por el propio Parlamento español”. El dirigente socialista ha recordado al Gobierno las resoluciones aprobadas por unanimidad en el Debate del Estado de la Nación de 2014.

Entre ellas figuraba “instar al Gobierno español a buscar todas las fórmulas legales que permitan establecer un protocolo que garantice una especial atención a los procedimientos y solicitudes de asilo y refugio de las personas perseguidas por su identidad u orientación y/o por su compromiso en la defensa de los derechos humanos de estas“.

También ha recordado que la Comisión de Asuntos Exteriores del 24 de septiembre de 2014 aprobó de forma unánime “instar al Gobierno a facilitar la posibilidad de admitir solicitudes de asilo del colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales que se encuentren en territorio español“.

Y es que Christelle Nangnou se encuentra en un  duro momento. Si el Ministerio del Interior se mantiene impasible y no da marcha atrás en la posible deportación a Camerún de esta mujer lesbiana, la estará enviando a la boca del lobo. Camerún es uno de los países africanos más beligerantes contra las personas LGTB y que menos respeto muestran por el cumplimiento de los derechos humanos más elementales. De hecho, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel y, aunque solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de “flagrante delito”, aumentan las detenciones arbitrarias vinculadas a la orientación sexual. En este sentido, la FELGTB ha enviado una misiva a Interior en la que exige que “cumpla la ley” en el caso de Nangnou, a la que la policía camerunesa acusa de “lesbiana”.

“Estando en Camerún la policía fue a buscarme acusándome de lesbiana. Fue así como mi familia se enteró de mi orientación sexual. Mi propia familia me dijo que me repudiaba por ello. El asunto se extendió por toda mi comunidad de un día para otro, recibí cartas amenazantes, incluso con amenazas de muerte y por eso decidí huir”. Atemorizada por las amenazas y sin el apoyo de su entorno familiar, Christelle Nangnou decidió huir el pasado 25 de marzo. Para poder escapar, Nangnou camufló su identidad, utilizando la documentación de otra persona, pero no consiguió pasar la frontera aeroportuaria española. Emprendió rumbo a Madrid en busca de protección y en lugar de ello, se encuentra recluida en la zona de inadmitidos del aeropuerto de Barajas y ya ha sufrido tres intentos de expulsión y devolución a su país.Han intentado expulsarme y meterme en un avión tres veces, pero me he resistido. Tengo un golpe en el ojo derecho, una uña arrancada, me duele todo el cuerpo y estoy mareada por todo el trajín. Les he dicho que no puedo volver a mi país porque allí no puedo tener vida”, ha narrado entre lágrimas.

La Oficina de Asilo y Refugio denegó la solicitud esgrimiendo que su versión era ‘poco creíble’

Christelle se encuentraba recluida en Barajas porque en el momento de su huida portaba un documento de identidad falso y a pesar de haber aportado pruebas de la persecución que estaba sufriendo en Camerún por causa de su orientación sexual, las autoridades le han denegado el asilo político. Su abogado ha explicado que han puesto sobre la mesa varios recortes de prensa de Camerún donde aparece la foto de Christelle junto con la oferta de una recompensa para quien la entregue a las autoridades para su detención por cometer “prácticas satánicas” pese a la posición del gobierno frente a la homosexualidad. “Pese a ello, la Oficina de Asilo y Refugio denegó la solicitud esgrimiendo que su versión era ‘poco creíble’ y que no les quedaba claro si realmente era perseguida en su país o no. Debe ser que tienes que llegar con un cuchillo clavado en la espalda para que tu versión sea ‘creíble’”, lamenta el abogado. La defensa interpuso entonces el recurso correspondiente ante la Audiencia Nacional y solicitó junto a él, como medida cautelar, que Christelle no fuera expulsada hasta que se resolviera el recurso. Pero la Audiencia Nacional también denegó esa solicitud. El caso se encuentra ahora en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha ordenado que se paralice temporalmente la expulsión. Christelle tiene hasta el próximo 17 de abril para aportar más documentación que demuestre el verdadero peligro que corre en Camerún.

Al parecer, uno de los argumentos esgrimidos por el instructor del caso para denegar el asilo político de Nangnou estaba estaba embarazada cuando solicitó el estatuto de refugiada.  Se trata de un argumento fácilmente desmontable ya que sabemos que la orientación sexual de una persona no tiene nada que ver con que esta (voluntaria o involuntariamente) se haya quedado embarazada”. La maternidad se utiliza, nuevamente, como una supuesta “prueba” de que en realidad la activista camerunesa no sería lesbiana. La misma acusación que sufre Aderonke Apata en el Reino Unido, tal y como se desprende del auto del juez John Bowers. Tanto en lo referente a Apata como a Nangnou, lo que sí parece probado es el desconocimiento de la realidad social y familiar de las personas LGTB por parte de los magistrados e instructores responsables de sendos casos. Vincular la maternidad exclusivamente a la heterosexualidad no hace sino reforzar la idea de que quien utiliza este argumentarlo ignora la diversidad familiar y afectivosexual del colectivo LGTB.

Movilizaciones sociales a favor de Christelle

Ahora que ha comenzado la cuenta atrás para su expulsión, varias asociaciones y ONG por los derechos humanos se han movilizado para exigir al gobierno que proporcione asilo político a la joven camerunesa, dado el grave peligro que corre si la devuelven a su país. La propia Christelle ha hecho su petición: “Pido a Estrasburgo que no me devuelva a mi país, porque allí no voy a poder vivir. Todas las mujeres que conozco que fueron condenadas por lesbianas han desaparecido, nunca más he sabido de ellas. En Camerún iría a la cárcel por ser lesbiana y mi propio entorno me repudia”.

La FELGTB ha enviado una carta al Ministerio de Interior, responsable de las concesiones de asilo político, exigiéndole que cumpla la ley que ampara a Christelle Nangnou para que sea protegida en España. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) se ha movilizado para evitar la extradición de Christelle Nangnou a Camerún. Además de presentar en el Ministerio del Interior una carta para exigirle que “cumpla la ley” en el caso de Christelle Nangnou (a la que la policía camerunesa acusa de lesbiana), la FELGTB ha pedido a los miembros que conforman la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que se impliquen en el caso de Nangnou y no permitan que la devuelvan “a un país donde será excluida y posiblemente encarcelada por el simple hecho de amar a otras mujeres”. A la carta de la FELGTB pidiendo al Ministro de Interior que cumpla la ley, se suma una acción de recogida de firmas a través de Change.org pidiendo la concesión de asilo. En el momento de redactar este post, se habían recogido más de 60. 699  firmas. La diputada socialista en la cámara autonómica madrileña Carla Antonelli es una de las muchas personas que ha utilizado su cuenta de Twitter para expresar su apoyo a la campaña.

Para la Fundación Triángulo, “la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior debe replantearse la decisión que ha tomado ante esta petición de Christelle, dado que devolverla a Camerún la condena a la cárcel, como mínimo, además de al escarnio público. Es inhumano deportar a una mujer que se sabe que está abocada a ser encarcelada por el simple hecho de amar a otras mujeres. No podemos permitirlo”, ha afirmado José María Núñez Blanco, presidente de la Fundación. En Extremadura, donde cuenta con un especial arraigo, Fundación Triángulo está además trabajando con la Agencia de Cooperación para el Desarrollo y la Delegación del Gobierno para instar a Interior “a que cambie su decisión de manera inminente”.

Patricia Bárcena, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha denunciado la mala praxis en cuanto a la gestión de las peticiones de asilo político en España. Bárcena lamenta que, a pesar de que la ley no exige una prueba plena de la situación de peligro, en la práctica sí que se está exigiendo. Para aceptar la solicitud no hace falta que haya una amenaza concreta justo contra la persona demandante de asilo, sino una situación de guerra o persecución contra un grupo de gente que implica riesgo para esa persona“, ha explicado.

La violación de los derechos humanos del colectivo LGTB es una triste y reiterada realidad en Camerún, una situación de la que han alertado las ONG,s. En los últimos años, hemos conocido numerosas historias de amenazas, ataques, encarcelamientos y asesinatos de personas debido a su orientación homosexual. En una carta abierta al presidente Paul Biya, la organización Human Rights Watch (HRW) denunciaba en 2013 los oídos sordos que hacen las autoridades al acoso al que son sometidos los abogados que defienden a las personas acusadas bajo la ley contra la sodomía vigente en el país africano. Cabe señalar que la profundidad de la homofobia en Camerún no solo afecta a la administración, sino que está instalada en todas las capas de la sociedad. En septiembre de 2014, por ejemplo, un activista LGTB se veía obligado a abandonar su domicilio por las amenazas de muerte de sus vecinos.

En 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la situación de las personas LGTB en Camerún. Cada poco tiempo se producen noticias de detenciones, algunas de las cuales hemos recogido: dos hombres condenados a dos años y a un año de prisión, respectivamente, tras ser encontrados culpables de homosexualidad en julio de 2013, la detención de al menos tres mujeres lesbianas en febrero de 2012, cuatro jóvenes detenidos acusados de homosexualidad en enero de 2012, otros cuatro hombres arrestados en agosto de 2011. Y las detenciones siguen remontándose en el tiempo: en abril de 2011, en octubre de 2010, en mayo de 2010 (los dos detenidos entonces fueron luego condenados a cinco meses de cárcel), en marzo de 2010 (en este caso la detención se mezcló con un intento de extorsión por parte de la Policía a un ciudadano australiano) o en diciembre de 2009 (en este caso el joven fue finalmente liberado tras permanecer varios días en prisión en condiciones miserables).

También son interesantes la serie de 5 vídeos realizados por Quijada Producciones, que llevan por título “Homosexuales en Camerún: gentes como tú y yo”, breves reportajes que recogen testimonios de personas LGTB perseguidas por su orientación sexual en el país africano. Son pequeños reportajes que recogen cinco testimonios personales. Su objetivo es doble: por un lado, denunciar internacionalmente la situación de hostigamiento que sufren las personas homosexuales en Camerún; por otro, darles visibilidad dentro de su propio país. Ya os hemos presentado tres: el primero recoge la historia de Roger, condenado a tres años de cárcel por declarar su amor por SMS a otro hombre. El segundo vídeo nos presenta a Pascaline, violada cuando era solo una adolescente, madre de dos hijas y repudiada por su familia por ser lesbiana. El tercero recoge la historia de Esther, pareja de Pascaline, junto a la que en febrero de 2011 fue detenida (su caso está pediente de un tribunal de apelación).

A continuación podéis ver el testimonio de Marc Lambert, en francés con subtítulos en castellano:

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El PSOE urge al Gobierno a legislar contra la violencia LGTBfóbica

Miércoles, 16 de julio de 2014

SnMw2Yyo_400x400Se trata de una proposición no de ley que ha sido registrada para su debate en la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja, por los diputados Antonio Hurtado y Gracia Fernández.

El PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso en la que urge al Gobierno a elaborar e implantar en todo el territorio un plan y una campaña de sensibilización ante las agresiones que se efectúan por la orientación y la identidad sexual, para concienciar a la población general y animar a las personas afectadas a denunciar.

Coordinado también con las comunidades y ciudades autónomas, reclaman así al Ejecutivo un protocolo de atención a las víctimas de las agresiones por orientación e identidad sexual, en los ámbitos de educación, sanidad y fuerzas de seguridad, así como la implementación de un plan de formación en la diversidad sexual, dirigido a profesionales de educación, sanidad y fuerzas de seguridad.

En España, esta diversidad y el derecho a la igualdad y la no discriminación, están protegidas por tratados, por la CE y por estatutos y normas de todo rango, pero no en todos los países es así ya que hay 11 países en los que se persigue y se condena a las personas por su orientación o identidad sexual, en siete incluso se impone condena de muerte, denuncian los diputados socialistas.

Estos recalcan que el Gobierno no puede quedar impasible ante esta atrocidad, y por eso le han pedido en varias ocasiones que denuncie y condene de forma contundente la violación de derechos humanos de las personas LGTB, como ya lo han hecho otros países.

BrNX0RnIIAIeD4-.jpg large“Es justo recordar que el gobierno de Rodríguez Zapatero colocó a España como país pionero en la lucha por la igualdad, con la ley que permitió el matrimonio igualitario y la ley que posibilitó que las personas transexuales pudieran cambiar su nombre y su DNI sin pasar por el quirófano previamente”, agregan.

También fue el gobierno socialista uno de los impulsores en 2011 de la Resolución del Consejo de derechos humanos, que precisamente hablaba de la lucha contra la violencia y las violaciones y los derechos basados en la orientación sexual y en la identidad de género.

Andalucía, pionera

Asimismo, recuerdan que recientemente el Parlamento andaluz ha aprobado por unanimidad una Ley de Transexualidad, propuesta por el PSOE e IU. “Es la primera ley en Europa que defiende el derecho a la autodeterminación por género. El gobierno andaluz ya ha publicado un protocolo de atención para los colegios para evitar discriminación”, recuerdan los diputados del PSOE.

A pesar de estos avances, lamentan que “queda mucho por hacer” y los ataques, la represión y los abusos sexuales a personas gays, lesbianas, transexuales y bisexuales siguen teniendo lugar en España en las familias, en los colegios, o en las redes sociales, por ejemplo, y por ello son muchas las personas que sufren y tienen miedo a denunciar.

Además, el PSOE hace uso del registro de ‘Delitos de Odio’, del que se desprende que en España, en 2013, se registraron 1.172 incidentes y de ellos 452, un 38%, fueron por orientación o identidad sexual.

Según información aportada por el Gobierno, en respuesta a pregunta escrita, el número de infracciones penales cometidas por hechos contra la orientación o identidad sexual de las personas “ha aumentado sustancialmente” en España en los últimos años y se han llegado casi a duplicar del año 2008 al 2013, sentencian los diputados socialistas.

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El Gobierno confirma que el futuro acuerdo con Rusia solo permitirá adoptar a parejas heterosexuales.

Sábado, 24 de mayo de 2014

image_content_medium_942727_20130906173845El Gobierno español cede ante Rusia: excluirá a los homosexuales del convenio de adopciones

En junio del año pasado, Rusia prohibió la adopción internacional de niños rusos por parejas del mismo sexo y paralizó todos los procesos iniciados por ciudadanos de países donde se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, como España.

El convenio de adopciones negociado entre España y Rusia, pendiente de firma, tan solo permitirá adoptar en la Federación a matrimonios españoles compuestos por un hombre y una mujer, según ha confirmado el Gobierno.

En una respuesta parlamentaria a la líder de UPyD, Rosa Díez, el Ejecutivo explica que la legislación rusa es “clara y estricta” sobre quién puede adoptar en Rusia y “excluye taxativamente” al colectivo LGTB, “así como a las familias monoparentales” de países donde se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, como en España.

“El convenio, debido a todo esto, solamente contempla la adopción por parte de matrimonios entre personas de distinto sexo”, aclara el Ejecutivo, que señala que el acuerdo no se ha podido firmar todavía “porque la parte rusa no ha finalizado sus procedimientos internos para la autorización de la firma”.

España, en cambio, ha concluido los trámites necesarios para poder proceder a la firma (el Consejo de Ministros autorizó la firma del convenio en su reunión del 20 de diciembre) y ha transmitido a las autoridades rusas su “gran interés” en este tema y su disposición para proceder a la firma en cuanto sea posible. Una vez firmado, se remitirá a las Cortes Generales para que lo ratifiquen por el procedimiento de urgencia.

Firma en 2014

Rusia tiene intención de poder firmar “este año” el convenio de adopciones con España, según informaron en febrero pasado fuentes de la Embajada rusa en Madrid.

En junio del año pasado, Rusia prohibió la adopción internacional de niños rusos por parejas del mismo sexo y paralizó todos los procesos iniciados por ciudadanos de países donde se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, como España.

La medida afectó a unas 500 familias españolas, la mayoría de ellas catalanas, independientemente de que fueran matrimonios heterosexuales o familias monoparentales las que hubieran iniciado el procedimiento de adopción.

Para desbloquear estos procesos, Moscú estableció como condición la negociación de un convenio bilateral con España que pusiera negro sobre blanco las condiciones para adoptar en Rusia.

Fuente Diario Crítico

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