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Joan Cardona, el chico gay condenado por abusar de una mujer, entra en prisión

Miércoles, 26 de abril de 2017
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420.pngDesde hace tiempo te venimos hablando del caso de Joan Cardona, el chico gay condenado en 2014 por abusar sexualmente de una chica en el portal de su casa, que no sólo tenía coartada y pudo demostrar que estaba en otro sitio en el momento del delito; sino que además ha sido condenado únicamente por el testimonio (en ocasiones contradictorio) de la víctima.

Joan ingresó el pasado martes por la tarde en el Centro Penitenciario Lledoners, a 70 kilómetros de Barcelona, donde tendrá que cumplir una pena de tres años después de haber agotado todas las vías posibles para evitarla. A principios de febrero el Gobierno le denegó la petición de indulto parcial (se mantenía la pena pero no tenía que entrar en prisión), petición que no fue de indulto total porque para ello Joan tenía que reconocer estar arrepentido del delito y él siempre ha mantenido su inocencia.

El caso de Joan es bastante esperpéntico y no se comprende que la justicia española pueda enviar a la cárcel a alguien teniendo como única prueba el testimonio de la víctima; algo que, sinceramente da bastante miedo. Como se explica en la petición en Change.org que se creó para exigir que el Tribunal Constitucional valorara detenidamente la sentencia, el 19 de noviembre de 2012 una chica sufrió una agresión sexual en el portal de su casa a manos de un chico que llegó en motó, forcejeó con ella, le realizó tocamientos por encima de la ropa y luego huyó en esa misma moto.

Días más tarde la chica reconoció a su agresor como cliente del supermercado en el que ella trabajaba. El chico al que reconoció fue Joan. Por parte de la acusación las únicas pruebas que se pudieron aportar fueron el testimonio de la víctima y el de un compañero de trabajo que corroboró, únicamente, que Joan era cliente habitual del supermercado. La descripción que la chica realizó de su agresor, además, no sólo no se correspondía con la fisonomía de Joan sino que además aseguraba que el agresor llegó en moto (Joan ni tiene ni sabe conducir una moto), llevaba un casco blanco (Joan no tiene un casco blanco) y cazadora de cuero negra (que tampoco la tiene).

Pero lo más sorprendente es que la defensa de Joan pudo demostrar, con testimonios jurados de su hermana y el novio de ésta, que en el momento de los hechos Joan estaba cenando en casa con ellos. Además aportaron el registro de aparcamiento de una bicicleta municipal cerca de su casa antes de que sucediera la agresión y también se le hizo llegar al juez el registro de una conversación que Joan mantuvo poco después con su novio a través de Facebook con la que demostraban no sólo que Joan no podía estar en dos sitios al mismo tiempo sino que, además, es homosexual.

El juez desestimó todas las pruebas de la defensa y, basándose únicamente en el testimonio de la víctima de la agresión, condenó a Joan a tres años de prisión y le impuso una orden de alejamiento que le obligó a tener que abandonar su casa y su barrio.

Hay que recordar, por cierto, que en la primera sentencia el juez no sólo dijo que le daba igual que Joan hubiera demostrado que no tenía una moto porque “podría haberla tomado prestada” (como señalaron Mafia Rosa en un artículo hace unos meses, el caso de Joan está lleno de “podrías”); sino que además no dudó en mostrar una homofobia galopante al asegurar que la orientación sexual de Joan era irrelevante y pudo perfectamente haber sentido el impulso de abusar de una mujer porque “En el ámbito de las tendencias sexuales las posibilidades son múltiples“. Es decir, como dijo el propio Joan: “cuando eres heterosexual no hay ninguna duda, pero cuando eres homosexual lo tienes que demostrar“.

Lo peor de este caso es que, basándonos en la débil sentencia emitida por el juez, en este caso hay dos víctimas: la agredida, que no sólo fue asaltada y sufrió el intento de violación sino que además no ha recibido justicia porque el sistema judicial no ha hecho bien su trabajo; y Joan, que sin comerlo ni beberlo se ha visto metido en este despropósito. Y no olvidemos que, si Joan es inocente (y, sinceramente, todo apunta a que lo es) el verdadero culpable sigue en libertad y probablemente repitiendo el delito. Cierto es que el caso de Joan ha pasado por varios tribunales y eso podría hacer pensar que hay una parte de la historia que los jueces conocen y nosotros no; pero no podemos descartar que las revisiones que se hayan hecho del caso haya sido superficiales y no se haya ido al detalle para no perjudicar al juez que, con estos datos en la mano, no ha emitido una sentencia justa.

Está claro que en este caso Joan no fue inocente hasta que se demostrara lo contrario, porque a pesar de haber podido acreditar su inocencia el juez decidió que era culpable a pesar de todo.

Fuente | Menorca.info, vía EstoyBailando

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El Gobierno de España se niega a revisar la exclusión de las personas con VIH en las ofertas de empleo público

Miércoles, 1 de febrero de 2017
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1478160800_238306_1478248845_noticia_fotogramaGobierno de España

Desde 2014, FSC-CCOO, FELGTB, Cesida y Trabajando en Positivo han solicitado en cuatro ocasiones una reunión con la Secretaría de Estado de Función Pública para eliminar las exclusiones médicas no justificadas en el empleo público sin obtener respuesta.

Según el programa “Clínica Legal” de la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA), el 35% de las 93 consultas recibidas el año pasado hacían referencia a situaciones de discriminación en las ofertas de trabajo de empleo público, especialmente las de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. El principal motivo se encuentra en las exclusiones médicas que figuran en las bases de algunas oposiciones como las del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Guardia Civil, Cuerpos Militares o Policía Nacional y que de forma indirecta sirven para excluir a personas con VIH.

Asimismo, según los escritos emitidos por la Subdirección General de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública se sobrevalora el riesgo de transmisión del virus argumentando que “las funciones de las personas que trabajan en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado conllevan la posibilidad de mayor riesgo de contagio del VIH y justifican suficientemente el establecimiento de un criterio de acceso distinto al que pueda utilizarse con relación a otros cuerpos de la Administración”.

Con el fin de abordar y valorar esta situación, que demuestra el desconocimiento por parte de la Dirección General de la Función Pública de los avances que ha habido respecto al tratamiento y la transmisión del VIH, la organización sindical Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO y tres organizaciones civiles vinculadas al VIH: CESIDA, Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y Trabajando en Positivo, han solicitado recientemente por carta una reunión con esta Dirección General, siendo la cuarta ocasión desde 2014 en la que este hecho se produce sin haber tenido una respuesta positiva hasta el momento.

En la carta, se vuelve a recordar que tanto la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo,  como los avances y estudios científicos de organizaciones especializadas, establecen que, en la mayor parte de las ocupaciones y puestos de trabajo, incluidas todas las que tienen que ver con Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, vivir con el VIH no supone ningún perjuicio para el desempeño de las mismas ni hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH.  Asimismo, señalan que el Gobierno debe ser ejemplarizante en eliminar cualquier discriminación y estigma que todavía se da entre las personas con el VIH en el ámbito laboral, de forma que las empresas puedan establecer medidas antidiscriminatorias.

Según Diego Valor, “el estigma y la discriminación se convierten en un importante obstáculo para la respuesta al VIH, más cuando ésta proviene de los propios organismos públicos, que deberían ser los primeros en dar ejemplo y favorecer la normalización del VIH”.

Por su parte, según Julio Gómez, de Trabajando en Positivo, señala que “tras la constitución del nuevo Gobierno y el nombramiento de la nueva Secretaria de Estado, consideramos prioritaria esta reunión con el fin de valorar la modificación y la adaptación de la normativa o reglamentos que dan cabida a estas exclusiones injustificadas, para adecuarlos a lo establecido por los acuerdos internacionales y nacionales que establecen una normativa en contra de la discriminación laboral de las personas con el VIH”.

Fuente: FELGTB, vía EstoyBailando

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Arcópoli expresa su profundo malestar por el posible recurso de inconstitucionalidad a la Ley Trans de Madrid planteado por el gobierno central

Sábado, 30 de julio de 2016
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logo-de-arcopoliA continuación reproducimos íntegramente la nota de prensa de Arcópoli con fecha 28 de Julio de 2016.

El gobierno de España ha iniciado los trámites para presentar un recurso al Tribunal Constitucional relativo a la Ley de Transexualidad de la Comunidad de Madrid aprobada en Madrid

El Gobierno de Mariano Rajoy considera que dos de los artículos de la ley trans invaden sus competencias. Los artículos 7 y 48. El primero es relativo a la expedición de documentos acordes a la identidad de género de las personas solicitantes y el segundo artículo trata sobre la inversión de la carga de la prueba en procedimientos de competencia autonómica.

Siguiendo el procedimiento habitual, se ha creado una comisión bilateral entre el Gobierno de España representado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y por parte del Gobierno Regional el Consejero de Presidencia, que intentarán llegar a un acuerdo para evitar que tenga que ser el Tribunal Constitucional quien se pronuncie.

Desde Arcópoli estamos decepcionados con el Gobierno de Rajoy que parece querer utilizar las instituciones a su antojo al amenazar con interponer un recurso de nuevo en un tema recurrente, pues con la aprobación de las distintas leyes trans autonómicas siempre se han abierto comisiones bilaterales para tratar estos aspectos dando la razón a los gobiernos autonómicos. Da la impresión de que su objetivo es solamente retrasar la igualdad, como hizo el PP con el recurso contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, dichos artículos ya están presenten en Leyes anteriores y se consideran constitucionales, concretamente el artículo 7 está presente en la ley de Transexualidad andaluza y el 48 es una copia casi exacta del de la Ley LGTB Extremeña, que no podemos olvidar que fue propuesta por el gobierno autonómico, presidido por el Partido Popular de Extremadura.

Yago Blando, coordinador general de Arcópoli ha dicho que “la interposición de un recurso a esta ley es un ataque hacia el colectivo transexual ya que esta ley pretendía salvar una discriminación histórica hacia el colectivo, discriminación presente cada día incluso con agresiones físicas muy duras. La inversión de la carga de la prueba es una reivindicación imprescindible para poder animar a denunciar, que las y los transexuales por regla general, aceptan en silencio los ataques.” Yago espera que el Gobierno de Cristina Cifuentes defienda con contundencia la ley aprobada por la Asamblea de Madrid, máximo representante de la ciudadanía madrileña. También ha aprovechado para pedir al futuro gobierno de España que apruebe una Ley de Transexualidad de ámbito nacional y otra de no discriminación al colectivo LGTB en las competencias estatales.

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El obispado de Huelva rechaza que una hermandad local tenga un “hermano mayor” gay y casado con otro hombre

Viernes, 3 de junio de 2016
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Benito-junto-simpecado-hermandad-Emigrantes_EDIIMA20160601_0877_18 huelva7Mons. José Vilaplana Blasco Obispo de Huelva se niega –verbalmente– a aceptar a un chico gay como Hermano Mayor.

Fundación Triángulo Andalucía considera inaceptable la discriminación del Hermano Mayor de la Hermandad de Emigrantes

Nuevo episodio de discriminación en una institución vinculada a la Iglesia católica en Andalucía. La Hermandad del Rocío de Emigrantes de Huelva no tendrá como hermano mayor a Benito Sueiro, que tras quedar vacante el puesto había decidido dar el paso después de formar parte durante más de quince años de la hermandad: el obispado lo ha rechazado por ser gay y estar casado con otro hombre. Un rechazo que le habría sido comunicado verbalmente a la hermandad antes de que esta pudiera presentar una petición formal. Fundación Triángulo Andalucía ha denunciado lo que considera una discriminación intolerable.

Según informa Viva Huelva, Sueiro contaba con el visto bueno tanto del director espiritual de la Hermandad del Rocío de Emigrantes como de su Junta de Gobierno, pero al conocer el obispado que el candidato estaba casado con otro hombre transmitió a la hermandad su negativa, de forma que la petición ni siquiera fue presentada oficialmente. De hecho, siempre según el periódico onubense, al ni siquiera existir esta petición oficial el obispado ha preferido no pronunciarse.

Fundación Triángulo Andalucía vuelve a exigir una Ley de igualdad social LGBT Andaluza y Estatal como herramienta para poder luchar contra la discriminación.

Según se ha publicado en diversos medios de comunicación la Hermandad de Inmigrantes, sin Hermano Mayor desde hace años mostró su conformidad porque B.S. pudiera ser su Hermano Mayor. B.S. es hermano desde hace 15 años de esta veterana hermandad y durante El Rocio de este año mostró sus ganas de llevar la dirección de la Hermandad.

Desde Fundación Triángulo Andalucía consideramos inaceptable que el Obispado de Huelva con Monseñor José Vilaplana Blasco a la cabeza, se consideren con capacidad para discriminar a una persona por razón de Orientación Sexual. El artículo 14 de la Constitución Española y el articulo 35 del Estatuto de Autonomía de Andalucía dicen claramente que eso no es posible.

“La curia de la iglesia católica sigue pensando que su normativa la rige la Ciudad del Vaticano y no es así, la normas de convivencia en España y en Andalucía las decide el pueblo español a través las Cortes Generales y el Parlamento de Andalucía” expresa Raúl González Presidente de la Fundación Triángulo.

Por su parte Alivia Villalba, coordinadora de Familias Guays de Fundación Triángulo Andalucía añade “Su modelo de familia es tan estrecho conceptualmente que cualquier dia se quedarán solo ellos dentro de él y el resto del país estará fuera”. Y esto parece que va siendo así, esto días fue publicada por el INE la estadística en la que el 42.5% de los nacidos lo hace ya fuera del matrimonio y una cantidad más marginal lo hace dentro del matrimonio católico.

Instamos a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a actuar contundentemente cuando se corroboren los hechos y a no mirar para otro lado como si la iglesia católica tuviera bula en nuestro ordenamiento y conveniencia.

Por eso es tan importante asistir a las manifestaciones como la que llevamos convocando en Huelva desde hace 11 años y que la Fundación Triángulo Andalucía vuelve a convocar el 22 de junio en el centro de Huelva. “Este año más que nunca” concluye Verónica Dominguez miembro de juventud de la Fundación Triángulo Andalucía.

Actualizado (Miércoles, 01 de Junio de 2016 12:31)

Fuente Fundación Triángulo

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Lanzan una campaña para pedir a Gobierno, Junta y Ayuntamiento una condena al obispo de Córdoba

Jueves, 7 de enero de 2016
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obispo_18785_1El video de este individuo, me niego a llamarle obispo, no tiene desperdicio, sobre odo cuando habla acerca de que el varón ha de ser muy varón y la mujer muy mujer… que uno aporta la autoridad  y la protección y la otra el calor del hogar… Lo dicho, repugnante… Y Francisco mirando para otro lado…

Iniciativa a través de Change.org

Por tildar de “aquelarre químico” la fecundación artificial

“Atribuyo estas declaraciones en exclusiva a D. Demetrio Fernández y, en ningún caso, al pensamiento general de los católicos, ni mucho menos a los principios de amor, paz, solidaridad y tolerancia que promulga el humanismo cristiano”

El pasado 24 de diciembre de 2015, D. Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, en una carta titulada Navidad y familia afirmaba que “el hijo tiene derecho a proceder de una relación de amor entre sus padres, y nunca como fruto de un aquelarre químico de laboratorio. En la misma misiva comentaba que “todo tipo de fecundación artificial rompe esa armonía de la creación por la que los hijos vienen al mundo como personas, fruto de una relación personal de amor entre los esposos” https://goo.gl/0hNFWl

Alrededor de un millar de personas han firmado ya en una iniciativa promovida en change.org para pedir a las distintas instituciones, como Ayuntamiento de Córdoba, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno central, que “asuman su responsabilidad como garantes” de los derechos de niños y lleven a sus plenos y parlamentos las declaraciones del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, que ha calificado como “aquelarre químico de laboratorio” la utilización de cualquier tipo de técnica de reproducción asistida.

En este sentido, según se recoge en la iniciativa ciudadana en dicha web, los firmantes solicitan a las instituciones que evalúen dichas declaraciones, se posicionen ante ellas y deriven las acciones que los representantes públicos “estimen oportunas realizar para evitar ataques injustificados a las personas y, muy especialmente, a los menores”.

Demetrio-Fernandez-obispo-Cordoba

El iniciador de la iniciativa, David Lozano, afirma:

… En primer lugar, atribuyo estas declaraciones en exclusiva a D. Demetrio Fernández y, en ningún caso, al pensamiento general de los católicos, ni mucho menos a los principios de amor, paz, solidaridad y tolerancia que promulga el humanismo cristiano, pues aun estando la Iglesia Católica en contra de la reproducción asistida, estas declaraciones van más allá de ese posicionamiento y suponen un ataque directo al corazón de muchas familias a las que el Obispo parece querer condenar.

En segundo lugar, y creo que puedo decir esto en nombre de tod@s l@s papás y mamás que tanto hemos sufrido hasta por fin tener a nuestr@s hij@s gracias a la reproducción asistida, no hay mayor acto de amor que planificar de forma consciente la llegada de un/a hijo/a a una familia cuando, por alguna circunstancia, no puede llegar a través del ‘abrazo amoroso’. Aunque la posición de la Iglesia Católica sea contraria a la reproducción asistida, no creo que haya muchos cristianos que encuentren adecuado el uso de la palabra ‘aquelarre’, que incluye en su definición una ‘supuesta intervención del demonio para sus prácticas mágicas o surpesticiosas’, para calificar a una técnica médica basada en el conocimiento racional y que ha llenado de felicidad y dicha a millones de familias en todo el mundo.

En cualquier caso, y más allá de las convicciones ideológicas de cada persona o de los principios morales de una confesión religiosa, España y, por tanto, sus Administraciones Públicas han de garantizar la defensa de la sociedad a la que representan y, por ello, están obligadas a tomar las medidas necesarias para proteger a l@s niñ@s de toda forma de discriminación.

La Constitución Española protege a todas las personas independientemente de su procedencia y España es Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, el tratado internacional más importante en esta materia. En concreto, en su artículo 16 se menciona que “ningún niño será objeto de ataques ilegales a su honra y a su reputación” y que, igualmente, “el niño tiene derecho a la protección de la ley contra estas injerencias o ataques”.

Por todo ello, como firmante de este escrito entiendo que calificar el modo de concepción del menor como “aquelarre químico de laboratorio” e insinuar que la única forma de procedencia que da la categoría de ‘persona’ es la proveniente de la “relación personal entre los esposos”, es motivo de discriminación de los menores en función del origen de su concepción. Por tanto, solicitamos que tanto el Ayuntamiento de Córdoba, como la Diputación Provincial de Córdoba, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central asuman su responsabilidad como garantes de los Derechos de niños y niñas y lleven a sus plenos y parlamentos estas declaraciones de D. Demetrio Fernández para evaluarlas, posicionarse ante ellas y derivar las acciones que nuestros representantes públicos estimen oportunas realizar para evitar ataques injustificados a las personas y, muy especialmente, a los menores.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) pidió la semana pasada al Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía que “realicen un posicionamiento institucional público de rechazo” ante el documento Navidad y familia del obispo, Demetrio Fernández, con contenido “discriminatorio” sobre la reproducción asistida, así como que valoren las posibles medidas que respecto al mismo puedan llevar a cabo en el marco de sus respectivas competencias.

En concreto, el obispo destacó, en relación con la familia, que “la unión complementaria de los esposos los convierte en administradores de la vida”, de tal forma que, “del abrazo amoroso de los esposos proceden los hijos” y “nunca como fruto de un aquelarre químico de laboratorio”, según recogía su carta de hace unas semanas.

Estas declaraciones del obispo, además de la iniciativa desarrollada por Apdh, han recibido las críticas de algunos dirigentes, como la propia alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, o el diputado electo por el PSOE Antonio Hurtado. La regidora lamentó que en una sociedad del siglo XXI se produzcan “declaraciones de ese tipo, que además van dirigidas a familias para las que no es fácil tener la imposibilidad de ser padre o madre“. A su juicio, este tipo de opiniones “no se pueden entender en una sociedad moderna como la actual”, donde “todos los elementos de la investigación médica están haciendo posibles cosas que antes eran completamente imposibles”. “Eso tiene que tener su encaje en esta sociedad”, apostilló la regidora, que aseguró que no comparte “en absoluto” las declaraciones, aunque las puede “respetar”. Mientras, Hurtado dijo sentir vergüenza ajena de las palabras de Demetrio Fernández”, al que pidió “respeto a la Ley y al derecho de igualdad”.

Fuente Religión Digital

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Cuatro de cada diez delitos en España están relacionados con la homofobia o la transfobia

Sábado, 24 de octubre de 2015
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AbrazarDiversidadUna nueva guía del Gobierno de España para combatir la LGTBfobia en las aulas destaca que casi la mitad de los jóvenes LGTB que han sufrido acoso escolar ha pensado alguna vez en suicidarse.

La directora del Instituto de la Mujer, Rosa Urbón, ha presentado este lunes una guía de actuación para detectar y combatir la homofobia y la transfobia en las aulas que aspira a ser una herramienta para erradicar las agresiones por razón de orientación sexual que tres de cada cuatro jóvenes de 15 a 29 años han presenciado alguna vez en su centro educativo.

El documento, “Abrazar la diversidad: propuestas para una educación libre de homofobia y transfobia”, ha sido coordinado por José Ignacio Pichardo, de la Universidad Complutense de Madrid y parte de que si bien “el rechazo a la diversidad sexual es minoritario entre los jóvenes y entre la población en general”, los estudios muestran que más del seis por ciento de ellos han presenciado alguna vez una “paliza” a una persona motivada por homofobia.

En la presentación de la guía, Urbón ha recordado también que cuatro de cada diez delitos que se producen en España están relacionados con la homofobia o la transfobia y que, además, tres de cada cuatro jóvenes de entre 15 y 29 años han sido testigos de agresiones homófobas en sus centros educativos.

Por eso, incorpora una Guía de Acción para reforzar la prevención, la detección y la actuación frente a situaciones de discriminación en los centros educativos por cuestión de orientación sexual con 30 recomendaciones generales y una serie de tips particulares dirigidas a toda la comunidad educativa.

Asimismo, contiene una lista de 61 indicadores para detectar casos de acoso escolar por homofobia o transfobia organizados atendiendo a la diversidad de relaciones entre las partes: autoridades, personal docente, alumnado y familiares. Otros 16 indicadores permiten identificar si los centros educativos son o no espacios que favorecen el respeto a la diveridad sexual, familiar y de identidad de género.

Plantea además como medida expresa, la introducción de la educación en diversidad sexual en los documentos oficiales del centro, así como la puesta en marcha de material informativo sobre las realidades de los grupos LGBT y un protocolo de intervención para actuar en caso de que se detecte un caso de discriminación o fobia,

Según ha explicado Urbón, establece como fases la “notificación, investigación, valoración, intervención y seguimiento”, implicando al cuerpo docente del centro, a los alumnos y a los familiares, éstos especialmente durante las dos últimas etapas. Además, establece medidas educativas de actuación con el alumnado implicado en una situación de acoso, incluso con la familia si es necesario.

“Se trata, en definitiva, de un documento que bebe de buenas prácticas asentadas en países como Bélgica o Canadá, donde se siguen propuestas que abordan de modo integral el acoso por homofobia y transfobia, y en diferentes comunidades autónomas. Prácticas que demuestran que es posible llevar a cabo acciones concretas en todos los niveles, dentro de la comunidad educativa”, explica el Instituto de la Mujer.

Fuente Cáscara Amarga

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La camerunesa retenida en Barajas Christelle Nangnou obtiene el permiso de estancia tras la orden de Rajoy, obligado porla reacción social

Jueves, 16 de abril de 2015
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552ea18ce244cUna excelente noticia que premia la presión social y el trabajo de las asociaciones LGTB, ONG,s y partidos de la oposición que han conseguido arrancar del Gobierno la seguridad de Christelle…

Entre la documentación aportada por Christelle para solicitar el asilo se encuentra un recorte de periódico que titulaba: “Se busca a la líder de grupo de lesbianas”.

Más de 61.000 personas pedían la concesión de asilo a través de la petición que ha creado la FELGTB en Change.org.

Tras 24 días de internamiento en la sala de “no admitidos” de la Terminal 1 del Aeropuerto de Barajas, Christelle Nangnou, la ciudadana de Camerún perseguida por ser lesbiana, ha conseguido una autorización de entrada y estancia en España por motivos humanitarios. Así lo ha hecho público el Ministerio del Interior. Tras cuatro negativas por parte del Gobierno Español para la concesión de ese indulto, Christelle ha conseguido el visto bueno para no tener que ser deportada a Camerún. Su petición de asilo estaba respaldada además por más de 61.000 personas que habían firmado la campaña iniciada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales en la plataforma de recogidas de firmas Change.org.

Una palabra del presidente del Gobierno español ha sido suficiente para acabar con el calvario de la camerunesa Christelle Nangnou, perseguida en su país por ser lesbiana y retenida en el aeropuerto de Barajas desde hace 23 días en Barajas después de que España rechazara su petición de asilo.

Este mismo miércoles Nangnou ha obtenido un permiso de estancia por razón humanitaria, por lo que saldrá de Barajas en torno a las ocho de la tarde rumbo a un recurso de acogida de una ONG especializada, según informa Europa Press.

El permiso ha sido concedida después de que el presidente del Gobierno anunciara durante su intervención en el pleno del Congreso que había dado “instrucciones” para que se resolviera la situación de la mujer.

En un primer momento, la solicitud de asilo de Nangnou fue denegada y se ordenó su salida del país. Entonces pidió a la Audiencia Nacional que paralizase la deportación, pero ésta tampoco atendió su demanda y, finalmente, recurrió al Tribunal de Estrasburgo, que detuvo el proceso cautelarmente, y se pronunciará previsiblemente el viernes.

Representantes de los grupos parlamentarios del PSOE, Amaiur, Izquierda Plural, PNV, CiU, UPyD y ERC han mantenido este miércoles una reunión en la Subdirección General de la Policía con responsables de la Oficina de Asilo y Refugio y expertos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) para buscar una solución, y han determinado que se acoja a la posibilidad de una autorización de entrada y estancia en España por motivos humanitarios, trámite que han encomendado a CEAR. “Ha sido una negociación buena y técnicamente se ha visto cuál era la solución. Se ha hecho con la ley de la mano”, ha detallado a Europa Press la diputada socialista Delia Blanco, que encabezaba la expedición. Ha destacado además el buen hacer tanto de Interior como de los comisarios de Barajas, así como el “papel sustancial” de CEAR en este proceso.

 La responsable del Servicio Jurídico de esta ONG, Paloma Favieres, ha concretado que la organización se ha hecho cargo de presentar un escrito ante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para solicitar que se autorice la entrada en España de la joven por razones humanitarias en el marco de la Ley de Extranjería. Se trata de la fórmula recogida en el artículo 25, según el cual “se podrá autorizar la entrada en España de los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en los párrafos anteriores cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por España“.

Con esta autorización puede dejar el aeropuerto de Barajas y entrar en alguno de los recursos de acogida de las ONG que reciben a extranjeros en situación de vulnerabilidad. Aunque en principio no podría acceder al sistema de protección para solicitantes de asilo, ya que la petición le fue denegada, fuentes humanitarias consultadas explican que se ha buscado la fórmula para poder darle primera acogida. La autorización de estancia tendrá vigencia en tanto la Audiencia Nacional decide sobre el recurso que Christelle presentó contra la denegación de su solicitud de asilo, proceso que podría prolongarse más de un año, conforme los términos que ha planteado CEAR en su escrito. Durante este tiempo, ella podrá permanecer legalmente en el país, aunque no trabajar.

Tras la reunión con responsables de Interior, la comisión de parlamentarios ha acudido a la Comisaría de Barajas donde han podido visitar a la joven camerunesa “en la zona de inadmitidos del aeropuerto” y comentarle los últimos avances en su caso, conforme ha explicado Blanco. “La joven se ha quedado más tranquila de lo que estaba. Está cansada pero en buena situación”, ha subrayado la socialista, al mismo tiempo que ha resaltado que, gracias a este caso, “se crea un precedente muy importante porque por razones de orientación sexual una persona es acogida en España“.

Cabe felicitarse, sin duda, por el éxito conseguido en el caso de Christelle Nangdou tras la movilización social de los últimos tres días. Rubén López, vocal de la FELGTB, se mostraba satisfecho y esperaba ”que el caso de Christelle sirva como referente para casos similares tras innumerables casos rechazado en idénticas circunstancias”. “En cuestión de tres días más de 61.000 personas han querido alzar su voz para pedir la concesión de asilo de Christelle. Sabemos que Christelle está muy agradecida por todo ese apoyo. Ha sido fundamental la colaboración ciudadana para ejercer la presión necesaria”, explica el director de Change.org en España, Francisco Polo. Según fuentes cercanas al caso, la autorización de estancia tendrá vigencia mientras la Audiencia Nacional decide sobre el recurso que Christelle presentó contra la denegación de asilo. Lo sucedido, sin embargo, pone de manifestó una realidad sombría: la de la vergonzante actuación del Ministerio del Interior a la hora de conceder el asilo a personas LGTB perseguidas, derecho reconocido por la legislación española desde 2009. El de Christelle no es el primer caso que trasciende (ya en 2013 Interior denegó el asilo a otra mujer lesbiana de Camerún y expulsó a una ciudadana de Panamá que había sufrido malos tratos en su país debido a su condición transexual, pese a contar con informes favorables al asilo tanto por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados como de CEAR) pero nos tememos que ha habido muchos otros que ni siquiera han tenido eco mediático. Las razones para felicitarse, por tanto, son limitadas.

El secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, había solicitado este martes al Gobierno que se replantease la decisión adoptada por la Oficina de Asilo y Refugio y concediera el asilo a la activista de derechos humanos camerunesa Christelle Nangnou, perseguida en su país por ser lesbiana.

Para Zerolo, según informa el PSOE, “es inaceptable que las autoridades españolas exijan pruebas de una situación conocida mundialmente y condenada en reiteradas ocasiones por el propio Parlamento español”. El dirigente socialista ha recordado al Gobierno las resoluciones aprobadas por unanimidad en el Debate del Estado de la Nación de 2014.

Entre ellas figuraba “instar al Gobierno español a buscar todas las fórmulas legales que permitan establecer un protocolo que garantice una especial atención a los procedimientos y solicitudes de asilo y refugio de las personas perseguidas por su identidad u orientación y/o por su compromiso en la defensa de los derechos humanos de estas“.

También ha recordado que la Comisión de Asuntos Exteriores del 24 de septiembre de 2014 aprobó de forma unánime “instar al Gobierno a facilitar la posibilidad de admitir solicitudes de asilo del colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales que se encuentren en territorio español“.

Y es que Christelle Nangnou se encuentra en un  duro momento. Si el Ministerio del Interior se mantiene impasible y no da marcha atrás en la posible deportación a Camerún de esta mujer lesbiana, la estará enviando a la boca del lobo. Camerún es uno de los países africanos más beligerantes contra las personas LGTB y que menos respeto muestran por el cumplimiento de los derechos humanos más elementales. De hecho, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel y, aunque solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de “flagrante delito”, aumentan las detenciones arbitrarias vinculadas a la orientación sexual. En este sentido, la FELGTB ha enviado una misiva a Interior en la que exige que “cumpla la ley” en el caso de Nangnou, a la que la policía camerunesa acusa de “lesbiana”.

“Estando en Camerún la policía fue a buscarme acusándome de lesbiana. Fue así como mi familia se enteró de mi orientación sexual. Mi propia familia me dijo que me repudiaba por ello. El asunto se extendió por toda mi comunidad de un día para otro, recibí cartas amenazantes, incluso con amenazas de muerte y por eso decidí huir”. Atemorizada por las amenazas y sin el apoyo de su entorno familiar, Christelle Nangnou decidió huir el pasado 25 de marzo. Para poder escapar, Nangnou camufló su identidad, utilizando la documentación de otra persona, pero no consiguió pasar la frontera aeroportuaria española. Emprendió rumbo a Madrid en busca de protección y en lugar de ello, se encuentra recluida en la zona de inadmitidos del aeropuerto de Barajas y ya ha sufrido tres intentos de expulsión y devolución a su país.Han intentado expulsarme y meterme en un avión tres veces, pero me he resistido. Tengo un golpe en el ojo derecho, una uña arrancada, me duele todo el cuerpo y estoy mareada por todo el trajín. Les he dicho que no puedo volver a mi país porque allí no puedo tener vida”, ha narrado entre lágrimas.

La Oficina de Asilo y Refugio denegó la solicitud esgrimiendo que su versión era ‘poco creíble’

Christelle se encuentraba recluida en Barajas porque en el momento de su huida portaba un documento de identidad falso y a pesar de haber aportado pruebas de la persecución que estaba sufriendo en Camerún por causa de su orientación sexual, las autoridades le han denegado el asilo político. Su abogado ha explicado que han puesto sobre la mesa varios recortes de prensa de Camerún donde aparece la foto de Christelle junto con la oferta de una recompensa para quien la entregue a las autoridades para su detención por cometer “prácticas satánicas” pese a la posición del gobierno frente a la homosexualidad. “Pese a ello, la Oficina de Asilo y Refugio denegó la solicitud esgrimiendo que su versión era ‘poco creíble’ y que no les quedaba claro si realmente era perseguida en su país o no. Debe ser que tienes que llegar con un cuchillo clavado en la espalda para que tu versión sea ‘creíble’”, lamenta el abogado. La defensa interpuso entonces el recurso correspondiente ante la Audiencia Nacional y solicitó junto a él, como medida cautelar, que Christelle no fuera expulsada hasta que se resolviera el recurso. Pero la Audiencia Nacional también denegó esa solicitud. El caso se encuentra ahora en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha ordenado que se paralice temporalmente la expulsión. Christelle tiene hasta el próximo 17 de abril para aportar más documentación que demuestre el verdadero peligro que corre en Camerún.

Al parecer, uno de los argumentos esgrimidos por el instructor del caso para denegar el asilo político de Nangnou estaba estaba embarazada cuando solicitó el estatuto de refugiada.  Se trata de un argumento fácilmente desmontable ya que sabemos que la orientación sexual de una persona no tiene nada que ver con que esta (voluntaria o involuntariamente) se haya quedado embarazada”. La maternidad se utiliza, nuevamente, como una supuesta “prueba” de que en realidad la activista camerunesa no sería lesbiana. La misma acusación que sufre Aderonke Apata en el Reino Unido, tal y como se desprende del auto del juez John Bowers. Tanto en lo referente a Apata como a Nangnou, lo que sí parece probado es el desconocimiento de la realidad social y familiar de las personas LGTB por parte de los magistrados e instructores responsables de sendos casos. Vincular la maternidad exclusivamente a la heterosexualidad no hace sino reforzar la idea de que quien utiliza este argumentarlo ignora la diversidad familiar y afectivosexual del colectivo LGTB.

Movilizaciones sociales a favor de Christelle

Ahora que ha comenzado la cuenta atrás para su expulsión, varias asociaciones y ONG por los derechos humanos se han movilizado para exigir al gobierno que proporcione asilo político a la joven camerunesa, dado el grave peligro que corre si la devuelven a su país. La propia Christelle ha hecho su petición: “Pido a Estrasburgo que no me devuelva a mi país, porque allí no voy a poder vivir. Todas las mujeres que conozco que fueron condenadas por lesbianas han desaparecido, nunca más he sabido de ellas. En Camerún iría a la cárcel por ser lesbiana y mi propio entorno me repudia”.

La FELGTB ha enviado una carta al Ministerio de Interior, responsable de las concesiones de asilo político, exigiéndole que cumpla la ley que ampara a Christelle Nangnou para que sea protegida en España. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) se ha movilizado para evitar la extradición de Christelle Nangnou a Camerún. Además de presentar en el Ministerio del Interior una carta para exigirle que “cumpla la ley” en el caso de Christelle Nangnou (a la que la policía camerunesa acusa de lesbiana), la FELGTB ha pedido a los miembros que conforman la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que se impliquen en el caso de Nangnou y no permitan que la devuelvan “a un país donde será excluida y posiblemente encarcelada por el simple hecho de amar a otras mujeres”. A la carta de la FELGTB pidiendo al Ministro de Interior que cumpla la ley, se suma una acción de recogida de firmas a través de Change.org pidiendo la concesión de asilo. En el momento de redactar este post, se habían recogido más de 60. 699  firmas. La diputada socialista en la cámara autonómica madrileña Carla Antonelli es una de las muchas personas que ha utilizado su cuenta de Twitter para expresar su apoyo a la campaña.

Para la Fundación Triángulo, “la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior debe replantearse la decisión que ha tomado ante esta petición de Christelle, dado que devolverla a Camerún la condena a la cárcel, como mínimo, además de al escarnio público. Es inhumano deportar a una mujer que se sabe que está abocada a ser encarcelada por el simple hecho de amar a otras mujeres. No podemos permitirlo”, ha afirmado José María Núñez Blanco, presidente de la Fundación. En Extremadura, donde cuenta con un especial arraigo, Fundación Triángulo está además trabajando con la Agencia de Cooperación para el Desarrollo y la Delegación del Gobierno para instar a Interior “a que cambie su decisión de manera inminente”.

Patricia Bárcena, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha denunciado la mala praxis en cuanto a la gestión de las peticiones de asilo político en España. Bárcena lamenta que, a pesar de que la ley no exige una prueba plena de la situación de peligro, en la práctica sí que se está exigiendo. Para aceptar la solicitud no hace falta que haya una amenaza concreta justo contra la persona demandante de asilo, sino una situación de guerra o persecución contra un grupo de gente que implica riesgo para esa persona“, ha explicado.

La violación de los derechos humanos del colectivo LGTB es una triste y reiterada realidad en Camerún, una situación de la que han alertado las ONG,s. En los últimos años, hemos conocido numerosas historias de amenazas, ataques, encarcelamientos y asesinatos de personas debido a su orientación homosexual. En una carta abierta al presidente Paul Biya, la organización Human Rights Watch (HRW) denunciaba en 2013 los oídos sordos que hacen las autoridades al acoso al que son sometidos los abogados que defienden a las personas acusadas bajo la ley contra la sodomía vigente en el país africano. Cabe señalar que la profundidad de la homofobia en Camerún no solo afecta a la administración, sino que está instalada en todas las capas de la sociedad. En septiembre de 2014, por ejemplo, un activista LGTB se veía obligado a abandonar su domicilio por las amenazas de muerte de sus vecinos.

En 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la situación de las personas LGTB en Camerún. Cada poco tiempo se producen noticias de detenciones, algunas de las cuales hemos recogido: dos hombres condenados a dos años y a un año de prisión, respectivamente, tras ser encontrados culpables de homosexualidad en julio de 2013, la detención de al menos tres mujeres lesbianas en febrero de 2012, cuatro jóvenes detenidos acusados de homosexualidad en enero de 2012, otros cuatro hombres arrestados en agosto de 2011. Y las detenciones siguen remontándose en el tiempo: en abril de 2011, en octubre de 2010, en mayo de 2010 (los dos detenidos entonces fueron luego condenados a cinco meses de cárcel), en marzo de 2010 (en este caso la detención se mezcló con un intento de extorsión por parte de la Policía a un ciudadano australiano) o en diciembre de 2009 (en este caso el joven fue finalmente liberado tras permanecer varios días en prisión en condiciones miserables).

También son interesantes la serie de 5 vídeos realizados por Quijada Producciones, que llevan por título “Homosexuales en Camerún: gentes como tú y yo”, breves reportajes que recogen testimonios de personas LGTB perseguidas por su orientación sexual en el país africano. Son pequeños reportajes que recogen cinco testimonios personales. Su objetivo es doble: por un lado, denunciar internacionalmente la situación de hostigamiento que sufren las personas homosexuales en Camerún; por otro, darles visibilidad dentro de su propio país. Ya os hemos presentado tres: el primero recoge la historia de Roger, condenado a tres años de cárcel por declarar su amor por SMS a otro hombre. El segundo vídeo nos presenta a Pascaline, violada cuando era solo una adolescente, madre de dos hijas y repudiada por su familia por ser lesbiana. El tercero recoge la historia de Esther, pareja de Pascaline, junto a la que en febrero de 2011 fue detenida (su caso está pediente de un tribunal de apelación).

A continuación podéis ver el testimonio de Marc Lambert, en francés con subtítulos en castellano:

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El PSOE urge al Gobierno a legislar contra la violencia LGTBfóbica

Miércoles, 16 de julio de 2014
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SnMw2Yyo_400x400Se trata de una proposición no de ley que ha sido registrada para su debate en la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja, por los diputados Antonio Hurtado y Gracia Fernández.

El PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso en la que urge al Gobierno a elaborar e implantar en todo el territorio un plan y una campaña de sensibilización ante las agresiones que se efectúan por la orientación y la identidad sexual, para concienciar a la población general y animar a las personas afectadas a denunciar.

Coordinado también con las comunidades y ciudades autónomas, reclaman así al Ejecutivo un protocolo de atención a las víctimas de las agresiones por orientación e identidad sexual, en los ámbitos de educación, sanidad y fuerzas de seguridad, así como la implementación de un plan de formación en la diversidad sexual, dirigido a profesionales de educación, sanidad y fuerzas de seguridad.

En España, esta diversidad y el derecho a la igualdad y la no discriminación, están protegidas por tratados, por la CE y por estatutos y normas de todo rango, pero no en todos los países es así ya que hay 11 países en los que se persigue y se condena a las personas por su orientación o identidad sexual, en siete incluso se impone condena de muerte, denuncian los diputados socialistas.

Estos recalcan que el Gobierno no puede quedar impasible ante esta atrocidad, y por eso le han pedido en varias ocasiones que denuncie y condene de forma contundente la violación de derechos humanos de las personas LGTB, como ya lo han hecho otros países.

BrNX0RnIIAIeD4-.jpg large“Es justo recordar que el gobierno de Rodríguez Zapatero colocó a España como país pionero en la lucha por la igualdad, con la ley que permitió el matrimonio igualitario y la ley que posibilitó que las personas transexuales pudieran cambiar su nombre y su DNI sin pasar por el quirófano previamente”, agregan.

También fue el gobierno socialista uno de los impulsores en 2011 de la Resolución del Consejo de derechos humanos, que precisamente hablaba de la lucha contra la violencia y las violaciones y los derechos basados en la orientación sexual y en la identidad de género.

Andalucía, pionera

Asimismo, recuerdan que recientemente el Parlamento andaluz ha aprobado por unanimidad una Ley de Transexualidad, propuesta por el PSOE e IU. “Es la primera ley en Europa que defiende el derecho a la autodeterminación por género. El gobierno andaluz ya ha publicado un protocolo de atención para los colegios para evitar discriminación”, recuerdan los diputados del PSOE.

A pesar de estos avances, lamentan que “queda mucho por hacer” y los ataques, la represión y los abusos sexuales a personas gays, lesbianas, transexuales y bisexuales siguen teniendo lugar en España en las familias, en los colegios, o en las redes sociales, por ejemplo, y por ello son muchas las personas que sufren y tienen miedo a denunciar.

Además, el PSOE hace uso del registro de ‘Delitos de Odio’, del que se desprende que en España, en 2013, se registraron 1.172 incidentes y de ellos 452, un 38%, fueron por orientación o identidad sexual.

Según información aportada por el Gobierno, en respuesta a pregunta escrita, el número de infracciones penales cometidas por hechos contra la orientación o identidad sexual de las personas “ha aumentado sustancialmente” en España en los últimos años y se han llegado casi a duplicar del año 2008 al 2013, sentencian los diputados socialistas.

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El Gobierno confirma que el futuro acuerdo con Rusia solo permitirá adoptar a parejas heterosexuales.

Sábado, 24 de mayo de 2014
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image_content_medium_942727_20130906173845El Gobierno español cede ante Rusia: excluirá a los homosexuales del convenio de adopciones

En junio del año pasado, Rusia prohibió la adopción internacional de niños rusos por parejas del mismo sexo y paralizó todos los procesos iniciados por ciudadanos de países donde se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, como España.

El convenio de adopciones negociado entre España y Rusia, pendiente de firma, tan solo permitirá adoptar en la Federación a matrimonios españoles compuestos por un hombre y una mujer, según ha confirmado el Gobierno.

En una respuesta parlamentaria a la líder de UPyD, Rosa Díez, el Ejecutivo explica que la legislación rusa es “clara y estricta” sobre quién puede adoptar en Rusia y “excluye taxativamente” al colectivo LGTB, “así como a las familias monoparentales” de países donde se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, como en España.

“El convenio, debido a todo esto, solamente contempla la adopción por parte de matrimonios entre personas de distinto sexo”, aclara el Ejecutivo, que señala que el acuerdo no se ha podido firmar todavía “porque la parte rusa no ha finalizado sus procedimientos internos para la autorización de la firma”.

España, en cambio, ha concluido los trámites necesarios para poder proceder a la firma (el Consejo de Ministros autorizó la firma del convenio en su reunión del 20 de diciembre) y ha transmitido a las autoridades rusas su “gran interés” en este tema y su disposición para proceder a la firma en cuanto sea posible. Una vez firmado, se remitirá a las Cortes Generales para que lo ratifiquen por el procedimiento de urgencia.

Firma en 2014

Rusia tiene intención de poder firmar “este año” el convenio de adopciones con España, según informaron en febrero pasado fuentes de la Embajada rusa en Madrid.

En junio del año pasado, Rusia prohibió la adopción internacional de niños rusos por parejas del mismo sexo y paralizó todos los procesos iniciados por ciudadanos de países donde se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, como España.

La medida afectó a unas 500 familias españolas, la mayoría de ellas catalanas, independientemente de que fueran matrimonios heterosexuales o familias monoparentales las que hubieran iniciado el procedimiento de adopción.

Para desbloquear estos procesos, Moscú estableció como condición la negociación de un convenio bilateral con España que pusiera negro sobre blanco las condiciones para adoptar en Rusia.

Fuente Diario Crítico

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Recordatorio

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