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El nuevo protocolo de la Iglesia española no incluirá reparaciones económicas para las víctimas y el Gobierno español pide a la Iglesia que aclare los “repugnantes” casos de abusos

Sábado, 20 de octubre de 2018

abusosEl texto no incluye reparación económica a las víctimas, algo que los supervivientes consideran imprescindible

Se prohibirá quedarse a solas con un menor, y nunca a puerta cerrada, y se limitarán las muestras públicas de afecto

El pasado martes, la Iglesia católica española anunció que constituirá una comisión que redactará una nueva normativa para la prevención y protección contra los abusos sexuales a menores dentro de esta institución y que revisará sus protocolos de actuación ante estos casos.

Las nuevas normas sustituirán a los protocolos de actuación elaborados en 2010 conforme a la legislación española y al ordenamiento canónico que orientan a obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas sobre cómo proceder en caso de detectar agresiones o abusos sexuales cometidos con menores o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos.

La creación de esta comisión ha estado rodeada de polémica, ya que al frente de la misma estará el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, que fue duramente criticado por su actuación ante un caso de abusos sexuales ocurrido en su diócesis.

(Jesús Bastante).- La responsabilidad de valorar, verificar o confirmar el abuso no corresponde al comunicante, sino a los servicios especializados. El nuevo protocolo en el que trabaja la Iglesia española obligará a todos aquellos que tengan contacto con menores a denunciar cualquier indicio de abusos ante la Justicia, pero no establecerá la obligación de indemnizar a las víctimas.

“Nuestra obligación como Diócesis es notificar los indicios detectados y la comunicación de los datos que nos han ofrecido. No es necesario tener la certeza de que el menor está siendo abusado se lee en un documento que servirá de base al nuevo texto normativo, que está elaborando la ‘Comisión Antipederastia‘ que, presidida por el polémico obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, ya ha empezado a trabajar.

“Deberá ser el Obispado quien notifique a los servicios especializados esta información (Institución de protección de menores) y al Ministerio Fiscal”, se lee en el futuro texto, que subraya que, independentemente de lo que pueda suceder en un juicio canónico, en el ámbito civil la Iglesia no tiene capacidad de juzgar, pero sí obligación de “notificar los indicios detectados y la comunicación de los datos que nos han ofrecido” ante las autoridades competentes.

El documento, según han confirmado a RD miembros de la citada comisión, se basará en el texto que recientemente aprobó la diócesis de Astorga, y que ya están implementando otros obispados, como el de Sigüenza. Este diario ha tenido acceso a este último, un texto de 16 páginas que detalla qué deben hacer los agentes eclesiales para prevenir los abusos, detectarlos y denunciarlos. El texto, sin embargo, no dice nada de la reparación económica a las víctimas y la restauración de su honor, algo que los supervivientes de abusos consideran imprescindible.

Prevenir, detectar y denunciar

“El documento está orientado a prevenir y, en su caso, a detectar y denunciar, así como a actuar con rapidez y firmeza ante el abuso sexual perpetrado por cualquier persona implicada en las actividades pastorales (…), informando sobre las leyes civiles y eclesiásticas actualmente vigentes sobre este asunto”, apunta el documento.

En este sentido, el protocolo establece una serie de obligaciones, morales y legales, tras el conocimiento de un caso de abusos. En este sentido, por primera vez, la Iglesia reconoce que la notificación es una obligación legal para todos los ciudadanos, especialmente para los profesionales que trabajan con menores de edad”.

Así, los responsables que conozcan un supuesto caso de abusos estarán obligados a “notificar, transmitir la información”, que se debe hacer al Obispado. “En un segundo nivel, igualmente imprescindible -añade el protocolo-, deberá ser el Obispado quien notifique a los servicios especializados esta información (Institución de protección de menores) y al Ministerio Fiscal”.

En este punto, el avance es evidente respecto al actual protocolo, vigente desde 2010 pero que no se dio a conocer hasta que este diario lo publicó en 2015. Al tiempo, la Iglesia estará obligada a informar inmediatamente a los padres de la denuncia recibida por parte del menor, recabar su información sobre los indicadores, la sospecha o la revelación de su hijo/a ante un posible abuso y acordar con ellos la estrategia y actuaciones a partir de ese momento”.

Es importante, recalca el protocolo, “poner por escrito lo que acabamos de oír: tras el encuentro con el niño, y ante los padres, es importante que tomemos notas de lo que acaba de contarnos lo más pronto posible, reflejando el día y la hora, recogiendo lo que recordemos literalmente de su discurso, escribiendo sus palabras y explicando si mostró algún comportamiento relevante al decirlo”. Y hacerlo con tranquilidad, escuchando al menor y ofreciéndole confianza, sin mostrar dudas ante su relato.

Rechazo expreso a cualquier tipo de abuso sexual

En lo tocante a la prevención, el futuro protocolo de la Iglesia española considerará “obligatorio” un certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales que demuestre que no han sido condenados por delitos relativos al trato con menores, y la firma de un documento escrito, en el que “se manifestará de forma expresa” el rechazo a todo tipo de abuso sexual, el conocimiento de la doctrina de la Iglesia sobre el particular y que “si cometen cualquier acto de abusos de menores lo hacen engañando y traicionando la voluntad de la Iglesia, siendo responsables de los mismos única y exclusivamente quien los realice.

Del mismo modo, el protocolo incluirá hasta 16 “aspectos preventivos” para el trato con menores. Entre ellos, “llevar a cabo las muestras físicas de afecto con mesura y respeto”; evitar quedarse a solas mucho tiempo con un menor”, y “nunca con la puerta cerrada”; incorporar espacios con “puertas de cristales transparentes o cristaleras” en los despachos de sacerdotes, formadores y animadores de menores o, en su defecto, dejar la puerta abierta cuando se habla con un menor en un despacho o habitación”.

Las medidas también incluyen “informar a los padres de una situación inusual en la que se va a estar o se ha estado a solas con un menor, o cuando se va a tener o se ha tenido un contacto físico relevante por razones sanitarias o disciplinarias”, y “prohibir absolutamente juegos, bromas o castigos que puedan tener connotación sexual, evitando cualquier tipo de conductas que impliquen o sugieran desnudarse o besarse.

Del mismo modo, también se prohíbe el castigo físico, las novatadas “que puedan llevar consigo actos vejatorios, denigrantes o sexistas“. Respecto a salidas, convivencias o campamentos, el protocolo subraya que nunca un adulto debe compartir habitaciones de hotel o tiendas de campaña” con menores, ni entrar en vestuarios, baños o duchas cuando éstos estén.

No enamorarse, ni deja que lo haga el menor

Es motivo de cese inmediato en la actividad pastoral cualquier relación sentimental, consentida o no, de un adulto con menores de edad, monaguillos/ as, miembros de grupos de catequesis, de otros grupos infantiles o juveniles de parroquia o colegio”, añade el protocolo, que apunta que, en el caso de que algún menor se enamore de un sacerdote, catequista, profesor o monitor, éste “en ningún momento debe responder o insinuarse positivamente a ese tipo de afecto, sino establecer de forma inequívoca y con buenas maneras los límites adecuados de comportamiento, relación y aprecio”.

Finalmente, el protocolo impide “realizar tomas privadas de imágenes de menores, y si se hacen en el desarrollo de actividades pastorales”, y si se hacen se informará a los padres, “no se hará exhibición ni difusión pública o privada sin el consentimiento de éstos y se guardarán en un archivo único del que será responsable la parroquia o centro educativo diocesano”.

***

Por otra parte, por el momento el Gobierno de Pedro Sánchez no investigará los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica, pero sí pide a la Conferencia Episcopal que “aclare” estos “repugnantes” delitos, que además han tenido una repercusión “tan grave” sobre las víctimas.

Lo ha dicho la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha expresado la solidaridad del Ejecutivo con todas las víctimas de abusos.

Todos los delitos son repugnantes y el de la pederastia lo es aún más y además el lugar donde supuestamente se produce lo hace aún más repugnante”, ha aseverado Celaá tras ser preguntada por si el Gobierno va a encargar algún informe sobre los abusos de la Iglesia católica pidiendo datos a la Conferencia Episcopal Española.

“Con todo respeto a la Iglesia, que es una institución, y a los católicos y católicas, hemos de decir que efectivamente queremos que se aclaren todos los delitos ocurridos por la repercusión tan grave que han tenido sobre las víctimas”, ha afirmado.

Celaá ha señalado, no obstante, que no corresponde al Gobierno la persecución del delito, sino a los tribunales “y por tanto serán los tribunales de justicia los que hayan de hacer esa labor”

Fuente Religión Digital

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Protocolo educativo ante transexualidad en Navarra

Lunes, 6 de febrero de 2017

750px-bandera_de_navarra-svgNavarra da un paso muy importante en lo referente a la transexualidad. El Departamento de Educación ha presentado el protocolo educativo a seguir ante casos de transexualidad infantil. Este protocolo se ha planteado para que la integración del alumnado transgénero sea más sencilla. También para sus compis de clase, el resto de padres y madres del alumnado y para el profesorado.

Roberto Pérez, director general de Educación; Mertxe Leránoz, directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad; y Aitor Lakasta, director del Servicio de Evaluación, Calidad, Formación y Convivencia, han presentando este protocolo en el Museo de Navarra. Los apartados de este protocolo son la comunicación e identificación de la situación de transexualidad; las medidas organizativas a adoptar en el centro educativo; plan integral de formación para toda la comunidad educativa; y medidas ante posibles casos de discriminación y acoso escolar.

La transexualidad del alumno o alumna lo comunicará el representante legal. Tras esa comunicación, el centro preparará un plan de acogida. Habrá que formar al profesorado, a padres, a madres y sobre todo formación en las aulas. Todo para evitar el acoso y la discriminación en las aulas. Pero lo más importante, para lograr una mayor integración de la persona transexual en las aulas.

El menor podrá llevar la ropa con la que se sienta más cómodo, usará las instalaciones correspondientes a su sexo (no al asignado al nacer, se entiende) y será llamado por su nombre elegido (en caso de que no tenga rectificado el nombre registral). Todo un adelanto a nivel educativo para los menores transexuales de la comunidad foral. Un punto muy importante es que, en caso de que uno de los representantes legales del menor se negase a la adopción de estas medidas, el centro pondrá en conocimiento de los servicios sociales este hecho.

Vía | Pamplona Actual,vía AmbienteG

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Andalucía pone en marcha nuevos procesos integrales de atención a transexuales

Viernes, 27 de enero de 2017

logo_junta_andalucia_0Estos protocolos, uno para la población infantil y adolescente y otro para la adulta, facilitarán el trabajo de los profesionales.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha conocido este martes un informe de la Consejería de Salud sobre los nuevos procesos asistenciales integrados de atención a personas transexuales que se pondrán en marcha próximamente tras su publicación en la web de este departamento.

Estos protocolos, uno para la población infantil y adolescente y otro para la adulta, facilitarán el trabajo de los profesionales, garantizarán la continuidad asistencial desde la infancia y descentralizarán la atención con unidades específicas en todas las provincias, evitando desplazamientos innecesarios para los diferentes tratamientos.

Basados en la evidencia científica y en la respuesta a las necesidades del colectivo, los procesos asistenciales integrados se implantan en cumplimiento de la ley andaluza para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de las personas transexuales de Andalucía, aprobada en 2014. Sustituirán a las instrucciones provisionales dictadas entonces por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Según la Junta, la elaboración de los nuevos procedimientos ha sido fruto del trabajo en equipo realizado a lo largo de un año con la participación de las asociaciones de personas transexuales y de los profesionales expertos en diferentes disciplinas del sistema sanitario público de Andalucía. Asimismo, han sido sometidos a la revisión externa de las sociedades profesionales involucradas y del SAS.

Los procesos detallan el conjunto de intervenciones, decisiones y actividades que se encadenan en la atención a estas personas, incluyendo el procedimiento integral de reasignación sexual que ofrece la cartera de servicios del SAS, con los correspondientes tratamientos, cirugías y prestaciones dirigidas a asegurar el desarrollo equilibrado y saludable de la identidad de género, especialmente en la pubertad.

La ley autonómica en la que se basan estos procesos asistenciales integrados garantiza el derecho a la autodeterminación de las personas que manifiestan una identidad distinta de la que tienen al nacer, así como a unas condiciones de vida iguales a las del resto de la ciudadanía.

En consonancia con ello, incluye medidas para asegurar la atención sanitaria con los mismos criterios de universalidad de la prestación que rigen para toda la población, sin que se identifiquen riesgos de salud diferenciados o exclusivos, o tratos específicos que puedan contravenir el derecho a la privacidad.

Fuente Cáscara Amarga

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Baleares ya cuenta con un protocolo para proteger los derechos del alumnado trans

Martes, 15 de noviembre de 2016

386-pngRepresentantes de Ben Amics, Chrysallis, ODDM, IBSMIA, DIE y la Conselleria que han participado en la elaboración del Protocolo Trans.

El protocolo permitirá que se dirijan a los alumnos con el nombre con el que quieren ser identificados o llevar la vestimenta del género que consideren.

También se incluyen medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de género.

El conseller de Educación y Universidad, Martí March, ha presentado este protocolo en cuya redacción han colaborado asociaciones como Ben Amics, el Instituto Balear de Salud Mental Infanto-adolescente, Chrysallis, la Oficina de Defensa de Derechos del Menor o el departamento de Inspección Educativa, entre otros.

El protocolo se ha elaborado con la participación de varios colectivos y entidades para hacer posible un conjunto de pautas que faciliten, con normalidad, una adecuada respuesta educativa al alumnado trans. Esto se hace mediante un proceso de acompañamiento, de sensibilización en el centro educativo, y de asesoramiento a los menores trans, a sus familias y al profesorado y, si es el caso, al resto de la comunidad educativa.

Para el libre desarrollo de la personalidad

Estas pautas deben permitir garantizar el libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de identidad de género o de orientación sexual, con el objetivo de prevenir y evitar situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o de violencia de género, desde una coordinación institucional que permita identificar sus necesidades y adoptar las medidas adecuadas.

El protocolo parte del hecho de que alumnos y personal de los centros educativos tienen derecho a elegir su identidad de género libremente autodeterminada y aceptada, de acuerdo con los preceptos constitucionales. El protocolo se pone en marcha al detectar a un alumno con una identidad de género que no coincide con su sexo asignado. A partir de ese instante el centro tiene que informar a la familia de los recursos existentes y se debe coordinar con los profesionales que intervengan.

De esta manera, la puesta en marcha del protocolo permite la adopción de diferentes medidas organizativas y educativas. Así, se debe indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno por el nombre con el que él mismo se identifica.

Uso del nombre que quieran

De esta manera, se respetará su derecho a utilizar este nombre en todas las actividades docentes y extraescolares que se realicen en el centro, incluyendo los exámenes, lo que supone adecuar la documentación administrativa del centro docente, sin perjuicio que en los documentos oficiales de evaluación, y hasta que legalmente proceda, se mantengan los datos de identidad registrales a efectos oficiales.

Por otro lado el protocolo incluye que se debe respetar la imagen física del alumnado trans, así como la libre elección de su indumentaria. Además, si en el centro existe la obligatoriedad de usar un uniforme diferenciado por sexos, se tiene que reconocer el derecho del alumno a llevar el que considere.

En relación a los agrupamientos, es necesario evitar realizar actividades diferenciadas por sexo y, si en alguna ocasión estuviera justificada esta diferenciación, los profesores deben tener en consideración el género con el que el alumno trans se siente identificado. Incluso, los centros donde haya aulas diferenciadas por sexo también tendrán que adecuarse a este protocolo.

Finalmente, se debe garantizar que el alumnado trans tenga acceso a los baños y vestuarios que le corresponda de acuerdo con su identidad de género.

Estas medidas, junto a otras que los centros docentes adopten en virtud de la autonomía que la legislación los otorga, se tienen que incorporar al Plan de Convivencia de cada centro, sin perjuicio de las competencias del claustro de profesorado y del Consejo escolar en relación con su aprobación, evaluación e información.

El protocolo también prevé actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a la comunidad educativa, tanto al alumnado en general como a los equipos docentes y a las familias y asociaciones. Para el desarrollo de estas actuaciones el centro docente podrá contar con las asesorías de los Centros del Profesorado (CEP), del Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar, el Servicio de Atención a la Diversidad, el Departamento de Inspección Educativa y otras instituciones, y otras entidades colaboradoras.

Además, se incluyen medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de género.

Fuente Cáscara amarga

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Los servicios de emergencias de Madrid atenderán de manera especializada las agresiones LGTBfóbicas

Viernes, 27 de mayo de 2016

madrid_homofobiaLa Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una campaña cuyo objetivo es animar a las víctimas de delitos de odio a formular sus denuncias y atenderlas de manera especializada.

En 2015 se registraron 19 denuncias por agresiones LGTBIfóbicas en la región.

 El Consejo de Gobierno ha analizado hoy el informe sobre el Protocolo de Actuación ante agresiones LGTBIfóbicas que, a partir de ahora, contarán con atención especializada en el Centro de Emergencias 112 y en las Unidades de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2015 hubo 169 agresiones LGTBIfóbicas en España, de las cuales 19 fueron en la Comunidad de Madrid.

El objetivo de esta medida, dada a conocer en el Día Internacional contra la LGTBIfobia, es apoyar a todas aquellas personas que han sufrido algún tipo de agresión por motivos de diversidad sexual (orientación o identidad) con un asistencia especializada y fomentar que formulen las denuncias, dado que muchas de las víctimas no lo hacen.

Según los datos proporcionados por el Programa de LGTBI de la Comunidad de Madrid y por asociaciones de este ámbito, los perfiles más característicos de las víctimas son el de una pareja homosexual que realiza muestras de afecto en público y menores de 30 años. Las agresiones suelen producirse en torno al fin de semana, concretamente de madrugada, coincidiendo con el horario de salida de las discotecas. En su mayoría son en la ciudad de Madrid, sobre todo en los alrededores del barrio de Chueca.

Funcionamiento del protocolo

Gracias a este protocolo, se propone la actuación de las Unidades Móviles de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid, de conformidad con las competencias territoriales, que serán activadas a través del 112, en cuanto se detecte una agresión o situación de emergencia por motivos de orientación sexual o identidad o expresión de género, que de manera espontánea sea informada por la persona que llame. En todo caso, el Centro de Emergencias Madrid 112 aplicará su procedimiento operativo vigente.

Estas unidades tienen ya la formación necesaria y las instrucciones de actuación en los casos de agresión y emergencias. De este modo, las Unidades de Emergencia Social actuarán como dispositivo público de atención 24 horas al día, los 365 días al año.

Los profesionales del Centro de Emergencias 112 están siendo formados para atender de la manera más adecuada este tipo de sucesos y seguirán un protocolo, de acuerdo a la gravedad de los hechos consumados o tentativa y de las características personales de las víctimas. Así, en caso de agresión física o verbal, la Policía Municipal o Nacional acudirá al lugar de los hechos, junto a Summa 112, si es necesaria la atención médica.

Además, se activará la Unidad Móvil de Emergencia Social, que llegará con el especialista en agresiones LGTBIfóbicas. A continuación, se derivará a la víctima a la Comisaría de Policía Nacional para formular o ratificar la denuncia. Por último, se enviará a la Fiscal delegada para la tutela penal de la igualdad y no discriminación. En todo este proceso, tendrá un papel fundamental el Programa LGTBI de la Comunidad de Madrid, que realiza una atención integral a las víctimas de agresión, acompañándolas durante el proceso de denuncia y ofreciéndoles asesoramiento jurídico e intervención psicosocial tras la agresión.

Este dispositivo público, pionero y único en España en sus características, se ha convertido en un referente internacional en la atención a lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, y ha sido elegido como “modelo de buenas prácticas” por el Consejo de Europa.

Desde la puesta en marcha de este servicio, la Comunidad de Madrid ha prestado atención a casi 11.000 personas y se han realizado 72.700 intervenciones, no sólo de personas residentes en la Comunidad de Madrid sino, también, de personas procedentes de otros territorios en los que sufren procesos de discriminación por su orientación o identidad sexual.

Fuente Agencias/Cáscara Amarga

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Francisco cambia el protocolo para poder recibir a jefes de Estado con “una situación matrimonial irregular”

Domingo, 6 de marzo de 2016

macri-con-el-papa-2164451h540_560x280Así se hizo con Mauricio Macri, y se hará con Juan Manuel Santos

Con la anterior normativa, el nuevo cónyuge tenía que esperar en otra habitación durante la audiencia

El papa Francisco deberá divulgar en las próximas semanas las conclusiones de los dos sínodos sobre los cambios en la familia moderna, celebrados en 2014 y 2015, un documento muy esperado por los católicos

A peticióndel papa Francisco, el Vaticano cambió el rígido protocolo para las visitas oficiales de los jefes de Estado católicos que se han divorciado y vuelto a casar, los cuales podrán ser recibidos con la nueva esposa (o esposo) por el pontífice.

Según la página italiana especializada en información religiosa Vatican Insider, el pedido fue hecho por el pontífice argentino a la Secretaría de Estado, encargada de protocolo, incómodo por tener que recibir por separado a las nuevas esposas de casi todos los mandatarios latinoamericanos, entre ellos el argentino Mauricio Macri y el colombiano Juan Manuel Santos.

Un gesto especial de Francisco con su compatriota, el presidente Macri, a quien recibió el sábado pasado en el Vaticano junto con su tercera esposa, Juliana Awada. En efecto se trataba de la primera vez que se rompían las estrictas reglas del Vaticano para las visitas oficiales, lo que fue notado tanto en el Vaticano como en Argentina.

La oficina de prensa del Vaticano no negó este jueves un cambio de las reglas, pero no quiso dar mayores detalles.

Según Vatican Insider, a petición de Francisco la Secretaría de Estado modificó el protocolo para las visitas oficiales de los jefes de Estado católicos que se encuentran en “una situación matrimonial irregular” para la Iglesia.

En el pasado tales reglas impedían que el mandatario fuera recibido junto con la nueva esposa por el papa, por lo que no aparecía como pareja en la foto oficial.

En general, la nueva esposa, aunque algunas llevaban numerosos años de matrimonio civil, tenía que esperar en otra habitación del Vaticano que el papa la saludara por separado después de la audiencia al marido.

La decisión no implica un cambio de la ley canónica, que considera ilegítimos tales matrimonios, sino una aplicación de un principio que defiende Francisco: que los divorciados vueltos a casar sean “integrados en la vida” de la iglesia aunque no puedan acceder a la comunión.

El papa Francisco deberá divulgar en las próximas semanas las conclusiones de los dos sínodos sobre los cambios en la familia moderna, celebrados en 2014 y 2015, un documento muy esperado por los católicos.

Es posible que el pontífice no revolucione la doctrina, pese a las esperanzas levantadas cuando invitó a la iglesia a no tener “miedo” a revisar las normas y tradiciones que ha ido adoptando con el pasar de los siglos, y se limite a abrir las puertas a una mayor participación en la vida de la Iglesia de los católicos que se encuentran en situación “irregular“.

Religión Digital/Agencias

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El País Vasco trabaja en un protocolo de atención a estudiantes transexuales

Viernes, 12 de febrero de 2016

alumnos_colegioUna web específica centralizará toda la información relacionada sobre todas las formas de diversidad e identidad sexual.

El Gobierno vasco trabaja en la elaboración de un protocolo de acompañamiento del alumnado transexual, que será remitido a todos los centros educativos de la comunidad autónoma. Este instrumento servirá de orientación para que los educadores atiendan a las necesidades de estos alumnos en el entorno escolar.

La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco ha analizado este miércoles el cumplimiento de la Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.

A petición de EH Bildu, han comparecido ante este órgano los consejeros de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, y Educación, Cristina Uriarte, que han informado sobre las medidas desarrolladas por sus departamentos para atender a las necesidades de estas personas.

La directora de Innovación Educativa del Gobierno vasco, Begoña Garamendi, que ha acompañado a Uriarte en su comparecencia, ha explicado que el Departamento de Educación dispone de un ‘Protocolo de Seguimiento del Desarrollo Infantil’, cuya primera fase se centra en la ‘Vigilancia Rutinaria del Desarrollo’.

El objetivo, según ha explicado, es detectar en fases tempranas posibles alteraciones del desarrollo, incluidas cuestiones relacionadas con la identidad sexual, que puedan generar necesidades específicas de apoyo educativo.

Además, ha explicado que se está preparando un protocolo específico de atención del alumnado transexual, con el que se pretende dar respuesta a los casos de estos menores en el entorno escolar.

El protocolo, cuya elaboración había sido solicitada por familias de menores transexuales, será enviado a todos los centros educativos de la comunidad autónoma. El Gobierno de Andalucía ya anunció el año pasado la elaboración de un instrumento de estas características.

Cristina Uriarte ha expresado su “satisfacción” por la evolución de las medidas implantadas hasta el momento en este campo, y ha insistido en la importancia de evitar la discriminación en las aulas por cuestiones de identidad sexual.

Por su parte, el responsable de Empleo y Políticas Sociales ha anunciado que el 18 de febrero se presentará una web específica en la que las instituciones y colectivos que trabajan en este ámbito podrán unificar la documentación existente sobre identidad sexual.

Toña ha destacado que los distintos departamentos del Gobierno vasco colaboran para ofrecer una atención “integral” a las personas transexuales, de forma que se trata de abordar este tema desde una perspectiva “multidisciplinar”. El objetivo, tal y como ha indicado, es que estas personas “tengan las mismas oportunidades que el resto de la población”.

Toña ha ofrecido información sobre el funcionamiento de Berdindu, el Servicio de Información y atención del Gobierno Vasco para los temas relacionados con la diversidad sexual.

Este servicio ofrece información y atención a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, así como a su entorno. También atiende a la comunidad educativa, a los diferentes agentes sociales y profesionales, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, con el objetivo de combatir la intolerancia respecto a estos colectivos.

Fuente Agencias/Cáscara amarga

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Entra en vigor el protocolo de actuación sobre identidad de género en las escuelas andaluzas

Sábado, 23 de mayo de 2015

noticias_file_foto_1004593_1432220147La Asociación de Transexuales de Andalucía asegura que con este protocolo se garantiza por ley el respeto a la identidad de género de los menores en los Centros Educativos públicos y concertados de Andalucía.

Este jueves 21 ha salido publicada en el BOJA la Orden de 28 de abril de 2015 por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011 por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, incluyendo en su anexo VIII el protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz.

Esta Orden permite la efectividad de laLey 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía”, en el ámbito educativo.

La Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera ha sido la entidad que ha colaborado estrechamente junto con la Consejería de Educación en el desarrollo de este protocolo, tal como así fue anunciado el pasado 27 de junio por el propio Consejero de Educación D. Luciano Alonso, día en el que fue presentado el protocolo en la Consejería de Educación junto con la Presidenta de ATA Sylvia Rivera, Mar Cambrollé.

Desde esta entidad, valoran este protocolo como pionero en España por respetar la identidad de género libremente determinada por el alumnado transexual. Así mismo, reconoce la tutoría legal de los progenitores para que este derecho le sea reconocido a los/as menores, ya que entiende la Identidad sexual como parte de la diversidad humana y como derecho humano a la libre autodeterminación del género.

“Este es un día histórico en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e instamos al Gobierno Central a secundar esta iniciativa, desarrollando una Ley Integral estatal, en la misma línea que la Andaluza” y añade “esta entidad tiende la mano a la Consejería para seguir colaborando y se ofrece para la realización de talleres y jornadas formativas dirigidas al personal docente”, afirma Mar Cambrollé, Presidenta de ATA Sylvia Rivera.

Fuente Ragap

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La Suprema Corte de Justicia de México emite una guía del buen juzgador para la comunidad LGBT

Jueves, 21 de agosto de 2014

pareja-gayUn nuevo protocolo ofrece al personal judicial herramientas en 8 tópicos para proteger los derechos e integridad de las personas LGBT.

Toda discriminación motivada por género y preferencias sexuales está prohibida en el artículo primero de la Constitución Política de México

Una senadora pide el reconocimiento del matrimonio igualitario en distintos Estados de México

Por José Roberto Cisneros Duarte

La Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) emitió una guía de ocho tópicos para atender problemáticas que involucran a personas de la comunidad LGBT.

El Protocolo para la Impartición de Justicia en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género pretende orientar al personal del Poder Judicial en situaciones que comúnmente implican discriminación y violencia contra este sector de la población, en temas como el derecho a la identidad, el acceso a la educación, la salud y el trabajo, entre otros temas.

“(El texto) responde al mandato constitucional y convencional de proteger y garantizar tanto el derecho a la igualdad y a la no discriminación, como el derecho que todos tenemos a desarrollar libremente nuestra personalidad”, dijo este lunes el presidente de la SCJN, Juan N. Silva Meza.

Los lineamientos del máximo tribunal del país no son vinculantes, es decir, que los juzgadores no están obligados a considerar estos estándares pero les ofrece herramientas para proteger a este sector frente a violaciones a sus derechos.

“El objetivo del Protocolo consiste, bajo el principio de máximo respeto a la autonomía e independencia de las y los juzgadoras, en auxiliarlos a cumplir el mandato constitucional en materia de derechos humanos”, indica el texto.

El documento fue presentado ante la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tracy Robinson, también relatora sobre los derechos de las personas LGBT de la misma instancia, así como ante funcionarios del Poder Judicial mexicano.

A continuación presentamos los ocho tópicos que la SCJN recomienda a las y los juzgadores tomar en cuenta al tratar casos relacionados con personas de la comunidad LGBT.

 1. El derecho a la identidad de género

La Suprema Corte reconoce que los individuos tienen derecho a definir su identidad propia, cómo cada persona se identifica a sí misma, hombre o mujer, considerando el caso de las personas trans que no sienten que pertenecen al sexo que se les asigna al ser registradas con base en las características de su cuerpo.

El criterio indica que el Estado debe reconocer esta decisión personal, con la posibilidad de modificar sus documentos oficiales y que éstos no reflejen dichos cambios —en respeto a su derecho a la intimidad— ni que se les exija modificar su cuerpo —observando sus derechos de salud y libre desarrollo de la personalidad.

El texto también resalta la necesidad de no criminalizar a los padres y madres que respeten la expresión de género de sus hijos e hijas, y los vistan acorde a ésta.

En el caso de las cárceles, se sugiere considerar el género y la seguridad de las personas. Incluso, cuando una persona trans sea acusada de entrar a baños públicos “que no les corresponden”, se sugiere respetar su derecho a vivir conforme al género que se quiere.

 2. Familia

La Corte reconoce el derecho de las personas a que se respeten las relaciones con sus hijos sin que se interfiera en su familia; se les dé acceso al matrimonio y otras formas de protección a las parejas, así como a la adopción de niños y niñas y otras vías de reproducción asistida, sin importar su orientación sexual ni su elección de pareja.

El documento recuerda que la separación de los hijos y los padres no es admisible con base en especulaciones, estereotipos ni generalizaciones —por ejemplo, citando la protección a un niño ante “un posible estigma social”.

En cuanto al establecimiento de una familia, la Suprema Corte aclara que “excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio viola el derecho a la no discriminación y a la protección de la familia. Tampoco se justifica privar a las parejas homosexuales de los beneficios que el matrimonio reporta.

Establecer una figura específica para la unión de personas del mismo sexo, diferente de la de las parejas de sexo distinto, es dicriminatorio.

El Protocolo sugiere evitar plantear los juicios en términos de género, por ejemplo, preguntando “¿quién es el hombre y quién es la mujer?”.

El documento enfatiza que es necesario garantizar que las personas LGTB no sean discriminadas en el acceso de las vías para fundar una familia. En caso de que así lo decidan, ambos debería poder ser considerados legalmente como padres o madres de un niño o niña; también deberían poder elegir el orden de sus apellidos.

 3. El trabajo

El documento advierte que las personas LGTB están expuestas a acoso en el trabajo, y que la discriminación se manifiesta desde la oferta hasta la promoción e incluso el despido.

El Protocolo plantea que la orientación sexual, la identidad o la expresión de género no sean aceptadas como criterio para conectar con el perfil o cualidades deseadas. Tampoco se considera válido argumentar que dichas características son percibidas de manera negativa por colegas o clientes.

El documento también advierte que las detenciones por “ultraje a la moral pública” fundadas en la orientación sexual o identidad de género no deben ser usadas para impedir que las personas obtengan un empleo.

 4. Las detenciones arbitrarias

El Protocolo señala que las personas LGBT son víctimas de privación de la libertad por parte de policías bajo el argumento de preservar el orden o la moral públicas ante acciones como besarse en público, arrestos que califica como “inaceptables”.

La Corte recomienda al juzgador preguntarse si una persona heterosexual sería detenida por realizar la misma acción con la que se justifica la detención de un miembro de la comunidad LGTB.

 5. La violencia y la justicia

La SCJN reconoce que las personas LGTB sufren agresiones que van desde insultos, golpizas —en ocasiones propinadas incluso por padres que buscan “corregir” el comportamiento de género— y hasta la muerte.

También menciona “abuso y maltrato” por parte de policías y personal penitenciario, y que este sector encuentra mayores dificultades para acceder a la justicia.

La Corte elogia la existencia de legislaciones locales que contemplan al odio por razón de identidad de género u orientación sexual como un agravante de los delitos contra la vida e integridad física.

El Protocolo advierte que el “el lenguaje de odio y discriminatorio” (que incita a la violencia) es un tipo de discurso no protegido por la libertad de expresión, por lo que se debe limitar este tipo de manifestaciones.

El documento pide a los y las juzgadoras poner atención particular a los crímenes contra personas LGTB, al destacar que éstos suelen ser catalogados como “crímenes pasionales” con lo cual se les resta atención.

 6. La salud

El protocolo advierte a los juzgadores que pueden conocer de situaciones en que se niegue o se atienda de forma deficiente a una persona por su orientación sexual o identidad de género.

También considera un abuso que una persona sea internada en contra de su voluntad para tratar algo relacionado con su sexualidad, pues no ninguna orientación sexual es una “enfermedad” que deba curarse.

La Corte marca como violatorio del derecho a la salud que en cárceles y hospitales públicos y privados se nieguen tratamientos hormonales o quirúrgicos a personas trans; incluso si éstos no están garantizados por la ley.

 7. La libertad de expresión y asociación

Otra violación a los derechos de la comunidad LGBT son las restricciones a la promoción pública de la homosexualidad o la prohibición de marchas, reuniones y creación de agrupaciones.

El protocolo recomienda a los juzgadores vigilar que las asociaciones LGBT no enfrenten dificultades como requisitos adicionales para ser registradas y permitírseles operar.

 8. La educación

La SCJN considera que pueden presentarse casos de discriminación en el acceso o el trato que niños y jóvenes reciben en instituciones educativas; o en el tipo de información que se les presenta (o se les limita) sobre la sexualidad.

Este protocolo señala que no es aceptable que se le niegue el acceso o se le expulse de una institución educativa en virtud de su orientación sexual o su identidad de género, ni por las de sus padres; tampoco que reciba un tratado diferenciado por estas mismas razones… Ni siquiera en el caso de instituciones privadas y/o religiosas.

Además, la Corte considera inadmisible que un maestro sea despedido por compartir con sus alumnos información sobre orientación sexual e identidad de género, ni siquiera cuando se argumente que es pornográfica u obscena.

(iStock by Getty Images).

Fuente: CNN México

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La Junta de Andalucía presenta un protocolo sobre transexualidad en educación.

Miércoles, 25 de junio de 2014

Ninos-transgenero-wwwatandaluciaorg_EDIIMA20130326_0207_24Los centros sostenidos con dinero público tendrán la obligación de seguir este protocolo a partir de septiembre.

El Consejero de Educación presentará el protocolo 2 días después de la aprobación de la ley integral.

Ludana: la niña transexual más joven de Argentina

La transexualidad no es una orientación y que los niños y las niñas transexuales existen… no son un problema creado

Menores transexuales en la escuela: la familia decide

Leemos en Cáscara Amarga que Luciano Alonso, Consejero de Educación, Cultura y Deporte, presentará el próximo viernes 27 de junio el Protocolo sobre identidad de género en el Sistema Educativo Andaluz. El acto tendrá lugar a las 10:30 horas en el Salón de Actos A de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (Edificio Torretriana. C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n, 41071, Sevilla) y al mismo han sido invitada la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), la Asociación Chrysallis de familias con menores transexuales, la Fundación Triángulo, la Asociación Familias por la Diversidad y la Federación Andaluza Arco Iris.

Este protocolo surge tras las peticiones realizadas por los colectivos en defensa de los derechos de las personas transexuales a principio del presente curso cuando saltara a la luz pública la negativa de varios centros andaluces sostenidos con fondos públicos a respetar la voluntad de familias con menores transexuales. En la actualidad tan sólo uno de estos centros persiste en su negativa: el Colegio San Patricio de Málaga, ubicado en el mismo barrio que la sede regional de la Federación Andaluza Arco Iris.

Tras estos casos de transfobia en las aulas andaluzas, la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera fue la primera en presentar una propuesta para elaborar un protocolo de actuación frente a esta realidad en el ámbito educativo, que ha sido la base sobre la que se ha conformado el actual protocolo aprobado por la Junta de Andalucía.

Así, para Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera: “Este protocolo es una herramienta para garantizar el libre desarrollo de la personalidad del alumnado en los centros educativos y para que las familias puedan defender como un derecho la no discrminación por identidad de género de sus hijas e hijos. De nuevo Andalucía es un referente en la garantía de la igualdad y no discrminación por identidad de género”

Colegio San Patricio

El caso del Colegio San Patricio de Málaga se ha convertido en un emblema de la transfobia: “el miedo, la incomodidad y el rechazo irracionales hacia las personas transexuales basados en la ignorancia”, afirman desde Arco Iris.

Una madre solicita al centro que su hija transexual vista el uniforme femenino y use el baño de las niñas como cualquier otra alumna del colegio; por su parte el centro, contradiciendo las instrucciones dadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, le prohíbe usar falda y le obliga a usar el baño de “discapacitados” porque consideran que, al tener genitales de varón, se trata de un niño con una “orientación diferente”.

Días después Francisco José González, secretario técnico de la Fundación Diocesana responsable del colegio, realizaba ante los medios declaraciones que demostraban una falta de sensibilidad e información sobre el tema al utilizar reiteradamente la palabra “orientación”, insistir en que “no hay ningún problema” y mostrarse sorprendido de que se hable de una niña transexual si “morfológicamente es un varón”.

Por su parte, el obispo de Málaga, monseñor Jesús Catalá, afirmaba “Es un niño que tiene seis años y que lleva cinco años asistiendo como niño al colegio; lo lógico es que siga así”, añadiendo según diversas fuentes que “se trata de un problema que se ha creado, no real”.

Centros escolares y transexualidad

Desde Familias por la Diversidad, asociación de padres y madres con hijos LGBT, explican que “la transexualidad no es una orientación y que los niños y las niñas transexuales existen… no son un problema creado”, afirma su presidenta, Isabel Martínez. “Es fundamental que no confundamos la transexualidad con la orientación sexual, pues no se trata de que el niño o la niña afirme o muestre sus gustos sexuales, ya que esto es algo que llega con la adolescencia; aquí estamos hablando de identidad, de lo que la persona se siente… y por eso es fundamental que los colegios respeten la identidad de los menores transexuales, ya que no es un capricho”, concluye.

Martínez explica igualmente el sufrimiento innecesario que la transfobia provoca en las familias y en los niños y en las niñas transexuales y recuerda un caso similar en Estados Unidos resuelto judicialmente con una condena al colegio. El colegio había prohibido a Coy Mathis, una niña transexual de 6 años, usar el baño de las niñas.

Desde Familias por la Diversidad señalan que “nuestra sociedad suele confundir por desconocimiento los conceptos transexualidad y homosexualidad. La homosexualidad, igual que la bisexualidad o la heterosexualidad, se descubre en la adolescencia, en torno a los 12-14 años, cuando las hormonas comienzan a producir cambios corporales y se suele iniciar el deseo sexual“. La transexualidad en cambio se suele manifestar a los 4 ó 5 años cuando todas las personas comenzamos a darnos cuenta de nuestra identidad de género”.

En la mayoría de casos los chicos se reafirman juntándose con otros chicos y haciendo cosas “típicas de chicos”; lo mismo suele ocurrir con las chicas. “Es precisamente a esta edad cuando una persona transexual va a comenzar a dar señales externas de su identidad, pidiendo insistentemente el vestir o tener juguetes que normalmente asociamos al otro sexo biológico. No se trata de un juego, ni de una moda pasajera: se trata de su propia identidad y la persona no va a renunciar a sus peticiones salvo que su entorno se vuelva extremadamente agresivo“, concluye la presidenta de Familias.

Avances en la despatologización de la transexualidad

Esta misma semana Andalucía aprobará la ley integral de transexualidad, texto pionera en la despatologización de las identidades transexuales.

Hace un año, el 22 de mayo de 2013, era la Asociación Americana de Psiquiatría quien eliminaba el término “trastorno de identidad de género” de su catálogo, el DSM-V. De esta forma la “Biblia” de la psiquiatría dejaba de considerar a las personas transexuales como enfermas mentales.

Gonzalo Serrano, presidente de Arco Iris, recuerda que en los próximos meses está prevista la revisión del catálogo de referencia de la Organización Mundial de la Salud, el CIE-10. Desde Arco Iris esperan el nuevo CIE desclasifique la transexualidad como enfermedad mental, igual que ya hiciera con la homosexualidad en su última revisión hace 24 años, el 17 de mayo de 1990.

“A pesar de estos avances en el terreno formal la realidad social es bien distinta y las personas transexuales siguen sufriendo discriminación en la mayoría de entornos: familiar, educativo, laboral…”, añade Serrano. Por este motivo la Federación Andaluza Arco Iris se felicita por la aprobación de la ley de transexualidad en Andalucía “que va a permitirnos trabajar de forma más eficaz contra los prejuicios sociales que aún existen en torno a la transexualidad”.

Texto del protocolo aprobado por la Junta andaluza

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ.

La Constitución Española establece en el Artículo 14 que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Por su parte, el Estatuto de Andalucía, en el Artículo 10, establece como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma que  “La Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas (…), así como en el Capitulo II sobre derechos y deberes dispone, en su artículo 15, sobre la igualdad de género que “Se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombr es y mujeres en todos los ámbitos.” Además , establece en el artículo 37, punto 2, como principio rector de las políticas públicas “

La lucha contra el sexismo, la xenofobia, la homofo-bia y el belicismo, especialmente mediante la educación en valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad; así como en el artículo 73 “

La promoción de la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales, laborales, económicos o represen- tativos”; y en el artículo 21 punto 8 que “Los pla nes educativos de Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social”. Leer más…

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La Junta de Andalucía pone en marcha la creación de un protocolo para los menores transexuales en colegios.

Miércoles, 9 de abril de 2014

luciano_alonsoLuciano Alonso, consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía

En relación al protocolo específico para estos casos, la Junta manifiesta ser consciente de que los factores implicados en este tipo de casuística (psicológicos, de salud, de educación, de igualdad, de justicia) aconsejan la creación de una comisión interdisciplinar e interinstitucional.

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha subrayado su disposición a desarrollar un protocolo específico de actuación a ejecutar en colegios con la presencia de menores transexuales, después de que a inicios del presente curso escolar se registraran problemas de adaptación de algunos de ellos en distintos centros educativos.

Así lo asegura el consejero del ramo, Luciano Alonso, en una respuesta parlamentaria tras una pregunta formulada por la diputada de IULV-CA Alba Doblas, en la que apunta como causa de la inadaptación a la negativa de algunos directores, “e incluso algún inspector“, a aceptar la identidad de género de varios de estos alumnos, situación ante la cual la Asociación de Transexuales de Andalucía propuso a esta Consejería la elaboración de un protocolo de actuación.

En su respuesta, Alonso recuerda que estos casos tienen ya cobertura legal, con lo que “la normativa actual es o debe ser suficiente para evitar cualquier tipo de discriminación por razón de identidad de género en el sistema educativo público andaluz”.

De esta manera, la Consejería se remite a la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Educación de Andalucía, que incluyen preceptos, principios y objetivos que son “conculcados” cuando en un centro se produce un trato vejatorio, discriminatorio o de imposición de creencias religiosas con cualquier alumno o alumna que defiende una identidad de género concreta. “Nuestro ordenamiento jurídico prohíbe con claridad ese tipo de conductas“, especifica.

Dada la existencia de protocolos en casos de maltrato infantil, casos de violencia de género en el ámbito educativo y acoso escolar, Alonso manifiesta que para abordar de manera específica el tema de la transexualidad la Consejería está pendiente de una norma legal que se tramita en la actualidad, la Ley para la no discriminación por motivo de identidad y de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, que sentará los principios generales del Ejecutivo autonómico al respecto.

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