El texto no incluye reparación económica a las víctimas, algo que los supervivientes consideran imprescindible

Se prohibirá quedarse a solas con un menor, y nunca a puerta cerrada, y se limitarán las muestras públicas de afecto

El pasado martes, la Iglesia católica española anunció que constituirá una comisión que redactará una nueva normativa para la prevención y protección contra los abusos sexuales a menores dentro de esta institución y que revisará sus protocolos de actuación ante estos casos.

Las nuevas normas sustituirán a los protocolos de actuación elaborados en 2010 conforme a la legislación española y al ordenamiento canónico que orientan a obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas sobre cómo proceder en caso de detectar agresiones o abusos sexuales cometidos con menores o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos.

La creación de esta comisión ha estado rodeada de polémica, ya que al frente de la misma estará el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, que fue duramente criticado por su actuación ante un caso de abusos sexuales ocurrido en su diócesis.

(Jesús Bastante).- “La responsabilidad de valorar, verificar o confirmar el abuso no corresponde al comunicante, sino a los servicios especializados“. El nuevo protocolo en el que trabaja la Iglesia española obligará a todos aquellos que tengan contacto con menores a denunciar cualquier indicio de abusos ante la Justicia, pero no establecerá la obligación de indemnizar a las víctimas.

“Nuestra obligación como Diócesis es notificar los indicios detectados y la comunicación de los datos que nos han ofrecido. No es necesario tener la certeza de que el menor está siendo abusado“ se lee en un documento que servirá de base al nuevo texto normativo, que está elaborando la ‘Comisión Antipederastia‘ que, presidida por el polémico obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, ya ha empezado a trabajar.

“Deberá ser el Obispado quien notifique a los servicios especializados esta información (Institución de protección de menores) y al Ministerio Fiscal”, se lee en el futuro texto, que subraya que, independentemente de lo que pueda suceder en un juicio canónico, en el ámbito civil la Iglesia no tiene capacidad de juzgar, pero sí obligación de “notificar los indicios detectados y la comunicación de los datos que nos han ofrecido” ante las autoridades competentes.

El documento, según han confirmado a RD miembros de la citada comisión, se basará en el texto que recientemente aprobó la diócesis de Astorga, y que ya están implementando otros obispados, como el de Sigüenza. Este diario ha tenido acceso a este último, un texto de 16 páginas que detalla qué deben hacer los agentes eclesiales para prevenir los abusos, detectarlos y denunciarlos. El texto, sin embargo, no dice nada de la reparación económica a las víctimas y la restauración de su honor, algo que los supervivientes de abusos consideran imprescindible.

Prevenir, detectar y denunciar

“El documento está orientado a prevenir y, en su caso, a detectar y denunciar, así como a actuar con rapidez y firmeza ante el abuso sexual perpetrado por cualquier persona implicada en las actividades pastorales (…), informando sobre las leyes civiles y eclesiásticas actualmente vigentes sobre este asunto”, apunta el documento.

En este sentido, el protocolo establece una serie de obligaciones, morales y legales, tras el conocimiento de un caso de abusos. En este sentido, por primera vez, la Iglesia reconoce que “la notificación es una obligación legal para todos los ciudadanos, especialmente para los profesionales que trabajan con menores de edad”.

Así, los responsables que conozcan un supuesto caso de abusos estarán obligados a “notificar, transmitir la información”, que se debe hacer al Obispado. “En un segundo nivel, igualmente imprescindible -añade el protocolo-, deberá ser el Obispado quien notifique a los servicios especializados esta información (Institución de protección de menores) y al Ministerio Fiscal”.

En este punto, el avance es evidente respecto al actual protocolo, vigente desde 2010 pero que no se dio a conocer hasta que este diario lo publicó en 2015. Al tiempo, la Iglesia estará obligada a “informar inmediatamente a los padres de la denuncia recibida por parte del menor, recabar su información sobre los indicadores, la sospecha o la revelación de su hijo/a ante un posible abuso y acordar con ellos la estrategia y actuaciones a partir de ese momento”.

Es importante, recalca el protocolo, “poner por escrito lo que acabamos de oír: tras el encuentro con el niño, y ante los padres, es importante que tomemos notas de lo que acaba de contarnos lo más pronto posible, reflejando el día y la hora, recogiendo lo que recordemos literalmente de su discurso, escribiendo sus palabras y explicando si mostró algún comportamiento relevante al decirlo”. Y hacerlo con tranquilidad, escuchando al menor y ofreciéndole confianza, sin mostrar dudas ante su relato.

Rechazo expreso a cualquier tipo de abuso sexual

En lo tocante a la prevención, el futuro protocolo de la Iglesia española considerará “obligatorio” un certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales que demuestre que no han sido condenados por delitos relativos al trato con menores, y la firma de un documento escrito, en el que “se manifestará de forma expresa” el rechazo a todo tipo de abuso sexual, el conocimiento de la doctrina de la Iglesia sobre el particular y que “si cometen cualquier acto de abusos de menores lo hacen engañando y traicionando la voluntad de la Iglesia, siendo responsables de los mismos única y exclusivamente quien los realice“.

Del mismo modo, el protocolo incluirá hasta 16 “aspectos preventivos” para el trato con menores. Entre ellos, “llevar a cabo las muestras físicas de afecto con mesura y respeto”; evitar “quedarse a solas mucho tiempo con un menor”, y “nunca con la puerta cerrada”; incorporar espacios con “puertas de cristales transparentes o cristaleras” en los despachos de sacerdotes, formadores y animadores de menores o, en su defecto, “dejar la puerta abierta cuando se habla con un menor en un despacho o habitación”.

Las medidas también incluyen “informar a los padres de una situación inusual en la que se va a estar o se ha estado a solas con un menor, o cuando se va a tener o se ha tenido un contacto físico relevante por razones sanitarias o disciplinarias”, y “prohibir absolutamente juegos, bromas o castigos que puedan tener connotación sexual, evitando cualquier tipo de conductas que impliquen o sugieran desnudarse o besarse“.

Del mismo modo, también se prohíbe el castigo físico, las novatadas “que puedan llevar consigo actos vejatorios, denigrantes o sexistas“. Respecto a salidas, convivencias o campamentos, el protocolo subraya que “nunca un adulto debe compartir habitaciones de hotel o tiendas de campaña” con menores, ni entrar en vestuarios, baños o duchas cuando éstos estén.

VÍDEO | El obispo que no expulsó al cura de La Bañeza por abusos presidirá la Comisión de la Iglesia contra la pederastia https://t.co/FHVK7W6JxS

— laSexta Noticias (@sextaNoticias) 16 de octubre de 2018

No enamorarse, ni deja que lo haga el menor

“Es motivo de cese inmediato en la actividad pastoral cualquier relación sentimental, consentida o no, de un adulto con menores de edad, monaguillos/ as, miembros de grupos de catequesis, de otros grupos infantiles o juveniles de parroquia o colegio”, añade el protocolo, que apunta que, en el caso de que algún menor se enamore de un sacerdote, catequista, profesor o monitor, éste “en ningún momento debe responder o insinuarse positivamente a ese tipo de afecto, sino establecer de forma inequívoca y con buenas maneras los límites adecuados de comportamiento, relación y aprecio”.

Finalmente, el protocolo impide “realizar tomas privadas de imágenes de menores, y si se hacen en el desarrollo de actividades pastorales”, y si se hacen se informará a los padres, “no se hará exhibición ni difusión pública o privada sin el consentimiento de éstos y se guardarán en un archivo único del que será responsable la parroquia o centro educativo diocesano”.

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Por otra parte, por el momento el Gobierno de Pedro Sánchez no investigará los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica, pero sí pide a la Conferencia Episcopal que “aclare” estos “repugnantes” delitos, que además han tenido una repercusión “tan grave” sobre las víctimas.

Lo ha dicho la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha expresado la solidaridad del Ejecutivo con todas las víctimas de abusos.

“Todos los delitos son repugnantes y el de la pederastia lo es aún más y además el lugar donde supuestamente se produce lo hace aún más repugnante”, ha aseverado Celaá tras ser preguntada por si el Gobierno va a encargar algún informe sobre los abusos de la Iglesia católica pidiendo datos a la Conferencia Episcopal Española.

“Con todo respeto a la Iglesia, que es una institución, y a los católicos y católicas, hemos de decir que efectivamente queremos que se aclaren todos los delitos ocurridos por la repercusión tan grave que han tenido sobre las víctimas”, ha afirmado.

Celaá ha señalado, no obstante, que no corresponde al Gobierno la persecución del delito, sino a los tribunales “y por tanto serán los tribunales de justicia los que hayan de hacer esa labor”

Fuente Religión Digital

General, Iglesia Católica Abusos sexuales, Comisión Antipederastia, Gobierno de España, Iglesia Católica, Isabel Celáa, Juan Antonio Menéndez, Pedro Sánchez, Protocolo, Registro Central de Delincuentes Sexuales