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Los obispos no saldrán a la calle para manifestarse contra las leyes sobre eutanasia o transexualidad

Sábado, 15 de diciembre de 2018

20160615062152_ceeEl secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha asegurado que asistir a la clase de Religión es “cosa de héroes” si se imparte a primera hora o última de la tarde del viernes y si además deja de computar para la nota media, tal y como plantea el anteproyecto de reforma de la Ley Educativa, que ya se conoce como ‘Ley Celaá‘.

“Si la clase de Religión no tiene otra clase de respaldo, si además se pone a las 8,00 horas o a las 14,00 horas de un viernes, cuando los chavales están deseando marcharse, y si además no tiene repercusión en el expediente académico, aunque sea evaluable, pues ciertamente apuntarse a clase de Religión es una cosa de héroes”, ha indicado Argüello en una entrevista concedida a Europa Press.

En este sentido, y en relación a la reunión que mantuvo el pasado 3 de diciembre con la ministra de Educación, Isabel Celaá, el portavoz de los obispos ha defendido que la clase de Religión siga siendo “computable” para la nota media. “Nosotros defendemos, porque lo dicen Acuerdos Iglesia-Estado, que Religión sea equiparable a las asignaturas troncales. En ese sentido, si la asignatura deja de ser computable a estos efectos, no nos parecería adecuado”, ha explicado.

Celaá aseguró tras la reunión que la Iglesia “entiende” que la materia deje de ser computable. Si bien, Argüello ha puntualizado que donde hubo acuerdo con la ministra fue en que la asignatura continúe siendo “evaluable” pero no en el asunto de la computabilidad. “Es ahí donde no estábamos de acuerdo”, ha apostillado.

Asimismo, ha señalado que durante la reunión hablaron de la posibilidad de “una distribución de horarios diferente”, de forma que todo el contenido de la asignatura de Religión pueda impartirse en uno solo de los dos cursos de Bachillerato. “Nosotros decíamos, por ejemplo, que si tenemos clase de Religión en 1º y 2º de Bachillerato, pudiéramos aceptar tenerla en un solo curso, pero en vez de tener en un curso solo el horario de primero, sumar el de primero y segundo. Pudiera ser que no hubiera Religión en todos los cursos pero cuando la haya, que se mantenga la carga lectiva”, ha sugerido.

Comunicar los abusos a las autoridades

Por otro lado, Argüello ha subrayado la “prioridad” de que los sacerdotes comuniquen a las autoridades públicas los casos de abusos de los que tengan conocimiento por otra vía distinta a la confesión, frente al “silencio cómplice” que se ha podido dar en casos del pasado porque, tal y como ha reconocido, el ambiente “análogo al familiar” que se da entre los miembros de la Iglesia “pudiera hacer en algunos momentos dudar”.

“Es verdad que muchas veces el cocimiento que pueda darse puede producirse en un ámbito análogo al familiar, en la medida en que dentro de la Iglesia hay estas relaciones de tipo cercano, fraterno y eso pudiera hacer en algunos momentos dudar, pero creo que en este momento en que la sensibilidad de todos es tan grande, y por la gravedad que suponen estos casos, esta diligencia en la comunicación de los hechos es prioritaria”, ha subrayado.

Así, ha asegurado el “deseo” de los obispos de “poner de manifiesto” casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia que hubieran estado “ocultos en el pasado”. Si bien, ha pedido “respeto a las víctimas” si quieren “olvidarse de lo que ocurrió”. “Es verdad que van a querer normalmente cuanto menos ser escuchadas, que su situación sea conocida y vivir un proceso restaurativo pero también puede que otras personas quieran olvidarse del todo lo que ocurrió y no quieran volver a poner su asunto en la palestra”, ha indicado.

En cualquier caso, ha mostrado la disposición de los obispos a asumir cualquier protocolo que implique larevisión” de los casos de abusos por parte del clero en el pasado si así lo dispone el Papa tras la reunión del próximo mes de febrero con los presidentes de las Conferencias Episcopales sobre este asunto.

Mientras tanto, los obispos españoles ya están trabajando en la actualización de sus protocolos y ha explicado que su “mayor interés” es implementar “medidas preventivas formativas” y generar “una educación de la afectividad y la sexualidad”, según la visión de la Iglesia, “para que sea posible la erradicación de estos abusos como otros tipos de abusos o violencias” que, a su juicio, tienen que ver “con la mala gestión, usando una expresión coloquial, de los impulsos afectivo sexuales”.

Por otra parte, sobre sus declaraciones sobre los sacerdotes “varones heterosexuales, Argüello ha indicado que las posteriores palabras del Papa Francisco en un libro entrevista vienen a “corroborar” la normativa de la Santa Sede en este sentido; y ha precisado que no bastaría con el celibato si el candidato es homosexual, porque el sacerdote debe “poder expresar plenamente la dimensión esponsal del ministerio -Jesucristo como esposo de la Iglesia-“ y por “el significado antropológico de la diferencia sexual”.

En cuanto al descenso del número de nacimientos en España -179.794 en la primera mitad de 2018, la cifra más baja para un primer semestre desde 1941-, Argüello ha manifestado su “preocupación” y ha achacado esta caída a “las condiciones económicas y laborales, al ritmo de vida, a la exigencia para hombres y mujeres de trabajar para sufragar los gastos y al individualismo”. Tener un hijo, ha indicado, puede verse “como un peso, una carga, una pérdida de independencia”.

Por otro lado, Argüello ha deslizado que los obispos no van a salir a la calle para manifestarse contra leyes como la de eutanasia o sobre la transexualidad sino que invitan a los católicos a “discernir los medios” para “defender aspectos valiosos” que se ven puestos “en juego” con este tipo de legislaciones que, a su parecer, se plantean ante “situaciones de sufrimiento” pero que terminan “generando otro sufrimiento”.

“Una cosa es que se puedan reasignar determinados aspectos de la sexualidad y otra, que se pueda cambiar enteramente una persona, donde cada célula de su cuerpo y los cromosomas tienen una dimensión”, ha precisado, con respecto a las personas transexuales a las que, en todo caso, ha invitado a “acoger”.

Acerca de la visita de obispos catalanes a presos independentistas y la muestra de solidaridad con ellos, Argüello ha afirmado que le “preocupa” que todos los obispos lleven “reconciliación y comunión” y ha deseado que “además de visitar a unos políticos acusados de delitos graves respecto a la infracción de la legalidad del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la legalidad constitucional”, estos obispos “también visiten a otros internos” de las cárceles.

En cuanto a la situación de algunos templos y conventos en España que se van quedando vacíos, Argüello se ha mostrado partidario de que, si finalmente tienen que venderse, no se conviertan en “restaurantes” u otros negocios sino que sigan manteniendo la “dimensión artística, cultural e histórica”, en forma de auditorios o salas de exposiciones, aunque se desacralicen.

Finalmente, el portavoz de los obispos ha condenado el ataque terrorista en Estrasburgo, que dejó este martes tres muertos y una docena de heridos, ha mostrado su “solidaridad y oración” por las víctimas y ha hecho una llamada a “buscar todos los medios para prevenir” estos atentados que provocan “el crecimiento del miedo”.

Fuente Religión Digital

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El Gobierno de España acuerda eliminar el VIH como motivo de exclusión para el acceso a cualquier empleo público

Sábado, 1 de diciembre de 2018

whatsapp-image-2018-11-30-at-13-29-16Isabel Celáa, ministra de Educación y Portavoz del ejecutivo socialista.

CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo aplauden la medida aprobada por el Consejo de Ministros de revisar todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes en la actualidad para el acceso a cualquier empleo público

Madrid, 30 de noviembre de 2018.- Las organizaciones sociales CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo  en un comunicado conjunto han calificado el día de hoy como un momento histórico para el reconocimiento de los derechos laborales de las personas con VIH en España sin ningún tipo de discriminación. El Gobierno español, mediante acuerdo del Consejo de Ministros celebrado esta mañana, ha acordado la revisión de todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes en la actualidad para el acceso a cualquier empleo público.

Los cuadros actuales, vinculados fundamentalmente con los Cuerpos y las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, cuentan con una antigüedad entre 10 y 30 años y contemplan la exclusión de personas con VIH y otras enfermedades, a pesar de que existen numerosas evidencias científicas que avalan la capacidad de estos colectivos para realizar las funciones inherentes a estos puestos de trabajo. En el caso concreto de las personas con VIH, el Acuerdo plantea la “eliminación del VIH de cualquier cuadro de exclusión médica vinculada con todo el empleo público, tanto en el ámbito civil como militar”.

CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo señalan que aunque desde las organizaciones sociales reivindicábamos una medida dirigida a garantizar el derecho de las personas con VIH a poder acceder a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, este Acuerdo también interpela a otras ocupaciones sobre las que la opinión pública tiene dudas en cuanto a si una persona con VIH puede desempeñarlas, como las relacionadas con profesiones sanitarias, de manipulación de alimentos o de atención al público. Por tanto, se trata de una declaración rotunda, que no deja lugar a dudas sobre el derecho de las personas con VIH para acceder a cualquier ocupación o función pública de acuerdo a sus competencias profesionales, sin que el VIH sea, por sí solo, un impedimento para ello.

Para el presidente de CESIDA, Ramón Espacio, “Nunca tuvo sentido discriminar a las personas con VIH para desempeñar cualquier tipo de ocupación, pero mucho menos sentido tiene en la actualidad tras los importantes avances médicos que se han producido durante las últimas dos décadas”. Gracias a estos avances, se han producido importantes cambios tanto en la mejora del estado de salud como en la esperanza de vida de las personas con VIH.

“Consideramos que este acuerdo puede suponer el comienzo de una nueva época en la promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso y mantenimiento del empleo para los y las trabajadoras con el VIH, después de muchos años en los que podríamos considerar la respuesta al VIH en España como un éxito en el ámbito médico y clínico pero un fracaso en cuanto a la imagen social existente sobre esta enfermedad y sobre las personas afectadas por la misma”, señala Espacio.

Julio Gómez, director de Trabajando en Positivo, comenta que “recibimos este acuerdo con una gran satisfacción por el importante impacto que tiene para el reconocimiento de los derechos laborales de todas las personas con VIH, especialmente para aquellas que quieren desarrollar su trayectoria profesional en el ámbito público y que hasta ahora se encontraban con impedimentos no acordes a la evidencia científica. Además, es una buena noticia que recibimos el día previo a conmemorar el Día Mundial del Sida, como reconocimiento a nuestra labor -y a la de las diversas entidades sociales y sindicales con las que hemos compartido esfuerzos- a la hora de generar cambios sociales, políticos y legislativos con el fin de mejorar la vida de las personas con VIH”

Para Juan Diego Ramos, coordinador del grupo de VIH de FELGTB “se abre nueva época en la que también tendrá un especial protagonismo el reciente Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH, presentado esta misma semana por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social como una iniciativa que incluye medidas para favorecer la igualdad de oportunidades para las personas con VIH en los ámbitos laboral, sanitario, educativo, de servicios sociales o jurídicos, de vivienda o de prestaciones y seguros”.

No obstante, las tres organizaciones sociales quieren hacer hincapié en que el trabajo en este sentido no ha terminado aún, puesto que la aprobación del acuerdo no significará automáticamente que cambien las ideas y actitudes hasta ahora existentes hacia las personas con VIH. Por ello, se deberá continuar trabajando para conseguir que el reconocimiento de los derechos laborales de las personas con VIH, que se recoge en el acuerdo del Consejo de Ministros de hoy, se traslade con igual rotundidad al resto de partes implicadas en la función pública.

Finalmente las organizaciones de VIH esperan que este Acuerdo sirva como precedente para modificar otras referencias normativas existentes en España que limitan el acceso de las personas con VIH a determinadas ocupaciones, tales como el Real Decreto 2487/1998, que no admite como apta para el desempeño de servicios de seguridad privada a ninguna persona con el VIH, independientemente del estadio de la enfermedad o  los decretos de las comunidades autónomas, que excluye para el ejercicio de la profesión de taxista a aquellas personas que padezcan una enfermedad infecto-contagiosa, entre otros.

Adecuar la norma al conocimiento científico

Cabe señalar, como hemos hecho en anteriores entradas referidas al tema (la última hace escasas semanas, cuando recogimos la decisión de la Generalitat Valenciana de actualizar su cuadro de exclusiones para acceder a la Policía Local), que acabar con la discriminación de las personas con VIH en el acceso a determinados empleos no es un gesto voluntarista, sino que simple y llanamente supone adecuar una norma anacrónica a la evidencia científica.

Los propios especialistas médicos así lo han venido reclamado desde hace años. Diferentes organizaciones vinculadas al VIH lo reclamaron también de forma repetida a anteriores gobiernos, recordando tanto la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como los estudios científicos e informes de diferentes organizaciones especializadas en el VIH establecen que, en la mayor parte de las ocupaciones y puestos de trabajo, incluidas todas las que tienen que ver con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, vivir con el VIH no supone ningún perjuicio para el desempeño de las mismas ni hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH. El propio Ministerio de Sanidad había recomendado revisar los cuadros de exclusiones.

En definitiva, una medida que llega con retraso, pero de la que nos felicitamos. Esperamos ahora que se plasme cuanto antes «negro sobre blanco» y que además, como han pedido también las organizaciones antes mencionadas, que sirva como precedente para modificar otras referencias normativas existentes en España que siguen limitando el acceso de las personas con VIH a determinadas ocupaciones, «tales como el Real Decreto 2487/1998, que no admite como apta para el desempeño de servicios de seguridad privada a ninguna persona con el VIH, independientemente del estadio de la enfermedad, o los decretos de las comunidades autónomas, que excluye para el ejercicio de la profesión de taxista a aquellas personas quepadezcan una enfermedad infecto-contagiosa, entre otros».

Fuente FELGTB/D0smanzanas/Cristianos Gays

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El Secretario general de los obispos españoles Luis Argüello, reivindica el derecho de la Iglesia católica a elegir candidatos al sacerdocio “enteramente varones y, por tanto, heterosexuales”… y dice que se disculpa liándola más.

Lunes, 26 de noviembre de 2018

1542974597066Ni rectificación ni perdón…

Celaá no comenta las palabras de los obispos sobre curas y heterosexualidad: “La obra habla por sí misma”

Argüello rectifica y se disculpa: “No he querido decir que los homosexuales no sean perfectamente varones”

Ha querido rectificar porque la declaración se ha expresado de manera negativa

El secretario general de los obispos españoles y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha rectificado sus palabras sobre sacerdocio y heterosexualidad y se ha disculpado por si la expresión que ha utilizado ha molestado a algunas personas. “No he querido decir que los homosexuales no sean perfectamente varones”, ha indicado.

“Pedir disculpas por si la expresión que he utilizado en el contexto de la pregunta que se me hizo, ha podido molestar a algunas personas. Yo no quiero decir que los varones homosexales no sean perfectamente varones, lo que yo he querido expresar con esta frase poco afortunada era algo más amplio”, señala en un audio enviado por la Conferencia Episcopal Española (CEE), tras la rueda de prensa que ha ofrecido Argüello este viernes 23 de noviembre.

En su comparecencia, el obispo auxiliar de Valladolid había reivindicado el derecho de la Iglesia católica a elegir candidatos al sacerdocio “enteramente varones y, por tanto, heterosexuales”.

Si bien, unas horas después ha aclarado que lo que ha querido expresar es que la Iglesia pide candidatos “de sexo varón, de género varón” pero cuya “tendencia sexual no sea de atracción por el mismo sexo” sino que sea “lo que la corporalidad masculina puede llevar consigo”.

“He tratado de explicar por qué la Iglesia elige a estas personas que reúnan esta triple condición: varones -sexo varón, género varón-, que por supuesto las personas de condición hommosexual así lo son”, ha subrayado.

Si bien, ha reconocido que “al saltar” su declaración a “un titular de prensa, sobre todo, si se dice de manera negativa -los homosexuales no son enteramente varones-“, ha considerado oportuno rectificar porque “no es” lo que ha “querido decir”.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, ha preferido no comentar las declaraciones del secretario general de los obispos, Luis Argüello, en relación al sacerdocio y la heterosexualidad. “La obra habla por sí misma”, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Celaá ha sido preguntada por las palabras del recientemente nombrado secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, que ha reivindicado este viernes el derecho de la Iglesia a elegir sacerdotes “enteramente varones y heterosexuales” y ha rechazado que se eleve a “categoría jurídica un sentimiento” a la hora de cambiar de sexo.

“No voy a hacer ningún comentario al respecto, creo que la obra habla por sí misma, así que no voy a hacer comentario alguno desde el Gobierno a esta cuestión”, ha subrayado.

En concreto, el obispo ha reivindicado el derecho de la Iglesia Católica a elegir candidatos al sacerdocio “enteramente varones y, por tanto, heterosexuales”.

Asimismo ha rechazado que un “sentimiento” sea “elevado a categoría jurídica” a la hora de cambiar de sexo.

Fuente Religión Digital

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El nuevo protocolo de la Iglesia española no incluirá reparaciones económicas para las víctimas y el Gobierno español pide a la Iglesia que aclare los “repugnantes” casos de abusos

Sábado, 20 de octubre de 2018

abusosEl texto no incluye reparación económica a las víctimas, algo que los supervivientes consideran imprescindible

Se prohibirá quedarse a solas con un menor, y nunca a puerta cerrada, y se limitarán las muestras públicas de afecto

El pasado martes, la Iglesia católica española anunció que constituirá una comisión que redactará una nueva normativa para la prevención y protección contra los abusos sexuales a menores dentro de esta institución y que revisará sus protocolos de actuación ante estos casos.

Las nuevas normas sustituirán a los protocolos de actuación elaborados en 2010 conforme a la legislación española y al ordenamiento canónico que orientan a obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas sobre cómo proceder en caso de detectar agresiones o abusos sexuales cometidos con menores o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos.

La creación de esta comisión ha estado rodeada de polémica, ya que al frente de la misma estará el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, que fue duramente criticado por su actuación ante un caso de abusos sexuales ocurrido en su diócesis.

(Jesús Bastante).- La responsabilidad de valorar, verificar o confirmar el abuso no corresponde al comunicante, sino a los servicios especializados. El nuevo protocolo en el que trabaja la Iglesia española obligará a todos aquellos que tengan contacto con menores a denunciar cualquier indicio de abusos ante la Justicia, pero no establecerá la obligación de indemnizar a las víctimas.

“Nuestra obligación como Diócesis es notificar los indicios detectados y la comunicación de los datos que nos han ofrecido. No es necesario tener la certeza de que el menor está siendo abusado se lee en un documento que servirá de base al nuevo texto normativo, que está elaborando la ‘Comisión Antipederastia‘ que, presidida por el polémico obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, ya ha empezado a trabajar.

“Deberá ser el Obispado quien notifique a los servicios especializados esta información (Institución de protección de menores) y al Ministerio Fiscal”, se lee en el futuro texto, que subraya que, independentemente de lo que pueda suceder en un juicio canónico, en el ámbito civil la Iglesia no tiene capacidad de juzgar, pero sí obligación de “notificar los indicios detectados y la comunicación de los datos que nos han ofrecido” ante las autoridades competentes.

El documento, según han confirmado a RD miembros de la citada comisión, se basará en el texto que recientemente aprobó la diócesis de Astorga, y que ya están implementando otros obispados, como el de Sigüenza. Este diario ha tenido acceso a este último, un texto de 16 páginas que detalla qué deben hacer los agentes eclesiales para prevenir los abusos, detectarlos y denunciarlos. El texto, sin embargo, no dice nada de la reparación económica a las víctimas y la restauración de su honor, algo que los supervivientes de abusos consideran imprescindible.

Prevenir, detectar y denunciar

“El documento está orientado a prevenir y, en su caso, a detectar y denunciar, así como a actuar con rapidez y firmeza ante el abuso sexual perpetrado por cualquier persona implicada en las actividades pastorales (…), informando sobre las leyes civiles y eclesiásticas actualmente vigentes sobre este asunto”, apunta el documento.

En este sentido, el protocolo establece una serie de obligaciones, morales y legales, tras el conocimiento de un caso de abusos. En este sentido, por primera vez, la Iglesia reconoce que la notificación es una obligación legal para todos los ciudadanos, especialmente para los profesionales que trabajan con menores de edad”.

Así, los responsables que conozcan un supuesto caso de abusos estarán obligados a “notificar, transmitir la información”, que se debe hacer al Obispado. “En un segundo nivel, igualmente imprescindible -añade el protocolo-, deberá ser el Obispado quien notifique a los servicios especializados esta información (Institución de protección de menores) y al Ministerio Fiscal”.

En este punto, el avance es evidente respecto al actual protocolo, vigente desde 2010 pero que no se dio a conocer hasta que este diario lo publicó en 2015. Al tiempo, la Iglesia estará obligada a informar inmediatamente a los padres de la denuncia recibida por parte del menor, recabar su información sobre los indicadores, la sospecha o la revelación de su hijo/a ante un posible abuso y acordar con ellos la estrategia y actuaciones a partir de ese momento”.

Es importante, recalca el protocolo, “poner por escrito lo que acabamos de oír: tras el encuentro con el niño, y ante los padres, es importante que tomemos notas de lo que acaba de contarnos lo más pronto posible, reflejando el día y la hora, recogiendo lo que recordemos literalmente de su discurso, escribiendo sus palabras y explicando si mostró algún comportamiento relevante al decirlo”. Y hacerlo con tranquilidad, escuchando al menor y ofreciéndole confianza, sin mostrar dudas ante su relato.

Rechazo expreso a cualquier tipo de abuso sexual

En lo tocante a la prevención, el futuro protocolo de la Iglesia española considerará “obligatorio” un certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales que demuestre que no han sido condenados por delitos relativos al trato con menores, y la firma de un documento escrito, en el que “se manifestará de forma expresa” el rechazo a todo tipo de abuso sexual, el conocimiento de la doctrina de la Iglesia sobre el particular y que “si cometen cualquier acto de abusos de menores lo hacen engañando y traicionando la voluntad de la Iglesia, siendo responsables de los mismos única y exclusivamente quien los realice.

Del mismo modo, el protocolo incluirá hasta 16 “aspectos preventivos” para el trato con menores. Entre ellos, “llevar a cabo las muestras físicas de afecto con mesura y respeto”; evitar quedarse a solas mucho tiempo con un menor”, y “nunca con la puerta cerrada”; incorporar espacios con “puertas de cristales transparentes o cristaleras” en los despachos de sacerdotes, formadores y animadores de menores o, en su defecto, dejar la puerta abierta cuando se habla con un menor en un despacho o habitación”.

Las medidas también incluyen “informar a los padres de una situación inusual en la que se va a estar o se ha estado a solas con un menor, o cuando se va a tener o se ha tenido un contacto físico relevante por razones sanitarias o disciplinarias”, y “prohibir absolutamente juegos, bromas o castigos que puedan tener connotación sexual, evitando cualquier tipo de conductas que impliquen o sugieran desnudarse o besarse.

Del mismo modo, también se prohíbe el castigo físico, las novatadas “que puedan llevar consigo actos vejatorios, denigrantes o sexistas“. Respecto a salidas, convivencias o campamentos, el protocolo subraya que nunca un adulto debe compartir habitaciones de hotel o tiendas de campaña” con menores, ni entrar en vestuarios, baños o duchas cuando éstos estén.

No enamorarse, ni deja que lo haga el menor

Es motivo de cese inmediato en la actividad pastoral cualquier relación sentimental, consentida o no, de un adulto con menores de edad, monaguillos/ as, miembros de grupos de catequesis, de otros grupos infantiles o juveniles de parroquia o colegio”, añade el protocolo, que apunta que, en el caso de que algún menor se enamore de un sacerdote, catequista, profesor o monitor, éste “en ningún momento debe responder o insinuarse positivamente a ese tipo de afecto, sino establecer de forma inequívoca y con buenas maneras los límites adecuados de comportamiento, relación y aprecio”.

Finalmente, el protocolo impide “realizar tomas privadas de imágenes de menores, y si se hacen en el desarrollo de actividades pastorales”, y si se hacen se informará a los padres, “no se hará exhibición ni difusión pública o privada sin el consentimiento de éstos y se guardarán en un archivo único del que será responsable la parroquia o centro educativo diocesano”.

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Por otra parte, por el momento el Gobierno de Pedro Sánchez no investigará los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica, pero sí pide a la Conferencia Episcopal que “aclare” estos “repugnantes” delitos, que además han tenido una repercusión “tan grave” sobre las víctimas.

Lo ha dicho la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha expresado la solidaridad del Ejecutivo con todas las víctimas de abusos.

Todos los delitos son repugnantes y el de la pederastia lo es aún más y además el lugar donde supuestamente se produce lo hace aún más repugnante”, ha aseverado Celaá tras ser preguntada por si el Gobierno va a encargar algún informe sobre los abusos de la Iglesia católica pidiendo datos a la Conferencia Episcopal Española.

“Con todo respeto a la Iglesia, que es una institución, y a los católicos y católicas, hemos de decir que efectivamente queremos que se aclaren todos los delitos ocurridos por la repercusión tan grave que han tenido sobre las víctimas”, ha afirmado.

Celaá ha señalado, no obstante, que no corresponde al Gobierno la persecución del delito, sino a los tribunales “y por tanto serán los tribunales de justicia los que hayan de hacer esa labor”

Fuente Religión Digital

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El Consejo de Ministras y Ministros de España acuerda declarar el 28 de junio como el Día Nacional del Orgullo LGTBI

Lunes, 9 de julio de 2018

consejo-de-ministros-lgtbi-1También se ha creado una Dirección General para la Igualdad de trato y diversidad por “primera vez”.

El Consejo de Ministros de este viernes 6 de julio ha acordado declarar el 28 de junio el Día Nacional del Orgullo LGTBI, en conmemoración de los disturbios de Stonewall que se produjeron el mismo día del año 1969, y que son considerados como el inicio de la lucha de los derechos de este colectivo. Asimismo, se ha presentado por parte de la ministra de Sanidad el procedimiento por el que las mujeres solas y las parejas de mujeres recuperarán el derecho a acceder a los tratamientos de reproducción asistida en la sanidad pública, tal y como ha anunciado en rueda de prensa Isabel Celaá, portavoz del Ejecutivo.

Dentro de las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros celebrado este 6 de julio, se encuentran tres de gran relevancia para el colectivo LGTBI.

Por una parte, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, cuya titular es Carmen Calvo, se ha acordado la declaración del 28 de junio como Día Nacional del Orgullo LGTBI, según informa la web oficial del Gobierno (lamoncloa.gob.es) con el siguiente texto:

DECLARADO EL 28 DE JUNIO COMO DÍA NACIONAL DEL ORGULLO LGTBI

El Consejo de Ministros ha acordado declarar el 28 de junio como Día del orgullo LGBTI, en conmemoración de los disturbios de Stonewall que se produjeron el mismo día del año 1969, y que son considerados como el inicio de la lucha de los derechos de este colectivo.

El 28 de junio es una fecha en torno a la cual suelen articularse las celebraciones del Orgullo LGBTI en España y en otras partes del mundo. Con iniciativas de este tipo se emula a otros países de nuestro entorno celebran días relacionados con el reconocimiento de la Comunidad LGBTI.

Este año, además, se conmemora el 40 aniversario de la primera manifestación del Orgullo en España, lo que supone un motivo más de celebración.

Del mismo modo, con la celebración de este día se pone de manifiesto, desde los primeros pasos de la legislatura, el compromiso del Gobierno de España con el reconocimiento y protección, así como, con la mejora de las condiciones de vida de la población LGBTI.

Recordemos los hechos acontecidos hace ya 49 años. El Stonewall Inn era un club del Greenwich Village al que acudían personas que se movían en los márgenes de la sociedad. Poco más que tugurio frecuentado por homosexuales, travestidos, personas transexuales, drags, chaperos o lesbianas de aspecto masculino. Para acceder, había que ser conocido del portero o tener una apariencia inconfundiblemente LGTB (si no «se te notaba», no entrabas…). La redada de aquella noche era una de tantas. Normalmente se hubiera saldado con varias detenciones y el cierre del local durante unas horas, pero los ánimos estaban ese día especialmente exaltados. Algunas de las trans presentes (esa noche unas 200 personas se encontraban en su interior) plantaron cara a la policía y se negaron a ser identificadas y cacheadas. Al parecer una de ellas golpeó a uno de los policías con su bolso. La noticia se extendió por el barrio y pronto cientos de personas se congregaron en el exterior, coreando «poder gay» y gritando «cerdos» a los policías mientras estos arrestaban a muchos de los clientes.

En un momento determinado, una de las lesbianas detenidas, nunca identificada, se revolvió al ser introducida en el coche patrulla. Los policías la reprimieron con violencia. En ese momento la multitud estalló encolerizada y los policías tuvieron que refugiarse en el local y pedir refuerzos. La revuelta había comenzado. Un arrebato de rabia y orgullo que se prolongó durante días, y que cada 28 de junio las personas LGTB de todo el mundo conmemoran. El historiador David Carter, autor del libro Stonewall: The Riots That Sparked the Gay Revolution afirma que la revuelta «fue al movimiento gay lo que la toma de la Bastilla a la revolución francesa».

Asimismo, el departamento creó una Dirección General para la Igualdad de trato y diversidad por “primera vez”. En palabras de Celaá, esto deja claro la “gran sensibilidad” del Gobierno respecto a la “dignidad de todos”. El Gobierno establecerá, además, un plan estratégico de convivencia escolar en el que se impulsará la igualdad de trato entre personas con distintas orientaciones sexuales. Todo ello en corresponsabilidad con las comunidades autónomas.

Recuperación del derecho a las técnicas de reproducción asistida

El Consejo de Ministros también ha recibido el informe de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, respecto a la recuperación del derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida ofrecidas por el Sistema Nacional de Salud para las mujeres solas o parejas de mujeres (recordemos que las parejas del mismo sexo formadas por mujeres pueden incluir tanto a mujeres lesbianas como a mujeres bisexuales, de tal manera que existen numerosas parejas de este tipo en las que ninguna de sus integrantes es lesbiana). La web oficial del Gobierno lo anunciaba de esta manera:

INFORME SOBRE LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA A MUJERES SOLAS Y LESBIANAS

  • La ministra de Sanidad traslada al Consejo de Ministros el procedimiento normativo por el que se articulará la medida
  • La actualización de la cartera de servicios se realizará a través de una orden ministerial
  • Una vez se tramite el procedimiento normativo, está previsto que la medida se implante durante el primer trimestre de 2019

El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, sobre los pasos y el calendario a seguir para que las mujeres solas y lesbianas puedan acceder de nuevo a tratamientos de reproducción asistida en centros del Sistema Nacional de Salud (SNS).

A través de una Orden Ministerial se actualizará la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para permitir el acceso a mujeres solas y lesbianas.

La tramitación comenzará de inmediato con la convocatoria de la comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación del Consejo Interterritorial del SNS, que tendrá lugar el próximo día 13 de julio, en la que se reunirán los responsables de esta materia de las comunidades autónomas.

En paralelo, se celebrarán distintas reuniones con el movimiento asociativo, sociedades científicas y profesionales; y se dará inicio a la tramitación del proyecto normativo hasta la implantación efectiva de la medida, cuya entrada en vigor está prevista para el primer trimestre de 2019.

En noviembre de 2014 el Gobierno excluyó a las mujeres solas y lesbianas de los tratamientos de reproducción asistida en los centros públicos. La Orden Ministerial anulará la restricción establecida hace casi cuatro años y permitirá de nuevo el acceso a los tratamientos a todas las mujeres sin discriminación.

Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida establece que toda mujer mayor de 18 años, previo consentimiento, podrá ser usuaria de estas técnicas con independencia de su estado civil y orientación sexual.

Efectivamente, la exclusión de las parejas de mujeres y de las mujeres solas del acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública fue decidida por el Gobierno de Mariano Rajoy cuando revisó la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública), pese a que la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida sí permite el acceso de todas las mujeres a estas técnicas.

Anteriormente, el Sistema Nacional de Salud limitaba su cobertura pública a aquellas situaciones en las que existiera «un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, de acuerdo con los programas de cada servicio de salud». Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas era lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de mujeres o de mujeres solas, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo.

Con la reforma efectuada por el Gobierno del Partido Popular, el entonces Ministerio de Sanidad decidió dar otra vuelta de tuerca e impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aun sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponían que las mujeres sin pareja masculina quedaban excluidas de la prestación. La entonces ministra Ana Mato llegó a afirmar que «la falta de varón no es un problema médico». La Orden Ministerial fue emitida el 31 de octubre de 2014, aunque varias comunidades autónomas plantaron cara al gobierno y decidieron, por su cuenta, asumir dicha prestación de forma expresa.

Fuente Agecias/Dosmanzanas/Cáscara Amarga

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La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, única católica en el primer Gobierno Sánchez

Viernes, 8 de junio de 2018

celaa-kzzh-u502143910338zid-624x385diario-vascoPolítica Social, Medio Ambiente y Acogida a Refugiados, ejes de la colaboración Iglesia Ejecutivo

Los obispos ven con buenos ojos la llegada de Pedro Duque y la ministra de Sanidad, Carmen Montón

(Jesús Bastante).- Los obispos españoles han acogido con prudencia y expectativas al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Un Ejecutivo con rostro femenino, compuesto por profesionales en su sector… y con una sola católica practicante: la titular de Educación, Isabel Celáa, que además será portavoz del Gobierno.

Mientras Pedro Sánchez ultimaba su Gobierno, la cúpula de la Conferencia Episcopal se encontraba en Roma,celebrando su Convención Anual. Ayer mismo, el Papa saludaba, al término de la audiencia de los miércoles, tanto al presidente del Episcopado, Ricardo Blázquez, como a su secretario general, José María Gil Tamayo. Oficialmente, la CEE no ha valorado la composición del Gobierno ni la situación en el país tras la moción de censura, aunque la carta que Blázquez dirigió a Sánchez sí denotaba una mano tendida para trabajar por el bien común“.

El primer Ejecutivo de Sánchez, como apuntó el propio presidente durante su presentación, quiere un Gobierno “paritario, integrador, abierto al mundo, anclado en la Unión Europea, comprometido socialmente y altamente cualificado“. Un Ejecutivo que podría avalar buena parte de las tesis contra la pobreza que, en su día, apuntó Cáritas Española y que le valieron la descalificación pública del ya ex ministro Montoro.

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La realidad de la sociedad española también se ha impuesto en un Gobierno, y en un partido (el PSOE), cuya mitad de electorado es católica, pero que ha abandonado la práctica y la doctrina tradicional. Así, el único miembro del Ejecutivo declarado católico, y practicante, es la titular de Educación, la vasca Isabel Celáa. Según El Correo, Celáa, que estudió en el colegio Sagrado Corazón de Bilbao, asume sin problemas su militancia de izquierdas con su condición de católica practicante.

En ámbitos valencianos, se destaca la excelente relación que, durante su etapa como arzobispo de la capital del Turia, mantuvieron Carlos Osoro y la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, que a buen seguro retomarán en Madrid.

Este es uno de los pocos puentes directos que, a día de hoy, conservan Iglesia y Ejecutivo. Aunque entre los cargos intermedios, aseguran fuentes bien informadas, el diálogo se mantendrá como hasta ahora, e incluso podría mejorar en ámbitos relacionados con la lucha contra la desigualdad social, la cooperación internacional o la acogida a los refugiados.

Del otro lado, la preocupación por el medio ambiente coincide en sus puntos esenciales de con las preocupaciones del Papa Francisco, plasmadas en Laudato Si. En este sentido, tanto el nombramiento del astronauta Pedro Duque (Ciencia, Innovación y Universidades), que tuvo la oportunidad de hablar con Bergoglio hace unos años, y que en una reciente entrevista en Radio Vaticana saludaba la encíclica verde papal, puesto que Francisco “convence a mucha más gente de que tenemos un equilibrio en la Tierra que no es tan sólido como pensábamos”; como el de Teresa Ribera (Transición Ecológica), una de las mayores críticas del cambio climático.

Fuente Religión Digital

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