La entidad, ligada según un informe de la Conferencia Episcopal a El Yunque, aumenta sus ingresos a golpe de campaña: primero contra las mujeres y el colectivo LGTBI, finalmente contra la eutanasia y la ley de Educación, y maneja ya cuatro millones al año en donaciones individuales
La irrupción de Vox en las instituciones ha permitido la entrada de HazteOir o Abogados Cristianos en el Congreso de los Diputados y en cámaras autonómicas y municipales, aunque también han tenido sus desavenencias
| Daniel Sánchez Caballero / Jesús Bastante
(elDiario.es).- HazteOir crece y crece. La organización ultracatólica y antiabortista dirigida por Ignacio Arsuaga ha cuadruplicado sus ingresos en ocho años y ya maneja cuatro millones de euros anuales, según sus propias cuentas. El grueso de la subida presupuestaria se ha dado en las aportaciones regulares que realizan sus simpatizantes, que se han multiplicado por 13 en el periodo analizado. Las puntuales solo se han más que duplicado.
El crecimiento de HazteOir –que alcanzó el culmen de su popularidad logrando sacar a centenares de miles de personas, incluidas una veintena de obispos, para protestar contra la ley del matrimonio igualitario, la reforma de la ley del Aborto o Educación para la Ciudadanía– no ha sido lineal, sostenido en el tiempo. Aunque los ingresos, tanto globales como desglosados, tienden a subir en general, no lo hacen cada ejercicio ni de manera regular
La organización se aprovechó de que el PP del exministro Jorge Fernández Díaz la declaró de utilidad pública para impulsar su crecimiento; sin embargo, que en 2019 el Gobierno socialista le quitara esa condiciónno pareció afectar a sus cuentas. elDiario.es se ha puesto en contacto con HazteOir para pedir detalles de las cuentas, pero no ha obtenido respuesta.
Como se observa en el siguiente gráfico, la evolución de los ingresos va a tirones: subida fuerte en 2016 y 2017, tres ejercicios estables, subida fuerte en 2020 y otros tres años sin grandes alteraciones hasta 2022, último ejercicio del que hay cuentas y que de hecho presenta las cifras más flojas de los últimos tres.
Las grandes subidas económicas de HazteOir se dan cuando la organización es más agresiva, cuando se hacen visibles en protestas contra algo. En 2016 y 2017, años en los que elevó su recaudación un 61% y un 34%, respectivamente, fueron los de la campaña contra las mujeres y el colectivo LGTBI.
Una campaña que tuvo su momento álgido con los autobuses tránsfobos, que empezaron paseando por Madrid y llegaron hasta Nueva York. Correlación o causalidad, entre esos dos ejercicios pasaron de ingresar 1,1 millones anuales a 2,5 millones. También empezaron a solidificar su base: la mayoría (porcentual) del incremento recaudatorio llegó por la vía de las aportaciones regulares, la gente que se queda y paga cada mes. Esta partida pasó de 15.470 euros anuales en 2015 a 579.519 euros en 2017 (una subida del 3.646%).
La campaña del autobús –que llevaba el lema “si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo”– le dio proyección a HazteOir, pero también le enfrentó con el Ayuntamiento de Madrid, que la acabó prohibiendo. A partir de ahí, y coincidiendo con que perdió el favor –y la financiación para realizar actos– del PP de la Comunidad de Madrid, la organización adoptó una especie de perfil bajo, que se vio reflejado en el estancamiento de los ingresos.
El siguiente gran impulso llegó en 2020, cuando HazteOir volvió a dispararse. Ese ejercicio elevó su recaudación total un 70% hasta instalarse ya por encima de los cuatro millones anuales, de nuevo a lomos de los habituales, que triplicaron sus aportaciones mensuales. Ese fue el año en que se debatió y aprobó la Lomloe, nueva ley de Educación conocida como ley Celaá, y se empezó a hablar de la de Eutanasia, que se aprobaría al siguiente.
Buena parte de la sociedad conservadora se echó a la calle contra ambas normas de la mano del PP. En un principio arrancó como una protesta del sector educativo y familiar conservador, pero HazteOir fue fagocitando el movimiento hasta hacerse con él. De nuevo hubo autobús, esta vez contra la ministra de Educación que daba nombre a la ley, a la que compararon con Hitler.
20 años de lobby ultracatólico
HazteOir.org es una organización que funciona al estilo de los lobbies norteamericanos y que surgió en 2001 como consecuencia de los movimientos ciudadanos que pedían que se promovieran más políticas de apoyo a la familia durante el Gobierno de Aznar. Concluido este, pasó a ser, de facto, el principal grupo opositor al primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y de ahí a oponerse con todo el ruido posible a las medidas más progresistas de los Gobiernos del PSOE en los últimos años.
Liderados por Ignacio Arsuaga (sobrino de Rodrigo Rato), la organización –actualmente subsumida dentro de la plataforma europea CitizenGo– logró aglutinar a buena parte del catolicismo más radical, convirtiéndose en un aparato de propaganda de las ideas más ultraconservadoras a lo largo de estas dos últimas décadas. Una función que, en los últimos tiempos, ha querido retomar la asociación Abogados Cristianos.
Apoyados por el cardenal Rouco Varela, HazteOir logró liderar el movimiento educativo católico en España, entrando en los círculos de liderazgo del PP, primero, y posteriormente de Vox, con una posición radical en lo tocante a la defensa de la vida, el matrimonio tradicional y contra la igualdad hombre-mujer. Las organizaciones de Arsuaga y Santiago Abascal siempre han ido de la mano. La irrupción de Vox en las instituciones ha permitido la entrada de HazteOir o Abogados Cristianos en el Congreso de los Diputados, en cámaras autonómicas y municipales, aunque también han tenido sus desavenencias cuando el partido ultra ha actuado a la manera de la “derechita cobarde”, según HO.
Comentarios desactivados en Monseñor Agrelo, al exministro Fernández Díaz: “Yo encendí la luz y ladré cuando usted empujaba a Cristo hacia las cuchillas de la frontera española”
El exministro ha declarado que “vuelve la persecución religiosa” en España por exhumar a Franco
En medio de la polémica por la exhumación de Franco, el arzobispo emérito de Tánger le recuerda al político que, en la Frontera Sur de España, “usted molía a golpes a Cristos de carne y hueso”
Para quien nos lea desde fuera de España, hay que explicar que el dictador Francisco Franco, fue enterrado a su muerte en 1975 en un mausoleo, el Valle de los Caídos, para cuya construcción utilizó a presos políticos en régimen de semiesclavitud. El Gobierno Socialista de Pedro Sánchez, cumpliendo el mandato del Congreso de los Diputados, que solicitaban su exhumación de dicho lugar, procederá esta semana a sacar su cuerpo del Valle y enterrarlo junto a su mujer en otro panteón, a pesar de la oposición del prior de la Comunidad Benedictina que lo custodia, Santiago Cantera..
Ante esto, la ultraderecha franquista y muchas voces del Partido Popular como el exministro del Interior Fernández Díaz se han alzado tildándolo de “profanación”y acusando al gobierno de persecución religiosa (!!!).
Pero hay obispos honrados y valientes que no pueden callar. Y es que en España, se puede ser católico sin ser cristiano…
Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior del gobierno de España, ha escrito que “el cierre del recinto del Valle de los Caídos para exhumar a Franco… es un hecho de una gravedad que no podemos ignorar”; y comparte también con los lectores su personal interpretación política de la exhumación.
Lo mismo para la consideración que para la interpretación, le asisten derecho y libertad, y seguramente que serán muchos los que suscriban lo que él escribe. Pero ha ido más allá de las cosas terrenales, y, haciéndose portavoz de la divina inspiración, denuncia que “todo ello” se ha hecho “con el silencio cómplice de los «guías ciegos» y «perros mudos»que condena la Escritura con santa indignación”. Y añade: “Que no se quejen los actuales «Pilatos políticos y eclesiásticos ante los sucesos que vendrán: Vuelve la persecución religiosa”.
Querido amigo: lo que voy a escribir, no lo hago por defender a mis hermanos «mudos», «ciegos» y «Pilatos»; tampoco para prevenir esa persecución que, según usted vaticina, está a punto de volver. Lo hago sólo por usted, por si puedo ayudarle a salvar el alma, negocio que a usted debiera preocuparle más que la suerte de los restos mortales de nadie.
Yo encendí la luz y ladré cuando usted empujaba a Cristo hacia las cuchillas de la frontera española en las que se iba a desangrar. Yo encendí la luz y ladré cuando usted empujaba a Cristo hasta ahogarlo en el mar que separa África de España. Yo encendí la luz y ladré cuando, en esa frontera de su competencia, usted molía a golpes a Cristos de carne y hueso. Yo encendí la luz y ladré, pero usted no vio, usted no oyó. ¿O tal vez sí?
Pues volveré a recordar, para usted y para mí, lo que parece que hemos olvidado: “Tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber… fui forastero y no me acogisteis”… Volveré a encender la luz y a ladrar, porque no quisiera que usted y yo, siempre tan a la derecha, precisamente en aquel día que no tiene vuelta atrás, nos encontremos irremediablemente a la izquierda.
Deje que los muertos entierren a sus muertos. Bueno será que usted y yo, olvidados los muertos, nos pongamos de una vez a seguir a Cristo Jesús y cuidar de él en su cuerpo vivo que son los pobres.
Comentarios desactivados en La salida del PP del Gobierno de España debería facilitar avances para el colectivo LGTBI pendientes desde el inicio de la legislatura
Por primera vez en democracia, un presidente del Gobierno de España es revocado de su cargo por el Congreso de los Diputados. El PP de Mariano Rajoy pierde la Moncloa al prosperar la moción de censura presentada por el PSOE, como consecuencia de la sentencia de la trama Gürtel (en la que se reconoce la financiación ilegal del PP). Pedro Sánchez se ha convertido en presidente gracias a los votos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, PDeCat, Esquerra Republicana, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias. Desde el punto de vista LGTB, el desalojo del PP del Gobierno de España debería contribuir a impulsar el avance de las futuras leyes de igualdad LGTBI y de reforma de la ley de identidad de género. Esperamos además asistir a la retirada del estatus de «utilidad pública» y sus consiguientes beneficios a la organización ultra HazteOír, tras la negativa del PP de Rajoy hace solo unos meses. También se espera poder tumbar la ley mordaza, impulsar políticas feministas o hacer cambios en RTVE, entre otras cosas.
Mariano Rajoy deja de ser presidente del Gobierno de España y, sin ambages, podemos decir que no hay absolutamente nada que agradecerle ni por lo que recordarle en materia LGTB. Todo lo contrario. El historial LGTBfóbico del PP de Rajoy es extenso y conocido, a pesar de los intentos reiterados de Javier Maroto de blanquear la imagen de su partido y de su líder. En dosmanzanas lo hemos dicho por activa y por pasiva cada vez que Maroto ha repetido esta misma mentira: el recurso del PP contra el matrimonio igualitario no se refería solo «al nombre».
Mariano Rajoy, y con él su partido, sobre el que ha ejercido desde que es su presidente el máximo control, son quienes más daño han hecho a los derechos LGTB en nuestra reciente historia. En 2005, y tras apoyar una brutal campaña en su contra desencadenada por los sectores más reaccionarios de la sociedad española, Rajoy asumía como propia la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. También buscaba, por ejemplo, despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el «cuarto motivo de inconstitucionalidad» defendido en el recurso, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos. Rajoy, incluso después de haber acudido como invitado a la boda del propio Maroto, se negaba a reconocer como un error la presentación de aquel recurso.
Por otra parte, el retroceso experimentado por nuestro país en las clasificaciones internacionales sobre derechos LGTB es consecuencia directa de la inactividad manifiesta del Gobierno del PP a la hora de seguir profundizando los cambios iniciados bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El relevo de Mariano Rajoy solo puede ser considerada, en este sentido, una magnífica noticia.
Pedro Sánchez abrazando a Pedro Zerolo
Deseable impulso a las leyes LGTB pendientes
Habrá que ver si el cambio de Gobierno contribuye al avance de las leyes pendientes en el Congreso en materia LGTB. La proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI era registrada en mayo de 2017, tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP en la manifestación del Orgullo 2017, y que los populares han roto de forma descarada.
Por lo que se refiere a la proposición socialista sobre identidad de género, que elimina la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP.
A finales de febrero de este año, la Mesa del Congreso de los Diputados desbloqueaba por fin estas dos importantes proposiciones de ley en materia de derechos LGTB (la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI y la de reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como «ley de identidad de género»), y que de acuerdo a la lógica parlamentaria deberían contar con el respaldo final de la mayoría del Congreso.
Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso otra proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista sobre identidad de género, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de de las leyes integrales de transexualidad arriba mencionadas. El futuro de esta norma, que se encuentra en un estadio parlamentario más precoz, es incierto.
Debemos ser conscientes de todas formas de que la Mesa del Congreso sigue controlada por PP y Ciudadanos (la posición de estos últimos, en este sentido, sigue siendo decisiva a la hora de ralentizar o no el proceso legislativo) y de que los populares siguen disponiendo de mayoría absoluta en el Senado. Esto no es una novedad: ya en los tiempos de Rodríguez Zapatero el Senado, en manos de los populares, vetó leyes como la del matrimonio igualitario, un veto que fue posteriormente levantado por la mayoría absoluta del Congreso. No hay razones para que este escenario final favorable no se repita en la actualidad.
A nadie se le esconde el hecho de que un Gobierno favorable a la igualdad de las personas LGTB, en cualquier caso, debería actuar de catalizador del avance. Esperemos que así sea. Mientras tanto, y centrándonos en el día de hoy, no podemos sino celebrar por todo lo alto que Mariano Rajoy abandone el Gobierno de España. No lo echaremos de menos ya que ha sido un presidente tóxico para los Derechos LGTBI+.
Comentarios desactivados en La marca internacional de HazteOír promueve en Kenia una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales
CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, está promoviendo una intensa campaña contra la despenalización de la homosexualidad en Kenia. Un país en el que, como informamos hace escasas semanas, la justicia debe decidir sobre la demanda interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC en sus siglas en inglés) contra la ley que castiga las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. Llama poderosísimamente la atención que una organización que ha sido declarada por el Gobierno español “de utilidad pública” pueda llevar a cabo campañas internacionales de desprecio a los derechos humanos más fundamentales sin problema alguno.
Como comentamos en nuestra anterior entrada, si la demanda de la NGLHRC logra una sentencia favorable a la descriminalización tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso para el empeoramiento de la situación de las personas que mantienen relaciones con otras de su mismo sexo en numerosos países de la órbita de la Commonwealth, cuya próxima reunión de Jefes de Estado o de Gobierno está fijada para la semana del 16 de abril en Londres y en la que la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo promete ser uno de los puntos candentes de debate.
La primera audiencia del proceso, en la que los demandantes explicaron sus posiciones, ya ha tenido lugar, mientras que la segunda está fechada para este próximo jueves 22. En ella espera un cruce de posturas radicalmente enfrentadas. Por una parte, el activismo LGTB ha solicitado la comparecencia de un psiquiatra, que explicará conceptos como la orientación sexual y dejará claro por qué no deben ser ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo. El Foro de Profesionales Cristianos de Kenia, por su parte, presentará a comparecientes que defenderán la actual situación de criminalización de la homosexualidad. El fallo se espera en abril, y en este momento las espaldas están en todo lo alto. Según medios LGTB internacionales, del panel de tres jueces que deben decidir, uno sería proclive a la despenalización, otro sería contrario y un tercero estará indeciso.
Pero si hoy traemos la noticia (ya en nuestra anterior entrada hicimos un repaso de la situación y por el momento, a la espera de lo que suceda el jueves, no ha habido grandes cambios) es por el destacado papel que CitizenGo, la marca internacional de HazteOír, está teniendo como agitador de los instintos homófobos. Lo destaca la propia prensa keniana, recogiendo el papel que CitizenGO está teniendo como lobby de presión en contra de que el Tribunal Superior de Justicia de Kenia pueda fallar a favor de la despenalización, y que entre otras acciones ha cristalizado en una petición de recogida de firmas lanzada el pasado día 6 “contra el activismo judicial en asuntos LGBT”. Según la petición, dirigida al juez David Maraga (máxima autoridad judicial del país), “Kenia está siendo utilizada por los activistas gais como una puerta de entrada hacia la legalización de los LGBT que no debe permitirse”. CitizenGO reclama que la demanda de NGLHRC sea rechazada y que cualquier cambio en esta materia sea decidido vía referéndum. La petición se acompaña, por cierto, de una imagen en la que aparecen tachadas las siglas LGBT.
HazteOír, entidad de “utilidad pública” gracias al Gobierno del PP
HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”. Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.
Según informó en su momento infoLibre (medio ue ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.
Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). El actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se niega sin embargo de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.
Nosotros si que nos quedamos asombrados cuando leemos que el arzobispo asegura que el texto aprobado “impide la democracia y va en contra de un gran número de derechos, algunos de ellos fundamentales” y cita entre ellos el derecho a la igualdad, el de la libertad religiosa y de conciencia, el derecho de expresión, el de la protección de la salud, la libertad de educación, el de los padres a la educación moral y religiosa que elijan para sus hijos o el derecho a la integridad física y moral.
Suponemos que a todo un señor cardenal no se le escapa que los derechos no son absolutos y nos hace mucha gracia que un representante de la Iglesia haga un llamamiento a ejercer la democracia.Como todos sabemos, la Iglesia es una institución muy democrática ¿verdad?
Llama la atención además que evoque el derecho a la protección de la salud y al de la integridad física y moral cuando él mismo llamaba a la objeción de conciencia ante las leyes LGTB de distintas comunidades autonómas porque “adoctrinar a los niños en ideología de género es una maldad”. Partiendo de la base de que desconocemos qué es eso de la “ideología de género”, suponemos que para el cardenal la salud de un niño trans es negarle lo que es y “educarle en rectitud”, algo que la Iglesia siempre ha sabido hacer muy bien. La salud de un niño o una niña homosexual cuando es insultado, humillado y vejado a veces por su propia familia, se trata también con rectitud y leyendo la Biblia. Y en casos extremos, cuando sea muy homosexual, entonces puede llevar una vida de castidad pero feliz porque estará entregado o entregada a Dios.
Acusa también al proyecto de ley de discriminatorio y de otorgar privilegios. El texto de la propuesta desde luego es mejorable pero de ahí a decir que establece privilegios… Nos gustaría que el arzobispo hubiera entrado en detalles y enumerado unos cuantos ejemplos de esa discriminación que sufren los heteros y cisexuales porque nosotros no hemos encontrado ninguno. Sin embargo, al revés, los tenemos a patadas.
Pero no solo acusa de que la ley discrimina a las personas no LGTB, asegura que la ley impone una ideología y que quien no la comparta será objeto de reprobación,persecución y de penas, porque es lo que hacen los comunistas, los regímenes totalitarios y como no, con los nazis. Porque claro, como él viene de un ambiente eclesiástico donde no se impone ninguna idea ni se castiga con el fuego eterno a quien no comulga con ellas, siendo un espacio de tolerancia ejemplar abierto al debate. Así que entendemos que esta malvada ley que castiga con la cárcel a los heterosexuales le parezca terrible.
Como es habitual, en un acto de cinismo el artículo está repleto de bonitas palabras y no se cansa de repetir que se trata de una “justísima protección debida” a las personas LGTB que necesitan una “protección ineludible frente a la discriminación” y que “todos son seres humanos, independientemente de su orientación sexual”. Pues menos mal.
Comentarios desactivados en El Congreso admite a trámite la ley de Igualdad LGTBI con la oposición del PP
Retorno al pasado: el PP opta por dar satisfacción a su base más conservadora e incumple su compromiso de apoyar la ley de igualdad LGTBI
El Congreso de los Diputados admite a trámite la Ley de Igualdad LGTBI presentada por FELGTB y Unidos Podemos que busca conseguir la igualdad real entre el colectivo LGTBI.
El Partido Popular, que se comprometió a aprobar esta norma a cambio de ir en la cabecera de la manifestación del World Pride, se abstiene aclarando que está totalmente en contra de la ley y presentará una enmienda a la totalidad.
El Congreso de los Diputados aprobó este martes, por 200 votos a favor, 2 en contra y 124 abstenciones, la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. El Partido Popular, faltando a la palabra dada en vísperas de la celebración del World Pride 2017, ha decidido abstenerse. No seremos nosotros los sorprendidos: la defensa de los derechos LGTB nunca ha formado parte del ideario real de ese partido, que en repetidas ocasiones en las que ha tenido oportunidad de mejorarlos ha optado por oponerse e inclinar la balanza hacia su base más conservadora. Lo más preocupante, en cualquier caso, es el tono tránsfobo que el PP y algunos medios afines abrazaron en esta primera jornada parlamentaria del proyecto, siguiendo la línea marcada por HazteOír y los grupos más ultraconservadores. El proyecto, con modificaciones, será seguramente aprobado, y eso será una buena noticia. Lo sucedido ayer, sin embargo, vuelve a poner en evidencia que el principal partido político de este país, incluso en sus momentos de supuesta mayor apertura, sigue carcomido por los prejuicios.
Un poco de historia
El pasado 4 de mayo, pocos días después de que la FELGTB celebrase su 25º aniversario, esta organización conseguía ver registrada en el Congreso una propuesta de ley “contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”, o más brevemente, de igualdad LGTBI. Lo hacía tras más de un año de trabajo en su elaboración. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque el proyecto contaba con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. Solo el PP, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el propio PP en las últimas elecciones) no expresaron entonces su apoyo al proyecto.
La alegría duraba poco. Apenas unos días después, el proyecto se había convertido en la “ley mordaza de Podemos” y recibía críticas tanto desde la derecha mediática (previsible) como de una parte del ámbito progresista. En este último caso, las críticas se centraban en el capítulo sancionador, al considerar que la propuesta, tal y como estaba redactada, suponía otorgar a la administración una capacidad sancionadora excesiva, que esta podría usar discrecionalmente sin tutela judicial (más allá de que cualquier decisión administrativa pueda ser finalmente recurrida ante los tribunales) y cuya constitucionalidad podría ser dudosa. No han faltado voces progresistas, de hecho, que han argumentado que el castigo contra las conductas discriminatorias por razón de orientación sexual o identidad de género debe reservarse a los jueces y ser contemplado, en todo caso, como parte del derecho penal.
No esta de más recordar, en este punto, que han sido ya aprobadas varias leyes autonómicas de protección de las personas LGTBI con capítulo sancionador (algunas de ellas incluso con el apoyo del PP, como la extremeña o la madrileña). Y que la aplicación del Código Penal en caso de delitos de odio por orientación sexual o identidad de género por parte de los jueces españoles deja mucho que desear, pese a que estos delitos ya están tipificados y hay arsenal legal más que suficiente para ello. En cualquier caso, muchas de las críticas recibidas parecían razonables, y de hecho, el propio Podemos se vio obligado a explicar que el texto presentado por su grupo era el propuesto por la FELGTB y que ellos mismos eran partidarios de enmendarlo. En cualquier caso, el daño mediático y de imagen estaba hecho. El silencio de aquellos días de otras formaciones que apoyaban el proyecto, como PSOE o Ciudadanos, tampoco ayudó a mitigarlo, dicho sea de paso.
Las líneas generales del proyecto
El proyecto, más allá de su capítulo sancionador, es muy ambicioso, y contempla numerosas medida en los ámbitos de la salud, educativo y laboral, así como en el ámbito familiar, de la infancia y de la juventud. Contempla, por ejemplo, el derecho de todas las mujeres a acceder a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad publica, con independencia de su orientación sexual o de estatus marital, así como la garantía de atención sanitaria sin discriminación a las personas trans, que deberá regirse además por el principio básico de la autodeterminación de género. La documentación administrativa y los formularios médicos deberán adecuarse a la heterogeneidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI. El proyecto también incluye medidas específicas de apoyo y protección a las víctimas tanto de discriminación como de delitos de odio y de violencia intragénero.
Otro aspecto importante que contempla el proyecto es la constitución de varios órganos para garantizar su cumplimiento. Entre ellos, una Agencia Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género independiente del Gobierno, encargada de evaluar la implantación de la norma, y una Comisión Interministerial de Políticas LGTBI, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se creará también un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.
Habrá que ver, en cualquier caso, qué queda de todo ello al final de la tramitación parlamentaria.
La discusión en el pleno
Este martes 19 de septiembre, y después de tanto la mesa del Congreso como el Gobierno facilitasen los correspondientes trámites, llegaba el turno de que el pleno del Congreso debatiese por primera vez la propuesta y votase su toma en consideración. Algunos esperaban que la decisión fuese unánime, dado que el PP se sumó en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”, así como de “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.
Sin embargo, el PP ha preferido evitar el consenso y ha decidido abstenerse. Una postura al fin y al cabo coherente con la trayectoria de este partido tanto en las Cortes Generales (donde se opuso tanto a la aprobación del matrimonio igualitario como de la ley de identidad de género) como ante el Tribunal Constitucional, órgano en el que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Una postura, por otra parte, que le reconcilia con su base más ultra, la que forma su núcleo incombustible de votantes y la que, aunque ha perdido en tiempos recientes a muchos de sus referentes en la dirección del partido, sigue teniendo gran influencia en sus decisiones. De ahí que no nos haya resultado especialmente sorprendente. Como tampoco nos sorprende la hipocresía que supone, a estas alturas, defender que en lugar del proyecto presentado por la FELGTB es preferible una “ley general antidiscriminación”, cuando en su momento el PP articuló una feroz oposición a esa misma propuesta cuando la presentó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La diputada del PP Marta González ha dicho que su grupo considera el texto de la ley como “chapucero” y ha dicho que su grupo se opone rotundamente pero se han abstenido porque su intención es presentar una enmienda a la totalidad para presentar su propio proyecto de Ley Antidiscriminación. Eso es una cosa muy del Partido Popular, que pide por ejemplo que se cambie el nombre de una Plaza de la Diversidad por el de la Plaza de la Igualdad porque lo de “diversidad” les parece excluyente. O que se cuelga la medalla de aprobar la Ley LGTBI de la Comunida de Madrid cuando años antes votó en contra porque la presentó el PSM. Porque como ya han demostrado en infinidad de ocasiones la estrategia del PP frente a la LGTBfobia pasa por restarle importancia y decir que lo que hay que hacer es luchar contra toda la discriminación, así en general: una forma muy bonita de decir que en realidad no hay que hacer nada.
Algo más sorprendente (y más preocupante) nos parece el tono con el que la diputada popular Marta González se opuso en su intervención ante el pleno a que los menores trans puedan ver reconocido su derecho a la autodeterminación de género. González, por ejemplo, ha decidido tergiversar la propuesta de ley todo lo que ha podido para demonizar (por ejemplo) el apartado en el que se habla sobre los menores trans. Porque sabe perfectamente que la única forma de justificar su negativa a apoyar este proyecto de ley es, precisamente, tergiversarlo. Así, por ejemplo, ha llegado a inventarse que los niños podrán pedir hormonas sin consentimiento paterno:
El proyecto de ley, en línea con las legislaciones más actualizadas en la materia, prevé que a partir de los 16 años de edad los menores trans ya puedan prestar por sí mismos el consentimiento informado para acceder a la reasignación sexual quirúrgica, mientras que a partir de la pubertad podrán prestarlo para acceder a los bloqueadores hormonales y al tratamiento hormonal cruzado. Algo que los populares encuentran ahora inadmisible y que vuelve a reflejar la ignorancia existente sobre el daño tan profundo que puede hacer a las personas trans que así lo deciden no poder iniciar su proceso de reasignación a tiempo de evitar el desarrollo de características físicas indeseadas. Curiosamente, el diario El Mundo, uno de los diversos periódicos afines al PP que hoy día se puede encontrar en los quioscos, decidía escoger este enfoque para ilustrar en la portada de su edición digital la toma en consideración de la propuesta con un titular (“Podemos impulsa dejar al libre albedrío de los menores que cambien de sexo”) que hubiese firmado la propia HazteOír:
Una organización, HazteOír, que aprovechaba la discusión y su reciente victoria en los tribunales madrileños para organizar su enésima pantomima (representando esta vez a personas ataviadas como si fuesen presos de Guantánamo) y presentar la nueva versión del “autobús del odio”, ya desprovista, eso sí, de mensajes tránsfobos explícitos, y centrada en atacar a “Podemos y su ley mordaza LGTBI” y sus supuestos efectos perniciosos sobre los niños. Por cierto que el que fuera ministro del Interior y aún diputado del PP, Jorge Fernández Díaz (precisamente la persona que otorgó a HazteOír el estatus de entidad de utilidad pública) ni siquiera quiso disimular y votó “no”, saltándose la disciplina de su partido. El otro voto negativo de la tarde fue el del diputado de UPN, Salvador Armendáriz, según el cual el proyecto busca imponer “la ideología de género” como modelo de educación “sin respetar el derecho de los padres”.
Por lo demás, no hubo sopresas. PSOE y Ciudadanos votaron a favor, aunque ambos anunciaron enmiendas destinadas a subsanar las a su juicio “deficiencias” del texto. Como ya explicamos nosotros en su momento, como ya explicó la FELGTB en su momento y como todo el mundo había explicado ya a gente que se quejaba mucho, una vez aprobado el trámite de la ley se espera que entre todas las fuerzas políticas se hagan cambios en el texto. Como ha explicado la diputada socialista María Dolores Galovart, hay que conseguir un texto “más cohesionado, más coherente y más ajustado a derecho” pero para eso hacía falta este “punto de partida” que requiere “mejoras técnico jurídicas“.El apoyo de estas dos formaciones garantiza que el texto, con modificaciones, será aprobado, y anula los efectos de un eventual veto del PP en el Senado, al reunir junto con el grupo proponente mayoría absoluta. También votaron a favor los partidos nacionalistas catalanes y vascos. El resultado, el ya mencionado al inicio:
Estaremos atentos, por supuesto, a cómo evoluciona la tramitación parlamentaria del texto. En cualquier caso, las impresiones que han dejado este primer día quedan muy lejanas de las que vivimos el pasado 1 de julio en las calles de Madrid. El PP vuelve a ser el mismo partido que ha sido siempre en materia LGTB. Es de agradecer, de todas formas, la claridad.
Comentarios desactivados en El Gobierno de España se escuda en el “Estado de derecho” para no retirarle a HazteOír el estatus de utilidad pública y sus consiguientes beneficios
El ministro Zoido confirma que el gobierno del PP no piensa retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido ninguna ley y están al día con sus obligaciones con la Administración.
En marzo de este año el mismo gobierno del PP sí retiró la Utilidad Pública a otras organizaciones sin necesidad de que hubiera una resolución judicial o un conflicto legal de por medio.
Espaldarazo del Gobierno a la organización ultraconservadora HazteOír, a la que mantendrá el estatus de utilidad pública que en su momento le concedió Jorge Fernández Díaz salvo que exista una resolución judicial que la condene. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha escudado en el “Estado de derecho” para justificar su decisión, duramente criticada por los partidos de la oposición, que consideran que el Gobierno puede perfectamente retirar a HazteOír la declaración de utilidad pública, al igual que ha hecho con otras entidades en el pasado.
El ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido, compareció en el Congreso de los Diputados el pasado martes 12 de septiembre para explicar si el gobierno del Partido Popular pensaba retirar o no la Utilidad Pública que en 2013 el también ministro de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, había concedido a Hazte Oír.
Todos sabíamos que las probabilidades de que esto ocurriera eran mínimas, y efectivamente lo que temíamos se ha cumplido: Zoido ha dicho que Hazte Oír va a seguir siendo de utilidad pública. Y es curioso, porque aunque en su momento no necesitaron que ningún juzgado ni nadie externo al gobierno recomendara conceder esa clasificación, ahora dice que “hoy por hoy es imposible” retirar la Utilidad Pública al grupo ultra católico porque Hazte Oír está al corriente de todas sus obligaciones con la Administración y con la Justicia y que “no podemos ignorar la ley. Nos guste o no, tenemos que respetar los trámites.”
HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces se advirtió del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”. Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.
Según informó en su momento infoLibre (medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.
Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). Este martes, sin embargo, el ministro Juan Ignacio Zoido, interpelado en la Comisión de Interior del propio Congreso, se ha negado a tomar dicha decisión, argumentando que para ello tiene que esperar a que una resolución judicial determine que HazteOír ha cometido un delito de odio. “En el caso que nos ocupa, el ministro [en alusión a él mismo] no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al estado de derecho, porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos”, ha asegurado.
Por si acaso a alguien le da por pensar que lo que pasa es que Zoido es un poquito… como los de HazteOír, el ministro ha aclarado que “les puedo asegurar, en el caso que nos ocupa, que el ministro no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al Estado de Derecho. Porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos.”
Evidentemente esta excusa de que el Gobierno no puede retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido la ley no se la cree nadie. Como ha explicado la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, el Gobierno tiene plena capacidad para retirar ese privilegio sin necesidad de una sentencia judicial:
De hecho, y esto es muy curioso, en marzo de este mismo año toda la oposición en bloque votó a favor de retirarle el título a Hazte Oír. Es decir, que es un trámite político y no judicial. Y fíjate si es así que el propio gobierno del PP, a través de una orden firmada por el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, retiró ese mismo mes la Utilidad Pública a seis asociaciones sin que en ninguno de esos casos hiciera falta una resolución judicial que ahora parece tan necesaria para hacer lo mismo con Hazte Oír.
Para que quede más claro: El PP No retira la utilidad publica a Hazte Oir porque no le da la real gana, y punto. Porque poder, pueden.
Por cierto, en su intervención Zoido ha dicho que en caso de que Hazte Oír incumpla alguna ley “actuaremos con rapidez y diligencia” para proceder a retirarles la Utilidad Pública y ha recordado que la asociación presidida por Ignacio Arsuaga no ha recibido ninguna subvención pública, pero… los beneficios fiscales que reciben sus socios y que ayudaron a que el presupuesto de la organización se duplicara en tan sólo un año ya debería contar como subvención pública.
Diputados del PSOE, de Unidos Podemos, de Ciudadanos o del PNV han expresado su disconformidad con el criterio del ministro, asegurando que HazteOír no cumple los requisitos para ser entidad de utilidad pública y que ello basta para que dicho estatus le sea retirado. En concreto, el diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto ha recordado que el Gobierno ya ha retirado la condición de utilidad pública a otras asociaciones por decisión propia. El año pasado, por ejemplo, lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia interpuesta por un colectivo ultraconservador.
De hecho, según el texto de la citada ley orgánica 1/2002, la declaración de utilidad pública puede ser revocada “previa audiencia de la asociación afectada e informe de las Administraciones públicas competentes, por Orden del Ministro que se determine reglamentariamente, cuando las circunstancias o la actividad de la asociación no respondan a las exigencias o requisitos fijados en el artículo 32″.
Quien sí ha apoyado al ministro ha sido la diputada María del Mar Blanco, portavoz adjunta del PP en la Comisión de Interior. Tras asegurar que el PP consideró en su momento un “verdadero disparate” la campaña de HazteOír y que su partido defiende los derechos de las personas LGTBI “sin complejos [sic]“, Blanco ha argumentado que los partidos no pueden “robar” el papel de la justicia, como hizo, según ha afirmado, el “tramabús” de Podemos (un autobús fletado por este partido político con rostros de personajes relacionados de una u otra forma con la corrupción política).
HazteOír se felicita por la posición del Gobierno
En un comunicado de prensa emitido tras la comparecencia del ministro Zoido, HazteOír ha emitido un comunicado de prensa en el que se felicita por la posición del Gobierno, que a su juicio “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.
La organización ultraconservadora ha recordado además que antes del espaldarazo del Gobierno ya recibió el de la Audiencia Provincial de Madrid, que en un auto del que fue ponente el juez Eduardo de Urbano aseguraba que esta organización tiene derecho a dirigirse a los padres, “a quienes la Constitución garantiza el derecho a formar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones” (curiosa afirmación, teniendo en cuenta que el auto se pronunciaba no sobre un acto convocado por HazteOír y de asistencia voluntaria, sino de un autobús que se paseó por las calles luciendo mensajes que de forma explícita y en un tono ofensivo negaban la existencia de niños y niñas transexuales). El auto, de hecho, enmarcaba los lemas del autobús en un “debate de ideas” y subrayaba que “las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”. Se trataba, como en su momento señalamos, de un texto de marcado contenido político, que incluso se permitía también comparar el autobús de HazteOír con el “tramabús” de Podemos. No nos resultó especialmente sorprendente conocer, poco después de hacerse público el auto, el carácter conservador del juez Eduardo de Urbano.
En definitiva, un nuevo gesto favorable del Gobierno del PP a HazteOír, organización a la que en su momento quiso privilegiar y a la que ahora se resiste a retirar ese privilegio.
Es hora de que nuestro gobierno apruebe una Ley LGTB. A ver si así, entre otras muchas cosas, conseguimos que la LGTBfobia se considere de una vez el delito de odio que es y entonces Zoido tenga una excusa para hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo.
Comentarios desactivados en El ministro del Interior explicará en el Congreso si HazteOír debe ser de utilidad pública
El ministro comparecerá el martes pero no creemos que sirva para nada.
Tras el anuncio, ERC y Unidos Podemos han retirado su petición para que Zoido explicara este despropósito.
La “utilidad pública” de HazteOír está puesta en duda por muchos, muchísimos sectores de la sociedad además de los partidos políticos de la oposición. Y es que no se entiende que desde el Gobierno se apoye a una institución tan homófoba, tránsfoba y contraria a los derechos humanos.
Tras el revuelo causado hace unos meses por su famoso autobús tránsfobo, se inició una campaña para solicitar que se les retirase la consideración de “utilidad pública”. Seis meses después, Juan Ignacio Zoido ha decido ir al Congreso para explicar tal disparate. Y nosotros estamos deseando escuchar sus explicaciones porque, si el asunto no fuera tan serio, iban a ser muy divertidas.
No obstante, las esperanzas de que el Gobierno revoque dicho título son escasas. Ya el pasado mes de marzo, el portavoz Íñigo Méndez de Vigo dijo que la declaración de utilidad pública se mantedría “hasta que no exista una resolución judicial que ordene lo contrario”. Y claro, en HazteOír dicen que ellos fueron declarados de utilidad pública en 2013 y que si cumplían con la ley entonces… ahora también porque en 2013 ya eran igual de ignorantes que ahora.
A esas declaraciones hay que sumar que en agosto el Gobierno retiro la categoría de “utilidad pública” a diversas entidades manteniendo el de HazteOír…
Fundada en 2001, HazteOír se hizo famosa a partir de 2004 convocando misas multitudinarias en Colón o realizando manifestaciones “a favor de la familia”. De la heterosexual claro. En su momento llegaron a tener el apoyo de la Conferencia Episcopal, que ahora parece haberse alejado de la asociación, y siempre se les ha relacionado con los Legionarios de Cristoy la asociación secreta El Yunque.
En 2013, el entonces ministrio del Interior Jorge Fernández Díaz, que en su momento dijo que “el matrimoniogay no garantiza la supervivencia de la especie”, declaró de utilidad pública a la organización presidida por Ignacio Arsuaga. Esta distinción, según la ley, debe ofrecerse a asociaciones cuyes fines “tiendan a promover el interés general, y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos…”Algo que nos cuesta ver en HazteOír. Disfrutar de esta categoría les permite acogerse de ventajas fiscales como no pagar el IBI, buena parte del Impuesto de Bienes Inmuebles y la exención tributaria de los ingresos obtenidos sin tener que realizar una contraprestación.
Comentarios desactivados en El PP de Javier Maroto y Andrea Levy mantiene la “Utilidad Pública” de Hazte Oír
El Gobierno del PP retira la categoría de Utilidad Pública a seis asociaciones pero se la mantiene a Hazte Oír, a pesar del voto de la oposición para retirársela.
Javier Maroto y Andrea Levy, fueron invitados por la FELGTB a llevar la pancarta de la manifestación del Orgullo LGTB en Madrid el mes pasado
El Ministerio del Interior, cuando lo dirigía el homófobo ultracatólico Jorge Fernández Díaz, concedió a los cristofrikis de Hazte Oír la categoría de Organización de Utilidad Pública. Eso significa, básicamente, que aunque no reciban dinero público sus socios obtienen varios beneficios fiscales. Y esos beneficios ayudaron a que el presupuesto de la organización se duplicara y pasara a ser de 2,6 millones de euros anuales.
En marzo de este año, justo cuando saltó la polémica del autobús tránsfobo, la oposición parlamentaria votó en bloque a favor de solicitar al gobierno que retirara la categoría de Utilidad Pública a Hazte Oír porque consideraban que las actividades de la gente de Arsuaga son “frontal y radicalmente contrarias a los valores, fines y principioes que justifican la declaración de interés general de una asociación y, en concreto, a los de promoción de los valores constitucionales, de los derechos humanos, de la familia, de la infancia y de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia.”
Andrea Levy y Maroto. MARCHA LGTBI. Orgullo
Pues a pesar de que PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC votaron en contra, el PP ha decidido mantener esa categoría para HazteOír pero se lo ha retirado a otras seis asociaciones. Así la Asociación de Deportistas Contra la Droga, la asociación Pangea (una ONG que trabaja con personas desfavorecidas), Glackma (que trabaja por la concienciación y la sensibilización medioambiental), Rudraksha (ONG que trabaja por el desarrollo de las mujeres indias), Equus Zebra (que ayuda a personas en riesgo de exclusión social) y la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género han visto cómo sus beneficios fiscales eran revocados por una orden firmada el pasado mes de marzo por el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior: Juan Antonio Puigserver Martínez.
Así que ahí lo tenéis amigos, el gobierno del PP ha decidido retirar la Utilidad Pública a asociaciones que realmente trabajan por los más desfavorecidos y en pro de la igualdad pero han decidido hacer oídos sordos al resto del Parlamento y mantener los privilegios a Hazte Oír, que lo único que hacen es fomentar el odio y la LGTBfobia.
Comentarios desactivados en El “autobús del odio” de HazteOír, recibido con protestas en Sevilla
La campaña tránsfoba de HazteOír ha llegado este miércoles a Sevilla, donde su buque insignia, el “autobús del odio”, ha sido recibido por cientos de manifestantes que le han impedido circular por sus calles. La organización ultraconservadora, mientras tanto, sigue haciéndose la víctima de una supuesta campaña de “acoso a la libertad de expresión” y haciendo caja con las donaciones de sus simpatizantes.
HazteOír pretendía que su autobús se pasease por las calles del centro de la capital andaluza, pero los manifestantes contra la LGTBfobia han impedido el paso del vehículo, ya desprovisto de la cartelería más agresivamente tránsfoba después de las multas recibidas en otras ciudades españolas y de que los Mossos d’Esquadra obligaran a la organización a retirarla durante su estancia en tierras catalanas. “Respeto para todos. No al bullying” es el nuevo lema con el que, con un cinismo absoluto, HazteOír ha decorado ahora el vehículo.
Un truco que no ha impedido que el “autobús del odio” fuese recibido en Sevilla con lanzamiento de huevos, piedras y otros objetos contundentes, que incluso han agrietado el parabrisas. También ha sido objeto de pintadas contra la transfobia. Efectivos de la Policía Nacional, de hecho, han intervenido para proteger el vehículo mientras se alejaba. El autobús tenía también previsto hacer acto de presencia en San Juan de Aznalfarache, pero finalmente no lo ha hecho.
Numerosos asistentes, de hecho, han difundido en redes sociales imágenes de la protesta. Insertamos un par de grabaciones compartidas en Twitter:
El rechazo al autobús no se ha dado solo entre los manifestantes. El propio Ayuntamiento de Sevilla ha hecho pública una declaración institucional en la que declara non grata la campaña de HazteOír y expresa su el rechazo total a los “mensajes que niegan la identidad de las personas trans, especialmente de los niños y niñas”.
No hay que olvidar, en cualquier caso, que la campaña de odio de HazteOír no consta solo del autobús. Los ultraconservadores también difunden un panfleto, el mismo que hace unos meses hicieron llegar a cientos de colegios de toda España y que ABC hizo llegar hace un par de semanas a los quioscos, en el que se denigran los avances legislativos que se están produciendo en diferentes comunidades autónomas en materia LGTB y se recopila todo un argumentario ultra en contra de la diversidad sexual, muy especialmente en contra de los derechos de las personas transexuales. Está firmado por HazteOír y por CitizenGO, una plataforma promovida por la propia HazteOír y que persigue sus mismos fines a nivel internacional. Con el lanzamiento de este panfleto HazteOír ponía en marcha su actual campaña LGTBfoba, de la que el ya tristemente famoso “autobús del odio” es solo un elemento más.
La organización ultraconservadora, mientras tanto, continúa haciendo caja gracias al dinero que no deja de pedir a sus simpatizantes. En sus mensajes de correo electrónico, HazteOír no duda en recordar que son una entidad declarada de utilidad pública, un privilegio que les concedió el exministro Jorge Fernández Díaz. “Esto significa que todos los donativos que nos hagas antes de final de año se podrán desgravar, en el ejercicio siguiente, en el pago del impuesto correspondiente. Un 75% por los primeros 150€ que nos dones y un 30% por el resto. Por ejemplo, si donas 200€ Hacienda te devolverá 127,5€ en 2018. Anualmente te enviaremos, por correo postal, el certificado de donación a efectos fiscales”, recuerda HazteOír a sus simpatizantes.
Protesta por la presencia de Arsuaga en el Parlamento Europeo
Su presidente, Ignacio Arsuaga, hacía por cierto acto de presencia el martes en el Parlamento Europeo, invitado por eurodiputados del partido italiano de extrema derecha Liga Norte, para dar una rueda de prensa y hacer propaganda de su campaña de odio. Una invitación por la que setenta eurodiputados de diversas fuerzas políticas han mostrado su indignación y solicitado a la comisaria de Justicia de la Unión Europea, Vera Jourova, que interceda ante el Gobierno de Mariano Rajoy para que retire el estatus de entidad de utilidad pública. Durante la rueda de prensa de Arsuaga en una sala de la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, por cierto, tres activistas de Chrysallis (asociación de familias de niños y niñas trans) han desplegado, en silencio, la bandera del colectivo transexual en señal de repulsa.
Comentarios desactivados en Alfa y Omega denuncia que “HazteOir no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos” y la Asamblea de Madrid pide por unanimidad que HazteOír debe dejar de ser entidad de utilidad pública
Ignacio Arsuaga debe de estar comiéndose las uñas…
Aunque con la maldita cantinela acrca de la inexistente “Ideología de Género”, bienvenida sea esta bofetada a los ultras de HazteOir:
“Campañas como la del autobús solo consiguen generar división entre los católicos”
El semanario del Arzobispado de Madrid arremete contra los que “se erigen en paladines de la pureza doctrinal”
(Jesús Bastante).- El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacude una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en su editorial de este jueves.
En el mismo, que lleva por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que“es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.
Para el semanario católico, “campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social”.
“Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión”, señala AlfayOmega, que subraya que, en la Iglesia, “hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia”.
Porque sólo “desde la integridad de la fe”, como afirma el Papa en Amoris Laetitia, “se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a ‘todas las peronsas sin excepción'”. “La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio“, concluye el editorial, interpretado como la respuesta del cardenal de Madrid a los grupos ultracatólicos y sus campañas de descrédito a su persona y al Papa Francisco.
Éste es el editorial de Alfa y Omega:
Dejemos a los niños en paz
La campaña de Hazte Oír ha obtenido un éxito rotundo gracias a la desmedida reacción desde algunos sectores, que parecen intentar tapar con ruido las críticas a las leyes autonómicas que introducen la ideología de género en el currículum escolar. No debería costar encontrar fórmulas más sensatas para atajar la discriminación a los alumnos homosexuales o transexuales, en lo cual, ahí sí, toda la sociedad debería ponerse de acuerdo, igual que toda la sociedad tendría que rechazar que se vulnere el derecho constitucional de los padres a elegir la «formación religiosa y moral» que reciben sus hijos, ejercido desde el respeto a los demás.
Guste más o menos, se trata de una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio. Es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio, pero la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida. Campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social.
Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión. Porque en la Iglesia hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia. Y así, desde la integridad de la fe, como hace el Papa en la Amoris laetitia, se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a «todas las personas sin excepción». La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio.
Por otra parte, la Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad de todos sus grupos políticos una Proposición No de Ley que entre otras cosas pide la retirada a HazteOír de la condición de entidad de utilidad pública que le concedió en 2013 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que ha permitido al grupo ultraconservador aprovecharse de las considerables ventajas fiscales para sus donantes y así financiar sus actividades (como la campaña que en este momento lleva a cabo contra los menores transexuales y sus familias).
La proposición fue presentada por el grupo socialista en diciembre, después de que HazteOír hiciera llegar a miles de colegios de toda España un panfleto LGTBfobo en el que cargaba contra las leyes en favor de los derechos de las personas LGTB aprobadas en diversas comunidades, y muy singularmente en la de Madrid. En su redacción original, la proposición instaba al Consejo de Gobierno a recordar a los equipos directivos de los centros educativos que fueran “especialmente cuidadosos y escrupulosos en el material difundido entre el alumnado o utilizado en función docente”, a desarrollar políticas tendentes a preservar una convivencia inclusiva y creando las condiciones para prevenir y en su caso tratar cualquier manifestación de acoso, y a exigir la retirada y no distribución de textos LGTBIfóbicos que atenten contra la dignidad e inciten al odio a las personas LGTBI, garantizándolo a través de la inspección educativa.
Tras la intensificación de la campaña de odio mediante la puesta en circulación de autobuses con mensajes negacionistas de la realidad transexual en menores, la proposición ha sido enriquecida con tres enmiendas, dos del propio PSOE y una de Podemos. Los socialistas han incluido la petición de que se inste a la retirada de la condición de “utilidad pública” a HazteOír (una competencia del Gobierno central), así como la apertura de un expediente sancionador a esta organización por infracción de la ley madrileña contra la LGTBIfobia. Podemos, por su parte, ha pedido la elaboración de un estudio sobre la situación de acoso por LGTBIfobia en los centros educativos madrileños y que se articule un plan integral para combartirlo de forma efectiva. La proposicion ha sido votada favorablemente por los 123 diputados presentes, tanto del PSOE y de Podemos como del PP y Ciudadanos. Seis diputados no estuvieron presentes.
Insertamos a continuación la contundente intervención de la diputada socialista Carla Antonelli defendiendo la proposición:
La utilidad pública de HazteOír: dinero para financiar el odio
HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013, como entonces recogimos, por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, entre otras condiciones sus fines estatutarios deben “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”. Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se ha opuesto y se sigue oponiendo con fiereza a los derechos de las personas LGTB.
Según informa infoLibre (un medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015, último ejercicio del que constan datos en su página web.
Lo cierto es que la retirada de la condición de entidad de utilidad pública a HazteOír es un clamor que poco a poco se extiende a izquierda y a derecha del espectro político. Incluso entre una parte del PP, el partido que al fin y al cabo tomó desde el Gobierno la decisión de premiar a una organización con la que en su momento tuvo importantes coincidencias y de la que ahora parece querer distanciarse. El portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, pedía hace unos días revisar la decisión, al mismo tiempo que garantizaba que HazteOír no recibirá subvención alguna por parte del Gobierno regional. Incluso personalidades del PP a nivel nacional, como la vicesecretaria de estudios y programas Andrea Levy, se han mostrado partidarios de la retirada “si sigue con esos autobuses”.
Habrá que ver qué sucede finalmente. Por el momento, el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, prefiere no mojarse. Al ser interpelado en el Congreso de los Diputados por la diputada socialista Ángeles Álvarez, el sucesor de Fernández Díaz se ha limitado a expresar que su departamento analizará el estatus de HazteOír “cumpliendo siempre la ley” y sin tener en cuenta “opiniones personales y arbitrarias”.
El Gobierno revocó el mismo estatus a la Federación de Planificación Familiar
El Gobierno del PP, por cierto, ya ha retirado a otras organizaciones el estatus de entidad de utilidad pública. Hace menos de un año lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia de otro grupo ultraconservador. No es imposible, pues…
Comentarios desactivados en El PSOE exige que se aplique la ley contra los organizadores de una jornada para “curar la homosexualidad”
El grupo socialista en la Asamblea de Madrid registra una pregunta a Cifuentes para conocer las medidas que, bajo la Ley contra la LGTBfóbia de la Comunidad, emprenderá contra la plataforma HazteOir por sus jornadas para “curar” homosexuales.
Advierte de que la ley contra la LGTBIfobia prevé sanciones de hasta 45.000 euros.
La diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli ha pedido al Gobierno presidido por Cristina Cifuentes que “tome medidas para impedir que se celebren unas jornadas, previstas para el 25 de enero, para curar la homosexualidad”.
Antonelli ha registrado una pregunta al Gobierno regional para su contestación oral en Pleno, dirigida al consejero de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo, para que explique “qué medidas está tomando para dar cumplimiento a la Ley 3/2016 del 22 de julio de Protección Integral contra la LGTBIfobia, tras el anuncio de una Jornada de Formación por parte de la Plataforma Hazte Oír destinada a curar la homosexualidad”.
Explicó que la propia ley incluye este tipo de jornadas en el apartado de sanciones “muy graves” cuando se refiere a “la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la identidad sexual o identidad de género de una personas”.
Asimismo, destacó que, según la citada ley, “será irrelevante el consentimiento prestado por la persona sometida a estas terapias” y añadió que la sanción puede alcanzar los 45.000 euros y que la ley establece que se prohibirá a este tipo de entidades el acceso a ayudas públicas durante tres años.
Respecto a la jornada manifestó que será ‘online’ y la impartirá Richard Cohen, fundador y antiguo director ejecutivo de la Fundación Internacional de Curación, en donde se organizan seminarios y charlas basados en sus teorías para cambiar la orientación sexual de personas homosexuales y bisexuales que no desean serlo.
Antonelli señaló que, bajo el título ‘Comprende y ama a los homosexuales’ “piensa seguir con su campaña de siempre”. A su juicio, “ahora evitan la palabra curación pero se plantean, con otros términos, la posibilidad de cambiar la orientación sexual y de ayudar a los que experimentan esos sentimientos no deseados, como si fuese algo dañino”.
La plataforma ha organizado la jornada sabiendo que entra en conflicto directo con la Ley LGTBI que se aprobó el año pasado en la Comunidad, y por eso no utilizan las palabras “sanar” o “curar” en los anuncios aparecidos en varios medios como el ABC o La Razón, ni dicen dónde se celebrará el seminario porque se basan en su retransmisión online. Probablemente porque saben que perseguir un seminario online no es tan fácil como uno llevado a cabo en un lugar físico y para que no les pase lo mismo que en 2014 cuando el hotel Tryp en el que iban a celebrar una charla similar canceló el evento después de las presiones de los grupos LGTB.
Como mencionaba Carla antonelli, la ley prevé sanciones “muy graves” a las actividades que promueven y realizan “terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la identidad sexual o identidad de género de una persona“. La ley, además, aclara que el consentimiento de la persona que se someta a dicha “terapia” es irrelevante a la hora de plantarles una sanción que puede alcanzar los 45.000 euros. Y no sólo eso, sino que según la ley las entidades que cometan esta infracción tendrán prohibido acceder a ayudas públicas durante tres años.
Pero claro, estamos hablando de HazteOir, entidad declarada por el Ministerio de Interior (del PP) como de “Utilidad Pública” en 2013 y a la que tanto Jorge Fernández Díaz como Juan Ignacio Zoido no han retirado esa distinción, a pesar no sólo de su tremenda homofobia sino a que, como señalan desde El Plural, el Juzgado de Primeria Instancia número 48 de Madrid dio por “acreditada” la relación de miembros de Hazte Oír con la sociedad secreta y paramilitar El Yunque.
Comentarios desactivados en El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz nombró comisario “honorífico” a un juez del Constitucional que rechazó el matrimonio igualitario con argumentos ultraconservadores
Y se habló de nombrarlo embajador en El vaticano aunque parece que allí dijeron que “nones”… Y el PSOE le ha dado un buen bofetón vetándole para que presida cualquier comisión.
El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, uno de los políticos del Partido Popular que con más ahínco se han opuesto al avance de los derechos LGTB en España, nombró comisarios de honor del Cuerpo Nacional de Policía a siete personas que nada tienen que ver con este cuerpo polícial. Una de ellas ya era conocida: el director del diario La Razón Francisco Marhuenda, afín al PP. Estos días hemos sabido además que otro de los “merecedores” de este premio político fue Ramón Rodríguez Arribas, exmagistrado del Tribunal Constitucional, uno de los que se opuso al fallo que en 2012 consideró constitucional el matrimonio igualitario y que utilizó en su voto particular buena parte de los argumentos que suelen utilizar los ultraconservadores en esta materia.
Ramón Rodríguez Arribas fue, de hecho, vicepresidente del Tribunal Constitucional de España entre 2011 y 2013, formando por entonces parte de la mayoría conservadora que desde hace años domina el alto tribunal. Su intervención posiblemente más destacada en aquellos años consistió en la de ser uno de los tres magistrados que se opusieron al que el matrimonio igualitario fuese considerado constitucional. Rodríguez Arribas era partidario de aceptar el recurso que en su momento fue planteado por el PP, y emitió de hecho un voto particular discrepante plagado de “perlas”. Aseguró, por ejemplo, que la interpretación que la mayoría de sus compañeros hacían de la institución matrimonial era “un tanto enrevesada y poco eufónica” y realizaba “una verdadera filigrana para eludir hablar de sexo al definir el matrimonio, con lo que, a primera vista, éste podría constituirse entre un tío y un sobrino“. “Con esta formulación se prescinde absolutamente del componente biológico (o antropológico, si se quiere) ínsito en el matrimonio desde que apareció el ser humano en el planeta y que como institución precedió a la tribu”, añadía.
“En efecto, además de todos los componentes jurídicos del matrimonio, éste es también una unión sexual que la naturaleza destina a la perpetuación de la especie humana y aunque este fin natural pueda satisfacerse fuera del matrimonio y también aunque no sea el único fin de la institución que permanece si cumple los demás fines, no puede desconocerse sin incurrir en un salto ilógico imposible de admitir”, argumentaba con una lógica bastante difícil de comprender. “Y no se diga – que se dice– que entonces las parejas estériles o voluntariamente abstenidas de cumplir el fin reproductivo, quedarían excluidas del matrimonio, porque es la posibilidad genérica, la potencia en sentido ontológico, de servir al fin respecto de la especie humana y no el acto concreto o el efecto cierto, lo que caracteriza a cualquier institución colectiva“, añadía.
Rodríguez Arribas también exponía sus reservas sobre el hecho de permitir a las parejas del mismo sexo adoptar (recordemos que ese constituía el supuesto cuarto motivo de inconstituiconalidad que el PP argumentaba) al argumentar que “si nada puede oponerse a que una persona homosexual, sea hombre o mujer, pueda adoptar individualmente a un menor, la cuestión está en que desde el punto de vista del niño, que es lo único importante, no resulta indiferente que en lugar de tener un padre y una madre o sólo un padre o sólo una madre, para sustituir la pérdida o abandono de los naturales, se encuentre con que tiene dos padres y ninguna madre o dos madres y ningún padre o haya que convertir a una mujer en padre o a un hombre en madre”. Una argumentación más propia de la barra de un bar que de una sentencia legal.
Tres comisarios honoríficos “secretos”
Según cuenta eldiario.es, ha sido la Fundación Hay Derecho la que ha conseguido que se revele la identidad de cuatro de los siete comisarios “honorarios” nombrados por Fernández Díaz. Además de Marhuenda y Rodríguez Arribas, lo son el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, y el director del Departamento de Seguridad Nacional, Alfonso de Senillosa. Pero quedan tres personas a las que el Ministerio se niega a identificar (uno de ellos, según aseguraba en junio El Plural, podría ser el confesor del ministro, el sacerdote Silverio Nieto)
Fernández Díaz, ¿presidente de la Comisión de Exteriores?
La salida del gobierno de Jorge Fernández Díaz ha sido una excelente noticia en clave LGTB. Se trata, recordemos, de uno de los políticos del PP más cercanos al integrismo católico (“Dios es el gran legislador del universo”, aseguraba en diciembre de 2011 en una entrevista). Tras conocerse el fallo desestimatorio del recurso de su partido contra el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar hijos conjuntamente, él fue uno de los primeros en mostrar su desacuerdo, y de hecho ha llegado a afirmar que el matrimonio igualitario “amenaza la pervivencia de la especie” (declaraciones sobre las que declinó pedir disculpas).
Fernández Díaz también concedió en 2013 el reconocimiento como “asociación de utilidad pública” a HazteOír, una organización ultraconservadora ferozmente opuesta a los derechos LGTB, y más recientemente adjudicaba la formación de los futuros policías nacionales a una universidad de ideario católico.
Mariano Rajoy, en cualquier caso, pretende asegurarle a su exministro un “retiro dorado” como presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso. Una decisión que muestra la supuesta comodidad absoluta con la que el PP se mueve en esta cámara, pese a no disponer de mayoría absoluta, y para la que cuenta con el apoyo de Ciudadanos. Sin embargo, necesitaba también la abstención de alguno o del resto de partidos, pero el PSOE ha vetado que presida cualquier comisión y los populares aseguran que abren un “periodo de reflexión”.
Comentarios desactivados en La homofobia podría estar detrás de la dura agresión a la niña de San Roca
A pesar de que las autoridades hablan de una agresión puntual y no de un caso de acoso, la niña que fue víctima de una agresión en un colegio del barrio de San Roca, en Palma de Mallorca, presenta claros síntomas de ser víctima de homofobia por su manera de vestir y su afición a jugar al fútbol, por lo que la tildan de «marimacho».
Hace casi una semana, el miércoles, 5 de octubre, conocíamos la noticia de la dura agresión a una niña de 8 años por parte de hasta 12 de sus propios compañeros de clase del colegio público Anselm Turmeda, en el barrio de Son Roque de Palma de Mallorca, que le provocaban «consecuencias físicas importantísimas», según confirmaba Fina Santiago, portavoz adjunta del Govern, que le llevaban a ser ingresada en el hospital. Mientras que la madre ha denunciado los hechos, solicitando una orden de alejamiento contra los doce presuntos agresores, inspectores de la Consellería de Educación y Universidad investigan los hechos que la hermana de la víctima apunta a que sean de origen homofóbicos, pero a los que el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, resta importancia al referirse a «una agresión y no de bullying».
Lo que explica la familia
«Estaban jugando un partido de fútbol y el equipo de mi hermana iba ganando. Cuando sonó el timbre, la niña cogió el balón y paró la jugada para darle la pelota al profesor de Gimnasia, pero el otro equipo quería seguir jugando y se enfadaron, así que uno de los niños le dio una patada y le empujó al suelo», relata Jessica Millán, hermana mayor de la niña agredida. El primero de los agresores, de 14 años «se puso encima de ella de rodillas», mientras los demás le sujetan las manos y le propinan varias patadas en un momento en el que el profesor que debía estar vigilando se había ausentado para resolver otra situación con un alumno con discapacidad. Lo que tampoco consuela a la familia porque «los inspectores de la consejería nos han dicho que tendría que haber dos profesores para vigilar a los alumnos».
A pesar de que el diagnóstico revelaría que la niña sufría «una fisura de costilla, desprendimiento de un riñón, un hematoma en la cabeza y contusiones», el personal del centro no la traslada al hospital, ni siquiera lo comunica inmediatamente a la madre, a quien simplemente le explican que ha habido una trifulca en el patio cuando la va a recoger, a la hora habitual, trasladándose al Hospital de Son Espases al relatarle la niña la tremenda secuencia de lo que le ha sucedido. «No es la primera vez que mi madre ha ido al centro a comunicar que se metían con mis hermanas, ya avisó de que se metían con la niña», explica Jessica, quien rechaza que se trate de un hecho aislado al haber acudido su madre sólo tres días antes a hablar con la directora para denunciar que un niño había insultado y empujado a otra de sus dos hermanas, de 12 años, que estudia en el mismo colegio.
«Los niños que la agredieron eran mucho más grandes que ella, la cogieron de los pelos, la golpearon contra el suelo, y le dieron múltiples patadas. ¿Y si me la llegan a matar? (…). No estaba protegida porque no había ningún mayor y después de los hechos se lo dijo a su tutora. Esta le dijo que esperara porque iban a contar un cuento. Tras esto le dijeron que pusiese los nombres y fuese clase por clase a buscarlos (…). Mi hija tiene muchas pesadillas y ellos van al colegio y hacen su vida normal (…). He hablado con el fiscal y me ha dicho que los menores son inimputables, que no se les puede hacer nada y que ya verán qué hacen (…). En el colegio se han portado muy mal y los padres de los niños solo me han llamado para amenazarme y quitarse la culpa», es parte del desgarrador testimonio de la madre en un programa de televisión, aclarando que la dirección del centro acude a interesarse por el estado de la niña al hospital, aunque asegura que «con la anterior dirección esto no hubiera pasado. Es indignante cómo se han portado con la niña».
Lo que dicen las autoridades
Más que ofrecer consuelo y soluciones, el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha dedicado a hacer propaganda del gobierno al afirmar que los niños agresores y sus familias serán «explorados», pero advirtiendo que, debido a su edad, al menos los menores no son imputables, insistiendo en el esfuerzo de la Administración para con los menores en este tipo de situaciones a los que ampara el Plan Estratégico de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que claramente no ha funcionado en este caso. Como tampoco ha sido efectiva la aplicación para móviles, Alertcops, que permite contactar directamente con la Policía Nacional o la Guardia Civil cuando un niño está siendo sometido acoso o quiere pedir ayuda por otros motivos, que ha recibido hasta 63 peticiones desde que se pusiera en marcha en el verano de 2015. Casi ha culpado a la propia familia de la víctima de lo sucedido, al insistir en que es la sociedad y especialmente las familias, las que tienen que implicarse en «algo que afecta tanto a la sociedad y a la convivencia como es la educación de los niños».
El Ayuntamiento de Palma de Mallorca sí parece haber mostrado algo más de sensibilidad hacia el suceso al ponerse al servicio de la familia de la víctima y del centro para intervenir en el caso. «La convivencia y la igualdad son valores que no se pueden dejar perder y que debemos continuar fomentado a todos los niveles», explicaban en un comunicado, recordando que «es necesario» que ni las instituciones ni las entidades ciudadanas bajen «la guardia», resaltando la importancia de «evitar usar un lenguaje discriminatorio que contribuya a la estigmatización en vez de fomentar la tolerancia, la convivencia y el respeto mutuo».
Lo que permanece soterrado
Según la hermana mayor de las niñas explica, «a la pequeña le gusta vestir de niño y jugar al fútbol y le insultan y le llaman marimacho, mientras que la otra es un poco más infantil y también se meten con ella (…). Le dijeron que las niñas no pueden jugar al fútbol y que las niñas no valen para nada», señalando que ambas habían recibido «alguna patada» por parte de los mismos agresores, aunque la situación nunca había desembocado en un episodio tan grave por el que ya han sido identificados todos los implicados, quienes están siendo interrogados para esclarecer la situación, concluyendo Jessica que espera que todo esto «no sea en balde, que se tomen medidas y que los niños que le han hecho esto a mi hermana sean expulsados o se haga lo que se tenga que hacer. Las dos hermanas han manifestado su deseo de no volver al colegio, al igual que algunas de sus compañeras abandonaban las clases el viernes pasado, por miedo, al tener conocimiento de los hechos. Los que sí parece que volverán a la escuela sin mayor problema son los menores involucrados en la agresión.
Comentarios desactivados en FECyLGTB+ considera la Universidad Católica de Ávila no puede formar en delitos de odio a los policías
La formación contra delitos de odio es fundamental para garantizar la seguridad de las minorías.
La máxima autoridad de la Universidad Católica de Ávila es Jesús García Burillo, que considera que la homosexualidad no es tan legitima como la heterosexualidad.
FECyLGTB+ pide a la Junta de Castilla y León que apoye a su Universidad Pública de Salamanca, como garantía de calidad e imparcialidad científica en la docencia.
La FECyLGTB+, Federacion Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más, considera preocupante para la protección de las minorias que una Universidad católica asuma la docencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, de los funcionarios que nos protegen a todas y todos. Una institucion con una ideología religiosa determinada, contraria a la igualdad de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más, no puede impartir una docencia de calidad, imparcial y científica, que garantice la formación que necesitan los policias para identificar, comprender y proteger a las minorías frente a los delitos de odio.
Queremos recordar que la Universidad Católica de Ávila está encabezada jerarquicamente por el Obispo de Ávila, que considera la homosexualidad como menos legítima que la heterosexualidad llegando a afirmar estar alarmado de que con la aprobación del matrimonio igualitario “la homosexualidad se presenta como una opción tan legítima como la heterosexual”. A juicio de FECyLGTB+, una institución encabezada jerarquicamente por alguien que afirma que la homosexualidad no es tan legitima como la heterosexualidad, dificilmente podrá impartir la formación necesaria para los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en materia de delitos de odio, como recoge el Protocolo de Actuacion para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de Odio y Conductas que Vulneran las Normas Legales sobre Discriminación, aprobado por el ministerio del interior.
Queremos recordar que en los dos últimos años, el numero de delitos de odio, especialmente las agresiones a la diversidad sexual, no han hecho más que aumentar en España. Es necesario mejorar la implementación del protocolo y promover nuevas medidas contra las agresiones a la diversidad sexual, pero esta concesión a una Universidad con una ideología que no respeta dicha diversidad nos genera, como colectivo, gran inquietud, pues tememos que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lejos de avanzar para protegernos de los delitos de odio, sean formados en la creencia de que la homosexualidad no es tan legitima como la heterosexualidad, con las consecuencias que ello puede tener para nuestra seguridad.
Para Ignacio Paredero, Presidente de FECyLGTB+ “Una Universidad Católica no puede formar a la policía que nos protege a todos, incluso a los que dicha iglesia considera ilegítimos. Como colectivo LGTB+, que los policías que nos protegen reciban formación de una Universidad encabezada por quien nos considera ilegítimos, sencillamente, nos da miedo”.
Pepa Tascón, vicepresidenta de FECyLGTB+ ha afirmado que “España ya no es que sea aconfesional, es que es multicultural y está poblada por habitantes de diferentes religiones y creencias. Confiamos en que se inste a la Junta de Castilla y León a que la formación de nuestra Policía, la de todos, vuelva a la Universidad pública, neutral y aconfesional”.
Comentarios desactivados en El Ministerio del Interior adjudica la formación de los futuros policías nacionales a la Universidad Católica de Ávila
El Ministerio del Interior, en manos del ultraconservador Jorge Fernández Díaz, ha adjudicado el concurso de formación de la Escuela Nacional de Policía, el lugar en el que se forman como agentes de la Policía Nacional aquellas personas que han aprobado la correspondiente oposición, a la Universidad Católica de Ávila, un centro de ideario católico, en lugar de a la Universidad de Salamanca, que ejercía hasta ahora esa función. Una noticia altamente preocupante, también en clave LGTB.
La Universidad Católica de Ávila, según se define ella misma, “fue erigida por Decreto del Obispo de Ávila el 24 de agosto de 1996. Es una universidad de la Iglesia católica en España, canónicamente instituida a tenor del Artículo 3.1 de la constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae del 15 de agosto de 1990; y civilmente amparada por el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, de 3 de enero de 1979”.
Su “gran canciller” (cúspide de su organigrama de gobierno) es el obispo de Ávila, Jesús García Burillo. Un personaje, no está de más recordar, que criticó duramente al Tribunal Constitucional por su sentencia favorable a la ley que hizo posible en España el matrimonio entre personas del mismo sexo. En un escrito dirigido a los fieles, García Burillo calificó al 6 de nvoiembre de 2012, fecha elegida por el alto tribunal para hacer pública la sentencia, como “dies amara valde” (“día de gran amargura”, en latín). Según el gran canciller de la Universidad Católica de Salamanca, ese día “se asestó un golpe letal a la institución familiar en España y se puso en peligro la educación afectiva de nuestros jóvenes”. García Burillo también aseguró que con dicha sentencia el Estado español se otorgaba “un papel totalitario” [sic]. “Pero más grave aún, y lo que hiere el alma de los educadores de jóvenes, es que con esta medida la homosexualidad se presenta como una opción tan legítima como la heterosexual”, añadía en otro momento de la carta…
La “ideología de género”, equiparable al Estado Islámico
No es esta, de hecho, la primera vez que hacemos mención a la Universidad Católica de Ávila en esta página en el curso de pocos meses. El pasado mayo hacíamos referencia a una conferencia organizada por dicha institución, titulada “Teoría de género: sus repercusiones”, en la que el cardenal africano Robert Sarah, sucesor de Antonio Cañizares como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, equiparaba la “ideología de género” con el Estado Islámico (como por otra parte ya había hecho meses antes).
En la ciudad castellana, Sarah afirmó que “se ve claramente que hay un plan para destruir la familia y el matrimonio”, lo que supone “destruir la humanidad”. En este contexto, Según Sarah existen “dos fuerzas diabólicas: el ISIS o Estado Islámico y la teoría del género“. El Estado Islámico trata “a la mujer como una mercancía, una esclava“, y la teoría del género “niega la complementariedad entre el hombre y la mujer, entre lo masculino y lo femenino”. En aquel acto estuvo, acompañando a Sarah, la rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Sáez.
Malestar en la Universidad de Salamanca, protesta de PSOE y Podemos
La elección de la Universidad Católica de Ávila se ha justificado en el hecho de que este centro ha rebajado a la mitad el presupuesto de licitación, de 200.000 euros. Algo que ha causado malestar en la Universidad de Salamanca, cuyo rector, Daniel Hernández, se ha mostrado “dolido”, argumentando que una cuestión así no debe dirimirse solo por criterios economicistas. Los servicios jurídicos de la Universidad salmantina, de hecho, van a estudiar si la Universidad Católica de Ávila cumple los requisitos de profesorado exigidos. Se da la circunstancia además de que su profesorado, que tenía previsto seguir impartiendo la docencia a los futuros policías, había elaborado ya el programa para este curso.
En el plano político, tanto PSOE como Podemos han expresado su condena por la decisión y han pedido explicaciones. Para el PSOE, debe ser siempre una universidad pública la que se encargue de la formación universitaria de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Los socialistas han anunciado la presentación de iniciativas tanto en el Congreso como en las Cortes de Castilla y León oponiéndose a esta medida (la Universidad de Salamanca, no lo olvidemos, es un centro público dependiente de la Junta de Castilla y León). El grupo parlamentario de Podemos en las Cortes de Castilla y León, por su parte, ha solicitado la comparecencia del consejero de Educación de dicha comunidad, Fernando Rey, para que explique la posición de la Junta ante la decisión de Interior, y ha anunciado que su grupo registrará una Proposición No de Ley en la que reclamará a la Junta que inste al Gobierno de España a “evitar este atropello”.
Profundo desasosiego
Nuestra opinión como ciudadanos LGTB es clara: estamos ante una noticia muy grave. Saber que la formación jurídica (entre otras materias) de los futuros policías está en manos de una institución cuya máxima autoridad asegura que el Estado español se otorga “un papel totalitario” por aprobar una legislación que nos concede los mismos derechos nos produce un profundo desasosiego. Por muchas iniciativas de formación que luego se desarrollen para sensibilizar a aquellos para la LGTBfobia.
Comentarios desactivados en Un camerunés perseguido por homosexual recibirá asilo en España pese al rechazo del Ministerio del Interior que dirige el “católico” Fernández Díaz
La petición de asilo de Prosper K.T., un ciudadano camerunés perseguido en su país debido a su orientación sexual, ha tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo para que por fin sea admitida. El Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz a su frente, lo había denegado, alegando que sus razones eran “inverosímiles e insuficientes”. El Supremo no lo ve así. El ciudadano camerunés, Prosper K.T., había relatado en su demanda a su llegada al aeropuerto de Barajas que, al enterarse de su condición de homosexual, los jóvenes de su barrio en Camerún le dieron una paliza a él y a su novio en julio de 2014, a consecuencia de la cual este último habría muerto.
El Tribunal Supremo considera “veraz” su denuncia de ser perseguido en su país por homosexual y obligará al Ministerio de Interior a darle asilo a pesar de su negativa en 2014 al considerar que sus argumentos eran “inverosímiles e insuficientes”. El Tribunal Supremo ha ordenado al Ministerio del Interior que tramite el asilo a un camerunés que alegó ser perseguido en su país por homosexual, al entender que su relato es veraz y especialmente en un país que tipifica como delito esta inclinación sexual.
De esta manera, el alto tribunal ha revocado la denegación del asilo que se dio a este hombre en noviembre de 2014 por parte de Interior, que consideró que sus alegaciones sobre la persecución padecida en Camerún por su condición de homosexual eran “inverosímiles e insuficientes”.
En su demanda de asilo, Prosper relató que, tras enterarse de su orientación sexual, él y el que era su pareja en ese momento fueron víctima de una brutal paliza a manos de otros jóvenes de su barrio en julio de 2014. Su pareja murió, y él salvo la vida gracias a hacerse el muerto. Decidió huir del país, primero a Nigeria, luego a México y finalmente voló a España. Acabó pidiendo asilo en Barajas en noviembre de 2015. Camerún, conviene tenerlo en cuenta, es uno de los países de África que persigue la homosexualidad con más saña. Hemos hemos recogido numerosos ejemplos de ello a lo largo de los últimos años.
Él decidió huir, primero a Nigeria, luego a México y por último a España, donde reclamó asilo y protección internacional subsidiaria, que le fue denegada.
La petición de asilo de Prosper fue apoyada por ACNUR (el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), a pesar de lo cual fue denegada por el Ministerio del Interior, que consideró sus alegaciones eran “inverosímiles e insuficientes”. Una negativa que fue luego confirmada por la Audiencia Nacional, aunque, según el Supremo, ese tribunal resolvió “en términos genéricos” y no explicó por qué creía que los argumentos del camerunés eran incoherentes lo que obligó a Prosper a plantear finalmente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Ahora su Sala Tercera, en sentencia de la que ha sido ponente Eduardo Calvo Rojas. ha ordenado a Interior que admita la petición de asilo e inicie la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo.
El alto tribunal estima como dato incontrovertible que la legislación de Camerún tipifica como delito los actos homosexuales y que se trata, además, “de una conducta efectivamente reprimida en ese país”. Por otra parte, el Supremo considera que ni la sentencia de la Audiencia Nacional ni las resoluciones del Gobierno demuestran que el solicitante hubiera formulado alegaciones incoherentes. Por ello, y considerando además el informe favorable de ACNUR, determina que “no puede considerarse ajustada a derecho la decisión de denegación basada en la razón expresada en términos genéricos de que las alegaciones son inverosímiles e insuficientes”.
El asilo a las personas LGTB, asignatura pendiente
Lo comentábamos hace apenas un mes, al hacernos eco del artículo que sobre la materia publicó Desalambre: las dificultades que tienen los demandantes de asilo en España por motivo de orientación sexual y/o identidad de género son ingentes, y aunque no existe datos oficiales (Interior no los desglosa en función de las razones alegadas), según denuncian ACNUR y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en un alto porcentaje de los casos las demandas por esta causa son rechazadas.
Las razones son diversas, aunque destaca, muy en especial, lo que podría denominarse el “criterio de la discreción”, según el cual si en su país, pese a estar las personas LGTB perseguidas por la ley, la vida de una persona no parece correr peligro si es capaz de sobrellevar “de forma discreta” su orientación sexual y/o identidad de género, el asilo no debe ser la opción elegida.
Afortunadamente no ha sido el caso de Prosper, que deseamos pueda emprender una vida digna en España.
La violación de los derechos humanos del colectivo LGTB es una triste y reiterada realidad en Camerún, que parece desconocer el catoliquísimo Mnistro del Interior de españa, sí, ese al que pretendían enviarle al Vaticano como embajador…,una situación de la que han alertado las ONG,s. En los últimos años, hemos conocido numerosas historias de amenazas, ataques, encarcelamientos y asesinatos de personas debido a su orientación homosexual. En una carta abierta al presidente Paul Biya, la organización Human Rights Watch (HRW) denunciaba en 2013 los oídos sordos que hacen las autoridades al acoso al que son sometidos los abogados que defienden a las personas acusadas bajo la ley contra la sodomía vigente en el país africano. Cabe señalar que la profundidad de la homofobia en Camerún no solo afecta a la administración, sino que está instalada en todas las capas de la sociedad. En septiembre de 2014, por ejemplo, un activista LGTB se veía obligado a abandonar su domicilio por las amenazas de muerte de sus vecinos.
También son interesantes la serie de 5 vídeos realizados por Quijada Producciones, que llevan por título “Homosexuales en Camerún: gentes como tú y yo”, breves reportajes que recogen testimonios de personas LGTB perseguidas por su orientación sexual en el país africano. Son pequeños reportajes que recogen cinco testimonios personales. Su objetivo es doble: por un lado, denunciar internacionalmente la situación de hostigamiento que sufren las personas homosexuales en Camerún; por otro, darles visibilidad dentro de su propio país. Ya os hemos presentado tres: el primero recoge la historia de Roger, condenado a tres años de cárcel por declarar su amor por SMS a otro hombre. El segundo vídeo nos presenta a Pascaline, violada cuando era solo una adolescente, madre de dos hijas y repudiada por su familia por ser lesbiana. El tercero recoge la historia de Esther, pareja de Pascaline, junto a la que en febrero de 2011 fue detenida (su caso está pediente de un tribunal de apelación).
A continuación podéis ver el testimonio de Marc Lambert, en francés con subtítulos en castellano:
Comentarios desactivados en El Vaticano no quiere a Fernández Díaz como embajador ante la Santa Sede
El Gobierno está sondeando la posibilidad de mandar al ministro a Roma
Sectores cristianos critican sus políticas contra los refugiados y las vallas de Ceuta y Melilla
(Jesús Bastante).- Es uno de los políticos más alabados por los sectores ultracatólicos en España. Miembro del Opus Dei, reconocido católico de misa diaria (hasta asegura tener un ángel de la guardia, Marcelo, que le ayuda a tomar decisiones y a aparcar), Jorge Fernández Díaz aspira a llegar al Vaticano y a hacerlo por la puerta grande: como embajador de España ante la Santa Sede.
El actual Ministro de Interior en funciones jamás ha escondido su condición de católico ni miembro del Opus Dei, uno de los grupos más ultraconservadores. Como tal, Fernández Díaz mantiene unas excelentes relaciones con el actual Nuncio (embajador) en España, Renzo Fratini, y con los cardenales Rouco Varela y Cañizares. Desde hace algunos años, además, es un asiduo en las principales ceremonias católicas dentro y fuera de nuestro país.
Así, se pudo ver a Fernández Díaz asistiendo, como un fiel más, a la beatificación de Álvaro del Portillo, sucesor de Escrivá de Balaguer al frente del Opus. Fernández Díaz también ha representado al Gobierno en algunas canonizaciones y al nombramiento de Ricardo Blázquez, actual presidente de la Conferencia Episcopal, como cardenal.
El Ejecutivo sondea al Vaticano
El destino de Fernández Díaz es uno de los desafíos que habrá de afrontar Mariano Rajoy en el hipotético caso de que se le permita formar gobierno. Paralelamente a meter su nombre en la tríada de posibles presidentes del Congreso, desde hace semanas miembros del Ejecutivo están sondeando al Vaticano la posibilidad de que el Ministro de Interior sea el representante de España ante el Papa, según confirman fuentes tanto de la Santa Sede como de la Iglesia española. Sobre el papel, la trayectoria de Fernández Díaz no admitiría dudas para el Vaticano… antes de que llegara el Papa Francisco.
Según confirman fuentes eclesiásticas, el Papa Francisco “preferiría” no tener que encontrarse en la tesitura de otorgar el correspondiente plácet a Fernández Díaz como embajador. Desde el Vaticano se recuerda que, a diferencia de otros pontífices, Francisco “está muy informado” de lo que sucede en el mundo, y no únicamente por los “cauces oficiales” (Nunciatura, Conferencia Episcopal, embajador o Gobierno), sino que Bergoglio tiene “sus propios contactos”.
Roma plantea un “silencio administrativo”
Entre ellos, varios eclesiásticos y responsables de acción social y caritativa de la Iglesia, que han hecho llegar al Vaticano sus serias dudas sobre la conveniencia de que Fernández Díaz represente a España. Aunque la Santa Sede no suele inmiscuirse en este tipo de nombramientos, y el procedimiento normal es el de aceptar el plácet (y más en el caso de nuestro país, el primero con el que los Estados pontificios tuvieron relaciones diplomáticas), en este caso Francisco podría actuar como en el reciente caso de la embajada de Francia. Entonces, el Gobierno de Hollande presentó a Laurent Stefanini, abiertamente gay. Roma no negó el plácet, pero sí lo demoró en una suerte de “silencio administrativo” que obligó al ejecutivo francés a presentar, un año después, otro candidato, al que la Santa Sede recibió de inmediato.
Fuentes consultadas resaltan que el Papa conoce las críticas que sectores católicos han hecho de las políticas de Interior respecto a la acogida de inmigrantes y refugiados, con especial relevancia a la situación en las vallas de Ceuta y Melilla o los centros de internamiento de extranjeros. Otras voces, como las del arzobispo de Tánger, Santiago Agrelo, o la dominica sor Lucía Caram, han sido más claras y han mostrado su rotunda negativa a las políticas llevadas a cabo por Fernández Díaz.
La oposición al nombramiento es especialmente cruda en Catalunya, donde colectivos cristianos, agrupados en torno a Esglèsia Plural, han lanzado una campaña de recogida de firmas para evitar que Fernández Diaz llegue a la Embajada. Según la asociación “si se llega a materializar sería uno de los golpes más duros en las últimas décadas para la Iglesia catalana y también para el proceso que el país ha emprendido hacia su autodeterminación que culminará, muy probablemente, con la creación de un nuevo Estado“. Los impulsores de la campaña tildan a Fernández Díaz de ser “un ultracatólico confeso” que “pondrá al servicio de la derrota del Papa sus habilidades como conspirador”.
Sea como fuere, lo cierto es que en Roma se admite que la candidatura de Fernández Díaz podría presentarse de inmediato, siempre y cuando Rajoy supere la investidura y vuelva a convertirse en presidente del Gobierno. Uno de sus primeros cambios será Fernández Díaz, cuya actuación al frente de Interior ha estado marcada por la polémica. Cuentan que todos los caminos conducen a Roma. El del todavía Ministro de Interior, tal vez, no culmine en la Ciudad Eterna.
Comentarios desactivados en Informe anual sobre derechos LGTB en Europa: Malta encabeza la clasificación, con España ascendiendo hasta la 5ª posición
Como ya es habitual en estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es también lo acostumbrado, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. En este año, encabeza la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, pero que, sin embargo, aún mantiene una legislación distinta e inferior para las parejas del mismo sexo. También es de señalar la bajada en la clasificación del Reino Unido, que la encabezaba en los años anteriores y ahora desciende al tercer puesto. España sube uno respecto al año anterior, hasta alcanzar la quinta posición.
Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertad de asociación (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial.
Malta encabeza este año la clasificación, sin duda debido a la aprobación de una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues es la única que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. Malta ha aprobado asimismo una ley que prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. Sin embargo, en materia de igualdad y familia, Malta sigue estableciendo diferencias entre las parejas del mismo o distinto sexo, pues solo estas últimas pueden contraer matrimonio, dejando para las parejas del mismo sexo la posibilidad de las uniones civiles, una legislación de inferior rango para un mismo hecho.
El Reino Unido baja dos posiciones respecto a la clasificación obtenida desde el año 2011, en que comenzó a encabezar el listado. Bélgica, por su parte, conserva su segunda posición. España alcanza la quinta, subiendo un puesto respecto al año pasado. A destacar también el descenso de países como Holanda y Noruega, que el pasado año empataban con España, y, sobre todo, el de Suecia, que desciende desde la cuarta plaza hasta la duodécima.
Aunque el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA, no deja de sorprender que la discriminación expresa y constitucional del colectivo LGTBI no reste puntuación, como en el caso de Croacia, que supera a las mencionadas Holanda, Noruega o Suecia cuando su población, mediante referéndum, corroboró en 2013 una reforma constitucional para prohibir el matrimonio igualitario.
La situación en España
La puntuación alcanzada por España se ve mermada debido, sobre todo, a la falta de disposiciones de rango constitucional que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También se señala que España carece de instituciones de ámbito nacional que se ocupen de vigilar y arbitrar los supuestos de discriminación de las personas LGTBI. Otra de las carencias es que las legislaciones que protegen contra la discriminación en el trabajo y el acceso a los servicios de las personas LGTBI son únicamente de ámbito territorial (autonómico o municipal). Por ello, el objetivo en el apartado de la igualdad y no discriminación solo alcanza el 35 %. La falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales, ocasionan que ese apartado solo se sitúe en el 59 % de logros. Sin embargo, sí consigue un 100 % en lo que respecta a la familia (matrimonio igualitario y adopción) y las libertades de reunión, asociación y expresión.
Entre los acontecimientos que han tenido lugar en el pasado 2015, ILGA destaca el fallecimiento de Pedro Zerolo y la dedicatoria de una plaza en su memoria en Madrid. También se hace eco de la controversia con la circular interna del Metro de Madrid, luego anulada, que instaba a sus interventores a estrechar la vigilancia en determinadas estaciones y trayectos de personas identificadas como gais. Sin abandonar la capital, da cuenta de que, por primera vez, la bandera arcoíris adornó el edificio del Ayuntamiento durante las fiestas del Orgullo.
Aun así, ILGA sigue destacando que la aceptación social de la homosexualidad en España continúa siendo muy alta, situándose muy por encima de la media europea. Es más, según los informes a disposición de la organización, España se situaría a la cabeza mundial a ese respecto.
Clasificación en años anteriores
En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.
Comentarios desactivados en HazteOír lanza una homófoba campaña contra VIPS por su anuncio en el que aparece una pareja gay
“HazteOir” lanza una campaña homófoba contra VIPs por incluir en su publicidad a una pareja gay
Presiona a la cadena de restauración para que “incluya y reconozca a la familia natural”
“Se está normalizando una imagen de la familia que no es natural”, aseguran
El lobby ultracatólico está dirigido por Ignacio Arsuaga, sobrino de Rodrigo Rato y uno de los supuestos líderes de “El Yunque”
“Que el 2×1 no te pille sin pareja”. Este es el lema de una campaña de la cadena de restaurantes VIPs, en el que el grupo incluye una imagen de dos hombres y un perro. La imagen, aparentemente una más de las muchas que a diario aparecen en los medios, ha levantado las iras de los movimientos más rancios y conservadores de este país, capitaneados -una vez más- por el lobby ultracatólico “HazteOir”, que ha lanzado una campaña de firmas en la que presiona al grupo no sólo para que retire la publicidad, sino para que “incluya y reconozca a la familia natural” en sus estrategias de márketing.
Como decimos, la imagen de esta pareja gay utilizada en un anuncio promocional de la cadena de restaurantes VIPS ha provocado la indignación de una parte del sector más reaccionario de la sociedad española, que volvió a aprovechar la ocasión para defender su modelo excluyente de familia. “Cada vez son más las empresas que en sus campañas publicitarias desdibujan y excluyen, cada vez más a la familia natural, la compuesta por padre, madre e hijos”, aseguraba el promotor de la homófoba campaña de recogida de firmas canalizada a través de la plataforma HazteOír.
Todo empezó cuando hace unos días la conocida cadena de restaurantes, perteneciente al Grupo VIPS, decidió incluir la imagen de una pareja gay en su campaña de 2×1 en cenas. Un gesto con el que la empresa hostelera contribuye positivamente a la visibilización y normalización de la realidad LGTB.
Sin embargo, esta ‘anécdota’ no ha pasado desapercibida para la organización ultraconservadora y abiertamente homófoba, HazteOír, que en su día logró ser declarada asociación de utilidad pública de la mano del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Un usuario de esta plataforma, que no da tregua en su particular cruzada contra el colectivo LGTB, decidió iniciar una campaña de recogida de firmas para pedir la retirada de lo que para él constituye un “enorme peligro”.
Ignacio Arsuaga
De momento, la iniciativa cuenta ya con 10.200 firmas. “El jueves pasado fui a comer a VIPS. Y me encontré con un mantel individual con una imagen que me llamó mucho la atención […] Lo que podría parecer una campaña publicitaria inofensiva, me hizo darme cuenta de un enorme peligro: se está normalizando una imagen de la familia que no es natural.Y lo que es peor: VIPS, un grupo que rige establecimientos familiares, se está prestando para este juego”, asegura el denunciante.
Además, el autor de la denuncia aprovecha su escrito para negar la diversidad y apelar a la existencia de un único modelo de familia: el tradicional, compuesto por un hombre y una mujer. Así, señala que, aunque “entiendo la libertad de la empresa de hacer la publicidad que quiera”, no entiende que “si la mayoría de sus clientes son familias, VIPS decida excluirlas e ignorarlas”.
En resumen, al denunciante le preocupa que el modelo de familia tradicional pueda estar en peligro con campañas publicitarias como esta. “Estas imágenes, y otras parecidas, están por todos lados. En la calle, en los restaurantes del grupo y en las redes sociales. Y niños y jóvenes las están viendo. Niños y jóvenes que podrían ser tus hijos, tus sobrinos o tus nietos. Niños y jóvenes que están siendo confundidos […] Yo pensé en mis hijos y me preocupó mucho pensar que estaban siendo bombardeados con esta imagen. Pensé en las veces que vamos a un VIPS a merendar y en todas las familias veo allí, y que sé que suelen frecuentar sus establecimientos”, apostilla.
El debate se trasladó también a las redes sociales. Así, la activista Carla Antonelli, a la que dosmanzanas entrevistó recientemente, felicitó, a través de Twitter, a la cadena VIPS por su inclusiva iniciativa. Por su parte, la propia empresa, a través de su perfil en la red social, respondió con contundencia a la pregunta de un tuitero acerca de si cedería ante la homofobia de Hazteoír: “Respetar a las personas valorando su diversidad es el primer principio de la misión corporativa de Grupo VIPS. Esta filosofía rige y ha regido siempre el día a día de nuestro negocio. Gracias Alber“.
HazteOir fue fundado y es dirigido por Ignacio Arsuaga, un conocido militante de grupos provida, sobrino de Rodrigo Rato y al que distintos informes relacionan como uno de los líderes de “El Yunque“, una organización secreta de presión homófoba y ultracatólica, que ha generado alerta incluso entre los propios obispos. Algunos de ellos, como los de Toledo o Getafe, han prohibido a HazteOir participar en actividades diocesanas o utilizar parroquias o centros de la Iglesia mientras no abandonen este tipo de activisto secreto.
Arsuaga, además, es uno de los responsables de las manifestaciones convocadas durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para oponerse a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, la reforma de la ley del aborto o la implantación de Educación para la Ciudadanía. Su deriva les ha llevado a calificar de “contrarias a la familia” las políticas del Gobierno presidido por Mariano Rajoy, llegando a pedir a sus fieles que no votasen al PP en las pasadas elecciones generales.
Con estos antecedentes, no es de extrañar que en la campaña de recogida de firmas, HazteOir niegue la diversidad existente en nuestro país, y reivindique la existencia de un único modelo de familia: el compuesto por un hombre y una mujer, abierto a la vida y casados por la Iglesia. “No entiendo que si la mayoría de sus clientes son familias, VIPS decida excluirlas e ignorarlas”, señala el autor de la iniciativa, quien va más allá y asegura que este tipo de imágenes pueden poner en peligro a la institución familiar.
“Estas imágenes, y otras parecidas, están por todos lados. En la calle, en los restaurantes del grupo y en las redes sociales. Y niños y jóvenes las están viendo. Niños y jóvenes que podrían ser tus hijos, tus sobrinos o tus nietos. Niños y jóvenes que están siendo confundidos […] Yo pensé en mis hijos y me preocupó mucho pensar que estaban siendo bombardeados con esta imagen. Pensé en las veces que vamos a un VIPS a merendar y en todas las familias veo allí, y que sé que suelen frecuentar sus establecimientos”, culmina la homófoba recogida de firmas.
Desde luego, el promotor de esta ridícula campaña tiene nuestro desprecio más absoluto, a la vez que felicitamos y aplaudimos la valentía de VIPS por su iniciativa, y por la manera en que gestos como este contribuyen a normalizar una realidad social.
Esta es la petición que se está lanzando a través de su web:
Incluyan a la familia natural en su publicidad
Estimado Sr. Plácido Arango,
Me dirijo a Ud. en su condición de Presidente del Grupo VIPS.
El motivo de mi mensaje, es para expresarle mi molestia y preocupación por su más reciente campaña “Que el 2×1 no te pille sin pareja”. El motivo de mi agravio, es que a pesar que sus establecimientos tienen como clientela principal a familias, esta campaña publicitaria propaga una imagen que normaliza a la familia no natural.
Se olvida por completo de la familia natural y muestra una imagen que confunde a los niños y adolescentes que también acuden a sus establecimientos.
Es por eso que le pido que por favor, en esta y en las próximas campañas publicitarias, se incluya y se reconozca a la familia natural.
Espero que atienda mi reclamo, ya que las familias componemos parte importante de su clientela. De no hacerlo, mi familia y yo dejaremos de acudir a sus establecimientos y me encargaré de informar a mis familiares y amigos sobre este hecho.
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Nuevos Miembros
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Por favor, no lo olvidéis, ni tampoco indicar vuestros motivos en las solicitudes de incorporación.
20 años de lobby ultra a lomos de particulares 
Liderados por Ignacio Arsuaga (sobrino de Rodrigo Rato), la organización –actualmente subsumida dentro de la plataforma europea CitizenGo– logró aglutinar a buena parte del catolicismo más radical, convirtiéndose en un aparato de propaganda de las ideas más ultraconservadoras a lo largo de estas dos últimas décadas. Una función que, en los últimos tiempos, ha querido retomar la asociación Abogados Cristianos.
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