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Las mentiras para ser invitado al World Pride, otra vez en evidencia: el PP quiere mantener la patologización de las identidades trans en la reforma de la ley de identidad de género

Martes, 20 de noviembre de 2018

dkfvag5xkaan7i0Lo adelantábamos el pasado día 14 y lo destacaba hace unos días eldiario.es, y en efecto lo hemos podido comprobar leyendo las propuestas de enmienda del Partido Popular a la proposición de ley de reforma de la ley de identidad de género. Los populares, contrarios ahora al principio de despatologización de la transexualidad, piden que se mantenga la necesidad de un «diagnóstico» para que las personas trans puedan modificar sus datos registrales. Un paso atrás respecto a lo que el propio PP se comprometió en su momento, cuando, en un documento que se ha revelado como una de las mayores mentiras de los diputados populares Javier Maroto y Andrea Levy, que llegaron a estampar su firma en él, los conservadores aseguraron estar de acuerdo con suprimir la patologización de las identidades trans.

Como sabemos, en este momento se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores (sin necesidad de intervención judicial salvo oposición expresa de uno o ambos progenitores o representantes legales). Quedaría así actualizada la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como «ley de identidad de género». La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero de este año cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance. La proposición permanece sin embargo atascada en el marasmo parlamentario, a la espera de que se vote una serie de enmiendas publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes con fecha 21 de marzo.

Una de estas enmiendas, del PP, propone mantener la patologización de la transexualidad que contempla la legislación vigente. Los populares proponen para ello la siguiente redacción del artículo 4 (requisitos para acordar la rectificación):

  1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona solicitante acredite que le ha sido diagnosticada disforia de género.
  2. La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en España, y que deberá hacer referencia:
    • A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia.
    • A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior.

El PP justifica la enmienda como una «mejora técnica», argumentando que «la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares».

La propuesta del PP supone, en definitiva, mantener la patologización de las identidades trans y que España continúe alejándose de los puestos de cabeza en materia de derechos LGTB. Hay que recordar, en este sentido, que son ya bastantes los países que han adelantado a España en este aspecto, entre ellos varios de nuestro entorno como PortugalGrecia, BélgicaIrlanda, DinamarcaMalta  o Noruega. En España, por el contrario, mientras la Ley 3/2007 no sea actualizada sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes.

Las mentiras de Maroto y Levy

maroto-en-el-orgullo-300x169Más allá de esto, cabe destacar que el PP ha dado aquí un giro de 180 grados sobre su compromiso de junio de 2017, cuando las principales fuerzas políticas acordaron con la FELGTB permitir la aprobación de una ley LGTBI cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español», así como «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional». El primero de estos puntos ya resultó incumplido en septiembre, cuando los populares se abstuvieron de votar la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Pero es ahora cuando de forma más clara se visualiza el incumplimiento: podría argumentarse que en aquel momento la abstención no suponía necesariamente una oposición frontal, pero la propuesta popular en un aspecto tan concreto y específico como es el de exigir un «diagnóstico» a las personas trans no admite dudas.

pp_derechos_lgtbiEn este caso, además, no podemos responsabilizar al nuevo presidente popular, Pablo Casado, entre cuyos apoyos para hacerse con el liderazgo del PP se encontraba por ejemplo la organización ultraconservadora HazteOír. Fue la anterior dirección la responsable de las propuestas de enmienda. A quién sí debemos recordar, para mal, es a Javier Maroto y Andrea Levy (dos de los fieles a Casado, por cierto) que para estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid (que ese año coincidía con la celebración del World Pride) no dudaron en mentir y estampar su firma en un documento en el que aseguraban que su partido se comprometía a «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans», así como estar de acuerdo con los mensajes de las pancartas de cabecera, una de las cuales rezaba «Despatologización Trans ¡Ya!». Un documento que la FELGTB divulgó en su momento:

Nada sorprendente, por cierto, viniendo de Javier Maroto, un político abiertamente gay pero que en el pasado no ha dudado en mentir para blanquear las posiciones de su partido en materia de derechos LGTB.

UPN, socio de los populares, también en contra de la despatologización

No podemos finalizar esta entrada sin reseñar que el PP no es la la única fuerza política que se opone a despatologización de las identidades trans. Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, fuerza política que acudió junto al PP a las elecciones generales, han propuesta una enmienda en el mismo sentido. UPN, de hecho, propone mantener la ley como está, incluyendo las limitaciones a menores de edad y personas extranjeras.

Fuente Dosmanzanas

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La Mesa del Congreso permite por fin el avance de las futuras leyes de igualdad LGTBI y de reforma de la ley de identidad de género

Jueves, 1 de marzo de 2018

Congreso de los Diputados cercaLa Mesa del Congreso de los Diputados ha desbloqueado por fin dos importantes proposiciones de ley en materia de derechos LGTB: la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI (propuesta por la FELGTB y presentada formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) y la de reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como “ley de identidad de género” (propuesta por el PSOE). La decisión de Ciudadanos de marcar una ruptura parlamentaria selectiva con el PP (partido con el que tiene un acuerdo de legislatura y junto al que dispone de mayoría en la Mesa del Congreso) ha resultado clave.

La proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI fue registrada el pasado mes de mayo, tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP en la manifestación del Orgullo 2017, y que los populares han roto de forma descarada.

Desde entonces la Mesa del Congreso ha decidido una docena de veces ampliar el plazo de presentación de enmiendas, generando una situación de bloqueo que se ha prolongado varios meses. El PP decidía finalmente presentar una enmienda a la totalidad y proponía como alternativa una ley “florero”, consistente en una mera declaración de intenciones sin medidas efectivas ni capítulo sancionador. El pasado día 22 el pleno del Congreso rechazaba la enmienda popular por 207 votos contra 131. Se abría entonces un nuevo plazo de enmiendas al articulado que finalizaba este martes y que la Mesa del Congreso ya no ha prolongado. La proposición queda por fin lista para su discusión.

Por lo que se refiere a la proposición socialista sobre identidad de género, que elimina la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP.

Posteriormente, y de la misma forma que describíamos antes, la Mesa del Congreso ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso). Hasta este martes, cuando se ponía fin a este periodo sin que se haya presentado ninguna enmienda a la totalidad, abriéndose ahora el plazo de enmiendas al articulado que finaliza el 6 de marzo. Un plazo que en buena lógica no debería ampliarse más, dado que se trata de una proposición de ley más sencilla que la anterior. Así lo destacaba en Twitter Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid y que lleva más de un año batallando por la aprobación de esta reforma:

En definitiva, después de meses de espera ambas proposiciones de ley encaran su recta final. Las dos iniciativas consiguen por fin zafarse del bloqueo legislativo que sufre el Congreso, facilitado por la composición de la Mesa: tras el pacto alcanzado en julio de 2016 entre PP y Ciudadanos, este órgano, que controla de facto el ritmo legislativo de la Cámara, cuenta con tres representantes del PP (entre ellos la presidenta), dos de Ciudadanos (entre ellos el vicepresidente primero), dos socialistas y dos del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Un reparto para el que curiosamente PP y Ciudadanos contaron con el apoyo de varios votos nacionalistas.

En definitiva, ante la negativa del PP a permitir que se discutan numerosas iniciativas de la oposición, es Ciudadanos quien tiene la llave. La decisión de los de Albert Rivera de marcar en este momento distancias con el PP, permitiendo el desbloqueo de varias proposiciones (como por ejemplo la de la reforma de la conocida como “ley mordaza”) ha sido clave.

Seguiremos con atención la próxima evolución de ambas iniciativas (que por cierto no deben confundirse con otra proposición más reciente, la de ley integral de transexualidad registrada la pasada semana por Unidos Podemos, y de la que hablaremos en una próxima entrada).

Fuente Dosmanzanas

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Javier Maroto vuelve a mentir para blanquear a su partido: el recurso del PP contra el matrimonio igualitario no se refería solo “al nombre”… mientras el Consejo de Europa lo pone como ejemplo de político xenófobo.

Jueves, 1 de marzo de 2018

3916069_640pxEn una entrevista publicada por La Otra Crónica, Javier Maroto asegura que en el Partido Popular hay muchos gais y lesbianas porque lo de ser LGTB+ y de izquierdas es “un cliché”.

Afirma que si no fuera por el PP no habría tantos avances en materia de igualdad LGTB+, aunque en realidad el PP siempre ha estado en contra de esos avances.

Javier Maroto: “Si todos los gais fueran de izquierdas no habría ni matrimonio igualitario”

El PP de Javier Maroto y Andrea Levy mantiene la “Utilidad Pública” de Hazte Oír

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Gravísimo: El Consejo de Europa pone a Albiol y Maroto como ejemplos de políticos xenófobos

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“Es tan bueno que me ha enseñado a no mentir”, asegura Javier Maroto en una entrevista a la sección “La Otra Crónica” de El Mundo. Se refiere a su marido, con el que contrajo matrimonio en 2015. Y es que actual vicesecretario de Acción Sectorial del Partido Popular es desde hace años, ya cuando era alcalde de Vitoria, un político gay visible, aspecto que siempre hemos alabado en esta página. Ahora bien, Maroto se equivoca en una cosa: su marido no le ha enseñado “a no mentir”. Porque el diputado popular es un mentiroso redomado, y lo vuelve a demostrar, una vez más, en la mencionada entrevista.

Preguntado sobre la posición de su partido sobre el matrimonio igualitario, (“su partido barajó quitar la ley”, le comenta el periodista), Maroto responde: “No. Mira, esa es una historia que nosotros mismos no hemos comunicado bien. El Partido Popular llevaba en el programa de Aznar la ley de parejas de hecho y el matrimonio civil que estaba operativo en Francia. El mismo. Ganó las elecciones Zapatero e implementó el matrimonio igualitario, que yo siempre he defendido antes y después. El Partido Popular, de forma errónea, en mi opinión, interpuso un recurso al Tribunal Constitucional porque no creía que debería compartir el nombre con el sacramento católico, la palabra ‘matrimonio’”.

“¿Qué opina usted?”, le pregunta el periodista. “Yo lo llamo matrimonio porque se llama matrimonio. Pero el PP dijo que no nos gustaba el nombre y lo recurrimos. Creo que fue una decisión equivocada. En todo caso, lo más importante que se dijo es: ‘A pesar de tener mayoría absoluta y podemos cambiarlo, respetaremos lo que diga el Tribunal Constitucional’. El Tribunal Constitucional dijo que matrimonio es la palabra adecuada y el PP de Mariano Rajoy dijo que ese derecho se queda con ese nombre, teniendo mayoría absoluta”, responde Maroto.

Cómo se consiguió el matrimonio gay

Sí, así de grande lo ponemos porque, como dicen en Estoy Bailando, si Maroto se leyera este artículo de El País que repasa la historia que llevó a la aprobación del matrimonio igualitario en España vería que el contrato de unión civil aprobado en 1999 en Francia se consideraba un avance, sí, pero también “un matrimonio de segunda“. “Así que si vas a defender ahora que recurrir el matrimonio en España “porque (el PP) creía que no debía compartir el nombre con el sacramento católico” (lo que te parece una “chorrada” porque “las cosas se llaman como se llaman en la calle“) fue un error, no le eches flores a Aznar cuando sabes perfectamente que lo que proponía tu partido en esa época era una mierda pinchada en un palo.”

En dosmanzanas lo hemos dicho por activa y por pasiva cada vez que Maroto ha repetido esta misma mentira. En 2015 fue en la cadena COPE, poco antes de su boda. Luego en la cadena SER. Y probablemente en más lugares. Es radicalmente falso que el recurso de inconstitucionalidad del PP contra el matrimonio igualitario fue una mera cuestión nominalista. El recurso, por ejemplo, también buscaba despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el “cuarto motivo de inconstitucionalidad” defendido por su partido, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos por anteponer “la legitimación u homologación de las relaciones homosexuales al interés del menor”.

_levymaroto_8d31d105El PP también defendía en su recurso que “no existe una garantía mínima de certeza, en el ámbito de la comunidad científica, sobre la conveniencia del adoptado de vivir en el seno de una pareja homosexual”. El recurso llegaba a hacer una alambicada argumentación para asegurar que la adopción homoparental era inconstitucional porque (reproducimos literalmente) “el art. 39.2 CE también contempla la protección de las madres, protección que beneficia a la familia. En el caso de la adopción conjunta por una pareja homosexual dicha protección deviene imposible puesto que o bien nos encontramos con dos madres, o bien con ninguna. Ello, además de repercutir necesariamente sobre los hijos adoptados, supondría una discriminación de las familias por razón de sexo prohibida por la Constitución”.

Solamente este hecho, incontestable, nos faculta para llamar una vez más mentiroso a Maroto. Y mentiroso a sabiendas (en la mencionada entrevista a la cadena SER el político vasco presumió precisamente de “saber lo que decía el recurso”). La defensa del argumento nominalista, en cualquier caso, no se sostiene. La Ley 13/2005 por la que se modificó el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio no fue una ley de “matrimonio homosexual” que otorgara a las uniones del mismo sexo derechos similares a los del matrimonio y el mismo nombre, sino que abrió el matrimonio, que de forma expresa es un derecho constitucional en sí mismo, a las parejas del mismo sexo. La modificación legal fundamental consistió solo en añadir 18 palabras al artículo 44 del Código Civil, que quedó así: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. Resultaba por tanto imposible hacer la misma ley sin llamar a las parejas del mismo sexo matrimonio, dado que el cambio legal consistió precisamente en reconocer el derecho constitucional al matrimonio a las parejas del mismo sexo.

pp_derechos_lgtbiAl respecto del carácter mentiroso de Javier Maroto, y aunque este aspecto no se mencione en la entrevista, no podemos dejar de mencionar el hecho de que el político popular no tuviera el menor pudor en estampar su firma en el documento de compromiso con la FELGTB que permitió al propio Maroto y a Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que ese año coincidía con la celebración del World Pride. Un compromiso que después su partido ha incumplido de forma flagrante.

Si todos los gais fueran de Izquierda Unida no hubiésemos avanzado

La entrevista de Maroto en El Mundo está plagada de otras muchos insultos a la inteligencia de los lectores, como su aseveración de que “si todos los gais estuvieran en Izquierda Unida, no hubiésemos avanzado en este país como se está haciendo” (cuando Izquierda Unida es una de las formaciones políticas que de forma más clara ha apoyado el avance de derechos en materia LGTB) o su defensa de las políticas de Alberto Núñez Feijoo en Galicia, comunidad donde el PP aprovechó su mayoría absoluta para aprobar una ley LGTB desprovista de capítulo sancionador y que en la práctica es poco más que una mera declaración de buenas intenciones.

La última de las afirmaciones de Maroto a la nos referiremos es la que asegura que “No hay más que mirar las nuevas juventudes del PP. Si es que hay muchísimos gais y lesbianas en el PP. Es un partido atractivo para ellos”. En este punto no tenemos por qué presuponer que miente. Es más, posiblemente dice la verdad: hay muchos gais en el PP. Y también lesbianas. Un buen ejemplo es el de Miriam Blasco, la hipócrita deportista que siendo senadora popular votó en 2005 contra la ley de matrimonio igualitario… de la que después hizo uso en su vida privada.

Otra cosa es la opinión que nos merezcan, especialmente si como Maroto insisten en falsear el pasado para blanquear a su partido y hacer olvidar lo mucho que costó conquistar los derechos que ahora disfrutamos. También ellos.

Y continúa certeramente EstoyBailando: “No te casaste gracias a Aznar. Ni gracias al PP. Te casaste gracias a los partidos de izquierda que se atrevieron a hacer lo que ni tú ni los tuyos habéis hecho nunca: tratarnos con igualdad. Y te lo digo porque a lo mejor se te ha olvidado, queridísimo Javier, que hace unos días presentasteis una propuesta de “Ley LGTBI” que era un insulto. Porque en vuestro afán de distanciaros de cualquier cosa que huela a izquierda habéis tenido la poca vergüenza de pretender que se apruebe un texto que dice defender al colectivo LGTBI a la vez que defendéis “terapias de conversión”.

“Qué pena que aún creas que puedes tomarnos el pelo. Porque entonces sabrías que a la pregunta: “¿Cree que podría haber en España un presidente del Gobierno homosexual”?, la respuesta no es un “Tiene que ser buen presidente, qué más da con quién se acueste“. Eso, Javier, es un cliché. Lo que define al colectivo LGTB+ no es únicamente con quién nos acostamos, es también cómo nos desarrollamos en una sociedad que nos discrimina y en la que hemos de luchar con uñas y dientes para tener los mismos derechos que el resto de la sociedad. Algo que a ti, evidentemente, no te pasa.

Porque a mí sí me importa con quién se acuesta un político. Esto no es una cuestión de programas electorales… es una cuestión de orgullo y dignidad. Y sé que, por ejemplo, un presidente gay del gobierno (si tiene la dignidad que a ti te falta), se atreverá a hacer lo que otros políticos cobardes no se atreven: luchar por la igualdad.

Aplícate el cuento.

P.D.: No quiero irme sin hablarte de otro cliché. Aunque éste es real: la homofobia en tu partido. Tienes una pequeña recopilación aquí…”

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando

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El Partido Popular consuma su incumplimiento de respetar la Proposición de Ley de Igualdad LGTBI

Jueves, 15 de febrero de 2018

_levymaroto_8d31d105Andrea Levy y Javier Maroto… memoria de pez

FELGTB: “El Partido Popular nos ha tomado el pelo”

Anteayer registró una enmienda a la totalidad en el Congreso de los Diputados 

¿#YoSoyGayYdelPP?

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), autora del texto original de la Proposición de Ley de Igualdad LGTBI y principal impulsora de su aprobación, expresa su más enérgica repulsa a lo que, en palabras de Jesús Generelo, su presidente, considera “la consumación de la mayor traición hacia el colectivo LGTB por parte del Partido Popular desde el recurso al Tribunal Constitucional del matrimonio igualitario”.

El Grupo Parlamentario Popular registró ayer en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad al texto aceptado a trámite el 19 de septiembre de 2017 y que solo contó con el voto en contra de dos diputados. Con esta acción culmina el incumplimiento de su compromiso con FELGTB, ya anunciado durante la toma en consideración de la proposición. El Partido Popular se comprometió con FELGTB mediante la firma de un acuerdo el 26 de junio de 2017 a respaldar la tramitación de la Ley de Igualdad LGTBI, que le fue entregada y presentada el 28 de septiembre de 2016. El fruto de ese acuerdo llevó a que FELGTB invitara por primera vez en la historia a la pancarta de cabecera de la manifestación estatal del Orgullo LGTBI al Partido Popular, en una fecha especialmente señalada porque, este año se celebraba además por vez primera en España el Orgullo Mundial (WorldPride Madrid).

FELGTB ha analizado detalladamente la enmienda a la totalidad y la considera “una absoluta tomadura de pelo”. Según Generelo, “el PP ha improvisado un texto carente de contenido, elaborado a espaldas del colectivo directamente afectado, e incluso incoherente con lo que este partido apoya en lo relativo a leyes de protección hacia las personas LGTBI en Andalucía o Extremadura. Nuestra propuesta original, que fue respaldada por la mayoría del Congreso de los Diputados en su aceptación a trámite, es un texto complejo, trabajado durante años y con 99 artículos. El PP presenta ahora una ficción de enmienda de 33 artículos que produce sonrojo”.

La enmienda a la totalidad del Partido Popular excluye asuntos clave de la Proposición de Ley de Igualdad LGTBI elaborada por FELGTB, como la despatologización de la transexualidad, las mejoras en los derechos de filiación o la formación en diversidad. Además, excluye lo relativo a sanciones, un aspecto fundamental para acabar con la discriminación y los delitos de odio.

“A pesar de que sabíamos del pasado de ofensas al colectivo LGTB por parte del PP, le dimos, con gran generosidad, la oportunidad de sumarse a la lucha por la Igualdad porque deseábamos sumar todos los colores políticos a la defensa de los derechos humanos de las personas LGTBI. Por ello, creíamos en su compromiso con la esperanza de que sería lo mejor para garantizar unos derechos fundamentales a un colectivo históricamente discriminado. Ahora nos encontramos con la consumación de un desprecio mayúsculo: el Partido Popular vuelve a renegar de los principios que defendimos, y que defendieron, en la manifestación del WorldPride. El colectivo LGTBI sabrá tomar buena nota de cara al futuro”, ha manifestado Jesús Generelo.

Andrea Levy y Maroto. MARCHA LGTBI. Orgullo Andrea Levy y Maroto. MARCHA LGTBI. Orgullo

En el citado texto, Javier Maroto, vicepresidente Nacional de Política Social y Sectorial del Partido Popular, se comprometía con FELGTB en nombre de su partido a «apoyar la tramitación de la proposición de “Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”, registrada en el Congreso de los Diputados el 4 de mayo de 2017, y asumir un compromiso firme para que el texto aprobado por el Parlamento sea, en términos generales, lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español».

El Partido Popular no solo no ha respetado el compromiso firmado sino que ha llevado a cabo la redacción de la enmienda a la totalidad completamente de espaldas a las organizaciones representantes del colectivo LGTB, en una nueva muestra de desprecio por el trabajo de los colectivos sociales. El Congreso de los Diputados votará la próxima semana si a partir de ahora el texto sobre el que se realizarán las enmiendas al articulado será la propuesta original o la enmienda a la totalidad.

Una ley con un respaldo social incontestable

Además del apoyo recibido por todo el arco parlamentario –con excepción de PP y UPN- en la votación de paso a trámite, la proposición de ley cuenta con un amplísimo respaldo social. FELGTB, la mayor organización LGTB española −compuesta por 44 entidades de todo el país− y una de las mayores de Europa, hizo público el pasado 24 de enero un texto suscrito por 26 organizaciones y sindicatos en el que se pide, entre otros aspectos, «a las diputadas y los diputados del Congreso que, durante el actual proceso de tramitación, hagan enmiendas que busquen mejorar el articulado, pero respetando al máximo la esencia del texto […] ya que es el que emana de los colectivos directamente afectados».

El texto está firmado por Amnistía Internacional, Comisiones Obreras (CCOO), la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederación Estatal de Personas Sordas CNSE), la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA), la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), la Confederación Intersindical, el Consejo de la Juventud de España (CJE), la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), la Fundación Cepaim, la Fundación ONCE, la Fundación Secretariado Gitano, Mensajeros de la Paz, Movimiento Contra la Intolerancia, Movimiento por la Paz (MPDL), la Plataforma de Organizaciones de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado, Plena inclusión, RAIS, Red Acoge, Save the Children, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol).

Fuente Nota de Prensa de la FELGTB

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España se compromete a defender al colectivo LGTB desde su nuevo puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Miércoles, 6 de diciembre de 2017

ONU-GAYA partir del próximo 1 de enero, España se incorpora como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ya lo fue, anteriormente, entre 2010 y 2013). La lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género figura entre las líneas prioritarias de la acción española, que materializará desde dos dimensiones: la bilateral y la multilateral. Además, “España va a seguir apoyando la labor del experto independiente en Naciones Unidas”, explica Marta Méndez, responsable del área de lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Por otra parte, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), el Observatorio contra la LGTBfobia, el PSOE y Podemos afean al PP que apoye políticas igualitarias en el exterior, pero vote en contra de ellas en el Congreso y en el Senado de España.

Coincidiendo con la entrada de España en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Escuela Diplomática está acogiendo esta semana la undécima edición del Seminario de Derechos Humanos. En él se están explicando los ejes de la acción española en materia de derechos humanos, entre los que figura la lucha contra la LGTBfobia en el terreno internacional. Otras cuestiones prioritarias para España son implementar la agenda “Mujer, Paz y Seguridad”, la discapacidad, el acceso al agua potable y saneamiento o el binomio de empresas y derechos humanos.

Respecto a la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación explicita que “España va a seguir apoyando la labor del experto independiente en Naciones Unidas”. Desde la citada oficina se refieren al cargo de experto de Naciones Unidas contra la violencia y la discriminación a las personas LGTB, que el tailandés Vitit Muntarbhorn fue el primero en ocupar en 2016 y que ha quedado vacante por el momento, tras su renuncia por motivos de salud y familiares (efectiva desde el pasado 31 de octubre).

Aunque España no ha abordado por el momento acciones concretas para combatir la LGTBfobia por países, la delegación española anuncia que realizará preguntas y recomendaciones, en este sentido, en los llamados “Exámenes Periódicos Universales” a los que se someten los distintos estados en las Naciones Unidas. Sin embargo, incluso con las observaciones de países como España, los estados no están obligados a acatar dichas recomendaciones, que quedan supeditadas a la voluntariedad y la buena fe que se les presupone a los gobernantes.

El “doble rasero” del PP en política exterior e interior

Existe un amplio consenso político (igual que en el terreno asociativo y social), sobre el hecho de que España participe en la lucha internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas. Distintos asistentes del Seminario de Derechos Humanos (entre los que había periodistas, estudiantes de Derecho o futuros diplomáticos, entre otros) han agradecido que la Escuela Diplomática dedicara una jornada a tratar la LGTBfobia, acercando a la sociedad española los problemas del colectivo a nivel internacional.

No obstante, según denuncia el activismo LGTB, un tema aparte es el “doble rasero” del Partido Popular como formación que apoya al Gobierno. Para Jesús Generelo, presidente de la FELGTB, “efectivamente, la lucha contra la LGTBfobia en el mundo tiene que ser una prioridad”, ya que “en algunos países y regiones está aumentando de manera alarmante”. Pero Generelo sostiene que, “aunque sobre el papel es bastante positiva la política exterior de España”, en las políticas estatales “el PP de boquilla es una cosa y en la realidad otra”.

Generelo se refiere, entre otras cuestiones, al voto negativo que el PP ha emitido este jueves en el Congreso de los Diputados a la reforma de la ley de identidad de género que despatologiza la transexualidad (por el rechazo de este partido a facilitar que los menores trans vean reconocida legalmente su identidad). En la misma línea que Generelo se expresa Carla Antonelli, activista trans y diputada socialista en la Asamblea de Madrid. “Están vendiendo unos valores y unas políticas en el exterior que, en cambio, no son capaces de cumplir y respetar en su país”, denuncia Antonelli, recordando la oposición del PP a la ley que permite el acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo de 2005, a la ley trans de 2007 y a su reforma, contra la que acaba de votar. Antonelli ha calificado esta doble postura del PP de “fariseísmo y cinismo en estado puro”.

Asimismo, Beatriz Gimeno, quien fue presidenta de la FELGTB entre 2003 y 2007 y actualmente es diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, considera que la discrepancia entre política interior y exterior del PP en materia LGTB es “una burla” y “una muestra de su hipocresía”. Gimeno alude al compromiso de “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, que el PP firmó como requisito para que Javier Maroto y Andrea Levy estuvieran presentes, en representación del PP por primera vez en la historia, en la manifestación del Orgullo 2017 de Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

La diputada madrileña de Podemos también ha resaltado que “aunque España es un buen país en la aceptación social a los derechos del colectivo LGTB, con el PP y sus políticas hemos retrocedido del primero al noveno puesto en la clasificación mundial”. Por todo ello, Gimeno concluye que las acciones comparadas del PP dentro y fuera de España son “un sinsentido”. Por su parte, el director del Observatorio Español contra la LGTBfobia, Paco Ramírez, cree que es “lamentable e incomprensible” la doblez en política interior y exterior del PP en materia LGTB y no se explica cómo este partido “ha apoyado leyes a nivel autonómico que rechaza en el marco estatal, como la reforma de la ley trans”.

Rosa María Candela, subdirectora general para la Igualdad de Trato y no Discriminación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha dejado meridianamente claro que los funcionarios de las distintas administraciones trabajan con el marco jurídico vigente en cada momento, al margen de la formación política del Gobierno de España. En este sentido, y sin hacer valoraciones sobre la posición de ningún partido, ha reconocido que “la política sigue un paso por detrás de la realidad social” en el ámbito LGTB. También son independientes del Gobierno los expertos españoles en distintos órganos de derechos humanos, como por ejemplo Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (que es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia).

La doble vulnerabilidad de los refugiados LGTB

España ocupa un estándar alto en la firma de los llamados tratados internacionales de derechos humanos esenciales de Naciones Unidas, aunque tiene retos importantes pendientes como el apoyo a la convención sobre derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias. Los países se clasifican entre los potencialmente emisores y los receptores. España, considerado un estado receptor, sigue resistiéndose a rubricar dicha convención.

“No está habiendo una buena actitud por parte del Gobierno del PP en la respuesta a solicitudes de asilo en España”, explica Jesús Generelo, en calidad de presidente de la FELGTB. Del mismo modo, el director del Observatorio Español contra la LGTBIfobia, Paco Ramírez, califica esa actitud de “poco generosa”, ya que “la tramitación es demasiado larga y en ocasiones se exige una documentación que para alguien que huye de otro país es difícil de aportar inmediatamente”.

La propia vulnerabilidad a la que ya de por sí se enfrentan los refugiados que demandan asilo en países como España, se multiplica en los casos en los que los solicitantes son personas que llegan como consecuencia de la persecución LGTBfóbica sufrida en sus países de origen.

“Un refugiado no es una persona que llega para quitarte la casa o el empleo

Miguel Edu Nchama es fundador y actual presidente de la organización LGTBI Gays Africans Emigration, así como refugiado en España. Nchama argumenta, igual que defiende su entidad, que “nuestro objetivo es buscar y encontrar un mejor refugio en los países democráticos en los que podamos vivir y expresarnos libremente, donde los derechos humanos son respetados”. Añade que “las personas LGTBI no tenemos el poder de defender nuestros derechos en nuestros países de origen” puesto que, al hacerlo, “somos víctimas de maltrato, discriminación, persecuciones, rechazo familiar y social, pena de cárcel e incluso, en algunos países, la pena de muerte”.

Tiene 33 años y es nacido en Guinea Ecuatorial, aunque durante unos años se refugió en Gabón, donde tuvo que ocultar su orientación sexual. Miguel Edu Nchama llegó a España en 2014, lo que “me abrió un nuevo mundo de posibilidades de desarrollo en el campo del activismo, más especialmente centrado en la defensa de los derechos LGTBI”. Concedido el asilo casi tres años después de iniciar la petición “he podido comprobar en primera persona las tremendas dificultades a las que se enfrenta cualquier africano o africana que llega a Europa y lo solicita”.

“Nadie elige ser refugiado, igual que no elige su raza, dónde tiene que nacer o quien tiene que ser su padre y su madre”, dice el joven activista africano. Sin embargo, quiere trasladar a la opinión pública que “un refugiado no es una persona que llega para quitarte la casa o el empleo, solo queremos una sonrisa”.

El padre de Nchama murió en la guerra a los tres meses de nacer y su madre lo abandonó. Desde entonces se ha tenido que enfrentar a la discriminación y a la persecución por ser gay y ha sido obligado a presenciar escenas espantosas como la violación de su hermana por parte de su propio tío. En conclusión, valora que “la sociedad española todavía no se ha planteado en su conjunto cómo va a incluir a los refugiados LGTBI”.

“Tengo que llevar un documento con nombre masculino”

Sara Splaz, activista trans brasileña que espera la respuesta de asilo por parte del Estado español, es otro ejemplo de la doble vulnerabilidad a la que se enfrentan los refugiados LGTB. “Las personas trans refugiadas ni siquiera tenemos los mismos derechos en España que las personas trans nacidas aquí”. Splatz se lamenta porque “tengo que llevar un documento con nombre masculino que no refleja mi identidad de género”, lo que le ocasiona una serie de situaciones discriminatorias.

Sirva de ejemplo que, como ya le ha ocurrido, al ser registrada por la policía no se ha respetado su derecho a que el operativo estuviera a cargo de agentes femeninas. “En su documentación pone ‘hombre’”, fue la respuesta que recibió por parte de la Policía, a la que, más que mala fe, atribuye que “desconocen nuestros problemas”.

“Somos víctimas de la misoginia, porque nos ven como hombres que quieren renunciar al mayor don que tenemos según ellos: la masculinidad”, agrega Splaz.

Su historia es desgarradora. En su ciudad de Brasil, camino al supermercado, mientras caminaba por la acera de enfrente de una iglesia evangélica, un fanático le empezó a gritar que era una “abominación”, mientras aludía continuamente a la Biblia. Instantes después se vio corriendo de una turba que la perseguía insultándola y amenazándola. Cuando se detuvo, exhausta de correr, fue brutalmente agredida por una treintena de personas en un callejón. Recibió puñaladas, golpes e incluso dos disparos. Pasó tres horas tirada en la calle sin recibir ayuda.

Sobrevivió, pero tardó más de un año en recuperarse. Al tratar de denunciar los hechos, la propia policía brasileña le recomendó que no lo hiciera, sin tomarse en serio lo que le había ocurrido, según denuncia. Aunque la homofobia está reconocida como un delito de odio imputable, no ocurre lo mismo con la transfobia en Brasil (es el país con más delitos tránsfobos registrados de todo el mundo). En la comisaría le hicieron ver que, al ser una agresión en grupo en la que no podría identificar a todos los implicados, en caso de haber algún condenado seguramente lo sería por menos de tres años, por lo que no llegaría a entrar en prisión y solo la pondría en un peligro mayor. Tampoco parecía una opción viable denunciar a la iglesia, porque podía alegar que “esas personas no tienen nada que ver con nosotros”.

Sara Splaz se encuentra en la llamada “fase de integración” del proceso de asilo de España. Retrata algunos problemas de discriminación que ya ha sufrido en España. En la búsqueda de alquiler de vivienda, por ejemplo, le han cerrado muchas puertas al conocerla en persona, cuando manifiesta que había total disposición telefónica previa. “Ya está alquilado”, le repiten continuamente. “En España hay discriminación ‘amistosa’. En Brasil te pegan un tiro. Aquí solo te cierran las puertas”.

Fuente Dosmanzanas

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El Congreso aprueba reformar la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad con la oposición del PP

Sábado, 2 de diciembre de 2017

transflagEl Partido Popular es el único partido que vota en contra (¡SORPRESA!) de la propuesta del PSOE para actualizar la Ley Trans de 2007.

Las nuevas medidas buscan despatologizar la transexualidad y reconocer la autodeterminación de género de todas las personas mayores de 16 años.

El PSOE presentaba el 3 de marzo una Proposición de Ley con el objetivo de reformar la Ley 3/2007, mediante la que se regula la rectificación del género en el Registro Civil con el objetivo de incluir tres modificaciones sustanciales que se han estado debatiendo desde este martes, 28 de noviembre. Con el apoyo de Unidos Podemos, Ciudadanos y los grupos nacionalistas, salvo un voto de UPN y Foro Asturias, que han votado en contra, como también ha hecho en bloque el PP, este jueves, 30 de noviembre, se aprobaba la reforma con 203 votos a favor y 130 en contra.

En febrero de 2017 te contábamos que la diputada del PSOE, Dolores Galovart, presentó en el Congreso una iniciativa para actualizar la Ley Trans aprobada en 2007. Entre las medidas que proponía actualizar el PSOE estaba una importantísima: la despatologización de la transexualidad. ¿Cómo? Pues muy fácil: eliminando la necesidad de que existiera un diagnóstico de “disforia de género” para poder cambiar tu nombre y sexo en el registro. Y no solo eso, tampoco haría falta acreditar haberse sometido a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo (ni cirugías ni terapias hormonales ni nada) para poder hacer ese cambio. Reconociendo así el derecho a la autodeterminación del género. Otras cosa importante que proponía esa actualización era que las personas mayores de 16 años pudieran solicitar ese cambio ellos mismos y, en el caso de los menores, deberían hacerlo sus padres o tutores legales. Si había disconformidad el menor podría presentar una solicitud en el Ministerio Fiscal para que un juez decidiera teniendo siempre en cuenta el interés del menor.También podrían solicitarla las personas extranjeras cuya residencia legal esté en España para así actualizar su tarjeta de residencia y sus permisos de trabajo y que quedara reflejada su verdadera identidad.

Bueno, pues esta propuesta llegó el pasado jueves al Congreso y su toma en consideración ha sido aprobada con una inmensa mayoría de votos. 200, ahí es nada.

Nueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la toma en consideración de la proposición de ley que actualiza la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas).

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

congreso_diputados-300x156-1La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

compromiso-javier-maroto-300x142Tras el debate de este martes, 28 de noviembre, la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

ACTUALIZACIÓN (sábado, 02 de Diciembre)

No ha habido sorpresas tras la votación, que había sido pospuesta hasta este jueves. Tal y como estaba previsto, el grupo popular, además de un diputado de Unión del Pueblo Navarro y otro de Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el PP en las últimas elecciones) se han opuesto a la toma en consideración de la proposición de ley, que pese a todo ha sido aprobada por 200 votos a favor y 128 en contra:

«Hoy escribimos un nuevo capítulo en la historia de los derechos de las personas transexuales», declara María Dolores Galovart, que había defendido la Propuesta de Ley este martes. Tres son los principales cambios que establece esta reforma:

1. A partir de los 16 años de edad, las personas transexuales podrán presentar la solicitud del cambio de nombre y género ellos mismos a través del Ministerio Fiscal, de forma que un juez resolvería el procedimiento «teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor», en el caso que uno de sus padres o ambos no hubieran dado su consentimiento, siendo ellos quienes podrían solicitarlo para los menores de 16 años.

2. La autodeterminación personal se convierte en el único requisito para demostrar la identidad sexual, sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos que indiquen que padecen disforia de género en lo que constituye la despatologización definitiva de la transexualidad al dejar de ser considerados «enfermos».

3. Las personas transexuales extranjeras que tengan el permiso de residencia también podrán modificar su nombre y género, tanto en el permiso de residencia como en el de trabajo, con sólo solicitarlo.

«Con esta reforma se supera una legislación que consideraba la transexualidad como un trastorno mental, al exigir para el cambio de género informes médicos sobre la existencia de una distrofia de género, además de los tratamientos médicos para llevar a cabo este proceso biológicamente (…). Un instrumento útil y necesario para mejorar la vida y hacer más felices a las personas transexuales », señala Galovart durante el debate de la reforma.

«Debemos superar una sociedad heteronormativa y binaria para poder ser libres de ser quienes somos independientemente del sexo que se nos asignó al nacer», declara Teresa Jordà, diputada de ERC, quienes junto a Unidos Podemos, consideran la reforma insuficiente y reclaman la puesta en marcha de una ley integral que luche contra la transfobia y aborde las necesidades de las personas transexuales en aspectos como la educación y los ámbitos laborales y sanitarios.

La excusa del PP para no apoyar esta reforma es que no podían hacerlo «tal y como está planteada» al no plantear seguridad jurídica a las personas menores de edad, según su punto de vista, así como consideran de más que los extranjeros puedan cambiar el género en su documentación española.

Efectivamente, como recuerdan en EstoyBailando, la gaviota ataca de nuevo.

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Sí, Y es que… después de esto,  algunos pensaban que era imposible que el PP votara en contra de esta propuesta.

Será que España no es el “mundo”. O que era mentira. Pero no, seguro que no era mentira. No era un paripé. No se la colaron a FELGTB y COGAM. Seguro segurísimo que Andrea Levy y Maroto fueron porque de verdad creían en lo que ponía la pancarta. O a lo mejor es que no la leyeron.

Sea como sea, lo han hecho. Después de llevar la pancarta pidiendo que se reconocieran los derechos LGTBI en el mundo… han votado en contra de los derechos LGTBI en el Congreso. La T, Andrea Levy es de TRANS; que a lo mejor te dormiste el día que explicaban eso y por eso os habéis liado.

Y, como siempre, se han inventado una excusa maravillosa. Porque otra cosa, pero excusas tienen para dar y regalar. Esta vez dicen que votan en contra porque la nueva iniciativa no garantiza la seguridad jurídica de los menores y creen que no debería incluir a los extranjeros.

Que es gracioso, Javier Maroto, porque lo de los extranjeros ya sabemos que no os gusta. Tú mismo ya has dejado claro que a xenófobo no te gana nadie (bueno sí, Albiol). Pero que ahora os preocupen los menores cuando no movisteis undedo para parar las campañas tránsfobas de Hazte Oír que negaban la existencia de menores trans…

Pues aunque todos los grupos de la oposición han votado a favor de la toma en consideración de esta reforma, desde Unidos Podemos y Esquerra Republicana han reclamado además que se ponga en marcha de una vez una ley estatal integral de transexualidad como las que ya se han aprobado en diferentes parlamentos autonómicos. Con esas leyes se asegura, además de que las personas trans ven reconocida su igualdad y sus derechos, la lucha contra la transfobia por medio de protocolos y medidas concretas aplicadas tanto en el ámbito educativo como en el laboral como en el sanitario.

***

No obstante, conviene precisar que el éxito de esta votación en el Congreso no supone que la proposición de ley haya quedado definitivamente aprobada. Ahora comienza una andadura que la llevará, entre otros trámites, al Senado, cámara en la que el PP dispone de mayoría absoluta. Si los populares mantienen su negativa, el Senado rechazará la reforma, lo que obligará al Congreso a levantar el veto. Un largo camino al que por desgracia el colectivo LGTB ya está acostumbrado: ya sucedió con la ley de matrimonio igualitario en 2005, a la que el PP también se opuso.


Esta entrada fue publicada originalmente el 28 de noviembre, fecha en la que se debatió la toma en consideración. El 02 de Diciembre se ha procedido a su actualización, incluyendo el resultado final de la votación.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando/Universogay

 

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El Congreso aprobará esta semana la reforma de la ley de identidad de género que despatologiza la transexualidad

Jueves, 30 de noviembre de 2017

transflagNueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la proposición de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta, que se votará el jueves, lo que asegura su aprobación. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas). 

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

congreso_diputados-300x156-1La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

compromiso-javier-maroto-300x142A la espera de la votación del jueves, tras el debate de este martes la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Si se confirma que el jueves el PP no vota a favor, será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

Fuente Dosmanzanas

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El Congreso admite a trámite la ley de Igualdad LGTBI con la oposición del PP

Jueves, 21 de septiembre de 2017

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Retorno al pasado: el PP opta por dar satisfacción a su base más conservadora e incumple su compromiso de apoyar la ley de igualdad LGTBI

El Congreso de los Diputados admite a trámite la Ley de Igualdad LGTBI presentada por FELGTB y Unidos Podemos que busca conseguir la igualdad real entre el colectivo LGTBI.

El Partido Popular, que se comprometió a aprobar esta norma a cambio de ir en la cabecera de la manifestación del World Pride, se abstiene aclarando que está totalmente en contra de la ley y presentará una enmienda a la totalidad.

El Congreso de los Diputados aprobó este martes, por 200 votos a favor, 2 en contra y 124 abstenciones, la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. El Partido Popular, faltando a la palabra dada en vísperas de la celebración del World Pride 2017, ha decidido abstenerse. No seremos nosotros los sorprendidos: la defensa de los derechos LGTB nunca ha formado parte del ideario real de ese partido, que en repetidas ocasiones en las que ha tenido oportunidad de mejorarlos ha optado por oponerse e inclinar la balanza hacia su base más conservadora. Lo más preocupante, en cualquier caso, es el tono tránsfobo que el PP y algunos medios afines abrazaron en esta primera jornada parlamentaria del proyecto, siguiendo la línea marcada por HazteOír y los grupos más ultraconservadores. El proyecto, con modificaciones, será seguramente aprobado, y eso será una buena noticia. Lo sucedido ayer, sin embargo, vuelve a poner en evidencia que el principal partido político de este país, incluso en sus momentos de supuesta mayor apertura, sigue carcomido por los prejuicios.

Un poco de historia

c-_kczfxyaatv0aEl pasado 4 de mayo, pocos días después de que la FELGTB celebrase su 25º aniversario, esta organización conseguía ver registrada en el Congreso una propuesta de ley “contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”, o más brevemente, de igualdad LGTBI. Lo hacía tras más de un año de trabajo en su elaboración. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque el proyecto contaba con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. Solo el PP, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el propio PP en las últimas elecciones) no expresaron entonces su apoyo al proyecto.

La alegría duraba poco. Apenas unos días después, el proyecto se había convertido en la “ley mordaza de Podemos” y recibía críticas tanto desde la derecha mediática (previsible) como de una parte del ámbito progresista. En este último caso, las críticas se centraban en el capítulo sancionador, al considerar que la propuesta, tal y como estaba redactada, suponía otorgar a la administración una capacidad sancionadora excesiva, que esta podría usar discrecionalmente sin tutela judicial (más allá de que cualquier decisión administrativa pueda ser finalmente recurrida ante los tribunales) y cuya constitucionalidad podría ser dudosa. No han faltado voces progresistas, de hecho, que han argumentado que el castigo contra las conductas discriminatorias por razón de orientación sexual o identidad de género debe reservarse a los jueces y ser contemplado, en todo caso, como parte del derecho penal.

No esta de más recordar, en este punto, que han sido ya aprobadas varias leyes autonómicas de protección de las personas LGTBI con capítulo sancionador (algunas de ellas incluso con el apoyo del PP, como la extremeña o la madrileña). Y que la aplicación del Código Penal en caso de delitos de odio por orientación sexual o identidad de género por parte de los jueces españoles deja mucho que desear, pese a que estos delitos ya están tipificados y hay arsenal legal más que suficiente para ello. En cualquier caso, muchas de las críticas recibidas parecían razonables, y de hecho, el propio Podemos se vio obligado a explicar que el texto presentado por su grupo era el propuesto por la FELGTB y que ellos mismos eran partidarios de enmendarlo. En cualquier caso, el daño mediático y de imagen estaba hecho. El silencio de aquellos días de otras formaciones que apoyaban el proyecto, como PSOE o Ciudadanos, tampoco ayudó a mitigarlo, dicho sea de paso.

Las líneas generales del proyecto 

El proyecto, más allá de su capítulo sancionador, es muy ambicioso, y contempla numerosas medida en los ámbitos de la salud, educativo y laboral, así como en el ámbito familiar, de la infancia y de la juventud. Contempla, por ejemplo, el derecho de todas las mujeres a acceder a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad publica, con independencia de su orientación sexual o de estatus marital, así como la garantía de atención sanitaria sin discriminación a las personas trans, que deberá regirse además por el principio básico de la autodeterminación de género. La documentación administrativa y los formularios médicos deberán adecuarse a la heterogeneidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI. El proyecto también incluye medidas específicas de apoyo y protección a las víctimas tanto de discriminación como de delitos de odio y de violencia intragénero.

Otro aspecto importante que contempla el proyecto es la constitución de varios órganos para garantizar su cumplimiento. Entre ellos, una Agencia Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género independiente del Gobierno, encargada de evaluar la implantación de la norma, y una Comisión Interministerial de Políticas LGTBI, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se creará también un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.

Habrá que ver, en cualquier caso, qué queda de todo ello al final de la tramitación parlamentaria.

La discusión en el pleno

maroto-en-el-orgullo-300x169Este martes 19 de septiembre, y después de tanto la mesa del Congreso como el Gobierno facilitasen los correspondientes trámites, llegaba el turno de que el pleno del Congreso debatiese por primera vez la propuesta y votase su toma en consideración. Algunos esperaban que la decisión fuese unánime, dado que el PP se sumó en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”, así como de “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

El propio Javier Maroto estampó su firma en el documento, que la propia FELGTB divulgaba ayer en Twitter:

Sin embargo, el PP ha preferido evitar el consenso y ha decidido abstenerse. Una postura al fin y al cabo coherente con la trayectoria de este partido tanto en las Cortes Generales (donde se opuso tanto a la aprobación del matrimonio igualitario como de la ley de identidad de género) como ante el Tribunal Constitucional, órgano en el que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Una postura, por otra parte, que le reconcilia con su base más ultra, la que forma su núcleo incombustible de votantes y la que, aunque ha perdido en tiempos recientes a muchos de sus referentes en la dirección del partido, sigue teniendo gran influencia en sus decisiones. De ahí que no nos haya resultado especialmente sorprendente. Como tampoco nos sorprende la hipocresía que supone, a estas alturas, defender que en lugar del proyecto presentado por la FELGTB es preferible una “ley general antidiscriminación”, cuando en su momento el PP articuló una feroz oposición a esa misma propuesta cuando la presentó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La diputada del PP Marta González ha dicho que su grupo considera el texto de la ley como “chapucero” y ha dicho que su grupo se opone rotundamente pero se han abstenido porque su intención es presentar una enmienda a la totalidad para presentar su propio proyecto de Ley Antidiscriminación. Eso es una cosa muy del Partido Popular, que pide por ejemplo que se cambie el nombre de una Plaza de la Diversidad por el de la Plaza de la Igualdad porque lo de “diversidad” les parece excluyente. O que se cuelga la medalla de aprobar la Ley LGTBI de la Comunida de Madrid cuando años antes votó en contra porque la presentó el PSM. Porque como ya han demostrado en infinidad de ocasiones la estrategia del PP frente a la LGTBfobia pasa por restarle importancia y decir que lo que hay que hacer es luchar contra toda la discriminación, así en general: una forma muy bonita de decir que en realidad no hay que hacer nada.

Algo más sorprendente (y más preocupante) nos parece el tono con el que la diputada popular Marta González se opuso en su intervención ante el pleno a que los menores trans puedan ver reconocido su derecho a la autodeterminación de género. González, por ejemplo, ha decidido tergiversar la propuesta de ley todo lo que ha podido para demonizar (por ejemplo) el apartado en el que se habla sobre los menores trans. Porque sabe perfectamente que la única forma de justificar su negativa a apoyar este proyecto de ley es, precisamente, tergiversarlo. Así, por ejemplo, ha llegado a inventarse que los niños podrán pedir hormonas sin consentimiento paterno:

El proyecto de ley, en línea con las legislaciones más actualizadas en la materia, prevé que a partir de los 16 años de edad los menores trans ya puedan prestar por sí mismos el consentimiento informado para acceder a la reasignación sexual quirúrgica, mientras que a partir de la pubertad podrán prestarlo para acceder a los bloqueadores hormonales y al tratamiento hormonal cruzado. Algo que los populares encuentran ahora inadmisible y que vuelve a reflejar la ignorancia existente sobre el daño tan profundo que puede hacer a las personas trans que así lo deciden no poder iniciar su proceso de reasignación a tiempo de evitar el desarrollo de características físicas indeseadas. Curiosamente, el diario El Mundo, uno de los diversos periódicos afines al PP que hoy día se puede encontrar en los quioscos, decidía escoger este enfoque para ilustrar en la portada de su edición digital la toma en consideración de la propuesta con un titular (“Podemos impulsa dejar al libre albedrío de los menores que cambien de sexo”) que hubiese firmado la propia HazteOír:

captura-el-mundoUna organización, HazteOír, que aprovechaba la discusión y su reciente victoria en los tribunales madrileños para organizar su enésima pantomima (representando esta vez a personas ataviadas como si fuesen presos de Guantánamo) y presentar la nueva versión del “autobús del odio”, ya desprovista, eso sí, de mensajes tránsfobos explícitos, y centrada en atacar a “Podemos y su ley mordaza LGTBI” y sus supuestos efectos perniciosos sobre los niños. Por cierto que el que fuera ministro del Interior y aún diputado del PP, Jorge Fernández Díaz (precisamente la persona que otorgó a HazteOír el estatus de entidad de utilidad pública) ni siquiera quiso disimular y votó “no”, saltándose la disciplina de su partido. El otro voto negativo de la tarde fue el del diputado de UPN,  Salvador Armendáriz, según el cual el proyecto busca imponer “la ideología de género” como modelo de educación “sin respetar el derecho de los padres”.

Por lo demás, no hubo sopresas. PSOE y Ciudadanos votaron a favor, aunque ambos anunciaron enmiendas destinadas a subsanar las a su juicio “deficiencias” del texto. Como ya explicamos nosotros en su momento, como ya explicó la FELGTB en su momento y como todo el mundo había explicado ya a gente que se quejaba mucho, una vez aprobado el trámite de la ley se espera que entre todas las fuerzas políticas se hagan cambios en el texto. Como ha explicado la diputada socialista María Dolores Galovart, hay que conseguir un texto “más cohesionado, más coherente y más ajustado a derecho” pero para eso hacía falta este “punto de partida” que requiere “mejoras técnico jurídicas“.El apoyo de estas dos formaciones garantiza que el texto, con modificaciones, será aprobado, y anula los efectos de un eventual veto del PP en el Senado, al reunir junto con el grupo proponente mayoría absoluta. También votaron a favor los partidos nacionalistas catalanes y vascos. El resultado, el ya mencionado al inicio:

Estaremos atentos, por supuesto, a cómo evoluciona la tramitación parlamentaria del texto. En cualquier caso, las impresiones que han dejado este primer día quedan muy lejanas de las que vivimos el pasado 1 de julio en las calles de Madrid. El PP vuelve a ser el mismo partido que ha sido siempre en materia LGTB. Es de agradecer, de todas formas, la claridad.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando

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Respaldo “absoluto” de partidos políticos en la manifestación del World Pride en Madrid… Y la Falange inunda las calles de carteles y pegatinas LGTBfóbicas…

Sábado, 1 de julio de 2017

orgullo_madrid_copyActualizado: 01/07/2017 a las 11:42

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El lema de la cabecera será ‘Por los derechos LGTBI en todo el mundo’ y habrá una segunda pancarta con la proclama ‘Despatologización Trans ¡Ya!’.

Por primera vez, el Partido Popular estará en la cabecera, representado por Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP. 

La manifestación del WorldPride tendrá lugar el 1 de julio en Madrid. Dará comienzo a las 17.00 horas y transcurrirá desde Atocha hasta Colón. La pancarta de cabecera, que partirá concretamente del Paseo del Prado (a la altura del Jardín Botánico, frente al CaixaForum Madrid), llevará por lema ‘Por los derechos LGTBI en todo el mundo’, y, dada la gran afluencia de representantes del ámbito político, sindical y social que se esperan, habrá una segunda pancarta de cabecera con el lema ‘Despatologización Trans ¡Ya!’.

Está previsto que el último grupo a pie salga de Atocha a las 19.30 horas. Inmediatamente después, la policía desplegará las vallas para que las carrozas empiecen a salir, previsiblemente sobre las 20.15 horas. Se prevé que la última carroza llegue a Colón sobre las 1.00 horas. El discurso de la alcaldesa de Madrid, el representante de la Comunidad de Madrid y las personas representantes de los colectivos tendrá lugar en el escenario de Colón a partir de las 19.30 o 20.00 horas. También se dará lectura al manifiesto, que se realizará entre diferentes personas LGTB.

La manifestación del Orgullo LGTBI tiene carácter local y estatal. COGAM es la organización responsable de la invitación de los representantes de ámbito local y autonómico, mientras que FELGTB se encarga de los representantes de ámbito estatal. En esta ocasión y por primera vez en España, la manifestación también tendrá carácter mundial, hecho que llevará a contar con personalidades de varios países e instituciones internacionales.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), como organización convocante junto con COGAM de la manifestación del Orgullo LGTB de Madrid, ha invitado a la cabecera de la manifestación del Orgullo Mundial a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones de ámbito estatal, da a conocer las personas que estarán mañana en la pancarta de cabecera. Encabezando la manifestación estarán Jesús Generelo, presidente de FELGTB; Jesús Grande, presidente de COGAM; y Juan Carlos Alonso, coordinador general del WorldPride Madrid.

 Por primera vez, el Partido Popular estará en la cabecera, representado por Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP. También estarán Pablo Iglesias, secretario general de Podemos; Albert Rivera, presidente de Ciudadanos; Mónica Silvana, secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad CEF del PSOE; y Xavi Domenech, coordinador General de En Comú; Ricardo Sixto, por parte de Izquierda Unida; y Juan López de Uralde, coportavoz federal de Equo.

También está confirmada la presencia de José Álvarez, secretario general de UGT, y Unai Sordo, en el que será su primer acto como nuevo secretario general de CCOO.

Como instituciones, en representación del Gobierno de España estará Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Asimismo, está confirmada la presencia de Celia Mayer, responsable del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid; Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid; y Beatriz Becerra, vicepresidenta de la subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo.

En la cabecera de la manifestación del Orgullo Mundial también estarán representantes de distintas organizaciones sociales, como Estrella Rodríguez, presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Elena Rodríguez, directora de la Plataforma del Tercer Sector; Luis Cayo, presidente de CERMI; Concha Díez, presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas; Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional; Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano; Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia; Daniel Anibal García, secretario de organización de COCEMFE; Toni Poveda, gerente de CESIDA; Paloma Favieras, coordinadora jurídica de CEAR; Santiago Villanueva, miembro de la ejecutiva de Plena Inclusión; entre otras organizaciones españolas. También habrá varios representantes de Interpride y EPOA, organizaciones internacionales concesionarias del WorldPride y EuroPride respectivamente.

Fuente Cáscara Amarga

Las Juventudes Falangistas inundan Madrid de carteles y pegatinas LGTBfóbicas durante la celebración del World Pride 2017.

En los últimos días ha habido varias agresiones LGTBfóbicas por parte de grupos neonazis en pleno centro de Madrid.

Quienes acudan a Madrid al World Pride. El Orgullo LGTB Mundial. y paseen por sus calles viviendo la felicidad, la alegría, la diversidad, el respeto  se encontrarán todo lleno de banderas arcoiris y de carteles como éste:

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O  que te vuelvas a casa con un regalo homófobo:

Como denuncian decenas de personas en Twitter y como demuestran las varias agresiones neonazis que ya ha habido durante el World Pride en Madrid, las Juventudes Falangistas se han lanzado a la calle a difundir el odio y a colgar posters y pegatinas LGTBfóbicas.

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Que a lo mejor estas cosas pasan porque aunque Madrid es una ciudad lgtbfriendly alguien en el gobierno no se está tomando en serio la defensa del colectivo LGTB, de la libertad y de la diversidad y se está teniendo mucha manga ancha con ciertos discursos de odio que no deberían tener lugar en una sociedad pretendidamente moderna como la nuestra.

Claro que entonces viene el delegado del Gobierno en Murcia y te autoriza una manifestación neonazi el mismo día de la manifestación del Orgullo, y cuando los neonazis agreden a los manifestantes del Orgullo la policía identifica a los agredidos y escolta a los agresores.

Estamos celebrando el Orgullo y es justamente en estos días cuando más tenemos que luchar, más unidos tenemos que estar y más cara hemos de plantar frente al odio. (Y el “love is love” es un mensaje muy bonito, pero el “denuncia y a la cárcel” lo es más.)

Da igual que algunos políticos no hagan lo que tienen que hacer. La ley está de nuestro lado. Si sufres una agresión, te acosan en la calle, te reparten uno de esos carteles homófobos o te pegan una pegatina como las que están circulando por Madrid, ponte en contacto con el Observatorio contra la Homofobia.

Fuente EstoyBailando, por Jordi García

Menos mal que hay otras personas, católicas, con cabeza… y podemos ver esta imagen junto a la Basílica del Cristo de Medinaceli.

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Alfa y Omega denuncia que “HazteOir no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos” y la Asamblea de Madrid pide por unanimidad que HazteOír debe dejar de ser entidad de utilidad pública

Sábado, 11 de marzo de 2017

alfa-omega-644x362nachoIgnacio Arsuaga debe de estar comiéndose las uñas…

Aunque con la maldita cantinela acrca de la inexistente “Ideología de Género”, bienvenida sea esta bofetada a los ultras de HazteOir:

“Campañas como la del autobús solo consiguen generar división entre los católicos”

El semanario del Arzobispado de Madrid arremete contra los que “se erigen en paladines de la pureza doctrinal”

Hazte Oír consigue justo lo contrario y da visibilidad a la transexualidad

(Jesús Bastante).- El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacude una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en su editorial de este jueves.

En el mismo, que lleva por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Para el semanario católico, “campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social”.

“Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión”, señala AlfayOmega, que subraya que, en la Iglesia, “hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia”.

Porque sólo “desde la integridad de la fe”, como afirma el Papa en Amoris Laetitia, “se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a ‘todas las peronsas sin excepción'”. “La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio, concluye el editorial, interpretado como la respuesta del cardenal de Madrid a los grupos ultracatólicos y sus campañas de descrédito a su persona y al Papa Francisco.

Éste es el editorial de Alfa y Omega:

Dejemos a los niños en paz

La campaña de Hazte Oír ha obtenido un éxito rotundo gracias a la desmedida reacción desde algunos sectores, que parecen intentar tapar con ruido las críticas a las leyes autonómicas que introducen la ideología de género en el currículum escolar. No debería costar encontrar fórmulas más sensatas para atajar la discriminación a los alumnos homosexuales o transexuales, en lo cual, ahí sí, toda la sociedad debería ponerse de acuerdo, igual que toda la sociedad tendría que rechazar que se vulnere el derecho constitucional de los padres a elegir la «formación religiosa y moral» que reciben sus hijos, ejercido desde el respeto a los demás.

Guste más o menos, se trata de una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio. Es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio, pero la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida. Campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social.

Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión. Porque en la Iglesia hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia. Y así, desde la integridad de la fe, como hace el Papa en la Amoris laetitia, se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a «todas las personas sin excepción». La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio.

Por otra parte, la Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad de todos sus grupos políticos una Proposición No de Ley que entre otras cosas pide la retirada a HazteOír de la condición de entidad de utilidad pública que le concedió en 2013 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que ha permitido al grupo ultraconservador aprovecharse de las considerables ventajas fiscales para sus donantes y así financiar sus actividades (como la campaña que en este momento lleva a cabo contra los menores transexuales y sus familias). 

asambleaLa proposición fue presentada por el grupo socialista en diciembre, después de que HazteOír hiciera llegar a miles de colegios de toda España un panfleto LGTBfobo en el que cargaba contra las leyes en favor de los derechos de las personas LGTB aprobadas en diversas comunidades, y muy singularmente en la de Madrid. En su redacción original, la proposición instaba al Consejo de Gobierno a recordar a los equipos directivos de los centros educativos que fueran “especialmente cuidadosos y escrupulosos en el material difundido entre el alumnado o utilizado en función docente”, a desarrollar políticas tendentes a preservar una convivencia inclusiva y creando las condiciones para prevenir y en su caso tratar cualquier manifestación de acoso, y a exigir la retirada y no distribución de textos LGTBIfóbicos que atenten contra la dignidad e inciten al odio a las personas LGTBI, garantizándolo a través de la inspección educativa.

Tras la intensificación de la campaña de odio mediante la puesta en circulación de autobuses con mensajes negacionistas de la realidad transexual en menores, la proposición ha sido enriquecida con tres enmiendas, dos del propio PSOE y una de Podemos. Los socialistas han incluido la petición de que se inste a la retirada de la condición de “utilidad pública” a HazteOír (una competencia del Gobierno central), así como la apertura de un expediente sancionador a esta organización por infracción de la ley madrileña contra la LGTBIfobia. Podemos, por su parte, ha pedido la elaboración de un estudio sobre la situación de acoso por LGTBIfobia en los centros educativos madrileños y que se articule un plan integral para combartirlo de forma efectiva. La proposicion ha sido votada favorablemente por los 123 diputados presentes, tanto del PSOE y de Podemos como del PP y Ciudadanos. Seis diputados no estuvieron presentes.

Insertamos a continuación la contundente intervención de la diputada socialista Carla Antonelli defendiendo la proposición:

La utilidad pública de HazteOír: dinero para financiar el odio

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013, como entonces recogimos, por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ministro-interior-homofobia-marceloultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, entre otras condiciones sus fines estatutarios deben “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se ha opuesto y se sigue oponiendo con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informa infoLibre (un medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015, último ejercicio del que constan datos en su página web.

Lo cierto es que la retirada de la condición de entidad de utilidad pública a HazteOír es un clamor que poco a poco se extiende a izquierda y a derecha del espectro político. Incluso entre una parte del PP, el partido que al fin y al cabo tomó desde el Gobierno la decisión de premiar a una organización con la que en su momento tuvo importantes coincidencias y de la que ahora parece querer distanciarse. El portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, pedía hace unos días revisar la decisión, al mismo tiempo que garantizaba que HazteOír no recibirá subvención alguna por parte del Gobierno regional. Incluso personalidades del PP a nivel nacional, como la vicesecretaria de estudios y programas Andrea Levy, se han mostrado partidarios de la retirada “si sigue con esos autobuses”.

Habrá que ver qué sucede finalmente. Por el momento, el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, prefiere no mojarse. Al ser interpelado en el Congreso de los Diputados por la diputada socialista Ángeles Álvarez, el sucesor de Fernández Díaz se ha limitado a expresar que su departamento analizará el estatus de HazteOír “cumpliendo siempre la ley” y sin tener en cuenta “opiniones personales y arbitrarias”. 

El Gobierno revocó el mismo estatus a la Federación de Planificación Familiar

El Gobierno del PP, por cierto, ya ha retirado a otras organizaciones el estatus de entidad de utilidad pública. Hace menos de un año lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia de otro grupo ultraconservador. No es imposible, pues…

Fuente Religión Digital/Dosmanzanas

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Las principales fuerzas políticas estatales avalan la regulación de la gestación subrogada

Miércoles, 16 de diciembre de 2015

gestacion_subrogada_la_sexta_columnaPartido Popular, Partido Socialista y Podemos se muestran dispuestos a establecer una reglamentación, tal y como Ciudadanos y UPyD ya recogen en sus programas electorales.

Las principales fuerzas políticas estatales se han mostrado a favor de una regulación en España de la gestación subrogada, un derecho reivindicado por asociaciones a favor de esta técnica de reproducción asistida como Son Nuestros Hijos. Así lo han manifestado en el programa La Sexta Columna, emitido este viernes 11 de diciembre, los portavoces de Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos y Unión, Progreso y Democracia.

Andrea Levy (PP), Meritxell Batet (PSOE), José Manuel Villegas (Ciudadanos), Carolina Bescansa (Podemos) y Andrés Herzog (UPyD) han respondido de forma afirmativa ante la cuestión de si sus partidos son favorables a una regulación de la gestación subrogada en España. No obstante sólo dos de ellos, Ciudadanos y UPyD, habían incluido en su programa electoral para las elecciones del próximo 20 de diciembre el apoyo explícito a la modificación de la Ley de Reproducción Humana Asistida de 2006.

Entidades como Son Nuestros Hijos o la Asociación por la Gestación Subrogada en España han trabajado intensamente en los tres últimos años para llevar al ámbito de la política las reivindicaciones de las familias. “Cientos de ellas se ven obligadas, cada año, a realizar este proceso en el extranjero, dada la falta de una regulación adecuada en nuestro país, y otras muchas se ven discriminadas porque no se pueden costear el tratamiento fuera de nuestras fronteras”, denuncian en un comunicado la asociación Son Nuestros Hijos.

Esta organización se ha reunido con diferentes formaciones políticas, tanto de ámbito estatal como autonómico, y con diferentes asociaciones, para ponerles de manifiesto la “necesidad social de una regulación que permita el acceso en igualdad de condiciones con otras técnicas de reproducción asistida, salvaguardando siempre los derechos de las mujeres gestantes –algo que no queda siempre cubierto dejando la situación al albur de las medidas legales establecidas en otros países– y de los menores, que ahora ven menoscabado muchos de sus derechos, incluido el de sus progenitores a la conciliación de la vida familiar y laboral, dado que a la Seguridad Social deniega su prestación de maternidad”.

Fuente Cáscara Amarga

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