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Las mentiras para ser invitado al World Pride, otra vez en evidencia: el PP quiere mantener la patologización de las identidades trans en la reforma de la ley de identidad de género

Martes, 20 de noviembre de 2018

dkfvag5xkaan7i0Lo adelantábamos el pasado día 14 y lo destacaba hace unos días eldiario.es, y en efecto lo hemos podido comprobar leyendo las propuestas de enmienda del Partido Popular a la proposición de ley de reforma de la ley de identidad de género. Los populares, contrarios ahora al principio de despatologización de la transexualidad, piden que se mantenga la necesidad de un «diagnóstico» para que las personas trans puedan modificar sus datos registrales. Un paso atrás respecto a lo que el propio PP se comprometió en su momento, cuando, en un documento que se ha revelado como una de las mayores mentiras de los diputados populares Javier Maroto y Andrea Levy, que llegaron a estampar su firma en él, los conservadores aseguraron estar de acuerdo con suprimir la patologización de las identidades trans.

Como sabemos, en este momento se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores (sin necesidad de intervención judicial salvo oposición expresa de uno o ambos progenitores o representantes legales). Quedaría así actualizada la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como «ley de identidad de género». La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero de este año cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance. La proposición permanece sin embargo atascada en el marasmo parlamentario, a la espera de que se vote una serie de enmiendas publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes con fecha 21 de marzo.

Una de estas enmiendas, del PP, propone mantener la patologización de la transexualidad que contempla la legislación vigente. Los populares proponen para ello la siguiente redacción del artículo 4 (requisitos para acordar la rectificación):

  1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona solicitante acredite que le ha sido diagnosticada disforia de género.
  2. La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en España, y que deberá hacer referencia:
    • A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia.
    • A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior.

El PP justifica la enmienda como una «mejora técnica», argumentando que «la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares».

La propuesta del PP supone, en definitiva, mantener la patologización de las identidades trans y que España continúe alejándose de los puestos de cabeza en materia de derechos LGTB. Hay que recordar, en este sentido, que son ya bastantes los países que han adelantado a España en este aspecto, entre ellos varios de nuestro entorno como PortugalGrecia, BélgicaIrlanda, DinamarcaMalta  o Noruega. En España, por el contrario, mientras la Ley 3/2007 no sea actualizada sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes.

Las mentiras de Maroto y Levy

maroto-en-el-orgullo-300x169Más allá de esto, cabe destacar que el PP ha dado aquí un giro de 180 grados sobre su compromiso de junio de 2017, cuando las principales fuerzas políticas acordaron con la FELGTB permitir la aprobación de una ley LGTBI cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español», así como «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional». El primero de estos puntos ya resultó incumplido en septiembre, cuando los populares se abstuvieron de votar la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Pero es ahora cuando de forma más clara se visualiza el incumplimiento: podría argumentarse que en aquel momento la abstención no suponía necesariamente una oposición frontal, pero la propuesta popular en un aspecto tan concreto y específico como es el de exigir un «diagnóstico» a las personas trans no admite dudas.

pp_derechos_lgtbiEn este caso, además, no podemos responsabilizar al nuevo presidente popular, Pablo Casado, entre cuyos apoyos para hacerse con el liderazgo del PP se encontraba por ejemplo la organización ultraconservadora HazteOír. Fue la anterior dirección la responsable de las propuestas de enmienda. A quién sí debemos recordar, para mal, es a Javier Maroto y Andrea Levy (dos de los fieles a Casado, por cierto) que para estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid (que ese año coincidía con la celebración del World Pride) no dudaron en mentir y estampar su firma en un documento en el que aseguraban que su partido se comprometía a «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans», así como estar de acuerdo con los mensajes de las pancartas de cabecera, una de las cuales rezaba «Despatologización Trans ¡Ya!». Un documento que la FELGTB divulgó en su momento:

Nada sorprendente, por cierto, viniendo de Javier Maroto, un político abiertamente gay pero que en el pasado no ha dudado en mentir para blanquear las posiciones de su partido en materia de derechos LGTB.

UPN, socio de los populares, también en contra de la despatologización

No podemos finalizar esta entrada sin reseñar que el PP no es la la única fuerza política que se opone a despatologización de las identidades trans. Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, fuerza política que acudió junto al PP a las elecciones generales, han propuesta una enmienda en el mismo sentido. UPN, de hecho, propone mantener la ley como está, incluyendo las limitaciones a menores de edad y personas extranjeras.

Fuente Dosmanzanas

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La mayoría absoluta del PP en el Senado tumba una moción que instaba a impulsar la igualdad y la visibilidad de las personas LGTBI en la escuela.

Viernes, 8 de junio de 2018

senadoEl Partido Popular ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para tumbar una moción presentada por el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y apoyada por el resto de fuerzas sobre educación para la igualdad y la diversidad. La moción tenía por objetivo instar al Gobierno de España, en colaboración con las administraciones autonómicas, a reforzar la igualdad y la visibilidad de las personas LGTBI en el ámbito educativo.

La moción, que fue defendida el pasado martes por la senadora gallega Vanessa Angustia, portavoz adjunta del grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, recogía entre sus propuestas (puedes descargar aquí el texto completo) incluir en el currículum educativo contenidos que fomenten la educación en Derechos Humanos y la valorización de la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar; diseñar un programa de formación de docentes sobre la igualdad de derechos de las personas LGTBI; crear un protocolo específico contra el acoso y la violencia escolar por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión de género; y aplicar los Principios de Yogyakarta en la legislación nacional relativa a Derechos Humanos.

Tras su debate, e incluyendo aportaciones de Compromís y del PDeCAT, el texto de la moción fue sometido a votación. Fue rechazada por 141 votos en contra (todos del Partido Popular), 109 votos favorables (los de PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, PNV, Ciudadanos, PdeCAT, Partido Aragonés, Agrupación Herreña Independiente, Agrupación Socialista Gomera, EH Bildu y Nueva Canarias) y 3 abstenciones (las de Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro y la del la exsenadora popular Pilar Barreiro, ahora en el Grupo Mixto). La senadora Ana María González, portavoz del PP en el debate, se escudó en que «en el currículum educativo no existen menciones discriminatorias ni discursos de odio sobre ningún colectivo» para justificar su negativa.

Vanessa Angustia recordó que la moción es consecuencia de la interpelación realizada el pasado 22 de mayo al ya exministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. «A pesar del cambio que registra ahora la posición del PP, en dicho debate el entonces ministro mostró su compromiso con medidas que contribuyan a la igualdad de las personas LGTBI en el ámbito educativo y a la lucha contra el acoso escolar por razón de orientación sexual, identidad de género y expresión de género», se ha lamentado en un comunicado el grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En palabras de su portavoz adjunta, «el Partido Popular vuelve a hacer gala en el Senado de su mayoría absoluta arrogante e intolerante y vuelve a mostrar su nulo compromiso con la igualdad y la diversidad. Utiliza las iniciativas parlamentarias que pretenden fortalecer la protección de los derechos de las personas LGTBI para vengarse de las fuerzas progresistas que han conseguido terminar con el Gobierno de la corrupción. Las personas LGTBI no nos merecemos que el PP use nuestros derechos para materializar mezquinas vendettas políticas».

Fuente Dosmanzanas

 

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El Congreso aprueba reformar la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad con la oposición del PP

Sábado, 2 de diciembre de 2017

transflagEl Partido Popular es el único partido que vota en contra (¡SORPRESA!) de la propuesta del PSOE para actualizar la Ley Trans de 2007.

Las nuevas medidas buscan despatologizar la transexualidad y reconocer la autodeterminación de género de todas las personas mayores de 16 años.

El PSOE presentaba el 3 de marzo una Proposición de Ley con el objetivo de reformar la Ley 3/2007, mediante la que se regula la rectificación del género en el Registro Civil con el objetivo de incluir tres modificaciones sustanciales que se han estado debatiendo desde este martes, 28 de noviembre. Con el apoyo de Unidos Podemos, Ciudadanos y los grupos nacionalistas, salvo un voto de UPN y Foro Asturias, que han votado en contra, como también ha hecho en bloque el PP, este jueves, 30 de noviembre, se aprobaba la reforma con 203 votos a favor y 130 en contra.

En febrero de 2017 te contábamos que la diputada del PSOE, Dolores Galovart, presentó en el Congreso una iniciativa para actualizar la Ley Trans aprobada en 2007. Entre las medidas que proponía actualizar el PSOE estaba una importantísima: la despatologización de la transexualidad. ¿Cómo? Pues muy fácil: eliminando la necesidad de que existiera un diagnóstico de “disforia de género” para poder cambiar tu nombre y sexo en el registro. Y no solo eso, tampoco haría falta acreditar haberse sometido a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo (ni cirugías ni terapias hormonales ni nada) para poder hacer ese cambio. Reconociendo así el derecho a la autodeterminación del género. Otras cosa importante que proponía esa actualización era que las personas mayores de 16 años pudieran solicitar ese cambio ellos mismos y, en el caso de los menores, deberían hacerlo sus padres o tutores legales. Si había disconformidad el menor podría presentar una solicitud en el Ministerio Fiscal para que un juez decidiera teniendo siempre en cuenta el interés del menor.También podrían solicitarla las personas extranjeras cuya residencia legal esté en España para así actualizar su tarjeta de residencia y sus permisos de trabajo y que quedara reflejada su verdadera identidad.

Bueno, pues esta propuesta llegó el pasado jueves al Congreso y su toma en consideración ha sido aprobada con una inmensa mayoría de votos. 200, ahí es nada.

Nueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la toma en consideración de la proposición de ley que actualiza la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas).

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

congreso_diputados-300x156-1La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

compromiso-javier-maroto-300x142Tras el debate de este martes, 28 de noviembre, la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

ACTUALIZACIÓN (sábado, 02 de Diciembre)

No ha habido sorpresas tras la votación, que había sido pospuesta hasta este jueves. Tal y como estaba previsto, el grupo popular, además de un diputado de Unión del Pueblo Navarro y otro de Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el PP en las últimas elecciones) se han opuesto a la toma en consideración de la proposición de ley, que pese a todo ha sido aprobada por 200 votos a favor y 128 en contra:

«Hoy escribimos un nuevo capítulo en la historia de los derechos de las personas transexuales», declara María Dolores Galovart, que había defendido la Propuesta de Ley este martes. Tres son los principales cambios que establece esta reforma:

1. A partir de los 16 años de edad, las personas transexuales podrán presentar la solicitud del cambio de nombre y género ellos mismos a través del Ministerio Fiscal, de forma que un juez resolvería el procedimiento «teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor», en el caso que uno de sus padres o ambos no hubieran dado su consentimiento, siendo ellos quienes podrían solicitarlo para los menores de 16 años.

2. La autodeterminación personal se convierte en el único requisito para demostrar la identidad sexual, sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos que indiquen que padecen disforia de género en lo que constituye la despatologización definitiva de la transexualidad al dejar de ser considerados «enfermos».

3. Las personas transexuales extranjeras que tengan el permiso de residencia también podrán modificar su nombre y género, tanto en el permiso de residencia como en el de trabajo, con sólo solicitarlo.

«Con esta reforma se supera una legislación que consideraba la transexualidad como un trastorno mental, al exigir para el cambio de género informes médicos sobre la existencia de una distrofia de género, además de los tratamientos médicos para llevar a cabo este proceso biológicamente (…). Un instrumento útil y necesario para mejorar la vida y hacer más felices a las personas transexuales », señala Galovart durante el debate de la reforma.

«Debemos superar una sociedad heteronormativa y binaria para poder ser libres de ser quienes somos independientemente del sexo que se nos asignó al nacer», declara Teresa Jordà, diputada de ERC, quienes junto a Unidos Podemos, consideran la reforma insuficiente y reclaman la puesta en marcha de una ley integral que luche contra la transfobia y aborde las necesidades de las personas transexuales en aspectos como la educación y los ámbitos laborales y sanitarios.

La excusa del PP para no apoyar esta reforma es que no podían hacerlo «tal y como está planteada» al no plantear seguridad jurídica a las personas menores de edad, según su punto de vista, así como consideran de más que los extranjeros puedan cambiar el género en su documentación española.

Efectivamente, como recuerdan en EstoyBailando, la gaviota ataca de nuevo.

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Sí, Y es que… después de esto,  algunos pensaban que era imposible que el PP votara en contra de esta propuesta.

Será que España no es el “mundo”. O que era mentira. Pero no, seguro que no era mentira. No era un paripé. No se la colaron a FELGTB y COGAM. Seguro segurísimo que Andrea Levy y Maroto fueron porque de verdad creían en lo que ponía la pancarta. O a lo mejor es que no la leyeron.

Sea como sea, lo han hecho. Después de llevar la pancarta pidiendo que se reconocieran los derechos LGTBI en el mundo… han votado en contra de los derechos LGTBI en el Congreso. La T, Andrea Levy es de TRANS; que a lo mejor te dormiste el día que explicaban eso y por eso os habéis liado.

Y, como siempre, se han inventado una excusa maravillosa. Porque otra cosa, pero excusas tienen para dar y regalar. Esta vez dicen que votan en contra porque la nueva iniciativa no garantiza la seguridad jurídica de los menores y creen que no debería incluir a los extranjeros.

Que es gracioso, Javier Maroto, porque lo de los extranjeros ya sabemos que no os gusta. Tú mismo ya has dejado claro que a xenófobo no te gana nadie (bueno sí, Albiol). Pero que ahora os preocupen los menores cuando no movisteis undedo para parar las campañas tránsfobas de Hazte Oír que negaban la existencia de menores trans…

Pues aunque todos los grupos de la oposición han votado a favor de la toma en consideración de esta reforma, desde Unidos Podemos y Esquerra Republicana han reclamado además que se ponga en marcha de una vez una ley estatal integral de transexualidad como las que ya se han aprobado en diferentes parlamentos autonómicos. Con esas leyes se asegura, además de que las personas trans ven reconocida su igualdad y sus derechos, la lucha contra la transfobia por medio de protocolos y medidas concretas aplicadas tanto en el ámbito educativo como en el laboral como en el sanitario.

***

No obstante, conviene precisar que el éxito de esta votación en el Congreso no supone que la proposición de ley haya quedado definitivamente aprobada. Ahora comienza una andadura que la llevará, entre otros trámites, al Senado, cámara en la que el PP dispone de mayoría absoluta. Si los populares mantienen su negativa, el Senado rechazará la reforma, lo que obligará al Congreso a levantar el veto. Un largo camino al que por desgracia el colectivo LGTB ya está acostumbrado: ya sucedió con la ley de matrimonio igualitario en 2005, a la que el PP también se opuso.


Esta entrada fue publicada originalmente el 28 de noviembre, fecha en la que se debatió la toma en consideración. El 02 de Diciembre se ha procedido a su actualización, incluyendo el resultado final de la votación.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando/Universogay

 

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El Congreso admite a trámite la ley de Igualdad LGTBI con la oposición del PP

Jueves, 21 de septiembre de 2017

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Retorno al pasado: el PP opta por dar satisfacción a su base más conservadora e incumple su compromiso de apoyar la ley de igualdad LGTBI

El Congreso de los Diputados admite a trámite la Ley de Igualdad LGTBI presentada por FELGTB y Unidos Podemos que busca conseguir la igualdad real entre el colectivo LGTBI.

El Partido Popular, que se comprometió a aprobar esta norma a cambio de ir en la cabecera de la manifestación del World Pride, se abstiene aclarando que está totalmente en contra de la ley y presentará una enmienda a la totalidad.

El Congreso de los Diputados aprobó este martes, por 200 votos a favor, 2 en contra y 124 abstenciones, la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. El Partido Popular, faltando a la palabra dada en vísperas de la celebración del World Pride 2017, ha decidido abstenerse. No seremos nosotros los sorprendidos: la defensa de los derechos LGTB nunca ha formado parte del ideario real de ese partido, que en repetidas ocasiones en las que ha tenido oportunidad de mejorarlos ha optado por oponerse e inclinar la balanza hacia su base más conservadora. Lo más preocupante, en cualquier caso, es el tono tránsfobo que el PP y algunos medios afines abrazaron en esta primera jornada parlamentaria del proyecto, siguiendo la línea marcada por HazteOír y los grupos más ultraconservadores. El proyecto, con modificaciones, será seguramente aprobado, y eso será una buena noticia. Lo sucedido ayer, sin embargo, vuelve a poner en evidencia que el principal partido político de este país, incluso en sus momentos de supuesta mayor apertura, sigue carcomido por los prejuicios.

Un poco de historia

c-_kczfxyaatv0aEl pasado 4 de mayo, pocos días después de que la FELGTB celebrase su 25º aniversario, esta organización conseguía ver registrada en el Congreso una propuesta de ley “contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”, o más brevemente, de igualdad LGTBI. Lo hacía tras más de un año de trabajo en su elaboración. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque el proyecto contaba con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. Solo el PP, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el propio PP en las últimas elecciones) no expresaron entonces su apoyo al proyecto.

La alegría duraba poco. Apenas unos días después, el proyecto se había convertido en la “ley mordaza de Podemos” y recibía críticas tanto desde la derecha mediática (previsible) como de una parte del ámbito progresista. En este último caso, las críticas se centraban en el capítulo sancionador, al considerar que la propuesta, tal y como estaba redactada, suponía otorgar a la administración una capacidad sancionadora excesiva, que esta podría usar discrecionalmente sin tutela judicial (más allá de que cualquier decisión administrativa pueda ser finalmente recurrida ante los tribunales) y cuya constitucionalidad podría ser dudosa. No han faltado voces progresistas, de hecho, que han argumentado que el castigo contra las conductas discriminatorias por razón de orientación sexual o identidad de género debe reservarse a los jueces y ser contemplado, en todo caso, como parte del derecho penal.

No esta de más recordar, en este punto, que han sido ya aprobadas varias leyes autonómicas de protección de las personas LGTBI con capítulo sancionador (algunas de ellas incluso con el apoyo del PP, como la extremeña o la madrileña). Y que la aplicación del Código Penal en caso de delitos de odio por orientación sexual o identidad de género por parte de los jueces españoles deja mucho que desear, pese a que estos delitos ya están tipificados y hay arsenal legal más que suficiente para ello. En cualquier caso, muchas de las críticas recibidas parecían razonables, y de hecho, el propio Podemos se vio obligado a explicar que el texto presentado por su grupo era el propuesto por la FELGTB y que ellos mismos eran partidarios de enmendarlo. En cualquier caso, el daño mediático y de imagen estaba hecho. El silencio de aquellos días de otras formaciones que apoyaban el proyecto, como PSOE o Ciudadanos, tampoco ayudó a mitigarlo, dicho sea de paso.

Las líneas generales del proyecto 

El proyecto, más allá de su capítulo sancionador, es muy ambicioso, y contempla numerosas medida en los ámbitos de la salud, educativo y laboral, así como en el ámbito familiar, de la infancia y de la juventud. Contempla, por ejemplo, el derecho de todas las mujeres a acceder a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad publica, con independencia de su orientación sexual o de estatus marital, así como la garantía de atención sanitaria sin discriminación a las personas trans, que deberá regirse además por el principio básico de la autodeterminación de género. La documentación administrativa y los formularios médicos deberán adecuarse a la heterogeneidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI. El proyecto también incluye medidas específicas de apoyo y protección a las víctimas tanto de discriminación como de delitos de odio y de violencia intragénero.

Otro aspecto importante que contempla el proyecto es la constitución de varios órganos para garantizar su cumplimiento. Entre ellos, una Agencia Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género independiente del Gobierno, encargada de evaluar la implantación de la norma, y una Comisión Interministerial de Políticas LGTBI, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se creará también un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.

Habrá que ver, en cualquier caso, qué queda de todo ello al final de la tramitación parlamentaria.

La discusión en el pleno

maroto-en-el-orgullo-300x169Este martes 19 de septiembre, y después de tanto la mesa del Congreso como el Gobierno facilitasen los correspondientes trámites, llegaba el turno de que el pleno del Congreso debatiese por primera vez la propuesta y votase su toma en consideración. Algunos esperaban que la decisión fuese unánime, dado que el PP se sumó en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”, así como de “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

El propio Javier Maroto estampó su firma en el documento, que la propia FELGTB divulgaba ayer en Twitter:

Sin embargo, el PP ha preferido evitar el consenso y ha decidido abstenerse. Una postura al fin y al cabo coherente con la trayectoria de este partido tanto en las Cortes Generales (donde se opuso tanto a la aprobación del matrimonio igualitario como de la ley de identidad de género) como ante el Tribunal Constitucional, órgano en el que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Una postura, por otra parte, que le reconcilia con su base más ultra, la que forma su núcleo incombustible de votantes y la que, aunque ha perdido en tiempos recientes a muchos de sus referentes en la dirección del partido, sigue teniendo gran influencia en sus decisiones. De ahí que no nos haya resultado especialmente sorprendente. Como tampoco nos sorprende la hipocresía que supone, a estas alturas, defender que en lugar del proyecto presentado por la FELGTB es preferible una “ley general antidiscriminación”, cuando en su momento el PP articuló una feroz oposición a esa misma propuesta cuando la presentó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La diputada del PP Marta González ha dicho que su grupo considera el texto de la ley como “chapucero” y ha dicho que su grupo se opone rotundamente pero se han abstenido porque su intención es presentar una enmienda a la totalidad para presentar su propio proyecto de Ley Antidiscriminación. Eso es una cosa muy del Partido Popular, que pide por ejemplo que se cambie el nombre de una Plaza de la Diversidad por el de la Plaza de la Igualdad porque lo de “diversidad” les parece excluyente. O que se cuelga la medalla de aprobar la Ley LGTBI de la Comunida de Madrid cuando años antes votó en contra porque la presentó el PSM. Porque como ya han demostrado en infinidad de ocasiones la estrategia del PP frente a la LGTBfobia pasa por restarle importancia y decir que lo que hay que hacer es luchar contra toda la discriminación, así en general: una forma muy bonita de decir que en realidad no hay que hacer nada.

Algo más sorprendente (y más preocupante) nos parece el tono con el que la diputada popular Marta González se opuso en su intervención ante el pleno a que los menores trans puedan ver reconocido su derecho a la autodeterminación de género. González, por ejemplo, ha decidido tergiversar la propuesta de ley todo lo que ha podido para demonizar (por ejemplo) el apartado en el que se habla sobre los menores trans. Porque sabe perfectamente que la única forma de justificar su negativa a apoyar este proyecto de ley es, precisamente, tergiversarlo. Así, por ejemplo, ha llegado a inventarse que los niños podrán pedir hormonas sin consentimiento paterno:

El proyecto de ley, en línea con las legislaciones más actualizadas en la materia, prevé que a partir de los 16 años de edad los menores trans ya puedan prestar por sí mismos el consentimiento informado para acceder a la reasignación sexual quirúrgica, mientras que a partir de la pubertad podrán prestarlo para acceder a los bloqueadores hormonales y al tratamiento hormonal cruzado. Algo que los populares encuentran ahora inadmisible y que vuelve a reflejar la ignorancia existente sobre el daño tan profundo que puede hacer a las personas trans que así lo deciden no poder iniciar su proceso de reasignación a tiempo de evitar el desarrollo de características físicas indeseadas. Curiosamente, el diario El Mundo, uno de los diversos periódicos afines al PP que hoy día se puede encontrar en los quioscos, decidía escoger este enfoque para ilustrar en la portada de su edición digital la toma en consideración de la propuesta con un titular (“Podemos impulsa dejar al libre albedrío de los menores que cambien de sexo”) que hubiese firmado la propia HazteOír:

captura-el-mundoUna organización, HazteOír, que aprovechaba la discusión y su reciente victoria en los tribunales madrileños para organizar su enésima pantomima (representando esta vez a personas ataviadas como si fuesen presos de Guantánamo) y presentar la nueva versión del “autobús del odio”, ya desprovista, eso sí, de mensajes tránsfobos explícitos, y centrada en atacar a “Podemos y su ley mordaza LGTBI” y sus supuestos efectos perniciosos sobre los niños. Por cierto que el que fuera ministro del Interior y aún diputado del PP, Jorge Fernández Díaz (precisamente la persona que otorgó a HazteOír el estatus de entidad de utilidad pública) ni siquiera quiso disimular y votó “no”, saltándose la disciplina de su partido. El otro voto negativo de la tarde fue el del diputado de UPN,  Salvador Armendáriz, según el cual el proyecto busca imponer “la ideología de género” como modelo de educación “sin respetar el derecho de los padres”.

Por lo demás, no hubo sopresas. PSOE y Ciudadanos votaron a favor, aunque ambos anunciaron enmiendas destinadas a subsanar las a su juicio “deficiencias” del texto. Como ya explicamos nosotros en su momento, como ya explicó la FELGTB en su momento y como todo el mundo había explicado ya a gente que se quejaba mucho, una vez aprobado el trámite de la ley se espera que entre todas las fuerzas políticas se hagan cambios en el texto. Como ha explicado la diputada socialista María Dolores Galovart, hay que conseguir un texto “más cohesionado, más coherente y más ajustado a derecho” pero para eso hacía falta este “punto de partida” que requiere “mejoras técnico jurídicas“.El apoyo de estas dos formaciones garantiza que el texto, con modificaciones, será aprobado, y anula los efectos de un eventual veto del PP en el Senado, al reunir junto con el grupo proponente mayoría absoluta. También votaron a favor los partidos nacionalistas catalanes y vascos. El resultado, el ya mencionado al inicio:

Estaremos atentos, por supuesto, a cómo evoluciona la tramitación parlamentaria del texto. En cualquier caso, las impresiones que han dejado este primer día quedan muy lejanas de las que vivimos el pasado 1 de julio en las calles de Madrid. El PP vuelve a ser el mismo partido que ha sido siempre en materia LGTB. Es de agradecer, de todas formas, la claridad.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando

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Navarra aprueba la pionera Ley Foral de Igualdad Social LGTBI+

Viernes, 9 de junio de 2017

gay_navarraEl colectivo LGTB recibe con euforia esta nueva ley.

El texto presentado por el PSN(PSOE), abunda en la necesidad de reconocer y respetar la diversidad sexual y afectiva.

UPN se ha abstenido y el PPN lo ha rechazado.

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy la Ley Foral de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales (LGTBI+) y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género en Navarra, que sitúa a la Comunidad foral a la vanguardia en la defensa de los derechos de este colectivo.

Ante un nutrido grupo de este colectivo entre el público, que ha aplaudido profusamente la aprobación, con la incorporación de 7 enmiendas in voce, ha salido adelante con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e I-E, la abstención de UPN y el rechazo de PPN.

La nueva ley foral profundiza en el reconocimiento social y político de la diversidad sexual y afectiva en condiciones plenas de equidad y respeto, también en el ámbito reproductivo y genital.

La iniciativa presentada por el PSN(PSOE) busca “establecer y regular” los principios y medidas para garantizar la igualdad real y efectiva y los derechos de las personas LGTBI+, mediante medidas contra toda discriminación por razón de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género, “en todos los ámbitos sobre los que el Gobierno de Navarra y las entidades locales tienen competencia”.

 Se alude a las esferas civil, laboral, social, sanitaria, educativa, económica, cultural, orden público e institucional, y se se extiende a todas las etapas y contingencias de la vida.

En ese contexto se garantiza la “reparación” de los derechos cercenados, y se aseguran acciones “compensatorias y de reconocimiento a colectivos históricamente” segregados.

Para avanzar en el reconocimiento social y político de una reivindicación fundada en la aceptación de la “diversidad como valor añadido”, se establecen condiciones para facilitar la participación y representación de personas y grupos LGTBI+ en todos los ámbitos de la vida social e institucional, siempre desde una óptica de “prevención y detección temprana” de conductas fóbicas.

En ello colaborarán las Administraciones Públicas y el Defensor del Pueblo, habilitados para actuar “de oficio”.

Entre los compromisos destaca el relativo a la “protección de menores, jóvenes y adolescentes en situación de vulnerabilidad”, así como los de diversas políticas públicas, ya sea a nivel de “empleo, salud, comunicación, ocio, cultura o deporte”.

Por otra parte, se hace efectivo el reconocimiento de la heterogeneidad del hecho familiar tanto en el derecho navarro, público y privado, como en la práctica judicial y administrativa.

En el ámbito reproductivo y genital, se garantiza el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las personas LGTBI+ con capacidad gestante y a sus parejas, se posibilita la congelación de tejido gonadal y células reproductivas a los transexuales que opten por acceder a tratamientos hormonales y, de igual modo, se asegura la atención ginecológica y urológica.

En el terreno educativo, la UPNA promoverá introducir en los planes de estudio contenidos específicos para abordar la diversidad sexual y de género, entre otras medidas.

En su defensa, Virginia Alemán (Geroa Bai) ha valorado esta “ley transformadora” que reconoce “derechos fundamentales que históricamente han sido vulnerados”, mientras que Bakartxo Ruiz (EH Bildu) ha ponderado el “proceso enriquecedor” que junto a los colectivos LGTBI+ ha generado esta “buena ley”, con un “planteamiento integral”, aunque no suficiente, ha advertido.

Tere Saez (Podemos) ha coincidido en mostrar su “alegría y agradecimiento” por lo hoy aprobado tras un “trabajo intenso” y enriquecedor que ha permitido que esta ley “no sea un corta y pega” sino una norma específica que ha tenido en cuenta lo aportado.

 Nuria Medina, PSN (PSOE), ha valorado el “gran documento, ambicioso” hoy aprobado, que coloca a Navarra “a la vanguardia de los derechos de todas las personas”, para cuyo desarrollo se ha puesto a disposición del gobierno, al que ha pedido “valentía, además de los recursos económicos y humanos” necesarios.

Por I-E, Marisa De Simón, también se ha felicitado en “un gran día” en el que la ley aprobada “avanza en participación” y “camina a un modelo de desarrollo social más inclusivo”.

La abstención de UPN ha sido justificada por Ana San Martín porque “no podemos dar la espalda a la igualdad y a los derechos” que sí ven en la ley, en la que sin embargo también advierten “discriminaciones” y vulneraciones de derechos de otros colectivos a costa de este, y supone una ley que “tiene mucho que mejorar”.

Ana Beltrán (PPN) ha advertido de que rechazo de esta “ley ideológica” no es un voto en contra de las personas LGTBI, cuya orientación respetan, pero ha lamentado que supone discriminar a otros y ha explicado “no ver la necesidad de una regulación específica, concreta e intervencionista” que subraye la no discriminación, cuando esto ya lo protege la legislación europea y española.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

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El proyecto de ley de igualdad y no discriminación presentado por la FELGTB, prueba del algodón de la voluntad real de los partidos en materia LGTB

Lunes, 8 de mayo de 2017

c-_kczfxyaatv0aAmpliamos la noticia en la que, el pasado viernes,  hacíamos mención a este registro en el Congreso de los Diputados:

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), organización paraguas que agrupa a más de 50 colectivos LGTB de España, registraba este jueves 4 de mayo, en el Congreso de los Diputados, una ambiciosa propuesta de ley contra la discriminación y en favor de la igualdad social de las personas LGTB. El proyecto cuenta a día de hoy con el apoyo expreso de todos los grandes partidos salvo el PP, hoy sin mayoría absoluta en el Congreso. Sobre el papel, la ley no debería tener problema para ser tramitada con celeridad y ser aprobada. Veremos qué sucede.

Solo unos pocos días después de que la FELGTB haya celebrado su 25º aniversario (nació oficialmente el 28 de abril de 1992), esta organización avanza hacia un nuevo hito con el registro en el Congreso de una propuesta de ley “contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”, o más brevemente, de igualdad LGTBI. Lo ha hecho tras más de un año de trabajo en su elaboración y después de meses de negociaciones con los grupos políticos con representación parlamentaria.

La propuesta, que puedes descargar íntegramente en este enlace, fue sido registrada formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea con las firmas de toda la oposición, para acelerar la tramitación parlamentaria, por lo que el proyecto cuenta con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya fue presentado el pasado marzo en la Comisión de Igualdad por el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo. Solo el PP, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el propio PP en las últimas elecciones) no expresaron entonces su apoyo al proyecto.

Sus líneas generales

25_felgtbLa norma registrada es muy ambiciosa, y contempla numerosas medida en los ámbitos de la salud, educativo y laboral, así como en el ámbito familiar, de la infancia y de la juventud. Contempla, por ejemplo, el derecho de todas las mujeres a acceder a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad publica, con independencia de su orientación sexual o de estatus marital, así como la garantía de atención sanitaria sin discriminación a las personas trans, que deberá regirse además por el principio básico de la autodeterminación de género. La documentación administrativa y los formularios médicos deberán adecuarse a la heterogeneidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI. El proyecto también incluye medidas específicas de apoyo y protección a las víctimas tanto de discriminación como de delitos de odio y de violencia intragénero.

Otro aspecto importante que contempla el proyecto es la constitución de varios órganos para garantizar su cumplimiento. Entre ellos, una Agencia Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género independiente del Gobierno, encargada de evaluar la implantación de la norma, y una Comisión Interministerial de Políticas LGTBI, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se creará también un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.

Mención especial merece el capítulo sancionador, que incluye multas que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar hasta los 45.000 euros, además de las suspensión de actividades o servicios por un tiempo máximo de dos años, la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Administración por un periodo de hasta dos años (de cinco, en caso de reincidencia o reiteración) o la inhabilitación temporal para la prestación de servicios públicos, por mencionar solo algunas otras posibles sanciones.

Un proyecto que debería ser aprobado sin grandes problemas

El proyecto debería ser aprobado sin problema, al contar con el apoyo de PSOE, Unidos Podemos y sus aliados, Ciudadanos y partidos nacionalistas. En la actual coyuntura política española, aunque el PP y sus satélites regionales se opusieran frontalmente, no disponen de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Sí la tienen en el Senado, pero el Congreso puede levantar un hipotético veto de la Cámara alta.

Ahora bien, no está de más matizar que el Gobierno del PP sí tiene la capacidad de bloquear aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, en base al artículo 134.6 de la Constitución Española, una prerrogativa que ya los analistas han anticipado que Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Y la actual composición del Tribunal Constitucional, como bien sabemos, es favorable a los postulados del PP por amplia mayoría. Está por ver qué sucede en este caso. Todo dependerá, en último término, de la voluntad política de Mariano Rajoy, y de a qué otorgue más peso el presidente del Gobierno: si al sector más ultraconservador de su partido (hoy en horas bajas ante la opinión pública, pero no por ello privado de poder e influencia) o al deseo de no verse implicado en polémicas que socaven la imagen “moderada” que con la ayuda de radios, prensa escrita y buena parte de las televisiones ha construido de sí mismo.

Tampoco debemos pasar por alto que una cosa es dar apoyo a la tramitación del proyecto y otra muy distinta apoyar al 100% la redacción propuesta por la FELGTB en todos y cada uno de sus apartados. La trampa, en este caso, podría venir de posibles juegos de alianzas entre varias fuerzas políticas (PP incluido) para introducir enmiendas que descafeinasen o rebajasen el alcance del proyecto. Estaremos muy atentos.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento de Navarra, con la abstención del PP, respalda la campaña de concienciación sobre los menores trans de Chrysallis

Sábado, 21 de enero de 2017

1356007795727navarrac4El Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración institucional de apoyo a los derechos de las personas transexuales “incidiendo especialmente en los menores” que incluye además el apoyo expreso a la campaña de concienciación sobre la realidad trans en la infancia promovida por Chrysallis Euskal Herria. Lo ha hecho, eso sí, con la abstención del Partido Popular, que aunque respaldaba el resto del texto no ha querido ofrecer su apoyo expreso a la campaña de la asociación de familias de menores transexuales de País Vasco y Navarra.

Reproducimos literalmente el texto de la declaración:

1. El Parlamento de Navarra reitera su apoyo y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, incidiendo especialmente en los menores transexuales y su derecho a la no discriminación y a la comprensión de su realidad.
2. El Parlamento de Navarra muestra su apoyo a las familias de menores transexuales y a la campaña que la asociación Chrysallis ha puesto en marcha para dar a conocer la realidad de estos niños y niñas.
3. El Parlamento de Navarra muestra su compromiso para promover el marco normativo adecuado para el respeto de la diversidad sexual y de género, con especial incidencia en lo relativo a menores de edad.

La declaración ha sido presentada por los grupos parlamentarios de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra. Se han posicionado a favor, además, el Partido Socialista de Navarra (la federación navarra del PSOE) y UPN. Los dos diputados del PP, sin embargo, no han querido dar su apoyo al punto 2 de la declaración, aunque sí al resto.

Una campaña que ha disgustado a los ultraconservadores

campana-chrysallisSegún afirman sus promotores, la iniciativa se ha presentado en respuesta a los ataques que ha recibido la campaña de Chrysallis. Como explicamos hace unos días, la campaña ha constado de 150 carteles repartidos por marquesinas de autobuses de Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Pamplona, además de en estaciones del metro de Bilbao. Su imagen era un dibujo en el que un grupo de cuatro niños corren desnudos, dos con pelo corto y dos con pelo largo (podrían ser por tanto cuatro niños, cuatro niñas, dos y dos, tres y uno…) Asumiendo que se trata de dos niños y dos niñas, si nos fijamos bien vemos que hay un niño y una niña con pene y un niño y una niña con vagina, representados en cualquier caso de forma pudorosa. La imagen se acompañaba de las leyendas “Hay niñas con pene y niños con vulva. Así de sencillo” “La mayoría sufre cada día porque la mayoría desconoce esta realidad. Hablemos de ello. Su felicidad también depende de ti”.

La campaña sufrió la censura de Facebook, que consideró en un primer momento que el contenido era “inadecuado”, y despertó la ira de los sectores más conservadores, sufriendo incluso actos de vandalismo. Pero también ha despertado gran curiosidad por conocer la realidad de los niños y niñas trans y ha sido muy difundida en redes sociales y medios de comunicación.

Desde dosmanzanas felicitamos a Chrysallis Euskal Herria por el éxito de su campaña. También al pueblo de Navarra, que a través de la cámara que lo representa ha tenido un gesto más que necesario de solidaridad hacia el colectivo de menores trans y sus familias. Navarra fue, no está de más recordarlo, la primera comunidad autonóma que aprobó hace ya más de siete años la primera ley integral de transexualidad del Estado.

Fuente Dosmanzanas

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La que faltaba: Munilla se revuelve y advierte de que ningún partido político de ámbito estatal «representa al voto católico»

Domingo, 28 de septiembre de 2014

munilla-cierra-las-puertas¿Hasta ahora era el PP quien representaba el supuesto voto católico? A este paso sólo les va a quedar la Falange y toda esa caterva de grupúsculos de extrema derecha… Por cierto, si él puede decir a sus diocesanos que no voten a tal o cual partido, ¿podrán decirle sus diocesanos que  les resbalan sus palabras?… Y a las pruebas nos remitimos…

El Obispo de San Sebastián pide a los católicos que no voten al partido popular

Un católico no puede votar en coherencia a los partidos políticos de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de Diputados

Munilla: “Muchos se irán del PP tras retirar la reforma del aborto”

Lamenta la “deriva” del PP, que ha asumido “la aberración de considerar al aborto como un derecho humano”

El obispo de Donostia-San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha cargado contra el PP tras haber decidido retirar la reforma de la Ley del Aborto y ha asegurado que “muchos se darán de baja”, al igual que “un número significativo de militantes del Partido Nacionalista Vasco se dieron de baja en su militancia política, cuando su partido asumió los postulados abortistas”.

El Obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha lamentado que el Partido Popular haya asumido “la aberración de considerar al aborto como un derecho humano” y ha advertido de que en el marco parlamentario actual “no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto católico”.

En una carta publicada en la web de la Diócesis de Guipúzcoa, tituladaVoz de los sin voz’, Munilla califica de “decisión política” la retirada por parte del Gobierno central del anteproyecto de ley del aborto y advierte de que tiene unas “implicaciones morales muy graves”, ya que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, “condena a cientos de miles de vidas humanas al más absoluto de los desamparos”.

Tras señalar que cuando lo que está en juego es “el mismo derecho a vivir, no cabe entender que estemos ante una cuestión más”, Munilla critica que “cada día son exterminadas en España más de trescientas vidas humanas a las que se les niega el derecho a vivir“.

Si bien el Partido Popular había manifestado mientras estaba en la oposición su desacuerdo con la ley abortista de Zapatero, finalmente ha terminado por asumir la aberración de considerar al aborto como un derecho humano“, señala en referencia a la retirada del anteproyecto de ley.

En este sentido, afirma que “desgraciadamente no es la primera vez que se produce una deriva semejante en el Partido Popular” y subraya que “los hechos demuestran que la supuesta ‘izquierda’ es la que termina marcando el camino a la supuesta ‘derecha'” y cada vez existen menos diferencias ideológicas “reales” entre los partidos políticos, “dado que han asumido todos ellos los valores del neocapitalismo, el relativismo y la ideología de género”.

“La decisión tomada por el presidente de Gobierno reabre de una forma definitiva el debate ya existente desde hace tiempo en el seno de la Iglesia Católica. ¿Qué tipo de presencia deben de tener los católicos en la vida política? ¿Es coherente que los católicos se integren en partidos políticos que acogen en sus programas propuestas diametralmente contrarias a los valores evangélicos? ¿Pueden los católicos votar a partidos políticos que están en esta situación, basándose en el principio del ‘mal menor’?, se pregunta.

A su juicio, el tiempo ha demostrado que “por el camino del mal menor se termina llegando al mal mayor” y remarca que la opción del mal menor solo puede ser acogida por un cristiano de forma circunstancial y transitoria, sin caer en la tentación de hacer de ella su santo y seña”.

“De forma similar a como me consta que un número significativo de militantes del PNV se dieron de baja en su militancia política, cuando su partido asumió los postulados abortistas, tampoco me cabe duda de que ahora serán también muchos los que hagan lo propio en el Partido Popular“, considera, para añadir que “hay que optar entre situar la ideología por encima de los valores morales o al revés.

Por todo ello, advierte de que los creyentes tienen un “serio problema” porque en el arco parlamentario actual “no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto católico”.

“Para decirlo claramente, un católico que aspire a ser fiel a los principios de la Doctrina Social Católica, no puede votar en coherencia a los partidos políticos de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de Diputados“, insiste.

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Texto íntegro de la carta pastoral de monseñor Munilla

Aborto: Voz de los sin voz

La retirada por parte del Presidente de Gobierno del “Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada”, es una decisión política con unas implicaciones morales muy graves, dado que la medida del sr. Rajoy condena a cientos de miles de vidas humanas al más absoluto de los desamparos.

El derecho a la vida no es un derecho más, sino uno anterior a todos los derechos, y sobre el que se sustentan todos los demás. Obviamente, el juicio moral de las políticas desarrolladas por un gobierno no se circunscribe a la tutela de la vida. La experiencia nos dice que unos partidos suelen ser más sensibles hacia determinados valores éticos, mientras que otros lo son hacia otro tipo de valores morales. Pero cuando lo que está en juego es el mismo derecho a vivir, no cabe entender que estemos ante una cuestión más, entre tantas otras. Se trata probablemente del mayor de los dramas morales de nuestra sociedad. Cada día son exterminadas en España más de trescientas vidas humanas, a las que se les niega el más elemental de los derechos: el derecho a vivir. Y esto se hace bajo el amparo de un ley inicua que reconoce el derecho a abortar, es decir, el derecho a matar.

Si bien el Partido Popular había manifestado mientras estaba en la oposición su desacuerdo con la ley abortista de Zapatero (2010), finalmente, ha terminado por asumir la aberración de considerar al aborto como un derecho humano. (Conviene puntualizar que no existe en el mundo otro estado que considere el aborto como un derecho en su legislación). Desgraciadamente, no es la primera vez que se produce una deriva semejante en el Partido Popular. Los hechos demuestran que la supuesta “izquierda” es la que termina marcando el camino a la supuesta “derecha”. Cada vez existen menos diferencias ideológicas reales entre los partidos políticos, dado que han asumido todos ellos los valores del neocapitalismo, el relativismo y la ideología de género. Alguien dijo que el pensamiento políticamente correcto de nuestros días, se caracteriza por ser teóricamente marxista, prácticamente liberal, y psicológicamente freudiano.

La decisión tomada por el Presidente de Gobierno reabre de una forma definitiva el debate ya existente desde hace tiempo en el seno de la Iglesia Católica: ¿Qué tipo de presencia deben de tener los católicos en la vida política? ¿Es coherente que los católicos se integren en partidos políticos que acogen en sus programas propuestas diametralmente contrarias a los valores evangélicos? ¿Pueden los católicos votar a partidos políticos que están en esta situación, basándose en el principio del “mal menor”? El tiempo ha demostrado que por el camino del “mal menor” se termina llegando al “mal mayor”. La opción del “mal menor” solo puede ser acogida por un cristiano de forma circunstancial y transitoria; sin caer en la tentación de hacer de ella su “santo y seña”. Y es que… Jesucristo nos enseñó a apostar por el bien; no por el mal menor.

De forma similar a como me consta que un número significativo de militantes del Partido Nacionalista Vasco se dieron de baja en su militancia política, cuando su partido asumió los postulados abortistas, tampoco me cabe duda de que ahora serán también muchos los que hagan lo propio en el Partido Popular (aunque los aparatos políticos intenten poner sordina a este hecho). Estamos ante un test importante para medir nuestra jerarquía de valores: ¿La ideología por encima de los valores morales? ¿O los valores morales por encima de la ideología? No caben las componendas; hay que optar.

Los creyentes tienen un serio problema: en el arco parlamentario actual no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto católico. Para decirlo claramente: un católico que aspire a ser fiel a los principios de la Doctrina Social Católica, no puede votar en coherencia a los partidos políticos de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de Diputados.

El quehacer de los obispos es la iluminación moral, y no la conformación de alternativas políticas. He aquí uno de los retos específicos más importantes de los seglares en este momento. La vocación de los laicos católicos, a diferencia de los sacerdotes y obispos, es la de hacerse presentes en la vida pública proponiendo alternativas políticas, capaces de encarnar de forma coherente en la vida pública los principios que inspiran la Doctrina Social Católica.

Ni qué decir tiene que aunque estas reflexiones están referidas prioritariamente a los católicos, son también aplicables a los miembros de otras confesiones religiosas, e incluso a no pocos ciudadanos no creyentes que apuestan por la integridad de los valores morales, incluyendo el de la inviolabilidad de la vida humana en el seno materno.

La cuestión es la siguiente: ¿Quién prestará su voz a los que no tienen voz? ¿Quién está dispuesto a defender el derecho a la vida de cientos de miles de inocentes que todavía no pueden hablar por sí mismos? ¿Y quién ofrecerá a las mujeres embarazadas que están en situaciones difíciles una alternativa a esa trampa mortal llamada “derecho a abortar”?

+ José Ignacio Munilla

Obispo de San Sebastián

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Fuente Religión Digital

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El PP rechaza en el Congreso blindar a las personas con VIH contra la discriminación.

Jueves, 8 de mayo de 2014

discriminacionEl grupo popular en el Congreso de los Diputados ha rechazado una proposición de ley aprobada por el Parlamento de Navarra cuyo objetivo era prohibir la discriminación de las personas con VIH en acuerdos legales, como por ejemplo la contratación de un seguro. Los populares no ven dicha prohibición necesaria y consideran que el ordenamiento jurídico existente es suficiente para denunciar tales cláusulas. Se da la paradoja de que el PP sí apoyo la propuesta cuando fue votada en la cámara foral navarra.

El texto de la proposición (publicado por el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra) fue aprobado el 14 de marzo de 2013 por unanimidad de todas las fuerzas políticas navarras a iniciativa de los socialistas. Proponía modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios añadiendo una disposición adicional que decía, literalmente: “Serán nulas y se tendrán por no puestas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes por tener VIH/SIDA. No tendrá tampoco validez y será nula la renuncia a lo estipulado en esta disposición por la parte que tenga VIH/SIDA”.

En su exposición de motivos, la proposición argumentaba que distintas asociaciones, organizaciones, colectivos e instituciones públicas, entre ellas la Defensoría del Pueblo de Navarra, han denunciado la existencia de estas cláusulas discriminatorias “en algunos negocios jurídicos, en cuya virtud se excluyen de determinadas prestaciones y servicios a personas portadoras del VIH/SIDA, llegando a ser, en la mayoría de las ocasiones, la única enfermedad que se identifica de forma explícita e individual”. La propuesta instaba además al gobierno español a determinar la aplicación de los principios de esta ley (de haber sido aprobada) a otras enfermedades que pudieran considerarse “que producen los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas”.

La proposición ha sido defendida en el Congreso por tres diputados del Parlamento de Navarra, Roberto Jiménez (Partido Socialista de Navarra), Sergio Sayas (Unión del Pueblo Navarro) y Bakartxo Ruiz (Bildu), que han defendido la necesidad de la modificación legal para evitar la discriminación de las personas con VIH. Contaba además con el apoyo en bloque de toda la oposición, incluyendo como parece obvio al único diputado de UPN (que normalmente se alinea con el PP) y a PNV y CiU. La diputada nacionalista catalana, Lourdes Ciuró, ha señalado por ejemplo que aunque la Constitución consagre el principio de no discriminación, “la realidad es otra y se crean estigmas o marcas con por ejemplo los enfermos de sida o portadores de VIH y se provoca discriminación en distintos ámbitos de la vida”, apostilló.

Una realidad que sin embargo no aprecia el grupo popular del Congreso. Su portavoz en esta materia, María Felicidad Rodríguez, ha argumentado que el ordenamiento jurídico español y la Constitución son de por sí suficientes para considerar nulas este tipo de cláusulas, que aun así considera que “deben ser denunciadas, perseguidas y castigadas”.

La diputada popular ha utilizado un alambicado argumento para negarse a establecer una lista específica de enfermedades cuya discriminación se prohíbe expresamente, al considerar que “podría interpretarse que cualquier otra enfermedad que no estuviera en esa enumeración sí permitiría alguna discriminación y esto no puede ser”.

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El Parlamento de Navarra, primera reprobación institucional al Cardenal Fernando Sebastián.

Martes, 28 de enero de 2014
1356007795727navarrac4011314_2220_lafamiliayl1Y como siempre, el PP y UPN disculpando la Homofobia…
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Las declaraciones del cardenal Fernando Sebastián arzobispo emérito de Pamplona, tildando de “deficiencia” la homosexualidad parecen haberse ganado su primera reprobación institucional. El Parlamento de Navarra ha aprobado hoy una reprobación del cardenal por las palabras homófobas con las que atacó al colectivo LGBT en una entrevista concedida al Diario Sur.
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En la declaración publicada, el Parlamento navarro califica de “sectarias” y “falta de respeto” las manifestaciones vertidas por Sebastián. Al mismo tiempo, se insta a la Iglesia Católica española a rectificar este tipo de planteamientos discriminatorios e irrespetuosos con los gays.
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El Parlamento de Navarra reprueba las declaraciones del Arzobispo Emérito de Pamplona, Fernando Sebastián, por sectarias y por la falta de respeto que en sí mismas demuestran hacia todas aquellas personas que viven y sienten una orientación sexual determinada, y llama al propio obispo Sebastián así como a las instituciones de la Iglesia Católica en España, a replantear su posición respecto de unas realidades ante las cuales no debe procederse con discursos equívocos e irrespetuosos que lejos de generar aceptación generan rechazos innecesarios por injustos”.
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La reprobación se produce tras la propuesta de declaración institucional solicitada por el PSN-PSOE y ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos excepto UPN y PP. Para el portavoz de UPN, Carlos García Adanero “es un despropósito traer una declaración institucional de esas formas al Parlamento”. Según él, parece que las palabras del cardenal son una simple libertad de expresión y no unas declaraciones que fomentan la discriminación. “Damos carnés de qué se puede o no se puede decir en este país”, afirmaba. Por su parte, para la portavoz del PP, Ana Beltrán, la declaración es “innecesaria e injusta”, porque considera que Sebastián se ha limitado a expresar una opinión personal que han querido extender a toda la Iglesia desde el Parlamento.

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