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Bosnia-Herzegovina celebró su primer Orgullo LGTBI sorteando la violencia de los grupos de odio

Lunes, 16 de septiembre de 2019

Bosnia-Herzegovina-FlagsLa marcha, impulsada desde el Sarajevo Open Center, tuvo lugar durante la mañana del 8 de septiembre y se vió amenazada por concentraciones homófobas. La de bosnia era la única de las capitales de las antiguas repúblicas yugoslavas en la que todavía no se había celebrado una marcha de reivindicación de los derechos de la diversidad sexual después de que Skopje, la capital de Macedonia del Norte, se estrenara el pasado 29 de junio

orgullo-bosniaEl trabajo de años del Sarajevo Open Center en materia de derechos LGTBI ha escalado un peldaño con la celebración de la primera marcha del Orgullo en Bosnia-Herzegovina. Una marcha que, pese a su carácter festivo y pacífico, tuvo que ser protegida por una importante presencia policial, además de la seguridad privada y la infraestructura de apoyo que los propios organizadores se vieron obligados a contratar.

Estas medidas de seguridad se deben a la LGTBfobia social imperante en la antigua república yugoslava, que esta vez se plasmó  en dos concentraciones. Una la noche previa al evento, impulsada por colectivos católicos y musulmanes, y otra trascurrió al mismo tiempo que la marcha por la diversidad. También se temía que grupos ultras de fútbol de corte neonazi acudieran a reventar el acto. Pese a todo, la marcha en favor de los derechos LGTBI fue multitudinaria y discurrió sin incidencias significativas.

Bajo el lema «Ima Izać’!», el Sarajevo Open Center impulsó esta celebración reivindicativa con una clara alusión al objetivo de que las personas LGTBI salgan del armario. Según explican los propios organizadores, es una expresión que se utiliza en los autobuses cuando alguno de los pasajeros solicita una parada, y que podría traducirse por «abra la puerta, por favor».  El hecho de «salir» a la sociedad como personas con una orientación sexual o una identidad de género diversa se topa con la «violencia intrafamiliar» con tintes LGTBIfobos. Este es uno de los principales escollos para empezar a vivir una vida en igualdad, según denuncia la activista Lejla Huremovic en una entrevista a eldiario.es.

Un contexto complicado

orgullo-bosnia-2-300x131La primera marcha del Orgullo LGTBI bosnio fue anunciada a principios del mes de abril por activistas pertenecientes a organizaciones de diversos puntos del país. Desde esa fecha, sus promotores han mantenido reuniones con el Ministerio del Interior bosnio para asegurar la seguridad de la manifestación. Un hecho que no ha podido evitar que hayan tenido lugar diversas agresiones contra los organizadores. Una parte de la prensa bosnia también se ha mostrado contraria, amparándose en encuestas según las cuales una mayoría de la población se oponía, supuestamente, a la celebración del evento. Tampoco jugaba a favor el recuerdo de lo sucedido en 2008, cuando se intentó por primera vez celebrar un festival LGTB en Sarajevo: ante los ataques sufridos por varios asistentes el primer día, el resto de los días se tuvo que celebrar a puerta cerrada y bajo protección policial.

Pese a todo, la asistencia al primer Orgullo LGTBI de Bosnia-Herzegovina se cifró en unas dos mil personas, mientras que las convocatorias contra los derechos de las minorías sexuales concentraron a unos pocos cientos. El apoyo de la Unión Europea y embajadas como la de Estados Unidos, Canadá o la propia España también ha supuesto un impulso para los organizadores. Una escena internacional que apoya a estos colectivos resulta en ocasiones determinante para que millones de personas puedan conquistar sus derechos y vivir en libertad.

Fuente Dosmanzanas

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La Audiencia de Barcelona absuelve de un delito de transfobia a tres hombres que agredieron a dos mujeres al creer que desconocían su condición trans

Sábado, 20 de julio de 2019

TransfobiaaIncomprensible sentencia la de la sección 7ª Audiencia Provincial de Barcelona, que ha absuelto a tres hombres que agredieron a dos mujeres trans de un delito contra la integridad moral por razón de orientación o identidad sexual al considerar que «probablemente» estos desconocían su condición trans. 

Lo publicaba este lunes eldiario.es. Aunque en primera instancia un juzgado de Terrassa consideraba probadas las expresiones tránsfobas supuestamente usadas por tres de los agresores, del tipo de «¿sois hombres o mujeres?» o «¿quién tiene la polla más grande?», los magistrados de la Audiencia de Barcelona consideran verosímil la versión de estos, según la cual desconocían que las víctimas eran mujeres trans cuando les preguntaron por el precio a pagar a cambio de servicios sexuales, lo que derivó finalmente en una pelea.

Al creer la versión de los agresores y desaparecer de los hechos probados las citadas expresiones tránsfobas, según la Audiencia de Barcelona ya «no cabe hablar de menosprecio a una orientación o identidad sexual que desconocían». Esa sería la razón argumentada para absolverles del delito contra la integridad moral, por el que habían sido condenados a seis meses de prisión, aunque sí se reconoce que causaron lesiones leves a las mujeres, por lo cual únicamente deberán abonar una multa de 180 euros. La sentencia sí que reconoce que uno de los agresores le dijo a una de las mujeres «si eres un hombre entonces te puedo pegar», pero considera que esta expresión «no entraña desdoro alguno» y que fue pronunciada una vez iniciada la pelea, por lo que no puede considerarse demostrativa de que esta se iniciase por una motivación tránsfoba.

Curiosamente, la Audiencia de Barcelona sí mantiene la condena a un cuarto individuo que agredió a una tercera víctima, un joven gay amigo de las dos mujeres, al que llamó «maricón» y al que según la sentencia sí agredió «por la condición de homosexual que su manera de vestir, moverse y hablar denotaba». La sentencia destaca además que una de las víctimas señaló a este cuarto acusado como el que desencadenó la pelea.

Una serie de argumentaciones, en definitiva, que nos deja realmente sorprendidos y que ilustra a la perfección la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan a diario las mujeres trans. No solos los únicos. «No compartimos este cuestionamiento del odio tránsfobo. Hace falta contundencia ante la violencia hacia las personas trans», expresaba en redes sociales el Observatori contra l’Homofòbia.

Fuente Dosmanzanas

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El Supremo brasileño equipara la homofobia y la transfobia al racismo, una decisión que Bolsonaro califica como «completamente equivocada»

Martes, 18 de junio de 2019

Brasil-sem-homofobia1Tal y como adelantamos en mayo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, la máxima instancia judicial del país, ha fallado a favor de la protección legal de la población LGTB frente a la violencia y la discriminación. El recuento final arroja ocho votos a favor y tres en contra de un texto que decreta la equiparación de los delitos por homofobia y transfobia con los motivados por el racismo mientras persista la «omisión legislativa» al respecto. 

Fue el pasado mes de febrero cuando comenzó el proceso sobre la persecución legal de la LGTBfobia, en respuesta a dos recursos presentados por la Asociación Brasileña de Gais, Lesbianas y Transgénero (ABGLT) en 2012 y el Partido Popular Socialista en 2013. Ambos persiguen «la criminalización específica de todas las formas de homofobia y transfobia, especialmente (pero no exclusivamente) de las ofensas (individuales y colectivas), de los homicidios, de las agresiones y discriminaciones motivadas por la orientación sexual y/o identidad de género, real o supuesta, de la víctima».

Cuatro de los once jueces del Supremo ya se pronunciaron en febrero a favor de las tesis de los demandantes. Con la inclusión en mayo de otros dos votos favorables se alcanzaba ya la mayoría del alto tribunal, compuesto por once magistrados. Ahora lo han hecho los cinco restantes, de los cuales dos se han posicionado a favor y tres en contra. Finalmente, 8 votos contra 5.

La tesis fijada por el Supremo brasileño hace extensiva la legislación contra el racismo a los delitos por homofobia y transfobia y será de aplicación mientras se mantenga la ausencia de legislación al respecto, un vacío legal que coloca al colectivo LGTB en situación de indefensión. «El concepto de racismo sobrepasa los aspectos estrictamente biológivos o fenotípicos e incluye la negación de la dignidad y de la humanidad de grupos vulnerables», asegura el Supremo en la nota de prensa que daba a conocer el resultado de la votación.  Puedes descargar aquí la tesis completa, que también impone límites al discurso de odio por parte de los líderes religiosos al considerar que este no queda cubierto por el derecho a la libertad religiosa.

Críticas de Jair Bolsonaro

La decisión, como era de esperar, no ha sido recibida con agrado por el presidente de Brasil, el abiertamente homófobo Jair Bolsonaro, que la ha calificado como «completamente equivocada» y ha asegurado que perjudica a los propios homosexuales, que según él tendrán más dificultades para encontrar trabajo ya que los empresarios se lo pensarán «dos veces» antes de contratarlos por miedo a ser acusados de descriminación. Bolsonaro ha añadido que esta decisión del Supremo brasileño es un argumento más a la hora de renovar el alto tribunal incorporando magistrados evangélicos.

Habrá que ver, por otra parte, si el legislativo brasileño avanza en la misma dirección que el Supremo. En este sentido, solo un día antes de que en mayo se adelantase la decisión mayoritaria del Supremo, el Senado brasileño aprobaba en comisión un proyecto de ley para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. El texto equipara las penas para los delitos motivados por la raza, color, etnia, religión o procedencia nacional con los cometidos contra las personas LGTB. También castiga la denegación del acceso a establecimientos abiertos al público, así como los intentos de impedir o restringir las «manifestaciones razonables de afecto de cualquier persona», salvo en lugares de culto. A la propuesta, no obstante, le queda por delante una trabajosa tramitación.

Una situación muy complicada para el colectivo LGTB

En 2018, además, fuimos testigos de como la LGTBfobia ha escalado hasta alcanzar ámbitos activistas y políticos. En mayo recogíamos el asesinato en Río de Janeiro de la activista de género no binario Matheusa Passareli. Y en marzo el de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, afrodescendiente, abiertamente bisexual, feminista y activista en favor de los derechos humanos. Una escalada a la que también nos hemos referido al recoger tanto el episodio de acoso que sufrió Judith Butler en una visita al país para participar en un debate universitario como la decisión de un juez federal contra la orden del Consejo Federal de Psicología que prohibía desde hace años las «terapias» reparadoras de la homosexualidad. Y que ha forzado al que fuera primer diputado abiertamente gay de Brasil, Jean Wyllys, a abandonar el país e instalarse en Alemania (ver aquí la interesante entrevista que hace pocos días publicaba eldiario.es).

La llegada de Bolsonaro a la presidencia

La situación de la comunidad LGTB, incluso ya antes de la victoria de Bolsonaro en octubre de 2018, es muy dura. El Grupo Gay de Bahía, colectivo que hace una meritoria labor de monitorización de los delitos de odio en Brasil, tuvo conocimiento de 445 muertes violentas de personas LGTB en 2017: 387 asesinatos y 58 suicidios, un aumento del 30% con respecto a 2016, «cuando se registraron 343 muertes», comienza su informe 2017. De alguna de estas muertes nos hemos hecho eco en esta misma página, como sucedió por ejemplo con el terrible asesinato de Dandara dos Santos, una mujer trans. La tendencia, en este sentido, ha sido creciente a lo largo de los últimos años.

Y si algún político encarna a la perfección esa LGTBfobia en su discurso político, ese es Jair Bolsonaro, elegido presidente en octubre de 2018. Una victoria que, dados los precedentes del personaje y el apoyo del poderoso movimiento evangélico, abrió un escenario terrible para las personas LGTB en Brasil. Ya en 2011 lo mencionábamos cuando acusó al Ministerio de Educación de «fomentar la homosexualidad» por promover un proyecto contra la homofobia. En 2014 volvimos a referirnos a Bolsonaro, que negaba que educar en la diversidad sirviese para combatir la homofobia, y acusaba explícitamente a los que así lo defienden de querer «llevar la materia a las escuelas para transformar a niños de seis años en homosexuales. Al punto de que así se facilita la pederastia en Brasil».

Bolsonaro acababa la entrevista burlándose del intento de aprobar una ley que castigase la violencia homófoba, a la que quitaba importancia. «¿Solo porque a uno le guste tomar por culo se convierte en un semidios al que no se le puede pegar?», remataba. El ahora presidente ha hecho otras declaraciones homófobas en el pasado, como aquellas en las que aseguraba preferir que un hijo suyo muriese en un accidente a que apareciese «con un bigotudo», pero basta con releer la entrevista de 2014 a El País para ser consciente de la monstruosidad del personaje.

En el ámbito legal, hay que tener en cuenta que muchos de los avances en derechos LGTB que ha experimentado Brasil se han producido al margen de los poderes legislativo o ejecutivo: el matrimonio igualitario es una realidad posible gracias a resoluciones judiciales, mientras que la prohibición de las «terapias» reparadoras, sobre la que como mencionamos arriba tiene lugar una batalla en los tribunales, fue una decisión profesional del Consejo Federal de Psicología. La presión de los grupos evangélicos para que desde el poder político se ponga coto e incluso se revierta esta situación puede encontrar en Bolsonaro el aliado ideal.

En este sentido, la recién aprobada tesis del Supremo contra la LGTBfobia es una soplo de aire fresco en un ambiente profundamente enrarecido.

Fuente Dosmanzanas

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La concejala de Vox que acudió al despliegue de una bandera arcoíris en Torremolinos deja el partido tras descubrir que es homófobo

Viernes, 7 de junio de 2019

FDD9712A-6C1A-452D-ADB9-207EB06D8EBAEl espectáculo en el que se ha convertido la política española desde la irrupción de la extrema derecha en el Parlamento andaluz el pasado noviembre sería cómico… si no fuera por sus terribles consecuencias para los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas LGTBI. Hoy asistimos a un nuevo episodio del vodevil: el abandono de una recién elegida concejal de Vox en Torremolinos de la formación de extrema derecha tras las críticas internas recibidas por asistir al despliegue de una bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento. Lucía Cuín, que así se llama la lumbrera, ha descubierto que la formación con la que se presentó a las elecciones es homófoba. Debe ser que no se preocupó de informarse con anterioridad de donde se metía.

La historia es seguramente conocida por nuestros lectores, especialmente aquellos más activos en redes sociales. Lucía Cuín sorprendía hace unos días apareciendo junto a otros concejales en el balcón del Ayuntamiento de Torremolinos celebrando el despliegue de la bandera arcoíris que daba paso al mes del Orgullo LGTBI. Hay que tener en cuenta, para los que no lo sepan, que Torremolinos, localidad de la Costa del Sol, es un lugar que antaño desempeñó un papel clave en la historia del movimiento LGTBI español y sigue siendo hoy día un destino turístico preferente para este colectivo. La corporación municipal saliente, de hecho, ha hecho un esfuerzo importante de promoción de este tipo de turismo, que dio lugar incluso a una polémica de la que nos hicimos eco en enero de 2018 cuando el Partido Popular acusó al PSOE, entonces gobernante, de «promocionar solo un turismo gay de baja estopa que ahuyenta el turismo familiar y rechazan los propios gais serios y formales que siempre se han sentido a gusto en Torremolinos».

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Lucía Cuín, cuarta comenzando por la izquierda

La participación de la concejala de Vox en el evento desencadenó, como era de esperar, reacciones indignadas entre los seguidores de la formación de extrema derecha en redes sociales, así como en medios cercanos. «Seguro que buena parte de los votantes y la base de militancia de Vox, sorprendidos ante la presencia de su candidata en el aquelarre anual de los homosexuales, su fiesta por antonomasia, se habrán quedado interpérritos [sic], completamente fuera de juego (…) Precisamente viniendo desde una formación que se ha desmarcado desde el principio del resto de siglas del arco parlamentario por criticar con dureza y sin complejos, los totalitarismos ideológicos y los chiringuitos subvencionados del lobby LGTBI o el negocio del feminismo en España», podía leerse en Mediterráneo Digital, un panfleto de extrema derecha. Alerta Digital, otro medio ultraderechista, recogía la noticia asegurando que «Vox en Málaga se podemiza ante la indiferencia de la dirección nacional» y alabando la postura homófoba del que fuera alcalde popular de Torremolinos, Pedro Fernández Montes. «La ‘derechita cobarde’ al menos mantuvo los principios de los que la ‘derechita valiente’ carece», aseguraba. Conviene recordar, en este punto, que en 2014 el Ayuntamiento presidido por Fernández Montes prohibió la celebración del «Orgullo Solidario», un evento que pretendía servir de colofón a una campaña de recogida de alimentos emprendida por activistas y empresarios de los principales locales de ocio gay de la localidad, por incluir actuaciones de transformistas, al considerar que no daban «buena imagen». Una prohibición que acabó desembocando en la celebración, a modo de protesta, del «Día Internacional del Transformismo» con la participación de numerosos transformistas que quisieron expresar su rechazo a la posición del entonces alcalde.

Volviendo a Vox, el partido de extrema derecha decidía por fin reaccionar exigiendo el acta de concejal a Cuín por su participación en el mencionado evento, según recoge eldiario.es, así como pedirle que escribiera una carta pública mostrando su arrepentimiento. «Les dije que no porque considero que es fundamental la lucha por los derechos de las personas y creo que debía estar allí», ha declarado Cuín a este medio digital.

Finamente, Lucía Cuín ha optado por abandonar Vox (y de hecho ya ha comunicado su baja al partido) pero mantener su acta de concejal. Cuín, en realidad, lleva solo unos meses en Vox. Antes militaba en el PP, aunque acabó por abandonar este partido tras el cisma que tuvo lugar entre los partidarios del antes mencionado Pedro Fernández Montes (como ella misma) y los de la nueva candidata popular a la alcaldía, Margarita del Cid. La carámbola podría ser completa, de hecho: hasta el pasado jueves todo apuntaba a que el PP se haría con la alcaldía tras un paréntesis de 4 años, sumando los dos concejales de Ciudadanos y los dos de Vox. Si Cuín decide llevar ahora su disidencia de Vox más lejos y desmarcarse de un posible acuerdo entre las tres formaciones derechistas para elegir alcaldesa a del Cid (precisamente la rival de Fernández Montes…) quizá la situación sea otra muy distinta.

En cualquier caso, no deja de resultar sorprendente que a Cuín le extrañe la bien conocida posición de Vox en contra de los derechos de las personas LGTBI y del Orgullo.«Les dije [a los dirigentes locales del partido] que estas presiones no las iba a consentir y la carta no la iba a enviar. Porque al final la que sale de homófoba soy yo, y yo no soy así», ha declarado a eldiario.es. «No sabía que estaba cruzando una línea roja infranqueable. Este es un pueblo muy diverso en culturas, religión, orientación sexual… No creo que sea nadie para juzgar eso. Toda la campaña manteniendo que en Vox hay homosexuales y un chico negro, y a las primeras de cambio…». Cómo si un partido no pudiera tener el apoyo de personas homosexuales y defender políticas homófobas, por cierto.

En definitiva, no parece que Lucía Cuín se informase mucho del tipo de partido por el cual decidió presentarse a las elecciones municipales. Y eso que Vox, en su programa para las pasadas elecciones autonómica andaluzas, incluía la derogación de las leyes de protección al colectivo LGTBI y proponía, a nivel educativo, la obligatoriedad de que los padres tengan que firmar una autorización expresa «sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad», así como excluir la atención sanitaria a las personas trans de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud y retirar cualquier tipo de subvención a asociaciones LGTB. Y en su programa para las pasadas elecciones generales proponía, de forma expresa«suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud (cambio de género, aborto…)».

Pistas que al parecer Cuín no pilló.

Fuente Dosmanzanas

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El candidato de Vox a la alcaldía de Barcelona quiere cerrar el Centro LGTBI de la capital catalana

Martes, 7 de mayo de 2019

Pla curt del cap de llista de Vox per Barcelona, Ignacio Garriga, davant els estudis de TV3 a Sant Joan Despí el 17 d'abril del 2019. (horitzontal) Ignacio Garriga

El candidato a la alcaldía de Barcelona por Vox, la formación ultraderechista que sostiene al gobierno autonómico andaluz y que en las elecciones generales del pasado 28 de abril consiguió 24 diputados en el Congreso ha hecho pública su intención de cerrar el Centro LGTBI de la capital catalana. A diferencia de lo que sucede en otras ciudades españolas (como Madrid), Vox no parece contar con ninguna posibilidad de ser determinante en la formación del gobierno municipal barcelonés, pero el mero anuncio de sus intenciones pone de manifiesto el papel central que el recorte de los derechos LGTBI juega en el discurso político ultraderechista.

«Hay que cerrarlo. El primer día que entremos en el ayuntamiento propondremos su supresión, no tiene ningún sentido», ha declarado Ignacio Garriga, candidato a alcalde de Barcelona por Vox, en referencia al Centro LGTBI de Barcelona. Su argumento es que hay que retirar subvenciones a «organizaciones superfluas, carentes de impacto e ideologizadas».

El Centro LGTBI de Barcelona, como los seguidores de dosmanzanas conocen, es una instalación financiada por el Ayuntamiento de la capital catalana, que fue inaugurada el pasado 19 de enero por la alcaldesa Ada Colau y de cuya gestión se encarga la Plataforma de Entidades LGTBI de Cataluña. Cuenta con un servicio de acogida,  información y orientación atendido por especialistas en psicología, trabajo social, derecho, salud y gestión comunitaria, entre otras áreas, además de un protocolo propio para abordar las agresiones por LGTBIfobia. El espacio dispone además con una zona de exposiciones con programación regular, un auditorio con capacidad para cien personas, un espacio de salud y un área familiar y cinco salas equipadas para reuniones, asesorías, formación y talleres. Una magnífica instalación que por cierto ya sufrió un primer ataque fascista pocos días después de ser inaugurado.

La respuesta de la Plataforma de Entidades LGTBI de Cataluña no se ha hecho esperar. En un comunicado de prensa hecho público este domingo, la entidad que agrupa a las principales organizaciones LGTBI catalanas defiende que estas no son precisamente organizaciones superfluas y carentes de impacto. «Consiguieron, entre otras medidas, la aprobación de la ley contra la LGTBIfobia de Cataluña en el año 2014», argumenta. Eso sí, la plataforma reconoce abiertamente que en efecto tiene ideología: «la que combate el odio, el fascismo y la LGTBIfobia».

En palabras de Joaquim Roqueta, presidente de la plataforma, el Centro LGTBI de Barcelona «es un derecho conseguido por el movimiento LGTBI de la ciudad tras décadas de lucha y reivindicación». «Con la apertura del Centro, Barcelona se ha situado como una de las ciudades más abiertas y democráticas del mundo, siguiendo el modelo de grandes capitales como Nueva York o Ámsterdam, que cuentan con espacios similares», ha añadido. «Tres meses después de su apertura, el Centro LGTBI se ha convertido en un punto de encuentro y reflexión sobre diversidad sexual y de género para toda la ciudadanía. Desde el pasado 19 de enero, miles de personas lo han visitado, han participado de sus actividades y realizado consultas al Servicio de Información y Dinamización. Además, el Servicio de Acogida ha asistido a un centenar de casos, tanto a nivel individual como grupal o familiar», ha detallado Roqueta.

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Vox, receptor de cuantiosas subvenciones

Se da la paradoja de que la misma organización política que quiere acabar con la financiación pública del Centro LGTBI de Barcelona se ha convertido, tras las elecciones del pasado 28 de abril, en un receptor de cuantiosas subvenciones: según informa eldiario.es, al haber obtenido representación parlamentaria, Vox recibirá 2,6 millones de euros por sus gastos electorales y 68.088 euros al mes del Congreso de los Diputados (además, por supuesto, del sueldo de sus diputados). Una cantidad que se suma a los 3 millones de euros percibidos gracias a su entrada en el Parlamento andaluz.

Dinero público al que Vox no parece intención de renunciar, en lo que sería la consecuencia lógica de su supuesta aversión a las «subvenciones». Nada sorprendente, por otra parte, si se tiene en cuenta que el líder de la formación, Santiago Abascal, fue durante años receptor de un cuantioso sueldo público gracias a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, primero como director de una agencia de protección de datos (que finalmente fue disuelta) y luego como gerente de la denominada «Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social», entidad que se extinguió sin dejar rastro de su último año de actividad.

Fuente Dosmanzanas

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Las mentiras para ser invitado al World Pride, otra vez en evidencia: el PP quiere mantener la patologización de las identidades trans en la reforma de la ley de identidad de género

Martes, 20 de noviembre de 2018

dkfvag5xkaan7i0Lo adelantábamos el pasado día 14 y lo destacaba hace unos días eldiario.es, y en efecto lo hemos podido comprobar leyendo las propuestas de enmienda del Partido Popular a la proposición de ley de reforma de la ley de identidad de género. Los populares, contrarios ahora al principio de despatologización de la transexualidad, piden que se mantenga la necesidad de un «diagnóstico» para que las personas trans puedan modificar sus datos registrales. Un paso atrás respecto a lo que el propio PP se comprometió en su momento, cuando, en un documento que se ha revelado como una de las mayores mentiras de los diputados populares Javier Maroto y Andrea Levy, que llegaron a estampar su firma en él, los conservadores aseguraron estar de acuerdo con suprimir la patologización de las identidades trans.

Como sabemos, en este momento se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores (sin necesidad de intervención judicial salvo oposición expresa de uno o ambos progenitores o representantes legales). Quedaría así actualizada la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como «ley de identidad de género». La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero de este año cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance. La proposición permanece sin embargo atascada en el marasmo parlamentario, a la espera de que se vote una serie de enmiendas publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes con fecha 21 de marzo.

Una de estas enmiendas, del PP, propone mantener la patologización de la transexualidad que contempla la legislación vigente. Los populares proponen para ello la siguiente redacción del artículo 4 (requisitos para acordar la rectificación):

  1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona solicitante acredite que le ha sido diagnosticada disforia de género.
  2. La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en España, y que deberá hacer referencia:
    • A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia.
    • A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior.

El PP justifica la enmienda como una «mejora técnica», argumentando que «la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares».

La propuesta del PP supone, en definitiva, mantener la patologización de las identidades trans y que España continúe alejándose de los puestos de cabeza en materia de derechos LGTB. Hay que recordar, en este sentido, que son ya bastantes los países que han adelantado a España en este aspecto, entre ellos varios de nuestro entorno como PortugalGrecia, BélgicaIrlanda, DinamarcaMalta  o Noruega. En España, por el contrario, mientras la Ley 3/2007 no sea actualizada sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes.

Las mentiras de Maroto y Levy

maroto-en-el-orgullo-300x169Más allá de esto, cabe destacar que el PP ha dado aquí un giro de 180 grados sobre su compromiso de junio de 2017, cuando las principales fuerzas políticas acordaron con la FELGTB permitir la aprobación de una ley LGTBI cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español», así como «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional». El primero de estos puntos ya resultó incumplido en septiembre, cuando los populares se abstuvieron de votar la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Pero es ahora cuando de forma más clara se visualiza el incumplimiento: podría argumentarse que en aquel momento la abstención no suponía necesariamente una oposición frontal, pero la propuesta popular en un aspecto tan concreto y específico como es el de exigir un «diagnóstico» a las personas trans no admite dudas.

pp_derechos_lgtbiEn este caso, además, no podemos responsabilizar al nuevo presidente popular, Pablo Casado, entre cuyos apoyos para hacerse con el liderazgo del PP se encontraba por ejemplo la organización ultraconservadora HazteOír. Fue la anterior dirección la responsable de las propuestas de enmienda. A quién sí debemos recordar, para mal, es a Javier Maroto y Andrea Levy (dos de los fieles a Casado, por cierto) que para estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid (que ese año coincidía con la celebración del World Pride) no dudaron en mentir y estampar su firma en un documento en el que aseguraban que su partido se comprometía a «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans», así como estar de acuerdo con los mensajes de las pancartas de cabecera, una de las cuales rezaba «Despatologización Trans ¡Ya!». Un documento que la FELGTB divulgó en su momento:

Nada sorprendente, por cierto, viniendo de Javier Maroto, un político abiertamente gay pero que en el pasado no ha dudado en mentir para blanquear las posiciones de su partido en materia de derechos LGTB.

UPN, socio de los populares, también en contra de la despatologización

No podemos finalizar esta entrada sin reseñar que el PP no es la la única fuerza política que se opone a despatologización de las identidades trans. Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, fuerza política que acudió junto al PP a las elecciones generales, han propuesta una enmienda en el mismo sentido. UPN, de hecho, propone mantener la ley como está, incluyendo las limitaciones a menores de edad y personas extranjeras.

Fuente Dosmanzanas

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El Ministerio del Interior de España hace pública la apertura de un expediente a HazteOír para reevaluar su «utilidad pública»

Lunes, 20 de agosto de 2018

-PUN2.jpg de Producción ABC-El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska, ha anunciado en su cuenta de Twitter la apertura de un expediente «para ver si persiste la utilidad pública de HazteOír» después de la publicación, por parte de eldiario.es, de una noticia según la cual Interior descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas». Una noticia de la que también se hacían eco algunas páginas LGTBI y que desató la polémica en redes sociales.

La noticia de eldiario.es se remitía a fuentes de Interior, según las cuales no se planteaba la retirada dado que HazteOír mantiene al día sus obligaciones administrativas. Y ello a pesar de que las mismas fuentes reconocían que la Secretaría General Técnica del Ministerio podría considerar que, al margen de dichas obligaciones, una entidad no cumple con los requisitos para ser de utilidad pública.

logo_ministeriodelinteriorTras difundirse la noticia se desataba la polémica sembrando la confusión en redes sociales, que denunciaban la supuesta falta de coherencia entre la posición del PSOE en la oposición y la inactividad del Gobierno.

Pocos minutos después, sin embargo, comenzaban a sucederse las reacciones entre políticos socialistas, que desmentían la noticia: desde la diputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, hasta el diputado en el Congreso Odón Elorza, pasando por el secretario de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital, Francisco Polo:

También la cuenta oficial del PSOE desmentía la noticia:

Y lo más importante, el propio Ministerio del Interior anunciaba en Twitter la apertura, por fin, de un expediente a HazteOír para comprobar si esta organización sigue siendo de «utilidad pública»:

Una noticia que nos agrada si al final una organización de odio como HazteOír pierde sus privilegios.

En 2013 el Gobierno del Partido Popular decidió conceder a HazteOír un reconocimiento que no merece. Al margen de que la organización ultraconservadora mantenga al día sus obligaciones administrativas, hay que recordar que, para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza».

Una definición que a nuestro juicio no coincide con el ideario de HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, a través de su marca internacional CitizenGO. En Kenia, por mencionar solo un ejemplo, promovió una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

Sin embargo, el anterior ministro del Interior, del partido Popular, Juan Ignacio Zoido, se negaba de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

Y, por si fuera poco, HazteOír decidía movilizarse activamente en favor de Pablo Casado como presidente del PP

Importantes ventajas fiscales

Según informó en su momento infoLibre, ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

El Congreso pidió la revocación por mayoría absoluta

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

Fuente Diario.es, Agencias, Ministerio del Interior/Dosmanzanas

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La agresión a una pareja gay en una piscina de Santa Pola, nuevo incidente por LGTBfobia en la Comunidad Valenciana

Viernes, 27 de julio de 2018

besada-respuesta-agresion-santa-pola-300x188Una pareja de hombres ha denunciado una agresión homófoba ocurrida en una piscina de una urbanización en Santa Pola (Alicante). Los dos se encontraban disfrutando de su tiempo de ocio en actitud cariñosa, como cualquier otra pareja, cuando un vecino les llamó «maricones de mierda», les forzó a salir de la piscina y agredió salvajemente a uno de ellos. El pasado viernes varias decenas de personas protestaron por lo sucedido organizando una besada frente al castillo de la localidad.

Según relata el diario Información, la agresión tuvo lugar el jueves, 12 de julio, al filo de la medianoche. Fran, de 44 años, se encontraba con su novio haciendo uso de la piscina de la urbanización en la que reside desde hace dos años. No eran los únicos: un grupo de adolescentes disfrutaban también de la instalación en ese momento. Como cualquier otra pareja en su situación, Fran y su novio se encontraban en actitud cariñosa, dándose besos. Algo que al parecer irritó al agresor, un vecino que apareció, les gritó «maricones de mierda» y los forzó a salir de la piscina, amenazándolos con arrojarles una piedra. Ya fuera de la piscina el individuo golpeó a Fran en la boca con la piedra, además de darle varias patadas, según la denuncia que interpuso ante la Guardia Civil esa misma madrugada tras ser atendido en el consultorio médico de Santa Pola. Según el parte de lesiones presentaba heridas en el labio, rotura de un incisivo, lesiones en el hombro y dolor en el tobillo. La víctima refiere además sentir miedo de salir de casa después de lo sucedido.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, que está acompañando a la víctima en el proceso. Desde el Observatorio dan la voz la alarma, al considerar que este tipo de agresiones sigue ocurriendo, entre otras razones, debido a la sensación de impunidad de los agresores, ya que «en el ámbito de la tramitación judicial es complicado que un juez encuentre el agravante de homofobia, no son sensibles a la realidad y queremos que se agraven las penas», en palabras de Toño Abad, director del Observatorio. Confiemos en que este no sea caso, y por el contrario la justicia actúe de forma similar a como hizo recientemente en Denia, también en la provincia de Alicante, donde un individuo de 42 años, vecino de una pareja gay, fue condenado a ocho meses de cárcel y a cumplir una orden de alejamiento de la pareja tras insultarles y amenazarles.

Besada de protesta

Lo sucedido a Fran ha encendido las alarmas en Santa Pola, cuyo concejal de Igualdad y Diversidad, Samuel Ortiz, ha expresado su más absoluto rechazo y se ha mostrado además preocupado por el hecho de que esta no sea la primera agresión homófoba que llega a conocimiento del Ayuntamiento, y ello a pesar de las iniciativas en favor de la diversidad que el Ayuntamiento ha desarrollado. «Quizás los ataques de odio de ciertas personas sean una especie de respuesta a esta visibilidad, y es que las raíces heteropatriarcales todavía están muy arraigadas, y ante eso solo nos queda visibilizar las medidas en favor de la diversidad», ha declarado a eldiario.es. En concreto, el concejal menciona una agresión que sufrió otra pareja gay en la zona de Playa Lisa, que se suma a otra agresión que sufrió un miembro del colectivo juvenil Chronos Teatre cuando el pasado 30 de junio participaba en una performance en la calle con motivo del Orgullo LGTBI. Y hace varios meses fue el bar Eccolo, un local regentado por una pareja de chicas y frecuentado por clientela LGTB, el que fue objeto de un ataque a su fachada. 

De ahí que Chronos Teatre, la plataforma feminista Voces de Santa Pola y el propio bar Eccolo convocasen el pasado viernes una concentración ante la fachada principal del castillo-fortaleza de Santa Pola, en el centro de la localidad, a la que acudieron varias decenas de personas

Comunidad Valenciana: 79 incidentes de odio por LGTBfobia recogidos en 2017

observatorio-valenciano-contra-lgtbifobia-300x161El pasado mes de abril, el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia publicaba su primer informe sobre delitos e incidentes de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género de la Comunidad Valenciana, referido al año 2017. Según recogía el documento, elaborado a partir de las denuncias y consultas recibidas por parte del colectivo Diversitat y de varias entidades colaboradoras, en el territorio valenciano se contabilizaron durante el año pasado 79 delitos e incidentes motivados en el odio y la discriminación.

La mayor parte de los incidentes (21, un 39,3%) correspondieron a agresiones verbales, seguidos de amenazas (18) y agresiones físicas (15). 11 fueron catalogadas como discurso de odio, 8 como episodios de discriminación laboral y otros 8 como episodios de violencia en la escuela.

Por lo que se refiere a la tipología de las víctimas, el mayor número de incidentes (32, un 40,5%) se produjeron contra hombres gais. 21 fueron contra mujeres lesbianas, 11 contra personas trans, 7 contra hombres bisexuales, 4 contra mujeres bisexuales, 3 contra personas intersexuales y 1 contra una persona heterosexual. Por provincias, fue precisamente la de Alicante en la que el Observatorio recogió un mayor número de incidencias (42), seguida de Valencia (29) y Castellón (8).

El Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, recordemos, nació impulsado por el colectivo alicantino Diversitat y es el tercero, tras los de Madrid y Cataluña, en publicar completos informes con los datos que han podido recabar sobre la situación en sus respectivas comunidades, y que van más allá de lo que lo hacen los datos oficiales del Ministerio del Interior.

Diversitat y el Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, ante las Cortes Valencianas

tono-abad-en-cortes-valencianas-300x172Precisamente este lunes comparecía ante la Comisión de Igualdad de Género y LGTBI de las Cortes Valencianas Toño Abad, directos del Observatorio y presidente de Diversitat, para mostrar los datos de su primer informe anual y reclamar la aprobación de una ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTB en la Comunidad Valenciana, que en estos momentos discute el parlamento regional. «La discriminación, el odio y la violencia conforman un continuo que nos acompañan a lo largo de todas nuestras vidas, desde las escuelas hasta las residencias de mayores, en todos los ámbitos: la educación, la sanidad, el trabajo, la familia, los círculos sociales. Llamamos a esta discriminación continua LGTBIfobia básica de fondo, que no es más que un continuo discriminatorio que nos lanza el mensaje de que somos peores personas por ser LGTBI», ha expresado Abad ante los miembros de la Comisión.

«La diversidad se penaliza, y este es un hecho que hay que reconocer para avanzar y ser mejores como sociedad, y es una obligación ética visibilizar esta situación para poder combatirla, independientemente de nuestra ideología, por eso invito al Partido Popular a votar a favor», ha añadido Abad, que ha propuesto incorporar a la futura ley una serie de medidas como consecuencia del análisis comparativo de otras normas, como el deber de intervención de la administración pública autonómica en la detección y erradicación de la violencia o la incorporación de planes de atención a la diversidad en la administración pública valenciana, incluyendo a los Ayuntamientos. Por su parte, Visitación González, responsable de Educación de Diversitat y coordinadora del área de Educación de la FELGTB, que también intervino ante la Comisión, resaltó la importancia que tiene para los docentes una ley que respalde el trabajo en la atención a la diversidad en las aulas.

Tas numerosas alusiones  de la diputada popular Blanca Garrigues a que la ley nacía como una mera declaración de intenciones, innecesaria por existir una ley de mayor rango como la Constitución, Toño Abad contestó que «los cambios sociales, las mejoras como sociedad y como democracia nacen también de las declaraciones de intenciones, de las buenas declaraciones de intenciones». La diputada, en su turno de preguntas, insistió en que las leyes vigentes actualmente ya consagran la igualdad. «La igualdad hay que crearla, no somos todos iguales cuando no recibimos el mismo trato, no conozco a ninguna persona heterosexual que haya sido dicriminada por su orientación sexual o su identidad de género ni tampoco que le hayan puesto las maletas en la puerta sus padres por ser quien es», le respondió Abad, que también se refirió a las acusaciones de «adoctrinamiento» por parte de los sectores más reaccionarios de la sociedad valenciana. «Nadie puede adoctrinar en las aulas para modificar la orientación sexual o la identidad de género en las personas, dado que si esto fuera posible todos seríamos heterosexuales, ya que estamos socializados y educados en la discriminación y la visión negativa de la realidad LGTBI. Si esto fuera posible, no habría ni lesbianas, ni gais, ni bisexuales ni personas trans», explicó Abad.

Fuente Dosmanzanas

 

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La Fiscalía pide nueve años de cárcel para dos de los autores de una grave agresión homófoba en Barcelona

Lunes, 26 de febrero de 2018

StopLGTBFobia-copiaEl fiscal especial para delitos de odio y discriminación de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, solicita una pena de nueve años de prisión para dos de los autores de una grave agresión homófoba que tuvo lugar en octubre de 2016 en la capital catalana.

Lo recoge eldiario.es. Los hechos ocurrieron en el barrio del Putget de Barcelona. Tres hombres golpearon a una pareja gay a la que ya venían acosando desde tiempo atrás mediante “miradas desafiantes y hostiles” y “evidente desprecio a su condición sexual”. El día 31 de octubre de 2016, el acoso desembocó en agresión física. Mientras la pareja bajaba del coche a su perro y otros efectos personales, tres jóvenes comenzaron a increparles, con insultos y amenazas del tipo de “maricones que estáis molestando con este perro” u “os voy a matar cuando no haya nadie, maricones de mierda”.

Uno de los agredidos intentó entonces hacer una foto de los agresores con el teléfono móvil, lo que provocó que inicialmente estos desaparecieran de la vista. Pasados unos minutos, sin embargo, “por la espalda y sin posibilidad alguna de defensa”, los ahora acusados “golpearon reiteradamente con un casco y con los puños” a la pareja. Una de las víctimas llegó a perder el conocimiento. Ambas sufrieron además lesiones de diversa consideración que precisaron 60 y 90 días de curación y estrés postraumático. Según el escrito del fiscal, los agresores también arrebataron a las víctimas sus teléfonos, que arrojaron “deliberadamente” contra el suelo dejándolos inservibles.

La Fiscalía pide nueve años de cárcel para dos de los agresores, a los que considera principales responsables, por sendos delitos de lesiones con instrumento peligroso y un delito leve de daños. Les solicita además el pago de 39.000 y 16.000 euros a las dos víctimas en concepto de indemnización. Al tercer acusado le pide dos años de cárcel por un delito de amenazas. La petición de pena incluye la agravante de discriminación por razón de orientación sexual (artículo 22.4 del Código Penal).

Cataluña: la comunidad con más agresiones por LGTBfobia

Según la estadística de delitos de odio del Ministerio del Interior correspondiente a 2016, Cataluña fue la comunidad que más delitos de odio por LGTBfobia registró oficialmente (60). Respecto a 2017, no se han hecho públicas todavía cifras oficiales, pero los datos provisionales del Observatori contra l’Homofòbia recogen un total de 112 incidencias, de las cuales 18 son agresiones físicas. Siempre según este recuento provisional, en 2017 se habrían registrado 28 incidencias más que el año anterior (en 2016 se registraron 84 incidencias). Es cierto que dicho crecimiento puede responder tanto a un aumento real de la LGBTIfobia como a una mayor tendencia por parte de las víctimas a denunciar lo sucedido.

El último episodio de agresión por LGTBfobia que recogimos ha ocurrido este mismo mes: dos chicas, una de ellas trans, caminaban de madrugada por el barrio de Sants cuando fueron agredidas por tres jóvenes que a bordo de un coche se detuvieron a su altura, haciéndose pasar por agentes de policía. Las jóvenes no cayeron en la trampa y continuaron su camino, pero los agresores descendieron del coche, las insultaron y las agredieron físicamente. La chica trans sufrió fractura nasal y diversos hematomas.

Si a ello añadimos el repunte de episodios de homofobia relacionados de una u otra forma con el conflicto político catalán, protagonizados mayoritariamente por grupos de extrema derecha (en noviembre dedicamos una entrada al tema), el panorama es ciertamente preocupante.

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75 eurodiputados se adhieren a una carta de los socialistas españoles en la que se pide la revocación del nombramiento de María Elósegui

Martes, 13 de febrero de 2018

maria_elosegui_itxaso_2016_cropped-jpegLa delegación socialista española (PSOE) en el Parlamento Europeo ha promovido una carta que solicita la revocación del nombramiento de María Elósegui como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (puedes descargarla aquí). Por lo que se refiere a los eurodiputados españoles, a la carta se han adherido todos los eurodiputados de Podemos y de Izquierda Unida, así como varios de los integrados en el grupo liberal del Parlamento Europeo (ALDE). En concreto, la independiente Beatriz Becerra (una eurodiputada muy destacada por su defensa de los derechos LGTB), así como Izaskun Bilbao (PNV), Maite Pagazaurtundúa (UPyD), Carolina Punset (Ciudadanos) y Ramón Tremosa (PDeCAT).

Por el contrario, no han secundado la misiva ni Javier Nart (el otro eurodiputado de Ciudadanos) ni Enrique Calvet ni Teresa Giménez Barbat. Estos dos últimos, al igual que Beatriz Becerra, fueron  elegidos en su momento en las listas de UPyD (aunque luego abandonaron el partido). Todos ellos forman parte de ALDE, el grupo liberal del Parlamento Europeo.

Tampoco la han secundado el eurodiputado de EH Bildu Josu Juaristi ni la eurodiputada de Alternativa Galega de Esquerda Lidia Senra (que abandonó en marzo de 2017 la delegación de Izquierda Plural y que ya no está integrada en el grupo de la Izquierda Unitaria Europea), así como ninguno de los eurodiputados del Partido Popular. Cabe señalar, en este sentido, que la delegación socialista española en el Parlamento Europeo recabó para su carta el apoyo de distintos grupos políticos de la Eurocámara, pero no de todos. No lo hizo “del Partido Popular Europeo, de los no inscritos y de las formaciones antieuropeas y xenófobas”, según el comunicado en el que anunciaron la iniciativa.

La carta cuenta con 75 firmas en total (un 10% del total de eurodiputados) y ha sido remitida este lunes al presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Michele Nicoletti, y al presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Guido Raimondi. En ella los firmantes expresan su profunda preocupación por las opiniones vertidas por María Elósegui en diferentes trabajos y conferencias en referencia a la homosexualidad y a la transexualidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recordemos, no es una institución vinculada a la Unión Europea, sino al Consejo de Europa, y sun función es la de actuar como garante de los derechos reconocidos por la Convención Europea de Derechos Humanos y sus protocolos adicionales.

Elósegui no piensa dimitir

Este sábado nos hacíamos eco, precisamente, de la negativa de Elósegui a renunciar a su cargo por voluntad propia. En una entrevista a El Confidencial, se mostraba incluso desafiante hacia los que se lo han pedido. “Que pidan lo que quieran, yo ya he sido nombrada magistrada y eso es irreversible e irrevocable”, declaraba.

Dosmanzanas fue el primer medio que el pasado 24 de enero hizo hincapié en los antecedentes LGTBfobos de Elósegui, aunque no fue hasta un día después, cuando eldiario.es publicó la información e incluyó algunas referencias más, cuando la noticia alcanzó eco nacional. Elósegui formaba parte de la terna de candidatos que el Gobierno de Mariano Rajoy había presentado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para ocupar la vacante española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aunque no era la que contaba con las preferencias de la comisión evaluadora, la Asamblea Parlamentaria acabó decantándose por ella. Sus supuestos méritos en materia de igualdad de género fueron sin duda uno de los elementos que jugaron a su favor. Posteriormente se supo además que Elósegui había falseado el currículum que había presentado (aquí puedes verlo, junto al de los otros dos candidatos). Aseguraba haber elaborado el borrador de la ley de igualdad aprobada en 2007 y promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que no es cierto.

Son diversos los trabajos en los que de forma consistente Elósegui expone sus tesis homófobas y tránsfobas. Pero valga un ejemplo muy revelador: nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTube de Una Mujer Una Voz. En ella, Elósegui se refiere a la transexualidad como “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia, es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, asegura. En definitiva: la transexualidad es un síndrome psiquiátrico para la que propone “terapia psíquica” con objeto de “reconstruir” la aceptación del sexo cromosómico. Terapia reparadora, dicho con otras palabras.

De ahí que tanto los colectivos LGTB españoles como europeos hayan expresado su inquietud. Como también contamos el sábado, ILGA-Europa, la organización “paraguas” que agrupa a casi 500 colectivos y entidades LGTBI de todo el continente, ha hecho público un comunicado, firmado además por Transgender Europe, en la que asegura que vigilará muy estrechamente la situación. “Esperamos que todos los jueces elegidos para servir en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo hagan con una mentalidad abierta y libre de sesgos. Cualquier indicio de sesgo anti-LGTBI es, obviamente, causa de preocupación”, señala el comunicado. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha suscrito también la declaración, recordando además que, de forma conjunta con el colectivo DeFrente, está recogiendo firmas para instar a los representantes españoles en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que hagan todo lo que esté en su mano para evitar que Elósegui tome posesión del cargo en marzo.

Fuente Dosmanzanas

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Ochocientas personas exigen la dimisión del delegado del Gobierno de Murcia, quien por su parte minimiza la agresión neonazi al Orgullo

Viernes, 23 de junio de 2017

sanchez-solismanifestacion-dimision-sanchez-solis-300x166Unas 800 personas se concentraron este martes frente a la Delegación del Gobierno en Murcia, convocadas por la plataforma Murcia Diversa por la Igualdad, para exigir la dimisión de su titular Antonio Sánchez-Solís tras los sucesos del pasado sábado durante la manifestación del Orgullo LGTBI de Murcia. Un grupo de neonazis, recordemos, invadieron el espacio destinado al Orgullo y agredieron a varias personas. Una agresión que por cierto Antonio Sánchez-Solís ha minimizado.

Lo recogimos el pasado fin de semana. La Delegación del Gobierno en Murcia había permitido la convocatoria de una concentración de la organización neonazi “Lo Nuestro” el mismo día y a las mismas horas en que Murcia celebraba pacíficamente su Orgullo, compartiendo además espacio frente al Ayuntamiento. Finalmente, a petición de esta institución, la Delegación del Gobierno accedía a trasladar la concentración neonazi al Parque de Fofó, al norte de Murcia, lejos de la manifestación del Orgullo. Ello no impidió a los violentos actuar. Fue alrededor de las 19:00 horas, cuando las últimas carrozas comenzaban el recorrido. Un grupo de unos treinta individuos volcaron las vallas que lo protegían e irrumpieron en el espacio dedicado al Orgullo, agrediendo, según diversos testimonios, a varias personas (eldiario.es recogió declaraciones de una de las agredidas).

De hecho, un vídeo difundido por La Verdad muestra como efectivamente se produjo una estampida de personas (el vídeo muestra después a los nazis siendo escoltados por la Policía, así como algunas imágenes de su concentración):

El colectivo No Te Prives, convocante de la manifestación del Orgullo, ha denunciado ya a la Fiscalía lo sucedido. También ha pedido que investigue la actuación del delegado del Gobierno, cuya dimisión, como ya adelantamos en nuestra anterior entrada, han solicitado PSOE, IU, Cambiemos Murcia y Podemos.

Pese a todo, el delegado del Gobierno asegura “no tener constancia” de que se produjeran agresiones a participantes en el Orgullo. Según asegura La Opinión, Antonio Sánchez-Solís solo reconoce una agresión a un fotógrafo de ese mismo diario y que “cinco o seis personas” increparon a la manifestación a su paso por la Gran Vía. Sánchez-Solís ha defendido el operativo policial y asegura que la actuación de la Delegación del Gobierno fue la adecuada.

Piden su dimisión

No es, desde luego, lo que parece a tenor de las informaciones y testimonios recogidos por los medios de comunicación. Y tampoco es lo que piensan las alrededor de ochocientas personas que, convocadas por Murcia Diversa por la Igualdad, se concentraban en la tarde del martes frente a la Delegación del Gobierno, en la Avenida Alfonso X el Sabio de Murcia, para luego marchar hacia el Ayuntamiento. “Hace dos días, unos intolerantes llenos de odio decidieron convertir una jornada festiva y reivindicativa como es el día del Orgullo LGTBIQ en altavoz de su intolerancia, con la connivencia del delegado del Gobierno y ante la pasividad de las fuerzas de seguridad, más pendientes de incomodar a los asistentes al desfile que de garantizar su seguridad”, se leyó en el manifiesto. “No fue casualidad que el colectivo fascista Lo Nuestro eligiera el día del Orgullo para exhibir su mensaje, destinado a dificultar la convivencia y a generar odio y desigualdad. Eligieron el día del Orgullo para agredir, para amedrentar, para asustar y para imponer, y eso es algo que no vamos a tolerar”, proseguía.

No parece que ni Sánchez-Solís tenga intención de dimitir ni el Gobierno de cesarlo, por desgracia. Que en pleno 2017 y en España tengamos que asistir al espectáculo de un Orgullo LGTB saboteado por energúmenos de extrema derecha no parece preocupar lo más mínimo al Gobierno. Una actitud, desde luego, bien poco tranquilizadora.

Fuente Dosmanzanas

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El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz nombró comisario “honorífico” a un juez del Constitucional que rechazó el matrimonio igualitario con argumentos ultraconservadores

Jueves, 17 de noviembre de 2016

ministro-interior-homofobia-marceloY se habló de nombrarlo embajador en El vaticano aunque parece que allí dijeron que “nones”… Y el PSOE le ha dado un buen bofetón vetándole para que presida cualquier comisión.

El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, uno de los políticos del Partido Popular que con más ahínco se han opuesto al avance de los derechos LGTB en España, nombró comisarios de honor del Cuerpo Nacional de Policía a siete personas que nada tienen que ver con este cuerpo polícial. Una de ellas ya era conocida: el director del diario La Razón Francisco Marhuenda, afín al PP. Estos días hemos sabido además que otro de los “merecedores” de este premio político fue Ramón Rodríguez Arribas, exmagistrado del Tribunal Constitucional, uno de los que se opuso al fallo que en 2012 consideró constitucional el matrimonio igualitario y que utilizó en su voto particular buena parte de los argumentos que suelen utilizar los ultraconservadores en esta materia.

Ramón Rodríguez Arribas fue, de hecho, vicepresidente del Tribunal Constitucional de España entre 2011 y 2013, formando por entonces parte de la mayoría conservadora que desde hace años domina el alto tribunal. Su intervención posiblemente más destacada en aquellos años consistió en la de ser uno de los tres magistrados que se opusieron al que el matrimonio igualitario fuese considerado constitucional. Rodríguez Arribas era partidario de aceptar el recurso que en su momento fue planteado por el PP, y emitió de hecho un voto particular discrepante plagado de “perlas”. Aseguró, por ejemplo, que la interpretación que la mayoría de sus compañeros hacían de la institución matrimonial era “un tanto enrevesada y poco eufónica” y realizaba “una verdadera filigrana para eludir hablar de sexo al definir el matrimonio, con lo que, a primera vista, éste podría constituirse entre un tío y un sobrino. “Con esta formulación se prescinde absolutamente del componente biológico (o antropológico, si se quiere) ínsito en el matrimonio desde que apareció el ser humano en el planeta y que como institución precedió a la tribu”, añadía.

“En efecto, además de todos los componentes jurídicos del matrimonio, éste es también una unión sexual que la naturaleza destina a la perpetuación de la especie humana y aunque este fin natural pueda satisfacerse fuera del matrimonio y también aunque no sea el único fin de la institución que permanece si cumple los demás fines, no puede desconocerse sin incurrir en un salto ilógico imposible de admitir”, argumentaba con una lógica bastante difícil de comprender. “Y no se diga – que se dice– que entonces las parejas estériles o voluntariamente abstenidas de cumplir el fin reproductivo, quedarían excluidas del matrimonio, porque es la posibilidad genérica, la potencia en sentido ontológico, de servir al fin respecto de la especie humana y no el acto concreto o el efecto cierto, lo que caracteriza a cualquier institución colectiva, añadía.

Rodríguez Arribas también exponía sus reservas sobre el hecho de permitir a las parejas del mismo sexo adoptar (recordemos que ese constituía el supuesto cuarto motivo de inconstituiconalidad que el PP argumentaba) al argumentar que “si nada puede oponerse a que una persona homosexual, sea hombre o mujer, pueda adoptar individualmente a un menor, la cuestión está en que desde el punto de vista del niño, que es lo único importante, no resulta indiferente que en lugar de tener un padre y una madre o sólo un padre o sólo una madre, para sustituir la pérdida o abandono de los naturales, se encuentre con que tiene dos padres y ninguna madre o dos madres y ningún padre o haya que convertir a una mujer en padre o a un hombre en madre”. Una argumentación más propia de la barra de un bar que de una sentencia legal.

Tres comisarios honoríficos “secretos

Según cuenta eldiario.es, ha sido la Fundación Hay Derecho la que ha conseguido que se revele la identidad de cuatro de los siete comisarios “honorarios” nombrados por Fernández Díaz. Además de Marhuenda y Rodríguez Arribas, lo son el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, y el director del Departamento de Seguridad Nacional, Alfonso de Senillosa. Pero quedan tres personas a las que el Ministerio se niega a identificar (uno de ellos, según aseguraba en junio El Plural, podría ser el confesor del ministro, el sacerdote Silverio Nieto)

Fernández Díaz, ¿presidente de la Comisión de Exteriores?

La salida del gobierno de Jorge Fernández Díaz ha sido una excelente noticia en clave LGTB. Se trata, recordemos, de uno de los políticos del PP más cercanos al integrismo católico (“Dios es el gran legislador del universo”, aseguraba en diciembre de 2011 en una entrevista). Tras conocerse el fallo desestimatorio del recurso de su partido contra el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar hijos conjuntamente, él fue uno de los primeros en mostrar su desacuerdo, y de hecho ha llegado a afirmar que el matrimonio igualitario “amenaza la pervivencia de la especie” (declaraciones sobre las que declinó pedir disculpas).

Fernández Díaz también concedió en 2013 el reconocimiento como “asociación de utilidad pública” a HazteOír, una organización ultraconservadora ferozmente opuesta a los derechos LGTB, y más recientemente adjudicaba la formación de los futuros policías nacionales a una universidad de ideario católico.

Mariano Rajoy, en cualquier caso, pretende asegurarle a su exministro un “retiro dorado” como presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso. Una decisión que muestra la supuesta comodidad absoluta con la que el PP se mueve en esta cámara, pese a no disponer de mayoría absoluta, y para la que cuenta con el apoyo de Ciudadanos. Sin embargo, necesitaba también la abstención de alguno o del resto de partidos, pero el PSOE ha vetado que presida cualquier comisión y los populares aseguran que abren un “periodo de reflexión”.

Fuente Dosmanzanas

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La “Plataforma por las libertades” pide a la Defensora del Pueblo que recurra la ley LGTB de Madrid

Lunes, 14 de noviembre de 2016

soledad-becerril.-hagan-ustedes-el-favor_detalle_articuloSoledad Becerril

Un montón de supuestas asociaciones pro-familia solicita a Soledad Becerril que recurra la ley ante el Constitucional.

Ahora que se cumplen cuatro años del fallo del Tribunal Constitucional desestimando el recurso del Partido Popular contra el matrimonio igualitario, nos encontramos con que un centenar de organizaciones de corte ultraconservador, de esas que dicen defender a la familia,   han solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que utilice su capacidad legal para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley madrileña contra la LGTBfobia, aprobada por unanimidad de las fuerzas representadas en la Asamblea de Madrid el pasado mes de julio, incluyendo al Partido Popular de Cristina Cifuentes. Detrás de varias de estas organizaciones se esconden, curiosamente, diversas figuras del sector más extremista del PP, entre ellos uno de los dos diputados del grupo popular en la Asamblea de Madrid que aquel día se ausentaron del pleno para no votar la ley. Por cierto, entre los miembros de dichas asociaciones están antiguos miembros del Partido Popular como como Jaime Mayor Oreja y ex diputados y senadores como Lourdes Méndez, Javier Puente, Ángel Pintado y Gari Durán

La “Plataforma de las libertades” está compuesta entre otras asociaciones por Familia y Dignidad Humana, la Federación Española de Asociaciones Provida, la Federación Europea ‘One of Us’ en defensa de la vida y la dignidad humana, HazteOir.org, la Federación Española de Asociaciones Provida, el Instituto de Política Familiar y la Universidad Católica de Murcia, lo que da una idea del nivel que deben tener sus titulaciones. ¿Y por qué quieren recurrir la ley? Pues claro, ¡para proteger a los niños! Porque ya se sabe, los únicos niños que cuentan son los suyos que parece que son todos muy normativos.

Una de las entidades promotoras de la solicitud es la Fundación Valores y Sociedad, presidida por el que fuera presidente del PP vasco, ministro del Interior, diputado y miembro del Parlamento Europeo Jaime Mayor Oreja. No supone, de hecho, una especial sorpresa: Mayor Oreja siempre se caracterizó por ser uno de los líderes populares más abiertamente contrarios a los derechos LGTB, como bien demostró en su época de eurodiputado cada vez que algún tema relacionado se sometía a votación. En el patronato de dicha fundación, según señala eldiario.es, se encuentra también la exsenadora popular Gari Durán, la que fuera también presidenta del PP vasco, María San Gil; el exdiputado y exsenador Ángel Pintado o la exsenadora Gari Durán. También figura, curiosamente, Luis Peral, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, que fue precisamente uno de los dos representantes populares que en su día se ausentaron para no votar la ley (el otro fue David Pérez, que además de diputado en la Asamblea de Madrid es alcalde de Alcorcón).

Otra de las organizaciones firmantes de la solicitud es la Asociación Familia y Dignidad Humana, cuya presidenta y vicepresidente son Lourdes Méndez y Javier Puente, ambos exdiputados populares. Los ya mencionados Ángel Pintado y Gari Durán son su tesorero y portavoz, respectivamente.

Otras organizaciones que firman el documento, por mencionar solo algunas, son la Federación Española de Asociaciones Provida, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, HazteOír o el autodenominado Instituto de Política Familiar. Organizaciones, en definitiva, de carácter ultraconservador, muchas de ellas cercanas a la Iglesia católica.

La petición a la Defensora del Pueblo, argumenta que la ley contra la LGTBfobia atenta contra numerosos preceptos constitucionales. Dos aspectos que generan una especial indignación son la prohibición de las terapias aversivas de la homosexualidad (que según estas organizaciones vulnera los derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la protección de la salud y al deber de prestar asistencia de todo tipo a los hijos) o la inclusión en los programas educativos de la diversidad de género (que según los solicitantes vulnera los derechos de libertad de expresión y difusión de pensamientos y de libertad de cátedra). Pero también el principio de inversión de la carga de la prueba cuando se ha producido un episodio de discriminación (que según ellos vulnera los derechos de presunción de inocencia, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva). No son los únicos derechos que consideran vulnerados: también el derecho a la igualdad, a la educación, de libertad religiosa, etc. No hay derecho constitucional, prácticamente, que los solicitantes no consideren vulnerado por la ley. Si te interesa conocer en su integridad el texto del documento, puedes descargarlo directamente de La Gaceta.

Entre otras sandeces, según esta plataforma, la ley madrileña vulnera el derecho a la igualdad ya que aseguran que se dan privilegios a la población LGTB y ataca la autonomía del paciente ya que impide llevar al menor a un psicólogo en caso de que los padres se preocupen por la orientación sexual del menor. Claro que no se han dado cuenta todavía de que en ese caso los que tienen que ir al psicólogo son los padres y que esta ley evita precisamente, que los niños sean considerados “pacientes”.

Además, afirman que “hablar de los modelos de familia” en las escuelas atenta contra la libertad de expresión. Repetimos: “hablar de los modelos de familia” atenta contra la libertad de expresión porque no les deja decir lo que piensan de la homosexualidad en los colegios y claro. Ya podría hacer honor a su nombre la “Plataforma de las libertades” y preocuparse de que todos los niños puedan vivir de forma saludable en lugar dea estar jodiendo al prójimo. Nosotros cuandonos enteramos de estas cosas nos dan muchas ganas de vomitar.

Y es que recomendamos, eso sí, tener a mano un antiemético antes de leer un texto cargado de una profunsa hipocresía. “Con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación sexual (objetivo que evidentemente compartimos), aprovecha [la ley madrileña contra la discriminación de las personas LGTBI] para implantar una concepción ideológica propia de las asociaciones LGTBI sobre la persona, de los ‘diferentes modelos de familia’ y de la sexualidad que, siendo discutibles (pues existe en nuestra sociedad una pluralidad de concepciones) se tratan de imponer a todos”, llega a argumentar el escrito, según el cual “es un hecho que no todos los homosexuales defienden la concepción de la sexualidad del lobby LGTBI, como lo es que muchos heterosexuales sí la defienden”.

Veremos qué sucede finalmente. El hecho de que en este momento buena parte de las figuras del PP mencionadas arriba se encuentren “caídas en desgracia” y de que en la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes haya dado su apoyo a una serie de políticas pro-LGTB (acordadas, en este caso, con PSOE, Podemos y Ciudadanos, además de con los colectivos LGTB madrileños) no significa que muchas de las instancias de poder de este país no estén todavía copadas por los sectores más conservadores. Si la Defensora del Pueblo decidiese presentar un recurso de este tipo nadie asegura que el actual Tribunal Constitucional, fuertemente derechizado, no invalidase, aunque fuese solo parcialmente, un texto ejemplar. Confiemos en que esa posibilidad no llegue ni a plantearse.

Fuente: ABC y Actuall, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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La Generalitat archiva la denuncia de la CUP contra los mossos que causaron la muerte a Juan Andrés Benítez

Viernes, 7 de octubre de 2016

18109_juan_andres_benitezJusto tres años después de la muerte de Juan Andrés Benítez, la Generalitat de Catalunya ha archivado la denuncia interpuesta por la CUP (Candidatura d’Unitat Popular) con objeto de expulsar de los Mossos d’Esquadra a los agentes responsables. Una nueva sombra que se cierne sobre un proceso ya muy oscurecido tanto por el archivo de la denuncia contra el sindicato policial que desveló la condición de seropositivo de Benítez como por el acuerdo alcanzado por los agentes implicados que les permitió evitar la prisión.

Los detalles de la muerte de Juan Andrés Benítez, ocurrida en octubre de 2013, siguen produciendo estupor y rabia. Lo sucedido supuso de hecho un mazazo para la parte más comprometida de la sociedad civil catalana y para el colectivo LGTB. Dueño de dos tiendas de ropa en el Gayxample, Benítez era miembro de ACEGAL (Asociación Catalana de Empresas para Gais y Lesbianas) y fue un antiguo activista en la lucha contra el VIH (en su momento recogimos una semblanza sobre su vida publicada por El Periódico).

Benítez fue brutalmente reducido tras verse envuelto en una discusión en el barrio del Raval, donde vivía. Cuando los mossos interpelaban a los implicados en la discusión (ya finalizada) Benítez hizo ademán de intentar alejarse. En ese momento una agente le golpeó, iniciándose entonces la agresión policial. Benítez sufrió una primera parada cardíaca, que la asistencia sanitaria pudo revertir, pero acabó falleciendo en el Hospital Clínic de Barcelona. La autopsia reveló que tenía rotos un diente, un pómulo, la nariz y una ceja y presentaba heridas en los labios, un golpe en la cabeza y en la parte frontal derecha de la cara, así como una fractura del metacarpiano derecho. Presentaba además lesiones en brazos, piernas, rodillas y zona lumbar. Los forenses concluyeron que los múltiples traumatismos sobre la región craneo-facial dieron lugar a un fallo cardíaco (posiblemente favorecido por el estrés de la situación y el padecimiento de una arritmia previa) y calificaron la muerte como de naturaleza “homicida”. Los agentes implicados negaron inicialmente haber actuado de forma irregular, pero la difusión de unas imágenes grabadas en vídeo por los vecinos confirmaron la brutal violencia que sufrió Juan Andrés Benítez antes de morir.

Se archivó la denuncia por revelar su condición de seropositivo

La muerte de Benítez se continuó, además, de una desagradable muestra de serofobia por parte del Sindicat de Policies de Catalunya, que reveló a la opinión pública la condición de seropositivo de Benítez. Fue en una nota en la que el sindicato policial ofrecía “todo su apoyo” a los agentes implicados y añadía que “a consecuencia de las agresiones sufridas durante la detención, dos agentes se encuentran actualmente en tratamiento con fármacos antirretrovirales, que tendrán que mantener durante un año”. Pese a la condena de varios colectivos LGTB y de las organizaciones que trabajan el tema del VIH, que denunciaron la nota ante la fiscalía especializada en delitos contra el odio y la discriminación por desvelar información reservada que solo se podía obtener de forma confidencial a través de los servicios médicos y de las diligencias judiciales, la denuncia fue archivada.

Los agentes implicados evitaron la cárcel

Llegado el juicio, el acuerdo alcanzado entre la acusación popular (ejercida por la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, ACDDH), la fiscalía y las defensas permitió a los seis mossos implicados evitar la cárcel, gracias a que la condena quedó limitada a dos años. A cambio, se declararon culpables de un delito de homicidio por imprudencia grave y otro contra la integridad moral. Los agentes quedaron suspendidos de empleo y sueldo durante esos dos años, y luego, durante cinco años más, tendrán algunas restricciones (como el no poder patrullar las calles ni acercarse al barrio del Raval). Se les impuso también asistir a un curso de derechos humanos. A otros dos agentes se les impuso además tres meses de arresto por obstrucción a la justicia. Se acordó también una indemnización de 150.000 euros a la familia de la víctima a cargo de la Generalitat como responsable subsidiaria.

Según explicó en su momento el diario El País, la ACDH optó por asegurar una pena mínima ante la posibilidad de que un jurado popular exculpara a los agentes. El acuerdo, sin embargo, fue recibido con desagrado por los amigos de Benítez, que consideraron que los causantes de su muerte quedaban en buena parte impunes. Por su parte, la CUP, a través de sus diputados en el Parlamento catalán, exigió al director general de Policía de la Generalitat, Albert Batlle, que reabriese el expediente sancionador que en su momento fue interrumpido e interpuso la correspondiente denuncia para que, de acuerdo al artículo 10 del reglamento disciplinario de los Mossos d’Esquadra, los condenados fuesen expulsados del cuerpo por falta muy grave.

Y ahora la Generalitat archiva la denuncia de la CUP

Expulsión que parece que no se producirá, dado que el Departamento de Interior de la Generalitat ha archivado la denuncia interpuesta por la CUP. Una decisión que ya se veía venir: ya tras el acuerdo que libró de la cárcel a los agentes Albert Batlle declaró que las responsabilidades habían quedado depuradas en la vía penal.

La CUP no ha descartado todavía recurrir la decisión de Interior por vía judicial. Por otra parte, además de esta primera denuncia, la propia ACDDH ha formulado otra petición a la dirección general de la Policía catalana para que garantice la correcta aplicación del reglamento disciplinario de los Mossos. Según explica eldiario.es, según el artículo 24 del reglamento, Interior debe actuar en base “a los hechos que se declaren probados” en la sentencia, y estos son claros e irrefutables, por más que el acuerdo alcanzado en el juicio permitiese a los agentes evitar la cárcel. Y a juicio de la ACDDH, los hechos probados se corresponden con varias faltas muy graves por parte de los condenados: torturas, vulneración de derechos de los custodiados y ocultación de pruebas, además de la propia condena. En este sentido, la dirección general de la Policía catalana podría, según el ya mencionado artículo 10 del reglamento, expulsar a los condenados o suspenderles de empleo y sueldo de uno a seis años.

Veremos qué sucede finalmente, pero lo cierto es ya cerrado el capítulo judicial, el administrativo tampoco apunta a que los agentes responsables de la muerte de Benítez saldrán muy malparados. Mala, muy mala señal la que se transmite a la ciudadanía…

Fuente Dosmanzanas

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El asilo por razón de orientación sexual o identidad de género, asignatura pendiente en España

Sábado, 16 de julio de 2016

refugiados_sirios_en_TurquíaHace un par de semanas, eldiario.es se hacía eco en Desalambre, su sección semanal sobre derechos humanos, de las dificultades que tienen los demandantes de asilo por motivo de orientación sexual y/o identidad de género para lograrlo en nuestro país. Un más que recomendable artículo que ha puesto de nuevo sobre la mesa la falta de compromiso por parte de las instituciones españolas (y europeas en general) en lo que respecta al asilo por motivo de orientación sexual y/o identidad de género. 

Las dificultades que enumera el artículo a la hora de que los demandantes de asilo lo puedan conseguir son, por ejemplo, la aportación de pruebas que demuestren su orientación sexual o algunos de los criterios que los jueces utilizan para medir el peligro o la violencia que sufren estas personas para decidir si se les concede el asilo. Destaca, muy en especial, lo que podríamos denominar el “criterio de la discreción”, según el cual si en su país, pese a estar las personas LGTB perseguidas por la ley, la vida de una persona no parece correr peligro si es capaz de sobrellevar “de forma discreta” su orientación sexual y/o identidad de género, el asilo no debe ser la opción elegida. Es una forma de decir: si no te muestras de forma muy pública, en tu país no te van a molestar. No se tomarán esos esfuerzos”, explica Elena Muñoz, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), organización que lleva tiempo denunciando la persecución que sufren las personas LGTB en el mundo y las dificultades que esas mismas personas perseguidas encuentran en España cuando solicitan protección.

Es este, el de la “discreción”, un criterio que vulnera claramente la libertad de las personas y alienta la LGTBfobia misma: se pide a las personas que oculten su identidad y que vivan en silencio toda su vida. España, no es, por desgracia, el único país en el que se aplica. Hace varios años en dosmanzanas recogíamos, por ejemplo, como un tribunal noruego denegaba el asilo a un refugiado iraquí pese a reconocer su homosexualidad, recomendándole que “volviera a casa y fuera discreto” de acuerdo con “las normas socio-culturales de Irak”.

Otro criterio que se plantea es el del activismo. En este caso, se valora favorablemente que una persona haya ejercido el activismo en defensa de los derechos LGTB, ya que se considera una “prueba” de que la persona no está mintiendo sobre el motivo por el que demanda el asilo. Para que este criterio se tome en cuenta, el demandante debe aportar pruebas, como por ejemplo fotografías o vídeos de actos de visibilización o manifestaciones. De esta manera, vemos que las instituciones solo dan, en la práctica, dos opciones: o la invisibilidad total y el silencio sobre la orientación sexual y/o la identidad de género (lo que conlleva que estas personas no puedan desarrollarse completamente) o la visibilidad absoluta como activista, un peligro bastante grande si tomamos como referencia que en casi  todos los países de donde proceden los demandantes son países en los que la libertad de expresión en general está muy mutilada y, concretamente, la expresión de las personas LGTB está castigada legalmente (véase las leyes “antipropaganda homosexual” en el este de Europa o el asesinato de muchos activistas en sus respectivos países de origen).

Por otra parte, las pruebas que el demandante debe aportar para conseguir la resolución favorable son también un tema controvertido. Puede ser cualquiera que demuestre el riesgo o los “temores fundados” de que esta persona sea o pueda ser víctima de violaciones de derechos humanos. Denuncias sobre delitos de odio tramitadas en sus países o reconocimientos médicos que demuestren que se ha sufrido algún tipo de violencia física, psicológica o sexual ayudan a demostrar el peligro que viven estas personas. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con las personas que por su condición LGTB están en peligro pero no han sido todavía visiblemente agredidas o amenazadas, o simplemente no han podido tramitar alguna denuncia en su país o en un país vecino precisamente porque allí no se permite denunciar los delitos de  odio hacia las personas LGTB?

En este sentido, cabe destacar como un paso en la buena dirección la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ya en 2014 determinó que a la hora de valorar las solicitudes de asilo de estas personas, si bien las autoridades nacionales tienen capacidad para llevar a cabo interrogatorios sobre sus circunstancias particulares, debía respetarse su dignidad. El tribunal estimó que exigirles “exámenes” para demostrar su homosexualidad, preguntarles detalles sobre sus prácticas sexuales o exigirles la presentación de pruebas del tipo de grabaciones en vídeo de sus actos íntimos viola la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (el pronunciamiento tenía su origen en el recurso de tres solicitantes de asilo a los que Holanda había rechazado al considerar que no habían probado suficientemente su homosexualidad).

Llegada al país de acogida

La llegada al país de acogida y la espera a la resolución a la demanda del asilo no está exenta de dificultades, injusticias y peligros. En muchas ocasiones, las personas demandantes de asilo deben depender de organizaciones no gubernamentales o de entidades no lucrativas para poder desarrollarse y vivir en el país de acogida las cuales les conceden viviendas provisionales o cursos de diferente índole o ayuda para encontrar trabajo. Y a pesar de los esfuerzos de estas  entidades, las leyes de nuestros países algunas veces ponen trabas a la real aceptación y al desarrollo de estas personas en los países de acogida. Así, por ejemplo, en algunas comunidades autónomas las personas demandantes de asilo no han disfrutado durante mucho tiempo de acceso a una sanidad pública y completa. A estos problemas se añade la posibilidad de que terminen recluidas en los polémicos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en los cuales ya se han registrado muchas veces abusos o malos tratos. Su mera existencia es de hecho una violación del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se reconoce expresamente que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.

No podemos concluir sin recordar a las instituciones encargadas de tramitar y dar resolución a las demandas de asilo que el desarrollo de unos criterios libres de LGTBfobia, xenofobia y racismo, acordes con las indicaciones de las organizaciones especializadas (como ACNUR y CEAR, entre otras) sería un gran paso hacia el cumplimiento efectivo del artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país”.

Fuente Dosmanzanas

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La compleja relación de Omar Mateen con la homosexualidad apuntala la homofobia como motor de la masacre de Orlando

Sábado, 18 de junio de 2016

1465741747_701279_1465748145_miniatura_normalConforme pasan los días, y con la cautela que una barbarie como la de Orlando merece a la hora de interpretar datos aún incompletos, todo apunta a que fue una rabiosa homofobia, combinada con una reciente radicalización religiosa, el motor principal que condujo a Omar Mateen a asesinar a 49 personas que disfrutaban de una noche de diversión en un local de ambiente. De hecho, el FBI ha sido incapaz de encontrar hasta el momento nexos consistentes con el Estado Islámico. Las declaraciones de los propios familiares del asesino y los indicios, cada vez más numerosos, de la complicada relación de Mateen con la homosexualidad apuntalan la idea de que lo sucedido es, por encima de otras consideraciones, un inmenso crimen de odio.

Mateen, de 29 años, era ciudadano estadounidense, nacido en Nueva York y residente en Port Saint Lucie (aproximadamente a mitad de camino entre Orlando y Miami), junto a su segunda esposa y a su hijo. Sin embargo, el hecho de ser hijo de inmigrantes afganos y su condición de musulmán dispararon la hipótesis de que nos encontrábamos ante un atentado de carácter yihadista. Hipótesis que parecía confirmarse cuando se supo de la declaración de pleitesía de Mateen al Estado Islámico mediante una llamada al 911 (el teléfono estadounidense de emergencias) antes de morir. El Estado Islámico, como era fácil de suponer, se apresuraba además a reivindicar el ataque como una acción propia.

Los primeros datos sobre la personalidad del asesino, por otra parte, retrataban a un individuo violento e inestable. Unas declaraciones de Sitora Yusufiy, la que fue su primera esposa entre abril de 2009 y julio de 2011 lo señalaban además como un maltratador que la golpeó en diversas ocasiones. Bien es cierto que nada de esto se contradecía con la hipótesis del atentado yihadista contra los Estados Unidos como castigo por su política en Oriente Medio. El propio FBI le había investigado en el pasado por encontrarse entre los contactos de otro ciudadano americano que cometió un atentado suicida en Siria en mayo de 2014 (ambos habían acudido a la misma mezquita). El FBI no encontró entonces evidencia de que Mateen supusiera una amenaza.

Conforme ha ido pasando el tiempo, sin embargo, esta hipótesis se ha ido debilitando. En todo caso, Mateen habría cometido su acción como un “lobo solitario”, sin conexión orgánica con el Estado Islámico. Al fin y al cabo, trabajaba como vigilante de seguridad en un centro de internamiento de delincuentes juveniles y disponía  por tanto de licencia de armas y acceso sin problemas a armas de fuego (algo que en cualquier caso no es difícil en los Estados Unidos). Informaciones más recientes apuntan a que la segunda esposa de Mateen, Noor Salman, sí que podía conocer todo o parte del plan de su marido. El FBI la está investigando en estos momentos.

Por el contrario, poco a poco han ido emergiendo más datos que confirman, como poco, una relación conflictiva de Omar Mateen con la homosexualidad. Su propio padre, Mir Seddique (el nombre completo de Omar Mateen era Omar Mir Seddique Mateen) declaraba desde un principio a NBC News que el desencadenante de lo sucedido pudo haber sido, en su opinión, un acceso de ira que su hijo tuvo al contemplar a dos hombres besándose en Miami. “Mira eso, delante de mi hijo y hacen eso”, contaba Mir Seddique que se lamentó su hijo.  La primera esposa de Mateen, por otra parte, confirmaba que en diversas ocasiones expresaba ira hacia los homosexuales.

Por otra parte, hay varios testigos que sostienen que Omar Mateen había acudido en ocasiones anteriores como cliente al Pulse, el nightclub atacado en Orlando (visitas en las que se habría comportado de forma huraña y solitaria, llegando a emborracharse solo) y que había hecho uso de aplicaciones de citas entre hombres, como Grindr o Jack’d, aunque a día de hoy ningún perfil de estas aplicaciones ha podido ser identificado como perteneciente a Mateen. Tampoco hay testimonios de usuarios que lo llegaran a conocer en persona. Respecto a sus conocidos, hay testimonios de todo tipo, Mientras un excompañero de instituto de Mateen abiertamente gay ha declarado que nunca pensó de él que pudiera ser homófobo, compañeros de trabajo más recientes confirman que con frecuencia hacía comentarios homófobos.

En definitiva, todo apunta a que Omar Mateen era un virulento homófobo, actitud que pudo agudizarse con un acercamiento a tesis religiosas más radicales. En la base de esa homofobia puede haber existido una homosexualidad no asumida (la homofobia internalizada o endohomofobia es una realidad bien conocida) pero contrariamemente a lo que numerosos medios aseguran las pruebas de ello son endebles (las visitas previas a locales de ambiente y su posible participación en chats gais, no totalmente confirmada, bien pudieron ocurrir mientras Mateen incubaba y planeaba el ataque). Sea como sea, pretender negar o minimizar el carácter homófobo del atentado no es, en resumidas cuentas, más que otra muestra de homofobia.

Bravo por Owen Jones

Desde dosmanzanas secundamos, en este sentido, el magnífico artículo de opinión publicado hoy en eldiario.es por el activista político británico Owen Jones, que llegó a abandonar en directo un programa de televisión ante la insistencia de sus contertulios en rebajar el carácter homófobo de la masacre y presentarla, simplemente, como un “atentado contra seres humanos” que disfrutaban de su tiempo de ocio. “Si un terrorista con un largo registro de expresiones de odio y repugnancia hacia la comunidad judía hubiera entrado en una sinagoga y asesinado a 50 judíos, estaríamos hablando, con razón, de un ataque terrorista y antisemita. Y si después de eso, en un programa de televisión, un invitado judío hubiera intentado hablar del tema en esos términos, nos habría dado vergüenza que le contradijeran y mucho más que le gritaran mientras lo hacían. Esto fue lo que pasó en el programa de Sky News cuando un hombre gay hablaba acerca de la masacre de la comunidad LGBT”, expresa Jones en su artículo.

“Omar Mateen podía haber elegido entre una gran cantidad de clubes con gente riéndose y disfrutando pero eligió un club LGBT. Fue a la vez un acto de homofobia y de terrorismo. No alcanza con condenar la violencia: debemos entender qué es y por qué pasó”, señala Jones, que destaca también como el primer artículo que dedicó The New York Times a la tragedia ni siquiera se molestó en señalar que el objetivo había sido un club de ambiente.

“Las personas de la comunidad LGBT son diversas y tienen experiencias distintas: las experiencias de vida de una joven negra y gay de clase trabajadora son muy distintas a las de un joven blanco y gay que trabaje como ejecutivo y sea multimillonario. Pero todos somos parte de una sociedad que aún nos trata como si fuéramos inferiores. Una y otra vez hemos sido víctimas del maltrato homófobo, hemos sufrido el estrés de declararnos gay, y el miedo a ir de la mano con nuestra pareja en público. Me resulta intolerable pensar en lo que habrán sentido en sus últimos minutos estas personas de la comunidad LGBT, que probablemente hayan sufrido y sido víctimas de prejuicios a lo largo de toda su vida y sólo por ser quienes son, mientras un terrorista homófobo las perseguía”, prosigue Jones, que también critica “a esos que solo se preocupan por los derechos de la comunidad LGBT si están involucrados los musulmanes”. “Como hombre gay, me enorgullece vivir en una ciudad representada por un alcalde musulmán que ha recibido amenazas de muerte por votar para que las personas de la comunidad LGBT tengan los mismos derechos que el resto del mundo. No podemos permitir que los racistas hagan uso de esta atrocidad”, añade.

A continuación, insertamos el momento en que Jones discute con los contertulios de Sky News y acaba por abandonar el estudio:

Fuente Dosmanzanas

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Un juez de Algeciras autoriza el cambio de la mención registral de sexo de un menor trans

Lunes, 30 de mayo de 2016

David-maritimo-Cadiz-Foto-familia_EDIIMA20160526_0682_4David, en el paseo marítimo de Cádiz | Foto cedida por la familia

El algecireño David E., de 17 años de edad, ha recibido un auto judicial que confirma su cambio de nombre y de género, convirtiéndose así en el primer caso de un menor transexual reconocido en Andalucía.

Importante sentencia la de un juzgado de Algeciras (Cádiz), que por primera vez en Andalucía reconoce el derecho de un menor transexual a cambiar no solo su nombre, sino la mención registral de su sexo. “Negar lo solicitado por el menor y sus padres sería equiparable a negar la realidad del menor sentida y aceptada por él mismo, su familia y su entorno educativo”, expresa el juez que ha firmado el auto, encargado del Registro Civil de Algéciras.

Según el auto del juez encargado del Registro Civil de Algeciras, fechado el pasado 12 de mayo, “negar a estos menores el derecho a que se les reconozca su verdadera identidad sexual, sin dudas ni ambages, es tanto como negarles llevar una vida plena y libre, sin que se vean obligados a afrontar situaciones que puedan menoscabar su dignidad personal”, añade el auto, según difundía este jueves eldiario.es.

Para Isabel, la madre del menor, la resolución judicial es un auténtico “descanso” que pone punto final a un importante sufrimiento en su hijo, que ya se enfrentaba a situaciones de incomprensión por la discordancia entre su DNI, que sigue reflejando el sexo femenino que le fue atribuido en el momento de su nacimiento, y no su identidad masculina, fuese simplemente al entrar a una discoteca o de comprar títulos de transporte.

Isabel Torres, madre del menor, ha relatado este viernes todo el proceso antes de llegar al “feliz” desenlace para su hijo y para la familia. “La verdad es que él siempre se sintió niño”, pues “digamos que no cumplía con los estereotipos marcados” y, a modo de ejemplo, ha dicho que “prefería el fútbol a las muñecas”.

David, que reveló abiertamente su identidad masculina a su familia hace ahora catorce meses (antes se lo había contado a sus amigos), ya podrá recibir su título de bachillerato con su nombre. “Cuando lo vi crecer yo no lo veía femenina, no le gustaba ponerse falda, ni quitarme el pintalabios. Pedía regalos que la sociedad asigna a los chicos. Ahora entiendo muchas cosas”, explica.

El camino hasta aquí “no ha sido fácil”, comenta la madre, que ha detallado que fue “hace 14 meses” cuando explicó a su familia “cómo se sentía y que siempre había sido un niño”. A partir de entonces comenzaron con un tratamiento hormonal y, tras una sentencia que conocieron en Valencia en la que se autorizaba el cambio de nombre y género, Isabel Torres se puso a trabajar, junto a otras madres de Algeciras que tienen también hijos transexuales para intentar conseguir ese objetivo para su hijo. “A determinada edad puede tener problemas para salir de España, entrar en discotecas, etcétera”, haciendo referencia a la no coincidencia, en su momento, entre la foto del DNI y la realidad.

Así, el pasado 14 de abril acudieron al Registro Civil para iniciar los trámites y hace unos días el juzgado confirmó el cambio de nombre y sexo legales para David. “Estamos muy contentos”, ha apuntado la madre, que explica el “cambio total” de su hijo, que “antes era mal estudiante, ahora aprueba y se le ve más cómodo y sobre todo tranquilo”. El tránsito social en el instituto lo hicieron con ayuda de una orientadora que resultó estar especializada en el tema. David, de hecho, usa ya las instalaciones de chicos de su instituto y aparece en las listas con su nombre sin problema.

Torres también ha considerado que lo ocurrido con su hijo puede ser “un punto de inflexión para otras personas que puedan tener esta situación,” aunque ha admitido que el camino “no ha sido fácil”, ya que “en la sociedad aún hay mucho rechazo a estas situaciones”.

La justicia, árbitro de una situación cada vez más incomprensible

Ahora David ha visto por fin legalmente reconocida su identidad, pero ha tenido que ser después de un proceso judicial que su familia puso en marcha ante la eventualidad de que su título oficial de bachillerato no reflejara su nombre. Han tenido que presentar informes del endocrino y del centro donde ha recibido tratamiento hormonal, informes psicológicos, actas del instituto, informes de adaptación… Hasta sus calificaciones escolares. Afortunadamente en este caso han topado con un juez sensible a la realidad trans. Pero no siempre es así. Hace pocos meses recogíamos el caso contrario: una jueza se negó autorizar que Alexa, una chica adolescente, viese reconocido legalmente su nombre pese a que su identidad es femenina desde su más tierna infancia (como también avalaban, por cierto, informes médicos, psicológicos y escolares).

Aunque no hay cifras oficiales, se estima que hasta la fecha son varias decenas los menores que ha solicitado el cambio de nombre, pero no todos ellos lo consiguen. Menos frecuente todavía es que el juez autorice también el cambio de la mención registral del sexo, como afortunadamente en este caso han conseguido David y su familia. Una arbitrariedad que se explica debido la ya obsoleta ley de identidad de género española, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez (y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal). La exclusión de los menores, de hecho, está pendiente de ser revisada por el Tribunal Constitucional a petición del Tribunal Supremo, cuya sala civil planteó hace pocas semanas una cuestión de inconstitucionalidad al considerar que la jurisprudencia funda la procedencia del cambio en la mención registral del sexo de las personas transexuales en principios y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de los cuales también son titulares las personas menores de edad.

Una situación cada vez más incomprensible si se tiene en cuenta que países como IrlandaArgentinaDinamarca o Malta han modernizado ya sus legislaciones consagrando el principio de autodeterminación de género, de forma que sea cada persona, en uso de su libertad individual y sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna, decida cómo quiere ser reconocida legalmente. El modelo de la “muy católica” Malta, de hecho, está considerado por las organizaciones trans como el más aventajado, al no establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación del “sexo registral” y por tanto extender ese principio a los menores. Malta, precisamente, dio a conocer hace meses sus nuevas directrices en materia educativa para combatir la discriminación de las personas trans e intersexuales (puedes descargar aquí el documento). También Noruega planea un cambio similar que sería extensivo a menores, con ciertas limitaciones.

España ya ha quedado rezagada en esta materia. Resulta lamentable que tenga que ser algunos tribunales (entre ellos el Supremo) los que enmienden la plana a una clase política que 9 años después de la aprobación de la ley 13/2007 ha sido incapaz de actualizarla y adecuarla a la realidad social.

Fuente Eldiario.es/ Dosmanzanas/Cáscara Amarga

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El Obispado de Córdoba veta la confirmación a un joven por ser transexual

Martes, 10 de mayo de 2016

jose_560x280José Belloso, el joven transexual al que no se permite confirmarse

Nada especialmente sorprendente, si se tiene en cuenta que el obispo de Córdoba es uno de los principales ejemplos de la obsesión tránsfoba en la que la jerarquía católica española parece haberse instalado en los últimos tiempos. Hay que ser ignorante y ser muy retorcido para dar semejante respuesta… ¿Y estamos en el Jubileo de la Misericordia? Estos tipos ni son sacerdotes, ni cristianos, ni por lo que se ve, muy humanos…

Un nuevo caso de hofobia, esta vez en Córdoba. El Observatorio Español contra la LGBTfobia (STOPLGBTFOBIA) ha considera éticamente reprobable que el Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y el párroco de Posadas, Juan José Romero, no permitan ejercer hacer la confirmación a José Belloso, un joven transexual de 28 años que pretendía ejercer como padrino de su sobrina. Apenas unas semanas después del último episodio que saltó a los medios, ocurrido en Écija, una nueva persona transexual es víctima de la discriminación tránsfoba en una parroquia andaluza. José Belloso es un peón agrícola de Posadas. Un chico humilde, una de cuyas principales ilusiones es ser padrino de su sobrina. Es por eso que decidió seguir el curso de catequesis para poder confirmarse. Sin embargo, cuando debía entregar la documentación necesaria para recibir el sacramento a finales de mayo, el párroco le dijo que era imposible

El párroco arguye que recibió el sacramento del bautizo como mujer, “se convirtió en hija de Dios”

El párroco defiende que en la Iglesia “no podemos cambiar lo que Dios ha hecho. Si lo creó mujer, mujer será para siempre”

“Que yo me tenía que haber quedado como estaba, siendo una mujer, y haber aguantado el castigo que Él me mandó”

“Me dio un ‘no’ rotundo. Me dijo que no me confirmaba, que había tenido una reunión con el obispo y le había dicho que no se admiten a las personas transexuales”

“El cura me ha dicho que no admiten mi confirmación por ser transexual”. José Belloso tiene 28 años y vive en Posadas, un pueblo de Córdoba. Tras cumplir los cursos de catequesis para poder confirmarse, y así poder ser padrino en el bautizo de su sobrina, que se celebrará el 27 de mayo, el párroco le negó el sacramento.

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El obispo Demetrio Fernández y  José Antonio Agüero, párroco de la iglesia de Santa María de las Flores, en Posadas.

El año pasado faltó a muchas clases del curso, así que este año ha tenido que repetir la preparación para recibir el sacramento. Desde el principio informó al párroco de la iglesia de Santa María de las Flores en Posadas. Él me dio su visto bueno, me dejó la puerta entreabierta pero me dijo que tenía que consultarlo con el vicario y el obispo”, relata el joven a eldiario.es.

A finales de abril, el cura le dio la mala noticia. “Me dio un ‘no’ rotundo. Me dijo que no me confirmaba, que había tenido una reunión con el obispo y le había dicho que no se admiten a las personas transexuales. Que yo me tenía que haber quedado como estaba, siendo una mujer, y haber aguantado el castigo que Él (Dios) me mandó sin ofender a la naturaleza que Él me dio“.

Indignado, José cuenta cómo fue la conversación con el párroco: “Me llegó a hacer preguntas como, por ejemplo, si estaba operado. Eso creo que está fuera de lugar”, explica. “Si me hubiese quedado como mujer me hubiese matado, por supuesto, porque mi vida era un espejo en el que no me reconocía”, relata José con crudeza.

José Antonio Agüero, el cura de la iglesia de Posadas, asegura que José recibió el sacramento del bautizo como mujer, “se convirtió en hija de Dios”, así entró en la Iglesia y así sería llamado por el obispo para recibir la confirmación. El cura alega que no supo de la transexualidad del joven hasta que se apuntó al curso el segundo año.

“He sentido una discriminación total y mayúscula por parte de ellos. Discriminación en toda regla”, dice el joven que no entiende el razonamiento que le ha dado el párroco. José no da crédito y comparte su rabia en las redes sociales:

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Por su parte, el Observatorio Español contra la LGBTfobia (StopLgbtfobia) considera “éticamente reprobable” que el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y el párroco de Posadas, nieguen la confirmación a José Belloso, un transexual que pretendía ejercer como padrino de bautismo de su sobrina.

Según explica el citado observatorio, José Belloso, de 28 años, que trabaja de peón agrícola en la localidad cordobesa de Posadas, quería ser el padrino de bautismo de su sobrina, para lo que era necesario que se confirmara.

Pocos días antes de terminar la catequesis para la confirmación, que iba a celebrarse el próximo 27 de Mayo, el párroco de la Iglesia de Santa María de las Flores, Juan José Romero, ha informado a José Belloso de que no pueden confirmarle “por ser transexual”.

Este observatorio contra la Lgbtfobia indica que el obispo de Córdoba afirmó que “no admiten a personas transexuales” y que Belloso “tenía que haber aguantado el castigo que Dios le dio y la cruz que el Señor le mandó sin ofender a la naturaleza”.

Desde el Obispado de Córdoba, prosigue el Observatorio, dicen que no se trata de una discriminación, sino que acogiéndose al Código de Derecho Canónico consideran “no idóneo” “su estilo de vida”, que es incongruente con la vida cristiana.

“Desde el Observatorio Español contra la Lgbtfobia consideramos (este hecho) éticamente reprobable desde todo punto de vista y una degradante y humillante discriminación por el único motivo de la identidad sexual”, declaró su director, Paco Ramírez.

Ya el Observatorio “vio con gran decepción el contenido final de la Exhortación Apostólica del Papa Francisco sobre la Familia denominada “La Alegría del Amor”, donde a pesar de hablar de acogimiento de las personas homosexuales y de condenar su discriminación y violencia, denosta y humilla en gran medida a las personas LGBT, sus uniones y sus familias, considerando únicamente familia como un hombre y una mujer con el único objetivo de la procreación. Sin embargo si entrevimos ciertas rendijas en las que los obispos podrían impulsar alguna interpretación más abierta y flexible”, reflexiona Paco Ramírez. “No obstante vemos una y otra vez que la Jerarquía Católica en España, a excepción de determinados obispos concretos está completamente cerrada a un acercamiento a la sociedad y a la flexibilidad de sus dogmas ancestrales, por lo que esa Iglesia más inclusiva y caritativa que muchos feligreses esperaban va a tardar mucho en aparecer en España. La ortodoxia en la moral tradicional, acerca la Iglesia Católica en España más a las interpretaciones caducas y fundamentalistas de las jerarquías de las Iglesias de África y América Latina, que a los posicionamientos de las Iglesias del centro y norte de Europa. Esto sin duda es un hecho lamentable que ofrece una visión de una Iglesia que camina por un recorrido diferente de la sociedad española cuando ahora se cumplen 30 años del ingreso de España en la Unión Europea. Los españoles ya nos hemos concienciado de que somos europeos, pero la Iglesia parece querer permanecer en la autarquía y seguir creyendo que Europa sólo empieza más allá de los Pirineos“, afirma el director del Observatorio.Voces de apertura en otros países

“Estas reiteradas actitudes de la Iglesia Española contrastan con algunos obispos del centro y norte de Europa que hacen llamamiento a un acercamiento más real, algunos incluso como el obispo de Osnabrück dispuestos a celebrar ceremonias de uniones homosexuales. Recientemente el Sínodo Católico de Tréveris (Alemania) ha pedido una pastoral y una ‘oferta litúrgica’ destinada a las personas LGBT y sus familias, reflexiona Ramírez.

“Dentro de la Conferencia Episcopal Española hay voces que llaman una apertura y un acercamiento a la sociedad, pero no terminan de controlar a la vieja guardia que continúa con su mantra de una interpretación del Evangelio sesgada, anticuada, simplista y discriminatoria con la sexualidad humana. Ambos discursos no pueden ser defendidos por la Conferencia Episcopal, y van a tener que dar un paso adelante para introducirse en las rendijas que nos acerque más a Europa, y tienen que empezar a condenar las voces caducas y discrepantes”, finaliza Ramírez.

La obsesión de la Iglesia católica con la transexualidad

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, es de hecho uno de los principales ejemplos de la reciente obsesión con la transexualidad de la jerarquía católica española, que parece haber sustituido a su más tradicional odio homófobo. Ya en enero de 2013 Fernández difundía su mensaje tránsfobo en una carta pastoral en la que criticaba la “ideología de género” que “sitúa al hombre por encima de Dios”. “La ideología de género es una filosofía, según la cual el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza, que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, sino un papel social del que se decide autónomamente”, añadía. “Ya no valdrían las ecografías que detectan el sexo de la persona antes de nacer. Esperamos un bebé. ¿Es niño o niña? La ecografía nos dice claramente que es niña. No. Lo que vale es lo que el sujeto decida. Si quiere ser varón, puede serlo, aunque haya nacido mujer. Y si quiere ser mujer puede serlo, aunque haya nacido varón. No se nace, se hace. Al servicio de esta ideología existen una serie de programas formativos, médicos, escolares, etc. que tratan de hacer ‘tragar’ esta ideología a todo el mundo, haciendo un daño tremendo en la conciencia de los niños, adolescentes y jóvenes”, aseguraba entonces el obispo de Córdoba.

Pero no es el único, por desgracia. Hace pocas semanas eran tres obispos madrileños, entre ellos el de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, los que cargaban con fiereza contra la Asamblea de Madrid por aprobar una avanzada ley integral de transexualidad. Ya antes, de hecho, el obispo de Alcalá de Henares había incluido menciones tránsfobas en sus diversas diatribas, como la que lanzó en diciembre de 2014, cuando incluyó a la “despatologización de la así llamada transexualidad” en la lista de supuestos objetivos de una perversa agenda LGTB.

La actitud del papa Francisco no ayuda…

Lo cierto es que el más importante ataque a las personas transexuales surgido del ámbito católico en los últimos años ha venido precisamente de la mano del papa Francisco y su reciente encíclica Laudato si’, como bien contamos en su momento. Más allá de gestos mediáticos aparentemente conciliadores, lo cierto es que la encíclica de Francisco sobre el medio ambiente contiene un claro mensaje tránsfobo. Es, en concreto, en su punto 155, donde el argentino aprovechaba para considerar que el respeto a la ecología incluye “la aceptación del propio cuerpo como don de Dios” y su “valoración en su femineidad o masculinidad”Según aseguraba el papa, “cancelar la diferencia sexual” no es una actitud sana.

No era el primer aviso de Francisco. “Pensemos en las armas nucleares, en su capacidad de aniquilar en unos pocos instantes un alto número de vidas humanas. Pensemos en la manipulación genética, en la manipulación de la vida, o en la teoría de género, que no reconocen el orden de la creación. Con esta actitud, el hombre comete un nuevo pecado contra Dios el Creador”, expresaba el papa solo unos meses antes de su encíclica.

Fuente Agencias/Religión Digital/Dosmanzanas

 

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Reconocen como improcedente el despido de un joven tras contarle a su jefa que tenía VIH

Miércoles, 13 de enero de 2016

mensajes-despido-trabajador-con-VIH-254x300Buena noticia la que ha dado a conocer Imagina MÁS: Daniel Jiménez, el joven con VIH que fue despedido a través de un mensaje de móvil tras revelar a su jefa su estatus serológico, ha visto reconocido la improcedencia de su despido. 

“Hoy lunes 11 de enero del 2016 ha tenido lugar el juicio. Dani ha estado meses con tratamiento psicológico, ha pasado días sin poder dormir, ha intentado recomponerse de todo lo que le ha pasado. No es fácil recibir un diagnóstico por VIH y menos aún cuando uno sufre una discriminación como esta. Pero hoy Dani ha recibido una gran noticia: el bar Mokäi ha reconocido, en el acto de conciliación ante el juzgado, la improcedencia de su despido al haberle discriminado por tener VIH”, podemos leer en la web de Imagina MÁS, la ONG que le ha prestado a Daniel apoyo y asesoramiento en todo el proceso.

Recordamos cómo fue la historia: Daniel Jiménez, de 25 años, gay y con VIH, entró a trabajar como barman en un local de Chueca, el Mokäi, situado en la Plaza Pedro Zerolo. Pocos días después, confiado, reveló a su jefa su condición. En ese momento la reacción fue positiva, pero par de horas después su jefa le comunicaba el despido mediante un mensaje recibido en su teléfono móvil. “Siento mucho lo que te ocurre pero no me parece justo que no me lo hayas comunicado antes de contratarte. Tengo un negocio de restauración y, al menos, me podías haber contado esto. No puedo arriesgar. Mañana hablaré con la gestoría y le comunicaré tu baja. Me parece un golpe bajo por tu parte”, rezaba el mensaje. “Conmigo no has actuado de buena fe”, añadía después. Tras comunicarle el joven que pondría una denuncia por discriminación, el tono de los mensajes subió. “Me parece indignante que seas capaz de decir que te he discriminado cuando ni siquiera has tenido la delicadeza de informarnos de que estabas enfermo antes de hacerte el contrato”, le dijo.

Trascendida la noticia, la encargada del local negó haber despedido a Daniel por tener el VIH, aunque en declaraciones a eldiario.es aseguró que “la empresa tiene todo el derecho de contratar a gente sana”. “Llevaba un día y medio de trabajo y se encontraba mal, sudando mucho. Le dije que se fuera a casa y que se necesitaba a alguien en plenas facultades porque en el verano es temporada alta, no alguien delicado”, se justificó. Tras el despido de Daniel, recordamos, la Coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA) insistió en un comunicado que “las personas con VIH tienen una productividad similar a la población general y su infección no les descalifica para el desempeño de ningún puesto de trabajo”, aclarando además que “las normativas estatal y la comunitaria no justifican la exclusión de las personas con VIH ni en los trabajos que conllevan la manipulación de alimentos, ni en ningún puesto de trabajo”. 

Ahora Daniel Jiménez ha visto reconocida la improcedencia del despido por parte de la misma empresa que lo discriminó. Una buena noticia, sin duda. Daniel, por cierto, fue coprotagonista del spot de la campaña de Imagina MÁS “Ponte en mi piel”, junto a Almudena Cid, Rosa López, Melani Olivares, Fernando Tejero y Rozalén. Os dejamos con él:

Fuente Dosmanzanas

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En España se cometieron 513 crímenes de odio por LGBTfobia en 2014 y se duplicaron en la Comunidad de Madrid

Miércoles, 15 de abril de 2015

10850267_1045918412100914_1945857356539974836_n-300x300El Ministerio del Interior ha hecho público, por segundo año consecutivo, su informe sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España, referido a 2014 (que puedes descargar aquí). Los datos no son tranquilizadores: en 2014 se contabilizaron 1.285 delitos de odio, de los cuales el grupo más numeroso (513, un 39,9% del total) se debieron a orientación sexual o identidad de género. Las cifras son peores que las de 2013 (aunque el Ministerio advierte que ello no significa necesariamente que haya habido más delitos), y se si se tiene en cuenta que en esta materia solo se denuncian una parte de los delitos, el panorama es inquietante.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz ha presentado este martes un informe referido a los crímenes de odio en España durante el pasado 2014, en los que se cometieron un total de 1.285. Del total, los delitos racistas se cifraban en 475 casos, los dirigidos contra los discapacitados en 199, por creencias religiosas en 63 casos, y actitudes antisemitas 24 casos -diferenciados de los religiosos ya que están tipificadas como tal en el Código Penal-, y un 0,9 de delitos de aporofobia, acciones contra mendigos. Sin embargo, la lista la encabeza y por goleada los delitos de homofobia y transfobia: 513 casos registrados.

Los delitos de odio se distribuyen en estas seis categorías siguiendo una clasificación internacional establecida por la Agencia Europea de Derechos Humanos, según ha explicado Fernández Díaz, y apuntó que pese a que en el informe se las llame delito alguna de las algunas de las conductas registradas en este informe tan sólo son consideradas faltas administrativas en las leyes españolas. Para el año que viene se contabilizarán también los delitos relacionados con violencia de género y los delitos de motivación ideológica. Tras esta afirmación, desde RAGAP nos preguntamos si dentro de esta violencia de género se incluirá también la violencia intragénero, la que se produce dentro de parejas del mismo sexo.

En cuanto a la tipología delictiva, lo que más se repiten son las agresiones de tipo sexual, un total de 308 repartidas en 157 abusos sexuales, 77 agresiones sexuales y 74 agresiones sexuales con penetración. Le siguen las lesiones (179 casos), amenazas (145), vejaciones leves (84), injurias (63), actos racistas y xenófobos en el deporte (58), daños (41) y el resto (407). Los datos presentados en este informe reflejan un incremento del 9,6 por ciento de delitos de odio registrados durante el año 2013, algo que se justifica explicado que por primera vez se han integrado los resultados de todas las policías autonómicas.

Por distribución territorial, en lo que a los delitos LGTBfobos se refiere, las comunidades autónomas con mayor número de denuncias fueron Andalucía (188), Cataluña y Galicia (ambas con 43) y Baleares (41). Por provincias, una distribución más afinada, destaca muy singularmente Cádiz, provincia en la que se contabilizaron 115 incidentes, seguida de Sevilla (63), A Coruña y Baleares (41), Zaragoza (35), Barcelona (29), Madrid (26) y Valencia (20). Por el contrario, no se registraron incidentes en las provincias de Álava, Burgos, Cantabria, Cáceres, Córdoba, Guadalajara, Huelva, Jaén, La Rioja, Lugo, Ourense, Palencia, Salamanca, Soria y Teruel. No necesariamente esto último nos parece una buena noticia. Ello puede significar más bien que en estas provincias -al menos en algunas- hay una deficiencia en el reconocimiento de los incidentes. Resulta poco coherente, por mencionar un ejemplo llamativo, que Cádiz y Sevilla encabecen la clasificación provincial mientras que en las vecinas Córdoba, Huelva y Jaén no se haya contabilizado un solo delito…

Especial interés tiene ver el sexo de víctimas y agresores. En contra de lo algunos pudieran pensar, la mayoría de las víctimas de delitos por LGTBfobia que se denuncian fueron mujeres (401 víctimas, frente a 157 hombres). En cambio la inmensa mayoría de los agresores fueron hombres (264, frente a solo 9 mujeres). De hecho, de las seis tipologías de delitos de odio reconocidas en el estudio, es en los delitos por orientación sexual e identidad de género donde esta diferencia entre los dos sexos es más pronunciada. Resulta obvio que, aunque existan características propias, la violencia machista y la violencia LGTBfoba beben de las mismas fuentes.

Las cifras, como ya adelantábamos en el encabezamiento, suponen un empeoramiento respecto a las de 2013 (puedes descargar aquí el informe correspondiente a ese año), pero según el Ministerio del Interior no por ello debe deducirse necesariamente que haya habido más delitos, al haberse desarrollado en este tiempo programas de formación y sensibilización a los distintos cuerpos policiales, haberse establecido procedimientos operativos más eficaces (como la implementación de un protocolo de delitos de odio) y haberse hecho un mayor esfuerzo de acercamiento a las víctimas para que estas sean conscientes de la necesidad de denunciar lo sucedido.

Todo ello, según el Ministerio, puede explicar el que haya existido un mayor número de contabilizaciones sin que necesariamente haya un crecimiento real de las agresiones respecto al año anterior.

La FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) ha hecho público un comunicado en el que celebra la continuidad en la recogida de datos por parte del Ministerio del Interior, pero recuerda que según sus propios datos más del 70% de quienes sufren agresiones físicas o verbales o amenazas con tintes LGTBfóbicos no lo denuncia (entre el 60 y el 90%, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).

La FELGTB ha pedido también al gobierno español que promueva una ley de protección integral contra los delitos de odio que regule las denuncias, su tratamiento y  el apoyo a las víctimas y ha aprovechado para insistir en su preocupación por la negación del derecho de asilo a Christelle Nangnou, perseguida en Camerún por lesbiana. “Resulta paradójico que el Ministro de Interior el mismo día que habla de la necesidad de combatir la LGTBfobia permita que una mujer que ha huido de su país perseguida por su orientación sexual continúe en una sala de no admitidos del Aeropuerto de Barajas sin ver reconocido su derecho a protección y refugio, tal y como reconoce nuestra ley”, ha destacado su presidente, Jesús Generelo.

También la confederación COLEGAS ha reaccionado ante la publicación del informe. Esta organización considera ”muy positivo” que España se integre en la lista de los principales países de la Unión Europea “que recogen tan exhaustivamente los datos de incidentes sobre delitos de odio” pero recurre al mismo símil de iceberg para explicar que en esos otros países el número de incidentes registrados es mayor. “La infradenuncia es el principal caballo de batalla de las organizaciones LGBT y las fuerzas de seguridad (…) por lo que es crucial la plena colaboración entre sociedad civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad para aumentar la confianza mediante campañas específicas destinadas a la población LGBT. Desde COLEGAS animamos a la población LGBT a que denuncie cualquier tipo de incidente del que sea víctima por nimio que parezca, ya que es la única forma de que se luche contra la LGBTfobia social que aún permanece en la sociedad española a pesar de los avances legislativos en materia de igualdad en los últimos años. También pedimos colaboración al resto de la población a que denuncie cualquier incidente del que sea testigo o tenga conocimiento”, ha declarado su presidente, Paco Ramírez.

En el informe del Ministerio del Interior revela que en la Comunidad de Madrid se registraron 26 delitos de odio por LGTBfobia en 2014, frente a los 12 registrados en 2013.

De los 102 delitos de odio registrados en la Comunidad de Madrid, 26 lo han sido por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima. Es un incremento de más del 115% en un solo año, el mayor aumento de entre todas las comunidades autónomas. Desde la asociacíon madrileña Arcópoli afirman que “es necesario poner en perspectiva este dato con la situación de que, aproximadamente, el 90% de las agresiones por LGTBfobia que se producen no se denuncian, como pudo atestiguar esta entidad con los testimonios de las víctimas a las que ayuda“.

Igualmente destacan la importancia de tener en cuenta que el registro no recoge las faltas, sino únicamente los delitos, con lo que quedan fuera muchos de los incidentes basados en la LGTBfobia y que sí han sido denunciados.

Arcópoli ha exigido, como viene haciendo desde el pasado mes octubre, un plan de choque urgente a las instituciones madrileñas ante el aumento de agresiones que han llegado hasta ellos. A este respecto, la asociación se ha reunido con la Directora General de Asuntos Sociales, con la Delegación de Gobierno, con los Grupos Parlamentarios Autonómicos, y con Metro de Madrid. También han solicitado en numerosas ocasiones una reunión con RTVAM que no ha tenido respuesta.

“Sin embargo, el resultado continúa siendo infructuoso y, salvo Metro de Madrid, ninguna otra institución ha aprobado ninguna medida urgente para atajar este alarmante aumento de agresiones”, denuncian.

Además, desde Arcópoli han reclamado para la próxima legislatura una Ley Contra la LGTBfobia que dote a las entidades de herramientas para combatir las agresiones que, lejos de remitir, van en aumento en toda España, y muy especialmente en la Comunidad de Madrid. Asimismo, han solicitado la implantación del protocolo policial Contra los Delitos de Odio y formación a la policía en este tema, para que conozcan las particularidades y sensibilidades de este colectivo, el más agredido en España.

El coordinador de Arcópoli, Yago Blando, ha declarado que “una vez más comprobamos que somos uno de los colectivos más vulnerables y desprotegidos de la Comunidad de Madrid. Reclamamos a los partidos que de cara a las próximas elecciones se comprometan a aprobar una Ley Contra la LGTBfobia como la recientemente aprobada en Extremadura o la catalana para dotar a la sociedad de las herramientas necesarias para combatir la LGTBfobia y así poder crear una región en la que quepamos todas y todos”.

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