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COGAM lamenta el nombramiento como viceconsejera de Políticas Sociales de Madrid de Miriam Rabaneda, a la que acusa de negar derechos a las personas trans

Sábado, 26 de mayo de 2018

40fa3b0c-86be-43c0-ac49-74679d74248eEl colectivo madrileño COGAM ha lamentado, en un comunicado de prensa difundido este jueves, el  nombramiento de Miriam Rabaneda como nueva viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. COGAM denuncia que Rabaneda negó, en el anterior cargo que ocupó, «derechos básicos a las personas trans». Se refiere, en concreto, a la negativa a que las personas trans pudieran utilizar el nombre que corresponde a su identidad en las tarjetas sanitarias. 

Miriam Rabaneda ha sido alcaldesa de Pinto y directora general de Administración Local de la Comunidad de Madrid. En noviembre de 2016 fue nombrada directora general de Planificación y Formación de la Consejería de Sanidad, un puesto desde el que controlaba, entre otras muchas competencias, la gestión de la tarjeta sanitaria individual. Un documento emitido por la Comunidad de Madrid, y en el que por tanto, según marca la ley integral de transexualidad aprobada por la Asamblea de Madrid en marzo de 2016, las personas transexuales tienen derecho a que figure el nombre que corresponde a su identidad.

Algo a lo que según COGAM denuncia Miriam Rabaneda, la nueva viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, se negó, alegando «problemas informáticos» e invasión de competencias estatales. «Se negaba a entregar los informes jurídicos que justificaran dicha denegación hasta que le obligó el Consejo de Transparencia» argumenta COGAM. Desde la Consejería de Sanidad se argumentó en su momento que la tarjeta sanitaria es un documento vinculado con la Seguridad Social, por lo que cambios en el nombre podrían dar lugar a «distorsiones en el sistema de prestación de servicios», y que obliga también a otras comunidades en caso de prestar asistencia sanitaria a residentes en Madrid. Un argumento que se desmorona si se tiene en cuenta que comunidades como Andalucía o Baleares sí permiten el cambio del nombre en sus respectivas tarjetas sanitarias.

Es por eso que COGAM «quiere expresar su rechazo a este nombramiento dada la negación de derechos humanos básicos que la dirigente [Miriam Rabaneda] ha estado acometiendo durante sus cargos anteriores»«Consideramos una ofensa a las personas trans y sus familias que la directora general que ha sido responsable de no facilitar a las personas trans las tarjetas sanitarias que están siendo facilitadas en otras comunidades autónomas bajo las mismas condiciones haya sido nombrada viceconsejera de Políticas Sociales. Es muy triste tener constancia de que el incumplimiento de la ley trans de Madrid va a continuar hasta el final de la legislatura», ha declarado Emilio García, responsable del grupo Familias Transformando del colectivo madrileño. Desde COGAM afean de hecho al Gobierno regional que asociaciones y colectivos trans «tuvieran que acudir al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que calificó como ‘un problema de discriminación realmente importante’, el no desarrollo de la ley aprobada por mayoría en la Asamblea de Madrid».

COGAM espera también que Ángel Garrido, elegido nuevo presidente de la Comunidad de Madrid como los votos de PP y Ciudadanos tras la dimisión de Cristina Cifuentes, «se involucre personalmente en el desarrollo de los protocolos y reglamentos necesarios para implantar la Ley de Identidad y Expresión de Género, aprobada en 2016. Durante este tiempo el Ejecutivo que dirigía la dimitida Cifuentes no ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para hacer cumplir la ley en ámbitos tan necesarios para las personas trans como el educativo o el sanitario. Haciendo oídos sordos, además, a los colectivos trans y a diversos diputados y diputadas del PSOE y Podemos que han pedido en sede parlamentaria la implantación definitiva de esta ley».

«Es necesario desarrollar el mandato legislativo de desarrollo de la ley», ha declarado por su parte Jesús Grande, presidente de COGAM, que en cualquier caso ha tendido la mano al Gobierno regional para ayudarle a rectificar. «Continuaremos ofreciendo la colaboración con las diferentes consejerías, tal y como hemos venido haciendo hasta ahora, y poniendo nuestros recursos, experiencia y conocimientos a la disposición de la Comunidad de Madrid», ha expresado

Fuente Dosmanzanas

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Una docena de activistas iniciaron una huelga de hambre tras el fallo de un tribunal boliviano que permite el cambio de identidad y de género a los homosexuales pero no contraer matrimonio o adoptar.

Miércoles, 22 de noviembre de 2017

protesta_boliviaTras la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que declara incosntitucional un fragmento de la Ley de Identidad de Género de Bolivia, un grupo de activistas transexuales mantiene una hulega de hambre relcamando una explicación por una sentencia que disminuye sus derechos.

Una docena de activistas iniciaron una huelga de hambre tras el fallo de un tribunal boliviano que permite el cambio de identidad y de género a los homosexuales pero no contraer matrimonio o adoptar.

“No somos ciudadanos de segunda”, se leía el miércoles en un cartel en el salón del Defensor del Pueblo en La Paz donde los activistas se instalaron para exigir al Tribunal Constitucional una “aclaración y enmienda” del fallo de ese tribunal. “No vamos a poder hacer un simple contrato de alquiler, hacer un simple contrato de trabajo, no vamos a poder entrar al baño sin decir antes: soy transexual”, declara la activista Laura Álvarez, que considera que el Tribunal Constitucional Plurinacional se comporta como “inquisidor y fascista», provocando un retroceso que deja al colectivo transexual en un «limbo constitucional”. “Nos han condenado a un limbo. Ningún tribunal puede quitar todos los derechos, puede limitar algunos derechos; por eso estamos pidiendo una aclaración, porque el fallo también nos niega derechos civiles, laborales y políticos” como postular a cargos electivos, dijo Tamara Núñez del Prado, adjunta del Defensor del Pueblo y activista. Si alrededor de 300 personas habrían hecho uso de la Ley de Identidad de Género para renovar su documentación de acuerdo con su identidad de género, ocho de ellas habrían contraído matrimonio con sus respectivas parejas antes del fallo del Constitucional.

Otro grupo del colectivo LGBT sorprendió a la policía el miércoles e ingresó hasta la plaza donde está el palacio presidencial protestar por el fallo. Los agentes desalojaron a los manifestantes sin mayores incidentes. Un grupo de 17 personas transexuales decide instalarse delante de la iglesia de San Francisco, en La Paz, con pancartas y consignas de protesta contra el auto del tribunal para exigir respeto a los derechos civiles conferidos por la ley promulgada por el gobierno de Evo Morales en mayo de 2016. Como método de presión, inician también una huelga de hambre para obligar al Constitucional a que emita un nuevo pronunciamiento que aclare la cuestionada sentencia. El grupo de protesta ha sufrido 3 bajas, mientras que 2 compañeras se han retirado de la huelga para ejercer presión de otra manera, consiguiendo que dos mujeres de El Salvador y los Estados Unidos se una junto ellas a la huelga que se desarrolla ahora en las dependencias de la Defensoría del Pueblo.

La magistrada Mirtha Camacho declara este jueves, 16 de noviembre, que el único que podría dilucidar sobre la sentencia es el propio magistrado que la habría emitido, Ruddy Flores, que se encuentra actualmente fuera del país. Una de las integrantes de la huelga, Tamara Núñez del Prado, considera una «barbarie» que el Tribunal Constitucional Plurinacional relegue la responsabilidad de la explicación que piden a un solo magistrado, amenazando con tomar medidas legales contra ellos en un futuro.

El colectivo advirtió que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si no es escuchada su demanda, que ha merecido el apoyo del Defensor del Pueblo. “Un fallo está negando derechos a un grupo que ya afronta una altísima discriminación”, dijo el defensor David Tezanos Pinto.

La decisión fue “sabia” para el sacerdote José Fuentes, secretario de la Conferencia Episcopal. Hasta ahora el mayor avance de la población LGBT era una ley promulgada el año pasado por el presidente Evo Morales que les permitía el cambio de nombre y sexo. Sin embargo, la norma fue apelada de inconstitucionalidad por algunos legisladores y grupos civiles vinculados a la Iglesia Católica y evangélica. “Es una ley mentirosa porque era sólo para el cambio de nombre y sexo pero lo que pretendía en el fondo era el matrimonio entre personas del mismo sexo y eso es ilegal. El fallo del tribunal salva al matrimonio y a la familia y eso nos tranquiliza”, dijo el portavoz del arzobispado Edwin Bazán.

El matrimonio entre personas del mismo sexo no es reconocido formalmente por la Constitución y fue la base de la demanda. “La Constitución reconoce a la familia como núcleo de la sociedad constituida por un hombre y una mujer y eso es lo que está preservando el fallo”, según Bazán.

Para el colectivo LGBT, la decisión “menoscaba los derechos ciudadanos y coarta toda aspiración a mejorar las condiciones de vida” de esa población.

Desde la vigencia de la ley, 72 personas cambiaron de identidad y género en sus documentos personales, según el Registro Cívico, pero se desconoce cuántos de ellos se casaron al amparo de esa norma. La información sobre el matrimonio es privada y confidencial, según esa oficina gubernamental.

El fallo del Tribunal Constitucional es inapelable, de acuerdo con la carta magna.

En el mundo, 23 países han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Sudamérica solo lo han reconocido Argentina, Colombia, Uruguay y Brasil.

Fuente Cáscara Amarga

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No hubo “escarnio” en el beso lésbico ante la Virgen de Montserrat

Viernes, 12 de mayo de 2017

video-arran-k0w-620x349-abcAunque consideramos hipócrita la actitud de muchos homófobos que se rasgan las vestiduras ante cosas así y no protestan por los asesinatos, persecuciones, acoso… de las personas LGTBI, que por cierto, si quieren pruebas, que se paseen por nuestras páginas…, algunos nos preguntamos si gestos así son necesarios…

Considera que el gesto fue “un ejercicio reivindicativo”

El Defensor del Pueblo catalán considera que el vídeo de dos mujeres besándose en el camarín de la Virgen de Montserrat, con una canción de fondo haciendo referencia a órganos genitales femeninos, no constituyen “escarnio de dogmas ni creencias” ni “vejación” a los católicos y defiende que se trata de “un ejercicio reivindicativo por parte de miembros que han sufrido históricamente y aún padecen graves situaciones de discriminación legal y social”.

“El derecho a la libertad de expresión constituye un fundamento esencial de una sociedad democrática y debe respetarse no únicamente respecto de informaciones, ideas o manifestaciones consideradas inofensivas o indiferentes sino también de aquellas que inquietan o resultan chocantes“, subraya el Defensor del Pueblo catalán.

Así lo indica en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press en respuesta al Centro Jurídico Tomás Moro, que a través del Observatorio contra la Cristofobia, acudió al Defensor del Pueblo para pedirle que denunciara ante la Fiscalía estos hechos al considerarlos constitutivos de delito.

En todo caso, el Defensor del Pueblo catalán precisa que la libertad de expresión “no es ilimitada y puede restringirse en aras a la moral pública para luchar contra los ataques a las convicciones religiosas”. Si bien, puntualiza que “no toda manifestación que resulte ofensiva para una convicción religiosa puede considerarse un ataque” y, en ese caso, dice que “debe primar la libertad de expresión”.

El Centro Jurídico Tomás Moro ha criticado que el Defensor del Pueblo catalán hace “caso omiso” a las más de 9.000 firmas presentadas para solicitar que se inicien actuaciones penales contra “las profanadoras de la Virgen de Montserrat”.

“Es curioso que en el escrito del Síndic ni siquiera se afee la conducta de las mujeres que profanaron a sabiendas una de las imágenes más veneradas por el pueblo católico. Igualmente resulta curioso que el Síndic afirme que el colectivo de lesbianas ha padecido y padece graves situaciones de discriminación sin aportar ningún dato numérico que permita acreditar dicha afirmación”, critica el Centro Jurídico Tomás Moro.

También le pregunta si le consta “que los cristianos han sufrido y siguen sufriendo persecución”. “El equipo de investigación de Puertas Abiertas Internacional (World Watch Unit) ha establecido que, en total, 215 millones de personas en el mundo sufren niveles de persecución altos, muy altos o extremos a causa de su fe cristiana”, recuerdan.

Fuente Agencias, vía Religión Digital

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La “Plataforma por las libertades” pide a la Defensora del Pueblo que recurra la ley LGTB de Madrid

Lunes, 14 de noviembre de 2016

soledad-becerril.-hagan-ustedes-el-favor_detalle_articuloSoledad Becerril

Un montón de supuestas asociaciones pro-familia solicita a Soledad Becerril que recurra la ley ante el Constitucional.

Ahora que se cumplen cuatro años del fallo del Tribunal Constitucional desestimando el recurso del Partido Popular contra el matrimonio igualitario, nos encontramos con que un centenar de organizaciones de corte ultraconservador, de esas que dicen defender a la familia,   han solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que utilice su capacidad legal para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley madrileña contra la LGTBfobia, aprobada por unanimidad de las fuerzas representadas en la Asamblea de Madrid el pasado mes de julio, incluyendo al Partido Popular de Cristina Cifuentes. Detrás de varias de estas organizaciones se esconden, curiosamente, diversas figuras del sector más extremista del PP, entre ellos uno de los dos diputados del grupo popular en la Asamblea de Madrid que aquel día se ausentaron del pleno para no votar la ley. Por cierto, entre los miembros de dichas asociaciones están antiguos miembros del Partido Popular como como Jaime Mayor Oreja y ex diputados y senadores como Lourdes Méndez, Javier Puente, Ángel Pintado y Gari Durán

La “Plataforma de las libertades” está compuesta entre otras asociaciones por Familia y Dignidad Humana, la Federación Española de Asociaciones Provida, la Federación Europea ‘One of Us’ en defensa de la vida y la dignidad humana, HazteOir.org, la Federación Española de Asociaciones Provida, el Instituto de Política Familiar y la Universidad Católica de Murcia, lo que da una idea del nivel que deben tener sus titulaciones. ¿Y por qué quieren recurrir la ley? Pues claro, ¡para proteger a los niños! Porque ya se sabe, los únicos niños que cuentan son los suyos que parece que son todos muy normativos.

Una de las entidades promotoras de la solicitud es la Fundación Valores y Sociedad, presidida por el que fuera presidente del PP vasco, ministro del Interior, diputado y miembro del Parlamento Europeo Jaime Mayor Oreja. No supone, de hecho, una especial sorpresa: Mayor Oreja siempre se caracterizó por ser uno de los líderes populares más abiertamente contrarios a los derechos LGTB, como bien demostró en su época de eurodiputado cada vez que algún tema relacionado se sometía a votación. En el patronato de dicha fundación, según señala eldiario.es, se encuentra también la exsenadora popular Gari Durán, la que fuera también presidenta del PP vasco, María San Gil; el exdiputado y exsenador Ángel Pintado o la exsenadora Gari Durán. También figura, curiosamente, Luis Peral, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, que fue precisamente uno de los dos representantes populares que en su día se ausentaron para no votar la ley (el otro fue David Pérez, que además de diputado en la Asamblea de Madrid es alcalde de Alcorcón).

Otra de las organizaciones firmantes de la solicitud es la Asociación Familia y Dignidad Humana, cuya presidenta y vicepresidente son Lourdes Méndez y Javier Puente, ambos exdiputados populares. Los ya mencionados Ángel Pintado y Gari Durán son su tesorero y portavoz, respectivamente.

Otras organizaciones que firman el documento, por mencionar solo algunas, son la Federación Española de Asociaciones Provida, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, HazteOír o el autodenominado Instituto de Política Familiar. Organizaciones, en definitiva, de carácter ultraconservador, muchas de ellas cercanas a la Iglesia católica.

La petición a la Defensora del Pueblo, argumenta que la ley contra la LGTBfobia atenta contra numerosos preceptos constitucionales. Dos aspectos que generan una especial indignación son la prohibición de las terapias aversivas de la homosexualidad (que según estas organizaciones vulnera los derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la protección de la salud y al deber de prestar asistencia de todo tipo a los hijos) o la inclusión en los programas educativos de la diversidad de género (que según los solicitantes vulnera los derechos de libertad de expresión y difusión de pensamientos y de libertad de cátedra). Pero también el principio de inversión de la carga de la prueba cuando se ha producido un episodio de discriminación (que según ellos vulnera los derechos de presunción de inocencia, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva). No son los únicos derechos que consideran vulnerados: también el derecho a la igualdad, a la educación, de libertad religiosa, etc. No hay derecho constitucional, prácticamente, que los solicitantes no consideren vulnerado por la ley. Si te interesa conocer en su integridad el texto del documento, puedes descargarlo directamente de La Gaceta.

Entre otras sandeces, según esta plataforma, la ley madrileña vulnera el derecho a la igualdad ya que aseguran que se dan privilegios a la población LGTB y ataca la autonomía del paciente ya que impide llevar al menor a un psicólogo en caso de que los padres se preocupen por la orientación sexual del menor. Claro que no se han dado cuenta todavía de que en ese caso los que tienen que ir al psicólogo son los padres y que esta ley evita precisamente, que los niños sean considerados “pacientes”.

Además, afirman que “hablar de los modelos de familia” en las escuelas atenta contra la libertad de expresión. Repetimos: “hablar de los modelos de familia” atenta contra la libertad de expresión porque no les deja decir lo que piensan de la homosexualidad en los colegios y claro. Ya podría hacer honor a su nombre la “Plataforma de las libertades” y preocuparse de que todos los niños puedan vivir de forma saludable en lugar dea estar jodiendo al prójimo. Nosotros cuandonos enteramos de estas cosas nos dan muchas ganas de vomitar.

Y es que recomendamos, eso sí, tener a mano un antiemético antes de leer un texto cargado de una profunsa hipocresía. “Con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación sexual (objetivo que evidentemente compartimos), aprovecha [la ley madrileña contra la discriminación de las personas LGTBI] para implantar una concepción ideológica propia de las asociaciones LGTBI sobre la persona, de los ‘diferentes modelos de familia’ y de la sexualidad que, siendo discutibles (pues existe en nuestra sociedad una pluralidad de concepciones) se tratan de imponer a todos”, llega a argumentar el escrito, según el cual “es un hecho que no todos los homosexuales defienden la concepción de la sexualidad del lobby LGTBI, como lo es que muchos heterosexuales sí la defienden”.

Veremos qué sucede finalmente. El hecho de que en este momento buena parte de las figuras del PP mencionadas arriba se encuentren “caídas en desgracia” y de que en la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes haya dado su apoyo a una serie de políticas pro-LGTB (acordadas, en este caso, con PSOE, Podemos y Ciudadanos, además de con los colectivos LGTB madrileños) no significa que muchas de las instancias de poder de este país no estén todavía copadas por los sectores más conservadores. Si la Defensora del Pueblo decidiese presentar un recurso de este tipo nadie asegura que el actual Tribunal Constitucional, fuertemente derechizado, no invalidase, aunque fuese solo parcialmente, un texto ejemplar. Confiemos en que esa posibilidad no llegue ni a plantearse.

Fuente: ABC y Actuall, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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Defensor del Pueblo de Bolivia solicita abolir veto de donaciones de sangre a comunidad LGTB

Jueves, 7 de julio de 2016

donacion-sangre-LGTB-Sarah-Abilleira-Ponte-en-mi-PielEl Defensor del Pueblo de Bolivia inicia acciones para la supresión del Decreto Supremo que prohíbe a la comunidad LGTB la posibilidad de donar sangre, lo que considera un acto de discriminación.

Durante el Foro Seguimiento a las Políticas Públicas para Personas con Distinta Orientación Sexual e Identidad de Género, organizado el pasado 27 de junio para conmemorar el Día Internacional del Orgullo Gay, así como el Día de los Derechos de la Población con Orientación Sexual Diversa en Bolivia, ambos celebrados el 28 de junio, el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, anuncia que ha iniciado los trámites legales para revertir el Decreto Supremo 24547, de 1997, que prohíbe donar sangre a las personas homosexuales, bisexuales o transexuales.

«Se ha solicitado a la Ministra de Salud que instruya que el personal de salud de cualquier centro médico, público o privado, pueda recibir donaciones de sangre sin que exista de por medio obstáculos indebidos de orden legal, por cuanto la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación establece claramente las acciones de orden penal ante actos discriminatorios y, más aún, cuando estos provienen de parte de servidores públicos, sin que esto signifique que no se apliquen los protocolos correspondientes», manifiesta el Defensor del Pueblo.

Cuando en algunos países la prohibición se debe al temor al contagio del VIH, la promiscuidad parece ser la causa de la prohibición en Boliva debido al punto 1 del inciso D del artículo 16 del Decreto 24547, en donde se describe la comunidad LGTB como «promiscuos». Esta exclusión representa una exclusión no razonable y absolutamente discriminatoria, debido a que la promiscuidad se puede encontrar en cualquier tipo de orientación sexual y sea cual sea la identidad de género del individuo, por lo que no es exclusivo de homosexuales, bisexuales o transexuales el riesgo de transmisión del VIH por ese motivo concreto.

«El Estado tiene la obligación de garantizar a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta constitución, las leyes, convenios y tratados internacionales de derechos humanos», señala Tezanos Pinto.

Esta sería una de las acciones que el Defensor del Pueblo planea sacar adelante para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la comunidad LGTB. A través del Plan Nacional de las Diversidades Sexuales trabajará para que el Estado asuma su responsabilidad a nivel nacional, provincial y municipal, así como una efectiva inclusión laboral, educativa y cultural sin ningún tipo de discriminación, fomentando la creación de nuevas propuestas para combatir la homofobia, la transfobia y la bifobia con el objetivo de tener una sociedad con un cultura incluyente de respeto y equidad para todos.

Fuente Universogay

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La batalla legal de dos madres lesbianas por el reconocimiento legal de su hija

Miércoles, 6 de abril de 2016

helen_bicknell_y_nicola_rothonUna pareja lesbiana y madres de una niña nacida tras un tratamiento de inseminación artificial, han presentado en la Corte Constitucional de Ecuador una demanda para que su hija sea inscrita en el Registro Civil del país con los apellidos de ambas.

 En una audiencia efectuada en Quito, la defensa de Helen Bicknell y Nicola Rothon, de origen británico, argumentó que la niña, nacida en diciembre de 2011, aún no ha podido ser inscrita en el Registro Civil porque la normativa exige los apellidos de un hombre y una mujer.

La jueza Tatiana Ordeñana, al finalizar la audiencia, fijó un plazo de 72 horas para que las partes del proceso, las madres y la Procuraduría del Estado, argumenten las respectivas posiciones que le permitan emitir una decisión.

Concluida esa fase, la decisión de la jueza pasará a conocimiento del pleno de la Corte Constitucional, el máximo organismo de control de la Carta Magna, y allí se emitirá un dictamen definitivo.

En la diligencia efectuada también participaron abogados de grupos de defensa de las minorías sexuales, así como la Defensoría del Pueblo y de grupos opuestos a esa demanda.

El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, señaló que a su criterio se han vulnerado los derechos de la niña y dijo que lo primordial es que se reconozca a las inglesas como las madres de la pequeña. Rivadeneira relató que la niña actualmente vive en Ecuador con una “visa de amparo” y remarcó que su situación debe solucionarse.

“Sus madres reconocieron a su hija en el Reino Unido. Para hacerlo, la niña obtuvo documentos de viaje de ese país (pasaporte y cédula) como ciudadana inglesa”, añadió. Sin embargo, dijo que para que la pequeña viviera en Ecuador, su país natal, una de sus madres obtuvo una visa de inversionista que le permite residir permanentemente. Con ese documento, la niña “accedió a una visa de amparo”, agregó el defensor del Pueblo.

Bernarda Freire, coordinadora de la clínica jurídica de la Fundación Equidad, opinó por su parte que el fallo de la Corte podría demorarse hasta fin de año y remarcó que “el Estado ecuatoriano reconoce los derechos de la familia diversa”. “Los argumentos en pro de la inscripción de la niña tienen que ver con su derecho a la identidad, un nombre, nacionalidad, con el hecho de que sea reconocida en su familia real porque vive con sus dos madres y son iguales para ella”, agregó la activista, que no descartó que el caso se presente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si no prospera en el país.

Grupos que se oponen a la demanda de las inglesas argumentaron que en la Constitución ecuatoriana no existe la figura de inscripción de este tipo y que irse contra ello podría suponer una violación de la Carta Magna. Amparo Medina, de la Red Vida y Familia Ecuador, aseguró que el objetivo de su grupo “es defender el derecho constitucional que implica que los niños solo pueden ser adoptados por papá y mamá. No existe la figura de inscripción bajo ninguna ley ecuatoriana”, dijo. Añadió que en Ecuador solo existe la paternidad biológica o adopción y ninguna otra figura.

La hija de Helen y Nicola nació el 27 de diciembre de 2011 en Quito y cuando cumplió 19 días ellas trataron de inscribirla en el Registro Civil, pero no lo lograron, ya que el sistema informático de esa agencia solo aceptaba los apellidos de un padre y una madre.

El Registro Civil les negó (la inscripción) asumiendo que dos madres no pueden reproducir a una niña y que, por precautelar (proteger) el supuesto derecho de un padre inexistente, se la iba a registrar como hija de madre soltera”, indicó Christian Paula, asesor jurídico del grupo Equidad.

La defensa de las madres ha interpuesto varios recursos y ha apelado a varias instancias judiciales hasta llegar a la Corte Constitucional. La batalla legal de la pareja, que comenzó en 2012, cuenta con el apoyo de diversos colectivos LGTB y de otras organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Fuente Cáscara Amarga

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El informe del Defensor del Pueblo revela que se eliminó de internet un “juego de matar gays”

Martes, 1 de marzo de 2016

homofobia_mataLa Audiencia Provincial de Madrid archivó la investigación penal sobre un juego online que consistía en “matar gays”.

El borrado del juego impidió a la Fiscalía hacerse con una copia del juego para seguir con la investigación.

El informe del Defensor del Pueblo 2015 ha revelado que la Audiencia Provincial de Madrid archivó la investigación penal sobre un juego online de contenido homófobo, “Juego de matar gays“, al no poder disponer de una copia del juego que ha sido eliminado de internet por su responsable.

El Defensor, tras recibir quejas sobre actuaciones incitadoras al odio hacia el colectivo LGBTI en internet, solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre las diligencias que se adoptaran sobre un juego de la página web de Juegos Flasher, consistente en matar a personas homosexuales.

La Sección de Criminalidad Informática y Tutela Penal de la Igualdad y contra los Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Madrid “acordó el archivo de las diligencias de investigación penal, al no haber podido disponer de una copia de dicho juego en online”, señala el informe.

El juego interactivo fue eliminado por la persona, bajo cuyo nombre figuraba registrado, tras recibir el comunicado de una asociación contra la homofobia alertando del contenido ofensivo contra el colectivo gay, añade El Defensor.

En concreto, la denuncia al respecto partió en enero de 2015 del Observatorio Contra la Homofobia (OCH) y el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), que pidieron la retirada inmediata del juego, en cuyas instrucciones se decía literalmente que “en este juego tienes que matar a los gays que están ocultos”, según estas organizaciones.

Fuente Cáscara amarga

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La Federación Argentina LGBT y el Defensor del Pueblo de la Nación crean una Defensoría LGBT a nivel nacional

Lunes, 30 de marzo de 2015

timthumb.phpCon el objetivo de mejorar el acceso a los derechos de las personas LGBT en todo el país, la FALGBT trabajará junto al Defensor del Pueblo de la Nación para abrir la Defensoría LGBT a nivel nacional. Tras la apertura de las de Bariloche y Buenos Aires, sería una de las primeras iniciativas de nivel nacional en América Latina.La Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans celera la firma del convenio de cooperación que suscribió esta mañana con el Defensor del Pueblo de la Nación, a cargo de Secretario General CPN Carlos Haquim, en la sede de la entidad, Suipacha 365, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Por medio del convenio se creó el “Programa de Cooperación Técnica” entre el Defensor del Pueblo de la Nación y la FALGBT para la creación de la Defensoría LGBT a nivel nacional, que propenderá entre otras acciones a brindar herramientas para la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos que asisten a lesbianas, gays, bisexuales y trans del país, intercambio de información, documentación técnica y bibliográfica de mutuo interés, diseño de proyectos, implementación de estrategias y organización de campañas de promoción sobre los mecanismos nacionales y provinciales de protección de los derechos e intereses comunes a las partes, así como promoción de la legislación y las prácticas nacionales y provinciales, en armonía con los instrumentos internacionales de derechos humanos, para lograr su efectiva aplicación. Cabe destacar que el pasado mes de diciembre se puso en marcha la primer Defensoría LGBT, en este caso la de la Ciudad deBuenos Aires, por medio de un convenio de similares características suscripto entre la FALGBT y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Al respecto Esteban Paulón, Presidente de la FALGBT, expresó “Este nuevo espacio forma parte de las propuestas para transformar la igualdad jurídica en igualdad real contempladas en el Plan de Ciudadanía LGBT elaborado por la Federación Argentina LGBT y el Sistema de Naciones Unidas en Argentina, y es una de las primeras en su tipo y de nivel nacional en América Latina. Necesitamos de espacios institucionales como estos para trabajar contra la discriminación y la violencia que aún vive nuestra comunidad en la vida cotidiana, sabemos que junto al Defensor del Pueblo de la Nación avanzaremos en este sentido.”Por su parte elSecretario General a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación CPN Carlos Haquim agregó “hace más de un año que venimos trabajando con todo el equipo para concretar este paso y es una gran alegría comenzar a transitar este camino de construcción conjunta con la FALGBT.”A su turno Claudia Castrosín, Vicepresidenta de la FALGBT agregó “estamos felices y orgullosos de contar con esta nueva herramienta de trabajo. Nuestras más de 60 organizaciones conocen al momento las diversas situaciones discriminatorias que ocurren en todo el país y esta herramienta nos permite mejorar la respuesta a nuestro colectivo, que no es otra cosa que garantizar vidas más dignas y felices.”
 .
Participaron del acto de firma del convenio, además del Secretario General del Defensor de Pueblo de la Nación, Carlos Hacquim y el Presidente de la FALGBT, Esteban Paulón, la Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires María Rachid, la Secretaria General de la FALGBT y Presidenta de ATTTA Marcela Romero, la Vicepresidenta de la FALGBT Claudia Castrosín Verdú y la Defensora LGBT de la Ciudad de Buenos Aires Flavia Massenzio. 

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El Gobierno de España estudia los recursos contra el acoso escolar por LGTBfobia tras la presión de la FELGTB

Lunes, 16 de febrero de 2015

BullyingEl Defensor del Pueblo ha trasladado la denuncia por la vulnerabilidad de jóvenes LGTB

El 17 de Mayo de 2013, con motivo del Día Mundial contra la LGTBfobia del “Año de la Diversidad Sexual y de Género en la Juventud, ¡Jóvenes sin armarios!”, FELGTB hizo entrega del informe “Acoso escolar y riesgo de suicidio por orientación sexual e identidad de género: el fracaso del Sistema Educativo” en las Defensorías del Pueblo de las 17 comunidades autónomas y de Melilla, así como en la Defensoría estatal.

Se denunciaba ante estas instituciones la situación de extrema inseguridad en la que se encuentran jóvenes y adolescentes LGTB y la necesidad de que se tomen medidas urgentes tanto por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como por las Consejerías de Educación autonómicas.

La iniciativa llevada a cabo con el Defensor del Pueblo de España ha empezado a dar sus frutos. Esta semana, el Defensor ha informado de que el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades ha solicitado a las Direcciones Generales de Educación de las diecisiete comunidades autónomas más las dos ciudades de Ceuta y Melilla información sobre los planes, materiales y todo tipo de recursos de los que disponen para hacer frente al acoso por orientación sexual e identidad de género en sus centros.

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades ha encargado, igualmente, la elaboración de un estudio sobre acoso homofóbico y transfóbico en España, así como la recopilación de los recursos disponibles para prevenirlo y combatirlo.

Desde la FELGTB seguiremos pendientes del tema y os trasladaremos cuando haya novedades.Acoso escolar, Bully

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El Defensor del Pueblo colombiano aboga en favor de la adopción por parte de parejas homosexuales

Lunes, 26 de enero de 2015

1957437_n_vir1Jorge Armando Otálora asegura que los derechos y el bienestar de los niños debe primar sobre cualquier otra ideología.

El Defensor del Pueblo colombiano, Jorge Armando Otálora, envió un recurso a la Corte Constitucional en favor de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo.  La argumentación de Otálora se centró en defender los derechos de los niños y asegurar su bienestar, algo que se encuentra por encima de las creencias religiosas o de las ideologías de cualquier tipo. “El futuro de menores que hoy en día están abandonados, que están ávidos de que una persona les de cariño, amor, formación. Las creencias no pueden interferir en cuestiones de Derechos Humanos declaró Otálora.

Otálora también declaró que “si una pareja de una condición sexual diferente está en condiciones de rodear al niño de amor, de educación y de formación, bienvenidas sean esas actividades. Desde nuestra óptica institucional consideramos que es muy positivo que haya un pronunciamiento que autorice la adopción por parte de parejas homosexuales.

La Corte Constitucional a la que se dirige el Defensor del Pueblo deberá tomar una decisión acerca de este asunto antes de la fecha fijada, concretamente el próximo 6 de febrero. Colombia es un país que permite la adopción de manera individualizada y permite a un miembro de la pareja adoptar a los hijos biológicos de su pareja.

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La Ciudad de Buenos Aires inaugura la primera Defensoría LGBT de Argentina

Sábado, 6 de diciembre de 2014

IMG_3840La FALGBT junto al Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, inauguran la primera Defensoría LGBT en el país y la primera que es parte de una Defensoría del Pueblo en América Latina.

Con el objetivo de mejorar el acceso a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans, la FALGBT junto al Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, inauguran la primera Defensoría LGBT en el país y la primera que es parte de una Defensoría del Pueblo en América Latina.

Para el cumplimiento de estos objetivos a principios de noviembre se celebró un convenio de cooperación entre la Federación Argentina LGBT (FALGBT) y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Dicho acuerdo contempla, por un lado, el desarrollo de un conjunto de acciones que facilite el acceso de la población LGBT a una ciudadanía plena, y por el otro, la creación de la Defensoría LGBT que funcionará a partir del viernes como un centro de atención integral de asesoramiento, reclamos y denuncias para la comunidad, articulando con las distintas áreas y recursos de la Defensoría del Pueblo Porteña.

El acto de inauguración de las instalaciones de la Defensoría LGBT, cita en Av. de Mayo 881 Piso 2 Of. J, será el viernes 5 de diciembre a las 14:30hs. con la presencia del Presidente de la FALGBT Esteban Paulón, el Defensor del Pueblo de la Ciudad Alejandro Amor, la Legisladora porteña y promotora de la iniciativa María Rachid, y demás autoridades, entre ellas la flamante coordinadora de este nuevo espacio estará a cargo de la Secretaria de Asuntos Legales de la FALGBT y funcionaria de la Defensoría del Pueblo, Flavia Massenzio.

Al respecto Esteban Paulón, Presidente de la FALGBT, expresó “Este nuevo espacio forma parte de las propuestas para transformar la igualdad jurídica en igualdad real contempladas en el Plan de Ciudadanía LGBT elaborado por la Federación Argentina LGBT y el Sistema de Naciones Unidas en Argentina, y es el primero en su tipo en América Latina. Necesitamos de espacios institucionales como estos para trabajar contra la discriminación y la violencia que aún vive nuestra comunidad en la vida cotidiana, sabemos que junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad avanzaremos en este sentido.”

Para el Defensor del Pueblo de la ciudad Alejandro Amor, la puesta en marcha de la Defensoría “nos abre un ámbito que institucionalmente conteníamos, pero que ahora incorporamos asociandónos a una organización de la sociedad civil comno la FALGBT. Para nosotros es un convenio trascendente, porque representa un lugar en el que vamos a tener presencia y nos va a otorgar el bagaje técnico que se necesita para afrontar conflictos policiales o cuestiones judiciales que muchas veces surgen y que para resolverlas necesitamos el apoyo de esta clase de organizaciones”.

María Rachid, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, quien junto al Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, y la FALGBT, impulsó la creación de este espacio, expresó: “Hemos alcanzado una igualdad jurídica con la que era casi imposible soñar hasta hace pocos años. Esta igualdad es una herramienta fundamental pero no garantiza la igualdad real de un día para el otro. Necesitamos de políticas públicas locales y organismos que, con esas herramientas, defiendan los derechos de las personas lgbt y promuevan políticas públicas y legislación para el acceso a todos los derechos”

A su vez, Flavia Massenzio, coordinadora de la Defensoría LGBT declaró “Es un honor para mi llevar a cabo esta tarea desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Es importante que el Estado, en este caso la Defensoría del Pueblo, tomen el trabajo que las organizaciones sociales venimos desarrollando para garantizar los derechos de todos y todas y lo transformen en políticas públicas. De eso se trata, de garantizarle a una población que padece los obstáculos de la discriminación, el acceso a todos sus derechos. Para eso vamos a estar trabajando en este espacio, junto al Defensor del Pueblo, Alejandro Amor”.

Con antecedentes en Guatemala y Nicaragua de defensorías que dependen de la Procuraduría de Derechos Humanos y el área de Diversidad Sexual de la Defensoría del Pueblo de Bariloche, entre otros, este espacio es el primero que se constituye como una Defensoría LGBT dentro de las competencias de una Defensoría del Pueblo y que además abrirá un centro de atención, asesoramiento y denuncias para la comunidad LGBT en la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente FALGTB

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El Defensor del Pueblo de Bolivia pide que se legalicen las uniones entre personas del mismo sexo

Jueves, 31 de julio de 2014

Rolando_VillenaEn los últimos años, el colectivo LGBT boliviano ha pedido varias veces sin éxito a las autoridades una ley que permita la unión civil entre personas del mismo sexo.

El Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, planteó ayer incorporar en el proyecto del Código de Familia que debate la Asamblea Legislativa la figura de una institución análoga al matrimonio para las personas del mismo sexo.

Villena afirmó que esta figura debe ser incluida en la nueva legislación boliviana para las familias, teniendo en cuenta “el reconocimiento internacional de los derechos de la población LGBT y la prohibición a toda forma de discriminación establecida en la Carta Magna boliviana. “Se debe incorporar en el Código una institución análoga al matrimonio o unión libre de hecho para personas de mismo sexo, regulando efectos legales respecto a bienes gananciales, sucesiones, seguridad social a corto y largo plazo, asistencia familiar, administración de bienes y representación legal, extinción del vínculo y efectos”, señaló Villena en un comunicado.

Villena incluyó su petición al respecto en un análisis del proyecto de ley del nuevo Código de Familia que se debate actualmente en el Parlamento.

Según el alto funcionario, el proyecto muestra avances importantes en cuanto a procedimientos y definiciones, si bien opinó que presenta vacíos en aspectos como la protección de las mujeres.

Villena planteó que se otorgue a las mujeres el derecho de negar la paternidad en caso de que el padre sea condenado por violencia sexual contra sus hijos, sin que ello implique la pérdida del apellido.

También indicó que la nueva norma debe asegurar con claridad el cumplimiento de la asistencia familiar sin interrupciones y que el Estado sea corresponsable en los procesos judiciales contra los padres que no acaten esta obligación, misma que, según el Defensor, no debería ser sólo para los hijos, sino también para las madres.

Villena también cuestionó que el proyecto de legislación de familia no incluye a las mujeres que están situación de calle y que quedan embarazadas tras una violación sexual, casos en los que el Estado debe garantizar cuidado para la madre e hijos.

Para el Defensor del Pueblo, las familias deben ser aquellos espacios donde “todos los derechos se materialicen a través de relaciones armoniosas que respeten la diversidad y las diferencias”, por lo que instó a que se desmonte en estos núcleos el “modelo patriarcal y adulto centrista” que prima actualmente.

“Es necesario que la Asamblea Legislativa (…) considere la necesidad de darle al país un Código de Familias que, adecuado a las nuevas realidades del Estado y la sociedad bolivianas, permita y viabilice el ejercicio de los derechos individuales y colectivos”, concluyó Villena.

Vía Cáscara amarga

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El Gobierno peruano afirma que incluyó a comunidad gay en plan de Derechos Humanos pero elimina definitivamente toda mención a las personas LGTB

Sábado, 19 de julio de 2014

mingioEl ministro de Justicia, Daniel Figallo, comunicó que este documento contempla un serie de acciones que promueven respeto a las personas LGTB. Pero Lima Gay se pregunta ¿Estamos o no incluidos las y los LGBT en el Plan Nacional de Derechos Humanos?

Se consumaron los peores temores, adelantados ya hace un año. El Gobierno de Perú ha excluido toda mención a las personas LGTB del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, que fue aprobado finalmente hace un par de semanas. Así lo ha denunciado tanto el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) como la Defensoría del Pueblo del Perú o la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Ante la denucia hecha por organizaciones y activistas de  que las personas LGBT han sido excluidas del  Plan Nacional de Derechos Humanos elaborado por el Ministerio de Justicia, el titular del sector, Daniel Figalllo (fotografía a la izda), señaló que esta afirmación es falsa e informó que las personas de la comunidad LGTB fueron incluidas en la política de protección de Plan Nacional de Derechos Humanos, tras desatarse polémica por su supuesta exclusión de este grupo.

Explicó que en la estrategia aprobada por su sector se ha puesto mayor énfasis en la protección de las minorías que normalmente sufren de discriminación, en este sector se encuentra la comunidad gay: “El principal problema del país es la discriminación, hay una discriminación generalizada en diversos niveles, y contra eso estamos trabajando. Aquellas posiciones que indican una exclusión (de la comunidad gay) son incorrectas”, dijo Figallo.

Además, para descartar cualquier exclusión a la comunidad gay, recordó que su ministerio envió un informe de respaldo al proyecto de Unión Civil del Congreso de la República. Este documento indicaría una serie de acciones que promueven una cultura de respeto a los derechos humanos. Sobre este tema, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, expresó recientemente su preocupación, ya que el plan no incluía a la comunidad gay ni a otras minorías como las trabajadoras del hogar.

Al respecto, Figallo recordó que su sector envió un documento respaldando el proyecto de ley de unión civil no matrimonial entre personas del mismo sexo, que actualmente se discute en el Congreso, con lo que descartó cualquier tipo de rechazo a la comunidad homosexual en el país.

Enterado de estas declaraciones Giovanny Romero (fotografía a la Dcha), director ejecutivo del Movimiento Homosexual de Lima-  MHOL comentó en su cuenta de Facebook:

“¡Lo que nos faltaba! No solo estamos ante un Gobierno homofóbico, sino también mentiroso. El ministro Figallo repite hoy lo que nos dijera el jueves por la noche el viceministro Ávila: que las personas LTGBI estamos incluidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos porque este habla, en general, de la lucha contra la discriminación. A primera vista tiene sentido: si se lucha contra la discriminación, imposible discriminar a alguien. Sin embargo, el Plan reconoce que hay grupos especialmente vulnerables frente a la discriminación (adultos mayores, afroperuanos y minorías étnicas, personas con discapacidad, migrantes, desplazados y víctimas de trata, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas privadas de la libertad, indígenas, víctimas del conflicto armado, personas con VIH y tuberculosis) y propone para ellos acciones especiales y urgentes. Tanto el primer Plan 2006-2010, como los distintos borradores del nuevo, incluían a las personas LTGBI, única comunidad que ya no aparece. Si eso no es exclusión, ¿qué es, ministro Figallo?”
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El plan aprobado reconoce, en su tercer lineamiento estratégico, la existencia de grupos que requieren especial protección a sus derechos humanos: adultos mayores; afroperuanos y minorías étnico-raciales; personas con discapacidad; migrantes, desplazados y víctimas de trata; mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas privadas de la libertad; indígenas; víctimas del conflicto armado interno; y personas con VIH y tuberculosis. Desaparece finalmente cualquier mención a las personas LTGB, y ello pese a que el borrador elevado a la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú en noviembre de 2012 contenía hasta 18 acciones para el reconocimiento, protección y promoción de sus derechos humanos. Acciones que según explica el MHOL “contemplaban la dación de leyes y ordenanzas contra la discriminación y los crímenes de odio, la prevención del bullying homofóbico, el reconocimiento de derechos de las parejas homosexuales, la ratificación de tratados internacionales que protegen a personas LTGBI, entre otras medidas”. Estas 18 acciones se convirtieron en los sucesivos borradores a los que el MHOL tuvo acceso en 14, después en 7, y finalmente en cero en la versión aprobada y publicada.

El MHOL ha querido desmentir además las declaraciones del ministro de Justicia peruano, Daniel Figallo, según el cual la comunidad LGTB no ha sido excluida del plan. “Si las declaraciones de Figallo respondieran a la verdad, dichas acciones no hubieran sido discriminadas del Plan finalmente aprobado y publicado”ha expresado dicha organización tras conocer las declaraciones del ministro. “La exclusión de los derechos humanos de más de tres millones de peruanas y peruanos LTGBI del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016 es un claro retroceso respecto al Plan 2006-2010 que sí contenía acciones explícitas contra la homofobia, e incumple diversos compromisos contraídos por el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y diversos comités de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como condiciones del Tratado de Libre Comercio entre Perú, Colombia y la Unión Europea”, añade el MHOL.

Preocupación del Defensor del Pueblo peruano por la exclusión

La exclusión de las personas LGTB ha sido también denunciada por el Defensor del Pueblo de Perú, Eduardo Vega, que en una carta dirigida al ministro de Justicia expresa que “observamos con preocupación que no se haga ninguna mención a la situación de las personas con distinta orientación sexual e identidad de género ni a la necesidad de políticas específicas a su favor. Esta ausencia contradice la visión, misión y lineamientos estratégicos reconocidos en el propio documento, así como en los instrumentos y resoluciones de la ONU y otras organizaciones internacionales que lo sustentan (…) El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha instado al Estado peruano a modificar su legislación con el fin de prohibir la discriminación por los motivos antes señalados y a ‘establecer clara y oficialmente que no tolera ninguna forma de estigmatización social de la homosexualidad, la bisexualidad o transexualidad, la discriminación o la violencia contra personas por su orientación sexual o identidad de género’. Esta situación expresa, además, una falta de continuidad en las políticas estatales, pues el Plan Nacional 2006-2010 sí incorporó algunas acciones para contribuir a revertir la grave situación de los derechos fundamentales de este colectivo”.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú también ha expresado su preocupación por el hecho de que se hayan invisibilizado por completo “los derechos de un grupo vulnerable como es la población LGTBI”, mientras que Francisco Soberón, de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), una de las organizaciones en favor de los derechos humanos más importantes del país, ha denunciado que “se deja de lado lo que se había avanzado en relación a las personas de orientación sexual diversa y eso expresa que el gobierno ha dejado de lado a la población LGTBI, confirmando así los silencios que ha tenido el presidente Ollanta Humala frente al debate de la unión civil”.

Un gobierno indiferente a los derechos LGTB

La exclusión de las personas LGTB del nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos viene a confirmar la definitiva claudicación de los poderes políticos peruanos ante los sectores más profundamente homófobos del país, defraudando el moderado optimismo que en su momento despertaron las promesas inclusivas del presidente Ollanta Humala.

Hace ahora un año, precisamente, el Congreso de Perú decidía también excluir la orientación sexual y la identidad de género de la ley contra crímenes por discriminación (“crímenes de odio”). Y las ilusionantes expectativas que había despertado el proyecto de unión civil entre personas del mismo sexo han quedado también frustradas por la reciente decisión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de sustituirlo por un sucedáneo denominado “unión solidaria”, un contrato entre dos personas con independencia de su sexo que regularía aspectos patrimoniales pero que no las reconoce como unidad familiar.

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Fuente:Dosmanzanas, Peru21Lima Gay

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Ejecutivo de Perú avala proyecto de unión civil homosexual.

Lunes, 31 de marzo de 2014

image_content_high_46624590_20140327080039Defensoría del Pueblo recomienda al Congreso de Perú la aprobación la de unión civil para personas LGBT, iniciativa presentada por el parlamentario Carlos Bruce. El congresista Carlos Bruce indicó que en dos semanas se sometería a votación su iniciativa en la Comisión de Justicia “Felicito públicamente la posición del Minjus, han hecho un informe de calidad internacional y que refleja la posición del Gobierno”, añadió Bruce.

Lee el informe del Ministerio de Justicia sobre la unión civil homosexual. [PDF]

 Un informe del Ministerio de Justicia respaldó ayer el proyecto de ley N° 2647 /2013 CR, que establece la unión civil entre personas del mismo sexo, también conocida como la Ley Bruce. El Ministerio de Justicia (Minjus) emitió un informe, en el que señala que la iniciativa legislativa de la unión civil entre personas del mismo sexo “es jurídicamente viable” y representativo de la concreción de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, igualdad y no discriminación, según indicó hoy el congresista Carlos Bruce.

En diálogo con Canal N, Bruce señaló que el documento del Minjus señala que la unión civil homosexual no colisiona con la Constitución, que “no hace mención a que una familia sea solamente constituida por un hombre y una mujer”. El legislador también estimó que en dos semanas el proyecto de ley será sometido a votación en la Comisión de Justicia, donde ya existe un pre dictamen a favor.   Sobre la posición del fujimorista Julio Rosas,  quien está en contra de su iniciativa, Bruce señaló que él solo promueve que la gente sea feliz. Rosas ha sido cuestionado por haber invitado al Congreso en los últimos meses a los estadounidenses Michael Brown y Matthew Staver, cuestionados sobre su posición respecto a los derechos de los homosexuales.

El reporte de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio, remitido el último lunes al titular del sector, Daniel Figallo, precisa que la iniciativa “resulta jurídicamente viable. “El proyecto de ley es representativo, de una concreción esencial de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad y la no discriminación, refiere el informe.

Asimismo, señala que asumir que las relaciones sexuales y sentimentales entre personas del mismo sexo son consecuencia de una desviación o trastorno sicológico, es un criterio que contraviene la posición técnica y autorizada de la ciencia médica internacional, respaldada nada menos que por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Apoyo vital

Al respecto, el legislador Carlos Bruce (Concertación Parlamentaria), autor de la iniciativa, aclaró que el proyecto está como predictamen, pero resulta vital que sea “la representación del Gobierno la que se muestra favorable”.

“El Ministerio de Justicia hizo una sustentación muy amplia de lo que significan esas uniones. Sustentó que el proyecto no choca con la Constitución y que hay muchos casos de familias homoparentales y que esto es un derecho que tienen los seres humanos de vivir en pareja”, señaló Bruce. “Creemos que todos tienen derecho a ser felices en este país”, agregó.

Defensoría apoya

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo recomendó al Congreso que apruebe el predictamen de unión civil no matrimonial entre personas del mismo sexo.

El defensor del Pueblo, Eduardo Vega, envío a la Comisión de Justicia del Congreso un informe en el que fundamenta las razones para aprobar el proyecto.n“El informe presenta una aproximación a la situación de los derechos fundamentales de las personas LGBT en el país”, sostiene.

Por ello, la DP “recomienda al Poder Ejecutivo y al Congreso la adopción de políticas públicas dirigidas a superar el estado de vulnerabilidad de los derechos fundamentales de este importante sector de la población.

Según la Defensoría, en el Perú las parejas del mismo sexo no tienen un marco normativo para el ejercicio y salvaguarda de sus derechos. “Por ello, si deciden iniciar una relación, adquieren bienes y luego se produce la muerte de alguno o alguna, la otra persona quedará desprotegida al no tener la posibilidad de acceder al patrimonio de ambos pues el Código Civil establece un orden de prelación en materia sucesoria, el cual no ha considerado a las parejas del mismo sexo”, se señala.

No tienen seguro

Asimismo, según la Defensoría las parejas homosexuales tampoco pueden contar con el seguro de salud ni ser inscritos como beneficiarios de la seguridad social para el acceso a una pensión. “En no pocas oportunidades, enfrentan dificultades para visitar a su compañero o compañera en hospitales o clínicas debido principalmente a la oposición de sus padres o familiares”, se enfatiza.

Fuente:El Comercio Diario Correo

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