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El matrimonio igualitario gana otra batalla en Perú: un juzgado ordena reconocer el matrimonio de la activista Susel Paredes, celebrado en Estados Unidos

Miércoles, 10 de abril de 2019

B379EC3F-3F71-4670-A9D0-50BEE588C612Nuevo triunfo judicial en Perú. La conocida activista Susel Paredes y su esposa Gracia Aljovín, que se casaron en Estados Unidos en 2016, han visto reconocido su matrimonio por el 11º Juzgado Constitucional de Lima después de que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) rechazara su inscripción. La batalla judicial está lejos de haber finalizado, pero la pareja ya ha advertido que piensa llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata del segundo matrimonio del mismo sexo celebrado por ciudadanos peruanos en el extranjero sobre el que la justicia de su país debe decidir: el primer caso, el de Óscar Ugarteche y Fidel Aroche, está ya en manos del Tribunal Constitucional.

Susel Paredes y Gracia Aljovín contrajeron matrimonio en Miami (Florida, Estados Unidos) en agosto de 2016, y como cualquier otra pareja de ciudadanos peruanos casada en el extranjero solicitaron su reconocimiento e inscripción en Perú de acuerdo a lo que marca el libro X del Código Civil peruano, referido al Derecho Internacional privado. El RENIEC, sin embargo, la denegó, argumentando que la Constitución peruana no reconoce de forma expresa el matrimonio entre personas del mismo sexo (lo cierto es que no hace mención al sexo de los contrayentes) y que el Código Civil, norma de rango inferior a la Constitución, define en su artículo 234 (libro III) al matrimonio como «la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer».

La pareja interpuso la correspondiente demanda de amparo ante la justicia, y ahora el 11º Juzgado Constitucional les ha dado la razón, argumentando que «aun cuando el Código Civil es una norma cronológicamente anterior a la Constitución vigente, debe observarse que tanto la actual Constitución, como la de 1979, en este extremo de la diferencia de sexos de los contrayentes, no hace precisión alguna».

Cabe señalar que la batalla judicial no termina aquí. Nadie duda que el RENIEC apelará y el caso se elevará a una instancia superior, llegando previsiblemente hasta la Corte Constitucional. Paredes y Aljovín, en cualquier caso, están dispuestas a llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por lo pronto, cuentan ya con el apoyo de la Defensoría del Pueblo de Perú, que en un mensaje en redes sociales ha señalado que el fallo judicial que ordena reconocer el matrimonio «coincide con lo señalado por nuestra institución, en que son derechos de las personas del mismo sexo constituir una familia y contraer matrimonio».

Es importante tener en cuenta, en este sentido, la opinión consultiva que hacía pública en enero de 2018 este organismo, a requerimiento de Costa Rica, y que considera que los países bajo su jurisdicción deben garantizar tanto el matrimonio igualitario como el derecho de las personas trans al reconocimiento jurídico de su identidad de género. Perú es uno de los estados que aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana, y aunque la opinión de esta no marca plazos de obligado cumplimiento resulta obvio que un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Perú contrario al reconocimiento del matrimonio entre Paredes y Aljovín supondría todo un desafío.

El precedente del matrimonio entre Óscar Ugarteche y Fidel Aroche

Hay que tener en cuenta, además, que el Tribunal Constitucional de Perú ya tiene sobre la mesa la demanda de Óscar Ugarteche (otro destacado activista) y Fidel Aroche, cuyo matrimonio, celebrado en este caso en México, el RENIEC rechazó inscribir. El asunto recayó en el 7º Juzgado Constitucional de Lima, que en diciembre de 2016 emitió una sentencia favorable a la pareja de la que nos hicimos eco en su momento. El RENIEC, sin embargo, recurrió la sentencia. Y aunque en un primer momento la justicia desestimó el recurso alegando una cuestión formal referida a los plazos de presentación, la pareja elevó el caso al Tribunal Constitucional, que el pasado mes de junio escuchó sus argumentos sin que por el momento se haya pronunciado.

Una decisión favorable, ya sea a la demanda de Ugarteche y Aroche o a la de Paredes y Aljovín (en cuyo caso ni siquiera existe el supuesto defecto formal atribuido a la demanda de los primeros) marcaría un precedente de gran importancia, dado que el avance de los derechos LGTB en Perú se encuentra estancada a nivel político. Sucesivos intentos de reconocer jurídicamente las parejas del mismo sexo han fracasado. Es cierto que en diciembre de 2016 los diputados Carlos Bruce y Alberto de Belaunde presentaron un proyecto de ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo. Semanas después, un grupo aún más amplio de diputados (entre ellos también Bruce y Belaunde) presentaron proyecto de ley matrimonio igualitario. Pero ninguno de los dos cuenta con posibilidades de aprobación en la actual coyuntura política peruana, donde la presión de los grupos religiosos (tanto Iglesia católica como los minoritarios pero pujantes grupos evangélicos) contra cualquier iniciativa que suponga un mínimo avance de los derechos LGTB es muy fuerte. Buen ejemplo de ellos son las movilizaciones del movimiento «Con mis hijos no te metas» contra cualquier iniciativa que suponga la inclusión de de un enfoque de género en las aulas peruanas.

«Que nos traten como iguales en dignidad y derechos»

«Tenemos un largo camino todavía, pero mucha esperanza, ilusión y fuerzas», escribe Susel Paredes en una columna publicada en Perú 21 que la activista titula Perú, un país de gente feliz. «La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 1 dice: ‘Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros’. Asimismo, la Constitución Política del Perú dice en su artículo 1: ‘La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado’», continúa Paredes.

«Lo que reclamamos como comunidad LTGBI es exactamente eso, que nos traten como iguales en dignidad y derechos, y así como pagamos nuestros impuestos, exigimos al Estado que reconozca nuestros derechos. Pero más allá de la ley, a lo que aspiramos, mi compañera y yo, es a vivir en una sociedad donde la gente sea feliz, y hacer un país de gente feliz construyendo un país próspero», finaliza.

Ojalá el largo camino iniciado por Paredes, Ugarteche y sus respectivos cónyuges se vea finalmente recompensado. Estaremos atentos.

Fuente Dosmanzanas

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El obispo peruano Luis Bambarén llama “maricón” al congresista gay Carlos Bruce… mientras es rechazado el proyecto de unión civil

Jueves, 12 de marzo de 2015

Luis BambarénUn obispo indecente y muy poco evangélico…

Luis Bambarén, obispo emérito de Chimbote y expresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, vuelve de nuevo a hacer gala de su homofobia llamando “maricón” al congresista Carlos Bruce, promotor del proyecto de ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo cuya discusión se reactiva estos días en Perú. Bambarén ya utilizó este término despectivo en 2011, viéndose obligado entonces a emitir unas forzadas disculpas.

“Estoy totalmente en contra [en referencia al proyecto de ley uniones]. No hace falta una ley, tú puedes formar una sociedad con otra persona y pones las normas en la administración de bienes. El congresista Carlos Bruce está haciendo un papelón con todo eso, apareciendo como –disculpándome la palabra-  como un maricón en medio de todo. Él mismo ha dicho que es gay, gay no es la palabra peruana, la palabra es maricón”, declaraba el obispo Bambarén.

No se trata, como decíamos antes, de la primera vez que Bambarén insulta a las personas homosexuales. Ya en 2011, en plena campaña electoral peruana, defendió que el término correcto para referirse a los gais es “maricones”. “¿Por qué hablan de gay, gais? Hablemos en castellano, en criollo: maricones, así se dice”, expresaba entonces. Unas palabras que despertaron gran polémica en Perú y que le obligaron entonces a emitir unas forzadas disculpas, argumentando que “de ninguna manera quiso ofender“, y que si empleó el término “maricones”, es porque la prensa le preguntaba utilizando la palabra “gay”, que es de origen inglés y según él no es correcta.

“Es realmente sorprendente, en este año y medio he debatido con muchas personas en medio de apasionamientos, pero nunca hemos caído a ese nivel de insultos”, ha afirmado por su parte Carlos Bruce, para el cual el insulto de Bambarén “refleja el odio que es típico de la homofobia”. “Me molesta que insulte a tres millones de peruanos que comparten conmigo la misma orientación sexual. Eso está muy mal (…) Espero que se disculpe”, añadía.

Las declaraciones homófobas de Luis Bambarén tienen lugar en el contexto de la discusión que en estos días tiene lugar en Perú sobre el proyecto de ley de uniones civiles, reactivada tras meses de espera.

Lo explicábamos hace un par de semanas. En junio de 2014, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Perú elaboró un predictamen a favor de la “unión solidaria”, sucedáneo promovido como alternativa al proyecto de Bruce por congresistas conservadores con el objetivo de descafeinarlo (y limitarlo a un mero contrato entre dos personas con independencia de su sexo que regularía aspectos patrimoniales pero que no las reconocería como unidad familiar). La decisión supuso finalmente un parón en el proceso -tampoco este sucedáneo fue entonces aprobado- que en principio iba a retomarse el pasado 3 de marzo. Un día antes, el 2 de marzo, decenas de activistas se congregaban ilusionados en la céntrica Plaza San Martín de Lima para reclamar la aprobación del proyecto original.

Finalmente el debate quedó de nuevo aplazado hasta este martes 10. Desgraciadamente,  nos llega la noticia de que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos ha rechazado el proyecto de unión civil (7 votos en contra, 4 a favor y 2 abstenciones). Una muy mala noticia: parece que de nuevo la intensa reacción homófoba por parte de los sectores más conservadores de la sociedad peruana se impone, y ello pese a que el proyecto de uniones civiles contaba con el aval del Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo y había conseguido el apoyo de sectores relevantes de la sociedad peruana, como el escritor Mario Vargas Llosa (lo que por cierto le valió fuertes críticas de la Iglesia católica). El proyecto había sumado también los apoyos del ministro del Interior o de la ex primera dama.

Seguiremos atentos a lo que sucede a partir de ahora: si se reconsidera el proyecto (como al parecer ha solicitado el diputado Mauricio Mulder, uno de los que ha votado a favor), si definitivamente se opta por la descafeinada “unión solidaria”, promovida por congresistas conservadores, o si la situación vuelve de nuevo a quedar paralizada.

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Vuelve el debate sobre el proyecto de uniones civiles en Perú

Sábado, 28 de febrero de 2015

pict.phpTras varios meses de espera, parece que por fin el Congreso de Perú volverá a debatir un proyecto de ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos lo tiene en su orden del día del próximo 3 de marzo. Veremos si está vez el proyecto avanza. La decisión adoptada en junio de 2014, cuando esta misma comisión optó por impulsar un sucedáneo denominado “unión solidaria” (un contrato entre dos personas con independencia de su sexo que regularía aspectos patrimoniales pero que no las reconoce como unidad familiar) supuso un parón en un proceso que hasta entonces parecía avanzar -tampoco ese sucedáneo ha sido aprobado- y que ahora podría retomarse.

En junio de 2014, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Perú elaboró un predictamen a favor de la “unión solidaria”, un contrato entre dos personas que incluiría derechos como el acceso a la seguridad social y pensión de supervivencia, a visitas íntimas en penales, a la autorización para procedimientos médicos en caso de emergencia, a la adquisición de nacionalidad peruana para el compañero extranjero, a la protección contra la violencia familiar y a herencia (no en las mismas condiciones que el matrimonio). Sin embargo las dos personas firmantes (del mismo o de distinto sexo) no serían reconocidas como familia, no verían su unión inscrita en el registro civil y no se les concedería ni el parentesco de primer grado ni el derecho a cambiar su estado civil. El predictamen se basaba en varios proyectos alternativos a la unión civil presentados por congresistas conservadores con el objetivo de descafeinar aquella.

El promotor del proyecto de ley de unión civil, Carlos Bruce, daba inicialmente su brazo a torcer y “en aras del consenso” se adhería a la propuesta, pero finalmente, tras la respuesta negativa de los colectivos LGTB y la degeneración del debate (cargado de alusiones homófobas y de discusiones procedimentales) la posibilidad de un acuerdo se venía abajo y el predictamen quedó incluso sin votar. Bruce acabó solicitando que el proyecto de unión civil fuese desacumulado del proyecto de unión solidaria.

Supuestamente las discusiones debían haberse reanudado pocas semanas después, pero lo cierto es que los retrasos se han ido acumulando y la situación ha permanecido empantanada durante meses. La intensa reacción homófoba por parte de los sectores más conservadores de la sociedad peruana se imponía, al menos temporalmente, y ello pese a que el proyecto de uniones civiles contaba con el aval del Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo y había conseguido el apoyo de sectores relevantes de la sociedad civil peruana, como el escritor Mario Vargas Llosa (lo que por cierto le valió las críticas de la Iglesia católica). El proyecto había sumado también los apoyos del ministro del Interior o de la ex primera dama.

Tú puedes contribuir con tu firma

Veremos si en esta ocasión se produce el desbloqueo. Para contribuir a ello, desde la plataforma Unión Civil Ya han lanzado una iniciativa para que activistas, dirigentes políticos y/o representantes públicos puedan sumarse, ya sea a título individual o colectivo, a una petición de apoyo a la aprobación de la unión civil en el Perú.

Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, México, Ecuador, Chile… Durante los últimos años, América Latina está avanzando de forma decidida hacia el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. Pero en países como Perú el Estado se niega todavía a reconocer en igualdad las distintas formas de amar y formar una familia.

En septiembre de 2013 el congresista peruano Carlos Bruce presentó en el Congreso de la República un proyecto de ley para reconocer la Unión Civil no matrimonial entre personas del mismo sexo. Sin embargo, más de un año después, este proyecto aún no ha sido debatido por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. Aunque dicho proyecto de ley cuenta con informes favorables de varias instituciones estatales de Derechos Humanos y administración de Justicia, la fuerte presión y oposición de los sectores conservadores (congresistas, iglesias, etc.) ha obstaculizado su proceso parlamentario.

El próximo martes, 3 de marzo de 2015. la Comisión de Justicia y Derechos Humanos tiene como primer punto de la Orden del Día en su agenda el debate sobre el proyecto que reconocería la Unión Civil para personas del mismo sexo en el Perú. No podemos dejar pasar esta oportunidad histórica: en el Perú la igualdad no puede, ni debe, esperar más.

Ante este contexto, las personas abajo firmantes:

  • Expresamos nuestro firme compromiso con los Derechos Humanos de todas las personas, recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados internacionales. Porque creemos en el derecho a amar en igualdad y diversidad, defendemos la plena igualdad de derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en Perú.
  • Pedimos a las y los congresistas del Perú impulsar sin demora el debate y la aprobación del proyecto de ley que reconoce la Unión Civil entre personas del mismo sexo, como un importante avance en el reconocimiento de la plena igualdad que recoge la Constitución peruana como un derecho fundamental, ya que, en democracia, a iguales deberes, iguales derechos.
  • Llamamos a la comunidad internacional, comprometida con la igualdad, la diversidad y la democracia sin fronteras, a que se pronuncie con urgencia a favor de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en el Perú y respalde el citado proyecto de ley de unión civil. El mismo amor, los mismos derechos. ¡Unión Civil YA en Perú!

Cristianos Gays ya se ha adherido a la iniciativa. Tú también lo puedes hacer, pinchando en este enlace y cumplimentando un sencillo formulario.

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El Gobierno peruano afirma que incluyó a comunidad gay en plan de Derechos Humanos pero elimina definitivamente toda mención a las personas LGTB

Sábado, 19 de julio de 2014

mingioEl ministro de Justicia, Daniel Figallo, comunicó que este documento contempla un serie de acciones que promueven respeto a las personas LGTB. Pero Lima Gay se pregunta ¿Estamos o no incluidos las y los LGBT en el Plan Nacional de Derechos Humanos?

Se consumaron los peores temores, adelantados ya hace un año. El Gobierno de Perú ha excluido toda mención a las personas LGTB del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, que fue aprobado finalmente hace un par de semanas. Así lo ha denunciado tanto el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) como la Defensoría del Pueblo del Perú o la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Ante la denucia hecha por organizaciones y activistas de  que las personas LGBT han sido excluidas del  Plan Nacional de Derechos Humanos elaborado por el Ministerio de Justicia, el titular del sector, Daniel Figalllo (fotografía a la izda), señaló que esta afirmación es falsa e informó que las personas de la comunidad LGTB fueron incluidas en la política de protección de Plan Nacional de Derechos Humanos, tras desatarse polémica por su supuesta exclusión de este grupo.

Explicó que en la estrategia aprobada por su sector se ha puesto mayor énfasis en la protección de las minorías que normalmente sufren de discriminación, en este sector se encuentra la comunidad gay: “El principal problema del país es la discriminación, hay una discriminación generalizada en diversos niveles, y contra eso estamos trabajando. Aquellas posiciones que indican una exclusión (de la comunidad gay) son incorrectas”, dijo Figallo.

Además, para descartar cualquier exclusión a la comunidad gay, recordó que su ministerio envió un informe de respaldo al proyecto de Unión Civil del Congreso de la República. Este documento indicaría una serie de acciones que promueven una cultura de respeto a los derechos humanos. Sobre este tema, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, expresó recientemente su preocupación, ya que el plan no incluía a la comunidad gay ni a otras minorías como las trabajadoras del hogar.

Al respecto, Figallo recordó que su sector envió un documento respaldando el proyecto de ley de unión civil no matrimonial entre personas del mismo sexo, que actualmente se discute en el Congreso, con lo que descartó cualquier tipo de rechazo a la comunidad homosexual en el país.

Enterado de estas declaraciones Giovanny Romero (fotografía a la Dcha), director ejecutivo del Movimiento Homosexual de Lima-  MHOL comentó en su cuenta de Facebook:

“¡Lo que nos faltaba! No solo estamos ante un Gobierno homofóbico, sino también mentiroso. El ministro Figallo repite hoy lo que nos dijera el jueves por la noche el viceministro Ávila: que las personas LTGBI estamos incluidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos porque este habla, en general, de la lucha contra la discriminación. A primera vista tiene sentido: si se lucha contra la discriminación, imposible discriminar a alguien. Sin embargo, el Plan reconoce que hay grupos especialmente vulnerables frente a la discriminación (adultos mayores, afroperuanos y minorías étnicas, personas con discapacidad, migrantes, desplazados y víctimas de trata, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas privadas de la libertad, indígenas, víctimas del conflicto armado, personas con VIH y tuberculosis) y propone para ellos acciones especiales y urgentes. Tanto el primer Plan 2006-2010, como los distintos borradores del nuevo, incluían a las personas LTGBI, única comunidad que ya no aparece. Si eso no es exclusión, ¿qué es, ministro Figallo?”
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El plan aprobado reconoce, en su tercer lineamiento estratégico, la existencia de grupos que requieren especial protección a sus derechos humanos: adultos mayores; afroperuanos y minorías étnico-raciales; personas con discapacidad; migrantes, desplazados y víctimas de trata; mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas privadas de la libertad; indígenas; víctimas del conflicto armado interno; y personas con VIH y tuberculosis. Desaparece finalmente cualquier mención a las personas LTGB, y ello pese a que el borrador elevado a la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú en noviembre de 2012 contenía hasta 18 acciones para el reconocimiento, protección y promoción de sus derechos humanos. Acciones que según explica el MHOL “contemplaban la dación de leyes y ordenanzas contra la discriminación y los crímenes de odio, la prevención del bullying homofóbico, el reconocimiento de derechos de las parejas homosexuales, la ratificación de tratados internacionales que protegen a personas LTGBI, entre otras medidas”. Estas 18 acciones se convirtieron en los sucesivos borradores a los que el MHOL tuvo acceso en 14, después en 7, y finalmente en cero en la versión aprobada y publicada.

El MHOL ha querido desmentir además las declaraciones del ministro de Justicia peruano, Daniel Figallo, según el cual la comunidad LGTB no ha sido excluida del plan. “Si las declaraciones de Figallo respondieran a la verdad, dichas acciones no hubieran sido discriminadas del Plan finalmente aprobado y publicado”ha expresado dicha organización tras conocer las declaraciones del ministro. “La exclusión de los derechos humanos de más de tres millones de peruanas y peruanos LTGBI del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016 es un claro retroceso respecto al Plan 2006-2010 que sí contenía acciones explícitas contra la homofobia, e incumple diversos compromisos contraídos por el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y diversos comités de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como condiciones del Tratado de Libre Comercio entre Perú, Colombia y la Unión Europea”, añade el MHOL.

Preocupación del Defensor del Pueblo peruano por la exclusión

La exclusión de las personas LGTB ha sido también denunciada por el Defensor del Pueblo de Perú, Eduardo Vega, que en una carta dirigida al ministro de Justicia expresa que “observamos con preocupación que no se haga ninguna mención a la situación de las personas con distinta orientación sexual e identidad de género ni a la necesidad de políticas específicas a su favor. Esta ausencia contradice la visión, misión y lineamientos estratégicos reconocidos en el propio documento, así como en los instrumentos y resoluciones de la ONU y otras organizaciones internacionales que lo sustentan (…) El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha instado al Estado peruano a modificar su legislación con el fin de prohibir la discriminación por los motivos antes señalados y a ‘establecer clara y oficialmente que no tolera ninguna forma de estigmatización social de la homosexualidad, la bisexualidad o transexualidad, la discriminación o la violencia contra personas por su orientación sexual o identidad de género’. Esta situación expresa, además, una falta de continuidad en las políticas estatales, pues el Plan Nacional 2006-2010 sí incorporó algunas acciones para contribuir a revertir la grave situación de los derechos fundamentales de este colectivo”.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú también ha expresado su preocupación por el hecho de que se hayan invisibilizado por completo “los derechos de un grupo vulnerable como es la población LGTBI”, mientras que Francisco Soberón, de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), una de las organizaciones en favor de los derechos humanos más importantes del país, ha denunciado que “se deja de lado lo que se había avanzado en relación a las personas de orientación sexual diversa y eso expresa que el gobierno ha dejado de lado a la población LGTBI, confirmando así los silencios que ha tenido el presidente Ollanta Humala frente al debate de la unión civil”.

Un gobierno indiferente a los derechos LGTB

La exclusión de las personas LGTB del nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos viene a confirmar la definitiva claudicación de los poderes políticos peruanos ante los sectores más profundamente homófobos del país, defraudando el moderado optimismo que en su momento despertaron las promesas inclusivas del presidente Ollanta Humala.

Hace ahora un año, precisamente, el Congreso de Perú decidía también excluir la orientación sexual y la identidad de género de la ley contra crímenes por discriminación (“crímenes de odio”). Y las ilusionantes expectativas que había despertado el proyecto de unión civil entre personas del mismo sexo han quedado también frustradas por la reciente decisión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de sustituirlo por un sucedáneo denominado “unión solidaria”, un contrato entre dos personas con independencia de su sexo que regularía aspectos patrimoniales pero que no las reconoce como unidad familiar.

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Fuente:Dosmanzanas, Peru21Lima Gay

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