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Informe del Defensor del Pueblo: uno de cada diez españoles asegura haber sufrido abusos sexuales siendo menor de edad

Lunes, 30 de octubre de 2023
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(El Defensor del Pueblo entrega el informe a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francima Armengol.)

El 0,6% de las víctimas fueron abusadas por clero católico, y un 1,13% en el ámbito religioso

Ángel Gabilondo entregó el ‘Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica’, Una respuesta necesaria a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El estudio incluye una macroencuesta, encargada a GAD3, con una muestra de 8.013 personas

El 3,36% de los abusos se produjo en el ámbito familiar, mientras que el 0,6% afirma que “ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, y un 1,13% que la agresión se registró en el ámbito religioso”

El informe, de 777 páginas, indica que “los abusos sexuales en la Iglesia católica constituyen un grave problema social y de salud pública”

Entre las recomendaciones del informe, el Defensor del Pueblo apunta la posibilidad de celebrar un acto público de reconocimiento a las víctimas, crear un fondo estatal para pagar compensaciones, que la Iglesia ponga medios para ayudar a las víctimas en el proceso de recuperación, y reformas normativas para prevenir abusos y reparar a las víctimas

Se incluye que la Iglesia católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran. Y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos

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27.10.2023 Jesús Bastante

Uno de cada diez españoles (el 11,7%) afirma haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años, según una encuesta realizada por GAD3 para el Defensor del Pueblo, y que se incluye en el ‘Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica’, Una respuesta necesaria, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, acaba de presentar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y que entregará el día 2 al ministro de la Presidencia.

Los datos de la encuesta, la primera muestra metodológica y numérica significativa en este campo (8.013 personas) señalan cómo el 3,36% de los abusos se produjo en el ámbito familiar, mientras que el 0,6% afirma que “ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, y un 1,13% que la agresión se registró en el ámbito religioso”. Cualquier extrapolación de los datos a la realidad estadística española daría, en todo caso, cientos de miles de casos. 440.000, según extrapola El País, aunque Gabilondo ha querido dejar claro que él no es quién para hacer dicha extrapolación.

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Los datos de la CONFER son 1.430 víctimas, y sin embargo la diferencia es de unos 400 con los obispos, destacó Gabilondo. “La CEE ha encontrado menos que nosotros”, incidió Gabilondo, quien añadió que El País habla de 2.223. “Cuantificar estos asuntos es poco fecundo, es importante cada caso, y que no se deje ningún caso fuera de la contabilidad”, recalcó el Defensor del Pueblo. “¿Por qué no hemos extrapolado nosotros? Porque pensamos que no se debe extrapolar”.

En la encuesta, además, se refleja cómo el 72% de los encuestados consideraron que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4% lo valoraron de bastante grave. Sin embargo, la mayor parte de las personas encuestadas consideró que no se están tomando las medidas adecuadas para reducir el problema”.

El informe, de 777 páginas, indica que “los abusos sexuales en la Iglesia católica constituyen un grave problema social y de salud pública”, un problema, añade, que “ha causado mucho daño. La gravedad del fenómeno deriva de la intensidad del daño que han sufrido las víctimas, de la cantidad de personas afectadas y de la defraudación de la confianza depositada por ellas, y por una parte muy importante de la sociedad, en una institución que ha tenido un poder innegable en España y una autoridad moral en la sociedad”.

Un fondo estatal de compensaciones

Entre las recomendaciones del informe, el Defensor del Pueblo apunta la posibilidad de celebrar un acto público de reconocimiento a las víctimas, crear un fondo estatal para pagar compensaciones, que la Iglesia ponga medios para ayudar a las víctimas en el proceso de recuperación, y reformas normativas para prevenir abusos y reparar a las víctimas.

IMG_1084El Defensor del Pueblo con la comisión asesora que estudia los abusos sexuales en la Iglesia

El informe ve la luz (a falta de que se conforme la comisión parlamentaria en la nueva legislatura, momento en que Gabilondo regresará al Congreso a explicar su contenido, y será la Cámara Baja la que tome decisiones al respecto de las recomendaciones) 15 meses después de que el organismo público recibiera la encomienda.

A lo largo de los meses, el Defensor del Pueblo ha mantenido reuniones con asociaciones de victimas, más de 80 encuentros con la dirección de la Conferencia Episcopal Española, Conferencia Española de Religiosos, Tribunal de la Rota, institutos de vida consagrada, y con la Comisión Asesora y Foro de Asociaciones de Víctimas.

La Iglesia y la negación del problema

Sobre la respuesta de la Iglesia católica, el informe resalta cómo “al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación o la minimización del problema”, y lamenta cómo algunas víctimas “han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos”, según señala en nota de prensa la Oficina del Defensor del Pueblo.

IMG_1085El Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Omella entregó la documentación al Defensor del Pueblo CEE

No obstante, el estudio reconoce que la Iglesia católica “es una institución plural y que la Comisión Asesora, creada ad hoc, pudo detectar buenas y malas prácticas. Y el Informe reconoce “el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida”.

En lo tocante a la actuación de los poderes públicos, la nota de prensa recalca que “carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica”. Sólo muy recientemente, el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada. “La mayoría de casos que han llegado a ser denunciados, pese a ser una muy pequeña parte de la realidad del problema, no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial”.

IMG_1086Kermán López, en la inauguración de la muestra

Una veintena de recomendaciones

El informe concluye con una veintena de recomendaciones concretas, entre las que destaca la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020.  Asímismo, el Defensor del Pueblo propone la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica.

Entre las recomendaciones se incluye que la Iglesia católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran. Y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos, algo a lo que, por el momento, no están obligados.

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Ángel Gabilondo: “Lo que ha sucedido es un verdadero desastre para las víctimas y para la sociedad”

“El Defensor del Pueblo no tiene como misión juzgar, no es juez. No tiene como misión legislar, no es el legislador. Más bien analiza, pregunta, estudia, investiga y recomienda y sugiere”

“A la Iglesia católica cabe pedir ejemplaridad (…). En muchos casos, la respuesta ha sido insuficiente, incluso dilatoria” “La Iglesia ha tomado conciencia de que nada dañaría más a la Iglesia que callar sobre este asunto (…). Las víctimas ya no pueden esperar más”

“Escucharlas es encontrarse con la voz y la experiencia de un dolor. Y lo sucedido es para ellos y para la sociedad un verdadero desastre”

“La reciente instrucción de la CEE ha supuesto un importante avance normativo, pero aún insuficiente, ya que las víctimas siguen sin formar parte del proceso penal canónico”, criticó Gabilondo

Este es un informe necesario para dar respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio”. Con semblante serio, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó el informe en el Congreso. Un informe que “no pretende ser un punto final, sino que aspira a generar una toma de conciencia, recordando y requiriendo a la Iglesia católica y a los poderes públicos que sigue habiendo la necesidad para dar una respuesta a las víctimas”.

“Las víctimas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este Informe”, aseguró en su comparecencia, en la que puso énfasis en las víctimas: “Escucharlas es encontrarse con la voz y la experiencia de un dolor. Y lo sucedido es para ellos y para la sociedad un verdadero desastre”. Y resalta, “el Defensor del Pueblo no tiene como misión juzgar, no es juez. No tiene como misión legislar, no es el legislador. Más bien analiza, pregunta, estudia, investiga y recomienda y sugiere”.

La Unidad de Atención a las Víctimas, también creada para abordar los trabajos del Informe, ha recogido información relevante sobre 487 víctimas, en entrevistas realizadas tanto en Madrid como fuera de la capital. De ellas, la inmensa mayoría (84%) fueron hombres. Las víctimas recalcan los problemas emocionales y de conducta que padecen como consecuencia de los abusos. Y un tercio de éstas señalaron haber tenido síntomas de estrés postraumático y, algunas de ellas, habían experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida. “Los abusos sexuales han tenido un impacto devastador en generaciones completas”.

Los testimonios recogidos de la escucha respetuosa a las víctimas revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en sus vidas. “En ningún caso el número de testimonios pretende dejar determinado el alcance cuantitativo del problema. Lo importante, cuando se ofrece un determinado número de testimonios de víctimas, es tener presente la singularidad personal de cada una de ellas y la inviabilidad de reducirla a una cifra en una contabilidad”, subrayó el Defensor del Pueblo.

No hay estimación de víctimas

“Pretender hacer una estimación de víctimas supondría pasar por delante la voluntad de las víctimas, e ignorar también que algunas ya han desaparecido” en todo caso, a lo largo del ilnforme se reúnen los números de la propia Iglesia católica, no siempre coincidentes entre ellos (entre los aportados por la CEE y las congregaciones), así como la investigación de El diario El País.

“Los testimonios recogidos revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en la vida de personas concretas”, frente a los cuales había “la necesidad de responder a tantas personas que han sufrido estos abusos en su infancia, en especial “por parte de la Iglesia Católica, de la que cabe esperar ejemplaridad”.

Además de los testimonios directos recogidos para elaborar el Informe se ha tenido en cuenta otras fuentes provenientes de organismos oficiales, de la propia Iglesia y de investigaciones de medios de comunicación. Especial mención requiere la colaboración del diario El País, que inició sus investigaciones periodísticas en octubre de 2018 y que ha entregado hasta en cuatro ocasiones sus archivos a la institución Defensor del Pueblo para completar los trabajos.

“La comisión asesora ha conocido el sentimiento de soledad que han experimentado muchas víctimas cuando al dado el paso de denunciar. Hasta el punto de tener que hacer frente a un nuevo daño, la victimización causada por la repuesta de la Iglesia, la sociedad y la Justicia“, añadió.

“La respuesta [de la Iglesia] ha sido insuficiente, dilatoria, las víctimas pocas veces han sido atendidas […] los procedimientos canónicos muchas veces han tenido déficit con las víctimas”. Además, “la pura aplicación del Derecho Canónico ha conducido no pocas veces a la soledad, el silenciamiento, el secreto o la indefensión. Durante muchos años ha predominado cierta voluntad de negación de los abusos, o de ocultamiento o de protección de los abusadores […] Conductas como el traslado de los abusadores a otros centros u otros países, han sido un ejemplo de mala práctica en muchas instituciones de la Iglesia. Esta práctica no permitía responder al problema”

“Los pocos casos que han llegado a ser enjuiciados, con sentencias condenatorias, no siempre garantizan que las víctimas hayan visto satisfecho su derecho a la reparación con las cantidades de indemnización, ya que no han llegado a ser satisfechas. Los casos en los que se ha condenado a las diócesis han sido una minoría”, añadió, subrayando que algunas cosas han cambiado

 Conclusiones y recomendaciones

En cuanto a las conclusiones y recomendaciones, “no pretenden ser una última palabra. Y menos aún una solución definitiva o un punto final, ante un daño tan grande que ha afectado y que afecta a tantas personas desde hace tanto tiempo”. Más bien, añadió, “aspiran a contribuir a la toma de conciencia iniciada hace unos años por parte de la sociedad española, recordando y requiriendo a la Iglesia católica y a los poderes públicos que sigue abierta la necesidad de dar una respuesta a las víctimas“.

Ángel Gabilondo concluyó subrayando que “el Informe aporta claridad, datos y argumentos ante una cuestión que a todos resulta difícil de abordar, pero que es imprescindible hacerlo. Se trata de que se asuman responsabilidades, lo que implica responder de, responder ante y responder a. Y esta respuesta necesaria exige que el Informe que hoy entregamos a la Cortes Generales, a través de su presidenta, contribuya a la toma de mayor conciencia de la cuestión, y a dar efectivamente una respuesta a las víctimas, una respuesta exigida por ellas con buenas razones”.

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Pedro Sánchez se compromete a dar una respuesta institucional a la lacra de los abusos a menores en la sociedad

El PSOE impulsará reformas tras conocer el ‘informe Gabilondo‘ sobre la Iglesia española

El presidente del Gobierno en funciones ha querido mostrar su empatía y reconocimiento a las personas que han puesto voz a las “cientos de miles de víctimas” de abusos sexuales en la Iglesia

Ha asegurado que este no es el último día sino el primero de otros muchos que tienen que ver, si no con la reparación, que es imposible, al menos con un ejercicio de empatía de la sociedad española y las instituciones públicas

Por su parte, Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, ha anunciado que su grupo se basará en las recomendaciones del informe presentado por del Defensor del Pueblo para impulsar las reformas necesarias

Ha sugerido una subcomisión para la evaluación, la valoración y la adopción de medidas, que se puede crear en el seno de la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo, integrada por diputados y senadores

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha querido mostrar su empatía y reconocimiento a las personas que han puesto voz a las “cientos de miles de víctimas” de abusos sexuales en la Iglesia, tras conocer el ‘Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos’ presentado por el Defensor del Pueblo en el Congreso. El jefe del Ejecutivo se ha comprometido también a estudiarlo y a resarcirlos.

Según una encuesta de GAD3 recogida en el informe, un 0,6% de la población española mayor de 18 años, es decir, unas 236.000 personas, ha sufrido abusos sexuales en la Iglesia por parte de algún sacerdote o religioso y en total 1,13% de los encuestados asegura que la agresión se registró en el ámbito religioso, lo que elevaría la cifra a unas 445.000 personas. Estas proyecciones se acompañan con los testimonios 487 víctimas de abusos.

Sánchez se ha comprometido con ellos a seguir trabajando desde el poder ejecutivo y legislativo para poder resarcir “al menos mínimamente todo el sufrimiento que han vivido durante todos estos años de silencio”.

No existe de lo que no se habla y ha habido durante muchos años mucha gente que ha sufrido por no poder denunciar, explicarse, visibilizar dramas humanos”, ha subrayado.

A su juicio, la presentación del informe hace “muy importante” este día para España porque se convierte en un país “un poco mejor”. “Somos un país un poco mejor porque se ha dado a conocer una realidad que todo el mundo sabía desde hace muchos años, pero de la cual nadie hablaba o no hablaba en los términos que se ha empezado a hablar hoy”, ha recalcado.

Además, ha definido el trabajo del Defensor como de “genuina regeneración democrática”, “respetuoso con las víctimas”, “profesional”, y que ha entregado a la institución de la cual es comisionado, que es el Congreso de los Diputados.

Lo que tenemos que hacer el resto de instituciones, en este caso en lo que a mí me corresponde como poder ejecutivo, es estudiar este informe y efectivamente ver y analizar las recomendaciones que hace el Defensor del Pueblo para actuar en consecuencia”, ha añadido para asegurar que este no es el último día sino el primero de otros muchos que tienen que ver, si no con la reparación, que es imposible, al menos con un ejercicio de empatía de la sociedad española y las instituciones públicas.

Finalmente, Sánchez ha admitido que las agresiones sexuales a menores son uno de los graves problemas que tuvo y tiene la sociedad y ha recordado la aprobación en la pasada legislatura de la Ley de Protección a la Infancia. “Hoy nuestra democracia es una democracia mejor y nuestro país es un poquito mejor y eso creo que si hay que reconocérselo a alguien es precisamente a las víctimas de estas agresiones y comprometernos desde las instituciones públicas en darles una respuesta”, ha concluido.

El PSOE impulsará reformas basadas en el informe 

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha anunciado este viernes que su grupo se basará en las recomendaciones del informe que el Defensor del Pueblo ha presentado sobre abusos sexuales en la Iglesia para impulsar las reformas necesarias.

“Los socialistas vamos a hacer que nuestro grupo parlamentario sea impulsor de las propuestas y de las iniciativas necesarias, legislativas o no, para corregir los déficits que hemos tenido hasta la fecha y para prevenir e impedir que estos abusos vuelvan a suceder”, ha apuntado López.

Tras recordar que el informe le fue solicitado al Defensor del Pueblo por el Congreso, a iniciativa del PSOE y el PNV y con la única oposición de Vox, hace un agradecimiento especial “a las víctimas que han aportado su testimonio”, el cual “no habrá sido nada fácil”.

Las víctimas serán “el centro” de sus acciones, tanto para adoptar medidas de resarcimiento y de determinación de responsabilidades como “para introducir las reformas necesarias para que algo así no vuelva a suceder”, ha añadido López.

El portavoz parlamentario del PSOE ha indicado además que “el informe apunta a que la respuesta de la Iglesiase ha caracterizado durante demasiado tiempo por la negación y por la minimización del problema que tenía en su seno”.

El informe también dice que los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a estos abusos a menores hasta el año 2021″, ha subrayado López.

Y ha sugerido que la evaluación, la valoración y la adopción de medidas se haga en una subcomisión que se puede crear en el seno de la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo, integrada por diputados y senadores.

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Informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos en la Iglesia católica

27.10.2023

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Informe de abusos en la Iglesia católica by Jesús Bastante on Scribd

(Desliza el dedo hacia arriba sobre el informe para poder leerlo)

Fuente Religión Digital

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Una juez obliga a un menor a hacer la primera comunión en contra de su voluntad

Martes, 18 de noviembre de 2014
Comentarios desactivados en Una juez obliga a un menor a hacer la primera comunión en contra de su voluntad

rodillas nene y PapaVergonzoso…  ¿pero no se dan cuenta de que será muy difícil que este chaval vuelva a confiar en la Iglesia? La Fe no hace daño, por supuesto, pero lo que hacen algunos fundamentalistas… vaya que sí.

La primera ¿y última? Comunión

D.J.O. tendrá que empezar este martes las clases de catequesis preparatoria de la primera comunión en una parroquia de Sevilla por imperativo judicial. El menor, de 8 años, se confiesa no creyente, según cuenta su madre. Pero la titular del Juzgado de Primera Instancia número 26 de Sevilla ha resuelto en un auto atribuir al padre la facultad de decidir que acuda a catequesis para la primera comunión.

La juez accedió así a la petición del padre, que había solicitado al Juzgado que adoptara todas las medidas necesarias para que el niño pueda acudir a la catequesis, “incluso en fines de semana en el que le correspondiese disfrutar de la compañía de su madre”, para asegurar que realice la primera comunión. “Él no cree en Dios”, dice Irene, la madre, quien considera que la resolución judicial vulnera los derechos del menor y defiende que esa decisión correspondería a los dos progenitores. De hecho, en el escrito que presentó al Juzgado señalaba que las cuestiones relativas a “la educación o formación del menor en determinadas ideas o creencias religiosas y su participación en actos de iniciación o culto de una confesión religiosa, como la primera comunión”, excedían del ejercicio ordinario de la patria potestad.

La custodia del menor está en manos del padre desde hace poco más de un año, cuando el mismo juzgado de Sevilla se la quitó a la madre por la negativa del niño a cumplir el régimen de visitas. Eso le supuso el cambio de residencia, de Granada a Sevilla, el cambio de colegio y la ruptura con su ambiente y sus amigos. Son circunstancias que el Juzgado obvió en su momento, al retirarle la custodia a la madre, y que ha vuelto a ignorar ahora al determinar que se haga la voluntad del padre, obligando al pequeño a acudir a las clases de catequesis para hacer la primera comunión sin el consentimiento de la madre.

LA JUEZ NO HA OÍDO AL MENOR

primera-comunion-G“Este tipo de decisiones corresponde conjuntamente a los dos progenitores de común acuerdo” decía la madre en su escrito de alegaciones al Juzgado en el que también subrayaba que “no existe una edad máxima para recibir la primera comunión”. En sus alegaciones, la madre alegó, además, que “los menores de edad son también titulares del derecho a la libertad religiosa” y de culto, tal y como ha determinado el Tribunal Constitucional en varias sentencias y como reconocen distintos organismos internacionales y la Convención de Derechos del Niño. Nada de eso se ha tenido en cuenta en la resolución judicial. Ni siquiera se ha oído al menor, como pedía la madre, antes de dictar la resolución, contra la que no cabe recurso.

El Juzgado no ha aceptado ninguno de sus argumentos. La juez ha asumido los argumentos del Ministerio Fiscal que, sin oír al pequeño, consideró que debía atribuirse al padre la facultad de decidir porque no había nada que justificara que las clases podían perjudicar la menor. Lo más curioso del auto son los argumentos que esgrime para forzar al niño a acudir a las clases de catequesis para realizar la primera comunión. En sus fundamentos jurídicos, la juez alude a las consideraciones del Ministerio Público, que le quita la razón a la madre porque se casó por la Iglesia, porque el niño fue bautizado y porque la madre “instó al padre para que inscribiera al hijo común, una vez en Sevilla”, en los Escolapios.

Por estas razones, la Fiscalía consideró “ajustado a derecho atribuir la facultad de decisión al padre respecto a si el menor puede o no recibir clases de catequesis para la preparación de la primera comunión, y ello teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo anteriormente expuesta relativa a la consideración del interés del menor como una cuestión de orden público, debido a la falta de capacidad del mismo para actuar defendiendo sus propios intereses, siempre que los criterios utilizados para su determinación sean razonables y se ajusten a dicho interés”, según se desprende de la resolución judicial.

LA FE NO HACE DAÑO

papa-da-la-comunionAdemás, la juez entiende que la madre del pequeño no ha acreditado en modo alguno que “la decisión del padre de que reciba clases de catequesis, acorde con su educación en la fe católica, suponga un perjuicio para el mismo, pues tan solo se hace referencia a la libertad de decisión del menor y a posibles situaciones de estrés o crisis emocional para el menor no acreditadas”.

Para que no quede ninguna duda, el auto incide en que los cónyuges “contrajeron matrimonio canónico comprometiéndose a formar una familia y educar a sus hijos en la fe católica, y posteriormente bautizaron al menor, siendo renovado dicho compromiso en el momento del bautismo”. También fundamenta la decisión de obligar al pequeño a recibir las clases de catequesis en la sentencia de nulidad matrimonial canónica de la pareja, dictada por el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de España, procedimiento instado por la madre, “no considerándose, como indica el Ministerio Fiscal”, que “pueda actuar ahora en contra de los actos libremente asumidos en su día, sin que la decisión para la que el padre interesa autorización suponga un daño o perjuicio acreditado para el hijo menor”.

Para la asociación Granada Laica, la resolución judicial vulnera de entrada los derechos del niño y lo somete a un adoctrinamiento y a cumplir rituales, en este caso, católicos, en contra del niño y de lo que sostiene la propia Iglesia. El coordinador de Granada Laica, Manuel Navarro Lamolda, considera que un juez no puede obligar a un niño a ir a clases de catequesis y a hacer la primera comunión porque va en contra de las convenciones internacionales que han reconocido el derecho a la libertad religiosa de los menores.

Fuente Andaluces.es

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