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Ante las Elecciones Generales en España: Los programas de los partidos políticos, en clave LGTBI.

Sábado, 27 de abril de 2019

452-voto-por-la-igualdad-en-colombiaEste próximo domingo se celebran elecciones generales en España. Posiblemente las más importantes desde la recuperación de la democracia ya que la entrada de juego de Vox, formación de extrema derecha que irrumpió con fuerza en las pasadas elecciones andaluzas y que podría tener un gran resultado ha alterado el panorama político de forma irreversible y que ha influído en la derechización del discurso de los partidos con los que se manifestó en la Plaza de Colón: Ciudadanos, el Partido Popular y UPyD.  Solo una fuerte movilización del electorado de izquierda puede evitar la catástrofe.

Es por tanto, interesante conocer lo que los diferentes partidos políticos plantean en sus programas en esta materia, y que consideramos conveniente conocer: PSOE; Unidas Podemos (Podemos+IU); Ciudadanos; PACMA; PP y Vox.

PSOE (ver programa)

En la sección dedicada a las personas mayores del programa socialista, aparece la siguiente afirmación génerica: «Las instituciones deben velar por todas las personas mayores y establecer políticas que compensen las especiales situaciones en la que se encuentre algunos colectivos como las personas mayores LGTBI o las personas mayores del ámbito rural». En la sección dedicada al deporte, el programa socialista promete «impulsar nuevas iniciativas que contribuyan a alcanzar la igualdad real y efectiva en el deporte, mediante la puesta en marcha de programas cuyo objetivo sea la plena inclusión e integración social y la lucha contra la violencia sobre las mujeres, la xenofobia, el racismo y la LGTBIfobia en el ámbito deportivo».

El programa incluye luego una sección dedicada enteramente a la «Igualdad de trato para el colectivo LGTBI», cuyas promesas son:

  • Aprobar una ley contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género «que establezca medidas de carácter específico para luchar contra la discriminación por estos motivos en el ámbito de la sanidad, la educación, el empleo y la ocupación, los servicios sociales y el acceso a los bienes y servicios a disposición del público».
  • Garantizar el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida sin discriminación alguna por motivos de orientación sexual y estado civil.
  • Asegurar que la inscripción de los hijos de parejas de mujeres lesbianas, concebidos a través de las técnicas de reproducción humana asistida admitidas en nuestro ordenamiento jurídico (queda excluida, por tanto, la gestación subrogada), se produce sin discriminación alguna en relación con las parejas heterosexuales que utilizan las mismas técnicas.
  • Mejorar el estudio y atención de las solicitudes de protección internacional fundadas en la persecución por orientación sexual, identidad de género y características sexuales y reforzar la formación en este ámbito del personal que interviene en la tramitación y resolución de los expedientes, garantizando la seguridad de estas personas en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes.
  • Impulsar la adopción por parte de las autoridades educativas de protocolos destinados a evitar el acoso transfóbico y homofóbico y favorecer el tratamiento de las personas trans en los centros educativos de acuerdo con su identidad de género.
  • Impulsar la aprobación de protocolos específicos de atención destinados a personas LGTBI mayores y con discapacidad que tengan en cuenta sus necesidades específicas.
  • Impulsar el estudio del fenómeno de la violencia sufrida por las personas LGBTI en el entorno familiar, así como la producida en el seno de parejas del mismo sexo, con vistas a la adopción de medidas específicas para la protección efectiva de sus víctimas.
  • Mejorar la formación de las y los empleados públicos, en especial de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del personal al servicio de la administración de justicia, en materia del respeto a la diversidad sexo-afectiva y familiar.
  • Colaborar con los movimientos sociales en la celebración de las fechas conmemorativas de la lucha por la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGBTI, así como en la recuperación de la memoria de la lucha por los derechos de este colectivo.
  • Promover la creación y funcionamiento del Consejo de Participación de las Personas LGBTI.

Respecto a las personas trans, el PSOE promete impulsar la reforma de la ley de identidad de género, eliminando los requisitos ligados a diagnósticos médicos y facilitando el cambio de la mención registral al sexo y el nombre de los menores de 16 años y las personas extranjeras con residencia legal en España en su documentación identificativa, así como la eliminación de la obligación de determinación del sexo en el caso de los menores intersexuales. También promete adoptar medidas específicas para la inserción sociolaboral de las personas trans y garantizar la financiación pública de las operaciones de reasignación de género.

Para coordinar todas estas actuaciones el PSOE promete aprobar un Plan Estratégico para la no Discriminación de las Personas LGBTI, para garantizar su igualdad real y efectiva.

Finalmente, en la sección dedicada a la política exterior, el PSOE promete luchar a nivel europeo e internacional para que «el reconocimiento de los derechos humanos del colectivo LGTBI sea una realidad» y crear la figura del «embajador o embajadora en misión especial para los Derechos Humanos y la Diversidad».

Podemos (ver programa)

El programa de Podemos recoge como principal compromiso la aprobación de dos leyes: una contra la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual de las personas LGTBI, «en la que se tendrán en cuenta también las dificultades específicas de las personas que forman parte de un colectivo tan amplio»,  y otra, una ley integral sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género, que incluirá la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes, la inclusión de su atención en el Sistema Nacional de Salud o la implementación de planes de empleo, entre otras medidas.

Otras menciones a las personas LGTBI en el programa de Podemos aparecen en los siguientes compromisos:

  • Protocolos obligatorios contra las violencias machistas y la LGTBIfobia. Se implementarán estos protocolos para prevenir tanto las violencias machistas como la LGTBIfobia en las administraciones públicas y en los centros de trabajo de más de 50 trabajadores.
  • Impulsar los programas de personas defensoras de derechos humanos, poniendo especial atención en las personas medioambientalistas, sindicalistas y defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, así como en las personas defensoras que tienen incidencia en los territorios más amenazados de América Latina.
  • Reconocer la diversidad familiar. Protección real de las distintas realidades familiares elegidas con libertad, con medidas de apoyo a la adopción a familias LGTBI, reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja.
  • Garantizar el derecho de asilo dentro de la realidad global mediante una nueva Ley de Asilo que entre otras cosas pondrá especial atención «a la garantía del derecho de asilo del colectivo LGTBI y de las víctimas de trata».

Izquierda Unida (ver programa)

Izquierda Unida (IU). Por un lado, en la sección dedicada a la Educación, IU promete la implantación de un programa «de educación afectivo-sexual obligatorio, en igualdad y con sensibilización a la diversidad sexual e identidad de género libre de estereotipos sexistas, LGTBIfóbicos y transfóbicos y por parte de profesorado especializado en enfoque de género», así como el «desarrollo de programas de formación para el personal que trabaja en los centros educativos públicos y, hasta la eliminación de los conciertos educativos, centros sostenidos con fondos públicos, para que tengan conocimientos sobre diversidad sexual y de género y que pueda atender a estudiantes LGTBIQ+, abordar casos de acoso escolar o mediar en conflictos entre estudiantes, en colaboración con las organizaciones sociales LGTBIQ+» y la «formación de inspectores/as de la Inspección Educativa en materia de diversidad sexual y de género, con el objetivo de evaluar adecuadamente la eficacia en la lucha contra el acoso escolar LGTBIfóbico en los centros educativos».

El programa de IU dedica varias páginas a la realidad LGTB:

  • Creación de un instituto, público y gratuito, para la promoción, defensa y atención del colectivo LGTBI.
  • Exigir de todos los medios de comunicación un tratamiento respetuoso y digno de todas las informaciones relacionadas con las personas LGTBI por medio de la aprobación de un protocolo de control de estereotipos.
  • La promoción de campañas de información social que denuncien los comportamientos LGTBIfóbicos.
  • La completa supresión, en la documentación oficial, de requisitos, contenidos, menciones y signos discriminatorios hacia cualquier opción afectivo-sexual promovidos desde instancias tanto públicas como privadas, así como cualquier mención del término «grupo de riesgo» en alusión al colectivo LGTBI.
  • Campañas de fomento del asociacionismo juvenil LGTBI.
  • Inclusión en las políticas de las personas menores, con medidas que garanticen la libre expresión de la sexualidad, la identidad y la expresión de género, para evitar los problemas de inseguridad, baja autoestima, depresión y otros problemas derivados del rechazo en un ambiente familiar y social que rechaza la diversidad, con especial atención a menores transexuales.
  • Fomento de los estudios e investigaciones LGTBI en los que se tengan en cuenta los efectos de las discriminaciones múltiples.
  • Asistencia social pública y gratuita para todas aquellas personas LGTBI que hayan huido de sus respectivos hogares de residencia como consecuencia de la discriminación. Las administraciones deberán facilitar la ayuda necesaria: psicológica, orientación jurídica, pisos de acogida, becas de estudio o pensiones de manutención.
  • Convocatoria específica estatal de líneas de ayuda a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan activamente por los derechos del colectivo LGTBI.
  • Dotar las bibliotecas públicas con fondos bibliográficos relacionados con la realidad LGTBI.
  • Ruptura del concordato con la Iglesia católica, así como de algún tipo de convenio económico y la no promoción de ningún tipo de confesión religiosa en la televisión pública.
  • Fomentar las medidas para combatir el «sexilio» como fenómeno por el que una parte de nuestra población LGTBI tiene que emigrar a otras localidades por cuestiones relativas a su orientación sexual, identidad o expresión de género.
  • Compromiso de registro, trámite y apoyo de la ley de igualdad de trato y contra la discriminación de personas LGTBI que luche contra la discriminación en el ámbito educativo, laboral, sanitario, en la esfera pública… Dicha ley posibilitará, por ejemplo, la elaboración de protocolos sanitarios inclusivos o medidas de acción positiva para personas transexuales en las contrataciones públicas, sanciones administrativas contra las situaciones discriminatorias (también con las personas que viven con VIH) o la inclusión obligatoria de una perspectiva LGTBI en convenios colectivos y planes de igualdad en las empresas.
  • La Creación de un Observatorio Estatal de la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
  • Compromiso de registro, trámite y apoyo de una ley estatal trans que reconozca la autodeterminación del género, despatologice la transexualidad, posibilite la descentralización sanitaria y que reconozca estos derechos a los menores. Esta ley irá acompañada de un protocolo sanitario de atención a personas trans así como también un protocolo educativo que posibilite que los menores trans puedan desarrollarse libremente.
  • Formación específica al personal de la administración pública en materia de derechos y libertades de las personas LGTBI.
  • Realizar campañas que fomenten la denuncia de agresiones LGTBIfóbicas, así como dar recursos económicos a los colectivos LGTBI para que puedan hacer campañas de denuncia, así como programas de acompañamiento y asesoramiento integral a las víctimas.
  • Visibilización de la violencia intragénero para que deje de considerarse un tabú y se puedan llevar a cabo las medidas oportunas, tanto de asesoramiento como legales.
  • Reconocimiento de la memoria histórica. Incluir la persecución y el exterminio sufrido por las personas LGTBI durante los regímenes totalitarios como el franquismo o el nazismo y los conflictos armados en Europa en el siglo XX, así como promover compensaciones, incluidas las de carácter económico.
  • Recuperar para todas las mujeres los tratamientos de reproducción asistida, aprobar una normativa general que garantice que la política sanitaria sea respetuosa hacia las personas LGBTI e incorpore servicios y programas específicos y garantizar que la atención sanitaria dispensada por el sistema sanitario público se adecue a la identidad de género de la persona. La cartera de servicios básica incluirá el tratamiento hormonal, en particular en el caso de menores de edad, quienes tendrán derecho a recibir tratamiento hormonal al inicio de la pubertad para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados. La cartera de servicios complementaria proporcionará el proceso de reconstrucción genital.
  • En materia de intersexualidad, IU propone erradicar por completo las prácticas de asignación de sexo en bebes recién nacidos atendiendo únicamente a criterios quirúrgicos y en un momento en el que se desconoce cuál es la identidad real de la persona intersexual recién nacida.

Por lo que se refiere a las personas mayores LGBTI, IU proponer impulsar medidas para garantizar que las residencias de la tercera edad, tanto públicas como privadas, no permitan ningún tipo de discriminación de personas LGBTI, así como fomentar la creación de residencias para personas mayores específicas para el colectivo LGTBI, «espacios seguros y cómodos donde puedan disfrutar sin miedo nuestras personas mayores, con tendencia a la inclusión a medida que se avance en la consecución de derechos y normalización del colectivo».

A nivel internacional, IU propone, entre otras medidas, promover la defensa de los derechos de las personas LGTBI en las organizaciones y foros internacionales, así como la inclusión explícita a los derechos LGTBI en la cláusula de derechos humanos incluida en todos los acuerdos entre el Estado Español y otros estados u organismo y la elaboración de un programa de cooperación internacional enfocado a los derechos de las personas LGTBI. También propone incidir en las instituciones de la Unión Europea para que se apruebe una Directiva europea contra todo tipo de discriminación, incluyendo la basada en prejuicios LGTBIfóbicos, así como impulsar la revisión y reformulación de diversas directivas comunitarias para asegurar el reconocimiento de las familias LGTBI en todo el continente.

Ciudadanos (ver programa)

Ciudadanos propone incluir en su propuesta de reforma constitucional «blindar el matrimonio entre personas LGTBI e incluir el derecho a la no discriminación por razón de orientación o condición sexual» y endurecer «las sanciones por comportamientos que ultrajen los símbolos constitucionales, enaltezcan el terrorismo o promuevan conductas de odio (racismo, sexismo, LGTBIfobia, etc.)».

Ciudadanos también promete aprobar «una nueva Ley de igualdad real para el colectivo LGTBI». «Queremos acabar con cualquier discriminación por razón de su identidad, orientación o condición sexual. Facilitaremos el acceso a un alojamiento transitorio a las personas LGTBI, especialmente los jóvenes, que se ven forzados a irse de su casa por el rechazo familiar a su orientación sexual. Atenderemos las necesidades específicas de las personas mayores LGTBI», asegura el programa naranja. También promete acabar «con la discriminación que todavía sufren las personas portadoras del VIH en nuestro país» y prohibir «cualquier discriminación en el acceso al empleo por ser portador de esta enfermedad [sic]».

Pero la promesa claramente más diferenciadora de Ciudadanos (y con la que nos mostramos radicalmente en contra por significar la explotación de una mujer…) es la aprobación de «una Ley de Gestación Subrogada altruista y garantista para que las mujeres que no pueden concebir y las familias LGTBI puedan cumplir su sueño de formar una familia. Nuestro modelo, similar al de Canadá y Reino Unido, garantizará los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso, en especial los de las mujeres gestantes y los de los menores nacidos mediante esta técnica de reproducción asistida».

PACMA (programa)

El partido animalista, si bien tiene como absoluta prioridad la introducción de cambios legales relacionados con la protección de los animales, asegura en su programa estar comprometido con la lucha contra toda discriminación y suscribir, en este sentido, las demandas de la FELGTB. Entre ellas incluye la aprobación de leyes integrales de transexualidad y por la igualdad de las personas LGTB; la inclusión de contenidos sobre la diversidad sexual, de género y familiar en los sistemas educativos, así como la prevención del acoso y la violencia por LGTBIfobia; la realización de programas de sensibilización y visibilización de la diversidad sexual, de género y familiar en el ámbito escolar; la creación de servicios de apoyo y orientación a jóvenes LGBTIQ+; la creación de un programa de información y atención a personas LGBTIQ+, que contemple también actuaciones de carácter formativo, informativo, de asesoramiento y sensibilización dirigidas tanto a profesionales como al conjunto de la población; el desarrollo de programas, servicios, campañas y/o actividades de apoyo psicológico y social dirigidos a LGBTIQ+ con objeto de ayudarles a enfrentar y superar la LGBTIfobia así como de apoyar a las personas transexuales a lo largo del proceso transexualizador; el reconocimiento del derecho de las mujeres sin pareja varón a los tratamientos de reproducción asistida en el sistema público de salud; la inclusión y reconocimiento de las familias LGBTIQ+ en las políticas sobre familia y la asunción por parte de la sanidad pública del proceso transexualizador completo.

PP (ver programa)

El PP no propone en su programa ninguna medida referida expresamente a la realidad LGTBI.

VOX (ver programa)

La formación de extrema derecha propone, de forma expresa, «suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud (cambio de género, aborto…)».

Partido Nacionalista Vasco (ver programa)

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) no propone en su programa ninguna medida referida expresamente a la realidad LGTBI.

Esquerra Republicana de Catalunya (ver programa)

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) propone en su programa impulsar la aprobación de la ley de Igualdad LGTBI, así como dar soporte a la aprobación de todos aquellos proyectos legislativos que permitan avanzar en la igualdad legal de las personas LGTBI. ERC también propone impulsar la tramitación de una una ley de igualdad de transexualidad y personas transgénero para avanzar en aspectos con la despatologización de la transexualidad, así como la modificación de los datos registrales de menores y adultos sin necesidad de informe médico o psiquiátrico alguno y mejorar la inserción social y laboral de las personas trans.

ERC también proponer garantizar el derecho a la financiación pública de la reproducción asistida de todas las mujeres, con independencia de su orientación sexual o estado civil, garantizar el derecho de asilo a personas LGTBI perseguidas en sus países de origen y recuperar la perspectiva del movimiento LGTBI en los programas de memoria histórica.

Cabe destacar, en cualquier caso, que ERC propone también medidas a aplicar en una hipotética República catalana independiente, que incluirían en reconocimiento constitucional expreso de los derechos de las personas LGTBI.

Junts per Catalunya (ver programa)

El programa de Junts per Catalunya incluye una mención expresa a la realidad LGTB, aunque de tipo genérico y sin enumerar medidas concretas. En este sentido, la formación nacionalista catalana propone trabajar por «el reconocimiento de los derechos de las personas del colectivo LGTBI en todos los ámbitos»«por el compromiso en la lucha contra la homofobia» y en favor de «garantizar el reconocimiento de la heterogeneidad de las familias con hijos», evitando cualquier discriminación de las familias con progenitores del mismo sexo respecto al resto de familias.

Compromís (ver programa)

La formación valenciana propone en su programa, a nivel de la Comunidad Valenciana (donde este próximo domingo también se celebran elecciones autonómicas) desarrollar la ley integral del derecho a la identidad y expresión de género y la ley de igualdad de las personas LGTBI, mientras que a nivel estatal promete impulsar una ley estatal para el pleno reconocimiento de los derechos LGTBI.

Coalición Canaria (ver programa)

En su programa, la formación canaria se compromete a lucha contra la LGTBIfobia mediante el impulso de medidas legislativas. En este sentido, se suma expresamente a la petición de la FELGTB para que se modifique la Ley 3/2007 para que se reconozca y respete el derecho de autodeterminación de las personas trans y se permita su acceso a los tratamientos hormonales y al cambio de nombre registral sin necesidad de disponer de un diagnóstico sanitario e independiente de su edad o nacionalidad. También aboga por desarrollar protocolos de actuación específicos para los casos de acoso escolar por LGTBIfobia y por integrar de manera trasversal en los currículos de los centros educativos la diversidad afectivo-sexual y de identidad o expresión de género, así como por implantar medidas e incentivos para organismos públicos y empresas privadas que favorezcan la integración e inserción laboral de las personas trans y por impulsar formación específica para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el personal sanitario, la comunidad educativa y los jueces, magistrados, fiscales y otros representantes del poder judicial sobre la realidad del colectivo LGTBI y sus especificidades.

En Marea (ver programa)

El programa de la formación gallega para las elecciones generales de 2019 propone impulsar una ley integral LGTBIQ+; aprobar una ley trans estatal no patologizante, así como agilizar los trámites para que las personas trans puedan modificar su nombre y acceder a los tratamientos hormonales; regular por ley la lucha contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género; fomentar protocolos de actuación contra el acoso en centros escolares, con formación específica al  profesorado y a los profesionales sanitarios; promover la visibilidad sexual y de género en Televisión Española; modificar la ley de Registro Civil para que no haya que hacer constar el sexo de las personas registradas; facilitar la adopción; considerar las agresiones a las personas LGTBIQ+ delitos de odio de oficio, así como establecer que aquellas organizaciones que resulten condenadas por acciones LGTBIfóbicas non puedan recibir ayudas públicas.

EH Bildu

En la web de esta formación no hemos podido encontrar ningún documento programático referido expresamente a las elecciones generales del próximo domingo.

Si has llegado hasta aquí y las propuestas en materia LGTBI son importantes para ti, seguramente tendrás ya claro qué votar. Pero si pese a todo tienes dudas, intentaremos facilitarte la tarea:

  • Si quieres un avance significativo en materia de derechos LGTBI, puedes votar a PSOE, Unidas Podemos, ERC, Compromís o En Marea. También resultaría aceptable votar a Coalición Canaria, a EH Bildu (por su trayectoria pasada) o a PACMA, formaciones que no se opondrían a este avance o que incluso pueden participar del mismo, aunque no lo lideren. En el caso de PACMA, eso sí, ten en cuenta que carece de posibilidades reales de obtener diputado en la inmensa mayoría de las provincias. Piénsalo bien si no quieres que tu voto resulte inútil.
  • Lo que sí es altamente posible es que si Ciudadanos, PP y Vox reúnen mayoría absoluta conformen una mayoría de gobierno que permitirá a la formación de extrema derecha influir de forma determinante en la sociedad española de los próximos años. Allá tú…
  • Si te dan igual los derechos LGTBI pero te encuentras en una posición de privilegio social y económico que quieres mantener frente a otros colectivos económicamente vulnerables, vota PP o Vox. Aunque en este último caso nadie te garantiza que en un futuro tu condición de persona LGTBI te convierta también en un perseguido. Ha sucedido en el pasado, aunque no lo quieras recordar.

Ahora solo nos queda movilizarnos para evitar el desastre para España y, en conccreto, para el colectivo LGTBI+.

Con información de Dosmanzanas (autor Flick)

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El PRC y Ciudadanos rechazan la petición de anular comparecencias innecesarias e impiden, en la práctica, la aprobación de la ley LGTBI de Cantabria

Sábado, 23 de febrero de 2019

B9FF74F7-6867-4396-AD62-F2E5B386FA0BCantabria no tendrá una ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, al menos por el momento. El Partido Regionalista de Cantabria y Ciudadanos han rechazado la petición que les había hecho el colectivo Alega y no han retirado la solicitud de comparecencias de expertos previa a la discusión de la que hubiera sido ley de «Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género», cuyo anteproyecto aprobó el pasado octubre el Gobierno de Cantabria. Por una cuestión de plazos ello hace imposible su aprobación antes del final de la legislatura. 

Junto a Castilla y León, Castilla-La Mancha o La Rioja, Cantabria forma parte del ya reducido grupo de comunidades autónomas que todavía no cuentan con una legislación de este tipo. El anteproyecto (que puedes descargar aquí) seguía, en este sentido, el modelo de las últimas leyes de protección al colectivo LGTBI aprobadas en otros lugares de España: una regulación transversal que abarcaba diferentes áreas de actuación, con un texto que contenía tanto principios orientadores de la actuación de los poderes públicos como medidas concretas de acción positiva a ejecutar, y que además reconocía de forma expresa el principio de autodeterminación de género (por lo que al ámbito autonómico se refiere, ya que las competencias sobre modificación registral del sexo y cambio de nombre en DNI y pasaporte dependen del Estado, no de las comunidades). El texto incluía, en este sentido, medidas en los ámbitos educativo, sanitario y laboral, así como de la cultura, el ocio y el deporte. Contaba, además, con un capítulo sancionador para aquellas actuaciones que supusiesen una infracción administrativa en materia de igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género.

No era fácil, sin embargo, dada la tardanza del Gobierno cántabro a la hora de lanzar la iniciativa. Ya el pasado octubre, cuando el anteproyecto fue aprobado, hacíamos alusión a lo apretado del calendario, lo que había generado críticas por parte de Podemos (formación que en su momento consiguió 3 diputados electos en el Parlamento de Cantabria, si bien su grupo parlamentario ha sido formalmente disuelto como resultado de sus divisiones internas). El Gobierno cántabro, recordemos, está formado por una coalición entre el Partido Regionalista de Cantabria (PRC, que lidera Miguel Ángel Revilla, el presidente autonómico) y el PSOE, que carece sin embargo de mayoría absoluta. Ambas formaciones cuentan con 17 diputados (12 y 5, respectivamente), mientras que el PP tiene 13 diputados, Podemos (o mejor dicho, sus restos, ya sin formar grupo parlamentario) 3, Ciudadanos 1, y hay además un diputado no adscrito (que fue elegido en las listas de Ciudadanos pero que abandonó este partido, también por disensiones internas).

Críticas que han resultado ser fundadas, como cuenta de forma detallada El Faradio. Curiosamente, la falta de voluntad política de acelerar el proceso ha encontrado un excelente caldo de cultivo en la propia crisis de grupo parlamentario de Podemos, cuya disolución ha llevado a que la comisión que debía valorar las comparecencias solicitadas (la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social) no se celebrase hasta hoy. La presidenta de la comisión era Veronica Ordóñez, diputada de Podemos que ha pasado a ser no adscrita, lo que forzó a la elección de un nuevo presidente. Algo que no ha ocurrido hasta esta semana, a pesar de que Ordoñez pasó a ser no adscrita hace más de un mes.

Aun así hubiera sido posible cumplir con los plazos, si los grupos políticos que habían solicitado comparencias de expertos (PRC y Ciudadanos) hubieran renunciado a ellas. No solo no lo han hecho, sino que el PP se ha sumado a la solicitud, lo que hace ya imposible apurar los plazos: hasta que no finalicen las 21 comparecencias aprobadas por PP, PRC y Ciudadanos no se iniciará el trámite de enmiendas. El propio Víctor Casal, diputado socialista y nuevo presidente de la citada comisión, reconocía que ya «no hay tiempo». 

Desde el colectivo Alega Cantabria lanzaban ayer miércoles un llamamiento desesperado a regionalistas y a Ciudadanos. «Desde Alega nos ponemos en contacto por última vez con su partido, en un intento desesperado por conseguir derechos, algo que es triste tener que estar pidiendo por favor, pero que a día de hoy en nuestra sociedad aún no tenemos, y que penden de sus manos. Entendemos que este jueves para ustedes será un día laboral más, en el que sumergirse en papeles, informes y trámites. Sin embargo, seremos muchas y muchos quienes, durante toda la mañana, estaremos expectantes, con una mezcla de miedo a la par que esperanza aun cuando sabes que no tienes a lo que aferrarte. Volvemos a solicitarles, por justicia social, que retiren sus comparecencias y permitan el trámite de la ley LGTBI. Compartimos la idea de democracia y lo positivo que siempre es el debate, y siempre estamos y estaremos dispuestas a ello. Pero no cuando no queda tiempo, no cuanto la LGTBIfobia campa a sus anchas en las calles de Cantabria, sin tener una ley específica que otorgue derechos para remediarlo», expresaba el texto.

«A día de hoy en Cantabria se sigue prohibiendo a niños y niñas trans que usen el baño y el vestuario que les corresponde. Se les sigue llamando por el nombre que ya no tienen en vez de usar su nombre sentido. Imaginen el dolor y la desesperación que se siente cuando te persiguen 20 personas para agredirte solo por ser una chica trans. Cuando por darle un beso a tu novio te pegan a la vez que gritan ‘maricón’. Cuando por ir de la mano con tu novia te señalan, te insultan y se ríen. Cuando te echan de casa y pierdes el contacto con tu familia por decir que eres bisexual. Desde ALEGA nos desgarramos cada vez que tenemos que atender un caso así y no les podemos otorgar la atención y la protección necesaria. Como decía Desmond Tutu, ‘si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el bando del opresor’. Nuestros derechos penden de sus manos. Ojalá el jueves demuestren que están ahí para combatir injusticias, para mejorar el mundo, y no para colaborar con la opresión hacia nuestro colectivo», finalizaba la petición:

Ni el Partido Regionalista de Cantabria, ni Ciudadanos, ni tampoco el PP (que ha acabado sumandose a las peticiones de comparecencia) la han escuchado. «Ley LGBTI de Cantabria bloqueada. No saldrá adelante. ¡Gracias políticos y políticas del Parlamento de Cantabria! ¡Nos sentimos súper protegidas y representadas gracias a vosotros!», se lamentaba en Twitter el colectivo cántabro:

El Partido Regionalista de Cantabria ha acusado al PSOE de ser el responsable del retraso en la tramitación y ha justificado la necesidad de hacer comparecer a representantes de muy diversos colectivos y organizaciones para «que se conozca la opinión de todos y todas sobre los problemas del colectivo LGTBI en Cantabria». Entre los invitados a opinar, por mencionar un ejemplo llamativo, se encuentra el secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEDERE). La portavoz regionalista en la materia, Matilde Ruiz, ha incidido en que los tiempos en la presentación de los proyectos de ley, que tienen un media de tramitación de seis meses, «no los fija» su partido, y ha recordado que el anteproyecto llegó al Parlamento a finales de octubre, coincidiendo con la tramitación de los Presupuestos de Cantabria para 2019. Ruiz también ha querido responsabilizar a la crisis interna de Podemos del hecho de que la comisión que debía aprobar las comparecencias solicitadas no se haya celebrado hasta hoy. Según Ruiz, «es un derecho y una obligación de los diputados» estudiar y analizar el texto remitido por el Gobierno, para «mejorarlo» con las opiniones de expertos y presentar las correspondientes enmiendas.

Desde Ciudadanos, por su parte, se insiste en descargar la responsabilidad de lo sucedido sobre el Gobierno cántabro. «¿Por qué se ha retrasado la tramitación de esta ley? El Gobierno la anuncia en mayo del 17 pero no es hasta noviembre de 2018 cuando la traslada al Parlamento. Se une a otra docena de leyes que tramitar todas a final de legislatura y en mitad del debate de presupuestos», ha justificado en un hilo de Twitter su portavoz parlamentario, Rubén Gómez. «Ante el volumen de leyes remitido por el Parlamento los portavoces acordamos un calendario con el objetivo de tramitar todas las posibles antes del parón en navidades. Aun cuando las tramitaciones coinciden con los presupuestos. Dentro del acuerdo se habilita enero para tramitación parlamentaria previendo poder tramitar la ley LGTBI a continuación de la de Igualdad y la de Emergencias y 112. El grupo parlamentario Podemos se disuelve y paraliza el Parlamento. La presidenta de la comisión es la diputada de Podemos que pasa a ser no adscrita. Al perder la comisión a su presidenta todas las tramitaciones quedan paralizadas hasta la elección de un nuevo miembro. Desde Ciudadanos pedimos un total de 6 comparecencias, todas ellas debidamente justificadas como detallamos en el comunicado publicado el 30 de enero. No es hasta el viernes cuando la presidenta del Parlamento convoca la comisión para elegir a un nuevo presidente. Paso imprescindible para retomar la actividad. La ley de Igualdad se encuentra igualmente bloqueada por la misma razón. La responsabilidad de los grupos parlamentarios es trabajar adecuadamente las leyes y esto supone, en la mayoría de las ocasiones, escuchar a expertos para poder mejorarlas en la medida de lo posible. Mañana se propondrá un calendario con el objetivo de poder realizar las comparecencias de manera que sea posible tramitar la ley antes de finalizar la legislatura, como siempre ha sido voluntad de Ciudadanos Cantabria. La responsabilidad del retraso en la ley es en primer lugar del Gobierno, que la trajo tarde y junto con otra docena de leyes y posteriormente de quienes bloquearon la cámara por la desaparición de su grupo (Podemos)», concluye.

También Izquierda Unida de Cantabria se ha pronunciado, arremetiendo en un duro comunicado contra lo que ha calificado de «alianza conservadora de PP, Ciudadanos y PRC». «Los tres partidos están pensando en las elecciones y la futura e hipotética configuración del Parlamento y no en proteger a la sociedad cántabra, en este caso, a un colectivo históricamente oprimido y discriminado y que ve todo su trabajo hecho durante años en el texto ninguneado por sus representantes», ha expresado Israel Ruiz Salmón, el ya candidato de IU a la presidencia del Gobierno cántabro en las próximas elecciones regionales, y que ha prometido que su formación retomará la propuesta «de inmediato» tras las elecciones de mayo.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , , , ,

La presidenta de las Cortes de Castilla y León se mantiene al margen de la deriva reaccionaria del PP y desbloquea con su voto la tramitación de la ley regional de igualdad LGTB

Lunes, 26 de noviembre de 2018

1434390001717ical278951dnRayo de esperanza en Castilla y León. La presidenta de las Cortes regionales, la popular Silvia Clemente, decidía esta semana unir sus votos a los de la oposición para desbloquear el avance de la de igualdad LGTB de Castilla y León. La «Proposición de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad de Castilla y León», recordemos, fue presentada por todos los grupos de la oposición política castellano-leonesa después de que el Partido Popular incumpliera su compromiso de promover una ley en ese sentido desde el Gobierno regional. El Pleno de las Cortes aprobó en junio su toma en consideración, pero la Mesa mantenía bloqueada su tramitación. 

Hagamos un poco de historia. A finales de 2016 diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaban en las Cortes regionales una primera propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, que había sido promovida en Extremadura por el PP cuando gobernó aquella comunidad, y que fue aprobada en marzo de 2015 por unanimidad. El guiño a los populares era evidente. Durante meses, de hecho, se trabajó en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos castellano-leoneses se mostraron incluso dispuestos a hacer algunas concesiones «dolorosas», pero finalmente la Junta de Castilla y León decidía dar carpetazo al proceso con el argumento de que ya se había iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI.

Los colectivos castellano-leoneses consiguieron sin embargo el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes regionales para que el texto pudiese tramitarse en forma de proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno. El compromiso se materializaba en marzo, cuando la Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó admitir a trámite la proposición de ley (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) presentada por los grupos parlamentarios socialista, de Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto. El pasado 13 de junio el Pleno decidía su toma en consideración por 43 votos a favor y 41 abstenciones. La sorpresa saltó cuando la presidenta de las Cortes, la popular Silvia Clemente, decidía saltarse la disciplina de voto y alinearse con la oposición («el subconsciente a veces toma decisiones»argumentó posteriormente). Quedaba así roto el empate, que de persistir habría resultado en la negativa a tomar en consideración la proposición.

Una vez tomada en consideración la proposición de ley de la oposición, quedaba pendiente toda la tramitación parlamentaria. Y aquí entra el juego la capacidad de bloqueo de la Mesa de las Cortes, que es la que marca el día a día de la actividad parlamentaria y decide los plazos. En este órgano, el PP cuenta con tres procuradores, incluyendo a la propia Silvia Clemente como presidenta. La oposición cuenta con otros tres (un socialista, uno de Podemos y otro de Ciudadanos). Pues bien, esta semana, Silvia Clemente decidía por fin unir sus votos a los de los representantes de la oposición y no prolongar más el plazo de presentación de enmiendas (un truco parlamentario que, por cierto, que está haciendo mucho daño al avance legislativo de los derechos LGTB en toda España). Lo hacía en contra del criterio del grupo popular, como confirmaba su representante, Raúl de la Hoz, que ha calificado de «irresponsable» que las Cortes tramiten esta ley de ámbito autonómico al tiempo que el Congreso tramita otra ley de igualdad LGTB de ámbito estatal. Como si algo así no sucediese en otras materias y como si otras muchas comunidades no hubiesen ya hecho lo mismo (la última, la Comunidad Valenciana, esta misma semana).

FECyLGTB+ felicita a Silvia Clemente

La Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FEVyLGTB+, de la que forman parte Iguales, Iguales USAL, Chiguitxs LGTB+, Segoentiende, Lesgávila y AWEN LGTBI+) ha felicitado a SIlvia Clemente por, según asegura en un comunicado, «ser una mujer de palabra, pues ha cumplido el compromiso expresado a los colectivos LGTB+ de facilitar y no bloquear nuestra ley en el trámite parlamentario, incluso en contra de la disciplina de voto de su grupo, el grupo Popular, lo que lo hace particularmente valioso». Para la FECyLGTB+ esta decisión de la mesa es «un rayo de esperanza, de arcoiris que luce más todavía en un momento oscuro de dificultad para nuestros derechos». «Nuestra igualdad no es un asunto ya ni de derechas ni de izquierdas, es un asunto de igualdad, de sentido común y de derechos humanos, donde todas las personas de bien pueden y deben estar», asegura el texto.

La FECyLGTB+ advierte, eso sí, de que el PP aún puede bloquear el avance de la propuesta en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, «posiblemente no convocando la ponencia de la ley». Pese a todo, el presidente de FECyLGTB+, Ignacio Paredero, hace un balance positivo de lo conseguido, y cree que si finalmente el PP tiene éxito en sus maniobras de bloqueo (la legislatura se aproxima a su final) será más fácil conseguir la aprobación con las Cortes que resulten de las elecciones del próximo mes de mayo. «No sabemos si la ley se aprobará al final, pese a toda la lucha y el trabajo que hemos realizado por ella. Pero cuando todos los grupos apoyan nuestra ley y hasta la presidenta de las Cortes vota a favor, rompiendo la disciplina de voto, tenemos claro que hemos ganado el debate donde más importa, en la sociedad. Si esta legislatura el PP insiste en bloquear nuestra ley, en la próxima lo lograremos», ha declarado. Confiemos en que así sea.

Fuente Dosmanzanas

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Las Cortes Valencianas aprueban, con la abstención del PP, una avanzada ley autonómica de igualdad LGTBI

Viernes, 23 de noviembre de 2018

ley-valenciana-igualdad-lgtbi-300x200ley-valenciana-igualdad-lgtbi-2-300x189Las Cortes Valencianas han aprobado este miércoles, con el apoyo de todas las formaciones políticas allí representadas salvo el Partido Popular, la ley valenciana de igualdad LGTBI. La Comunidad Valenciana, que ya en 2017 aprobó una ley integral de transexualidad, se suma así al grupo de comunidades que en el ámbito legislativo autonómico protegen a las personas LGTBI contra la discriminación y promueven políticas de igualdad. 

La ley incluye medidas en los ámbitos social, sanitario, educativo, cultural y familiar. Como elementos especialmente destacados, recoge de forma explícita la prohibición de las «terapias» de conversión y la creación de un Consejo Valenciano LGTBI como órgano consultivo y de participación ciudadana, así como de un Espacio de la Memoria LGTBI, un servicio cuyo objetivo sera promover y favorecer el conocimiento, estudio e investigación sobre la historia del colectivo LGTBI.

El texto también recoge medidas de atención a las víctimas de violencia por LGTBIfobia, el desarrollo de un servicio público de información, orientación y asesoramiento a personas LGTBI y sus familias y de un servicio de acogimiento residencial para personas LGTBI en situación de especial vulnerabilidad o exclusión. También recoge en su articulado medidas contra la violencia familiar, así como de atención y ayuda a víctimas de la violencia en parejas formadas por personas del mismo sexo.

La ley incluye un capítulo sancionador, con multas que van desde los 200 hasta los 45.000 euros, en función de la gravedad de las infracciones. Otras posibles sanciones son la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Generalitat Valenciana, así como de contratar con esta, sus organismos autónomos o entes públicos por un período que puede ir desde el año hasta los tres años. También la inhabilitación temporal, por un periodo de hasta tres años, para ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos.

En definitiva, una magnífica ley que sigue la estela de otras ya aprobadas en comunidades como Andalucía, País Vasco, BalearesCataluñaExtremadura, la Comunidad de Madrid, Murcia , Canarias, AragónNavarra. Leyes frente a las que el PP ha mantenido todas las posiciones posibles: las ha apoyado, por ejemplo, en Andalucía o Madrid, mientras que se ha opuesto en Cataluña (con una especial fiereza) o Navarra. En el caso valenciano ha decidido abstenerse, frente al voto positivo de PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos. De hecho, la única ley de este tipo aprobada en una comunidad gobernada con mayoría absoluta de los populares fue de Galicia, precisamente la más pobre de todas al haberse negado el PP gallego a incluir el capítulo sancionador que sí contempla el resto de leyes y que la oposición gallega planteó en su momento.

En cualquier caso, que la abstención de los populares valencianos supone un avance respecto a lo sucedido el año pasado con la ley integral de transexualidad, a la que se opusieron. El Partido Popular valenciano, pese a ser la fuerza con más parlamentarios, perdió la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2015, arrastrado por una gestión que convirtió la la Comunidad Valenciana en el estandarte de la corrupción y el saqueo de las arcas públicas. De hecho, solo unos pocos meses antes el grupo popular en las Cortes Valencianas había rechazado tramitar una proposición de ley para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género presentada entonces por el grupo socialista.

Esperemos que ahora la ley, recibida con satisfacción por los colectivos LGTB valencianos, se acompañe del necesario desarrollo reglamentario, y que su implementación sea efectiva y no quede únicamente, como a veces da la sensación que esta sucediendo en algunas de las comunidades en las que se han aprobado leyes similares, en una hermosa declaración de intenciones.

 Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno de Cantabria aprueba el anteproyecto de ley autonómica de igualdad LGTBI, que aún debe superar un ajustado calendario parlamentario

Lunes, 29 de octubre de 2018

psoe-bambrilla-alega-lara-revilla_ediima20170503_0433_5La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), junto a Kiara Bambrilla

El Consejo de Gobierno de Cantabria aprobó el pasado jueves el anteproyecto de ley de «Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género», una nueva norma autonómica que busca garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de las personas LGTBI, así como el desarrollo de políticas públicas contra su discriminación. El anteproyecto debe todavía hacer su travesía parlamentaria, por lo que aún es pronto para lanzar las campanas al vuelo, especialmente si se tiene en cuenta lo avanzado de la legislatura.

Junto a Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja, Cantabria forma parte del ya reducido grupo de comunidades autónomas que todavía no cuentan con una legislación de este tipo. El anteproyecto (que puedes descargar aquí) sigue, en este sentido, el modelo de las últimas leyes de protección al colectivo LGTB aprobadas en otros lugares de España. Se trata de una regulación transversal que abarca diferentes áreas de actuación, con un texto que contiene principios orientadores de la actuación de los poderes públicos, y medidas de acción positiva a ejecutar, y que reconocer de forma expresa el principio de autodeterminación de género por lo que al ámbito autonómico se refiere (recordemos que, por ejemplo, las competencias sobre modificación registral del sexo y cambio de nombre en DNI y pasaporte dependen del Estado, no de las comunidades).

Así, en el ámbito educativo el anteproyecto propone que los planes y contenidos educativos incluyan el objetivo de conseguir que el ámbito escolar sea un espacio de respeto hacia todas las expresiones de género en el que se proteja al alumnado, personal docente y empleados del centro, evitando cualquier forma de discriminación. Se promueve la educación inclusiva, el respeto a la diversidad y la prevención de acoso por LGTBfobia en los centros educativos, así como un conjunto de actuaciones de especial protección hacia el alumnado trans. En el ámbito sanitario, se regula la atención sanitaria a las personas trans, con especial hincapié en menores, la modificación de la identidad del género en la documentación sanitaria, la atención a las personas intersexuales, así como la formación de los profesionales sanitarios.

En cuanto a la no discriminación en el entorno laboral, el anteproyecto incluye la incorporación de cláusulas sociales en la contratación administrativa, de forma que se valore a las empresas que implantan medidas de igualdad de oportunidades y se prohíba contratar a aquellas sancionadas o condenadas por prácticas laborales discriminatorias. También incluye medidas en el ámbito de la cultura, el ocio y el deporte, así como en los medios de comunicación y en materia empleo público.

Por último, el anteproyecto recoge un capítulo sancionador para aquellas actuaciones que supongan una infracción administrativa en materia de igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Las sanciones, en función del nivel de gravedad de los hechos, podrían llegar hasta los 30.000 euros, y conllevarían igualmente sanciones accesorias como la inhabilitación temporal, por un periodo máximo de hasta 3 años, para ser titular de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos, y el cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación hasta 3 años.

Alegría de Alega Cantabria y críticas de Podemos al calendario

El colectivo Alega Cantabria ha expresado su alegría de que por fin inicie su andadura la que fue su principal petición en el Orgullo LGTB, aunque ha recordado que el anteproyecto queda pendiente de la tramitación parlamentaria:

También se ha manifestado públicamente Podemos (formación que cuenta con 3 diputados en el Parlamento de Cantabria), que si bien ha expresado su alegría por el contenido del anteproyecto ha denunciado que tal y como funcionan los plazos en el Parlamento cántabro «es prácticamente imposible» que se apruebe la ley en la vigente legislatura, por lo que puede considerarse un «brindis al sol». «Desde la formación morada se recuerda que la proyecto de Ley de Igualdad de Cantabria se llevó a pleno el pasado mes de marzo y aún se encuentra en fase de enmiendas (hasta el mes de enero). En el caso de la Ley de Garantías de Derechos del Colectivo LGTBI el plazo es aún mayor, porque al tratarse de un anteproyecto debe someterse a información pública, lo que demorará aun más su llegada al Parlamento para su debate y aprobación», han expresado. Podemos critica además que el Gobierno cántabro votara en contra de algunas propuestas realizadas en el mes de junio por la formación morada que afectan de manera directa a esta normativa. «Solo puede calificarse de incoherente y oportunista», han criticado.

El Gobierno de Cantabria, recordemos, está formado por una coalición entre El Partido Regionalista de Cantabria (que lidera Miguel Ángel Revilla, el presidente autonómico) y el PSOE, que carece de mayoría absoluta en el Parlamento Regional. Ambas formaciones cuentan con 17 diputados (12 y 5, respectivamente), mientras que el PP tiene 13 diputados, Podemos 3, Ciudadanos 1 y hay además un diputado no adscrito (que fue elegido en las listas de Ciudadanos pero que abandonó este partido por disensiones internas).

Estaremos pendientes de la evolución parlamentaria del anteproyecto y muy vigilantes de si las fuerzas políticas cántabras realmente están por la labor de que la ley sea una realidad sin necesidad de esperar otra legislatura.

Fuente Dosmanzanas

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La Manifestación Estatal del Orgullo LGTBI 2018, con dos ministros en su cabecera y sin el PP, alza su voz por los derechos trans

Lunes, 9 de julio de 2018

derechos-trans-300x200Un año más hemos vivido la Manifestación Estatal del Orgullo LGTBI, culminación reivindicativa de la fiesta popular más multitudinaria de Madrid. Tras la inmensidad y el desbordamiento que supuso en 2017 el World Pride, este año la celebración ha recuperado un cierto sosiego, aunque la asistencia de gente fue otra vez impresionante. Este 2018 también nos ha traído un acento más activista, que este año ha tenido como protagonista a la comunidad trans, cuyos derechos han ocupado el centro del discurso, tanto entre los colectivos participantes como en el manifiesto que fue leído en la Plaza de Colón. 

Esperábamos con curiosidad ver cómo se desarrollaba este Orgullo LGTBI, el primero que se celebraba después de que en 2017 la Manifestación Estatal culminase un ciclo histórico, durante el cual una pequeña movilización reivindicativa de unos pocos miles de activistas se ha transmutado en el eje central de la principal fiesta de Madrid, con una capacidad de atracción nacional e internacional similar a la de otras grandes fiestas de España. La celebración del World Pride coincidía, en este sentido, con la conmemoración del 40 aniversario de la primera manifestación LGTBI en el Estado español, que tuvo lugar en Barcelona en 1977. Madrid superó con nota la papeleta, pero al mismo tiempo alcanzó una cota imposible de superar.

Visto lo visto ayer (es una valoración subjetiva, por supuesto) creemos que se está en el buen camino, despejados algunos de los excesos del World Pride. La fiesta está consolidada (es imposible saberlo con certeza, pero una vez más cientos de miles de personas ocuparon el centro de Madrid para participar de una forma u otra en alguna de las celebraciones), y es además una fiesta que podemos sentir 100 % nuestra. Pero también advertimos los esfuerzos por recuperar la centralidad de la reivindicación, algo por lo que se debería seguir trabajando en próximas ediciones.

La cabecera, con dos ministros del Gobierno socialista y sin el PP

La manifestación la abrían los presidentes de sus dos entidades convocantes (Uge Sangil, de  FELGTB, y Jesús Grande, de COGAM). Junto a ellos, el activista trans y vicepresidente de la FELGTB Mané Fernández. La cabecera estuvo repartida entre dos pancartas: la primera, con el lema «Conquistando la igualdad, TRANSformando la sociedad», mientras que la segunda rezaba «Ley Igualdad LGTBI y Pacto de Estado frente al VIH ¡Ya!».

ministros-en-orgullo-lgtb-2018-300x169Purificación Causapié, Fernando Grande-Marlaska, Carmen Montón y Adriana Lastra

Lo que no es subjetivo es el éxito de convocatoria del que la manifestación goza entre la clase política, que esperemos se materialice pronto en avances legislativos. Este año, tras el reciente cambio de Gobierno, dos ministros ocupaban los puestos de honor: el ministro del Interior, el abiertamente gay Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Sanidad, Carmen Montón (ambos, por cierto, posaron muy amablemente para dosmanzanas mientras esperaban ocupar su puesto tras la pancarta). El Ayuntamiento estaba representado por Celia Mayer, la delegada de Políticas de Género y Diversidad.

Junto a ellos, numerosos representantes de partidos políticos y organizaciones sociales. No los mencionaremos a todos, pero no podemos dejar de destacar, por parte del PSOE, a su vicesecretaria general, Adriana Lastra; Carla Antonelli (activista y diputada en la Asamblea de Madrid); Ángel Gabilondo (portavoz en la Asamblea) y Purificación Causapié (portavoz en el Ayuntamiento). Podemos estuvo representado por Lorena Ruíz-Huerta (portavoz en la Asamblea) y Sofía Castañón (diputada), aunque también se encontraba presente, en una segunda línea, el casi seguro candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones, el también diputado Iñigo Errejón. Ciudadanos, por su parte, estuvo representado por su presidente, Albert Rivera, Begoña Villacís (portavoz en el Ayutamiento), Ignacio Aguado (portavoz en la Asamblea) y Bosco Labrado (concejal).

Dosmanzanas pudo charlar con dos de las representantes de las fuerzas políticas que han propiciado el cambio de Gobierno en España. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, nos transmitió su esperanza de que tanto la ley de igualdad LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género culminen pronto su tramitación parlamentaria y que coloquen de nuevo a nuestro país en vanguardia de los derechos LGTB. La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, se mostró por su parte confiada en que la ley de igualdad LGTBI se apruebe sin cambios que desnaturalicen el trabajo que su formación llevó a cabo con los colectivos. Ruiz-Huerta también consideró «nefasta» la situación que se vive en la Comunidad de Madrid, donde la ley integral de transexualidad aprobada por la Asamblea permanece de facto bloqueada por su falta de desarrollo. «Aquí están las consecuencias: este año el Partido Popular ha sido vetado para estar en la cabecera de la manifestación por sus actitudes tránsfobas y absolutamente intolerables, al negarse a desarrollar una ley que ha sido aprobada por la voluntad popular. Pero no solamente eso: el Partido Popular ha permitido que organización tránsfobas como HazteOír hagan apología de la transfobia», nos comentó la portavoz de Podemos en la Asamblea.

También estuvieron en la cabecera Juantxo López de Uralde (Equo), Vanesa Angustias (IU) y los secretarios generales de UGT (José María Álvarez) y Comisiones Obreras (Unai Sordo). Otra persona que estuvo en la cabecera es Beatriz Becerra, elegida en las listas de UPyD y hoy eurodiputada independiente adscrita al grupo liberal europeo, que realiza, por cierto, un gran trabajo en favor de los derechos LGTBI en el Parlamento Europeo.

Este año, sin embargo, no hubo representación de la Comunidad de Madrid, como sí había ocurrido en los dos años anteriores. Los colectivos convocantes no le cursaron invitación como protesta por la falta de desarrollo de las leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid en materia LGTB (muy especialmente la ya mencionada ley integral de transexualidad), que corren el riesgo de convertirse en papel mojado ante la falta de voluntad política de implementarlas. Tampoco se invitó a ningún representante del PP, un partido que por primera vez estuvo presente en 2017, después de comprometerse por escrito a apoyar el avance de las leyes que en materia LGTBI se encuentran pendientes de aprobación en las Cortes, un compromiso incumplido pocas semanas después.

En cualquier caso, hubo más nombres propios: todos los partidos mencionados (salvo el PP) llevaron sus propias delegaciones a la manifestación, que marcharon detras de los colectivos LGTBI. También lo hicieron partidos sin representación parlamentaria como UPyD o el PACMA.

El final en Colón, con la alcaldesa Manuela Carmena 

carmena-y-monton-en-el-orgullo-300x176Tras la cabecera, entidades LGTBI de distintas comunidades autónomas marcharon con sus propias pancartas desde Atocha hasta la Plaza de Colón. Cabe destacar, en este sentido, las numerosas referencias a los derechos trans que podían observarse entre las diferentes delegaciones, fueran o no específicamente trans. En la Plaza de Colón, por fin, tuvo lugar la lectura del manifiesto (cuyo texto completo puedes ver aquí), y que exigió, entre otros puntos, el reconocimiento y la protección de la autodeterminación del género; la modificación de ley de identidad de género para que incluya a menores de edad, a personas migrantes y para que se elimine el requisito del «diagnóstico» médico o psicológico; la urgente aprobación de la ley de igualdad LGTBI «sin más demoras, sin más excusas y respetando el espíritu que le ha imprimido el movimiento LGTBI» y la aprobación en esta legislatura de un pacto de Estado frente al VIH.

Antes de la lectura del manifiesto, tuvieron lugar dos intervenciones destacadas: la de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (Ahora Madrid), y la de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, en nombre del Gobierno de Pedro Sánchez. Carmena, recibida con una estruendosa ovación, tuvo palabras de reconocimiento al colectivo LGTBI, del que reconoció que siempre está aprendiendo (su «queridísimos, queridísimas, queridísimes» quedará ya como una imagen clásica del Orgullo madrileño) y se comprometió a hacer todo lo que desde el Ayuntamiento esté en su mano para avanzar en sus derechos. También tuvo palabras de reconocimiento al sistema demócratico español, que en su opinión ha costado mucho conseguir y que animó a los asistentes a defender. Carmen Montón, por su parte, recordó al que fue su compañero de lucha en la consecución del matrimonio igualitario, Pedro Zerolo.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que en el año 2015 acudió a la cabecera de la manifestación como secretario general del PSOE y en 2016 a la de Valencia, no estuvo presente este año, pero sí quiso dejar constancia de su apoyo mediante un tuit publicado unas horas antes:

Finalmente, las carrozas y la fiesta

Tras manifestarse a pie colectivos y entidades, llegó el turno de las carrozas, un total de 47, empezando por las fletadas por colectivos y partidos políticos y siguiendo por las comerciales, de negocios locales y de grandes compañías. Como sucediera por primera vez el año pasado, un vallado de seguridad que se fue colocando a lo largo del recorrido permitió que circularan con relativa fluidez. La fiesta se diseminaba simultáneamente a la circulación de las carrozas no solo al escenario de  Colón: también a los de Plaza del Rey, de Pedro Zerolo, de la Puerta del Sol o de Plaza de España.

Como ya hicimos el año pasado, cabe felicitar a las instituciones públicas, y muy singularmente al Ayuntamiento, por su implicación en el evento. A nivel simbólico (un año más la iluminación arcoíris del Palacio de Cibeles, Puerta de Alcalá, de la propia fuente de Cibeles o del Congreso de los Diputados generó imágenes de gran belleza) pero sobre todo organizativo. Felicitación que hacemos extensiva a todos los trabajadores que con su esfuerzo lo hacen posible: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, servicios de limpieza municipales o trabajadores del Metro de Madrid, que prolongaron una hora su jornada de trabajo (en esta ocasión el metro permaneció abierto hasta las 02:30 de la madrugada) y que pocas horas antes habían desconvocado la huelga que legítimamente habían convocado para exigir una justa compensación.

Os dejamos con alguna de las imágenes que pudimos captar a lo largo de la manifestación. Una galería que venimos recopilando desde hace años (200720082009201020112012201320142015, 2016, 2017) y que, como siempre en el caso de dosmanzanas, se centra en la parte más reivindicativa de la manifestación. En ella podréis ver, por ejemplo, las pancartas principales de los colectivos participantes:

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Fuente Dosmanzanas

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Las Cortes de Castilla y León aprobaron tomar en consideración la proposición de ley de igualdad LGTB, aunque el PP amenaza con bloquear su avance

Jueves, 28 de junio de 2018

bandera-castilla-y-leon-15513092009051011005197531005456xEl Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó el pasado 13 de junio la toma en consideración de la «Proposición de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad de Castilla y León», que todos los grupos de la oposición política acordaron presentar después de que el Partido Popular incumpliera su compromiso de promover una ley en ese sentido desde el Gobierno regional. La decisión contó con el voto favorable de la presidenta de la Cortes, la popular Silvia Clemente, que atribuyó su decisión de romper la disciplina de voto de su partido a un impulso del «subconsciente».

Los antecedentes de la proposición de ley son ciertamente complelos. A finales de 2016 diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaban en las Cortes regionales una primera propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, promovida en Extremadura por el PP cuando gobernada aquella comunidad, y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad. El guiño a los populares era evidente: se trataba de conseguir su apoyo. Y así parecía que iba a ser. Durante meses, de hecho, se trabajó en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos castellano-leoneses estaban incluso dispuestos a hacer algunas concesiones «dolorosas», pero incluso así finalmente la Junta de Castilla y León decidía dar carpetazo al proceso con el argumento de que ya se había iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI. La noticia coincidía, paradójicamente, con la aprobación en el Parlamento andaluz de una ley similar con la unanimidad de todos los grupos políticos.

Los colectivos castellano-leoneses, muy decepcionados con la actitud del PP regional, consiguieron sin embargo el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes regionales para que el texto pudiese tramitarse en forma de proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno.

El compromiso se materializaba en marzo, cuando la Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó admitir a trámite la proposición de ley (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) presentada por los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto. Pero era el pasado 13 de junio cuando el Pleno decidía su toma en consideración por 43 votos a favor y 41 abstenciones. La sorpresa saltó cuando la presidenta de las Cortes, la popular Silvia Clemente, decidía saltarse la disciplina de voto y alinearse con la oposición («el subconsciente a veces toma decisiones», argumentó posteriormente). Quedaba así roto el empate, que de persistir habría resultado en la negativa a tomar en consideración la proposición.

Una buena noticia, sin duda, aunque el PP ya ha anunciado su intención de seguir dificultando la aprobación de una ley muy similar a las que han apoyado en otras comunidades y que contribuiría a mejorar la vida de las personas LGTB en Castilla y León. En este sentido, los populares ya han anunciado que pedirán la prórroga del plazo de enmiendas, decisión que corresponde a la Mesa de las Cortes, que en estos momentos cuenta con tres representantes del PP (incluida su presidenta) y tres de la oposición. La posición de Silvia Clemente, en este sentido, seguirá siendo clave a la hora de permitir o no el avance de su tramintación parlamentaria.

Fuente Dosmanzanas

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La Universidad Complutense presenta su Protocolo de Gestión de la Identidad de Género para dar respuesta a las necesidades del alumnado trans

Lunes, 28 de mayo de 2018

adi3263La Universidad Complutense de Madrid ha presentado públicamente su Protocolo de Gestión Académica de la Identidad de Género, cuyo desarrollo comenzó ya en 2016. La Complutense decidió así adelantarse al desarrollo reglamentario de la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad de Madrid (la ley integral trans), aún pendiente. La puesta de largo del protocolo tuvo lugar en una jornada que tuvo lugar este viernes, organizada junto al colectivo madrileño Arcópoli. La Universidad Complutense de Madrid es la universidad española con mayor número de alumnos presenciales en sus aulas.

«Nuestro protocolo es el primero que en la Comunidad de Madrid aborda de manera integral la identidad de género. Es un documento vivo con vocación constante de mejora y adecuación, y que es resultado de la colaboración fructífera entre esta Delegación, el Vicerrectorado de Estudiantes y la Asociación Arcópoli», expresó Esteban Sánchez, delegado del rector de la Complutense para la Diversidad y el Medio Ambiente. «La Universidad Complutense de Madrid contempla la diversidad como un activo, como una fortaleza de la institución», añadió.

El rector Carlos Andradas, que inaguró la Jornada sobre Identidad de Género en el marco de la cual se presentó el protocolo, no quiso olvidar la labor realizada por la anterior delegada en materia de Diversidad, la profesora Mercedes García, quien promovió que la Universidad Complutense fuese pionera sin necesidad de esperar el desarrollo reglamentario de la ley integral trans. «Se nos deberían abrir las carnes con que a estas alturas del siglo XXI aún tengamos que estar dando pasos en cosas que deberían estar hechas hace mucho tiempo». señaló Andradas, muy acertadamente.

La jornada reunió en primer lugar a representantes de los cuatro partidos políticos representados en la Asamblea de Madrid: Carla Antonelli (PSOE), Ana Camins (PP), Eduardo Fernández Rubiño (Podemos) y Tomás Marcos (Ciudadanos). Los representantes de PSOE, Podemos y Ciudadanos, que recordamos fueron las tres fuerzas que aprobaron la ley integral trans gracias a que el PP no dispone de mayoría absoluta en la presente legislatura, lamentaron que el Gobierno regional madrileño no la esté materializando. La diputada popular Ana Camins se defendió argumentando que «no es una ley de fácil aplicación», aunque añadió que su despliegue va a ser una realidad «espero que en breve».

Los representantes de los cuatro partidos elogiaron a la Universidad Complutense por el paso dado al desarrollar su Protocolo de Gestión Académica de la Identidad de Género, aunque el representante de Podemos, Eduardo Fernández Rubiño, insistió en que es también necesario que la futura Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (la polémica LEMES, que se está debatiendo en estos momentos en la Asamblea de Madrid) garantice también los derechos de las personas trans y LGBTI para reforzar el respeto a los mismos con independencia de la mayor o menor voluntad de los rectorados.

Tras el debate político, moderado por el delegado de Diversidad de la Complutense Esteban Sánchez, tuvo lugar una mesa redonda organizada por Arcópoli y en la que participaron varias personas trans que debatieron sobre la situación real del colectivo en la Comunidad de Madrid.

29 estudiantes han visto ya modificados sus datos personales

El acto finalizó con la presentación formal del protocolo, que según explicó durante la jornada Laura Jiménez, de Arcópoli (colectivo que tiene precisamente una base universitaria) ya está dando resultados: hasta la fecha son 29 los estudiantes que ya han visto modificados sus datos personales en toda la documentación generada por la Universidad Complutense (carné de estudiante, certificados, listas de clase, actas, censos electorales, etc.).

Os dejamos con el vídeo publicado por la Universidad Complutense en su canal de YouTube que recoge la parte de jornada en la que intervinieron representantes de la Universidad (tanto el debate político como la presentación del protocolo):

Fuente Tribuna Complutense, vía Dosmanzanas

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COGAM lamenta el nombramiento como viceconsejera de Políticas Sociales de Madrid de Miriam Rabaneda, a la que acusa de negar derechos a las personas trans

Sábado, 26 de mayo de 2018

40fa3b0c-86be-43c0-ac49-74679d74248eEl colectivo madrileño COGAM ha lamentado, en un comunicado de prensa difundido este jueves, el  nombramiento de Miriam Rabaneda como nueva viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. COGAM denuncia que Rabaneda negó, en el anterior cargo que ocupó, «derechos básicos a las personas trans». Se refiere, en concreto, a la negativa a que las personas trans pudieran utilizar el nombre que corresponde a su identidad en las tarjetas sanitarias. 

Miriam Rabaneda ha sido alcaldesa de Pinto y directora general de Administración Local de la Comunidad de Madrid. En noviembre de 2016 fue nombrada directora general de Planificación y Formación de la Consejería de Sanidad, un puesto desde el que controlaba, entre otras muchas competencias, la gestión de la tarjeta sanitaria individual. Un documento emitido por la Comunidad de Madrid, y en el que por tanto, según marca la ley integral de transexualidad aprobada por la Asamblea de Madrid en marzo de 2016, las personas transexuales tienen derecho a que figure el nombre que corresponde a su identidad.

Algo a lo que según COGAM denuncia Miriam Rabaneda, la nueva viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, se negó, alegando «problemas informáticos» e invasión de competencias estatales. «Se negaba a entregar los informes jurídicos que justificaran dicha denegación hasta que le obligó el Consejo de Transparencia» argumenta COGAM. Desde la Consejería de Sanidad se argumentó en su momento que la tarjeta sanitaria es un documento vinculado con la Seguridad Social, por lo que cambios en el nombre podrían dar lugar a «distorsiones en el sistema de prestación de servicios», y que obliga también a otras comunidades en caso de prestar asistencia sanitaria a residentes en Madrid. Un argumento que se desmorona si se tiene en cuenta que comunidades como Andalucía o Baleares sí permiten el cambio del nombre en sus respectivas tarjetas sanitarias.

Es por eso que COGAM «quiere expresar su rechazo a este nombramiento dada la negación de derechos humanos básicos que la dirigente [Miriam Rabaneda] ha estado acometiendo durante sus cargos anteriores»«Consideramos una ofensa a las personas trans y sus familias que la directora general que ha sido responsable de no facilitar a las personas trans las tarjetas sanitarias que están siendo facilitadas en otras comunidades autónomas bajo las mismas condiciones haya sido nombrada viceconsejera de Políticas Sociales. Es muy triste tener constancia de que el incumplimiento de la ley trans de Madrid va a continuar hasta el final de la legislatura», ha declarado Emilio García, responsable del grupo Familias Transformando del colectivo madrileño. Desde COGAM afean de hecho al Gobierno regional que asociaciones y colectivos trans «tuvieran que acudir al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que calificó como ‘un problema de discriminación realmente importante’, el no desarrollo de la ley aprobada por mayoría en la Asamblea de Madrid».

COGAM espera también que Ángel Garrido, elegido nuevo presidente de la Comunidad de Madrid como los votos de PP y Ciudadanos tras la dimisión de Cristina Cifuentes, «se involucre personalmente en el desarrollo de los protocolos y reglamentos necesarios para implantar la Ley de Identidad y Expresión de Género, aprobada en 2016. Durante este tiempo el Ejecutivo que dirigía la dimitida Cifuentes no ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para hacer cumplir la ley en ámbitos tan necesarios para las personas trans como el educativo o el sanitario. Haciendo oídos sordos, además, a los colectivos trans y a diversos diputados y diputadas del PSOE y Podemos que han pedido en sede parlamentaria la implantación definitiva de esta ley».

«Es necesario desarrollar el mandato legislativo de desarrollo de la ley», ha declarado por su parte Jesús Grande, presidente de COGAM, que en cualquier caso ha tendido la mano al Gobierno regional para ayudarle a rectificar. «Continuaremos ofreciendo la colaboración con las diferentes consejerías, tal y como hemos venido haciendo hasta ahora, y poniendo nuestros recursos, experiencia y conocimientos a la disposición de la Comunidad de Madrid», ha expresado

Fuente Dosmanzanas

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Las Cortes de Aragón aprueban una avanzada ley integral de transexualidad

Lunes, 23 de abril de 2018

dbi5hsrxcaamsqhEl pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves la «Ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación», una norma que aborda de forma integral la realidad de las personas trans en el ámbito normativo y competencial aragonés. Lo ha hecho, además, por unanimidad, y dando respaldo a un texto en el que han participado activamente colectivos trans y LGTB aragoneses.

Los grupos parlamentarios han trabajado durante casi diez meses la propuesta, remitida en julio a las Cortes por el Gobierno aragonés (una coalición de PSOE y Chunta Aragonesista que cuenta con apoyo parlamentario de Podemos), aunque el texto había sido trabajado por organizaciones como Chrysallis, Towanda o SOMOS LGTB+ (entre otros).

Durante su tramitación parlamentaria se han estudiado más de 80 enmiendas de todos los partidos (los ya mencionados PSOE, CHA y Podemos, además de PP, Partido Aragonés, Ciudadanos e IU). Finalmente, este jueves la cámara aragonesa daba su visto bueno de forma unánime al texto propuesto por la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales, al que puedes acceder aquí. SOMOS LGTB+, unos de los colectivos que ha contribuido, lo celebraba en Twitter, donde publicaba además algunas fotos de la alegría de los activistas presentes:

La nueva ley incorpora el principio de autodeterminación de género y supone la despatologización de las identidades trans en el ámbito competencial de la comunidad autónoma. Reconoce, por ejemplo, el derecho a una documentación adecuada a la identidad de género manifestada en las relaciones con la Administración pública aragonesa. También regula la atención sanitaria a las personas trans en el servicio aragonés de salud e incorpora numerosas medidas a nivel educativo, laboral y empresarial, social y familiar y en campo del ocio, la cultura y el deporte.

Por lo que se refiere a los menores trans, en concreto, la ley aragonesa les reconoce el derecho a recibir el tratamiento médico que precisen para su bienestar. En menores de 14 años el consentimiento lo deberán prestar sus padres o tutores legales, aunque los menores tendrán que ser escuchados. En mayores de esa edad lo prestarán ellos mismos (salvo que estén legalmente incapacitados), con la mera asistencia de sus padres o tutores legales, que podrán en cualquier caso recurrir a la justicia en caso de que consideren que existe un perjuicio. La ley establece, en este sentido, que toda intervención pública deberá estar presidida por el criterio de atención al interés superior del menor y dirigida a garantizar el libre desarrollo de su personalidad conforme a la identidad autopercibida.

La ley incorpora también un apartado dedicado a las personas intersexuales, estableciendo de forma expresa que el sistema sanitario público velará por la erradicación de las prácticas de modificación genital en bebes recién nacidos, salvo que ello sea imprescindible para proteger su salud.

El texto incorpora un capítulo sancionador que enumera una serie de infracciones administrativas en materia de vulneración de los derechos de las personas trans e intersexuales. Las posibles sanciones van desde el apercibimiento o multa de 200 a 3.000 euros (infracciones leves) hasta las multas de 20.001 hasta 45.000 euros, que pueden ir acompañadas de la prohibición de acceder a ayudas públicas o de la inhabilitación temporal para prestar servicios públicos por un periodo de hasta tres años (en el caso de las sanciones muy graves).

Leyes autonómicas de transexualidad 

La aprobación de la nueva ley aragonesa es una buena noticia, como en su momento lo fueron la pionera ley navarra, la vasca, la andaluza (que marcó un antes y un después por su ambicioso planteamiento), la canaria, la extremeña (que no siendo específica de transexualidad incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades), la madrileña o la valenciana.  última de las leyes integrales de transexualidad aprobadas. Hay además leyes de igualdad y contra la discriminación de las personas LGTB que, no siendo específicas de transexualidad, sí que incluyen muchos de los aspectos recogidos en las leyes integrales mencionadas (es el caso de la ley extremeña, la catalana, la murciana o la balear). El siguiente mapa te las muestra de un vistazo:

En cualquier caso, con independencia de las diferentes leyes que sobre esta materia aprueben las comunidades autónomas, queda pendiente a nivel estatal la actualización de la obsoleta ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

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¿Y a nivel estatal?

En cualquier caso, con independencia de las diferentes leyes que sobre esta materia aprueben las comunidades autónomas, queda pendiente a nivel estatal la actualización de la ya obsoleta ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez (el propio Tribunal Supremo ha cuestionado su constitucionalidad por ese motivo) y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal. Una ley que en 2007 significó un avance sobre la situación anterior, pero a día de hoy es un texto ya desfasado.

A este respecto, el Congreso tramita en estos momentos una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores. La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de de las leyes integrales de transexualidad arriba mencionadas.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento Europeo exige la prohibición de las “terapias de conversión”

Lunes, 5 de marzo de 2018

27773_europarlamento-bandera-lgtbEl Parlamento Europeo apoya, con mayoría aplastante, una enmienda que condena las “terapias de conversión” y exige a los estados miembro que las prohíban.

También han exigido educación escolar que prevenga la discriminación y hacen un llamamiento por la despatologización de las identidades trans. 

El Parlamento Europeo ha aprobado este 1 de marzo, con considerable retraso, el informe sobre los derechos fundamentales en la Unión en 2016. El texto da cuenta de la situación de la población LGTBI e insta a los países miembros a que apliquen las medidas oportunas para acabar con la discriminación. El informe insiste de nuevo en la necesidad del reconocimiento supraestatal de las uniones entre personas del mismo sexo, así como aboga por la despatologización de la transexualidad y la prohibición de las terapias reparadoras de la orientación sexual.

Las personas LGTB+ somos lo que somos y no podemos “curarnos” ni “cambiar” puesto que no hay nada que curar ni cambiar. Esto, que parece una obviedad, es algo que muchos grupos conservadores no acaban de entender. Uno de esos grupos, por cierto, es el Partido Popular de Javier Maroto, que para no apoyar la Ley LGTBI de Podemos presentó la suya propia en la que eliminaron la prohibición de las “terapias de conversión”.

Habrá que ver qué dice ahora el Partido Popular después de que el Parlamento Europeo haya votado con una amplísima mayoría (435 votos contra 109) un texto que condena esas “terapias” como peligrosas e insta a los países miembros a prohibirlas.

El Parlamento Europeo acoge la iniciativa que prohíbe las terapias de conversión LGTBI y la patologización de las identidades trans, y urge a todos los Estados Miembros a adoptar medidas similares que respeten y pongan el alza el derecho a la identidad de género y a la expresión de género.“, dice el texto; que se aprobó como enmienda al informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea.

Las terapias de conversión en menores están prohibidas en nueve de los Estados Unidos (y cada vez son más los que toman esa decisión), así como en Suiza, Malta, Taiwan, dos provincias canadienses y el estado australiano de Victoria.

Pero el texto aprobado por el P.E. también condena la discriminación contra las personas LGTB+ y urge a “la inclusión en el currículum escolar de educación sobre el valor de la tolerancia“, en el que se traten temas como la lucha contra la LGTBfobia y otras formas de discriminación. Además también pide a la Comisión y a los Estados Miembro que garanticen la libre circulación de las parejas homosexuales y sus familias; y exigen que “se reconozca el cambio de género [de las personas trans] y se provea un acceso rápido, accesible y transparente a los procedimientos de reconocimiento legal del género sin requisitos médicos como la cirugía o la esterilización“.

El 6 de julio de 2017 se anunció en sesión plenaria del Parlamento Europeo la presentación del informe sobre la situación de la ciudadanía en relación a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea durante el 2016. Sin embargo, hasta el 1 de febrero de este 2018 no se inició el proceso de aprobación en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior quien, tras las enmiendas oportunas dio su respaldo el día 13 del mismo mes. El informe fue presentado a debate en la sesión plenaria del Parlamento del 28, y finalmente fue sometido a votación el pasado 1 de marzo.

Del texto definitivo fue ponente fue el luxemburgués Frank Engel, perteneciente al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos). Tras el debate y la toma en consideración de nuevas enmiendas, fue aprobado por 429 votos a favor, 135 en contra y 69 abstenciones. La resolución, que no es vinculante, insta a la Comisión Europea y los Estados miembros a que apliquen las medidas oportunas en asuntos como los derechos de inmigrantes y refugiados, la protección a la infancia, la igualdad entre hombres y mujeres o la lucha contra la discriminación de las minorías. En cuanto a este último asunto, recuerda las obligaciones contraídas con estos dos artículos:

El Parlamento Europeo (…)

50.  Observa que la propuesta de Directiva sobre igualdad de trato de 2008 sigue todavía pendiente de la aprobación del Consejo; reitera su llamamiento al Consejo para que adopte su posición lo antes posible;

52.  Recuerda que los derechos humanos son universales y que las minorías no deben sufrir discriminaciones; hace hincapié en que los derechos de las minorías son parte inalienable del principio del Estado de Derecho; señala que existe un riesgo mayor de violación de los derechos de las minorías cuando no se respeta el Estado de Derecho;

Respecto a los derechos de las personas LGTBI, el Parlamento lamenta la discriminación que aún sufren las personas LGTBI, e incide en la condena de las terapias reparadoras de la homosexualidad, en la necesidad urgente de despatologización de la transexualidad y en las violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentan las personas intersexuales en todas las esferas de la vida. Estos son los artículos relacionados (las negritas son nuestras):

El Parlamento Europeo (…)

59.  Anima a incluir la educación sobre los valores de la tolerancia en los planes de estudios escolares para dotar a los niños de los instrumentos que necesitan para identificar todas las formas de discriminación, con independencia de que se dirija contra los musulmanes, los judíos, los africanos, la población romaní o las personas LGBTI o contra cualquier otra minoría;

60.  Pide a la Comisión que comparta las mejores prácticas de los Estados miembros para abordar los estereotipos de género en la escuela;

61.  Lamenta que las personas LGBTI sean víctimas de acoso e intimidación y sufran discriminación en diferentes aspectos de sus vidas;

62.  Condena todas las formas de discriminación contra las personas LGBTI; anima a los Estados miembros a que adopten leyes y políticas de lucha contra la homofobia y la transfobia;

63.  Anima a la Comisión Europea a que presente un programa que garantice la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos respetando las competencias de los Estados miembros, y a que supervise una transposición y aplicación adecuadas de la legislación de la Unión relativa a las personas LGBTI; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que trabajen en estrecha cooperación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos de las personas LGBTI;

64.  Insta a los Estados miembros que han adoptado legislación relativa a las uniones y/o los matrimonios del mismo sexo a que reconozcan las normas adoptadas por otros Estados miembros con efectos similares; recuerda la obligación de los Estados miembros de aplicar en su totalidad la Directiva 2004/38/CE, incluidas las parejas del mismo sexo y sus hijos; acoge con satisfacción que cada vez más Estados miembros hayan introducido o adaptado sus leyes sobre cohabitación, unión civil y matrimonio para superar las discriminaciones basadas en la orientación sexual que han sufrido las parejas del mismo sexo y sus hijos, y pide a otros Estados miembros que introduzcan una legislación similar; insta a la Comisión a que presente una propuesta para el reconocimiento mutuo pleno de los documentos acreditativos del estado civil en toda la Unión que incluya el reconocimiento jurídico de género, los matrimonios y las uniones de hecho registradas, a fin de reducir las trabas administrativas y jurídicas discriminatorias a las que se enfrentan los ciudadanos a la hora de ejercer sus derechos a la libre circulación;

65.  Acoge con satisfacción las iniciativas por las que se prohíben las terapias de conversión LGBTI y se prohíbe la patologización de las identidades trans e insta a todos los Estados miembros a que adopten medidas similares que respeten y apoyen el derecho a la identidad de género y la expresión de género;

66.  Lamenta que las personas transgénero sigan siendo consideradas enfermas mentales en la mayoría de los Estados miembros y pide a estos Estados que revisen sus clasificaciones nacionales de los trastornos mentales y que desarrollen modelos alternativos de acceso exentos de estigma, garantizando al mismo tiempo que todas las personas transexuales puedan acceder al tratamiento médico necesario; lamenta el hecho de que, en la actualidad, varios Estados miembros sigan imponiendo a las personas transgénero requisitos, como la intervención médica para que se reconozca su cambio de género (también en los pasaportes y documentos de identidad oficiales) y la esterilización forzosa como condición para la reasignación de género; señala que estos requisitos constituyen claramente violaciones de los derechos humanos; pide a la Comisión que oriente a los Estados miembros sobre los mejores modelos de legislación en materia de reconocimiento del género de Europa; pide a los Estados miembros que reconozcan el cambio de género y faciliten el acceso a procedimientos de reconocimiento legal de género rápidos, accesibles y transparentes, sin requisitos médicos como la cirugía, la esterilización o el consentimiento psiquiátrico;

67.  Acoge con satisfacción la iniciativa demostrada por la Comisión al promover que la identidad transgénero deje de considerarse una patología en el marco de la revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud; pide a la Comisión que redoble los esfuerzos dirigidos a evitar que la inconformidad de género en la infancia se convierta en un nuevo diagnóstico de la CIE;

68.  Pide a la Comisión que recopile datos sobre, y que oriente a los Estados miembros sobre las mejores prácticas para proteger los derechos fundamentales de estas personas; lamenta que siga practicándose la cirugía de «normalización» genital en niños intersexuales en los Estados miembros de la Unión Europea pese a no ser necesaria desde el punto de vista médico y a que los procedimientos médicos en niños les causan un trauma psicológico a largo plazo;

69.  Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva sobre los derechos de las víctimas y que identifiquen y colmen las lagunas existentes en sus sistemas de protección de los derechos de las víctimas, prestando especial atención a los grupos vulnerables, como los derechos de los niños, de los grupos minoritarios o de las víctimas de delitos motivados por el odio.

En el debate, participaron algunos de los eurodiputados españoles. Teresa Jiménez-Becerril Barrio (del Partido Popular) expresó su voto favorable y calificó de acertado el informe en su denuncia de la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, de la trata, de los colectivos LGTB víctimas del odio o de los migrantes, aunque lamentó la falta de menciones a los derechos de las víctimas del terrorismo, recordando los últimos atentados sufridos en distintas ciudades europeas. Juan Fernando López Aguilar (del Partido Socialista Obrero Español) describió el paisaje de los derechos fundamentales en Europa como «oscuro, señalado por el populismo, el nacionalismo extremo, el odio al diferente, la estigmatización del otro y el discurso del odio que conduce a la xenofobia y al racismo» y abogó por la lucha contra todo tipo de discriminación. Por último, Ramon Tremosa i Balcells (del PDeCAT) dedicó toda su intervención a la situación política de Cataluña.

Estos fueron los votos de los eurodiputados españoles:

  • A favor:
    • Grupo Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa:
      • Beatriz Becerra Basterrechea (Independiente), Izaskun Bilbao Barandica (PNV), Enrique Clavet Chambon, (Independiente), María Teresa Giménez Barbat (no afiliada), Javier Nart Peñalver (Ciudadanos), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (UPyD) y Ramon Tremosa i Balcells (PDeCAT).
    • Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica:
      • Xabier Benito Ziluaga (Podemos), Tania González Peñas (Podemos), Lola Sánchez Caldentey (Podemos), Estefanía Torres Martínez (Podemos) y Miguel Urbán Crespo (Podemos).
    • Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos):
      • Pilar Ayuso González (PP), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PP), Rosa Estaràs Ferragut (PP), Santiago Fisas Ayxelà (PP), Francesc Gambús i Millet (no inscrito), Esteban González Pons (PP), Luis de Grandes Pascual (PP), Esther Herranz García (PP), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PP), Verónica Lope Fontagné (PP), Antonio López-Istúriz White (PP), Gabriel Mato Adrover (PP), Francisco José Millán Mon (PP) y José Ignacio Valcárcel Siso (PP).
    • Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo:
      • Clara Eugenia Aguilera García (PSOE), Inés Ayala Sender (PSOE), José Blanco López (PSOE), Soledad Cabezón Ruiz (PSOE), Jonás Fernández Álvarez (PSOE), Iratxe García Pérez (PSOE), Eider Gardiazabal Rubial (PSOE), Enrique Guerrero Salom (PSOE), Sergio Gutiérrez Prieto (PSOE), Ramón Jáuregui Atondo (PSOE), Juan Fernando López Aguilar (PSOE), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (PSOE) y Elena Valenciano Martínez-Orozco (PSOE).
  • En contra:
    • Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos):
      • Pilar del Castillo Vera (PP) y José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PP).
  • Abstenciones:
    • Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica:
      • Javier Couso Permuy (IU), Paloma López Bermejo (IU), María Lidia Senra Rodríguez (Alternativa galega de esquerda en Europa) y Ángela Vallina de La Noval (IU).

Las diputadas Terry Reintke y Malin Björk, copresidenta y vicepresidenta respectivamente del Intergrupo LGTBI del Parlamento Europeo, hacían la siguiente declaración:

A pesar del gran progreso en muchos países durante la última década, la discriminación contra las personas LGTBI sigue siendo una realidad en la Unión Europea. Las personas LGBTI deben permanecer libres de discriminación, intimidación y violencia. Se debe garantizar su derecho a la autodeterminación y se debe proteger su integridad física.

Este informe es una evaluación clave para salvaguardar los derechos fundamentales en la Unión Europea. Ahora contamos con el Consejo de Europa y la Comisión Europea para seguir trabajando en la protección y salvaguarda de los derechos de las personas LGTBI en todas las áreas de la vida.

Por su parte, la vicepresidenta de la formación, Sirpa Pietikäinen, hacía la siguiente reflexión sobre las terapias de conversión LGTBI:

Actualmente, solo el Reino Unido, Malta y algunas regiones de España han prohibido explícitamente las terapias de conversión LGBTI. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Humanos ya han condenado la práctica de las terapias de conversión en varios países.

Hoy, por primera vez, el Parlamento Europeo toma una posición contra las terapias de conversión LGBTI. Este informe es un ejemplo de cómo la Unión Europea puede estar a la vanguardia de la lucha por los derechos fundamentales.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras. “Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Pink News, vía EstoyBailando/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El Partido Popular se queda sólo en el Congreso: La Ley LGTBI sigue adelante y su enmienda a la totalidad ha sido rechazada

Lunes, 26 de febrero de 2018

Congreso de los Diputados cercaLos parlamentarios han recordado en sus intervenciones a Ekai, el joven trans que se suicidó el pasado 15 de febrero en Ondarroa (Vizcaya)  y han deseado que no haya más víctimas por ese motivo.

La Ley de Igualdad LGTB podría ver la luz este verano, a tiempo para la celebración del Orgullo.Se hicieron la foto en el WorldPride Madrid 2017.

Prometieron apoyar la ley contra la LGTBIfobia… pero a la hora de la verdad han presentado una enmienda a la totalidad. El Partido Popular ha jugado, una vez más, con el colectivo LGTBI. Pero, esta vez, han perdido. Se han quedado solos. El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy la enmienda a la totalidad que el Grupo Popular ha presentado a la proposición de Ley de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, que continúa así su tramitación.

El Pleno aprobó la toma en consideración de esta proposición de ley el pasado 19 de septiembre de 2017, pero el Grupo Popular presentó una enmienda a la totalidad de esta iniciativa que ha defendido hoy en Pleno, con un texto alternativo que es el que hoy se ha votado con resultado desfavorable para el PP.

El Congreso, con el voto de todos los grupos de la oposición, ha rechazado el texto alternativo del PP a la ley LGTBI de Podemos, por considerar que es una propuesta vacía y ofensiva para las víctimas, como Ekai, el adolescente transexual que se suicidó en Euskadi.

Durante el debate el Pleno del Congreso de los Diputados, los grupos de la oposición han pedido al PP que retire su enmienda a la totalidad, que ha obtenido 207 votos en contra y solo 131 a favor, y han propuesto que presente sus propuestas de cambio a través de enmiendas a la ley de Igualdad LGTBI.

Representantes de la FELGTB, que han asistido al debate aunque se han retirado durante la intervención del PP, han celebrado que haya “triunfado la razón y el sentido común”, porque suponía una “ofensa”, especialmente para el colectivo trans porque no reconoce el “derecho histórico” a que la transexualidad deje de ser considerada una enfermedad.

Su presidente, Jesús Generelo, ha subrayado que “esta enmienda a la totalidad no debería de haberse producido nunca porque había un gran consenso”.

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha justificado que su partido haya rechazado la proposición de ley LGTB de Podemos por las “barbaridades” que incluye, como la de permitir cerrar medios de comunicación que difundan algo en contra del colectivo.

En los pasillos del Congreso, Maroto ha asegurado que el PP “no tiene ningún problema” con el colectivo LGTB pero la propuesta de Podemos “se equivoca” en algunas cuestiones, y ha reprochado al PSOE y Cs por apoyar la iniciativa pese a que en privado están de acuerdo en los errores que incluye.

Entre ellos se ha referido a la posibilidad de poder cerrar medios de comunicación que “digan algo en contra del colectivo”, y también ha criticado que el texto incluya la posibilidad de quitar la custodia a los padres que no autoricen a sus hijos el cambio de género, ya que se trata de cuestiones “muy importantes” que se “deben tratar en familia”.

El PP se ha quedado hoy solo como único partido contrario a la propuesta de Podemos y ha visto como el resto del arco parlamentario ha rechazado su enmienda a la totalidad.

Una enmienda que Maroto ha destacado porque incluía una proposición alternativa, que era además, ha dicho, la primera del PP sobre el colectivo LGTB, al que su partido, ha asegurado, defiende.

La ley en defensa del colectivo LGTBI sigue, por tanto, su trámite parlamentario. Y no gracias al PP. Que no se le olvide a nadie cuando en el próximo Orgullo quieran desfilar, tener carroza y hacerse la foto.

Fuente Agencias, vía AmbienteG

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El PP retira en el Parlamento de La Rioja la solicitud de María Elósegui como experta en Ley de Igualdad

Sábado, 17 de febrero de 2018

maria_elosegui_itxaso_2016_cropped-jpegEl jefe del Ejecutivo riojano ha justificado la renuncia a la participación de Elósegui en la ponencia de esa ley en su reciente nombramiento como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, ha comunicado hoy que el Grupo Parlamentario Popular registró ayer en la Cámara regional la retirada de su solicitud de la comparecencia de María Elósegui como experta en la redacción de la futura Ley de Igualdad de La Rioja.

Ceniceros ha intervenido en el pleno del Parlamento de La Rioja para responder a una pregunta del diputado de Podemos Juan Calvo sobre la petición de la comparecencia de esta jurista como experta.

El jefe del Ejecutivo regional ha justificado la renuncia a la participación de Elósegui en la ponencia de esa ley en su reciente nombramiento como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También ha considerado que “no debería proceder la formulación de esta pregunta” porque él acude al Parlamento a someterse al control de la acción del Gobierno. “No procede entrar en este apartado en el debate, se refiere a una determinación que ha tomado un grupo parlamentario, siempre contestaré gustosamente sobre las actuaciones del Gobierno, no de los grupos”, ha recalcado.

 Calvo se ha alegrado de esta “rectificación” porque, ha dicho que Elósegui, catedrática en la Universidad de Zaragoza, considera que “la homosexualidad produce patologías”, de modo que el diputado de Podemos ha calificado como “un grave error” que participara como experta en la elaboración de la Ley de Igualdad de La Rioja. Ha lamentado que “esta señora mantenga posiciones transfóbicas y homofóbicas”, al defender que la transexualidad es una patología severa, que requiere terapias psicológicas y psiquiátricas.

El parlamentario de la formación morada también ha considerado “preocupante” las reflexiones de Elósegui sobre el matrimonio igualitario y que califique como “promiscuas” a las personas LGTBI. Ha emplazado a Ceniceros a manifestar su opinión sobre la homofobia y la transfobia porque la rectificación al retirar la petición de comparecencia no supone que “no opinen igual” que ella. Además, ha dicho que Elósegui tenía que haber dimitido o haber sido relevada como juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por sus “lamentables” opiniones y por haber “falseado” su currículum.

Por su parte, la diputada socialista Ana Santos también ha preguntado en el pleno sobre esta petición de comparecencia, por parte del PP, de Elósegui; ante lo que la consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui, se ha remitido a lo ya contestado por Ceniceros.

Santos, en su intervención, ha afirmado que no duda de la preparación y conocimientos de Elósegui, pero “su trayectoria está llana de prejuicios”; y ha dicho que al PSOE le “ha indignado” que el Grupo Popular designara entre los expertos a esta jueza, quien “apela a terapias psicológicas y psiquiátricas para curar la transexualidad”.

Ha preguntado al Grupo Popular cómo puede ser que apoye con su voto una campaña de sensibilización y normalización de la realidad LGTBi en el Parlamento de La Rioja y, por otro lago, proponga un perfil como experta a quien mantiene “postulados discriminatorios”.

Santos ha dicho que se caracteriza por su persistencia y hablará del colectivo LGTBI “hasta el último instante por los veinte años de silencio en este Parlamento”.

Fuente Cáscara Amarga

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75 eurodiputados se adhieren a una carta de los socialistas españoles en la que se pide la revocación del nombramiento de María Elósegui

Martes, 13 de febrero de 2018

maria_elosegui_itxaso_2016_cropped-jpegLa delegación socialista española (PSOE) en el Parlamento Europeo ha promovido una carta que solicita la revocación del nombramiento de María Elósegui como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (puedes descargarla aquí). Por lo que se refiere a los eurodiputados españoles, a la carta se han adherido todos los eurodiputados de Podemos y de Izquierda Unida, así como varios de los integrados en el grupo liberal del Parlamento Europeo (ALDE). En concreto, la independiente Beatriz Becerra (una eurodiputada muy destacada por su defensa de los derechos LGTB), así como Izaskun Bilbao (PNV), Maite Pagazaurtundúa (UPyD), Carolina Punset (Ciudadanos) y Ramón Tremosa (PDeCAT).

Por el contrario, no han secundado la misiva ni Javier Nart (el otro eurodiputado de Ciudadanos) ni Enrique Calvet ni Teresa Giménez Barbat. Estos dos últimos, al igual que Beatriz Becerra, fueron  elegidos en su momento en las listas de UPyD (aunque luego abandonaron el partido). Todos ellos forman parte de ALDE, el grupo liberal del Parlamento Europeo.

Tampoco la han secundado el eurodiputado de EH Bildu Josu Juaristi ni la eurodiputada de Alternativa Galega de Esquerda Lidia Senra (que abandonó en marzo de 2017 la delegación de Izquierda Plural y que ya no está integrada en el grupo de la Izquierda Unitaria Europea), así como ninguno de los eurodiputados del Partido Popular. Cabe señalar, en este sentido, que la delegación socialista española en el Parlamento Europeo recabó para su carta el apoyo de distintos grupos políticos de la Eurocámara, pero no de todos. No lo hizo “del Partido Popular Europeo, de los no inscritos y de las formaciones antieuropeas y xenófobas”, según el comunicado en el que anunciaron la iniciativa.

La carta cuenta con 75 firmas en total (un 10% del total de eurodiputados) y ha sido remitida este lunes al presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Michele Nicoletti, y al presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Guido Raimondi. En ella los firmantes expresan su profunda preocupación por las opiniones vertidas por María Elósegui en diferentes trabajos y conferencias en referencia a la homosexualidad y a la transexualidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recordemos, no es una institución vinculada a la Unión Europea, sino al Consejo de Europa, y sun función es la de actuar como garante de los derechos reconocidos por la Convención Europea de Derechos Humanos y sus protocolos adicionales.

Elósegui no piensa dimitir

Este sábado nos hacíamos eco, precisamente, de la negativa de Elósegui a renunciar a su cargo por voluntad propia. En una entrevista a El Confidencial, se mostraba incluso desafiante hacia los que se lo han pedido. “Que pidan lo que quieran, yo ya he sido nombrada magistrada y eso es irreversible e irrevocable”, declaraba.

Dosmanzanas fue el primer medio que el pasado 24 de enero hizo hincapié en los antecedentes LGTBfobos de Elósegui, aunque no fue hasta un día después, cuando eldiario.es publicó la información e incluyó algunas referencias más, cuando la noticia alcanzó eco nacional. Elósegui formaba parte de la terna de candidatos que el Gobierno de Mariano Rajoy había presentado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para ocupar la vacante española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aunque no era la que contaba con las preferencias de la comisión evaluadora, la Asamblea Parlamentaria acabó decantándose por ella. Sus supuestos méritos en materia de igualdad de género fueron sin duda uno de los elementos que jugaron a su favor. Posteriormente se supo además que Elósegui había falseado el currículum que había presentado (aquí puedes verlo, junto al de los otros dos candidatos). Aseguraba haber elaborado el borrador de la ley de igualdad aprobada en 2007 y promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que no es cierto.

Son diversos los trabajos en los que de forma consistente Elósegui expone sus tesis homófobas y tránsfobas. Pero valga un ejemplo muy revelador: nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTube de Una Mujer Una Voz. En ella, Elósegui se refiere a la transexualidad como “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia, es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, asegura. En definitiva: la transexualidad es un síndrome psiquiátrico para la que propone “terapia psíquica” con objeto de “reconstruir” la aceptación del sexo cromosómico. Terapia reparadora, dicho con otras palabras.

De ahí que tanto los colectivos LGTB españoles como europeos hayan expresado su inquietud. Como también contamos el sábado, ILGA-Europa, la organización “paraguas” que agrupa a casi 500 colectivos y entidades LGTBI de todo el continente, ha hecho público un comunicado, firmado además por Transgender Europe, en la que asegura que vigilará muy estrechamente la situación. “Esperamos que todos los jueces elegidos para servir en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo hagan con una mentalidad abierta y libre de sesgos. Cualquier indicio de sesgo anti-LGTBI es, obviamente, causa de preocupación”, señala el comunicado. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha suscrito también la declaración, recordando además que, de forma conjunta con el colectivo DeFrente, está recogiendo firmas para instar a los representantes españoles en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que hagan todo lo que esté en su mano para evitar que Elósegui tome posesión del cargo en marzo.

Fuente Dosmanzanas

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El PP de La Rioja ya consideraba a María Elósegui “experta” en transexualidad antes de ser elegida jueza en Estrasburgo y el PSOE inicia una campaña europea para revocar su nombramiento

Viernes, 2 de febrero de 2018

maria_elosegui_itxaso_2016_cropped-jpegLos socialistas europeos inician una recogida de firmas en el Parlamento Europeo para exigir que María Elósegui se retracte de sus comentarios LGTBfóbicos.

Si la catedrática no reacciona, el PSOE enviará una carta exigiendo la revocación del nombramiento de Elósegui como jueza del TEDH.

El Partido Popular de La Rioja ha invitado a la María Elósegui, la catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza cuyo pensamiento LGTBfobo saltó a los medios tras ser elegida jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como “experta” para hacer aportaciones a la futura ley de igualdad, reconocimiento a la identidad de género y derechos de las personas transexuales, cuya toma en consideración fue aprobada en noviembre con el voto favorable de PSOE, Ciudadanos y Podemos y la abstención de los populares. Un detalle nos llama la atención: la invitación a Elósegui fue hecha antes de que estallase la polémica, lo que a nuestro juicio sugiere que, al menos en parte, el Partido Popular conocía sus postulados. 

Dosmanzanas fue el primer medio que el pasado día 24 hizo hincapié en los antecedentes LGTBfobos de Elósegui, aunque no fue hasta un día después, cuando eldiario.es publicó la información e incluyó algunas referencias más, cuando la noticia alcanzó eco nacional. Elósegui formaba parte de la terna de candidatos que el Gobierno de Mariano Rajoy había presentado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para ocupar la vacante, y aunque no era la que contaba con las preferencias de la comisión evaluadora, la Asamblea Parlamentaria acabó decantándose por ella. Sus supuestos méritos en materia de igualdad de género fueron sin duda uno de los elementos que jugaron a su favor. Posteriormente se supo además que Elósegui había falseado el currículum que había presentado (aquí puedes verlo, junto al de los otros dos candidatos). Aseguraba haber elaborado el borrador de la ley de igualdad aprobada en 2007 y promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que no es cierto.

Lo sucedido desde entonces es bien conocido: PSOE y Unidos Podemos, por ejemplo, han pedido directamente el cese de Elósegui por el falseamiento del currículum, mientras que Ciudadanos ha criticado duramente su inclusión en la terna y ha pedido explicaciones al Gobierno. En change.org, por su parte, hay en marcha una petición de dimisión de Elósegui, dirida además a los representantes de España en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para que hagan “haga todo lo que esté en su mano” para que no llegue a tomar posesión de su cargo. Y son solo algunas de las reacciones…

El PP de La Rioja ya había invitado a Elósegui como “experta” en transexualidad

Este miércoles, sin embargo, se añadía una pieza más al vodevil, al conocerse que María Elósegui ha sido invitada por el PP al Parlamento de La Rioja como “experta” para hacer aportaciones a la futura ley de igualdad, reconocimiento a la identidad de género y derechos de las personas transexuales. En noviembre, recordemos, el Parlamento riojano aprobaba la toma en consideración de una proposición de ley en ese sentido promovida por PSOE, Ciudadanos y Podemos, y ante la que los populares preferían abstenerse.

Una invitación que según el portavoz parlamentario del PP, Jesús Ángel Garrido, fue anterior a que la LGTBfobia de Elósegui saltara a los medios. Según asegura el diario La Rioja, Garrido no ha aclarado si ahora se le retirará la invitación. “Podría ser, pero lo cierto es que no hemos tenido tiempo ni de planteárnoslo“, ha declarado. “La ahora juez de Estrasburgo supongo que tendrá una agenda muy complicada, pero lo que sí quiero dejar claro es que el criterio de elección, en su momento antes de hacerse públicas las supuestas manifestaciones que luego ha desmentido, fue por currículo científico”, añadía a este periódico.

El colectivo riojano Gylda ya ha expresado su absoluto rechazo a la presencia de Elósegui en el Parlamento regional, criticando además la actitud del PP por lo que la aprobación de la ley de transexualidad se refiere. “Gylda siempre se ha caracterizado por mantener un trato correcto con todas las fuerzas políticas y que continuaremos llevando a cabo, manteniendo reuniones, promoviendo iniciativas, etc. (…) Durante este último año, nuestra entidad ha mantenido varias reuniones con el PP, la última con su portavoz parlamentario don Jesús Garrido, en la que pudimos constatar el total desconocimiento de la realidad trans por parte de esta fuerza política, ofertándoles la posibilidad de reunirse con personas trans y especialmente, con madres y padres de menores trans para que pudieran conocer de primera mano su realidad, circunstancia que el PP no ha aceptado a día de hoy”explican de hecho en su nota, en la que acusan además a este partido de querer dilatar los plazos para que acabe la legislatura sin que la ley sea aprobada.

En toda esta historia, lo que más nos llama la atención es el hecho de que el PP de La Rioja hubiera tramitado la invitación a Elósegui para opinar sobre una ley de transexualidad ANTES de que saltara a los medios la polémica sobre su LGTBfobia. Una circunstancia que nos hace pensar que ese partido (o al menos alguien en ese partido) era plenamente consciente de sus posicionamientos sobre el tema, “supuestamente” desconocidos por los partidos políticos hasta la semana pasada. Y es que, como ya resaltamos en la primera entrada que dedicamos al tema (un día antes que los medios generalistas) es al referirse a la transexualidad cuando Elósegui expresa sus opiniones más extremas. Nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTubede Una Mujer Una Voz.

En ella, Elósegui se refiere a la transexualidad como “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia, es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, asegura. En definitiva: la transexualidad es un síndrome psiquiátrico para la que propone “terapia psíquica” con objeto de “reconstruir” la aceptación del sexo cromosómico. Terapia reparadora, dicho con otras palabras.

Es grave que alguien como Elósegui vaya a ocupar una plaza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero también es muy grave que en pleno 2018, casi trece años después de que el PP invitara a Aquilino Polaino al Senado de España para insultar a las personas homosexuales, haga lo mismo en La Rioja con las personas transexuales. Y de forma a todas luces consciente: si el PP no conocía las opiniones de Elósegui sobre las personas transexuales ¿para qué la invitó a una ley dedicada a este colectivo?

El PSOE inicia una campaña europea para revocar su nombramiento

Pues mientras el mismo PP invita a esta mujer a participar en la redacción de la Ley Integral Trans de la Rioja desde el PSOE han empezado una campaña a nivel europeo contra su nombramiento. Los diputados socialistas españoles en el Parlamento Europeo han iniciado una recogida de firmas para exigir a Elósegui que se retracte de sus declaraciones pasadas sobre el colectivo LGTB+. Entre las cosas que esta mujer nos ha ido dedicando está, por ejemplo, su idea de que una persona trans lo que tiene que hacer es buscar ayuda psicológica en lugar de vivir en contra de su “biología”, que los homosexuales no es que estemos enfermos pero sí que transmitimos muchas enfermedades y sufrimos varias patologías o que el preservativo es malo porque eso hace que los violadores violen más.

Si Elósegui no se retractara de esas declaraciones, los socialistas europeos enviarán una carta a Michele Nicoletti, presidente de la Asamblea del Consejo de Europa, y a Guido Raimondi, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para exigir que se revoque su nombramiento.

Los socialistas europeos insisten en que la igualdad de género y la lucha contra la LGTBfobia deberían ser ejes fundamentales de las instituciones de la UE, y en pedir que Elósegui se retracte ya que lleva años esparciendo el odio contra el colectivo LGTB+ como para que ahora tenga algo que decir sobre nuestros derechos a nivel europeo.

Por respeto a todo lo que el colectivo LGTB+ y las mujeres han sufrido y siguen sufriendo por culpa de personas con las ideas de Elósegui su nombramiento ni siquiera debería haber sido propuesto.

 Fuente Europapress/ Dosmanzanas/EstoyBailando

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Campaña del Gobierno de Baleares con cámara oculta para concienciar sobre la realidad trans

Miércoles, 10 de enero de 2018

dtcfhkexcamgiegCuriosa campaña del Gobierno de las Islas Baleares, que se ha servido de una cámara oculta para concienciar a los ciudadanos de esa comunidad de la realidad de las personas trans. La secuencia muestra a varias personas cis, hombres y mujeres, que se detienen a tomar un café y que no tratados por el camarero de acuerdo a una identidad de género que no les corresponde. Lo mismo que les ocurre a diario a tantas y tantas personas trans.

La cámara oculta recoge a varias personas que “caen en la trampa” de degustar un café ecológico gratuito en una cafetería ambulante. El camarero se dirige a ellos con absoluta educación, pero utilizando los términos equivocados por lo que a su identidad de género se refiere. “Un cortado para el caballero, y un café solo para el otro caballero“, comenta en referencia a dos chicas. “¿Y sus mujeres donde están, en casa?” les pregunta a un grupo de mujeres. “Hombre, sus mujeres somos nosotras”, responden estas, estupefactas. “Un placer, guapa”, le dice a un joven. “¿Guapa?”, se pregunta este, sorprendido. Y así con el resto.

Poco a poco, se nota como los diferentes clientes se van encontrando más incómodos, en algún caso visiblemente molestos. Hasta que finalmente aparecen un chico o una chica (según el caso), que se dirigen a ellos y les comentan que la sensación de incomodidad que sienten en ese momento es la que sienten de forma habitual las personas trans cuando se dirigen a ellas de forma inadecuada: “Lo que habéis vivido durante un par de minutos es lo que vivimos las personas transexuales a lo largo de nuestra vida”. Los clientes, entonces, comienzan a comprender…

“No te confundas. Respetando a las otras personas te respetas a ti”, finaliza el vídeo, que ha sido difundido por el Gobierno de Baleares en Twitter, Facebook y YouTube con el lema La identidad no se impone; se crea, se siente, se disfruta… Pero, sobre todo, se respeta. Ponte en la piel de los otros y hazlo” y el hashtag #dretstrans.

Os dejamos con el vídeo:

El Gobierno de Baleares está compuesto por una coalición entre el PSIB-PSOE y Més per Mallorca, y cuenta con el apoyo parlamentario de Podemos Y Més per Menorca. Su presidenta es la socialista Francina Armengol.

Fuente Govern de les Illes Balears, vía Dosmanzanas

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El PP vuelve a incumplir un compromiso previo con los colectivos LGTBI y entierra el proyecto de ley de igualdad y diversidad sexual en Castilla y León

Miércoles, 27 de diciembre de 2017

bandera-castilla-y-leon-15513092009051011005197531005456xEl Partido Popular lo ha vuelto a hacer, por tercera vez en solo unas pocas semanas: tras incumplir su compromiso de apoyar una ley estatal de igualdad LGTBI y de actualizar la ley de identidad de género en sentido despatologizador, en ambos casos en el Congreso de los Diputados, ahora es la prometida ley de igualdad y diversidad sexual de Castilla y León a la que los populares dan la espalda.

Hace ya un año que diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaron en las Cortes regionales su propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, promovida en Extremadura por el PP cuando gobernada aquella comunidad, y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad de todos los grupos presentes entonces en el Parlamento extremeño. Todo un guiño a los populares, con el objetivo de conseguir que estos se sumaran al consenso. Y así parecía que iba a ser: tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, habían expresado su voluntad de aprobar un ley de este tipo, al menos tras perder en 2015 la mayoría absoluta de la que disponían en el Parlamento regional. En febrero de este año, de hecho, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, anunciaba el compromiso del Gobierno regional de presentar un proyecto de ley.

De hecho, durante todo este tiempo se ha trabajado en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos LGTB castellano-leoneses, de hecho, hicieron concesiones “dolorosas” sobre la propuesta inicial, en palabras del presidente de la FECyLGTB+, Ignacio Paredero. Álvaro Escudero, de Valladolid Diversa, ha denunciado que además el PP había asumido como propias peticiones de grupos ultraconservadores, como habilitar baños específicos para personas trans en centros de enseñanza o eliminar contenidos sobre diversidad de género en los programas educativos. Inclusiones rechazadas por los colectivos, que a pesar de ello se mantenían esperanzados de que la tramitación del proyecto se iniciase en 2017, tal y como la Junta de Castilla y León se había comprometido.

Finalmente, los colectivos castellano-leoneses recibían la pasada semana la confirmación por parte de la Junta de que el proceso quedaba detenido. El argumento esgrimido por la Junta es que ya se ha iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI. La noticia coincidía, paradójicamente, con la aprobación en el Parlamento andaluz de una ley similar con la unanimidad de todos los grupos políticos.

colectivos-lgtbi-kos-624x385el-norteLos colectivos castellano-leoneses, muy decepcionados con la actitud del PP regional, han anunciado ya que cuentan con el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes de Castilla y León para que el texto pueda tramitarse por una nueva vía. Será de la mano de una proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León, recordemos, cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno. El texto que se presentará incluirá los puntos que ya se habían acordado con la Junta, aunque no las aportaciones sugeridas por grupos ultraconservadores. Los representantes de los colectivos, de hecho, estuvieron respaldados en rueda de prensa por los procuradores Álvaro Lora (PSOE), Laura Domínguez (Podemos), Belén Rosado (Ciudadanos) y José Sarrión (IU-Equo). El representante de la UPL no pudo asistir, pero también se ha sumado al compromiso.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

Veremos qué sucede finalmente. En cualquier caso, lo sucedido es una nueva muestra del escaso valor de la palabra del PP, un partido que el pasado mes de junio se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Es cierto que aquel compromiso no incluía referencias explícitas a Castillay León, pero también lo es que los populares sí se había comprometido a nivel regional con los colectivos de esa comunidad con un texto similar al que ellos mismos promovieron en su momento en Extremadura.

Gracias a sus buenas palabras, Javier Maroto y Andrea Levy consiguieron estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride. No parece que merezcan repetir.

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España se compromete a defender al colectivo LGTB desde su nuevo puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Miércoles, 6 de diciembre de 2017

ONU-GAYA partir del próximo 1 de enero, España se incorpora como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ya lo fue, anteriormente, entre 2010 y 2013). La lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género figura entre las líneas prioritarias de la acción española, que materializará desde dos dimensiones: la bilateral y la multilateral. Además, “España va a seguir apoyando la labor del experto independiente en Naciones Unidas”, explica Marta Méndez, responsable del área de lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Por otra parte, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), el Observatorio contra la LGTBfobia, el PSOE y Podemos afean al PP que apoye políticas igualitarias en el exterior, pero vote en contra de ellas en el Congreso y en el Senado de España.

Coincidiendo con la entrada de España en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Escuela Diplomática está acogiendo esta semana la undécima edición del Seminario de Derechos Humanos. En él se están explicando los ejes de la acción española en materia de derechos humanos, entre los que figura la lucha contra la LGTBfobia en el terreno internacional. Otras cuestiones prioritarias para España son implementar la agenda “Mujer, Paz y Seguridad”, la discapacidad, el acceso al agua potable y saneamiento o el binomio de empresas y derechos humanos.

Respecto a la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación explicita que “España va a seguir apoyando la labor del experto independiente en Naciones Unidas”. Desde la citada oficina se refieren al cargo de experto de Naciones Unidas contra la violencia y la discriminación a las personas LGTB, que el tailandés Vitit Muntarbhorn fue el primero en ocupar en 2016 y que ha quedado vacante por el momento, tras su renuncia por motivos de salud y familiares (efectiva desde el pasado 31 de octubre).

Aunque España no ha abordado por el momento acciones concretas para combatir la LGTBfobia por países, la delegación española anuncia que realizará preguntas y recomendaciones, en este sentido, en los llamados “Exámenes Periódicos Universales” a los que se someten los distintos estados en las Naciones Unidas. Sin embargo, incluso con las observaciones de países como España, los estados no están obligados a acatar dichas recomendaciones, que quedan supeditadas a la voluntariedad y la buena fe que se les presupone a los gobernantes.

El “doble rasero” del PP en política exterior e interior

Existe un amplio consenso político (igual que en el terreno asociativo y social), sobre el hecho de que España participe en la lucha internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas. Distintos asistentes del Seminario de Derechos Humanos (entre los que había periodistas, estudiantes de Derecho o futuros diplomáticos, entre otros) han agradecido que la Escuela Diplomática dedicara una jornada a tratar la LGTBfobia, acercando a la sociedad española los problemas del colectivo a nivel internacional.

No obstante, según denuncia el activismo LGTB, un tema aparte es el “doble rasero” del Partido Popular como formación que apoya al Gobierno. Para Jesús Generelo, presidente de la FELGTB, “efectivamente, la lucha contra la LGTBfobia en el mundo tiene que ser una prioridad”, ya que “en algunos países y regiones está aumentando de manera alarmante”. Pero Generelo sostiene que, “aunque sobre el papel es bastante positiva la política exterior de España”, en las políticas estatales “el PP de boquilla es una cosa y en la realidad otra”.

Generelo se refiere, entre otras cuestiones, al voto negativo que el PP ha emitido este jueves en el Congreso de los Diputados a la reforma de la ley de identidad de género que despatologiza la transexualidad (por el rechazo de este partido a facilitar que los menores trans vean reconocida legalmente su identidad). En la misma línea que Generelo se expresa Carla Antonelli, activista trans y diputada socialista en la Asamblea de Madrid. “Están vendiendo unos valores y unas políticas en el exterior que, en cambio, no son capaces de cumplir y respetar en su país”, denuncia Antonelli, recordando la oposición del PP a la ley que permite el acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo de 2005, a la ley trans de 2007 y a su reforma, contra la que acaba de votar. Antonelli ha calificado esta doble postura del PP de “fariseísmo y cinismo en estado puro”.

Asimismo, Beatriz Gimeno, quien fue presidenta de la FELGTB entre 2003 y 2007 y actualmente es diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, considera que la discrepancia entre política interior y exterior del PP en materia LGTB es “una burla” y “una muestra de su hipocresía”. Gimeno alude al compromiso de “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, que el PP firmó como requisito para que Javier Maroto y Andrea Levy estuvieran presentes, en representación del PP por primera vez en la historia, en la manifestación del Orgullo 2017 de Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

La diputada madrileña de Podemos también ha resaltado que “aunque España es un buen país en la aceptación social a los derechos del colectivo LGTB, con el PP y sus políticas hemos retrocedido del primero al noveno puesto en la clasificación mundial”. Por todo ello, Gimeno concluye que las acciones comparadas del PP dentro y fuera de España son “un sinsentido”. Por su parte, el director del Observatorio Español contra la LGTBfobia, Paco Ramírez, cree que es “lamentable e incomprensible” la doblez en política interior y exterior del PP en materia LGTB y no se explica cómo este partido “ha apoyado leyes a nivel autonómico que rechaza en el marco estatal, como la reforma de la ley trans”.

Rosa María Candela, subdirectora general para la Igualdad de Trato y no Discriminación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha dejado meridianamente claro que los funcionarios de las distintas administraciones trabajan con el marco jurídico vigente en cada momento, al margen de la formación política del Gobierno de España. En este sentido, y sin hacer valoraciones sobre la posición de ningún partido, ha reconocido que “la política sigue un paso por detrás de la realidad social” en el ámbito LGTB. También son independientes del Gobierno los expertos españoles en distintos órganos de derechos humanos, como por ejemplo Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (que es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia).

La doble vulnerabilidad de los refugiados LGTB

España ocupa un estándar alto en la firma de los llamados tratados internacionales de derechos humanos esenciales de Naciones Unidas, aunque tiene retos importantes pendientes como el apoyo a la convención sobre derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias. Los países se clasifican entre los potencialmente emisores y los receptores. España, considerado un estado receptor, sigue resistiéndose a rubricar dicha convención.

“No está habiendo una buena actitud por parte del Gobierno del PP en la respuesta a solicitudes de asilo en España”, explica Jesús Generelo, en calidad de presidente de la FELGTB. Del mismo modo, el director del Observatorio Español contra la LGTBIfobia, Paco Ramírez, califica esa actitud de “poco generosa”, ya que “la tramitación es demasiado larga y en ocasiones se exige una documentación que para alguien que huye de otro país es difícil de aportar inmediatamente”.

La propia vulnerabilidad a la que ya de por sí se enfrentan los refugiados que demandan asilo en países como España, se multiplica en los casos en los que los solicitantes son personas que llegan como consecuencia de la persecución LGTBfóbica sufrida en sus países de origen.

“Un refugiado no es una persona que llega para quitarte la casa o el empleo

Miguel Edu Nchama es fundador y actual presidente de la organización LGTBI Gays Africans Emigration, así como refugiado en España. Nchama argumenta, igual que defiende su entidad, que “nuestro objetivo es buscar y encontrar un mejor refugio en los países democráticos en los que podamos vivir y expresarnos libremente, donde los derechos humanos son respetados”. Añade que “las personas LGTBI no tenemos el poder de defender nuestros derechos en nuestros países de origen” puesto que, al hacerlo, “somos víctimas de maltrato, discriminación, persecuciones, rechazo familiar y social, pena de cárcel e incluso, en algunos países, la pena de muerte”.

Tiene 33 años y es nacido en Guinea Ecuatorial, aunque durante unos años se refugió en Gabón, donde tuvo que ocultar su orientación sexual. Miguel Edu Nchama llegó a España en 2014, lo que “me abrió un nuevo mundo de posibilidades de desarrollo en el campo del activismo, más especialmente centrado en la defensa de los derechos LGTBI”. Concedido el asilo casi tres años después de iniciar la petición “he podido comprobar en primera persona las tremendas dificultades a las que se enfrenta cualquier africano o africana que llega a Europa y lo solicita”.

“Nadie elige ser refugiado, igual que no elige su raza, dónde tiene que nacer o quien tiene que ser su padre y su madre”, dice el joven activista africano. Sin embargo, quiere trasladar a la opinión pública que “un refugiado no es una persona que llega para quitarte la casa o el empleo, solo queremos una sonrisa”.

El padre de Nchama murió en la guerra a los tres meses de nacer y su madre lo abandonó. Desde entonces se ha tenido que enfrentar a la discriminación y a la persecución por ser gay y ha sido obligado a presenciar escenas espantosas como la violación de su hermana por parte de su propio tío. En conclusión, valora que “la sociedad española todavía no se ha planteado en su conjunto cómo va a incluir a los refugiados LGTBI”.

“Tengo que llevar un documento con nombre masculino”

Sara Splaz, activista trans brasileña que espera la respuesta de asilo por parte del Estado español, es otro ejemplo de la doble vulnerabilidad a la que se enfrentan los refugiados LGTB. “Las personas trans refugiadas ni siquiera tenemos los mismos derechos en España que las personas trans nacidas aquí”. Splatz se lamenta porque “tengo que llevar un documento con nombre masculino que no refleja mi identidad de género”, lo que le ocasiona una serie de situaciones discriminatorias.

Sirva de ejemplo que, como ya le ha ocurrido, al ser registrada por la policía no se ha respetado su derecho a que el operativo estuviera a cargo de agentes femeninas. “En su documentación pone ‘hombre’”, fue la respuesta que recibió por parte de la Policía, a la que, más que mala fe, atribuye que “desconocen nuestros problemas”.

“Somos víctimas de la misoginia, porque nos ven como hombres que quieren renunciar al mayor don que tenemos según ellos: la masculinidad”, agrega Splaz.

Su historia es desgarradora. En su ciudad de Brasil, camino al supermercado, mientras caminaba por la acera de enfrente de una iglesia evangélica, un fanático le empezó a gritar que era una “abominación”, mientras aludía continuamente a la Biblia. Instantes después se vio corriendo de una turba que la perseguía insultándola y amenazándola. Cuando se detuvo, exhausta de correr, fue brutalmente agredida por una treintena de personas en un callejón. Recibió puñaladas, golpes e incluso dos disparos. Pasó tres horas tirada en la calle sin recibir ayuda.

Sobrevivió, pero tardó más de un año en recuperarse. Al tratar de denunciar los hechos, la propia policía brasileña le recomendó que no lo hiciera, sin tomarse en serio lo que le había ocurrido, según denuncia. Aunque la homofobia está reconocida como un delito de odio imputable, no ocurre lo mismo con la transfobia en Brasil (es el país con más delitos tránsfobos registrados de todo el mundo). En la comisaría le hicieron ver que, al ser una agresión en grupo en la que no podría identificar a todos los implicados, en caso de haber algún condenado seguramente lo sería por menos de tres años, por lo que no llegaría a entrar en prisión y solo la pondría en un peligro mayor. Tampoco parecía una opción viable denunciar a la iglesia, porque podía alegar que “esas personas no tienen nada que ver con nosotros”.

Sara Splaz se encuentra en la llamada “fase de integración” del proceso de asilo de España. Retrata algunos problemas de discriminación que ya ha sufrido en España. En la búsqueda de alquiler de vivienda, por ejemplo, le han cerrado muchas puertas al conocerla en persona, cuando manifiesta que había total disposición telefónica previa. “Ya está alquilado”, le repiten continuamente. “En España hay discriminación ‘amistosa’. En Brasil te pegan un tiro. Aquí solo te cierran las puertas”.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento de La Rioja aprueba, con la abstención del PP, la toma en consideración de una ley integral de transexualidad

Lunes, 4 de diciembre de 2017

4x3-parlamento-la-rioja-700x400El Parlamento de La Rioja ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley de igualdad, reconocimiento a la identidad de género y derechos de las personas transexuales presentada por los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Podemos. El Partido Popular, que ya no dispone de la mayoría absoluta en la cámara riojana, ha preferido abstenerse. 

La Rioja, una comunidad atrasada respecto a otras por lo que al reconocimiento de los derechos LGTBI a escala autonómica se refiere, da un paso de gigante con la tramitación de la iniciativa. Es sin duda una excelente noticia, que esperamos se vea culminada tras el correspondiente proceso parlamentario. Representantes de los colectivos Marea Arcoíris, Gylda y Chrysallis, presentes en el Parlamento regional, desplegaron banderas trans para celebrar el momento, aunque confían en que el proyecto sea todavía mejorado en su tramitación parlamentaria. “Ahora se abre la fase de enmiendas, que mejorarán esta proposición de ley, haciéndola una de las leyes por los derechos de las personas transexuales más avanzada del estado, primando sobre todo los derechos de las niñas y niños trans”, expresaba en Twitter Marea Arcoíris.

Frente a las felicitaciones de los representantes de PSOE, Ciudadanos y Podemos, la parlamentaria del Partido Popular Noemí Manzanos se lamentaba de “no haber sido invitados a formar parte de esta iniciativa”, sobre cuya tramitación su formación se ha abstenido. Lamentos que el activista riojano José Urbaneja reprochaba en Twitter: “Sí se os ha invitado a colaborar con los colectivos LGTB+, en esta y otras iniciativas, y nunca habéis venido a las reuniones”, aseguraba. “No se puede mentir con tanto descaro. Porque las palabras se las lleva el viento, pero los correos electrónicos invitando a su formación a las mesas de trabajo sobre materia LGTB+ son una realidad que existen”, añadía en tuits posteriores.

Seguimos a la espera de una ley estatal

La tramitación de la proposicion de ley en La Rioja es una magnífica noticia, como en su momento lo fueron la pionera ley navarra, la vasca, la andaluza (que marcó un antes y un después por su ambicioso planteamiento), la canaria, la extremeña (que no siendo específica de transexualidad incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades), la madrileña o la valenciana. En cualquier caso, con independencia de las diferentes leyes que sobre esta materia aprueben las comunidades autónomas, queda pendiente a nivel estatal la actualización de la obsoleta ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

Seguimos a la espera, por tanto, de la aprobación de una más que necesaria legislación estatal, que actualice la norma que regula la modificación registral del sexo aprobada en 2007. Una ley que entonces significó un avance sobre la situación anterior, pero a día de hoy es un texto absolutamente desfasado que no incorpora el principio de despatologización de la transexualidad ni contempla la situación de los menores (hasta el Tribunal Supremo ha cuestionado en el pasado su constitucionalidad por ese motivo). En este sentido, ya el pasado mes de febrero el grupo socialista del Congreso registró una propuesta de actualización, que a día de hoy sigue sin producirse.

También estamos a la espera, por cierto, de que avance la tramitación del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB, presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y que el pasado septiembre el Congreso aprobaba tomar en consideración, también con el apoyo de PSOE y Ciudadanos (además de otros grupos minoritarios) y también con la abstención del Partido Popular. Un proyecto que cuenta en su articulado con disposiciones a favor de las personas trans en materia educativa, sanitaria o laboral.

Fuente Dosmanzanas

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Podemos denuncia a Intereconomía por un vergonzoso sketch homófobo y fascista

Lunes, 18 de septiembre de 2017

intereconomia-gracias-por-nada-broma-homofoba-fascista-696x522Podemos denuncia frente a la Consejería de Política Social y Familiar de Madrid el sketch homófobo y fascista que Intereconomía emitió hace unos días.

En el sketch varios colaboradores usan, de forma despectiva, una app que detecta su orientación sexual hasta que al último lo define como (orgulloso) “falangista” para después saludar brazo en alto.

Según el portal de información televisiva, Vertele, se ha presentado un escrito a la Asamblea de Madrid que en virtud de la Ley contra la LGBTIfobia, se vete la publicidad institucional en dicho medio.

 El otro día la cadena de televisión Intereconomía, cadena que recibió una considerable cantidad de dinero de los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, intentaron hacer un sketch “humorístico” tremendamente homófobo y fascista. En el sketch los presentadores del programa Gracias por nada bromean sobre la noticia de un algoritmo capaz de detectar la sexualidad de una persona.

En el video, los presentadores del programa hacen “broma” a raíz de la App que supuestamente reconoce si eres gay. Es complicado explicar el video, porque es tremendamente homófobo e incluye bromas de dudosa gracia.

En el “sketch” de Intereconomia podemos ver al presentador y la presentadora que supuestamente tienen una nueva nueva App que detecta si alguien es gay o no. Los presentadores de “Gracias por nada” se lo van pasando a todos los colaboradores del programa. Que además de salir todos “heteros” (cómo no) se alegran todos en exceso de tal resultado. Adornándolo con saltos, risas, e incluso un “Soy del Atleti” o “Soy español, español”. Vergonzoso

Pero el vídeo no sólo se queda ahí. Si no que al último colaborador, Eduardo García Serrano. La voz que supuestamente es la App le declara “Falangista” lo que le lleva a hacer (muy orgulloso él) el saludo fascista y alejarse haciendo el paso de la oca usado por el ejército prusiano y después el nazi.

 

Ahora el diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha presentado frente a la Consejería de Política Social y Familiar de Madrid una denuncia contra la cadena de televisión porque considera que en ese sketch “puede apreciarse cómo se procede a mantener una actitud de burla hacia la orientación afectivo sexual no heteronormativa, constituyendo una manifestación realizada con publicidad con difusión a través de redes sociales y canal de difusión de la propia cadena.” Es importante que se señale que la propia cadena dio difusión a la escena porque demuestra que no ha sido un error o algo inesperado, sino que lo han hecho de forma consciente y fomentando ese tono de burla.

La denuncia de Podemos recuerda que la ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia de la Comunidad de Madrid protege a las personas LGTB de “ataques y vejaciones“ y es evidente que lo que hicieron en Intereconomía es “constitutivo de expresiones vejatorias” y “un intento evidente de ataque a la dignidad de las personas LGTBI, concurriendo un claro desprecio a dicho sector poblacional.” Y añade que “al proceder a realizar una exaltación de saludos franquistas se entiende que queda acreditada la intención de la cadena de un evidente desprecio por la naturaleza y riesgo hacia lesbianas, gays, bisexuales y transexuales” y un “evidente intento de beneficio“. Precisamente por esa intención de beneficiarse del sketch, Podemos pide que se cree un procedimiento sancionador contra la cadena y se aplique una sanción grave “de 3.001 a 20.000 euros” además de “la prohibición de acceder a ayudas de las que disponga el gobierno de la Comunidad de Madrid por un año” y la prohibición de contratar patrocinios o publicidad institucional durante ese tiempo.

En un vídeo publicado en su Twitter, Rubiño recuerda que el régimen franquista persiguió específicamente a las personas LGTBI durante décadas y es indignante que en 2017 una televisión haga broma sobre ese hecho:


Fuente | Vertele, vía EstoyBailando/AmbienteG

 

 

 

Según la información de vertele, el escrito presentado en la Asamblea de Madrid lo ha firmado por Eduardo Fernández Rubiño, diputado de Podemos. En dicho escrito se le pide que la cadena sea multada por una sanción grave. Y por otra parte piden que no disponga de ningún tipo de ayudas de la Comunidad de Madrid durante un año.

Esperemos que la sanción fructifique y que la próxima vez que los de Intereconomía se lo piense mejor.

Via | Vertele

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